El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Iván Reinares, ha acusado al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, de “dar la espalda al Logroño real”, así como de llevar a cabo una gestión “ineficaz” y con “dejadez diaria”. Ha sido en su intervención de la segunda jornada del 'Debate sobre el estado de la ciudad', que desde ayer se está desarrollando en el Consistorio de la capital riojana.

Ha indicado que Escobar “decía que vivir es narrar y que una ciudad también se narra, pero en su narración lo primero que ha hecho ha sido hacer oposición de la oposición y que el resto es pura ficción”. Ha lamentado que “basa su relato en el famoso 'logroñear'; terrazas, grandes eventos, paseos, porque una ciudad no se mide por lo que enseña el turista en un fin de semana, sino por cómo se ven las personas que habitan en ella los 365 días del año”. “No se puede 'logroñear' cuando tenemos la ciudad más sucia de la historia”, ha apostillado.

Para Reinares “frente a su propaganda existe un Logroño que no sale en la foto, el de la persona joven que no puede emanciparse, el de la familia que no puede conciliar, el del mayor que sufre la soledad y el de la mujer que exige seguridad e igualdad”. “A ese Logroño real usted le ha dado la espalda”, ha asegurado.

El portavoz socialista ha recordado que “llegaron prometiendo una rebaja fiscal del 10 por ciento en todos los puntos, pero en 2025 la presión fiscal subió un 2,85, un 81 por ciento por ciudadano”. Ha añadido que “la gran paradoja del Gobierno de Escobar, es que recaudan como campeones, pero gestionan como aprendices; y como gestionan como aprendices sus promesas han resultado ser un absoluto y rotundo engaño masivo a toda la ciudadanía”.

“Es el alcalde de los proyectos y de las infografías que nunca se hacen realidad”, ha destacado, recordando que “prometió la continuación inmediata de las obras de las 'Cien Tiendas', pero a fecha de hoy se nos ha licitado un pequeño tramo para 2027, con claros tintes electorales, eso sí, y que no se puede ejecutar hasta que no haya sentencia judicial”.

El “fracaso estrepitoso” del Plan General o el “engaño” que supuso el convenio con Bosonit, “perdiendo Logroño una inversión estratégica”, o el “famoso proyecto 1521, en lo que lo único que nos han presentado los logroñeses son unas excavaciones arqueológicas y una maqueta”, han sido otras actuaciones criticadas por Reinares. En este punto, ha acusado a Escobar de “no ser sincero, porque miente constantemente”, para añadir que en las calles “se sufren su ineficacia y su dejadez diaria”, sin olvidar que “han blindado la institución contra los vecinos”. Además, ha señalado que “los barrios los pisó en campaña electoral, y hoy son los grandes olvidados”.

Por otra parte, en materia de vivienda, el portavoz del PSOE ha indicado que “es un drama que asfixia verdaderamente a nuestros hijos y jóvenes, y que compromete el futuro demográfico y económico de las ciudades”. “La Rioja ha crecido de 2023 aquí en 4.313 personas, pero de ellas solo una de cada cuatro se ha quedado en Logroño y el resto han elegido otras ciudades para vivir”, ha señalado, para apuntar que “los expulsan porque el alquiler en Logroño ronda ya los inasumibles 10 euros por metro cuadrado”.

Frente a ello, “las viviendas de uso turístico suben”, con lo que “ahora acorralado por la realidad, nos anuncia sobre el papel 3.000 viviendas en Cascajos Sur”. Ha lamentado que haya “en marcha 104 viviendas en solares municipales”. “Un escándalo gravísimo que venimos denunciando, ya que se enajenaron solares públicos hace dos años sin incluir ni una sola cláusula que regulara la adjudicación de las viviendas”.

“Usted gobierna para los que ven la vivienda como un negocio y no para los jóvenes de nuestros barrios”, ha espetado al alcalde, recordando que “los apartamentos turísticos devoran y fagocitan nuestra ciudad”. En el caso del Casco Antiguo “su modelo es letal; especulación, ruido nocturno y expulsión de los vecinos”. El portavoz socialista ha acusado al Equipo de Gobierno de “no querer las bicicletas por dentro de la ciudad”, al tiempo que ha criticado la “macro rotonda” de Vara de Rey con Avenida de España “donde el peatón pierde espacio físico, donde se restan zonas verdes por mucho que diga, y que atrae más tráfico de combustión”.

“Su crueldad administrativa asusta”

Por otra parte, Reinares ha asegurado que “en la política hay una línea sagrada que jamás se debe cruzar que es el abandono del escudo social”, porque “su crueldad administrativa asusta, ya que el año pasado fueron ustedes incapaces de ejecutar la totalidad del presupuesto de los servicios sociales, dejando sin ejecutar en 2025, 3,8 millones de euros del presupuesto social”.

En relación a la gestión de los fondos europeos “se han dedicado a perderlos, simple y llanamente”, hasta el punto de “tener que devolver casi 8 millones de euros a Europa por pura incapacidad de gestión política”.

El portavoz socialista ha señalado que “toda esta parálisis absoluta, toda la suciedad acumulada en las calles, todo este drama especulativo que expulsa a los jóvenes por falta de vivienda, toda esta pérdida millonaria de fondos europeos y el recorte infame en las políticas sociales, tiene una única y exclusiva explicación, el desgobierno orgánico de Conrado Escobar”.

“Frente a su ciudad escaparate, frente a su sumisión a los extremos, el Partido Socialista propone gobernar desde la valentía, un Logroño que se construya desde los derechos, desde la igualdad y desde la justicia”, ha concluido Reinares que ha abogado por “servicios públicos de calidad y por la verdadera convivencia vecinal”.

La respuesta de Conrado Escobar

En su respuesta, Escobar ha asegurado que “el principal cambio que se ha producido en esta legislatura ha sido el de la convivencia; un activo a poner en valor”. Sobre las críticas en materia de vivienda, el alcalde ha indicado que “no son acertadas”, ya que “nos echan en cara que haya más o menos vivienda, pero cuántas hicieron en la legislatura anterior; porque no se impulsó absolutamente nada”.

Con ello, “nosotros tuvimos que empezar, dicho de una manera coloquial, de cero”, llegando “a activar 22 espacios para llegar a las más de 6.200 viviendas en el mercado”. En este punto, sobre las 104 viviendas de VPO ha asegurado que “es que el pliego de condiciones es el mismo que el que regía en la última operación que se hizo con Tomás Santos y el Partido Riojano”. En materia de impuestos, Escobar le ha recordado que el Gobierno de España “han subido los impuestos 145 veces”, mientras que, ha dicho que él se “propuesto bajarlos, llegando al final de esta legislatura con un alivio fiscal del 10 por ciento”.

Sobre los Servicios Sociales, el alcalde ha afirmado que “los datos son rotundos”, porque, por ejemplo, “en emergencia ordinaria luz y gas para colectivos vulnerables, en el 2022 eran 4.867 las ayudas concedidas; en el 2024, 4.960; en el 2025, 5.414”. Además, el contrato con Cocina Económica “ha pasado de 450.000 euros a 696.000 euros, que es donde se palpa realmente la necesidad de la gente”, al tiempo que ha manifestado que “nadie se queda sin ayuda desde este ayuntamiento”, para asegurar que “hemos dado un impulso nuevo a la política social, pasando de un modelo asistencial a la política de derechos; a una política que tiende la mano”.

