El nuevo canon del agua que Castilla-La Mancha aplica desde 2025 sigue siendo objeto de disputa política en la comunidad autónoma. El PP regional no ha dejado de repetir el mantra de que se trata de “nuevo impuesto” de Emiliano García-Page, cuando en realidad se trata de una regulación a la que obliga la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea y que ya aplican otras comunidades autónomas.

Hace casi un año, en abril de 2025, los socialistas castellanomanchegos decidieron llevar el asunto a los tribunales y presentaron ante los juzgados una querella contra el alcalde de Quismondo (Toledo), José Eugenio del Castillo (PP), después de que se repartiera por toda la localidad una circular impresa donde repetía ese argumento: que el canon era una imposición de Page.

El proceso judicial derivó en un acto conciliación a partir del cual el alcalde Quismondo ha remitido al juzgado una carta en la que reconoce que ese canon forma parte de la mencionada Directiva Europea.

Concretamente, y según ha podido constatar este medio, José Eugenio del Castillo afirma que lo que se buzoneó y repartió en la localidad era un “panfleto” encabezado con el título ‘El Ayuntamiento de Quismondo informa’ que contenía datos “inexactos” y que ese canon se aprobó “para dar debido cumplimiento” a la Directiva Marco del Agua.

Pero en ese mismo escrito, el alcalde Quismondo dice desconocer la identidad del autor del mencionado panfleto, por lo que desvincula al Ayuntamiento de su elaboración y distribución, y niega que el Consistorio usara dinero público para su “elaboración, impresión o distribución”.

El PSOE pide al PP que cese al alcalde por “mentir”

Ahora, y a la vista de que este alcalde ha reconocido que el canon es de obligado cumplimiento, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha pedido al PP que se disculpe en relación a su campaña en los ayuntamientos.

Para el dirigente socialista, el alcalde reconoce ante los juzgados que es “mentira” la campaña del presidente regional del PP, Paco Núñez, diciendo “que el canon del agua era un impuesto de Page”.

“Para evitar la condena ante la querella presentada reconoce la verdad: es un canon derivado de una obligación europea”. Lo más llamativo, para el socialista, es que el alcalde “vacila al juez y al pueblo afirmando que tuvo conocimiento de un boletín repartido con el logo del Ayuntamiento pero que desconoce su autoría”. “Podría haber presunción de inocencia pero en marzo de 2025 afirmaba sobre el boletín que su obligación es contar la verdad”, argumenta.

Por ello, Gutiérrez dice que el PP debe pedir perdón “por su campaña de mentiras y cesar al alcalde de Quismondo, que no se puede salir de una mentira enorme, mintiendo a un juez con una todavía más grande”.

Después de este escrito que el alcalde ha remitido al juzgado, ahora está en manos de PSOE proseguir o no con el proceso judicial de la querella, extremo que el dirigente socialista no ha confirmado.

El PP arremete ahora contra los periodistas

Por su parte, el diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Juan Antonio Moreno ha salido afirmando que el 'número dos' del PSOE de Castilla-La Mancha “no tiene credibilidad”.

“Una persona que ha votado a favor de indultos, de amnistía, a favor de la ley del sí es sí, creo que tiene poco predicamento, excepto el que ustedes le compran y luego le trasladan al ámbito de la difusión pública”, ha dicho arremetiendo contra la periodistas, para a continuación decir que respeta a los medios de comunicación.

Con todo, insiste en que el canon del agua “no era un impuesto de obligado cumplimiento” y si está en vigor es por el “afán de los socialistas castellanomanchegos de freír a impuestos”. “Un impuesto injusto que se suma a la gran presión fiscal en Castilla-La Mancha”.

Repreguntado por la postura del alcalde sobre lo que el PSOE ha denominado un “panfleto” repartido por los buzones de Quismondo bajo el título 'El Ayuntamiento informa' y del que se ha desvinculado el alcalde, Moreno se ha limitado a decir: “Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Dar veracidad a todo lo que publica Sergio Gutiérrez... Habrá gente que le tenga fe, pero yo ninguna, la veracidad de su trayectoria política es bastante nula”.

El canon de la discordia

El canon medioambiental del agua entró en vigor el 1 de enero de 2025 en Castilla-La Mancha y supone alrededor de un euro en el recibo del agua. Cuenta con bonificaciones y exenciones, de tal manera que hay hogares que no lo pagan.

El Gobierno de Castilla-La Mancha estableció un sistema de pago por tramos de consumo mensual, de manera que “pague más quien más consuma” ya que lo que se pretende es inducir al ahorro de consumo de agua.

Además, el pasado mes de septiembre, el Ejecutivo autonómico modificó la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha para incluir nuevas bonificaciones dirigidas a las familias en riesgo de exclusión y a las personas con grado de discapacidad superior al 33 por ciento.

El Ayuntamiento de Sacedón ha denunciado la situación de “abandono” que sufren cada año los navegantes del embalse de Entrepeñas, en la cabecera del Tajo, donde cientos de embarcaciones pagan un canon obligatorio a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) “sin contar con rampas ni accesos adecuados para botar los barcos al agua mientras niegan y dificultan al ayuntamiento el arreglo y acondicionamiento de caminos”.

Para el consistorio, “es una auténtica vergüenza. Les obligan a pagar un canon para poder navegar, pero a cambio no existe una sola infraestructura que permita meter las embarcaciones al agua de forma segura”.

En un comunicado explica que los usuarios “se ven obligados a maniobrar entre surcos, árboles y matorrales, quedándose muchas veces atascados. Y cuando tratamos de mejorar los accesos, la Confederación ni da permiso, ni colabora: solo sanciona”, denuncia, una vez más el alcalde, Francisco Pérez Torrecilla.

El regidor, según informa el Consistorio, explica que “más de una vez la Confederación ha negado la mera existencia de caminos”, mientras que según explica “están ahí desde los años 60 ó 70, para negar el permiso de adecuación”.

Después, abunda, “dificultan con exigencias desmedidas, en vez de ofrecer colaboración para los arreglos aportando medios técnicos, como puedan ser ingenieros”.

Una recaudación que asciende a más de 50.000 euros

El Consistorio calcula que, “siendo conservadores”, cada verano se recaudan en Sacedón, dónde solo allí se cuentan más de 400 embarcaciones --hay muchas más en el embalse, cerca del doble--, más de 50.000 euros en concepto de cánones y que esta es una cantidad que el organismo de cuenca “ingresa sin necesidad de invertir en mantenimiento o infraestructuras”.

La cifra, asegura, “podría elevarse hasta el doble teniendo en cuenta el resto de términos municipales, contando embarcaciones ocasionales como kayaks, barcas de pesca, embarcaciones ligeras, etc. que no amarran en puerto”.

Todo lo recaudan, nada lo reinvierten. El beneficio para los ciudadanos es cero, sin embargo el canal del trasvase corren raudos a repararlo

“Todo lo recaudan, nada lo reinvierten. El beneficio para los ciudadanos es cero, sin embargo el canal del trasvase corren raudos a repararlo”, subraya el alcalde, que reclama más apoyo para el desarrollo del mundo rural. Se refiere en concreto sin mencionarlo a distintos episodios de roturas de la infraestructura hidráulica que lleva agua desde la cabecera del Tajo hasta el Segura y que se distribuye entre Alicante, Murcia y Almería. El último incidente, una nueva rotura, se produjo en Liétor (Albacete) y se conoció el pasado 13 de agosto.

El Ayuntamiento de Sacedón insiste en que esta situación no puede prolongarse más: “El embalse es un motor de desarrollo turístico y económico para nuestro municipio, y la confederación en lugar de ayudar, lo convierte en un obstáculo. Exigimos soluciones inmediatas y que los recursos recaudados reviertan en la mejora de los accesos y en beneficio de los usuarios del embalse”.

Desde Sacedón consideran que la Confederación Hidrográfica del Tajo “debería trabajar más en consonancia con las administraciones locales y provinciales, no sólo para la protección y conservación del río, sino también para el desarrollo de las comarcas ribereñas”.

En opinión del gobierno local de este ayuntamiento, “una España rural próspera que viva de cara al río y sus embalses y no con miedo, viendo cómo la riqueza y las buenas palabras escapan por la tubería del trasvase”.

No es la única queja sobre la gestión del organismo de cuenca. Más de un centenar de alcaldes vienen denunciando “indefensión” y a principios de agosto solicitaron una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha para abordar la problemática. El propio Emiliano García-Page, cuestionó la gestión de todas las confederaciones hidrográficas y no descartó acudir a los tribunales.

Esta semana, la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez anunció que se ha pedido la Confederación del Tajo un informe que explique las razones del brusco descenso del caudal del río a su paso por Toledo.

La alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, anunciaron en diciembre de 2023 la privatización para los próximos 35 años de la gestión de un 47% de la Marina de València (235.000 metros cuadrados de superficie), en concreto los amarres y parte de la zona sur y norte, perdiendo así la ciudad el control unitario del espacio y la autonomía de la que gozaba para planificar los usos y actividades.

Hasta ese momento, era el Consorcio Valencia 2007, el órgano integrado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20% ), el encargado de administrarlo, hasta que se optó por su liquidación una vez el Estado condonó la deuda de 380 millones que pesaba sobre el ente, con la que se financiaron las obras necesarias para transformar el espacio y celebrar la Copa América.

Aunque el proceso de liquidación del ente está judicializado, la APV convocó un concurso del que resultó ganadora la unión temporal de empresas (UTE) formada por Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar, a la que se le adjudicó la explotación de las instalaciones en julio de 2024 durante un periodo de 35 años.

En todo este proceso, las empresas de servicios o restauración que trabajan en el ámbito privatizado han sufrido un incremento de sus gastos operativos de entorno al 25%, según han asegurado algunas de las afectadas consultadas por elDiario.es: “Cuando estaba el Consorcio tan solo pagábamos un canon anual, una especie de alquiler cuya cuantía se fijaba en función del tipo de actividad o la cantidad de superficie que ocupaba el negocio. Cuando se liquidó el Consorcio, hubo un periodo de transición en el que se hizo cargo de la gestión la APV, que nos empezó a cobrar una tasa adicional del 2% sobre nuestra facturación. Y al entrar el operador privado, esa tasa ha subido al 3%”, han explicado.

Las firmas consultadas no ocultan su malestar al entender que “esa tasa debería abonarse en todo caso sobre el beneficio, no sobre la facturación” y afirman que es “un gasto más que hace que cada vez sea más complicado mantener la actividad y ofrecer un buen servicio”. Así, reconocen que “en la última etapa del Consorcio, desde que se anunció su liquidación, se dejó todo bastante abandonado y ahora la empresa está haciendo una inversión reparando infraestructuras”, pero insisten en que son muchos incrementos de costes los que están asumiendo en poco tiempo.

Al respecto, fuentes de la empresa concesionaria (Serveis Marítims Port Eivissa, SL y Ocibar, SA) explican a elDiario.es que su función es únicamente la de recaudar la tasa para trasferirla a la APV y que han sufrido un importante aumento del canon anual que abonan al organismo portuario por la explotación del recinto, que según el pliego de condiciones asciende a un total de 5 millones de euros. Además, reconocen que ese aumento del 2% al 3% de la tasa que se cobra a las diferentes empresas que operan en la Marina está motivado por el aumento progresivo de ese canon y destacan que están ejecutando una inversión de 84,8 millones en obras de mejora y adecuación

La APV achaca a la legislación el cobro del 3% de la facturación

Fuentes de la APV han explicado que “esta concesión, otorgada sobre dominio público portuario, se rige por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. En concreto, regula la tasa de ocupación (art. 173 y siguientes) y la tasa de actividad (art. 183 y siguientes)”.

Desde el Puerto añaden que “las tarifas actuales aplicadas por Marina Port Valencia (nombre oficial del espacio gestionado por Serveis Marítims Port Eivissa, SL y Ocibar), son significativamente inferiores a las máximas aprobadas en el concurso público”. Por ejemplo, en lo que a los amarres se refiere, aseguran que “una embarcación de 12 metros paga 0,21 euros por metro cuadrado al día, frente a los 0,31 euros previstos como máximo”. Además, “las embarcaciones pagan los suministros de agua y electricidad consumidos, así como las tasas T-0 y T-5, como cualquier otra embarcación” y afirman que “las tarifas están desglosadas por tipos de coste, en aras de mayor transparencia, y no varían entre temporada alta y baja, a diferencia de otros puertos del Mediterráneo”.

En cuanto a los locales comerciales, explican que los precios actuales varían según el tipo de actividad: “15,8 euros por metro cuadrado al mes para restaurantes; 6,4 euros para empresas náuticas y 4,49 euros para asociaciones”. Estas cifras están “muy por debajo de la tarifa máxima aprobada, que es de 123,36 euros por metro cuadrado al mes”. Además, “todos los locales pagan un 3% de sus ingresos en concepto de tasa de actividad, de los cuales el 2 % se destinan a la APV y el 1% corresponde a gastos de gestión del cobro. Este esquema es un requisito tanto del concurso como de la legislación vigente”.

La APV recuerda que “los ingresos que percibe la Autoridad Portuaria por esta concesión están fijados según la oferta presentada por el concesionario en el proceso de licitación” y que “el proyecto de Marina Port Valencia incluye una reordenación de los amarres para mejorar la productividad y aumentar la presencia de embarcaciones de diferentes esloras”, por lo que se prevén 370 amarres en la dársena interior (de 12 a 130 metros), 74 en la dársena norte (de 24 a 115 metros) y 227 en la dársena sur (de 6 a 40 metros).

Además, “se proyecta un varadero con capacidad para embarcaciones de entre 10-15 y 60 metros, así como una marina seca para 228 embarcaciones de hasta 8 metros”. En tierra, se contemplan “espacios para formación náutica, investigación, así como actividades comerciales, de restauración y ocio”.

Los impuestos han sido este martes el foco del cruce de declaraciones entre PP y PSOE en Castilla-La Mancha.

Primero, el presidente provincial del PP y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, acusaba al PSOE de buzonear un “panfleto” en los municipios de más de 10.000 habitantes de Castilla-La Mancha donde gobiernan los 'populares', señalándoles por subir los impuestos.

