El juzgado de instrucción número 8 de Murcia ha procesado al exconcejal de Urbanismo de la cuidad Fernando Berberena, al exgerente de ese servicio Alberto Guerra y al exjefe de Planeamiento municipal Joaquín Peñalver por presunta corrupción urbanística.

El auto en el que se acuerda abrir la fase intermedia del procedimiento abreviado, dictado dentro de la pieza separada del caso Umbra conocida como Teatro Circo, procesa también a otros tres investigados: el constructor Ramón Salvador Águeda, la funcionaria municipal María de la O Chica y Miguel Ángel Barroso, representante de una empresa constructora.

Los seis han sido investigados por los indicios aparecidos contra ello a raíz del convenio para la rehabilitación de ese teatro, aprobado en 2006 por el Ayuntamiento de Murcia.

Según las investigaciones judiciales, la presunta corrupción urbanística se habría producido con la compra de terrenos en la expansión norte de la ciudad a cambio de compensaciones económicas para los compradores y la restauración del teatro.

El juzgado considera que los indicios recopilados a lo largo de varios años de instrucción apuntan a que los tres integrantes de la antigua cúpula de Urbanismo pueden haber incurrido en un delito de prevaricación, al igual que Águeda y la funcionaria.

Por su parte, Guerra y Barroso habrían incurrido en los de negociaciones prohibidas a los funcionarios y cohecho.

Además, Águeda y Berberena pueden haber incurrido en uno de cohecho, imputación que el juzgado basa, entre otros indicios, en el hallazgo en poder del exconcejal de tres relojes de gran valor comprados por el constructor, que aseguró los había adquirido en Alicante por indicación de aquel porque le hacían una importante rebaja en una joyería.

El auto no concede credibilidad a esa afirmación exculpatoria y señala que la factura de la compra fue extendida a una de las empresas controladas por el empresario.

Se acuerda el sobreseimiento de las diligencias para otros dos investigados.

La resolución da 30 días a las partes para que puedan presentar sus escritos de acusación o de solicitud de sobreseimiento de la causa.

El exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara no prevaricó. Esa es la sentencia de la titular del juzgado Penal número 5 de Murcia, por la que absuelve a Cámara, así como al exdirector de la Generencia de Urbanismo, Pedro Morillas, además de al jefe de servicio de Planeamiento, Joaquín Peñalver, de delito continuado de prevaricación administrativa por el fueron acusados en la pieza separa del proyecto de Nueva Condomina, del conocido como caso 'Umbra'.

La titular del Juzgado, Natividad Navarro Abolafio, considera que no existen pruebas suficientes para considerar que las irregularidades administrativas que se cometieron en la tramitación de ese proyecto urbanístico alcancen el grado de arbitrariedad, grosería que se requiere para condenar por prevaricación, según han señalado fuentes próximas al proceso a La Verdad.

El Ministerio Fiscal solicitaba sendas penas de diez años de inhabilitación para Cámara y Morillas, mientras que para Peñalver había reclamado una condena de ocho años y medio de inhabilitación.

Tras el análisis de las declaraciones de los acusados y los testigos y peritos en el juicio oral, la juez subraya que “el protocolo nunca se firmó en secreto ni se mantuvo intencionadamente oculto”, únicamente recogía la voluntad de las partes de colaborar para la construcción de un nuevo estadio y una ciudad deportiva y no implicaba obligación alguna.

Además, considera probado “que nunca hubo reuniones secretas, o fuera del ámbito procedimental, entre el alcalde y los propietarios del Real Murcia en las que fueran negociando las condiciones para la construcción del nuevo estadio y en las que se fuera fraguando, según lo manifestado por el Ministerio Fiscal, la realización de un traje a medida para el Sr. Samper”.

Igualmente, la titular entiende que ni el director gerente, ni el jefe de planeamiento, recibieron instrucción alguna de emitir sus informes en uno u otro sentido por parte del alcalde. Según la sentencia, “no hubo una decisión de todo punto arbitraria, injusta, a sabiendas de su injusticia, que supusiera un perjuicio para el Ayuntamiento”.

De esta forma, la jueza considera que ha quedado acreditado que “los tres encausados actuaron en todo momento con arreglo a la ley y sin desviación de poder, atendiendo además a los intereses generales del municipio”.

Contra la sentencia cabe interponer, ante este mismo Juzgado, un recurso de apelación en el plazo de diez días siguientes al de su notificación, a resolver por la Audiencia Provincial de Murcia.

Miguel Ángel Cámara ha sido investido como catedrático de la Universidad de Murcia. El que fuera alcalde del municipio murciano durante 20 años, imputado en un caso de corrupción y forzado a salir de su cargo por Ciudadanos en 2015 para poder formar gobierno regional, ha hecho acto de presencia en la toma de posesión de dos catedráticos (él incluido) y nueve profesores titulares de la UMU.

Si bien se recuerda a Cámara por su actual situación de investigado (antes imputado) por el “caso Umbra”, que investiga una trama de corrupción urbanística en la zona norte de Murcia, la sombra de sospecha que recae sobre el ex edil es alargada.

Y es que a comienzos de 2015, Miguel Ángel se vio envuelto en polémicas relacionadas directamente con los motivos por los que se lo ha nombrado catedrático: sus méritos como docente e investigador en la Universidad de Murcia. Por un lado, estuvo la negativa del departamento de la Facultad de Química, del que formaba parte, a acreditar el reconocimiento de sus quinquenios como docente de la UMU, durante los 19 años que había ejercido como alcalde de Murcia, según informó La Verdad. Con los quinquenios se evalúa a un profesor por méritos docentes en períodos de cinco años, obteniendo un plus en su salario.

En este caso, Cámara solicitó al departamento que se le justificaran sus quinquenios docentes entre 1993 y 2013. Sus compañeros de departamento accedieron a acreditar tres ejercicios: 1993, 1994 y 1995, que fueron los años en los que sí figuró en el Plan de Organización Docente. Pero no reconocieron aquellos en que no impartió docencia, entre 1995 y 2013.

De todas formas, la Universidad de Murcia suele dar el reconocimiento de quinquenios docentes a aquellos profesores que se encuentran en situación de excedencia por cargo político. Por lo tanto, el Rectorado de la UMU, presidido en ese entonces por José Antonio Cobacho, sí accedió a reconocerle lo que Cámara había pedido.

Por otro lado, estuvo la cuestión de sus sexenios por investigación, en los que el solicitante no precisa el reconocimiento del departamento o Rectorado. Directamente se dirige a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, que se encarga de valorar los méritos en la actividad investigadora. Los sexenios cumplen un funcionamiento similar al de los quinquenios.

En lo referente a su labor investigadora, estuvo en entredicho ya que todos los trabajos en lo que intervino, eran compartidos, según informó también La Verdad. El ex edil publicó seis artículos, y aparece en cuatro capítulos de libros y en proyectos aceptados en catorce congresos. Todo dentro del departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología del que Cámara es profesor titular, lo que ha permitido al regidor acceder a esos reconocimientos.