Ha aludido Escobar a los fondos europeos, que hay que gestionar de “manera coherente”, porque “ustedes no los gestionaron, se emborracharon de fondos europeos”, le ha dicho al PSOE. Por otra parte, y, para concluir, ha asegurado que Logroño “es un buen escaparate”, así como que los barrios “son capital en el día a día” de la ciudad, sin obviar que “hemos tomado todas las medidas para que la convivencia en el Casco antiguo, para que la habitabilidad funcione”, o el impulso al contrato de limpieza.

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado en su sesión celebrada este jueves, 8 de octubre, un manifiesto para conmemorar el Dia Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. El texto ha sido ratificado con los votos a favor de todos los grupos y la abstención del Grupo Vox. No obstante, Logroño tiene pendiente la puesta en marcha de la ordenanza abolicionista de la prostitución, aprobada en noviembre de 2023, y que tres años todavía no se ha desarrollado de forma efectiva, como han denunciado recientemente los colectivos feministas.

El texto del manifiesto aprobado por el Pleno es el siguiente:

“Como todos los 23 de septiembre el Ayuntamiento de Logroño se suman a la conmemoración del Dia Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, una fecha que nos compromete y nos recuerda la obligación colectiva de combatir una de las más graves vulneraciones de los derechos humanos. La trata y la explotación sexual se sustentan en redes criminales que se aprovechan de situaciones de desigualdad, pobreza, violencia, desarraigo y especial vulnerabilidad.

La explotación sexual no puede normalizarse ni presentarse como una realidad inevitable. Combatir la trata y la explotación sexual exige, por tanto, actuar también sobre las condiciones sociales, económicas y culturales que permiten que ese mercado exista y prospere.

Los gobiernos locales, por su proximidad a los ciudadanos, desempeñan un papel esencial en la prevención y la detección precoz de posibles situaciones de trata, así como en la información, la orientación y el acompañamiento de las víctimas y su derivación a los recursos especializados. Los ayuntamientos constituyen, por tanto, una pieza fundamental de la respuesta pública integral frente a esta grave vulneración de los derechos humanos.

La complejidad de este fenómeno exige una actuación coordinada entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Administración de Justicia y las entidades sociales especializadas. Solo mediante la cooperación entre todos Logroño PSOE estos actores será posible ofrece una respuesta eficaz, integral y sostenida.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada este mes de septiembre y referida a los datos del año 2025, alerta de un aumento del 57,9 % en la cifra global de potenciales víctimas de trata en España.

Por su parte, los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) correspondientes a 2025 reflejan que, de las 374 víctimas de trata con fines de explotación sexual identificadas, 368 eran mujeres adultas y dos eran niñas, es decir, prácticamente el 99 % del total.

Estos datos muestran una realidad que no podemos ignorar: la trata con fines de explotación sexual tiene un marcado carácter de género y afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas. Por ello, la respuesta institucional debe incorporar de manera transversal la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres y reconocer la relación existente entre desigualdad, violencia contra las mujeres, prostitución y explotación sexual.

La FEMP mantiene una línea de trabajo estable en esta materia, articulada a través de acciones de formación y sensibilización, el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre entidades locales y la cooperación con las administraciones y organizaciones especializadas. Esta labor se desarrolla, entre Otras entidades, en colaboración con APRAMP y se canaliza institucionalmente a través de la Comisión de Igualdad y de la Comisión de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres.

La formación constituye una herramienta esencial. Es necesario reforzar la capacitación de responsables políticos y de las empleadas y empleados públicos, resulta imprescindible impulsar programas de educación y sensibilización dirigidos a la ciudadanía, y especialmente a adolescentes y jóvenes, que permitan identificar y cuestionar las distintas formas de explotación sexual, la normalización de la prostitución, la pornografía como elemento de aprendizaje sexual y los modelos de relación basados en la desigualdad y el dominio, con una atención específica a los espacios digitales.

Con este objetivo, la FEMP trabaja para garantizar que la respuesta frente a la trata llegue con la misma eficacia a todos los municipios, con de su tamaño o capacidad administrativa. Entendemos que solo mediante una actuación coordinada, centrada en las personas y basada en los derechos humanos será posible avanzar en la prevención de la trata, la protección integral de las víctimas.

Esta respuesta debe prestar especial atención a IOS municipios de menor tamaño, que pueden disponer de menos recursos especializados. La intermunicipal, las redes de servicios compartidos y la coordinación con las comunidades autónomas y la Administración General del Estado deben garantizar que ninguna mujer o niña quede sin protección por razón del lugar en el que se encuentre.

La lucha contra la explotación sexual requiere asimismo políticas de salida y recuperación, ofreciendo a las víctimas itinerarios que permitan recuperar su autonomía y construir un proyecto de vida libre de violencia.

Por todo ello, el Ayuntamiento apoya el compromiso de la FEMP en base a las siguientes líneas de actuación:

•          Seguir impulsando actuaciones de sensibilización, prevención y formación dirigidas a las entidades locales.

•          Impulsar protocolos y herramientas comunes que refuercen la capacidad de las entidades locales para la detección precoz de posibles situaciones de trata, así Como para la orientación, acompañamiento y derivación de las victimas a los recursos especializados.

•          Impulsar, en el marco de las competencias legalmente atribuidas a las entidades locales, el desarrollo de instrumentos municipales de prevención y actuación frente a la explotación sexual y las actividades que la favorecen, garantizando la seguridad jurídica y situando en el centro la protección, atención y recuperación de las víctimas de trata.

•          Continuar defendiendo que las entidades locales dispongan de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para ejercer eficazmente las funciones que les corresponden.

•          Promover actuaciones de prevención, sensibilización y concienciación dirigidas a adolescentes y jóvenes, con especial atención a la normalización de la explotación sexual y a las nuevas formas de captación, acceso y consumo que se desarrollan a través de los entornos digitales.

•          Promover políticas que actúen sobre los factores de vulnerabilidad y contribuyan a evitar la captación de mujeres, niñas y niños por redes de trata y explotación sexual.

•          Reforzar la formación especializada de las y los profesionales de los servicios públicos locales para mejorar la identificación de indicios de explotación sexual y trata y garantizar una adecuada atención y derivación de las posibles víctimas.

•          Favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre municipios, con la recopilación y el intercambio de información que permita conocer mejor la dimensión y evolución de la explotación sexual en el ámbito local y orientar las políticas de prevención y atención.

•          Impulsar redes de cooperación entre entidades locales que permitan compartir recursos, conocimiento y herramientas de intervención frente a la trata y la explotación sexual.

•          Reforzar la colaboración y favorecer mecanismos estables de coordinación entre las entidades locales, las administraciones competentes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las entidades sociales especializadas en la prevención de la trata y la atención a las víctimas.

•          Impulsar actuaciones de sensibilización y prevención dirigidas a desincentivar la demanda que alimenta la explotación sexual.

•          Promover políticas públicas que favorezcan la recuperación integral, la inclusión social y la autonomía de las personas supervivientes.

La implicación de las entidades locales debe ir acompañada del reconocimiento efectivo de su papel institucional y de la dotación de recursos suficientes, de conformidad con los principios de autonomía local, suficiencia financiera, lealtad institucional y cooperación entre Administraciones Públicas. Ninguna política de prevención puede ser eficaz si no cuenta con recursos suficientes.