El documento, que ha aparecido de forma reiterada en los buzones de las viviendas de Toledo, sin que lleve el 'sello' de quien lo ha distribuido, ha indignado al alcalde. “Falta a la verdad”, ha asegurado. “En los municipos gobernados por el PP se paga 300 euros al año más en impuestos locales que en 2022”, se puede leer en el panfleto.

Durante un acto en Toledo organizado por el PP bajo el lema 'Más España, más Europa, Hacienda y Fiscalidad', Carlos Velázquez ha calificado de “burdo” este papel, ya que se considera que los toledanos y los castellanomanchegos son “tontos”. Es un documento “hipócrita, cínico y mentiroso”.

Cree que es un documento “cobarde” porque no pone el autor de esta “tropelía”. Según el alcalde, si los toledanos pagan “50 o 60 euros de más” será por los impuestos del Gobierno nacional y el impuesto del agua del Ejecutivo de Emiliano García-Page.

Velázquez acusa a Pedro Sánchez del incremento de la tasa de basura en Toledo

El PP lleva semanas denunciando, en numerosos ayuntamientos donde gobierna, que el Gobierno regional se ha “inventado” un nuevo impuesto, un canon del agua. En realidad, Alberto Núñez Feijóo hizo lo mismo siendo presidente de Galicia - como el resto de los presidentes autonómicos- porque este canon forma parte de las obligaciones que impone la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Castilla-La Mancha ha sido una de las últimas regiones españolas en incorporarlo.

“Supuestamente es para hacer inversiones relativas al agua” repetía hoy el alcalde de Toledo (de hecho debe destinarse a ese fin), y que él no cree que el Gobierno de Emiliano García-Page vaya hacerlo. De paso, el alcalde de Toledo ha acusado a Pedro Sanchez del incremento de la tasa de basura en la ciudad de Toledo.

Después, ha dicho que los presupuestos, y las nuevas ordenanzas fiscales, se han aprobado así “de la mano de distintos colectivos” y que hasta en 16 ocasiones se ha reunido el concejal de Hacienda con los representantes de los empresarios para poder decir hoy en Toledo que es una de las ciudades de España donde “más fácil, más rápido y más barato” es constituir una nueva empresa.

Para defenderse, también ha destacado las “bonificaciones a los impuestos” a los empresarios y a las actividades industriales porque “así nos lo han pedido las empresas y los autónomos”. Después, ha negado que se haya subido a los ciudadanos el IBI como dice en el panfleto buzoneado.

La “bulocracia” y la “freidora fiscal” del PP, según los socialistas

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha respondido a las críticas del alcalde toledano para cargar contra la “bulocracia” a la que, dice, “nos está acostumbrando” el PP regional . Después, ha acusado a los alcaldes y alcaldesas del PP de ser “los que han encendido la freidora fiscal”, allá donde gobiernan.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, ha calificado de “hipocresía fiscal” la postura del PP en cada una de sus intervenciones para recordar que Castilla-La Mancha es “la segunda comunidad autónoma de España con menos impuestos propios”

García-Navas ha remarcado que Castilla-La Mancha en relación a impuestos propios está “muy por debajo” de Galicia, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, de Murcia, de Extremadura, y de otras comunidades del PP, pero también de los municipios donde gobiernan en esta tierra los 'populares' y que “han subido de media más de 300 euros en impuestos por vecino”, decía, insistiendo en el mensaje que aparece en el panfleto buzoneado.

“Y lo peor de todo, llegaron a los ayuntamientos de ciudades como Guadalajara, Toledo o Ciudad Real diciendo que iban a bajar los impuestos, y nada más entrar en los gobiernos lo que han hecho es subirlos y encender esa freidora fiscal”, ha criticado.

Atender las obras de emergencia en Castilla-La Mancha tras la DANA con once infraestructuras hidráulicas que acometer y restauraciones hidrológico-forestales y en caminos forestales en 73 municipios por los daños ocasionados a través de 12 millones de euros son objetivos que van a plasmar en los presupuestos de la región en la Consejería de Desarrollo Sostenible para 2025.

Junto a ello hay que tener en cuenta que el 1 de enero del próximo año entrará en vigor el llamado canon medioambiental del agua que, según el propio Gobierno regional, supondrá alrededor de “un euro y algo” más en el recibo.

En rueda de prensa para desgranar las cuentas de su departamento, la titular del ramo, Mercedes Gómez, ha precisado que su cartera contará con 620,5 millones de euros, de los cuales 183,9 se destinan a transición energética y economía circular, 138,9 a infraestructuras por parte de la Agencia del Agua y de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha y 256,6 millones de euros, para medio natural.

Respecto al órgano transversal de la Consejería, la Secretaría General, contará con 41,1 millones de euros.

Nuevas infraestructuras para mejorar redes en los pueblos

En defensa del río Tajo y en el “empeño” de Gómez de que se modifiquen las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, esta Consejería seguirá “impulsando infraestructuras trascendentales para el desarrollo de la Comunidad autónoma”.

Unas de esas infraestructuras son las que corresponden a los 134 pequeños municipios que han sido beneficiarios de 9,9 millones de euros para mejorar sus redes. Son las del municipio toledano de Cebolla, o próximamente, la licitación para Cobisa “para prevenir inundaciones”. Ambas infraestructuras están financiadas con fondos MRR con 4,4 millones de euros.

Con 22 municipios que conforman la red de ribereños, se destinarán más de 25 millones de euros --que se están invirtiendo actualmente-- para mejorar los abastecimientos de Tajuña, Bornova y Picadas--Almoguera.

En depuración, se llevarán a cabo un total de 23 infraestructuras hidráulicas en 2025 en distintas fases, de las cuales, unas 14 finalizarán a lo largo del año y otras iniciarán las obras en este año.

En materia de infraestructuras de abastecimiento, se pondrá en funcionamiento el sistema de Campiña Baja, de La Muela, que van a permitir mejorar “la calidad y la cantidad de agua” en estas dos mancomunidades, aparte de otras infraestructuras relacionadas con Picadas Almoguera o Yuncler-Villaluenga.

La tubería manchega

Se firmará un convenio de la constitución del nuevo ramal de Llanura-Manchega para abastecimiento del campo de Calatrava en Ciudad Real, para más de 15 municipios, con una inversión de 96 millones de euros y abastecimiento para 130.000 personas.

También ha recalado la consejera en la creación de la oficina del hidrógeno verde que el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, “ha puesto encima de la mesa”.

La contratación del nuevo dispositivo de medios aéreos del plan INFOCAM contempla 19 millones en 2025, que permitirá contar con 33 medios aéreos, de una inversión total de 61,2 millones de euros.

Vox niega el cambio climático

El diputado de Vox Francisco José Cobo ha señalado que allí “donde ha habido obras hidráulicas, infraestructuras adecuadas e inversiones, no ha habido inundaciones”, por lo que ha pedido tener “menos políticos defendiendo el fanatismo climático”.

“Tenemos siglos, datos, donde vemos que los episodios son cíclicos, que son lo que son. El clima, son a periodos largos de tiempo, no es lo que hace hoy o va a hacer dentro de una semana”, ha afirmado.

Esta realidad ha sido “una variable durante todos los históricos”. “Si no ponemos el punto de vista y el foco de atención donde realmente está el problema, volveremos a tener episodios tan tristes como los que ya hemos tenido”, ha afirmado Cobo.

El PP y “la mano en la faltriquera

Por su parte, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres ha señalado que este presupuesto trae el cobro del canon del agua --“meterle a los ciudadanos la mano en la faltriquera”, lo ha calificado-- con “más recaudación pero menos mejoras”.

“Hablábamos que el año pasado teníamos 50 millones, este año tenemos 25. El año pasado no se cobró el canon del agua, este año se piensa cobrar, pero las infraestructuras en agua siguen sin mejorar y sin ampliarse. Los ciudadanos pagamos más y recibimos muchísimo menos”, ha reprochado el 'popular', señalando que se van a recaudar más de 15 millones de euros, de los que tiene previsto el Gobierno regional.

La subida de la partida de 11 millones para Geacam, ha mencionado el diputado del PP, no se puede explicar, si este ámbito “baja en personal”. “El año pasado decían que iba a haber más personal, este año dicen que va a haber mucho menos, pero lo que sí es cierto es que la partida presupuestaria es mucho más alta”, se ha planteado.

El PSOE dice que “muchísimos ciudadanos no pagarán” (el canon )

Por su lado, el diputado del PSOE Francisco Barato, ha destacado que Castilla-La Mancha “sigue un año más incrementando los recursos en áreas de desarrollo sostenible”, lo que “no admite ningún tipo de dudas” y que “está demostrando que la sostenibilidad no es sólo una meta sino un modelo de gestión integral que protege el entorno, fomenta la economía y mejora la calidad de vida de las personas”.

En materia de agua, la defensa de la acción del Gobierno regional la ha realizado el socialista Fernando Mora, centrado en apostar por las inversiones necesarias en torno al canon del agua, porque la “sed” de los habitantes es la misma en municipios del PP y del PSOE, rechazando el “partidismo” en este aspecto.

“Serán muchísimos los ciudadanos que no tengan que pagar ni un céntimo. Pero la parte que se recaude primero irá a los ayuntamientos para que puedan atajar las deficiencias que tiene su red de agua potable y por otra parte vendrá también a la Junta, para que pueda con ello construir las depuradoras tan necesarias para atender las necesidades de nuestros ciudadanos”, ha aseverado.

Rebelión en los ayuntamientos gallegos. La decisión de la empresa pública Sogama, participada mayoritariamente por la Xunta de Galicia y dependiente de la Consellería de Medio Ambiernte, de incrementar en dos tercios el canon del tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que pasará de 66 euros en 2024 a 108 el próximo año, ha provocado un “malestar” generalizado, que algunos regidores han elevado a “sablazo” o “estafa política”. Los gobiernos locales se enteraron de la decisión por los medios, tras la publicación de la carta en la que el presidente de Sogama comunicaba las nuevas tarifas a los consejeros. La compañía, por su parte, defiende la “necesidad” de la subida como un “ejercicio de responsabilidad” ya que el precio actual “apenas cubre la mitad del coste real” debido, según dice, al incremento de los costes derivado del aumento de los impuestos estatales.

295 de los 313 concellos gallegos son clientes de Sogama, que en el mes de julio ya anuló el descuento del 15% que aplicaba a 118 municipios por separar la basura y fomentar el reciclaje. A Vigo, la mayor ciudad de Galicia, estas dos decisiones le supondrán aumentar su gasto en casi 5 millones de euros hasta finales de 2025. Santiago, la capital gallega, estima el coste en un millón de euros, que Pontevedra eleva en medio millón más.

En nombre de todos ellos, ha sido el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), el socialista Alberto Varela, quien ha enviado una carta al presidente de Sogama, Javier Domínguez, para manifestarle su “malestar” por una subida que considera “desproporcionada”, pero también por las formas “al no tener ningún conocimiento previo de la misma”.

La Federación de Municipios denuncia “el impacto” de la medida

Varela, alcalde de Vilagarcía, reitera la propuesta de formar “una comisión de trabajo entre Sogama, las consellerías de Medio Ambiente e Facenda y la Fegamp” que fije el canon para 2025 antes de la aprobación de los presupuestos de la Xunta. Esa iniciativa fue trasladada en dos ocasiones durante el mes de julio, sin respuesta ni por Sogama ni por los departamentos del ejecutivo autonómico.

Alberto Varela señala en la carta “el gran impacto que esta decisión unilateral tendría para las entidades locales gallegas” por lo que le solicita al presidente de Sogama una reunión urgente en la se detallen las previsiones de Sogama y para que desde la Fegamp se pueda “informar a los ayuntamientos y adoptar las medidas pertinentes al respecto”.

Sobre este último episodio de la subida del canon de Sogama a los ayuntamientos, reitera que “sobre el pretexto del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en escombreras, la incineración y la coincineración de residuos, esgrimido por Sogama como una de las razones para el incremento del canon, es la Xunta de Galicia, socio mayoritario de Sogama, quien ha previsto ingresar en 2024 la cantidad de 12.150.039 euros”.

“Sogama indica que asumió este impuesto estatal en el año 2023, no siendo repercutido a los ayuntamientos, pero lo que no indica es que fuera ingresado en su totalidad por la Xunta de Galicia al tener cedida la gestión y recaudación de ese impuesto desde 2022”, añade.

Para Vigo, es “una estafa política”

Varela no está solo en su denuncia. El alcalde de Vigo, el también socialista Abel Caballero, ha arremetido contra la Xunta por la “inmensa subida” del canon, que calificó de “estafa política”. Según Caballero, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “esquilma” a la ciudad, ya que con lo que Vigo pagará de más, en solo un año y medio ya cubre la inversión del gobierno autonómico en la compra del Teatro Cine Fraga, la inversión estrella en materia cultural del ejecutivo autonómico.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el regidor olívico ha recordado que la subida aplicada a Vigo es de 3,2 millones de euros anuales, pero que dicha subida ya se aplica desde julio de este año. Por tanto, según sus cálculos en estos 18 meses “Vigo le da a la Xunta 4,8 millones de euros”, más que los 4,6 millones que el gobierno gallego pone en la compra del Fraga (cofinanciada con la Diputación de Pontevedra, que pone el resto hasta los 9,3 millones de euros que costó el edificio).

“La Xunta nos está estafando. Esto es una estafa política permanente. Presumen de que compran el Fraga, pero lo está pagando Vigo con la subida de la tasa de Sogama, en solo año y medio”, ha proclamado Caballero, que ha añadido que “Rueda está esquilmando a Vigo” y “solo piensa en Vigo para llevarse el dinero de la ciudad”.

En Santiago lo ven “escandaloso”

Para la alcaldesa de Santiago de Compostela, la nacionalista Goretti Sanmartín, la subida del canon es “escandalosa” y “desproporcionada” y estima que a la capital gallega le supondrá un gasto cercano al millón de euros más al año.

