La financiación irregular del PP: los “casos aislados” que no paran de repetirse

El líder del PP, Pablo Casado, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, en la inauguración de la convención nacional del PP en Santiago de Compostela.

Elena Herrera


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“El PP es mucho más que diez o quince casos aislados". La frase la pronunció la mañana del 24 de mayo de 2018 el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Todavía no había trascendido —lo haría horas después— la primera gran sentencia del caso Gürtel, que acabó con su carrera política tras salir adelante la moción de censura de Pedro Sánchez. Pero la formación conservadora llevaba tiempo acorralada por una catarata de casos de corrupción que se siguen sustanciando en los tribunales. Diversos cargos del PP calificaron esa resolución judicial de “equivocada y errónea”, aunque acabó siendo ratificada por el Tribunal Supremo. Para entonces, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre también había pronunciado su célebre frase sobre los dos cargos que le habían salido “rana” de los más de 500 que había nombrado. 

La "maquinaria ingente" que hizo ganar a Mañueco aflora la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca

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Años después, hasta tres sentencias han ratificado la existencia de una “contabilidad paralela” con la que los populares ganaron elecciones generales durante casi dos décadas. Al tiempo, otros sumarios vienen desgranando un abanico de prácticas corruptas, que van desde la caja B del PP de Madrid que se investiga en Púnica al ‘caso primarias’ del PP de Salamanca. Todo ello, mientras la Audiencia Nacional acoge el tercer gran juicio contra los conservadores por beneficiarse de la Gürtel. En este caso, en el municipio madrileño de Boadilla del Monte.

El vía crucis judicial no acaba para el PP, que el pasado 14 de diciembre sí recibió la buena noticia del archivo de parte de la investigación abierta contra el PP de València y el equipo municipal que tuvo la exalcaldesa Rita Barberá en su última legislatura al frente del Consistorio (2011-2015). La Audiencia Provincial de València dejó intacta la acusación contra Alfonso Grau, entonces vicealcalde, y María del Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal, pero exoneró al PP municipal y a otros 22 investigados —exconcejales y asesores— que habían sido procesados por la supuesta comisión de un delito de blanqueo en su modalidad de ‘pitufeo’. 

Tras seis años de investigación, el instructor y la Fiscalía Anticorrupción concluyeron que, con el objetivo de sufragar las elecciones locales de 2015, se habría producido en el grupo municipal una rudimentaria operativa de blanqueo consistente en que los ediles y asesores ingresaban una donación de 1.000 euros en una cuenta del partido sin control de la Intervención ni del Tribunal de Cuentas y la secretaria municipal les devolvía esa cantidad en dos billetes de 500 euros. Los jueces de la sección cuarta, sin embargo, no han considerado probado que se les devolvieran los 1.000 euros a todos los procesados ni que todos conocieran la “finalidad blanqueadora” de esa operación, un extremo del que sí sospecharon otros asesores que no quisieron participar de esta mecánica.

Después de hacerse pública esta decisión, el PP salió en tromba a reclamar a la izquierda que pidiera perdón a Barberá, fallecida en 2016, a pesar de que había sido repudiada por gran parte de su partido precisamente a raíz de su imputación en este caso, que la llevó incluso a declarar en el Tribunal Supremo por su condición de aforada. “Defendí el honor de estos inocentes porque creo en ellos. Ahora PSOE, Podemos y Compromís que pidan perdón y no vuelvan a acusar en falso”, dijo el número dos del partido, Teodoro García Egea. “Rita Barberá era inocente y sus compañeros también. Algunos nunca lo dudamos y ahora lo confirma la justicia. Enhorabuena a todos y preservemos la presunción de inocencia”, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Mariano Rajoy.

Tres condenas

Pero la alegría en el PP duró poco. Un día después, el miércoles 15 de diciembre, el eco de la financiación irregular del PP volvió a escucharse en sede judicial. En este caso, en una sala de vistas de la Audiencia Nacional y por boca del investigador principal de Gürtel, el inspector Manuel Morocho. En su comparecencia como testigo en el juicio por la actuación de esa trama corrupta en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, el policía confirmó el uso de comisiones para las campañas del PP en esa localidad. Pero no sólo. Según explicó, esa dinámica de cobro de sobornos a empresas a las que adjudicaban contratos amañados y el posterior desvío de parte de esos fondos a las campañas se dio también en otros territorios en los que la Gürtel campó a sus anchas. 

En un sentido similar se había expresado días antes en su declaración como imputado el que fuera regidor del municipio por el PP entre 1999 y 2009, Arturo González Panero. El exalcalde afirmó que el PP le dio instrucciones de que había que pagar “por fuera” parte de los gastos de las campañas autonómicas de 2003 y de las generales que se celebraron un año más tarde.

También aseguró haber recibido "llamadas de Moncloa" durante la presidencia de José María Aznar y directrices del presidente regional del partido, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la Gürtel en el municipio. González Panero confirmó punto por punto la relación del Ayuntamiento con la trama, según la cual, se llevaba una mordida por adjudicar a empresas de la trama o una comisión, junto al jefe de la red, por que esos contratos fueran a terceros. 