“Que le hayan dado la cátedra a Miguel Ángel Cámara es una vergüenza”, han asegurado fuentes universitarias. Además, han criticado que al ex alcalde no se le ha visto “por la universidad ni por el laboratorio. Tampoco ha hecho investigación alguna”.

En este sentido, las fuentes consultadas han señalado el “éxito” de la carrera académica de Cámara debido a su “amistad” con Alberto Barba Navarro, ya jubilado, además de Ginés* y Simón Navarro. Los tres fueron co-autores de los artículos en los que Miguel Ángel Cámara aparece como colaborador. De hecho, Ginés Navarro* estuvo al frente de Urbanismo en la primera y segunda legislatura de Cámara.

*[ACTUALIZACIÓN (05/02/2018)]

Ginés Navarro se ha puesto en contacto con este medio para puntualizar, por un lado, que su departamento no se negó a acreditar el reconocimiento de los quinquenios de Cámara como docente de la UMU, si no que no se le podía informar, “ni favorable ni desfavorablemente”, su actividad docente, al no figurar en los planes de organización docente del departamento desde el año 1995 hasta el 2015.

Una decisión que se acordó en Consejo de Departamento (con representación de profesores, personal de administración y servicios y alumnos) por unanimidad. “Si se hubiera informado favorablemente ese periodo de tiempo como periodo docente, el departamento habría incurrido en una irregularidad y falsificación de datos”, ha puntualizado.

Por otra parte, el docente ha querido matizar que, frente a la fuentes que lo señalaron como partícipe en el éxito académico de Miguel Ángel Cámara, su amistad con el ex edil se rompió en el año 1999 por “desavenencias acerca de la gestión del proyecto de Nueva Condomina con el que yo no estaba de acuerdo”.

Asimismo, Ginés Navarro ha señalado que no ha participado nunca en ningún proyecto de investigación conjunto; que siempre han pertenecido a grupos de investigación distintos; que nunca han compartido docencia alguna; y que solo han sido coautores en dos pubicaciones, en el año 1996 y en una en 1999.

Sin embargo, ha confirmado que es cierto que durante los 20 años que el Sr. Cámara fue Alcalde de Murcia, “años en los que no impartió docencia ni participó en ninguna actividad universitaria, sí figura como autor de múltiples artículos científicos”. De esta forma, Navarro ha ratificado la labor de otras personas que tuvieron “la amabilidad de hacerle el curriculum que por su actividad política no podía hacer”.

Hoy ha tenido lugar el acto de toma de posesión de dos catedráticos y nueve profesores titulares, entre los que se encuentran el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y el exvicerrector de Estudiantes Miguel Ángel Pérez.

Cámara ha tomado posesión como catedrático de Edafología y Química Agrícola, mientras que el exvicerrector ha tomado posesión como profesor titular de Psicología Básica.

Por otra parte, María Mercedes Abad Merino ha ocupado la plaza de catedrática en Lengua Española.

Los otros profesores titulares son: José Ignacio Alonso Roque (Didáctica de la Expresión Corporal), Enrique Encabo Fernández (Música), Francisco Manuel García Costa (Derecho Constitucional), Cosme Jesús Gómez Carrasco y Jorge Ortuño Molina (Didáctica de las Ciencias Sociales), Javier Jerónimo Maquilón Sánchez (Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación), José Pino Ortega (Educación Física y Deportiva) y Jesús Segura Cabañero (Escultura).

Miguel Ángel Cámara, imputado en el Caso Umbra

Miguel Ángel Cámara, el exalcalde de Murcia, está imputado (ahora investigado) desde 2012 por el “caso Umbra”, que investiga una trama de corrupción urbanística en la zona norte de Murcia.

En 2015 dimitió como secretario general del PP murciano, a petición de Ciudadanos como condición para investigar a Pedro Antonio Sánchez presidente de la Región de Murcia, tras 25 años en el cargo y 20 como alcalde de Murcia.

Aunque Roque Ortiz dio el salto definitivo a la fama el pasado jueves, tras la publicación de los audios en los que insinúa prácticas ilegales en las contrataciones del Ayuntamiento de Murcia, no es la primera vez que el exconcejal de Fomento protagoniza un escándalo mediático por su “correcta” manera de expresarse, o gestionar los recursos públicos.

El (reciente) exconcejal de Fomento ya había figurado en los medios por diferentes causas, desde su etapa como gerente de la empresa pública Urbamusa, hasta su actual posición en la primera línea del Ayuntamiento de Murcia.

A continuación, repasamos la hemeroteca del que un día fue “la mano derecha” del alcalde Ballesta: desde los insultos a las concejalas de Ahora Murcia hasta su implicación en el caso Umbra.

Desprecio a la actividad de Huermur – 2018

“No se preocupen porque la excavación de la calle Madre de Dios cuenta con supervisión de un equipo de arqueólogos que saben bastante más que vosotros de patrimonio”.

En estos términos se dirigía Ortiz a la asociación Huermur, después de que esta pidiera al Ayuntamiento de Murcia que detuviera las obras para instalar unos contenedores de basura soterrados sobre el yacimiento arqueológico descubierto en la calle Madre de Dios.

Los restos, probablemente relacionados con los baños árabes de Murcia sepultados por la Gran Vía, han perecido finalmente bajo el hormigón municipal.

Insultos a las concejalas de Ahora Murcia - 2017

En uno de su habituales “excesos verbales”, Ortiz insultó a las concejalas Alicia Morales y Ángeles Micol diciendo que “el verano y la insolación provocan aún más tontería en las concejalas de Ahora Murcia”.  

El motivo de la descalificación fue que ambas criticaron el coste que tendría la primera fase de las obras de remodelación del paseo Alfonso X, sacadas a licitación pública por 3,1 millones de euros.

Unas declaraciones que provocaron, una vez más, un aluvión de reprobaciones hacia el exconcejal por su actitud “machista” y su “falta de educación y respeto”.

Viaje a Estambul en el jet privado del Caso Umbra – 2016

El polémico exconcejal también se vió envuelto en uno de los mayores casos de corrupción de la Región de Murcia: el Caso Umbra.

Ortiz viajó en 2008 a Estambul en un jet privado fletado por el promotor Ramón Salvador Águeda. Un viaje en el que también participaron el exalcalde Miguel Ángel Cámara, el exconcejal Antonio Sánchez Carrillo, y el abogado Daniel Valenzuela.

Una de las empresas de este promotor, Mirallevant, participó en el convenio urbanístico que el Ayuntamiento firmó con la zona norte y que permitió la remodelación del Teatro Circo, investigada en el caso Umbra.

Aunque finalmente esta rama del Caso Umbra, que investigaba un posible delito de cohecho por parte de los funcionarios públicos, prescribió, la oposición municipal también pidió la dimisión de Ortiz.