Sanmartín ha esgrimido que primero tendrán que “valorar” esta decisión y después “impedir” que se lleve a cabo. “Es una subida basada en un modelo de gestión de basura que es absolutamente obsoleto, un modelo costoso, contaminante y que no permite la normativa europea”, ha denunciado.

Además, ha incidido en que la Xunta de Galicia sabe “desde hace años” que el modelo por el que apostó “no es un modelo sostenible”, por lo que considera que en la “inmensa mayoría” de los ayuntamientos, “habrá pronunciamientos”. Lo que hará el gobierno local, según la regidora, es declararse en contra de esta medida y hablar con otros ayuntamientos, porque el modelo actual “no vale” y el sobrecoste anunciado “no está justificado”.

En Pontevedra, “un sablazo”

Su compañero de partido y alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha sido aún más duro. “Es un auténtico sablazo que la Xunta de Galicia, a través de Sogama, le hace a todos los ciudadanos de Pontevedra a través de los ayuntamientos”. Lores calcula que para el consistorio pontevedrés, la subida supone “un incremento de millón y medio de euros anual”.

“Creemos que no es de recibo, sobre todo cuando la Xunta de Galicia está haciendo una política de residuos que prima la incineración y el envío a vertedero”, criticó Lores tras destacar que el municipio de Pontevedra intenta reciclar “lo máximo posible y compostar, a pesar de la oposición del Partido Popular al compostaje”. Además ha incidido en que el actual gobierno municipal lleva “doce años congelando las tasas y los impuestos”.

Ahora, ante esta subida anunciada por Sogama, en Pontevedra “intentaremos seguir con esta política de congelación y no repercutir eso a la ciudadanía”, ha dicho.

El BNG llama a la “rebelión democrática”

El BNG, la formación a la que pertenecen tanto Sanmartín como Lores, ha rechazado el anuncio de nueva subida y lanza un llamamiento a los ayuntamientos para que protesten contra la “sucesión de sablazos”.

Los nacionalistas presentarán iniciativas en el Parlamento y en los consistorios para impulsar cambios en el sistema de gestión de residuos, sustituyendo la “costosa y antiecológica incineración” por tratamientos basados en la recogida separada, la reutilización y el reciclaje.

El diputado de Medio Ambiente, Luís Bará, ha anunciado este viernes el llamamiento a la “rebelión democrática” contra esta “nueva imposición” y este “ataque de la Xunta” contra los ayuntamientos. “La subida supone una nueva carga millonaria sobre unas arcas municipales ya muy tensionadas por el déficit de financiamiento y por el incremento de las competencias, sin el necesario trasvase de recursos”, ha asegurado.

En este sentido, ha asegurado que es el momento de “decir basta” de “plantarle cara” a las decisiones “unilaterales y abusivas de la Xunta”. De esta forma, el BNG ha detallado que, tras el “globo sonda” enviado por la Xunta, la formación nacionalista ha hecho público su “rotundo rechazo” y “firme oposición” a esta nueva “medida abusiva, desproporcionada” y que supone un “nuevo sablazo para las arcas municipales”.

Sogama: “el coste real es de 120 euros por tonelada”

En la carta enviada por el presidente de Sogama a los consejeros, Domínguez explica que en el último año y medio Sogama asumió “en solitario y sin repercutirlo a los ayuntamientos” un sobrecoste de 39 euros por tonelada de gestión de los residuos “por el impacto de decisiones unilaterales del Gobierno central”. Entre ellas, el impuesto estatal sobre vertido e incineración, la orden ministerial que elimina la retribución que recibía Sogama por la planta termoeléctrica de Cerceda y el impuesto estatal de producción de energía.

Tras actualizar el canon para 2024, recuerdan, “tratando de minimizar en la medida de lo posible su impacto con el Fondo de Cooperación Local -- lo que dejó el canon de 2024 en la misma cuantía que la de 2023 para muchos ayuntamientos --, y dado que la situación ”no ha cambiado y parece que se va a prolongar en el tiempo“, Sogama realizó un estudio económico sobre su futuro.

Los resultados obtenidos, aducen, muestran que es “necesario” aplicar una subida en el canon que pagan los municipios, “ya que el actual apenas cubre la mitad del coste real”. Por este motivo, “y en un ejercicio de responsabilidad”, Sogama propone una subida en la cuota hasta los alrededor de 108 euros por tonelada de cara a 2025.

A este respecto, indican que el coste real del servicio ronda actualmente los 120 euros por tonelada. Este aumento debe incluirse en los presupuestos de 2025 tanto de Sogama como de la Xunta de Galicia.

La ciudadanía castellanomanchega pagará un nuevo impuesto del agua en 2025. Se trata del denominado “canon medioambiental” que el Gobierno regional aplica en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. El pleno de las Cortes regionales ha aprobado definitivamente su puesta en marcha, con el rechazo de PP y Vox, tras un complejo y polémico trámite administrativo: el Ejecutivo de Emiliano García-Page ya aprobó este canon hace dos años, después lo derogó debido a la crisis derivada de la inflación por la guerra de Ucrania, y ahora ha vuelto a recuperarlo incluyéndolo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos regionales de 2024.

Este nuevo impuesto, que ha defendido en las Cortes el consejero de Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, entrará en vigor el 1 de enero de 2025, ya que debe desarrollarse en futuro reglamento, y supondrá alrededor de “un euro y algo” en el recibo del agua. Además, habrá bonificaciones y exenciones, de tal manera que habrá hogares que “ni siquiera lleguen a pagar” esta tasa, según el Gobierno autonómico.

La recaudación de este canon estará destinada a financiar nuevas infraestructuras de abastecimiento o depuración de agua en los municipios de Castilla-La Mancha. Según ha insistido en reiteradas ocasiones el Ejecutivo, se trata de un impuesta que se cobra prácticamente en todas las comunidades autónomas, y Castilla-La Mancha lo va a aplicar “con el menor coste para los ciudadanos”. “Un euro y poco” en el recibo del agua, ha detallado.

Se establecerá un sistema de pago por tramos de consumo mensual de manera que pague más quien más consuma ya que lo que se pretende es inducir al ahorro de consumo de agua.

Estarán exentos del canon del agua los primeros 10.000 litros consumidos cada mes, sea en una vivienda o en un establecimiento. Teniendo en cuenta que este consumo, por las estimaciones hechas, en algunos casos va a superar los 10.000 litros al mes, habrá bonificaciones sociales que pueden llegar hasta el 100% en algunos casos.

Estas bonificaciones serán para familias numerosas, para víctimas de violencia de género, para personas vulnerables, y también se aplicarán en zonas escasamente pobladas. También habrá excepciones a la industria agroalimentaria. Y en lo que tiene que ver con las infraestructuras destinadas al uso deportivo, como por ejemplo piscinas municipales, también estarán exentos de este pago.

Asimismo, el Gobierno regional ha establecido que cuando se aplique el canon, el 25% de lo percibido irá destinado a los ayuntamientos para que con este dinero puedan ejecutar inversiones en las infraestructuras del ciclo integral del agua que sean de su competencia.

Para la implantación de este nuevo impuesto se modificará la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha aprobada hace dos años. Para la aplicación de las actuaciones a las que va destinada su recaudación se creará un fondo de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la región, que se financiará con los ingresos obtenidos del canon medioambiental.

Manifestación de alcaldes del PP

“No se pueden gestionar tributos sin saber. No se puede gestionar tan mal”, lamentaba el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, que fue uno de los convocados por el PP para exhibir músculo municipal y exigir al Gobierno regional de Emiliano García-Page que abandonen el polémico cánon del agua. Se han concentrado a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede de la Junta, pese a que otras comunidades gobernadas por este partido ya aplican este canon.

“Se nos quiere pegar un sablazo con un impuesto irreal”, afirmaba Cañizares, acompañado por decenas de alcaldes y alcaldesas de toda la región. “Este sobrecoste que se quiere aplicar es fruto de las carencias del gobierno de Page. Saben que está mal hecho. Las cantidades no responden a un criterio lógico y nos tenemos que manifestar en defensa de nuestros vecinos”, afirmó Cañizares. “Parece que a Page lo único que le importa es cobrar dinero”, resaltó. 

Ana Guarinos, alcaldesa de Guadalajara, reprochó al Gobierno regional el haber “abandonado el diálogo” y el acuerdo con el municipalismo. “Ha decidido aprobar un impuesto que no es necesario y que sean los Ayuntamientos que lo cobren y lo paguen. Pero es innecesario, porque ya pagamos por el agua”, afirmó la ‘popular’. 

Guarinos lamentó que se va a pegar un “sablazo monumental” a los ayuntamientos y que esto va a generar un agravio “comparativo” con otras regiones, como Madrid “que no cobran el impuesto”. “Es recaudatorio. No tiene finalidad de prestar servicios ni de depurar el agua. La Junta ni nos suministra ni nos depura el agua”, resaltó. 

Además, ha asegurado que es “muy grave” que se haya decidido los ayuntamientos sean “recaudadores de impuestos para la Junta”. “Si quieren cobrar impuestos contra los ciudadanos, que tengan la valentía de cobrarlo directamente”, indicó. “Decimos que no a prestarnos como servidores de Emiliano García-Page”, remató la alcaldesa. 

El alcalde de Hellín, Manuel Serena, ha explicado que en el caso de municipios medianos como el suyo, de unos 30.000 habitantes, “no es ético” cobrar un impuesto que no repercuta en beneficio de la ciudadanía. “Tenemos depuración de agua con nuestra toma en el río Mundo y el agua que depuramos la usamos para regadíos, cumplimos con la economía circular. Lo estamos haciendo bien y ya pagamos la tasa de amortización”, señaló Serena.

“Tenemos serias dudas de que la voluntad sea contener el consumo de agua”, criticó por su parte el alcalde de Fuensalida (Toledo), José Jaime Alonso, que pidió al Gobierno regional que si de verdad quieren colaborar “que colaboren con nosotros en gestión de depuradoras”. “Vamos a tener que incrementar el consumo de agua que se utiliza también para baldeado de calles o cuando alguien se ducha tras una actividad deportiva. Lo único que van a conseguir es poner las cosas más difíciles a los comercios”. 

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha calculado que el impuesto supondrá para su ciudadanía, unos casi 50.0000 habitantes, un total de cerca de un millón de euros al año. “Es algo inasumible. No tenemos por qué sangrar a nuestros vecinos”. Finalmente, Alberto Lara, alcalde de Puerto Muñoz, ha resaltado que este cánon se unirá al que la localidad ya paga por la infraestructura de la tubería manchega, a lo que se añadirá el impuesto que tendrán que pagar por una depuradora nueva cuando ésta infraestructura se construya. “Vamos a pagar a precio de oro un bien esencial”, concluyó.

El debate: un careo entre PP y PSOE

El debate parlamentario de esta medida ha sido sobre todo un careo entre PP Y PSOE, con una breve intervención de Vox. El diputado de la extrema derecha sostiene que “no es un canon sino un nuevo impuesto”. Ha acusado al PSOE de estar “muy sometido” a la Agenda 2030 y ha pedido derogarlo. “Expliquen en cuánto se va incrementar la factura cuando abran el grifo. ¿Cuánto es el agua no registrada? Hay 44.900 millones de litros que se pierden por fugas, por falta de mantenimiento y de innovación. Un 21%”, ha comentado Francisco José Cobo. 

Desde el PP, Santiago Serrano lo ha calificado de “impuestazo” y ha mostrado sus dudas sobre la fecha de su entrada en vigor. “Si se va a cobrar en 2025… ¿Por qué en los presupuestos de este año figuran 38 millones de euros procedentes del canon?”. La pregunta no ha tenido respuesta. También se ha mostrado descreído con el argumento de que se cumple con el mandato de la Directiva Marco del Agua (DMA) que data del año 2000. “Dicen que, si no, habrá sanciones, pero en 24 años no ha habido ni una”. 

Ha puesto algunos ejemplos de la repercusión en el bolsillo de los ciudadanos. “Serán 96 euros por año y familia. Para una bodega media, 1.965 euros al año, para un lavadero de coches 1.493,52 euros, para un bar 572 euros más cada año”. Y además sostiene que es “un lastre para los recursos municipales”. 

El diputado socialista Fernando Mora ha acusado al PP de “engañar a la gente” porque este canon lo aplican todas las comunidades autónomas y también se ha referido a la concentración de alcaldes convocada por el PP a las puertas del Parlamento. 

“Si ha estado el alcalde de Los Navalucillos hoy en la concentración de alcaldes a las puertas de las Cortes regionales, pregúntele por su notificación a la Mancomunidad del río Pusa para cobrarles 35.592,48 euros porque la tubería de abastecimiento a la mancomunidad pasa por sus terrenos municipales. No sé si es justo o no. Pero eso repercutirá en los bolsillos de los ciudadanos. ¿Esa es la política del agua del PP?”, preguntaba.

Hacia el final de esta parte del debate parlamentario, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha subido a la tribuna de las Cortes. Lo hacía durante la fijación de posiciones políticas sobre el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y de creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, la citada ‘ley de acompañamiento’.

De paso, ha aprovechado para hablar sobre la ley de amnistía y acusar al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de facilitar que “Puigdemont pueda llegar a ser candidato en las elecciones catalanas” por no obligar a los ocho diputados socialistas en el Congreso a votar ‘No’ a la amnistía.

De poco le ha servido al ‘popular’ que el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital Juan Alfonso Ruiz Molina acusase al PP de “campaña de desinformación” o que dijese que una enmienda socialista permitirá “transferir los a ayuntamientos un 25% de la recaudación del canon para inversiones en materia de agua que sean de su competencia”.

Y es que Núñez cree que el canon es “un plan maquiavélico para que los ayuntamientos metan mano al bolsillo de los ciudadanos y después lo manden [la recaudación] a una hucha del Gobierno de Page”. Ha asegurado que la Junta “no ha realizado las infraestructuras hidráulicas que merecen los ciudadanos” y que hay “dejación de funciones”. También sostiene que el canon del agua ya se viene pagando en la comunidad autónoma desde que en 2002 se aprobase la Ley regional del Ciclo Integral del Agua.