La FEMP hace un llamamiento al conjunto de las instituciones y de la sociedad para mantener una respuesta firme, coordinada y sostenida frente a la trata de seres humanos y la explotación sexual, y reafirma su de seguir impulsando, junto a las entidades locales, actuaciones que contribuyan a la prevención de este delito, a la protección y recuperación de las víctimas y a la defensa de su dignidad, libertad, igualdad y derechos humanos.

Porque frente a la explotación sexual no basta con mirar las consecuencias: debemos actuar sobre sus causas, combatir la demanda que sostiene el mercado de la explotación, perseguir a quienes se lucran con ella, proteger a las víctimas y construir una sociedad en la que ninguna mujer ni ninguna niña pueda Ser convertida en mercancía.

La lucha contra la trata y la explotación sexual es una responsabilidad de todas las Administraciones y un compromiso irrenunciable con la igualdad.“

El Debate sobre el Estado de la Ciudad de Logroño se celebrará los días 19 y 20 de octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

En la jornada del 19 de octubre, será el alcalde, Conrado Escobar, quien tome la palabra con una intervención sin límite de tiempo.

Al día siguiente, 20 de octubre, será el turno para la intervención de los grupos municipales, a quienes el alcalde podrá, posteriormente, dar la réplica por separado o de forma agrupada.

Francisco García Rodríguez, Curro, ha renunciado a ser alcalde del municipio de Villanueva del Ariscal (6.800 habitantes) poco más de tres años después de llegar de manera inesperada al cargo. El regidor socialista, que ya ha formalizado su adiós, lo ha hecho público con un vídeo en sus redes sociales en el que esgrime motivos personales mezclados con cuestiones políticas, pero con una afirmación rotunda: “He preferido dejar de ser alcalde antes que convertirme en una mala persona”.

“Quiero denunciar determinadas prácticas partidistas que en ocasiones superan los límites críticos”, ha lamentado. Y aunque considera que la crítica política “es necesaria”, defiende que “la descalificación y la manipulación son dañinas: no todo vale”. “Nuestra sociedad, nuestro pueblo, debe recuperar el respeto, la honestidad y la humanidad, y ninguna estrategia política puede ponerse al ataque directo a las personas”.

García señala que la decisión que ha adoptado le ha resultado “muy difícil” pero que ha estado “muy meditada” con los que describe como “los incondicionales de mi vida, mi mujer y mis hijos”. “La he tomado porque considero que lo primero debe ser el cuidado de mi salud personal”, enlazándolo con que, cuando las cosas no salen como uno espera, “sufro mucho por la exigencia que me impongo a mí mismo y por querer alcanzar la perfección en todo”.

“No quiero dejar de ser Curro”

Tras recordar que no nació en el municipio, pero que “el Ariscal corre ya por mis venas”, subraya que durante sus tres años de mandato ha conocido a personas “buenas y leales”, pero también “a otras que me hubiera gustado nunca haberlas conocido”. “Nunca he dejado de ser Curro y no quiero dejar de serlo, por eso seguiré transitando por la vida con el ánimo de ofrecer mi mano al que lo necesite”.

El hasta ahora regidor anuncia que regresa a su puesto de trabajo, a su “querida labor como enfermero” en el hospital de San Juan de Dios de Bormujos. “Vuelvo a mi apasionante día a día, intentando ayudar siempre a las personas desde la sanidad pública, vuelvo en definitiva a mi vocación como sanitario”.

Francisco García se impuso en las elecciones municipales de 2023 contra pronóstico, desbancando al por entonces alcalde del PP, Martín Torres, que gobernaba desde 2015. Aquello ocurrió en plena tendencia al alza de los populares en toda Andalucía, empujados por la ola de la mayoría absoluta que Juan Manuel Moreno había obtenido en las autonómicas de un año antes. García consiguió la mayoría absoluta por sólo 48 votos de diferencia.

“No se pueden dar pasos atrás”

Pese a marcharse visiblemente quemado por la política, lo hace también con la “satisfacción de haber puesto un grano de arena en la construcción de un pueblo mejor” tras cambiar el rumbo de un ayuntamiento que “iba a la deriva”. “Nos encontramos con una plantilla sin estabilizar, con una enorme deuda con la empresa de ayuda a domicilio”, un consistorio en definitiva “con mucho trabajo pendiente, con proyectos descabellados y con un funcionamiento atrasado”.

Por ello, apunta que el municipio “debe seguir avanzando” y seguir apostando por “el progreso y la convivencia, el interés general y poniendo a las personas en el centro de las decisiones”. “Me gustaría decirle a mi pueblo que ahora no se pueden dar pasos atrás, y que cuando llegue el momento sería un tremendo error volver al oscuro pasado que Villanueva ya decidió olvidar”.

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, ha diseñado toda una catarata de rebajas fiscales para 2027, que no hay que perder de vista que es año electoral. Así, se prevé una nueva reducción general del 1% del IBI, descuentos en el impuesto de plusvalías o bonificaciones para las empresas que creen empleo, pero para que todo esto cristalice es básico el entendimiento con Vox, que en estos momentos no está por la labor de llevarse bien con los populares a cuenta de la mezquita del Polígono Sur.

Por lo pronto, el equipo del alcalde José Luis Sanz ha hecho sus deberes, lo que –en palabras del delegado de Hacienda, Juan Bueno– se traduce en elaborar unas ordenanzas fiscales “sin meter la mano en el bolsillo a nuestra gente”. Sevilla ahorra, Sevilla crece es el lema que arropa su propuesta, en la que va por delante una rebaja del 1% del IBI que dejará 1,7 millones de euros “en los bolsillos de los sevillanos”, ampliándose también hasta los 13 años (ahora el límite está en nueve) la reducción al 50% de este mismo impuesto para las familias con una vivienda de protección oficial (VPO).

Al margen de otras rebajas y bonificaciones, el documento inicia su proceso reglamentario, que al margen del preceptivo paso por el Consejo Económico y Social (CESS) conlleva entenderse con algún partido de la oposición (PSOE, Vox o Podemos-IU) porque los 14 concejales del PP se quedan a dos de la necesaria mayoría absoluta. Y ahí es donde se va a encontrar con el verdadero problema, porque su aliado natural –Vox leva dos años aprobándole los presupuestos y las ordenanzas fiscales– no está ahora por la labor.

Sin “asfixiar” al ciudadano

Aquí Juan Bueno, que es el que ha presentado este martes el proyecto fiscal del PP, ha tirado de manual: “mano tendida” y, en última instancia, el que no apruebe su propuesta es que va en contra de la ciudadanía. “Estamos bajando impuestos a los sevillanos, si alguien no quiere que lo diga”, y aquí ha aprovechado para abrir el foco al recordar que la única opción no tiene que llegar de la ultraderecha, de hecho las primeras ordenanzas de Sanz se aprobaron en 2023 gracias al PSOE. “El que no apoye esto, lo tendrá que explicar”, ha incidido.

Bueno ha cantado las bondades de su documento, al que ahora la oposición le pondrá la lupa para incidir en que no es oro todo lo que reluce. El responsable de Hacienda ha cifrado en 12 millones el ahorro fiscal de los últimos tres años y ha subrayado que ha crecido la recaudación, “Sevilla baja impuestos y avanza más”. “Un ayuntamiento no necesita asfixiar económicamente a sus vecinos para avanzar”, ha resumido.