Ortiz manda “a comer migas” a una concejala del PSOE - 2016

“Que la señora Espinosa coma migas y deje a los técnicos municipales trabajar”, fue la respuesta del exgerente de Urbamusa hacia la edil socialista María Teresa Espinosa Rivero cuando esta criticó el cierre del túnel de Ronda Norte por las filtraciones que sufría la infraestructura en los días de lluvia.

La respuesta irónica de la concejala a esta educada réplica fue preparar unas migas, literalmente, para el edil de Fomento.

Urbamusa y San Esteban - 2015

En octubre de 2015 Ahora Murcia denunció que el PP y Roque Ortiz intentaron “colar” al Ayuntamiento un proyecto de varios millones para Urbamusa, al aprobar una dotación para actuar sobre el Yacimiento de San Esteban, sin contar con los pasos legales exigidos.

Esta empresa, de la que fue gerente el ex concejal de Fomento, presentó una memoria que consistía en sepultar  en sepultar el yacimiento bajo una losa de hormigón y medio centenar de columnas, acción que iba en contra de la declaración BIC (Bien de Interés Cultural) de este yacimiento.

La propuesta se aprobaría con una enmienda del PSOE que reducía la cuantía de 5 millones destinada a Urbamusa a 900 mil euros, con los votos en contra del resto de la oposición.

Recalificación de Joven Futura - 2015

Otro de los casos que toca de lleno la gestión pública de Ortiz es el de la recalificación irregular de la urbanización Joven Futura en Espinardo.

Junto a Miguel Ángel Cámara y el exconcejal Antonio Navarro y con el visto bueno del TSJ murciano, Roque Ortiz suscribió la reclasificación del terreno donde ahora se ubica la urbanización.

En 2015, una vez iniciadas las obras, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia del Tribunal murciano que avaló la orden de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes y que hizo viable el proyecto de viviendas.

La Región de Murcia es el centro de las miradas de toda España por motivos nada favorecedores a su imagen. La citación para el próximo 6 de marzo del juez al presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez como investigado por cuatro presuntos delitos de corrupción política relacionados con el caso Auditorio, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras dan visibilidad a 20 años de gobierno del Partido Popular en Murcia bajo la sombra de la corrupción urbanística y política. El propio ex fiscal anticorrupción en Murcia Manuel López Bernal aseguraba que la fiscalía de Murcia es de las que más casos de corrupción ha llevado en toda España.

La sombra de la corrupción se cierne, aun más, cuando han asaltado hasta en dos ocasiones la vivienda de Juan Pablo Lozano, fiscal anticorrupción y que destaca su trabajo en los casos Umbra y Novo Carthago, aun en instrucción y que afectan directamente al Partido Popular murciano. El propio López Bernal asegura que el trabajo de la fiscalía anticorrupción no ha sido cómodo, con continuas interferencias y presiones contra su labor, como la creación en Madrid de una asociación con la única finalidad de querellarse contra él mismo.

Con esta situación como contexto, destacan en la Región cuatro casos abiertos con diversos cargos institucionales del Partido Popular investigados por presunta corrupción: Novo Carthago, Caso Auditorio, Caso Umbra y la Desaladora de Escombreras.

'Novo Carthago', explotación urbanística en una zona protegida

Además de Pedro Antonio Sánchez, la actual senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, está relacionada con el caso 'Novo Carthago'. Este caso investiga la denominada Modificación Puntual nº 113 del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, con la que se permitió a la promotora Novo Carthago impulsar un gran proyecto urbanístico de más de 10.000 viviendas, centro de convenciones y campo de golf en unos terrenos protegidos junto al Mar Menor.

Aunque hace unos meses el Tribunal Supremo exculpara a Pilar Barreiro de cualquier posibilidad de delito político, el archivo es provisional ya que la mayor parte de las diligencias del 'caso Novo Carthago' siguen siendo investigadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia por lo que podría aparecer cualquier pista que Pilar Barreiro pudiera volver a verse imputada en un futuro quedará abierta durante bastante tiempo.

En el contexto de Novo Carthago, también aparecen las figuras de Rosario Valcárcel Cruz y su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, familia directa del expresidente Ramón Luis Valcárcel en un auto de la jueza del caso Miriam Marín García. El auto, dictado el pasado 15 de junio, señalaba que “del conjunto de lo instruido resultan indicios que apuntan hacia la posibilidad de que, para conseguir la reclasificación urbanística que era necesaria para el proyecto Novo Carthago, se entregasen por Hansa Urbana incentivos económicos a distintas autoridades con potestad para dar viabilidad a dicho proyecto, entre ellos, al anterior Presidente de la Comunidad, que podría haber recibido los emolumentos a través de su hija o de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, socio de Faromur”.

La jueza del caso también incluye el actual vicepresidente del Parlamento Europeo, ya que existen indicios de una “actuación coordinada” entre el Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería de Medio Ambiente -dirigida por Antonio Cerdá y Francisco Marqués, también imputados- y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio“, que estaba presidida por el también imputado Joaquín Bascuñana.

Un auditorio de 10 millones vacío

Puerto Lumbreas es una localidad de 14.000 habitantes situada en la frontera con la provincia de Almería. En junio de 2015, pocos días después de la investidura de Pedro Antonio Sánchez, el presidente murciano aseguraba a sus valedores en el cargo, Ciudadanos, que dimitiría en el momento en el que fuera imputado por el 'caso Auditorio'. El lunes 6 de marzo ha sido citado por el Tribunal Superior de Justicia para declarar como “investigado”, lo que anteriormente se conocía como “imputado” tras la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El 'caso Auditorio' parte de una querella de la Fiscalía Superior, que ve presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración y falsedad en documento oficial en la construcción del Auditorio de Puerto Lumbrera, que costó la friolera de seis millones de euros a las arcas públicas a través de una subvención de la Comunidad y que apenas recibe espectáculos de renombre o que justifiquen su precio.

Lo que destaca de este caso es la falta de documentación oficial para la adjudicación del proyecto de construcción del Auditorio, concedido al estudio de arquitectura Martín Lejárraga a través de una acuerdo verbal, sin firmar ninguna documentación. Además, los fondos provenientes de la subvención de las obras del Auditorio cambiaron de destino o aplicación, “sin que conste en este sentido una resolución por la autoridad competente (…), desconociéndose cuales fueron esos usos”, como escribió la jueza en el auto para separar las actuaciones.

Caso Umbra

El Caso Umbra afecta directamente a la capital, Murcia, e investiga una presunta trama corrupta en la que está imputado el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y su exconcejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y que investiga las recalificaciones y convenios urbanísticos de la zona norte de la ciudad durante los últimos diez años.

Dirigida por el juez David Castillejos, magistrado instructor del juzgado nº 8 de Murcia, a instancias de la Fiscalía del TSJ, el caso Umbra investiga seis convenios urbanísticos suscritos sobre más de 9 millones de metros cuadrados para la construcción de 120.000 viviendas en la zona norte de la ciudad, por los que las arcas municipales podrían haber dejado de ingresar unos 500 millones de euros, con la consiguiente y presunta malversación de caudales públicos.