Este canon del agua no lo es para toda la población

Fernando Mora — PSOE

“Este canon del agua no lo es para toda la población. Hay exenciones muy importantes que ustedes se niegan a decir”, le replicaba el diputado socialista Fernando Mora que ha criticado que Núñez haya asegurado que “Page se va a llevar los cuartos del canon. ¿A dónde? Puede no estar de acuerdo, pero sin insultar a nadie”.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital cerraba el debate cargando también contra Paco Núñez. “Se ha rodeado usted hoy de muchos alcaldes para protestar contra el canon del agua. No sé si estaba la alcaldesa de Guadalajara que ha incrementado el IBI en un 20% y la tasa de la basura en un 15%. No sé si estaba el alcalde de Toledo que ha incrementado el recibo del agua de Toledo en un 30% o el de Talavera, que lo ha hecho en un 25”, le respondía Juan Alfonso Ruiz Molina.

“Núñez nos dio ya lecciones como alcalde de Almansa subiendo todos los tributos. Hay que tener cierta caradura para decirnos que metemos mano al bolsillo”, decía el consejero quien ha tildado de “sorprendente” que cuando se hable del canon del agua “se ponga como ejemplo a la Comunidad de Madrid, sin hablar de Aragón, Murcia, Cantabria, Canarias, Extremadura, Galicia… Ninguna lo ha derogado. La Comunidad Valenciana que lo había suspendido lo va a poner en marcha en este 2024”.

El canon medioambiental del agua entrará en vigor el 1 de enero de 2025 en Castilla-La Mancha y supondrá alrededor de “un euro y algo” en el recibo del agua. Además, habrá bonificaciones y exenciones, de tal manera que habrá hogares que “ni siquiera lleguen a pagar” esta tasa.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla, sobre la recuperación de este impuesto, que fue derogado por el Gobierno regional nada más aprobarlo hace dos años, pero que ahora va a recuperar a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos. Se aprobará previsiblemente este jueves, día 14 de marzo.

La portavoz ha recordado que la recaudación de este canon estará destinada a financiar nuevas infraestructuras de abastecimiento o depuración de agua en los municipios de Castilla-La Mancha.

Su aplicación, según ha recalcado Padilla, conlleva el desarrollo de un reglamento “para hacerlo de la mejor manera posible”, por lo que ha explicado la portavoz que a pesar de que el Partido Popular “está diciendo otras cosas”, el canon del agua “nunca se ha cobrado en Castilla-La Mancha y no se va a cobrar en el año 2024”.

Este gravamen, según ha recordado Padilla, se cobra prácticamente en todas las comunidades autónomas, y Castilla-La Mancha lo va a aplicar “con el menor coste para los ciudadanos” y entrará en vigor el 1 de enero del año 2025.

La incidencia del bolsillo en las familias de Castilla-La Mancha va a ser “muy pequeña”, -un euro y poco en lo que tenga que ver con el recibo del agua-, pero además se van a aprobar bonificaciones y exenciones, de manera que habrá hogares, incluso, que ni siquiera lleguen a pagar este canon del agua.

Por tramos

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a establecer un sistema de pago por tramos de consumo mensual, de manera que “pague más quien más consuma” ya que lo que se pretende es inducir al ahorro de consumo de agua, “un bien que es escaso”.

Así, Padilla ha detallado que estarán exentos del canon del agua, los primeros 10.000 litros consumidos cada mes, sea en una vivienda o en un establecimiento. Teniendo en cuenta que este consumo, por las estimaciones hechas, en algunos casos va a superar los 10.000 litros al mes, habrá bonificaciones sociales que pueden llegar hasta el 100% en algunos casos.

Estas bonificaciones serán para familias numerosas, para víctimas de violencia de género, para personas vulnerables, y también se aplicarán en zonas escasamente pobladas. También habrá excepciones a la industria agroalimentaria. Y en lo que tiene que ver con las infraestructuras destinadas al uso deportivo, como por ejemplo piscinas municipales, también estarán exentos de este pago.

El Gobierno regional ha establecido que cuando se aplique el canon, el 25% de lo percibido irá destinado a los ayuntamientos para que con este dinero puedan ejecutar inversiones en las infraestructuras del ciclo integral del agua que sean de su competencia.

Según el texto del dictamen de la Ley de Acompañamiento consultado por elDiarioclm.es, para la implantación de este nuevo impuesto se modificará la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha aprobada hace dos años. Para la aplicación de las actuaciones a las que va destinada su recaudación se creará un fondo de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la región, que se financiará con los ingresos obtenidos del canon medioambiental.

La portavoz ha detallado que no solo se está trabajando en el desarrollo de un reglamento por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sino que también de desarrollarán aplicaciones informáticas que faciliten la gestión a los ayuntamientos y, por lo tanto, evitar la carga burocrática y administrativa.

Contra el PP

Dicho todo esto, ha pedido al PP -cuyos alcaldes se concentrarán este jueves para exigir que se paralice la aprobación del canon- que hay que tener “menos demagogia” a la hora de hacer política, porque “ellos prometen que van a bajar la presión fiscal y a subir las prestaciones, pero hacen lo contrario, suben los impuestos y dan el tijeretazo a los servicios públicos”.

Además, ha solicitado a los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular en Castilla-La Mancha que “sean sinceros con sus ciudadanos” y que les expliquen que la subida del agua este 2024 “nada tiene que ver” con la aplicación del canon del agua porque “no está en vigor” y esa subida del agua “responde solo y exclusivamente a su decisión”. También ha cargado contra los dirigentes del PP por organizar concentraciones frente a las instituciones “para pedir que se incumpla la ley, que se incumpla con Europa y ponernos en riesgo de someternos a sanciones como comunidad autónoma por incumplir la ley”.

Los consumidores domésticos que residan en municipios de más de 5.000 habitantes y la industria (con excepción para la industria agroalimentaria) serán quienes principalmente soporten el nuevo impuesto que tiene previsto aprobar el Gobierno de Castilla-La Mancha vinculado a la nueva Ley de Aguas de la región.

El pasado martes el Consejo de Gobierno daba luz verde al anteproyecto del texto normativo que ahora está en manos del Consejo Consultivo, durante un mes, para que sea remitido después a las Cortes de Castilla-La Mancha, donde el Ejecutivo regional espera que pueda ser aprobado “por unanimidad”, según ha asegurado hoy el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

En rueda de prensa, el consejero ha ofrecido detalles de la nueva ley y, en particular, sobre el canon medioambiental que se convertirá en un nuevo impuesto propio de la comunidad autónoma “para cumplir la Directiva Europea 2000/60”, explicaba Martínez Arroyo, bajo la máxima de “quien contamina paga” y también de acuerdo con lo que dicta la Ley de Aguas del Estado, añadía.

Habrá exenciones del 100% para personas en situación de exclusión social, víctimas de violencia machista y familias numerosas. Una bonificación que llegará al 70% para cooperativas agroalimentarias y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) y al 40% en el caso de que se trate de industria agroalimentaria. Otras bonificaciones tienen que ver con la despoblación. Serán del 50% para quienes vivan en pueblos de menos de 2.000 habitantes y del 25% para quienes residan en municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes.

“Es un canon muy progresista porque permitirá redistribución de la riqueza y beneficiará a todos los ciudadanos”, justificaba el consejero, que lo ha considerado “fundamental” para la puesta en marcha de “infraestructuras esenciales que garanticen el ciclo esencial del agua” y por eso anunciaba un Plan de Depuración que se va a presentar en la próxima reunión de la Mesa Regional del Agua que se celebrará en Albacete a finales de septiembre o principios de octubre.

IU cree que “se impulsa el regadío en una región seca”

La propuesta para poner en marcha un nuevo impuesto autonómico en materia de agua ha recibido ya las críticas de IU porque, denuncia la formación, subirá el recibo del agua hasta en 35 euros más y cree que servirá, no tanto a los fines medioambientales que predica, sino “para impulsar un modelo de desarrollo de regadío en una región seca”.

Y lo cierto es que hoy el consejero ha dicho que los agricultores estarán exentos a la hora de pagar este tributo. “El canon no se aplica en la agricultura. No lo va a pagar el agricultor”. Sin embargo, parte del impuesto podría ir a parar a aumentar o mejorar los regadíos regionales.

La tesis de IU la abona también la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de dedicar parte de los fondos europeos de reconstrucción, Next Generation-EU, al fomento de los regadíos en varios puntos de la región. Será una “inversión muy relevante”, decía Martínez Arroyo, con un total de 130 millones de euros, de los que 33,6 millones procederán de los fondos de reconstrucción, a través de la Sociedad Estatal de Inversiones en Regadíos (SEIASA) para el embalse de Peñarroya, Argamasilla de Alba, Tomelloso y Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real. Además, esas inversiones se producirán en las comunidades de regantes de Balazote, Tobarra, Aguas Nuevas, Fuenteálamo y Pozo Cañada, en Albacete.

Martínez Arroyo destacaba la “importancia” que tendrán los fondos europeos en materia de agua porque “van a cambiar y dinamizar la economía de España y de Castilla-La Mancha”. Estos fondos europeos, junto al canon medioambiental servirán no solo para nuevos regadíos sino para pagar infraestructuras como depuradores o redes de abastecimiento.

Martínez Arroyo ha citado los 16 millones de euros se destinarán a la depuración en municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes. La Junta llegará a casi 30 millones (sumando fondos europeos y recursos propios), en concreto en Alcaraz, La Gineta, Mahora y San Pedro, en Albacete, o Quero, La Guardia y El Toboso, en Toledo y Uceda y Chiloeches, en Guadalajara.

Además, habrá otros 11 millones de euros para el abastecimiento en municipios de hasta 20.000 habitantes. En este aspecto, la Agencia Regional del Agua sacará una convocatoria este otoño.

También ha destacado las inversiones en la depuradora de Argamasilla de Alba, o la sustitución de bombeos en el Júcar, tanto en Cuenca como en Albacete, con 52 millones. “La mayor inversión de la historia de Castilla-La Mancha en materia de regadíos”.

Se ha referido a la puesta en marcha, la próxima primavera, del primer ramal de la tubería manchega en 15 municipios de la región. “Será agua en cantidad y calidad suficiente durante todos los días del año sin restricciones. Entre 8 y 10 de los 50 hm3 que tiene garantizados Castilla-La Mancha para la tubería manchega. Aclaro que no suponen incremento del agua desembalsada de Entrepeñas. En vez de ir al Levante va al Alto Guadiana, exclusivamente para abastecimiento humano”.

Otra de las inversiones destacadas se centrará en el Campo de Calatrava, con 35 millones de euros “para garantizar agua en municipios que tienen restricciones casi permanentes del agua”. El consejero ha avanzado la próxima firma de convenios “con todos los municipios este otoño. Será un paso muy importante para cambiar la realidad del Alto Guadiana”, aseveraba.

La puesta en marcha de este nuevo impuesto del agua no será la única cuestión fiscal que recoja la nueva ley. Martínez Arroyo ha anunciado que habrá una “armonización” del canon de captación y conducción de las aguas “para beneficiar a los habitantes de los pueblos más pequeños para contribuir al reto demográfico”. 

“Castilla-La Mancha podrá opinar en las transferencias de agua entre regiones”

La Ley de Aguas “viene a cubrir un hueco importante en la región”, decía el consejero, y deroga la Ley 12/2002. “Nos habíamos quedado muy desfasados, la realidad ha cambiado y era necesario y muy urgente cambiar la ley” que, destacaba, “considera el recurso como un derecho humano y lo trata como bien público y no privativo del que se tienen que beneficiar todos los ciudadanos de manera solidaria en la redistribución de la riqueza”.

Un texto normativo, añadía, que está “basado en la economía circular del agua, que nos sitúa a la altura de otras comunidades autónomas y que parte del concepto de solidaridad”.

Ha citado entre sus objetivos la mejora y optimización de la gestión del agua, mejorar el servicio a los ciudadanos y el medio ambiente. También ha resaltado las más de 60 alegaciones recibidas y la participación de más de 50 entidades “en su elaboración y discusión posterior”.

En este punto ha destacado que Castilla-La Mancha “va ahora poder opinar en los procesos de toma de decisión de transferencias de agua entre cuencas, si afectan a la región. Espero que podamos consolidarlo en el proyecto normativo porque es un anhelo histórico de la región”, aseguraba. Hay que recordar la aspiración regional, ya anunciada en 2019, de poder intervenir en la toma de decisiones sobre los trasvases, en particular el Tajo-Segura.

Además, la nueva ley modificará el Consejo Regional del Agua y lo hace de forma “coherente”, decía, el consejero, con la Mesa Regional del Agua, el órgano que decidirá, desde ahora, en esta materia en la región.

Agosto cada vez está más cerca y muchos ya estamos preparando nuestros viajes para desconectar -si no nos hemos ido ya-. Y, aunque hay pocas cosas que nos gusten más que disfrutar de las vacaciones, a varios también nos encanta sacar nuestro lado más artístico y retratar los paisajes que vemos a través de nuestra cámara.

En ConsumoClaro ya hemos recomendado varias veces cámaras -como estas por menos de 500 euros- e incluso preparamos una guía para elegir tú mismo cámara. Pero, ¿y si lo que nos importa es el tamaño?

Ahora que nos vamos de viaje, puede que lo único que tenemos en cuenta es el tamaño: una cámara intuitiva, sencilla y que quepa en un bolsillo. Es decir, que llevarla encima todo el día sea cómodo y no nos genere ningún problema.

Sony RX100 VI: Pequeña pero matona

Por 899 euros, la Sony RX100 VI es una de las cámaras compactas más potentes del mercado. Se trata de una cámara de 274 gramos que, su lado más largo, es de 10,16 centímetros; es decir, no ocupa casi nada de espacio.

La RX100 VI es un cuerpo con una lente de 24-200mm y f/2.8 que, si bien es pequeña, no sacrifica versatilidad ni calidad frente a otros modelos. Es, prácticamente, la cámara compacta más cercana a una mirrorless.