Pero la cuestión es que a priori el PP lo va a tener complicado para sacar adelante su proyecto, en un terreno de juego muy condicionado por las elecciones municipales del próximo 23 de mayo. La izquierda no le va a abrir esta puerta a José Luis Sanz, mientras que Vox ha empezado a marcar distancias este verano con la vista puesta en las urnas, un escenario en el que le ha venido muy bien la polémica de la mezquita. Juan Bueno ha destacado este martes que no hay excusas, porque “el acuerdo presupuestario con Vox se ha cumplido al dedillo”.

Apuesta por la aerotermia y el deporte

Por lo que respecta a las ordenanzas fiscales, y al margen de la reducción general del 1% del IBI, se incluyen cuestiones novedosas, como la reducción de este impuesto y del de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a todos los hogares que instalen equipos de aerotermia o a comunidades o negocios que apuesten por instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos. También se aplicarán “precios hiperreducidos” en el Instituto Municipal de Deportes (IMD) a todo el que su médico le prescriba ejercicio físico.

La rebaja fiscal busca “blindar a las familias de rentas medias”, según Juan Bueno, e incluyen también ayudas para comercios de barrio y autónomos. También obtendrán reducciones en varios impuestos (IBI, ICIO e IAE) las empresas de nueva creación en función del número de trabajadores, o las ya existentes que amplíen su plantilla.

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha considerado esta mañana que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, será “incapaz de poner Logroño en marcha en lo que queda de mandato después de tres años de gestión fallida”.

Para Antoñanzas, “Escobar afronta el último año de legislatura con su programa electoral incumplido, tras tres años marcados por el escándalo, la improvisación y el autobombo, que han dejado una ciudad más paralizada, más aislada y con menos oportunidades”. “Su mandato se ha convertido en una enmienda a la totalidad de sus propios compromisos electorales”, ha subrayado.

Según ha precisado, “Escobar ha sido incapaz de sacar adelante el Plan General, ha renunciado en su plan de vivienda a desarrollar 4.200 viviendas protegidas en el sector Sur y el soterramiento y ha desaprovechado oportunidades para impulsar la actividad económica de Logroño”.

Al igual, ha lamentado que tras tres años “no ha mejorado las conexiones entre los barrios y el área metropolitana, tampoco ha modernizado las infraestructuras ni ha apostado por hacer ciudad con el soterramiento, la calle San Antón o el Casco Antiguo”.

Pérdida de fondos europeos

Ha criticado como “uno de los mayores desatinos de la legislatura” la eliminación del carril bici de avenida de Portugal y la pérdida de 8 millones de euros de fondos europeos para modernizar el sector comercial y mejorar las conexiones de la ciudad. También ha recordado que garantizó que bajaría un 10 por ciento los impuestos,“ pero ha cerrado el año con récord de recaudación”. “Los logroñeses pagan más por unos servicios públicos cada vez más caros, con nuevas tasas y subidas de tarifas, también en el deporte de base, mientras la ciudad está más sucia y peor mantenida”.

Urbanismo, vivienda e infraestructuras

Igualmente ha resaltado coo “uno de los mayores fracasos” de este mandato el urbanismo. “El alcalde fue incapaz de licitar a tiempo un nuevo contrato del Plan General y ahora pretende gestionar el desarrollo de Logroño a golpe de modificaciones urbanísticas sin consenso, aprovechando su mayoría absoluta”, ha señalado.

Como ejemplo ha puesto el sector Ramblasque, obviando el desarrollo del sector Sur y el soterramiento, o las “sombras y sospechas” en torno a la adjudicación de 104 VPO. “Conrado Escobar tiene que explicar por qué está apostando por un modelo que prioriza los intereses de unos pocos frente al de los jóvenes y familias logroñesas”, ha censurado.

En materia de infraestructuras, Antoñanzas también ha lamentado que “el alcalde ha incumplido compromisos tan importantes como los asumidos con avenida de la Sierra, la pasarela de Los Lirios o avenida de Burgos”. Asimismo, el portavoz regionalista se ha referido al soterramiento del ferrocarril, una actuación que “lleva tres años paralizada, con la fase I todavía sin terminar y sin garantías de que las fases II y III puedan desarrollarse”.

“Padecemos la desidia de un alcalde sin ambición para construir un Logroño mejor, cuyo legado serán las promesas incumplidas, el aumento de la carga fiscal y las constantes irregularidades en gran parte de los procesos de contratación”, ha dicho.

“Desde el Partido Riojano estamos haciendo una oposición útil, de control y fiscalización al Gobierno, pero también en positivo, con propuestas concretas para mejorar la ciudad”, ha afirmado Antoñanzas.

Al respecto ha incidido en que en “consiguiendo” con sus propuestas cambiar algunas de las políticas sociales y de movilidad, como la apertura de patios escolares en el CEIP Madre de Dios, la creación de una zona de parada temporal ‘beso y adiós’ en el CEIP Obispo Blanco Nájera, la construcción de una acera en el campo de Varea o la peatonalización de Belchite.

El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar la razón al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid (PP-Vox) y estima su recurso para que se debata en el Pleno la creación del puesto de 'alcalde B', como se conoce al director de Coordinación de Políticas Públicas. Este puesto, que ocupa Indalecio Escudero, ex jefe de gabinete del alcalde Jesús Julio Carnero cuando presidía la Diputación y exdirector general cuando era consejero en la Junta, ya fue anulado por el TSJ. El Ayuntamiento legalizó el cargo con una “modificación puntual” del Reglamento Orgánico del año 1996, y se negó a debatir en el Pleno la labor que llevaba a cabo Escudero.

Ahora, El Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo Plaza Nº 4 estimando el recurso del PSOE, anula las decisiones adoptadas por el alcalde, y reconoce expresamente el derecho a que ambas iniciativas políticas sean debatidas por el Pleno. Además, condena al alcalde a incluir las dos mociones en el orden del día de la próxima sesión plenaria y también se condena al Ayuntamiento al pago de las costas.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, que ha hablado de esta nueva condena en una rueda de prensa, recuerda que el Tribunal Supremo -tras la sentencia del TSJCYL- ratificó la ilegalidad del puesto creado por Carnero en 2023, el “alcalde B”, que, además de ser ilegal, implica un gasto para las arcas municipales de 627.048 euros a lo largo del mandato (156.762 euros anuales).

La sentencia deja claro que un alcalde no puede utilizar su cargo para decidir qué críticas políticas pueden debatirse en el Ayuntamiento. Herrero ha añadido que el recurso que interpuso no era para “proteger una ocurrencia retórica”, sino el derecho de todos los concejales a fiscalizar al Gobierno: “Y defender los derechos de la oposición equivale a defender el derecho de los vecinos a que los asuntos públicos se debatan abiertamente, sin censura”.

Para Pedro Herrero, Carnero ha conseguido lo contrario de lo que perseguía censurando el debate y ha provocado un “efecto búmeran”. “El actual alcalde intentó borrar del Pleno al ‘alcalde B’ y, paradójicamente, lo que ha conseguido es que una sentencia judicial le obligue a escuchar el debate que quiso censurar en dos ocasiones».