La clave sería la valoración a la baja de los terrenos por parte de la Concejalía de Urbanismo, que situó el precio en 120 euros por metro cuadrado, lo que quedaba muy por debajo los 600 euros por metro cuadrado que fijaba el mercado. De ese modo, el 10% del aprovechamiento urbanístico pagado por los promotores de los convenios habría sido muy inferior a lo que correspondería.

El TSJ investiga ese presunto trato de favor a empresas constructoras de Murcia, que podría recalar en un posible delito de tráfico de influencias, además de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho. En el tintero se han quedado los viajes a Estambul de Cámara y Roque Ortiz, concejal de Fomento, fletados por un constructor ilicitano que habría llevado a cabo la remodelación del Teatro Circo de Murcia, entre otras obras.

Una desaladora que se pagará hasta 2034

La desaladora de Escombreras se habría ideado a partir de 2004 ante la escasez de agua de la Región de Murcia, pero la finalidad oculta de su construcción, según la comisión de investigación de la Asamblea Regional, era puramente explotación urbanística. El portavoz de la comisión, Miguel Sánchez, detallaba que ha quedado demostrado que hubo una “trama” para recalificar 180 millones de metros cuadrados y cambiar el modelo económico de la Región, sorteando la Ley de Aguas y firmando “contratos leoninos”, que van a costar a las arcas autonómicas “seis veces más” que el coste de la planta.

El caso de la desaladora no se encuentra en instrucción judicial, pero se aprecian posibles delitos políticos, sobre todo en las figuras de Ramón Luis Valcárcel, expresidente regional, y Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura. El motivo, la creación unilateral del Ente Público del Agua para autorizar la construcción de la desaladora, ya que el organismo competente en esa época, la Confederación Hidrográfica del Segura, se negaba a la creación de la misma.

El resto, un entramado de empresas públicas y privadas que no han permitido que la desaladora trabaje a su máximo desde hace diez años, cuando se finalizó su construcción. Como explica el artículo 19 de dicha comisión de investigación:

“Existe una evidente responsabilidad política, económica y social por los perjuicios ocasionados al erario público por parte de los señores Valcárcel, Cerdá y restantesmiembros de los Consejos de Gobierno que tomaron parte en las decisiones, los representantes y miembros del ENTE PÚBLICO DEL AGUA y de los diferentes Consejos de Administración de las sociedades HYDRO MANAGEMENT SL,TEDAGUA, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, MANCOBRA SA,DESALADORA DE ESCOMBRERAS SAU e HIDRONOSTRUM SAU, que participaron en una trama público privada para una desaladora sin que existiera ningún estudio de necesidades sobre la construcción de esta infraestructura, sin que se haya cumplido la normativa de contratación pública, asumiendo la Administración Regional obligaciones muy gravosas para las arcas públicas regionales sin justificación alguna, y todo ello para beneficiar a empresas privadas y mantener un modelo urbanístico especulativo en la Región de Murcia”.

Latigazos de la Operación Púnica en Murcia

Tanto caso de corrupción ondeando en los círculos del Partido Popular ha acabado por llevar a uno de los casos de corrupción más importantes a nivel nacional, el caso Púnica, a afectar directamente a la Región de Murcia. Entre otros, también afecta el caso directamente a Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro, que habrían autorizado trabajos de reputación online y lavado de imagen con fondos de la Consejería de Educación.

La acusación atribuye a Sánchez la comisión de delitos de fraude, cohecho y revelación de información. Las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez aprecian que en 2014, cuando Sánchez era consejero de Educación “temía por las consecuencias de una posible imputación penal (relacionado con el caso Auditorio) , por lo que habría acordado con empresas de la trama Púnica (Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic) hasta 36.800 € para lavarle la imagen en las redes sociales de cara a la campaña para alcanzar la Presidencia a costa de fondos públicos enmascarados como ”formación“, según denunciaba la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En este caso, la fiscalía anticorrupción de Murcia se ha opuesto a la imputación del presidente murciano, porque consideran que no hubo perjuicio para las arcas públicas “al no llegar a contratar con la trama para mejorar su reputación”.

Por parte de Pilar Barreiro, se considera que en su etapa como alcaldesa de Cartagena y con la ayuda de Francisco de Asís Ferreño, jefe de gabinete, trabajaron para la creación de un diario digital local, que se sufragaría con facturación al Ayuntamiento de Cartagena, y tenía como propósito difundir informaciones favorables a la entonces alcaldesa. El juez Eloy Velasco estima que pudo incurrir en delitos malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

El sendero local SL-MU 15 ya no cuenta con el nombre de 'alcalde Miguel Ángel Cámara Botía' en los folletos recién publicados por el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Montañismo de la Región. Esta actuación ha tenido lugar tras la moción que Ahora Murcia llevó al Pleno del pasado mes de marzo, que pedía que se retirase la nomenclatura 'Miguel Ángel Cámara' a los dos edificios que ostentan este nombre en el municipio, además de al citado sendero familiar, que transcurre por Torreguil y está integrado en la red de senderos del municipio.

La concejala y portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales, recuerda que la moción “no fue apoyada por PP, PSOE, ni C's, pero ha quedado patente que el PP no se siente cómodo manteniendo el nombre a un espacio público de un personaje imputado y que ha sido suspendido de militancia por su partido”.

La edil destaca que “el hecho de que el Gobierno de Ballesta haya suprimido el nombre de Cámara en los folletos de 'Senderos Señalizados del Municipio' y de la 'Red de Senderos del Municipio' significa que estaban de acuerdo con el contenido de nuestra moción, con lo cual no se entiende que no la apoyaran, y evidencia una notable falta de coherencia”.

Morales subraya que Ahora Murcia explicó en el Pleno que “las calles, edificios y espacios públicos deben tener el nombre de personas ejemplares, no de alguien como Cámara, máximo responsable de la política llevada a cabo en las dos últimas décadas en nuestro municipio, un periodo en el que Murcia ha sido paradigma de los pelotazos urbanísticosparadigma de los pelotazos urbanísticos”.

La portavoz también señaló que “resulta tan evidente que Cámara no es un personaje digno de reconocimiento y confianza que le han suspendido de militancia. Si el propio PP no quiere tenerlo en su partido, imaginamos que no nos pedirá a todos los murcianos que mantengamos edificios con su nombre”. Morales, además, resaltó “la megalomanía que supone que un alcalde ponga su nombre a edificios públicos del municipio que él mismo gobierna”.

La moción de Ahora Murcia pedía también que la Comisión de Denominación de Calles asumiera la competencia en la nomenclatura de edificios municipales, espacios públicos e infraestructuras, y que este aspecto sea recogido asimismo en la Ordenanza o Reglamento que se va a elaborar en dicha comisión. “Esta petición del grupo municipal ha sido recogida por el Gobierno local en el proyecto de reglamento elaborado por la concejalía de Organización” apunta Morales, “lo que demuestra también lo pertinente de nuestra moción”.