Al ser de la marca Sony, cuenta con un sistema de autoenfoque al ojo para no equivocarnos a la hora de sacar fotografías o vídeos. Además, posee un visor retráctil y una pantalla abatible y táctil, lo que facilita mucho su uso.

Kodak FZ-53: tamaño e intuición

Por 129 euros (79 en oferta), la cámara Kodak es una de las alternativas baratas para quienes, simplemente, quieren una cámara para utilizar solo de viaje. Es un cuerpo de 104 gramos y 9 centímetros en su lado largo, por lo que cabe en cualquier bolsillo y, pesando la mitad que la anterior, no supone ninguna molestia.

Es una cámara sencilla y muy intuitiva de la que no hay que esperar una grandísima calidad: cuenta con un sensor de 16,5 megapíxeles y una pantalla LCD de 2,7 pulgadas. Su objetivo es de 24-140mm y posee un zoom óptico de 5 aumentos.

Esta cámara no cuenta ni con visor ni con pantalla abatible, pero sí con un sistema sencillo de estabilización. No se trata de un cuerpo puntero ni con más características que las ya mencionadas, pero es ideal para aquellas personas que busquen una alternativa barata y sin pretensiones.

Sony DSC-W830: un paso más allá

Ahora bien, si el anterior modelo se queda muy corto y buscamos algo un poco más potente, la Sony DSC-W830 puede ser una buena opción. Por 141 euros, es una cámara compacta de 120 gramos de 9,31 centímetros en su lado largo.

La DSC-W830 es una cámara compacta con un sensor de 20,1 MP con la tecnología Super HAD, que mejora digitalmente la fotografía que hayamos sacado. El cuerpo, por su parte, cuenta con un objetivo con un zoom óptico de 8 aumentos y, al mismo tiempo, un sistema de estabilización (Optical SteadyShot) que trata de paliar el temblor en estos aumentos.

Además, la DSC-W830 dispone de una suerte de editor para tratar de embellecer los retratos y algunas fotografías nocturnas.

Canon PowerShot SX740: a medio camino 

Por 400 euros, la Canon PowerShot SX740 es una cámara intermedia entre las gamas bajas y las gamas altas, logrando un buen equilibrio entre presupuesto, calidad… y tamaño. Es un cuerpo de 299 gramos y 11 centímetros en el lado largo.

El sensor, un CMOS de 20,3 megapíxeles, la convierte en una muy buena cámara, ya que se trata de la tecnología que durante muchos años Canon ha utilizado en sus réflex. El objetivo tiene una máxima apertura de f/3.3 y tiene un rango de 24-960 mm.

Este objetivo es uno de los más versátiles del mercado, ya que cuenta con un zoom óptico de 40 aumentos y hasta 80 aumentos si contamos el zoom digital; por lo que es realmente buena en viajes o grandes escenas. Además, dispone de un sistema de estabilización de cinco puntos.

Entre el resto de características, destaca que graba vídeos en resoluciones de hasta 4K, cuenta con un modo de cámara súper rápida y dispone de conectividad WiFi y Bluetooth.

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Escoger cámara de fotos nueva puede ser una tarea ardua cuando empezamos a buscar una cámara nueva; si no somos apasionados o estamos informados acerca de la industria, puede suponer un gran quebradero de cabeza.

Ante un mercado donde hay varias marcas, distintos presupuestos, características, etc., no hay una respuesta única y general, sino que todo es relativo. Lo primero, como con casi todo, es establecer un presupuesto y una necesidad. Es decir: cuánto dinero queremos gastarnos en la cámara y para qué queremos utilizarla.

Si estamos buscando una cámara para llevar con nosotros cuando viajemos, pero no vamos a darle mucho mayor uso, entonces puede que una compacta de 200 euros sea suficiente. Sin embargo, si queremos empezar a sumergirnos en el mundo de la fotografía amateur, puede que necesitemos invertir más.

En ConsumoClaro, hemos preparado una breve guía explicándote los principales conceptos, en qué debes fijarte y los distintos tipos de cámaras que hay.

Conceptos (muy) básicos para manejarte con el vendedor

Si lo que estamos buscando es una cámara para tener por casa para alguna situación particular o viajes, puede que esta parte sea innecesaria. Pero si queremos entender lo que nos dice el vendedor, en este apartado repasaremos brevemente los principales conceptos o características en los que fijarnos a la hora de escoger cámara. No entraremos en tecnicismos especialmente complejos, como puede ser la reciprocidad, que afectan más a cómo sacar las fotografías. 

1. Apertura de diafragma (f/)

Los objetivos de las cámaras funcionan, prácticamente, de la misma manera que funcionan nuestras pupilas: a mayor luz, se cierran y a menor cantidad, se abren. De esta manera, se permite o limita el paso de la luz según la situación y así evitar que la imagen quede quemada u oscura.

¿Cómo se mide este parámetro? A partir del símbolo “f/X”, seguido de un número. “f/” indica que se trata de la apertura del diafragma, mientras que el número indica la apertura en sí: cuanto menor es el número, más luz permite pasar. 

Por lo tanto, y por ejemplo, una apertura f/1.4 dejará pasar mucha más luz que una apertura de f/5.6. También hay que tener en cuenta que a medida que este valor vaya bajando, el área enfocada será menor.

2. Velocidad de obturación

La velocidad de obturación es el valor que indica cuánto tiempo tarda la cámara en realizar la fotografía. Se mide en segundos y fracciones de segundo (1/X). Cuanto menor sea este último valor, más tiempo estará expuesto el sensor, por lo que entrará más luz y se capturará mayor movimiento.

De esta manera, si la velocidad de obturación es 1/160 (160 fracciones de segundo), entrará menos luz y el movimiento estará más congelado que si utilizamos 1/30.

3. ISO

El ISO es un efecto añadido que nos ayudará a ajustar la exposición de una fotografía, sin necesidad de cambiar drásticamente la apertura del diafragma o la velocidad de obturación. El ISO se indica como “ISO X”, de manera que a mayor número, más ganancia de luz tendrá la fotografía.

Hay que tener cuidado con este recurso, ya que aumentar el ISO supone aumentar el ruido de la imagen, por lo que a veces podremos estropearla.

4. Distancia focal

Relacionada con el zoom, la distancia focal es el campo de visión del objetivo. Es decir, qué está captando la cámara. A medida que nos acercamos con el zoom al objeto a fotografiar, la distancia focal se cierra.

De manera que cuando, por ejemplo, utilizamos un teleobjetivo de 400 mm, tenemos menor campo de visión que utilizando uno de 50 mm, aunque podemos enfocar a mucha mayor longitud. Según este valor, podemos distinguir entre: teleobjetivos (a partir de 135 mm), distancia focal media y gran angular (menos de 35 mm).

5. Modos de la cámara

A pesar de que a todos nos encantaría disparar en el famoso “Modo Manual”, que nos permite cambiar todos los parámetros de uno en uno, es bueno fijarse en qué modos trae la cámara. Los básicos son:

Hay muchos más conceptos y más complejos que los anteriores, pero estos son los básicos en lo que nos deberemos fijar a la hora de comprar una cámara y los más sencillos de ver.

Tipos de cámaras fotográficas

Ahora vamos a hacer un repaso a los principales tipos de cámaras y qué uso se ajusta a cada una.

1. Cámaras compactas

Las cámaras compactas son las clásicas que tenemos guardadas en un cajón y que nuestra madre sacaba antes de salir de viaje. Se trata de un equipo pequeño, muy pequeño, y ligero que tal cual se compra se puede utilizar. Se puede ver como una versión muy mejorada de las cámaras de los móviles. 

No suelen contar con Modo Manual y el objetivo no es intercambiable, pero a cambio son especialmente versátiles y cómodas de llevar. La calidad del objetivo varía según el presupuesto y la marca, ya que hay opciones con objetivos con zoom y fijos.

También hay que tener en cuenta que existen diferentes niveles: compactas de gama baja, de gama media y avanzadas o de gama alta, estas últimas pudiendo superar los 1000 euros.

Para qué es perfecta: Es la cámara ideal para quienes quieren tener una para los viajes y los cumpleaños. Son cámaras que, principalmente, ofrecen un cuerpo pequeño y un presupuesto ajustado. 

Si somos fotógrafos más experimentados, también es una buena opción si estamos interesados en un segundo cuerpo para llevar siempre encima o para fotografía callejera, de hecho los reporteros gráficos siempre suelen llevar una colgando.

Nuestra recomendación: Puede que estés buscando una cámara compacta para no gastar demasiado dinero y, además, tenerla siempre encima. Entonces, una de las mejores alternativas es la Sony DSCWX220B, por 218 euros.

Es un cuerpo especialmente pequeño y ligero (121 gramos) que cabe perfectamente en un bolsillo. Cuenta con un sensor CMOS Exmor R de 18,2 megapíxeles, que procesa las imágenes para mejorar el ruido y el movimiento que estas puedan tener. Respecto al zoom óptico, es de 10x, yendo desde los 25 mm hasta los 250 mm. También dispone de conexión WiFi y NFC, para pasar tanto los vídeos como las fotografías directamente a nuestro móvil.

2. Cámaras bridge

El paso intermedio entre las cámaras compactas y los cuerpos de objetivos intercambiables: las cámaras bridge. Son equipos mucho más grandes que las primeras y con un objetivo mucho más grande (y potente).

Respecto a tamaño, las bridge se parecen más a las réflex que a las compactas, aunque no llegan a tener tanta calidad. El principal aliciente es que cuentan con un objetivo con mucho mayor alcance.

Para qué es perfecta: es un tipo de cámara muy particular para quienes quieran ahorrarse el quebradero de cabeza que supone escoger objetivos para la réflex, pero quieren una mayor calidad que las compactas. O les guste la fotografía de paisaje.

Nuestra recomendación: Si este tipo de cámara te encajan, la mejor bridge para iniciarse en este mundillo es la Canon PowerShot SX430 IS. Se trata de un cuerpo de 245 euros de precio, un presupuesto asequible, muy pequeña (323 gramos) y con un objetivo potente con zoom óptico de 45x.

La PowerShot SX430 IS cuenta con conexión WiFi y NFC para pasar las fotografías directamente a tu móvil, además de contar con la funcionalidad de GPS a través del terminal. De esta manera, es una opción más que interesante para las personas que buscan un cuerpo, sobre todo, para viajes.

3. Cámaras réflex

Las cámaras más populares, seguramente, son cámaras de objetivos intercambiables de gran tamaño, ya que en su interior, además del sensor, hay un espejo que refleja la imagen hasta el sensor.

Esto permite que, a través del visor de la cámara, se vea exactamente a lo que está apuntando. Existen modelos de formato completo, más centrados en uso profesional, y modelos APS–C, que es el recomendado para amateurs.

Para qué es perfecta: las réflex son las cámaras ideales para quienes buscan “profesionalizar” su hobby o quieren una opción mucho más completa que los modelos anteriores. Hay que tener en cuenta que, al ser de objetivos intercambiables, este tipo de cámaras suponen un gasto extra: comprar las lentes.

Nuestra recomendación: Si lo tuyo es son los cuerpos de objetivos intercambiables y tener una réflex te parece la mejor opción, entonces la Canon EOS 2000D puede ser un buen cuerpo de iniciación. Por 449 euros, la EOS 2000D es un cuerpo clásico de Canon que te permitirá aprender sobre el mundillo y a utilizar el Modo Manual.

Con un peso de 1 kilogramo, es una cámara potente que, en el pack inicial, incluye el objetivo estándar de Canon: 18–55 mm f/3.5. Cuenta con un sensor de 24,1 megapíxeles y conexión WiFi y NFC, por lo que no será necesario quitar la SD para pasar las fotografías al ordenador.

4. Cámaras mirrorless

La evolución de las réflex: las mirrorless –también se llaman CSC o EVIL– funcionan exactamente igual, pero eliminan ese espejo reflector. Esto hace que sean cuerpos mucho más pequeños que las cámaras réflex, pero sin renunciar al resto de características.

Como las réflex, el sensor puede ser de formato completo o formatos medios; además de que también se pueden cambiar los objetivos. 

Para qué es perfecta: las mirrorless son las cámaras que, poco a poco, están sustituyendo a las réflex ya que el uso que se les da es el exactamente el mismo: son cámaras preparadas para la fotografía amateur y profesional. Solo que reduciendo, considerablemente, el tamaño del cuerpo. Al igual que las réflex, hay que tener en cuenta que tendremos que comprar el objetivo a parte.

Nuestra recomendación: Los “pesos pesados” de la fotografía. Si estás buscando una cámara pequeña, pero de objetivos intercambiables, la Panasonic Lumix DMC–GX80K es tu mejor opción. Por 699 euros (500 en la mayoría de ocasiones gracias a ofertas), es un cuerpo que dará grandes resultados tanto a quienes están aprendiendo como quien ya tiene cierto recorrido.

De serie trae consigo un objetivo 12–32 mm, perfecto para quienes son apasionados de la fotografía callejera o quieren llevársela de viaje. Aunque no cuenta con un visor óptico, el digital muestra con realismo a lo que se está apuntando, además de que reproduce el color en un rango aproximado del 100%. Respecto a la conectividad, puede pasarse las fotografías a través de WiFi y NFC.

Cuenta con un sistema de estabilización de 5 ejes y graba vídeo en 4K, por lo que también es una gran opción para quienes buscan hacer montajes o grabar ciertos momentos.

Otras cuestiones a tener en cuenta

Después de hacer un repaso a los conceptos más básicos y los tipos de cámaras, es recomendable tener en cuenta:

Presupuesto.

Aunque el uso que le vayamos a dar es la principal clave, también lo es el presupuesto. Mientras que las mirrorless y las réflex pueden encontrarse a partir de los 500 euros; las compactas son mucho más baratas. 

Una cámara cara no asegura buenos resultados.

La cámara no hace al fotógrafo. Si tienes una cámara vieja en casa o estás descontento con la que tienes, dale una segunda oportunidad antes de comprar una nueva. Si crees que la calidad de la imagen no es buena, y se trata de una réflex o mirrorless, prueba a cambiar de objetivo. 