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha calificado la actitud del alcalde de “dictatorial” ya que “En democracia un alcalde no puede decidir qué palabras puede utilizar la oposición, ni impedir un debate simplemente porque no le guste la crítica que contiene. Es una actitud autoritaria propia de otros tiempos pasados”.

En concreto, la resolución del TSJ establece que “La sola mención al ”Alcalde B“ no puede servir para denegar la deliberación de una moción presentada por el grupo político que está en la oposición. Podrá ser considerada como más o menos acertada, pero lo cierto es que en las dos mociones se expresa que se trata del puesto de Director/a de Coordinación de Políticas Públicas, plenamente identificado. No es una expresión objetivamente denigrante o peyorativa».

Según Herrero, ese párrafo desmonta de raíz la justificación empleada durante meses por Carnero. «El alcalde pretendió convertir una discrepancia política sobre una denominación en una causa para impedir un debate en el Pleno. La Justicia acaba de decir que esa expresión ni era denigrante ni podía utilizarse como excusa para silenciar una iniciativa de la oposición».

La sentencia incide en algo de especial gravedad en política, la vulneración del derecho a la participación política: «El derecho a la libertad de expresión alcanza una cota aún mayor cuando se realiza en el cargo de funciones de representación pública. Carece de sentido que para que la moción pueda examinarse se tenga que formular en los términos que quiera el presidente de la corporación (...) puesto que supone una quiebra del derecho a la participación política y al control que la oposición realiza sobre los órganos de gobierno de las entidades locales», señala.

Es más, añade el tribunal que «la discrecionalidad política debe venir siempre limitada por un derecho fundamental de participación pública y política de la oposición. Desde luego la motivación dada para denegar la deliberación de las mociones (...) es una restricción indebida del derecho del artículo 23.2 de la Constitución Española». La sentencia no es firme y el Ayuntamiento tiene la posibilidad de recurrirla.

La creación del puesto conocido como 'alcalde b' por considerar la oposición que Carnero lo creó para liberarse del trabajo en el Ayuntamiento y compatibilizar así su actividad como senador acarrea ya tres resoluciones judiciales que dan la razón al PSOE. Sobre el asunto se han pronunciado ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Tribunal Supremo y ahora el Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo. Se suman a otras sentencias condenatorias sobre asuntos de trascendencia para la ciudad aprobados por el equipo de gobierno PP-Vox, como la anulación de la Ordenanza de Bajas de Emisiones y la anulación de la Ordenanza de Movilidad.

El 20 de julio de 2022, un pleno de Cibeles aprobó por unanimidad reforzar los protocolos en caso de altas temperaturas. Todo se había acelerado con la muerte de José Antonio González, un barrendero de 60 años que trabajaba para una subcontrata municipal. Cuando se desplomó en el suelo, su cuerpo estaba a más de 41 grados. El debate –impulsado por dos mociones, una de Ciudadanos y otra del Grupo Mixto– se centró en si la empresa adjudicataria cumplía o no las condiciones de prevención de riesgos, y se planteó suspender las actividades al aire libre que exijan sobreesfuerzos en horas de calor, extendiéndolo ya no solo a la limpieza viaria: desde entonces, se prohibió el trabajo a ciertas horas de la tarde. En estos años, las multas recaudadas por la Inspección de Trabajo han quintuplicado cifras, y no es casualidad.

De lleno en un nuevo verano, fuentes del organismo público (encargado de velar por el cumplimiento de la normativa laboral) detallan que el año pasado, en total, dispusieron infracciones por valor de 300.714 euros a empresas que habían infringido alguna regla o advertencia previa en cuanto al protocolo de calor. Cuando empezaron a contear estos incumplimientos, precisamente el mismo año en el que murió José Antonio González, se depositaron 56.863 euros al cierre de 2022, apenas una quinta parte de lo que se registró en el último período.

En 2023, justo antes de la temporada estival, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida aprobó un plan de actuación oficial para dejar por escrito algunas evidencias científicas que ya habían llegado a la conversación pública. Finalmente, el 31 de mayo de 2023 el alcalde dio luz verde a un nuevo protocolo de actuación por altas temperaturas, que nació bajo la promesa de evitar y reducir daños humanos en olas de calor. Ese año, la Inspección de Trabajo desarrolló 4.039 actuaciones por exposición a condiciones adversas en todos los sectores de actividad, un recuento que no solo incluye el trabajo al aire libre al no estar categorizado como tal. En el primer recuento se habían ejecutado solo 356 inspecciones, aunque esta vez no todas se correspondían con revisiones al uso: algunas era simplemente visitas informativas o de carácter técnico, que no siempre implicaban un examen a la compañía.

Para 2023 ya se notó un cierto auge en las cantidades recopiladas por multas relativas al calor en el trabajo: en total, las inspectoras recogieron 97.520 euros. Aunque el gran salto llegó al año siguiente, cuando con apenas 1.500 sanciones más (5.511) las empresas pagaron 151.377 euros en sanciones al Ministerio de Trabajo, según cifras a las que ha tenido acceso Somos Madrid. A lo largo de estos años, también se ha incrementado el número de requerimientos que el organismo público ha emitido a las empresas. Estos procedimientos vienen a seguir la evolución de un incumplimiento antes constatado por la institución, después de ofrecer un plazo para subsanar las deficiencias localizadas y evitar una sanción: de 302 que hubo en 2022, el verano pasado se dobló esa cifra con 642 requerimientos.

Cómo se vive este cambio en las calles acaloradas de Madrid

Aún queda mañana por delante y el sol ya pega fuerte. Juan ha decidido resguardarse bajo la sombra de un árbol, justo al lado de una tienda de souvenirs que ha puesto pulverizadores de agua en la entrada. Aun así, resulta fácil de ver: sobre su atuendo lleva un chaleco amarillo reflectante con letras negras, en las que puede leerse un anuncio de “compro oro”. Además, está en una de las calles que desemboca en la Puerta del Sol, y aunque sea un miércoles a las once pasa mucha gente alrededor. Desde que entró a trabajar haciendo publicidad para una joyería, el agua se ha convertido en su mejor aliado del verano. “Si sabes lo que hay, te refrescas como puedes: yo siempre pongo una botella grande a cogelar por la noche, y así me mantengo”, detalla, casi cuatro años después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara ampliar las medidas de protección para trabajadores en riesgo de sufrir un golpe de calor.

Él mismo dice considerarse un privilegiado. Nació en República Dominicana y lleva 12 años en España: primero en la zona de Peñíscola (Castellón), luego en Madrid. Ahora, por una jornada de ocho de la mañana a tres de la tarde cobra 1.500 euros en nómina. “Nosotros vamos cuidando dónde nos ponemos, y siempre nos resguardamos en algún sitio con sombra. Pero está bien volver a hablar de esto, porque una mañana de junio aquí a las doce [del mediodía] no se puede estar”, sentencia este empleado, que luego prosigue su jornada. El protocolo municipal contra el calor pide adelantar ciertos trabajos al sol a las primeras horas de la mañana, aunque después de Juan entra otro turno que continúa en calle hasta la noche.