“La denominación de calles, edificios municipales y espacios públicos hasta el momento se ha realizado sin criterios definidos, al arbitrio de las concejalías o del alcalde, y ello ha tenido como resultado que encontramos casos de nombres de dudosa ejemplaridad y poco edificantes como éste”, señala la portavoz, que afirma que espera que los dos edificios municipales, el Pabellón de Deportes de Alquerías y el Centro de Salud de Llano de Brujas, “corran la misma suerte que el sendero local y vean eliminado el nombre de Cámara”.

El fiscal Anticorrupción de Murcia Juan Pablo Lozano ha denunciado ante los Cuerpos Nacional de Policía el robo, hace dos semanas, de su ordenador personal en el que guardaba documentación relevante sobre los casos que instruía, entre los que se encuentran Novo Carthago, Umbra y Rotondas, según el diario La Verdad. Asimismo, el propio fiscal ha asegurado que los ladrones despreciaron numerosos objetos de valor, y únicamente robaron el terminal, con el presunto objetivo de conseguir información para una defensa más eficaz en los banquillos.

“Unos desconocidos, al menos dos personas, asaltaron días atrás el domicilio del Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, y solo se apoderaron de su ordenador personal, en el que guardaba la documentación íntegra de todos los casos de corrupción que coordina y de los que se encuentran en un estado de investigación inicial, además de las claves (PIN y PUK) de su teléfono móvil”, cita Ricardo Fernández en la edición digital de La Verdad.

El ordenador robado tiene un valor nulo si se considera el motivo del robo como estrictamente económico, por lo que, en teoría, el hurto tendría otros objetivos relacionados con la información que contiene el terminal. “Si lo que pretenden es intimidar a Juan Pablo, y es algo que me parece obvio, deben ser conscientes de que no es posible intimidar a una Fiscalía entera. Ni lo van a conseguir con Juan Pablo Lozano ni lo van a lograr con el resto”, advirtió ayer el máximo responsable del Ministerio Público en la Región, Manuel López Bernal en declaraciones a La Verdad.

Entre los casos que lleva destacan el 'Novo Carthago', que investiga comisiones a políticos por la ejecución de proyectos urbanísticos en Cartagena. En él están imputados Rosario Valcárcel, hija del expresidente popular de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel, y su marido; además de Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura, Joaquín Bascuñana, exdelegado del Gobierno y el también exconsejero Francisco Marqués.

El caso Umbra investiga la presunta trama de corrupción urbanística en la zona norte de la ciudad de Murcia, y sus casos anexos (caso Rotondas). Miguel Ángel Cámara, el exalcalde de Murcia; el exconcejal de Urbanismo Feranado Berberena son algunos de los procesados por este caso.

El caso de los regantes de Molina de Segura, en el que está imputado el exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras; el caso Líber, que investiga una supuesta trama de corrupción en Librilla o el más reciente caso del uso indebido de los fondos destinados a obras del AVE también están en su cartera.

Las fuentes de la Fiscalía consultadas aseguran que las investigaciones seguirán su curso sin problemas porque Lozano cuenta con copia de todo.

El concejal de Cambiemos Murcia Nacho Tornel ha dicho hoy que si el concejal de Fomento, Roque Ortiz, no es capaz de ofrecer a la ciudadanía “explicaciones documentadas” y “coherentes” de su viaje a Estambul en 2008 en un jet privado alquilado por el promotor Ramón Salvador Águeda, “lo mejor que puede hacer es dejar su cargo por el bien del municipio”.

Para Tornel, es “muy significativo” que Ortiz, que en ese momento ocupaba la gerencia de la empresa municipal Urbamusa por designación política, se fuera de vacaciones con los entonces alcalde, Miguel Ángel Cámara, y concejal de Fomento, Antonio Sánchez Carrillo, y el promotor, justo cuando se tomaban decisiones importantes para Murcia en materia urbanística.

Al respecto, ha recordado que RS, la empresa de Ramón Salvador Águeda, desarrolló entre 2003 y 2008 al menos ocho grandes planes urbanísticos tramitados en el Ayuntamiento que gobernaba Cámara, el último de ellos el que afectaba a la pedanía de Cabezo de Torres, suscrito dos semanas antes del viaje.

Tornel se ha preguntado si el actual alcalde, José Ballesta, conocía de las “buenas relaciones, fruto de la amistad o de intereses propios” entre Ortiz y el promotor, en el momento en que lo nombró concejal de Fomento y su mano derecha. “A partir de dilucidar esta cuestión debe tomar decisiones”, ha sostenido, considerando que “la pelota” está ahora en el tejado del regidor.

También ha llamado la atención sobre la línea que une a Ballesta, Sánchez Carrillo y el propio Ortiz, quien, recuerda, es además directivo de Emuasa, una empresa municipal que mueve un capital público importante. Por tanto, Ballesta tiene que tomar cartas en el asunto y decidir si sigue apoyando que Ortiz continúe al frente de una concejalía como Fomento.

Asimismo, Tornel ha expresado su rechazo, asimismo, a que Urbamusa, ahora dirigida por una persona de confianza de Ortiz, gestione el Plan Municipal de Alquiler.

Ramón Salvador Águeda, el promotor ilicitano conocido como`El rey del ladrillo´ fletó un avión privado el 8 de julio de 2008 desde el aeropuerto alicantino de El Atlet con destino a Estambul durante cuatro días, cuyos pasajeros fueron el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara, el exconcejal Antonio Sánchez Carrillo, el abogado Daniel Valenzuela y el actual concejal de Fomento, Roque Ortiz, con sus respectivas esposas. 

Una de las empresas de este promotor, Mirallevant, participó en el convenio urbanístico que el Ayuntamiento firmó en la zona norte y que permitió la remodelación del Teatro Circo, investigada en el caso Umbra. 

Precisamente, ese viaje se realizó dos meses antes de que se aprobara definitivamente el plan parcial del convenio del Teatro Circo. El fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano publicó estos datos en el escrito enviado el lunes al juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia para que se abra una pieza separada que investigue dicho viaje. 

El caso Umbra trata de esclarecer el supuesto trato de favor que algunos grandes promotores habrían recibido años atrás por parte del Ayuntamiento de Murcia. Lozano ha recibido este ´chivatazo´ del fiscal de la Audiencia Nacional, donde se ha investigado a Águeda por la denuncia que puso el FROB por el Banco de Valencia y Bancaja.

Este empresario ya saltó a la palestra en julio de 2013, cuando se publicaron las fotografías de una fiesta que había organizado en 2004 en su yate en Denia con el exconcejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena; el jefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver, y el ingeniero de origen italiano e intermediario en operaciones inmobiliarias Renato del Noce, y sus respectivas mujeres.

El Ministerio Fiscal considera que se debe aclarar si los matrimonios, que según sus cálculos debieron pagar 15.000 euros por ese viaje, desembolsaron el dinero de su bolsillo.