Pero recuerda, siempre, que una cámara cara no hace fotografías buenas, si bien mejora la calidad bruta de la imagen. Hay que ser consciente de cuánto vamos a utilizarla y qué vamos a hacer con ella, además de si estamos dispuestos a aprender para mejorar nuestra fotografía.

Marcas.

Esto es un intangible: hay marcas que nos suenan mejor que otras. Puede que Canon o Nikon nos parezcan mejores que Olympus o Fujifilm, aunque no sea así. 

Siempre hay que tener en cuenta nuestros gustos y con qué marcas hemos trabajado. A veces es mejor “repetir jugada” y comprarnos una cámara de la empresa a la que estamos acostumbrados antes de una completamente nueva.

No obsesionarse con la novedad.

Aunque a veces caigamos en horas y horas de leer y comparar prestaciones técnicas, seguramente sea lo de menos –al menos a nivel amateur o para sacar fotografías esporádicamente–. Lo más importante es el “ojo” y quien dispara, además de la comodidad.

Hay que basar nuestra elección en cómo se ajusta la cámara a nosotros y en los resultados que queremos obtener, no en los detalles técnicos.

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Bajo el paraguas de la Directiva Marco del Agua, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto crear un canon medioambiental del agua con la finalidad de “minimizar o corregir” la afección al medio ambiente que la utilización de este recurso produce. Será un impuesto propio de la comunidad autónoma, gestionado por la Agencia regional del Agua, y su repercusión entre los usuarios se realizará en función del volumen de agua usada o consumida pero también de la contaminación real introducida en el medio hídrico.

Es la principal novedad que introduce el borrador del anteproyecto de la nueva Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, actualmente en trámite de información pública, y que viene a sustituira la normativa regional sobre el ciclo del agua, que data del año 2002.

En el texto se establece que el canon se aplicará tanto a usos domésticos como no domésticos. Los primeros se consideran aquellos particulares en las viviendas para beber, cuartos de baño, cocina, riego de huertos y jardines, climatización, piscinas y otras instalaciones.

Así, para usos domésticos se establece una cuota fija y una cuota variable, que se aplicarán mensualmente, y donde el tipo impositivo tendrá en cuenta el número de personas que habitan la vivienda, dividido en cuatro tramos de consumo a fin de garantizar “la justicia social y la progresividad de la tarifa”. De hecho, se establecen bonificaciones para familias numerosas y para mujeres víctimas de violencia de género. También se bonifican las cuotas que pagan los usuarios que residen en municipios pequeños, como medida para combatir el despoblamiento rural.

Para usos domésticos se establece una cuota fija y una cuota variable, que se aplicarán mensualmente, y donde el tipo impositivo tendrá en cuenta el número de personas que habitan la vivienda

Se establecerá una cuota fija de dos euros por vivienda y mes para el uso particular. Y la parte variable resultará de aplicar a los consumos mensuales los siguientes tipos de gravamen: consumo realizado dentro del primer tramo, 0,10 euros por metro cúbico; dentro el segundo tramo, 0,15 euros por metro cúbico; dentro del tercer tramo, 0,30 euros por metro cúbico; y dentro del cuarto tramo, 0,60 euros por metro cúbico.

Sin embargo, el tipo de gravamen de este nuevo canon será diferente para los usuarios no domésticos: tendrá más diversificación, ya que no solo se determinará una cuota fija en función del diámetro del contador de agua (de 4 a 800 euros mensuales), sino que se establecerá que la cuota variable se determine, bien en función del volumen -con un tipo único determinado en función del tipo de industria-, bien en función de la contaminación. Con ello, el Gobierno castellanomanchego quiere hacer efectivo el principio de que “quien más contamina, más paga”.

Se consideran usos no domésticos, a efectos de la futura ley, los correspondientes a actividades económicas reconocidas, el riego de campos de golf y también los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales. 

El canon se exigirá así tanto por el uso o consumo de agua facilitada por entidades suministradoras públicas o privadas, como por el uso o consumo en régimen de concesión para abastecimiento o procedente de captaciones propias, superficiales o subterráneas.  

La recaudación que se obtenga con este nuevo impuesto se destinará a la ejecución de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en Castilla-La Mancha, básicamente con tres objetivos: la consecución de los objetivos medioambientales y la planificación hidrológica; la adecuada dotación de agua, en cantidad y calidad, a los municipios de la región; y el apoyo económico a las administraciones que ejerzan competencias en el ámbito del ciclo urbano del agua. 

El borrador establece que estarán exentos del pago del canon medioambiental del agua los usos hechos por los servicios públicos de extinción de incendios o los que, con las mismas características, sean efectuados u ordenados por las autoridades públicas en situaciones de necesidad extrema o catástrofes; así como los usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, siempre que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de entidad suministradora, ni efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento.

Un dato importante es que la determinación de la base imponible de este nuevo impuesto se realizará, con carácter general, en régimen de estimación directa mediante contadores homologados. De esta forma, los usuarios con captaciones propias estarán obligados a instalar y mantener a su cargo un mecanismo de medición directa del agua usada o consumida. Y cuando no dispongan de un mecanismo de medición directa se entenderá que se acogen al sistema de estimación objetiva.

Centrales hidroeléctricas, campos de golf y comunidades de usuarios

La futura ley recoge también otras modalidades de contribuyentes para el nuevo canon. Así, el tipo de gravamen en las instalaciones de refrigeración será de 0,005 euros por metro cúbico de agua utilizado; en las centrales hidroeléctricas, de 1,5 euros por hectómetro cúbico; en instalaciones y campos de golf será de 0,1 euros por metro cúbico; y en consumos públicos será de 0,10 euros por metro cúbico.

Por su parte, en las comunidades de usuarios que tengan la condición de sujeto pasivo a título de contribuyentes y no reciban el agua de una entidad suministradora, la cuota del canon medioambiental del agua será liquidada directamente por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha a la comunidad cada seis meses. Este colectivo podrá repercutir este coste a sus integrantes sin que, en ningún caso, el canon total repercutido sea superior a lo liquidado por la Agencia del Agua.

Finalmente, las comunidades de usuarios que pretendan actuar como entidades suministradoras en la gestión del canon, deberán solicitarlo mediante un modelo de declaración establecido a tal efecto. 

La guerra es un gran negocio, pero solo para unos pocos. A partir del año que viene, el canon que aporta el Ministerio de Defensa a los entes congozantes por el polígono de tiro de las Bardenas, en la Ribera de Navarra, pasará de los 7 millones anuales -aunque en 2017 fueron 7,7, por las subidas del IPC- al doble: 14 millones cada 365 días. 38.356 euros diarios que se embolsará la Junta de Bardenas todos los años hasta 2028. Un total de 140 millones sin contar con las actualizaciones del índice de precios al consumo. Un negocio fabuloso, y sin salir de casa.

El presidente de la Comunidad de Bardenas Reales, José María Agramonte, destacó en la última junta general, celebrada este mes de septiembre, que la Comunidad “es totalmente sostenible, sin tener en cuenta el reparto que se hace a los pueblos congozantes” con los que será necesario trabajar “el posible reparto tras la actualización del canon a percibir por parte del Ministerio de Defensa”. El año pasado cada uno de los 22 entes que componen la Junta recibió 195.000 euros por este concepto.

El resto se invierte en huertas solares, infraestructuras para regadío, actividades para potenciar el turismo, educativas, culturales... el mayor problema de gestión parece ser decidir qué hacer con tanto dinero. Eso sí, la singularidad de ser un espacio único en Europa no solo aporta dinero, también molestias y peligros. Y es que si el dinero se lo reparten entre unos pocos, el hecho de ser escenario de ejercicios de guerra con munición real afecta a muchas más poblaciones, que solo reciben las externalidades negativas del negocio, como se expresa en la jerga.

La última junta General de la Comunidad de Bardenas aprobó modificaciones presupuestarias por valor de 4.059.686 euros, entre las que se incluye la amortización de un préstamo de casi 3 millones, solicitado para la instalación de una huerta solar. Una amortización igual a la efectuada el año pasado. El remanente de tesorería ronda los 15 millones de euros, y cierran con superávit los ejercicios, por lo que parece que los excesos sonados son cosa del pasado.

Gracias al convenio renovado con el Ministerio de Defensa en 2008 -lo firmó la ministra socialista Carme Chacón-, el polígono generá el doble de ingresos a partir del año que viene, por lo que no es de extrañar que los miembros de la Junta adelanten la necesidad de decidir qué hacer con el estipendio.

Desde el Ministerio de Defensa defienden la necesidad de contar con un polígono de tiro en suelo patrio, tanto para probar armamento como para entrenar a las tripulaciones de los aviones. “Están por cumplir lo pactado, por lo que no hay ningún problema”, advertía José María Agramonte tras la Junta General.

El baño de millones resulta suficiente para minorizar las voces críticas, y sin tanto  revuelo como en el caso de la venta de armas a Arabia Saudí. De hecho, el Ministerio de Defensa “asegura” que gracias al polígono de tiro -donde se realizan habitualmente maniobras militares con fuego real- “se conserva mejor el medio ambiente, es más ecológico y hay más población de aves”, denuncia Milagros Rubio, de la Asamblea Antipolígono.

Un sistema de voto “injusto y obsoleto”

“Y la Junta de Bardenas se presenta como adalid de la buena gestión, lo que no dicen que es que ese dinero sale del uso militar del polígono de tiro”, insiste Rubio, que además recuerda que las instalaciones se hallan en medio de un parque natural. También denuncia que el último reparto del comunal de Bardenas se realizó entre los entes congozantes en 1705, y entre los posibles usos “no estaba el militar”.

La alusión histórica no es baladí, pues la Junta de Bardenas se rige por un sistema “obsoleto” de voto que data de entonces. Así por ejemplo, uno de los entes congozantes es la ciudad de Tudela, de 35.000 habitantes, que tiene el mismo poder de voto que el monasterio de la Oliva, en el que viven unos 13 monjes. “Muy injusto”, resume Rubio.

El terreno fue declarado Parque Natural en 1999 y Reserva de la Biosfera en 2000, movimientos orientados a su cierre definitivo. Pero el Gobierno Aznar reaccionó declarando el polígono Zona de Interés para la Defensa, por lo que si los entes congozantes no se lo alquilaran, el Ministerio podría llegar a expropiar el terreno.

Aunque ecologistas y antimilitaristas reconocen tener poca esperanza de que las cosas cambien, no dejan de denunciar una realidad que “compra voluntades”, argumenta Milagros Rubio. En la junta están representados el principal partido de Navarra, Unión del Pueblo Navarro, y el Partido Socialista de Navarra, que no “mueven un dedo” por que las cosas cambien. “Más allá de que nuestra posición parece minoritaria, exigimos que se cambie el sistema de votación, que haya un voto ponderado por población, porque ahora no es democrático, pero el dinero todo lo puede”, lamenta la también exparlamentaria foral.

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha adjudicado la gestión de la zona azul que desde su puesta en marcha ofrece a residentes y visitantes un total de 300 plazas de estacionamiento regulado mediante control horario en las principales vías comerciales del casco urbano del municipio, se informa en nota de prensa.

El concejal responsable del área de Hacienda, Mariano Hernández Zapata, explicó que la empresa ganadora de la convocatoria pública realizada mediante procedimiento abierto, “presentó una oferta en la que asumía el compromiso de abonar al Ayuntamiento un canon fijo anual de 65.000 euros y un 35% variable sobre la totalidad de lo recaudado cada ejercicio por el adjudicatario una vez descontado el canon fijo”. A ello hay que añadir aportaciones técnicas valoradas en 25.000 euros para la señalización y adquisición de material para la policía local, además de un vehículo eléctrico y una torre de carga.

Mariano Hernández valoró las “mejoras sustanciales” que la empresa adjudicataria ofrece a la corporación municipal y que, en comparación con la etapa anterior, supone un incremento del 400% de la aportación económica directa que recibe el Ayuntamiento por la encomienda de gestión de la zona azul lo que según el edil, se traduce en aproximadamente 180.000 euros de media al año.

El edil explicó que la zona azul de Los Llanos de Aridane surgió como respuesta a una demanda empresarial “histórica” y que, desde su puesta en funcionamiento “ha demostrado no sólo la utilidad y el interés público que despierta entre los conductores que pueden estacionar sus vehículos por un máximo de 2 horas en zonas estratégicas, sino su rentabilidad y capacidad para crear puestos de trabajo”.

Al respecto recordó que inicialmente, “ante la imposibilidad de garantizar su viabilidad económica y las dudas existentes sobre el funcionamiento y la aceptación real que iba a tener la ciudadanía, el Ayuntamiento acordó con la concesionaria del servicio fijar la aportación anual en un 10% del total de la recaudación”.

Como contraprestación, la empresa asumía además los costes de personal así como los de adquisición, instalación, gestión y mantenimiento de los parquímetros y la plataforma online que pone a disposición de los usuarios para hacer uso del estacionamiento por tiempo limitado en la zona azul.

Mariano Hernández agregó que en esta etapa se mantuvieron diferentes reuniones de trabajo con la empresa adjudicataria así como con los diferentes grupos políticos con representación municipal “para ir adaptando y regulando su régimen de funcionamiento y redimensionar el número de plazas entre otras cuestiones a las demandas reales de los usuarios, modificando ordenanzas o conciliando su existencia con la creación de una zona verde y el incremento progresivo y continuo de las plazas de aparcamiento en régimen gratuito en el entorno urbano del municipio”.

“Tras este período piloto y ante la necesidad de sacar nuevamente la convocatoria a concurso público y adjudicar un nuevo contrato”, el concejal de Hacienda añadió que “empezamos a trabajar con los técnicos municipales y paralelamente con la oposición para consensuar los pliegos de condiciones del servicio a través de un proceso que garantice tal y como hemos hecho, el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia y eficacia en la contratación pública, priorizando además de la oferta económica, la mejora del canon tanto fijo como variable, así como la introducción de mejoras en la gestión, la operatividad y la movilidad en el municipio”.