A pocos metros de allí, un operario arrastra una carretilla y transporta cajas a un bar. Prefiere omitir su nombre y en un principio se muestra reacio a hablar, ya que “el jefe está dentro” y teme que oiga algo inapropiado. En pocos segundos, cuenta que trabaja de 10.00 a 14.00 horas durante el primer turno, y luego de 17.00 a 21.00 en el segundo. “Por lo menos me quito de en medio las horas de calor”, resuelve al despedirse. Sobre esa hora, un albañil que limpiaba y retiraba escombros en una obra cercana confirmó que él también había entrado en horario de mañana: empieza a las 7.00 y sale a las 15.00 horas. Explica que tienen aire en el edificio y sus compañeros “están bien”. Luego vuelve al interior.

Meses antes de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara ampliar medidas en un pleno de Cibeles, el Ministerio de Trabajo también movió hilos para salvaguardar las horas de calor. En mayo de 2023, el Gobierno central aprobó el Real Decreto 4/2023, que planteaba fórmulas para proteger a las personas que desempeñan tareas al aire libre en temporadas de calor. Una de las claves de esta estrategia fue la prohibición de desarrollar determinadas actividades a ciertas horas de la tarde, siempre que haya activa una alterta naranja o roja de la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. La norma hablaba expresamente de los efectos del cambio climático en el entorno laboral, que considera abocado a adecuarse a estos episodios frecuentes de temperaturas extremas.

De hecho, con la muerte de José Antonio González –el barrendero fallecido en un pico de calor– se produjeron encontronazos entre estas dos instituciones, una municipal y la otra, estatal. En un primer momento, Almeida cargó la responsabilidad sobre la Inspección de Trabajo, pero la vicepresidenta Díaz advirtió que este organismo sí se había puesto en contacto a principios de julio (de 2022) con la empresa Urbaser, una de las contratas del Ayuntamiento para los servicios de limpieza y a la que pertenecía el trabajador, que perdió la vida en una jornada a altas temperaturas. “Yo ese año ni siquiera había tenido nunca un trabajo, pero ahora pienso que se está bien. Tenemos la oficina cerca y allí nos ponen agua; trabajo de 10.00 a 14.00 horas con descanso de 40 minutos. Creo que así, el calor se soporta”.

Quien habla es Sandra, una joven de 20 años que este verano se prueba como captadora a pie de calle en una ONG. Busca posibles socios durante el último tramo de su jornada: apenas le queda una hora para irse a casa. Se ha buscado este empleo para ayudar a pagarse los estudios, y aunque considera que las suyas son buenas condiciones sabe de otros no tan afortunados. “Mi hermana, que es arquitecta, acaba de montar con otros compañeros el primer sindicato de su empresa porque no toman medidas suficientes de seguridad y, con el calor, no pueden estar a pie de obra”, señala, para poco después ponerse a recoger y tomar el camino a casa.

Sin embargo, y pese a admitir la mejoría o celebrar muchos de estos cambios, algunos creen que en Madrid sigue habiendo “más recomendaciones o avisos, que sanciones como tal”. Así lo resume el responsable de Construcciones en Madrid de Comisiones Obreras (CCOO Hábitat), cuyo sindicato ha organizado brigadas propias en verano para vigilar si las empresas cumplen o no las restricciones y advertencias en materia de salud laboral. “El primer año [no recuerda exactamente si fue 2022 o 2021] terminamos presentando 160 denuncias formalmente por infracciones, pero es cierto que cada vez hay menos y cuando notificamos algo, normalmente se cierra”, expone el responsable sindical.

Fuentes municipales, consultadas por esta cuestión, se limitan a remarcar el avance que supone la aprobación de un protocolo municipal contra el calor en las últimas legislaturas, aunque no revelan cifras de sanciones o denuncias internas registradas en este periodo. “Sí, hubo avances, pero aun nos queda conseguir que la prevención sea algo real y no se base solo en un tema burocrático, ni en mecanismos de control. Las sanciones por incumplimientos tienen que ser reales; porque hay más, sí, pero también sabemos que faltan inspectores en plantilla y eso dificulta que sea algo representativo”, zanjan desde CCOO, a la espera de que este verano no repita dramas del pasado.

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha mostrado esta mañana su “decepción” con la gestión del alcalde, Conrado Escobar, al considerar que estos años de mandato han sido “tres años perdidos” para la ciudad y que el Gobierno municipal del PP “llega al último año de legislatura con más promesas incumplidas que proyectos realizados”.

Durante su comparecencia, Antoñanzas ha acusado al equipo de Gobierno de haber sustituido la gestión por “marketing y propaganda”, mientras Logroño “permanece paralizada, sin rumbo y sin proyecto de ciudad”. “El balance de estos tres años es desalentador: mucho anuncio, mucha foto y muy pocos resultados”, ha afirmado.

El edil riojanista ha repasado los principales incumplimientos del programa electoral del PP, aunque ha reconocido que “no podemos hablar de una legislatura en blanco porque sus decisiones sí han tenido consecuencias negativas para la ciudadanía”.

GESTIÓN ECONÓMICA

En este sentido, ha recordado que “Conrado Escobar llegó prometiendo una bajada del 10% de los impuestos y, tres años después, los logroñeses se han encontrado con el ‘basurazo’ y con una recaudación récord en el Ayuntamiento”. “El único plan que ha sido capaz de ejecutar el señor Escobar ha sido el de recortar los servicios públicos, el mantenimiento de la ciudad y las ayudas económicas a nuevas iniciativas empresariales. Pagamos más y recibimos menos”, ha censurado Antoñanzas.

También ha cuestionado decisiones como la devolución de 8 millones de fondos europeos, la “inseguridad jurídica” que ha generado el pago a Bosonit de 1,27 millones de euros por la venta de la parcela y el abandono de inversiones fundamentales en los barrios de la ciudad. Entre los principales proyectos bloqueados, Antoñanzas ha citado el soterramiento del ferrocarril, la pasarela de Los Lirios, la finalización de la reforma de La Glorieta o la urbanización de calles como Lobete y San Antón.

En relación con el soterramiento, el portavoz regionalista ha denunciado “el silencio cómplice” entre PP y PSOE respecto a este proyecto de ciudad. “La fase I está sin terminar, las fases II y III ni siquiera están garantizadas y tres años después seguimos sin avances reales para cerrar la herida que provoca el tren en Logroño”, ha afirmado.

Antoñanzas también ha lamentado la falta de planificación para transformar el futuro de la capital riojana. “La estrategia Logroño 2050 se ha quedado en un simple eslogan vacío porque tres años después seguimos sin nuevo Plan General, sin planificación urbanística y sin estrategia en materia de infraestructuras”, ha señalado.

VIVIENDA

En cuanto a vivienda, Antoñanzas ha calificado la política municipal de “insuficiente y poco ambiciosa” y ha censurado que el alcalde haya priorizado la regularización de Ramblasque, con el informe desfavorable de la COTUR, frente desbloquear más de 1.200 pisos previstos en los terrenos del soterramiento del tren.

Igualmente, el edil riojanista ha recriminado “la gestión opaca en torno a las viviendas protegidas promovidas en suelo municipal”, ya que “la adjudicación de estas VPO ha estado marcada por la falta de transparencia, concurrencia y publicidad”. “La única manera de eliminar toda sospecha es que el alcalde haga pública la lista de adjudicatarios”, ha insistido.

Asimismo, ha criticado que las parcelas de vivienda protegida se enajenaran apenas unos meses antes del incremento del 20% del módulo de VPO, lo que, a su juicio, ha supuesto “pérdidas para el Ayuntamiento por valor de 700.000 euros y el encarecimiento de las viviendas para la ciudadanía”. Por último, Antoñanzas ha reprochado al alcalde su “falta absoluta de diálogo con la mayoría de grupos municipales y su incapacidad para liderar acuerdos en los grandes asuntos de ciudad”. 