En el caso de que fuera un regalo habrían cometido cohecho y deben declarar en el juzgado como imputados. El fiscal recuerda que Águeda regaló relojes y viajes en yate al exconcejal Fernando Berberena.

Lozano también quiere investigar la relación entre otra empresa del promotor ilicitano y una firma de la que forman parte Sánchez Carrillo y Carlos Valcárcel, hermano del presidente Valcárcel.

Además, el fiscal llama la atención en el documento sobre las cacerías por África en las que participaron el que fuera gerente de Urbanismo Alberto Guerra, también imputado en el caso Umbra, Valenzuela y Carrillo.

El Grupo municipal Ahora Murcia presentará una moción el próximo jueves para que el PP aparte provisionalmente de sus puestos a los funcionarios acusados por el Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal en el Caso Umbra. La plataforma ciudadana considera “una irresponsabilidad” que estas mismas personas acusadas continúen trabajando, teniendo responsabilidades y firmando documentos en las mismas áreas, y algunos desde el mismo puesto, por los que van a ser procesados.

La concejala Alicia Morales recuerda que Ahora Murcia presentó una moción similar el pasado mes de julio, pero que el Partido Popular “se la quitó de encima con una moción alternativa, aprobada con el apoyo de C's, y que no sólo era menos exigente, sino que además no la han cumplido”.

Este incumplimiento por parte del PP, unido a los recientes hechos relacionados con el Convenio Casino del Caso Umbra, han llevado a Ahora Murcia a presentar de nuevo esta moción, con la convicción de que “en esta ocasión, ningún partido podrá ponerse de perfil ante este asunto, ya que no es de recibo que funcionarios que los propios Servicios Jurídicos del Ayuntamiento consideran merecedores de prisión, estén realizando tareas similares a las cuales por las que serán procesados”.

La portavoz de Ahora Murcia señala que no está en manos del PP que los implicados en el desarrollo urbanístico de la zona Norte de Murcia “vayan a prisión, pero sí que dejen provisionalmente de ejercer sus funciones, ya que no son dignos de confianza hasta que finalice el proceso judicial”, por lo que exige que el Gobierno municipal actúe en este sentido. “Hay que exigir coherencia al PP: si considera que estas personas son merecedoras de ir a la cárcel, no pueden continuar en sus puestos”.

La moción pide “que estos funcionarios actualmente inmersos en procedimientos judiciales por presuntas actuaciones delictivas en el desempeño de su tarea, sean trasladados provisionalmente a otro puesto de trabajo, donde desempeñen un trabajo cuyas tareas no guarden relación con el motivo de su procesamiento”.

“Estos funcionarios acusados siguen a día de hoy en los mismos puestos, gestionando recursos públicos, tomando decisiones, participando en las Comisiones de Urbanismo y elaborando informes”, señala la edil, “lo cual es ilógico y dice muy poco a favor de la voluntad del PP por defender los intereses de la ciudadanía”.

Morales apunta que el PP pide cárcel para los acusados “totalmente a remolque de los acontecimientos y para tratar de paralizar la denuncia política de la oposición y la exigencia de   responsabilidades, cuando su historial nos deja bien claro que su voluntad de lucha contra la corrupción, antes de que ocurra y una vez sucedida, es nula”.

Ahora Murcia exige al PP que aparte de sus puestos a los funcionarios acusados por el Ayuntamiento en el caso Umbra “ya que siguen trabajando, teniendo responsabilidades y firmando documentos en las mismas áreas por los que van a ser procesados”.

La edil de la formación, Angeles Micol, ha señalado que “el PP actúa a remolque de los acontecimientos; su voluntad de lucha contra la corrupción es nula”.“Hay que exigir coherencia al PP: si considera que estas personas son merecedoras de ir a la cárcel, no pueden continuar en sus puestos”, añadió.

Ahora Murcia ya presentó el pasado mes de julio una moción para el traslado provisional de los funcionarios imputados, y volverá a llevarla al próximo Pleno, “ya que la situación es peor que la de entonces, pues los imputados han pasado a ser acusados”.

“Estos funcionarios acusados siguen a día de hoy en los mismos puestos, tomando decisiones, participando en las Comisiones de Urbanismo y elaborando informes”, ha subrayado la concejala de Ahora Murcia.

Micol ha manifestado que el PP pide cárcel para los acusados “para tratar de paralizar la denuncia política de la oposición, cuando su historial nos deja bien claro que su voluntad de lucha contra la corrupción, antes de que ocurra y una vez sucedida, es nula”.

El Ayuntamiento de Murcia ha pedido penas de prisión para integrantes de la anterior concejalía de Urbanismo, entre los que se encuentra el exconcejal Fernando Berberena, para quien reclama seis meses de cárcel por un delito de cohecho que habría cometido por la presunta recepción de relojes entregados por un promotor y que fueron valorados en 50.000 euros.

Entre los demás acusados se encuentran el exgerente de Urbanismo Alberto Guerra, para quien reclama doce año y medio de cárcel, y el exjefe de Planeamiento municipal Joaquín Peñalver, que se enfrenta a una solicitud de condena de tres años y medio de cárcel y al que se atribuye los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Así mismo, en la lista de acusados figura el presidente del Casino y exmiembro del gobierno autónomo murciano Juan Antonio Megías, para quien el ayuntamiento pide tres años de cárcel por un delito de malversación.

Según esta acusación, los hechos que serán juzgados se produjeron en mayo de 2005, cuando varias sociedades presentaron en el consistorio una propuesta de convenio urbanístico sobre terrenos ubicados en la expansión norte de la ciudad de Murcia.

La propuesta consistía en que a cambio de conseguir un aumento en la edificabilidad de la zona, los promotores se comprometían a compensar al ayuntamiento con más de 16 millones de euros, la mayor parte de ellos, destinados a la rehabilitación del edificio del Casino.

En torno a ese convenio, según sostiene tanto el fiscal Anticorrupción como ahora la acusación que ejerce el ayuntamiento, se cometieron una serie de actuaciones delictivas en beneficio de varios de los imputados y en perjuicio del erario público.

El empresario madrileño y presidente del Real Murcia, Jesús Samper, ha fallecido en Madrid a la edad de 65 años tras haber sido ingresado por una enfermedad por la cual se encontraba en tratamiento. Hace unos días se comunicó que Samper no podría acudir a la Junta General de Accionistas del club murciano prevista para este viernes debido a su estado de salud.

Samper era presidente del Real Murcia desde 1998, y fue el promotor del estadio Nueva Condomina mediante la firma de un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Murcia que está siendo objeto de investigación judicial, y por el cual estaba imputado. También estuvo detrás del proyecto del parque temático Paramount, que en la actualidad se encuentra atascado por falta de financiación.

El club Real Murcia ha informado de la muerte de Jesús Samper por medio de un comunicado y ha trasladado su pésame a la familia de Samper y a la afición pimentonera. La Junta General de Accionistas ha sido aplazada.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, ha lamentado que los grupos de la oposición tengan que enterarse por los medios de comunicación de los funcionarios imputados en supuestos casos de corrupción, tras conocerse que el juez procesará a la antigua cúpula de Urbanismo de Murcia por las presuntas ilegalidades en varios planes parciales.