Hasta diecisiete acusados en ese juicio han reconocido los hechos que les atribuye la Fiscalía, que defiende que una parte de las mordidas fue a financiar las citadas campañas electorales. De hecho, la formación política se enfrenta en este procedimiento a su tercera condena, la segunda como beneficiario a título lucrativo del dinero de la corrupción de Gürtel.

El partido fue condenado en primera instancia por la Audiencia Nacional en mayo de 2018, en la primera sentencia que confirmó la existencia de una financiación irregular en el PP. Entonces, el tribunal especial admitió que la "contabilidad paralela" no era objeto de su fallo, pero los magistrados estimaron que era un "contexto" necesario para explicar la red de Francisco Correa. Esa resolución desencadenó la moción de censura de Pedro Sánchez y acabó poniendo fin a la carrera política de Mariano Rajoy. 

Dos años después, en octubre de 2020, el Tribunal Supremo confirmó esa sentencia aunque eliminó las alusiones a la existencia de una caja B. Los jueces justificaron esa decisión —"intrascendente en el fallo", advirtieron— en el hecho de que no podía haber responsabilidad penal sin que existiera acusación o defensa. El PP aprovechó estos pasajes para afirmar que aquella moción de censura presentada por los socialistas se basó "en la mentira". Pero la verdad judicial volvió a imponerse apenas doce meses después. El pasado 28 de octubre una tercera resolución ratificó que hubo una “contabilidad paralela” en el PP “de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas”. 

Parte de ese dinero, procedente de “donativos” que se recibían “siempre en efectivo”, se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho del extesorero Luis Bárcenas, y fue utilizado para pagar la reforma de la sede central de la que ahora quiere huir el partido. De hecho, el PP sumó por estos hechos otra condena. Esta vez, como responsable civil subsidiario del delito fiscal cometido por Bárcenas al abonar parte de las obras con fondos de la caja B a espaldas de Hacienda. En la sentencia los jueces señalan que no consta que el partido, a través de sus órganos directivos, ejerciera un “control adecuado” sobre la “gestión” de quien era su gerente. Y afirman que sólo adoptó medidas respecto a él y, en general, de auditoría interna tras producirse los hechos. Una auditoría que, además, tampoco afloró ninguna irregularidad.

De esas entradas y salidas de dinero dio cuenta Bárcenas en sus famosos papeles, “unas hojas que cumplimentaba con anotaciones manuscritas y después en hojas Excel”, dice la sentencia. Los magistrados señalaron que contienen errores de saldo y no se apuntaban debidamente todas las entregas, pero no tienen duda de su veracidad. "Reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada, como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el Partido Popular o los pagos por las obras de reforma", subrayaron.

De Púnica al 'caso primarias'

Además de esas sentencias que prueban la “contabilidad paralela” a nivel nacional, otros sumarios vienen desgranando supuestas prácticas corruptas vinculadas al partido en otros territorios. El pasado 24 de noviembre, un juez de Salamanca imputó al PP provincial, a su presidente, Javier Iglesias y a su gerente, Isabel Sánchez González, por el presunto caso de financiación ilegal del partido en 2017, durante las primarias que finalmente ganó el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. 

​​El juez investiga si existe justificación a los más de 60.000 euros que cargos del partido aportaron en forma de “donaciones altruistas" para poner al día cuotas impagadas de militantes y que estos pudiesen votar a Mañueco en esa consulta interna. La denuncia inicial fue archivada después de que esos cargos afirmaran que habían puesto dinero para pagar deudas a terceros, pero el caso fue reabierto tras un un recurso de Foro Izquierdas-Los verdes, que pidió determinar "si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político, o, por el contrario sólo existe un pago de deuda ajena". Hace unas semanas, el juzgado apreció la existencia de indicios de delito y citó de nuevo a declarar al presidente y la gerente este diciembre. 

Por otro lado, la Audiencia Nacional investiga en el marco del ‘caso Púnica’ supuestos amaños de contratos, mordidas y adjudicaciones ilegales en distintas administraciones, la mayoría en manos del PP. En esta causa están siendo investigados los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre (2003-2012) e Ignacio González (2012-2015), a los que los investigadores atribuyen un papel decisivo en la maquinaria supuestamente puesta en marcha bajo el mandato de la primera para desviar el dinero de los madrileños hacia las cuentas del PP regional. 

El sumario de este caso sitúa a ambos en una reunión que se considera clave en el sistema de financiación irregular del PP madrileño. En sus declaraciones en sede judicial, tanto Aguirre como González descargaron toda la responsabilidad sobre los asuntos de carácter económico en el que fuera gerente del PP regional Beltrán Gutiérrez y negaron la existencia de una Caja B en la formación. Y eso a pesar de las altas responsabilidades que ambos ocuparon en los años en los que estuvieron en la primera línea política. 

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