Tres años después de la investidura de Carlos Velázquez como alcalde, la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo (EMSV) licita el contrato para redactar el proyecto de 13 viviendas en la avenida de Santa Bárbara.

Serán para venta y de precio tasado, las más caras entre las de protección pública, y siendo optimistas con los plazos, se entregarán en verano de 2028. Supongo que para enfatizar este logro los portavoces del equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Toledo vienen reiterando que la EMSV no ha hecho prácticamente nada en los 16 años anteriores a 2023 y subrayan que ahora se han “saneado” sus cuentas.

La mejor forma de desmentir la falsedad es con datos, contrastables con un simple paseo por la ciudad o disponibles en la hemeroteca, ya que por desgracia se ha eliminado recientemente de la web de la EMSV el histórico de las promociones realizadas.

En 2009, en plena crisis económica, la EMSV inició la promoción directa de dos edificios de viviendas para alquiler asequible entregadas en 2011 en la calle Arenal nº 22 de Azucaica (30 viviendas) y en la calle Navidad nº 8 de Santa Bárbara (20 viviendas).

En 2010 se inició un edificio de cinco viviendas en el Corral de Don Diego que quedaría inconcluso por razones económicas y técnicas hasta 2025, que lo finalizó el Consorcio de Toledo y se entregó a sus arrendadores en 2026.

En 2014 se concluyó la rehabilitación de 18 viviendas para alquiler joven en la calle Esteban Illán nº 6 y nº 8 del Casco Histórico que ha gestionado después la Diputación.

Posteriormente, ante las dificultades para la promoción directa por las limitaciones en la financiación local impuestas por el Ministerio de Hacienda del gobierno del PP, la EMSV puso su suelo a disposición de promotores privados para construir 310 viviendas con protección pública para venta en el Polígono, en tres parcelas propiedad de la EMSV que se enajenaron en 2013 (R4 en Calle Río Cabriel nº 2, para 84 VPO de régimen general), 2016 (P63 en Calle Río Fresnedoso nº 13, para 120 VPO de régimen general) y 2017 (P26 en Calle Río Bullaque nº 3, para 71 VPO de régimen general además de 35 apartamentos cohousing para mayores con entrada por el Ferial).

Gracias a la operación en la calle río Fresnedoso se obtuvieron 12 viviendas de alquiler con opción a compra que fueron entregadas en octubre de 2019 (hace siete años), de las que se han vendido 7 y otras 5 continúan en alquiler.

En definitiva, la EMSV entre 2007 y 2023 promovió directa o indirectamente casi 400 viviendas con protección pública orientadas al alquiler asequible en el caso de las que promovió directamente y a la venta cuando enajenó sus suelos, pero condicionando que fuesen para vivienda protegida de régimen general, más asequible.

También la EMSV se encargó en ese periodo de los trámites expropiatorios resultado del convenio entre Ayuntamiento y RENFE que han permitido disponer de dos parcelas residenciales en el Paseo de la Rosa, una adjudicada a ADIF con capacidad para 60 viviendas ubicada junto a la estación y otra anexa adjudicada al Ayuntamiento que fue enajenada en 2021 y donde se construyen actualmente 68 viviendas de precio libre.

Respecto de las cuentas, además de decir que hubo ejercicios con resultado positivo en 2007, 2012 o 2020, cabe recordar que el propio interventor municipal en su Informe de fiscalización de marzo de 2026, y reconfirmado en mayo, matizó los resultados positivos del ejercicio 2025 por su carácter “extraordinario”, es decir no recurrente.

Dice textualmente en su página 7: “…el resultado neto positivo se sustenta íntegramente en la reversión extraordinaria de 133.345 euros del deterioro contabilizado sobre la participación en Toletum Visigodo, S.L., sociedad que fue liquidada en el curso del ejercicio 2025. Este ingreso es de naturaleza no recurrente, de manera que no volverá a producirse en ejercicios futuros (la causa que lo originó —la liquidación de TV, SL— ya ha concluido)”.

Respecto de las cuentas, además de decir que hubo ejercicios con resultado positivo en 2007, 2012 o 2020, cabe recordar que el propio interventor municipal en su Informe de fiscalización de marzo de 2026, y reconfirmado en mayo, matizó los resultados positivos del ejercicio 2025 por su carácter “extraordinario”, es decir no recurrente

Sin ese ingreso puramente contable, porque no hubo operación comercial, se hubiese incurrido en pérdidas pese al continuo aporte del presupuesto del Ayuntamiento en forma de “encargos” (casi 900.000 euros en 2025), lo que confirma la “existencia de un déficit operativo estructural que requiere medidas de corrección”, según afirma el Interventor.

En definitiva, solo cabe celebrar que en un par de años se entreguen 13 nuevas viviendas que van a proporcionar importantes ingresos a la EMSV a la vista de su precio, pero no hace falta mentir sobre la gestión pasada para poner en valor la actual. O quizá sí, cuando hay poco de lo que presumir.

Una decena de alumnos del 'Programa Experiencial I' del Ayuntamiento de Santander, en colaboración con el Servicio de Talleres Municipales, realizarán la restauración del tramo de barandillas ornamentales de protección que coronan la Primera Playa de El Sardinero.

En concreto, se trata de los participantes -desempleados de larga duración- en la especialidad 'Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción' que, tras cinco meses de formación teórico-práctica, comienzan a realizar obras y servicios en distintos espacios e instalaciones de ámbito municipal.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el objetivo con esta primera intervención es devolver el esplendor de las barandillas de la Primera, un elemento “clave” de la identidad santanderina: las de forja diseñadas originalmente por el arquitecto municipal Ramiro Sainz Martínez enmarcadas dentro de las reformas urbanísticas iniciadas hacia 1914.

Son tramos de barandilla de forja esmaltada en el color azul predominante en la ciudad, constituida por tubos horizontales y diseño ornamental en los paños centrales. Debido a la cercanía al mar este tipo de material tiende a deteriorarse, perdiendo en algunos casos volumen por el grado de corrosión.

Dado el valor patrimonial y de identidad que suponen estas barandillas, “la intervención se encuadra en el desarrollo de una restauración minuciosa y respetuosa con el objeto, tal como se aprende en un oficio manual, objetivo principal de estos programas de formación en alternancia con el empleo desde su origen”, sostienen desde el Consistorio.

Por ello, la intervención implica lijado y raspado de los elementos de forja, reposición de volúmenes con materiales afines o soldadura, lijado para afinado, imprimación para protección y preparación del soporte y pintado con esmalte del color azul típico de la capital cántabra.

Dos itinerarios

El programa se puso en marcha en diciembre de 2025, dentro de las iniciativas experienciales de carácter general y dirigidas a desempleados de larga duración prioritariamente mayores de 52 años. El proyecto está subvencionado por el Gobierno de Cantabria a través del Servicio Cántabro de Empleo con fondos de ámbito estatal, con una subvención 546.000 euro, mientras que la aportación municipal es de unos 75.000 euros.