“Objetivos” que según Mariano Hernández “han supuesto un esfuerzo considerable pero que hemos conseguido”. Algo de lo que afirmó “nos sentimos sumamente satisfechos porque nos ha permitido avanzar desde la experiencia, incorporando paso a paso las modificaciones necesarias para mejorar su funcionamiento y, sobre todo, dotar a Los Llanos de Aridane de un modelo de gestión y de una zona azul que, hoy por hoy, goza de una gran aceptación tanto entre residentes y visitantes como entre el empresariado local y que constituye un referente a nivel insular”.

La generación de conocimiento no es sólo una característica fundamental para el desarrollo del ser humano, sino una de las mejores herramientas de evolución social que tenemos. Una gestión adecuada del conocimiento que permita el acceso igualitario a avances y nuevas tecnologías es, sin duda, una fuente de progreso y bienestar social. Sin embargo, vivimos en una era en la que debido al altísimo flujo de información, el conocimiento se traduce en fuentes de ingreso económicos de una manera que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y es que los beneficios económicos del conocimiento son diversos, tal y como se argumenta en esta publicación centrada en el conocimiento generado con fondos públicos. Pero, ¿hasta qué punto esta inversión pública beneficia a la sociedad?

Entre estos beneficios destaca la percolación del conocimiento generado con dinero público al sector privado. Esta puede ser una percolación geográfica, cuando las empresas circundantes al entorno académico local se benefician directamente de los descubrimientos llevados a cabo por los investigadores trabajando para instituciones públicas de la zona, o sectorial, en el que son los sectores privados afines son los que se benefician de dicho conocimiento. De hecho en el mismo artículo mencionado anteriormente se citan fuentes que apuntan a que el crecimiento económico está asociado a este tipo de trasvase de conocimiento público-privado.

Efectivamente, las grandes empresas que priorizan competitividad y crecimiento empresarial sostenido pueden llegar a invertir en un país (e incluso decidir quedarse o deslocalizarse) según sea la inversión pública en I+D para su sector. Estas decisiones evidentemente no están basadas en principios éticos o morales y un compromiso sino en términos económicos derivados del potencial conocimiento generado que se puede generar localmente. De esto podemos deducir que bastaría el simple compromiso de un estado de apoyar ciertas líneas de investigación para conseguir que una u otra empresa invierta en su país.

Esto sugiere que la generación de conocimiento atrae empresas que a su vez incentivaria empleo y desarrollo localmente, y, por lo tanto, el conocimiento hilvanado desde las universidades y centros de investigación públicos es indudablemente un bien social.

Dado que el conocimiento académico es ampliamente reconocido como importante para el progreso social, incluyendo las aplicaciones directas al incremento del progreso económico y el bienestar social, ¿por qué se ha dado un alarmante retroceso en nuestras universidades públicas? Este retroceso parece deberse en parte a un descenso en el número de alumnos como consecuencia de un incremento en el coste de las matrículas y un empobrecimiento de las familias, que ha propiciado que la universidad pública sea cada vez más elitista. Pero también dicho retroceso se debe directamente a los grandes recortes en educación e investigación en centros públicos. Otra razón es la falta de un vínculo directo entre las licenciaturas o grados ofertados y las probabilidades de encontrar un empleo relacionado con la titulación obtenida, lo que puede hacer que muchos jóvenes opten por otras opciones.

A pesar de la nada despreciable subida del precio de las matrículas, el coste por estudiante en la Universidad española es de 6500€/año, de las cuales la matrícula sólo cubre el 22%. Por tanto, las arcas públicas cubren un 78% del presupuesto de la formación universitaria pública de este país. Este porcentaje es superior sin duda cuando nos referimos a doctorandos becados, para los cuales el Estado paga sus sueldos durante los 4 años de investigación y formación.

Tanto la educación de los estudiantes de licenciatura o grado, como la formación de investigadores y profesores universitarios dentro de los diferentes programas de doctorado, es una inversión para preservar el “almacén de conocimiento”, no sólo a nivel del país, sino a nivel global. Esta protección e incentivo del conocimiento es no sólo la semilla necesaria para que se genere ese nuevo conocimiento que posibilite avances significativos en la economía y desarrollo social, sino también para promover y mantener un grupo de expertos cuyo conocimiento pueda ofrecer soluciones que sirvan de tampón ante futuros cambios y amenazas.

No nos engañemos, sin ese acervo de personas preparadas compartiendo ese conocimiento no se pueden generar e implementar nuevas ideas. De 500 personas que estudien una carrera se generarán seguramente sólo un puñado de ideas relativamente novedosas que permitan avanzar sustancialmente a la sociedad en una u otra dirección. No sabemos a cuál de esas personas se le ocurrirá una de esas ideas en un momento dado, y si lo hará en la dirección deseada. Es por eso que el avance del conocimiento necesita que esas 500 personas reciban una formación óptima. Y, evidentemente, las probabilidades de éxito se multiplicarán si son 1000 en lugar de 500. Por supuesto, de forma ideal, tenemos que procurar que además su formación pueda garantizar que todas ellas encuentren trabajos en las que puedan usar el conocimiento adquirido; o sea, “trabajar de lo suyo”.

Esta visión de la universidad como experimento social (en que no todo el mundo que empieza una carrera contribuye innovando en su campo) puede ser considerada una utopía y no convencer a todo el mundo, pero la realidad es que hay grandes diferencias en los destinos de las personas que acaban la educación superior, siendo sólo una minoría, por ejemplo, las que acaban dedicando sus vidas a la investigación.

Sin embargo, no se puede pretender potenciar el talento, y recibir los frutos de sus aplicaciones, sin una formación de calidad asociada. No existe lo uno sin lo otro. Y lo más importante, en España la formación de esas 500 personas actualmente cuesta 3,2 M€ anuales, una cantidad de la que los estudiantes (y sobre todo sus familias) pagan 0,715 M€ y el resto el Estado. ¿Qué empresa invertiría 2,535 M€ anuales con la esperanza de que uno de esos 500 alumnos de la promoción le fuese a ser provechoso? ¿Cuántas estarían dispuestas a incrementar ese monto para además apoyar los másteres y doctorados de una porción de esos alumnos? Obviamente, ninguna. Entonces, es obvio que las empresas necesitan de esa inversión pública que forme trabajadores cualificados y con talento. Pero, ¿qué retorno recibe el Estado, y por ende la sociedad en su conjunto, desde las empresas? ¿Simplemente unas estadísticas de empleo?

Estamos muy acostumbrados a ver fichajes escandalosamente millonarios en el deporte, cuyo bien social puede ser discutible. Nadie pensaría que cuando salió Leo Messi de La Masía, la escuela de fútbol del F.C. Barcelona, lo podría contratar otro equipo sin pagar ninguna cláusula. ¿Por qué entonces ocurre eso con la educación pagada con dinero público? ¿No se tendría que establecer un canon de retorno y que las empresas que contratasen a personal formado con dinero público tuviesen que pagar un monto a modo de cláusula para contrarrestar esa inversión pública? Todos pagamos impuestos, incluidas las empresas, pero aquí estamos hablando de un impuesto a la educación que debería ser explícito, adicional y con el que se debería generar una caja exclusiva para la Universidad pública.

Algunos países optan por conceder créditos blandos a los estudiantes que no pueden costearse los estudios superiores, y luego estos estudiantes devuelven ese crédito mediante parte de su salario durante sus primeros años de vida laboral. Es el caso del sistema BAfÖG de Alemania, en el que la mayor parte de las veces los estudiantes ni siquiera tienen que devolver la totalidad del préstamo. A pesar de estas ventajas, este sistema no deja de exigir que parte del salario de los empleados se destine a pagar su formación, cuando los primeros beneficiados de tener un profesional bien formado o un investigador son la sociedad (que ya lo subvenciona a partir de los impuestos, la universidad pública y las quitas de la deuda) y las empresas que los emplean.

Parece mucho más justo entonces que obtener este canon no fuera, bajo ningún concepto, en contra del salario del empleado. Pero sin duda dicho canon al permitir recuperar parte de esa inversión podría contribuir a mejorar la calidad de la Universidad, incluyendo una reforma de los grados académicos y contratando más y mejores profesores, y la investigación a través de incentivos para mejorar la calidad y competitividad de los centros, la contratación de más investigadores a nivel internacional y presupuestos mayores para investigar tanto en la Universidad como en los OPIS (Organismos Públicos de Investigación). Estas medidas, entre otras, retroalimentarían positivamente a las empresas al poder optar a un personal más cualificado y poder disfrutar de un incremento en la cantidad y calidad del conocimiento generado. Estamos pues hablando de una situación win-win, en la que todos ganan.

El canon debería aplicarse no sólo a la formación de personas, sino a cualquier tipo de conocimiento generado con dinero público, dado que se ha demostrado que existe percolación público-privada a varios niveles, no sólo el del personal cualificado, como es por ejemplo el engrose del almacén de conocimiento, del que se benefician directa o indirectamente las empresas.

Nos gustaría recalcar que nos referimos aquí a aquella parte del conocimiento que pueda tener una aplicación directa para beneficio de las empresas. En ningún momento estamos sugiriendo que apoyamos que la educación y la investigación estén dirigidas únicamente al conocimiento de aplicación directa y que resulte únicamente en beneficios económicos a corto término. Creemos firmemente que todas las facetas del conocimiento deben mantenerse en las universidades, independientemente de su aplicabilidad directa a la empresa privada ya que el conocimiento tiene impacto en todas las facetas de nuestra sociedad. Y bajo ningún concepto entendemos que sean las empresas privadas las que dicten los grados, másteres y programas de doctorado, así como las asignaturas impartidas, tal y como se sugirió en un borrador del Plan Estatal de investigación 2013-2016.

Es obvio que invertir en conocimiento y educación beneficia a todos, y existen datos que así lo corroboran a nivel económico. Un canon a las empresas haría que el coste no recaiga sólo en los impuestos (la mayoría de los cuales los pagan los ciudadanos) y además incrementaría la inversión en educación e I+D, mejorando así el sistema en su conjunto.

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El joven base Adrián Carrión, descendiente de sevillano y grancanaria, asegura a Efe que la próxima temporada aumentará su responsabilidad en el equipo de la Universidad de Gran Cañón en Phoenix (Arizona) que dirige el legendario Dan Majerle, integrante del Dream Team II que ganó a España la final del Mundial de Canadá en 1994.

Adrián, de 21 años, 180 centímetros y licenciado en Administración de Empresas, es hijo de Pepe Carrión, técnico del Spar Gran Canaria y está considerado como un jugador muy atento en la pista, disciplinado, buen defensor y asistente.

Bicampeón de España cadete con la selección andaluza y otra más con el club Cajasol de Sevilla, Carrión disputó su último año en categoría junior en la Canarias Basketball Academy (CBA), entrenado por Rob Orellana.

“Con la CBA íbamos a torneos en Estados Unidos y esa temporada viajé tres veces. Cuando terminó, Orellana me dijo que la Universidad de Gran Cañón se interesaba por mí y no dudé en marcharme”, recuerda.

“En Estados Unidos puedes competir a un alto nivel y cursar una carrera a la vez. En el campus universitario vivimos 20.000 estudiantes y tenemos 20 restaurantes, gimnasio, piscina, boleras... Salgo muy poco del campus y para cosas muy específicas”, dice.

A Adrián le costó mucho adaptarse en el primer semestre, al no dominar el idioma y estar lejos de su familia y amigos, aunque durante las fechas navideñas el equipo permanecía en el campus y estrechó la convivencia con sus compañeros e hizo amigos que hoy considera hermanos.

“Dentro del campus comparto un apartamento con tres chicos más de mi equipo, que es internacional, con dos australianos, un africano, un finlandés y yo mismo, aunque la mayoría son americanos”, comenta.

“En un día normal, me levanto a las 6.15, y a las 7.15 hago pesas durante una hora. De 8.30 a 9.30 desayuno y luego entreno en la pista hasta las 12, y después almuerzo e iba a clases, de 2 a 5”, dice el jugador, que lleva un ritmo frenético con el equipo de Gran Cañón, conocido como Los Antílopes en honor a su mascota.

De tal forma, la pretemporada empieza en agosto y la Liga en noviembre, y finaliza en marzo. Adrián solo tuvo dos días libres seguidos, el 24 y 25 de diciembre, porque los demás entrenaba o jugaba, aunque después de tres años ya puede decir que conoce Phoenix.

“Allí me dicen spaniard, por mi procedencia hispana, y además mi entrenador me llama big brain (gran cerebro)”, revela entre risas.

El equipo de Gran Cañón juega en la máxima categoría de las tres de la Liga Universitaria, en una cancha con capacidad para 8.000 espectadores y esta temporada solo en dos de los partidos en casa quedaron algunas butacas libres.

“En nuestra Conferencia (Western Athletic) fuimos segundos, con 23 victorias y solo 10 derrotas. El equipo ha ido para arriba gracias a nuestro técnico Dan Majerle, que fue una leyenda en los Phoenix Suns, y también ha sido All Stars y está en el Salón de la Fama”, declara con admiración.

“Cuando entras a su despacho ves tres fotos de él que te impactan, jugando ante Larry Bird, Magic Johson y Mikel Jordan. Parece que te está diciendo: Primero mira las fotos y luego habla conmigo”, indica sonriente.

En la Liga Universitaria solo se permite jugar un máximo de cuatro temporadas y, aunque Adrián lleva tres años en Phoenix, en el primero no formaba parte de la plantilla, ya que solo entrenaba con el equipo.

“En las dos campañas en las que he jugado estuve mucho a la sombra del base titular, Dewayne Russell, que esta temporada fue el mejor jugador de la Conferencia, máximo asistente y anotador, aunque él ya se va”, desvela.

“Ahora me planteo seguir en esta universidad o ir a otra mejor en el plano académico. Haría algún máster, porque en mi casa siempre me han inculcado la importancia de los estudios. Ya en Bachillerato en el instituto de Tafira obtuve muy buenas calificaciones y, al graduarme en mi carrera, logré la mejor nota de mi promoción”, señala.