Gómez ha afirmado que “continuamente están saliendo nuevas informaciones con más que probables corrupciones urbanísticas”. “Vamos conociendo nuevos imputados de lo que podría considerarse como una banda de malhechores, y Ballesta no puede esconderse nuevamente, tiene que explicar a los murcianos los continuos escándalos de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia”, ha añadido.

“Debemos tener en cuenta que desde Ciudadanos se pidió al alcalde José Ballesta la relación de funcionarios imputados en los distintos casos de corrupción, sin haber obtenido respuesta”, ha recordado Mario Gómez, para quien el equipo de Gobierno del PP debe responder a las preguntas y “practicar la transparencia que predica”, porque de lo contrario, se “convierte en cómplice político de los que practican estas presuntas prácticas corruptas”. “Por ello, le exigimos que dé explicaciones a todos los murcianos”, ha proclamado.

Además, Mario Gómez ha manifestado que “la gravedad de todo esto es que estas presuntas irregularidades han salpicado a toda la Concejalía y Gerencia de Urbanismo de los tiempos de Berberena como edil”, y que “de no ofrecer las explicaciones pertinentes, también puede llegar a salpicar al actual equipo de Gobierno”. “No podemos considerar que se trate de una supuesta corrupción aislada, ya que son muchos los funcionarios que parece también podrían estar implicados por estas irregularidades urbanísticas; cinco planes parciales que al parecer han supuesto un dolo para la Administración suficiente como para haber satisfecho toda su deuda”, ha apuntado Gómez.

Para concluir, el edil de Ciudadanos, Mario Gómez, ha declarado: “Algunos de esos funcionarios los tenemos ahora en las comisiones de Plenos. Nos parece alarmante y de una tremenda desfachatez que los partidos políticos nos tengamos que sentar con parte de estos funcionarios procesados, para terminar de aprobar los planes parciales que presuntamente ellos mismos urdieron en aquella época de corrupción; revisar con ellos expedientes y que nos expliquen 'las bondades' de los mismos, sin tener garantías de que el expediente que nos muestran está ajustado a derecho”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia acuerda que se continúe la tramitación de las diligencias del conocido como 'caso Umbra', por el procedimiento abreviado contra 18 imputados en alguno o algunos de los 46 presuntos delitos que se recogen en la investigación y que la resolución agrupa en ocho bloques.

En el auto notificado este viernes, el juez abre la fase intermedia previa a la eventual fase de juicio oral y concreta los indicios de comisión de delitos, que de acuerdo a las diligencias practicadas y siempre presuntamente, entiende que existen contra cada uno de los imputados.

Igualmente, en la parte dispositiva de la resolución, se ordena el sobreseimiento provisional de la causa respecto de Miguel Ángel Cámara Botía, alcalde de Murcia cuando se produjeron los hechos que se investigan, y cuatro imputados más.

De la citada resolución se da traslado al Ministerio Fiscal y demás acusaciones personadas, para que, en su caso, soliciten en el plazo de 30 días hábiles la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Además, se acuerda la creación de la Pieza Separada Baños y Mendigo, que incluirá copia de la declaración de Miguel Ángel Cámara Botica el 15 de junio de 2012.

En estas mismas diligencias, y respecto a la Pieza Separada Convenio Nueva Condomina, en junio se dictó auto de continuación del procedimiento contra Miguel Ángel Cámara Botía y Jesús Samper Vidal por los posibles delitos de uso de información privilegiada y prevaricación, además de contra Pedro Lorenzo Morillas Sánchez y Joaquín Peñalver Motas por el delito de prevaricación.

La resolución hoy notificada no es firme y cabe recurso de reforma ante el juzgado que la dictó o recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.

Gras considera que el Ayuntamiento de Murcia debe retirarse como acusación particular en el 'caso Umbra' “si no va a defender los intereses generales, ya que las diferentes informaciones y pronunciamientos del Ministerio Fiscal sobre las actuaciones de los letrados municipales, más parecen apuntar a que ejercen funciones de abogados defensores de los imputados en este asunto que de acusadores para restablecer los posibles perjuicios a las arcas públicas”.

En concreto, el PSOE se refiere al hecho de que la abogada municipal ha solicitado el sobreseimiento de la pieza separada 'Nueva Condomina’ del 'caso Umbra', como respuesta a un auto del juez David Castillejos que confirmaba los indicios de delito del exalcalde Miguel Ángel Cámara, el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y los exfuncionarios de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas y Joaquín Peñalver.

A juicio de Gras, “si los letrados municipales consideran que no deben sostener la acusación, no pueden seguir haciendo un uso inadecuado de la figura de la acusación particular”. “Ya tenemos experiencias recientes en casos de presunta corrupción, como el Gürtel o el caso Bárcenas, en los que un partido político, el Partido Popular, se personó como acusación particular, cuando en realidad ejercía de parte defensora de los imputados, que no eran otros que altos dirigentes y cargos públicos del PP”, ha dicho el portavoz socialista.

El Grupo Municipal socialista ha dirigido hace un escrito al alcalde José Ballesta en el que recordaba que “los letrados del Ayuntamiento están para defender el interés común, y no los intereses personales de los imputados, por lo que no pueden actuar como defensa de los mismos”.

El portavoz municipal, considera que, presuntamente, “lo que está haciendo la representación letrada del Ayuntamiento no se corresponde con el contenido y la finalidad propios de una acusación en un proceso penal y más parece que estemos hablando de un fraude procesal”. Por tanto, “si el Ayuntamiento no se ha visto perjudicado en este asunto, a juicio de esa representación, ¿por qué sigue personado como acusación particular? Esa es la pregunta que debemos hacernos”, concluye Gras.

La dimisión del secretario general del PP murciano y exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, se ha formalizado este domingo, una vez que el sábado tuvieron lugar las constituciones de los ayuntamientos. Cámara presentó el pasado viernes su carta de dimisión al presidente del partido en la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aunque condicionó formalizarla “a todos los efectos” a que los candidatos del PP recibieran los apoyos necesarios en aquellos municipios en los que la suya hubiera sido la lista más votada. Y aunque no se ha dado ese apoyo en todos los casos, Valcárcel ha aceptado la renuncia.

Una de las condiciones que Ciudadanos exigió del PP para empezar a negociar su apoyo a las investiduras de los alcaldes, y también del candidato popular a presidir el Gobierno regional, fue que apartara a los imputados de sus cargos institucionales o de partido.

Las miradas se centraron de manera especial en tres casos: María Antonia Conesa, exalcaldesa de Fuente Álamo e imputada en el caso Pagamenta, que se dio de baja en el PP pero no renunció a su acta de concejal; el exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana, imputado en el caso Novo Carthago desde hace un año y que dimitió el pasado martes, aunque su cese no se publicó en el BOE hasta este sábado; y el exsecretario general del PP murciano y exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, imputado en el caso Umbra y que, dando una vuelta de tuerca, puso condiciones a la condición de su renuncia.

