El Gobierno regional prepara una nueva Ley de Aguas para garantizar su intervención en los trasvases

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sacado a consulta previa, para su posterior redacción y tramitación, la elaboración de un anteproyecto de Ley de Aguas en la región. Uno de sus objetivos, según explica su documento de presentación, es garantizar la intervención del Ejecutivo regional en las decisiones sobre transferencias y trasvases de agua que afecten al territorio de la comunidad autónoma. Actualmente, la Junta no tiene representación en comisiones de explotación como la del trasvase Tajo-Segura, aunque sí la tiene la comunidad autónoma a través de la Mancomunidad de Aguas de los pueblos ribereños de la cabecera del Tajo.

Esta normativa viene a reformular otro anteproyecto que el Gobierno castellanomanchego ya sometió a consulta pública previa en la anterior legislatura, denominado Ley del Ciclo Integral del Agua, y que no llegó a tramitarse. Entonces esta competencia pertenecía a la Consejería de Fomento. Ahora ha pasado a forma parte del departamento regional de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.

El nuevo anteproyecto incluirá más objetivos para actualizar la vigente Ley Reguladora del Ciclo Integral del Agua, que data de 2002. Según establece, “se ha constatado la necesidad de introducir cambios legislativos que permitan adaptarla a la realidad actual y resolver los problemas que se han puesto en evidencia con su aplicación”.

Los principales problemas a los que la nueva regulación pretende dar respuesta se concretan principalmente en integrar en una misma norma las funciones y competencias de los distintos órganos de la Administración Hidráulica de Castilla-La Mancha; así como una mayor “concreción y claridad” en las competencias de la Administración regional en relación con los vertidos de aguas residuales a las redes de alcantarillado y colectores.

“Es obligado hacer frente a las afecciones al medio ambiente que produce el uso y consumo del agua y la necesidad de preservar el ciclo integral del agua; y conviene evitar la dispersión en los diferentes cánones de aducción que aplica la Administración regional en los sistemas que gestiona, a fin de fomentar los principios de igualdad y solidaridad”. Argumenta además que en la actualidad, el Ejecutivo regional no es consultado cuando se realizan transferencia de agua que la afectan directamente, “cuando debería ser preceptivo su informe”.

El paraguas de la Directiva Marco del Agua

En este contexto, la nueva ley pretende avanzar en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua en el sentido de concienciar al usuario, como beneficiario último del recurso, de la necesidad de “hacer un uso sostenible y eficiente”. Al hilo de ello, recuerda el Gobierno que esta directiva europea establece la obligación para las administraciones públicas de adoptar mecanismos para repercutir en los usuarios finales los costes de los servicios relacionados con el agua, así como los costes ambientales y los del propio recurso.

“Esos mecanismos de repercusión deben incentivar el uso eficiente del agua, deben establecerse de acuerdo con el principio de quien contamina paga, y deben repartirse de forma diferenciada entre los usuarios domésticos, industriales y agrícolas”, subraya.

Por todo ello, la futura normativa marca una serie de objetivos: hacer frente a las afecciones al medio ambiente que produce el uso y consumo del agua mediante la aplicación del nuevo canon medioambiental; delimitar más claramente las responsabilidades en materia de vertidos a las redes de alcantarillado y colectores; y “garantizar la intervención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las decisiones sobre transferencias y trasvases de agua que afecten al territorio”.