El profesor de enseñanza secundaria, a no ser que tenga una mirada que eche fuego o que sea un karateka—que, por cierto podrían ser denunciados— hemos de ser sordos, ciegos, mudos, tontos de capirote y, encima, burócratas atolondrados si queremos sobrevivir.

No voy a hablarles ahora de la última moda curricular de sentar a los miembros del ejército en la mesa de nosotros los educadores a que nos aporten esa bicoca de que nuestros alumnos puedan optar por hacer carrera entre sus filas. Tampoco voy a hablarles de que a esa mesa acudan con toda su vestimenta pretoriana, su arma reglamentaria, etcétera. Claro está que también el pensamiento es un arma que pudiera ser más peligrosa, aunque últimamente se aprecia que el nivel del mismo ha disminuido considerablemente, sobre todo por estos lugares civiles que aludo. Digo que no voy a hablarles de eso. Se me comió la lengua el gato o los gatos de ciertos sectores progres que consideran tales manifestaciones políticamente incorrectas. Incluso algunos dirían que uno está como una cabra y otros, añorando ese pasado  pro-hippie, que eres insolidario. De todas formas, no criticaría a los alumnos si decidieran apuntarse en el ejército. Cada uno es libre de hacer lo que le plazca. Y tampoco pienso que el Ejército sea lo que antes era.

Todo viene a propósito de la violencia cuyo rechazo figura— dicho sea de paso—con letra grande y hermosa en todos los currículos, con cuatro o cinco casillitas en donde hemos de plasmar una equis visible en “nadapocomuchodemasiado”, en todas las comisiones de derechos humanos de los institutos y en los poemarios de algunos que quieren demostrar la limpieza de sus conciencias  y garabatean ahí que todos los seres humanos son buenos y hemos de abrazar a los que nos zahieren día a día —creo que nos no se refiere al yo poético sino a los demás, a la carne de cañón.

Todo esto, en ese contexto de limitada libertad de expresión, en un lugar donde la impugnación de la violencia y las múltiples menciones a la solidaridad caen en papel mojado o en papel digital evagediano o ekádico, se acrecienta cuando ocurre en nuestras aulas, no ya entre los alumnos o desde el profesor al alumno. ¿Qué pasaría si fuera al contrario? ¿Que el profesor se viera en medio de una marabunta que, estudiada y meticulosamente, vaya mermando las fuerzas anímicas que aún le quedaran en su fuero interno?  Por ejemplo, que los avispados discípulos en liza se dedicaran a hacer preguntas y otras manifestaciones de variada gama —que nada tienen que ver con el asunto tratado—,  cuando el profe está explicando el tema, para que vaya perdiendo el hilo y la paciencia. Que, una vez perdido el hilo y nunca la paciencia, esos genios de la estrategia se dediquen a recoger firmas para hacerle una reclamación al departamento donde diga que el profesor no da contenidos, etcétera. Que, una vez leído por el departamento, aquellos se dediquen a hacer chanzas de dicho profesor, es decir, a faltarle el respeto. Téngase en cuenta que todos estos hechos estarían registrados en los correspondientes partes de incidencia y en las correspondientes cajas registradoras de las farmacias.  Las medidas, sean de capacidad, peso o longitud –cuánticas, claro— no han dado resultado. Esta pequeña historia no sé cómo terminaría.

Por otra parte, el profesor en cuestión, ¿cómo va a contar esas cosas en los claustros? Se siente igual que si les confesara a los amiguetes que su mujer le pega o le pone los cuernos. Las chanzas y la alusión a su debilidad, por no decir ciertas manifestaciones homofóbicas. El que más, buen compi él,  diría como aquella madre de mujer maltratada que le expresa a su hija con cariño que así son las cosas y algo malo habrás hecho tú o aquel sentencioso tú lo has provocado. Y la persona que no tenga ni el más mínimo temor al ridículo –es decir, que lo llamen gilipollas o, eufemísticamente, flojo de carácter—será tachada de payaso a sus espaldas.

 Chaacho, esto da mucha pena, ¿no? Pues más pena va a dar ahora: imaginen ustedes que el hipotético profesor a lo largo de los 30 años en este frente de batalla ha ido perdiendo el sentido del oído y se ha tenido que poner una de esas pequeñas prótesis para poder hacer ejercicio de sus obligaciones porque su enfermedad, de momento, no es motivo de baja laboral  y mucho menos de jubilación. Sí que da pena: payaso, sordo gilipollas y, para mayor delito, poeta ensimismado que tiene la cabeza siempre en las nubes y la sonrisa siempre en los labios. Estos aparatajes no solo hacen que el usuario perciba los sonidos de una persona cuando se comunica con ella, sino que al mismo tiempo es un registro eficaz, tajante y casi letal de la mala educación cuando muchas personas al unísono hablan de distintos asuntos, sin tener en cuenta lo que el interfecto pudiera decir. Imaginen ustedes cómo sería si lo relacionáramos con nuestra anterior historia. 

Pero no vayan a llorar. La cuestión tiene solución, por fin viene ese mañana eterno que preconizaba nuestro gran escritor Mariano José de Larra a principios del siglo XIX, un vuelva mañana que nunca por fin viene:

—Los alumnos son unos críos con dieciocho añitos recién cumplidos y usted puede jubilarse tras treinta años de ejercicio de la docencia.

Imaginen el resto, no vamos a escribir una novela. Es lo que hay, el profesor de enseñanza secundaria, a no ser que tenga una mirada que eche fuego o que sea un karateka—que, por cierto podrían ser denunciados— hemos de ser sordos, ciegos, mudos, tontos de capirote y, encima, burócratas atolondrados si queremos sobrevivir. Este sistema confunde autoridad con autoritarismo, enseñanza con aprender a aprender total cero patatero, entre otras muchas lindezas. Como si los alumnos fueran imbéciles también. Este sistema es partidario de la productividad improductiva.  Las verdaderos trabajadores de la enseñanza no importan. Importan las poses de los políticos que preconizan la educación gratuita y permiten que las grandes editoriales hagan el mayor negocio posible y, de paso, cercenen el poco de identidad que nos queda como canarios. Pura mentira. A ellos no les importa que los alumnos aprendan en cuanto a valores humanos y en cuanto a conocimientos, por mucho que se justifiquen en sus diseños educacionales. Son letra mojada. Así es como vamos metiendo al país en un camino sin retorno hacia la banalidad y la incultura.

En fin, solo queda decir que rechazo la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, incluso la que pudiera suscitar este artículo. Se me ocurre añadir a todo, como conclusión, las expresiones derechos civiles, ley, maltrato psicológico, marginación y dignidad de la persona. Y que estas  palabras valgan para todos. Pero el que escribe ahora parece que es también poeta, ¡oh iluso de él!

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Nota: evagediano, ekádico: relativo a EVAGD y EKADE, plataformas digitales que usa la Consejería de Educación en Canarias.

La formación de izquierdas solicita la comparecencia del concejal de Hacienda, Mariano Hernández, en el pleno de este miércoles.

Izquierda Unida Canaria (IUC) llevará al Pleno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane que se celebra este miércoles la comparecencia del concejal delegado de Hacienda, Mariano Hernández Zapata, con el fin de “conocer la situación en que se encuentra la licencia de apertura y el canon derivado de la concesión administrativa de los aparcamientos subterráneos situados en la calle Conrado Hernández, esquina calle Luis Felipe Gómez Wangüemert”, se informa en una nota de prensa. 

El pasado 14 de julio, recuerdan, “IUC registró esta solicitud de comparecencia, tal y como reconoce el Artículo 101 de la Ley 7/2015 de los municipios de Canarias, con el propósito de que la Corporación conozca los pormenores de la situación en que se encuentra esta concesión, tras conocerse primero verbalmente en el Pleno de junio, y por escrito después, que no consta que la entidad adjudicataria haya realizado ingreso alguno en concepto de canon derivado de la concesión para la explotación de los aparcamientos subterráneos”. 

IUC  “considera que la actividad contractual del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en la que están incluidas las distintas concesiones administrativas de servicios a empresas externas o a particulares (estacionamiento regulado con parquímetros, oficinas municipales de turismo, parking subterráneo, Mercado Municipal, quioscos-bares, etc…), genera un volumen de actividad con una incidencia para las arcas municipales que desconocemos, tanto los vecinos y vecinas, como sus representantes en el Consistorio”. 

Para corregir esta situación, dicen, “y ante la inexistencia de un organismo de control a posteriori de la actividad contractual, planteamos en una moción la elaboración de un informe anual sobre la situación de los contratos de servicios públicos y de las concesiones administrativas municipales”. 

“Con este informe se pretende hacer un seguimiento, tanto de los contratos municipales que gestionan servicios públicos, como de las concesiones administrativas municipales con el fin de hacer más transparentes las condiciones de ejecución de esos contratos, profundizar en la calidad de su prestación, garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos, estudiar la posibilidad de mejoras en caso de nula rentabilidad y posibilitar su acceso en régimen de igualdad en caso de volver a salir a concurso”.

Habitaciones de hotel vip, otras la mayoría de días sin huéspedes y hasta un catering. Son solo algunos de los gastos desproporcionados que la Generalitat Valenciana presidida por Francisco Camps (PP) abonó en 2008 con motivo de la Expo de Zaragoza con cargo al canon de saneamiento que abonan los valencianos en el recibo del agua.

Así, según información a la que ha tenido acceso eldiario.es, en total fueron 80.600 euros los que financió la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (EPSAR) a través del canon por todos estos conceptos.

De ellos, 64.000 euros corresponden a tres habitaciones alquiladas de forma permanente en el hotel Silken (3 estrellas) durante los tres meses del certamen de Zaragoza para que cualquier alto cargo de la Generalitat tuviera disponibilidad cuando quisiera visitarlo. La mayoría de esos tres meses las habitaciones permanecieron vacías.

Además, con motivo del Día de Honor de la Comunitat que se celebró en el pabellón valenciano se cargaron 7.500 euros a la EPSAR en concepto de catering. Con motivo de aquel mismo día, también se abonaron 1.200 euros en cinco habitaciones vip y otros 7.900 euros en otras 25 habitaciones de hotel.

El Día de la Comunitat en la Expo de Zaragoza se celebró en 4 de julio de 2008 y entre los asistentes destacaron el entonces vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia, Vicente Rambla, la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, o el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, entre otros miembros del Gobierno autonómico.

Estos gastos se suman a los 6,4 millones de euros que se destinaron a las obras de condicionamiento, explotación y desmontaje del pabellón de la Comunitat cargados al canon, tal y como hizo público este martes la EPSAR con motivo de su Consejo de Administración.

Además, el Consell presidio por Camps abonó tambien con esta tasa 7,5 millones de euros correspondientes a actuaciones relacionadas con limpieza del campo de regatas de la 32 Copa del América.

Al respecto, la consellera de Agricultura y presidenta de la entidad, Elena Cebrián, aseguró que esta práctica irregular iba a ser cortada de raíz, puesto que de acuerdo con la Ley 2/1992 de Saneamiento, el canon de saneamiento solo se puede destinar a financiar los gastos de funcionamiento (explotación y conservación) de las instalaciones de evacuación, tratamiento y depuración de aguas residuales, y en su caso, los de construcción de estas instalaciones.

Se da la circunstancia de que en los últimos años de gestión de los populares, este canon subió un 3,1% en 2012, un 20% en 2013, un 10% en 2014 y un 3% en 2015.

Habitacions d’hotel VIP, d’altres la majoria de dies sense hostes i fins i tot un càtering. Són només algunes de les despeses desproporcionades que la Generalitat Valenciana presidida per Francisco Camps (PP) va abonar el 2008 amb motiu de l’Expo de Saragossa amb càrrec al cànon de sanejament que paguen els valencians en el rebut de l’aigua.

Així doncs, segons informació a què ha tingut accés eldiario.es, en total van ser 80.600 euros els que va finançar l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües (EPSAR) a través del cànon per tots aquests conceptes.

D’aquests diners, 64.000 euros corresponen a tres habitacions llogades de manera permanent a l’hotel Silken (3 estreles) durant els tres mesos del certamen de Saragossa perquè qualsevol alt càrrec de la Generalitat tinguera disponibilitat quan volguera visitar-lo. La majoria d’aqueixos tres mesos les habitacions van romandre buides.

A més, amb motiu del Dia d’Honor de la Comunitat que es va celebrar en el pavelló valencià, es van carregar 7.500 euros a l’EPSAR en concepte de càtering. Amb motiu d’aquella mateixa diada, també es van abonar 1.200 euros en cinc habitacions VIP i 7.900 euros més en 25 habitacions d’hotel més.

El Dia de la Comunitat en l’Expo de Saragossa es va celebrar el 4 de juliol de 2008 i entre els assistents van destacar el llavors vicepresident del Consell i conseller de Presidència, Vicente Rambla, la presidenta de les Corts, Milagrosa Martínez, o el conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, José Ramón García Antón, entre altres Membres del Govern autonòmic.

Aquestes despeses se sumen als 6,4 milions d’euros que es van destinar a les obres de condicionament, explotació i desmuntatge del pavelló de la Comunitat carregats al cànon, tal com va fer públic aquest dimarts l’EPSAR amb motiu del seu consell d’administració.

A més, el Consell presidit per Camps va abonar també amb aquesta taxa 7,5 milions d’euros corresponents a actuacions relacionades amb neteja del camp de regates de la 32a Copa de l’Amèrica.

Sobre això, la consellera d’Agricultura i presidenta de l’entitat, Elena Cebrián, va assegurar que aquesta pràctica irregular es tallaria d’arrel, ja que d’acord amb la Llei 2/1992 de sanejament, el cànon de sanejament només es pot destinar a finançar les despeses de funcionament (explotació i conservació) de les instal·lacions d’evacuació, tractament i depuració d’aigües residuals, i si és el cas, els de construcció d’aquestes instal·lacions.

Es dóna la circumstància que en els últims anys de gestió dels populars, aquest cànon va pujar un 3,1% el 2012, un 20% el 2013, un 10% el 2014 i un 3% el 2015.