Miguel Ángel Cámara explicaba en su carta de dimisión: “Como me comprometí, cumplo; me alegraré de que por mí podamos seguir teniendo alcaldes”, arrogándose el mérito de que el PP accediera a un buen número de alcaldías, y quién sabe si también a la Presidencia de la Región de Murcia. Tras hacerse pública la 'dimisión condicionada' de Cámara, el líder de Ciudadanos en la Región, Miguel Sánchez, respondió a través de la red social Twitter que “hay que ser elegante hasta para dimitir”.

Sin embargo desde el PP murciano tienen una visión diferente, y en un comunicado remitido este domingo a los medios, han remarcado que la dimisión de Cámara, como la de los otros miembros de su formación que han renunciado a sus cargos en los últimos días, sirve “para facilitar la gobernabilidad del Partido Popular en distintas instituciones de la Región de Murcia”, con lo que Cámara “vuelve a dar un ejemplo de responsabilidad y compromiso con su partido y su Región”. Además, han agradecido la labor de Miguel Ángel Cámara en el partido “y en beneficio de la sociedad, desde su responsabilidad al frente de la alcaldía de Murcia”. Cámara lleva imputado en el caso Umbra desde 2012.

El 'Camarato'

Miguel Ángel Cámara nació en la vecina localidad de Orihuela, en Alicante, en 1955. Tras estudiar Química en la Universidad de Murcia y obtener el doctorado en esa misma institución docente, Cámara tuvo una fugaz experiencia como profesor titular de Química Agrícola en la UMU. En 1983 se afilió a Alianza Popular y desde el año siguiente comenzó a ocupar cargos en el partido: responsable de la Comisión Regional de Educación, secretario de Acción Local, vicepresidente de la Junta Local y secretario de Organización, hasta su gran salto en 1990.

Ese año es elegido secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia, cargo que ha ejercido durante 25 años, hasta este mes de junio de 2015. Y tras desempeñar otras funciones en el ayuntamiento de Murcia, finalmente es elegido alcalde en 1995 por mayoría absoluta, derrotando al último alcalde socialista que dirigió el ayuntamiento de la capital autonómica, José Méndez.

Con varias infraestructuras construidas en el periodo del PSOE y recién estrenadas, como el Palacio de Congresos o el Palacio de Deportes, el mandato de Cámara comenzó apuntando a grandes proyectos como una Ciudad de las Ciencias, la creación del gran Parque Este, la construcción del tranvía y la expansión de Murcia hacia el norte, elementos ligados a la apertura de varios centros comerciales y al nuevo estadio de fútbol del Real Murcia.

Umbra, la sombra de la sospecha

Precísamente por los convenios urbanísticos suscritos por el ayuntamiento para la zona norte de la ciudad, se inició el llamado caso Umbra, ‘sombra’ en italiano: a dicho nombre responde la operación por presunta corrupción urbanística más importante del municipio, en el que están imputadas una treintena de personas, entre ellas Miguel Ángel Cámara desde 2012, así como el empresario madrileño y propietario del Real Murcia, Jesús Samper, y otros cargos públicos de la Administración local.

El pasado día 11 de junio, el Juzgado de Instrucción que desde 2008 investiga el caso, acordó transformar las diligencias abiertas en una pieza separada en procedimiento abreviado, lo que puede suponer que Cámara y Samper acaben sentándose en el banquillo.

Tras dejar el cargo de secretario general del PP de la Región de Murcia y concluir su periodo como alcalde de la capital autonómica, Miguel Ángel Cámara ha pedido el reingreso como profesor de Química en la UMU.

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, ha acordado que se continúe la tramitación de la pieza separada Convenio Nueva Condomina por el procedimiento abreviado contra el alcalde de Murcia en funciones y secretario general del PP murciano, Miguel Ángel Cámara, y contra el empresario madrileño y propietario del Real Murcia, Jesús Samper, por los posibles delitos de uso de información privilegiada y prevaricación, además de contra Pedro Lorenzo Morillas Sánchez y Joaquín Peñalver Motas por el delito de prevaricación.

Con el auto notificado este jueves, el juez ha abierto la fase intermedia, previa a la eventual fase de juicio oral, y ha concretado los indicios de comisión de delitos, que de acuerdo a las diligencias practicadas y siempre presuntamente, entiende que existen contra cada uno de los imputados. Igualmente, en la parte dispositiva de la resolución se ha rechazado la cuestión de prescripción alegada por la defensa de Miguel Ángel Cámara. 

De la citada resolución se ha dado traslado al Ministerio Fiscal y demás acusaciones personadas, para que, en su caso, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. El auto concluye añadiendo que la resolución no es firme y que cabe recurso de reforma ante el juzgado que la dictó, o recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia. En el caso Umbra se investigan posibles irregularidades en los convenios urbanísticos de la zona norte de la ciudad.

Miguel Ángel Cámara, secretario general del PP de la Región de Murcia y alcalde en funciones del Ayuntamiento de la capital autonómica, ha declarado en una entrevista en el matinal de la Cadena Cope que “hará todo lo que tenga que hacer”, y que no será “ningún obstáculo” para la llegada de Pedro Antonio Sánchez a la Presidencia del Gobierno Regional. A preguntas del periodista Antonio Díaz Montoro, Cámara ha añadido más tarde: “Si depende de mí, desde luego, el PP gobernará en la Región de Murcia y en la mayoría de los ayuntamientos, que es lo que quiere la mayoría de los murcianos que nos han dado su confianza”.

La dimisión como secretario general del PP murciano es uno de los requisitos que Ciudadanos ha puesto para comenzar a dialogar sobre un posible acuerdo de investidura a Pedro Antonio Sánchez en la Asamblea Regional. Los populares necesitan del apoyo de C's en una primera votación, o de su abstención en la segunda para revalidarse como partido de gobierno.

Sobre la difícil relación entre PP y Ciudadanos en el ámbito regional, y sobre las exigencias del partido de Miguel Sánchez, Miguel Ángel Cámara ha asegurado: “No creo que esto sea un chantaje, es una negociación”, pero también ha señalado que todas estas peticiones nacen del PSOE, que de lo único que habla es “de todos contra el Partido Popular, y de desalojar al PP”; ninguna formación, a excepción de su partido, ha dicho, está hablando de lo que “realmente es importante para la Región, como es la defensa de las oportunidades de empleo, del agua y las infraestructuras”.

Miguel Ángel Cámara preside este miércoles su último pleno como alcalde del Ayuntamiento de Murcia, un cargo al que accedió al ganar por mayoría absoluta en 1995 y en el que ha permanecido durante veinte años. Desde 2012 se encuentra imputado en el caso Umbra, que investiga los convenios urbanísticos del norte de la ciudad.