La acción formativa está destinada a 20 personas desempleadas de Santander divididos en dos especialidades: 'Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción' y 'Operaciones auxiliares de montaje y reparación de sistemas microinformáticos', que están contratadas por el Ayuntamiento bajo la modalidad de formación en alternancia durante un año.

La disputa dentro de Junts para la carrera a la alcaldía de Barcelona empieza a tomar forma. La diputada en el Congreso Pilar Calvo, que es a su vez presidenta del Consejo Nacional de la formación, ha anunciado este miércoles que tiene intención de presentarse a las primaras.

A un año de las elecciones de 2027, Junts es de momento el único de los principales partidos en liza que no cuenta con un cabeza de cartel. La dirección ha sondeado durante meses algunas de las figuras vinculadas a la formación con mayor tirón, como Artur Mas o el empresario Tatxo Benet, pero ninguna de estas operaciones fructificó. 

A falta de caras visibles, fue el portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis, el que desafió a la dirección y comunicó su intención de ser alcaldable. El concejal, señalado como heredero por Xavier Trias y con una larga experiencia en el ámbito municipal, nunca renunció a liderar el partido en los comicios de 2027. 

El movimiento de Martí Galbis buscaba además forzar unas primarias que por normativa en la federación de Junts en Barcelona no están garantizadas, pero que ahora todo el mundo ya da por hecho que se celebrarán. Tras su anuncio, Josep Rius, portavoz del partido y uno de los posibles candidatos de Puigdemont, se descartó para la carrera.

A la espera de qué hacen otros destacados nombres de Junts, como el exdiputado y abogado de Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas, ha sido Calvo la que ha dado un paso al frente. La actual diputada en el Congreso desde 2021, experiodista de TV3 y Catalunya Ràdio, es también coordinadora de la federación barcelonesa de Junts.

El concejal de Izquierda Unida de Santander, Keruin Martínez, ha anunciado este martes que su formación llevará al próximo Pleno municipal una moción para exigir al equipo de Gobierno (PP) que ponga en marcha el Observatorio Municipal de la Contratación para fiscalizar los grandes contratos externalizados del Ayuntamiento

La creación de este órgano fue aprobada en 2019 y ratificada en 2020 pero “sigue sin estar operativo casi siete años después”, ha denunciado en un comunicado el edil.

Martínez ha advertido de que Santander mantiene “un modelo de servicios públicos profundamente dependiente de la externalización”, con contratos que afectan a ámbitos esenciales como la limpieza viaria, la recogida de residuos, el abastecimiento de agua, los parques y jardines, la limpieza de colegios y dependencias municipales, el alumbrado o distintos servicios de mantenimiento.

El edil ha subrayado que “cuando un servicio público se entrega a una empresa privada, el Ayuntamiento no se quita responsabilidad: al contrario, tiene que controlar más, fiscalizar mejor y garantizar que se cumplen los pliegos, las inversiones, las condiciones laborales y la calidad del servicio que recibe la ciudadanía”.

Según ha expresado Martínez, las experiencias de los últimos años han “evidenciado que los mecanismos actuales de control son insuficientes”, y al respecto ha apuntado a “conflictos laborales en servicios externalizados, quejas de vecinos y usuarios por posibles incumplimientos de condiciones previstas en los pliegos, retrasos en nuevas licitaciones, contratos vencidos, prórrogas forzosas y servicios que han seguido prestándose, una vez finalizados los contratos, mediante fórmulas extraordinarias”.

El concejal ha puesto como ejemplos los “problemas históricos” en la gestión de servicios externalizados, señalando que “Santander no necesita otro caso como el de las basuras”, ni “otro expediente fallido en Parques y Jardines”.

Martínez se ha referido también al “incumplimiento del contrato de explotación del mercado de Puertochico”, formalizado en 2017 con un plazo no superior a un año, pero “diez años después, es evidente que este contrato no se ha cumplido, porque ni está totalmente rehabilitado, ni totalmente operativo”, lo que ha calificado como “absolutamente incomprensible”.

El edil ha enfatizado que “lo que estamos viendo no son incidencias aisladas, sino un problema estructural de planificación, seguimiento y control”. En su opinión, “Santander paga cada vez más por grandes contratos, pero la ciudadanía no siempre recibe servicios a la altura de ese esfuerzo económico”.

Más de 80 millones en externalizaciones

Martínez ha recordado que el análisis presupuestario del ejercicio 2026 cifra en más de 80 millones de euros el volumen destinado a contratos externalizados, un volumen que “no ha dejado de crecer en las últimas dos décadas”.

En este contexto, Martínez ha concluido que el Observatorio Municipal de la Contratación, cuya creación apoyaron todos los partidos políticos en 2020, “tiene que formar parte ordinaria de la gestión municipal” y ha reprochado al Partido Popular que “sigue sin buscar un modo de controlar con más eficiencia los contratos más importantes de la ciudad”.

El exedil de Medio Rural del Ayuntamiento de Santiago de Compostela entre 2019 y 2023, José Manuel Pichel, ha aceptado seis meses de prisión, tras llegar a un acuerdo el Ministerio Fiscal y las partes, por el alquiler de una nave para albergar servicios de la concejalía que él dirigía a una empresa de la que formaba parte del accionariado. Según se recoge en el escrito de conformidad, la entidad Desproi, en la que el imputado ejercía funciones de administración, era propietaria de un local en el polígono de Costa Vella, en la capital gallega.

Siendo concejal del gobierno local, inició en 2021 gestiones para buscar un lugar para ubicar las oficinas de su concejalía, puesto que hasta el momento se encontraban en la hoy desaparecida estación de autobuses. Así, los técnicos municipales realizaron diferentes informes y propusieron para este fin el espacio propiedad de Desproi en el polígono de Costa Vella. A continuación, en la sesión de la junta de gobierno local del 14 de septiembre de 2021, el acusado votó a favor de la propuesta de alquilar esas instalaciones a la empresa Desproi para acoger los servicios de parques y jardines y medio rural de manera temporal mientras se ejecutaban las obras de las nuevas instalaciones, situadas en el recito ferial de Amio. Cuándo dimitió de sus cargos en el gobierno municipal que lideraba el socialista Xosé Sánchez Bugallo, Pichel declaró haber cometido un “error considerable” al “no haber comunicado al alcalde ni al resto de la junta de gobierno” su participación en Desproi, aunque, según él, lo hizo “sin mala fe”.

En todo caso, tal y como sostiene el escrito, estos hechos constituyen un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios castigados en el artículo 439 del Código Penal. Por ello, se ha acordado imponer una pena de prisión de seis meses, una multa de 10 euros diarios durante 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cuatro años. El escrito de conformidad ya ha sido firmado y está pendiente de ratificación ante el juez.

Sin responsabilidad de la Junta de Gobierno

En el marco de esta causa, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela también tomó declaración al regidor de la ciudad durante el periodo de los hechos, Sánchez Bugallo, y a miembros de su junta de gobierno, pero acordó el pasado mes de septiembre el sobreseimiento respecto a ellos al no ver indicios de prevaricación ni de tráfico de influencias. “Las irregularidades detectadas en el expediente administrativo carecen de la gravedad suficiente como para considerarlas constitutivas de un delito de prevaricación”, apuntaba la magistrada, que subrayaba que “carece de cualquier justificación llamar a la causa en calidad de investigados” tanto a Bugallo como a su junta de gobierno.

A sus 92 años, Nieves Claramonte nunca ha sentido la necesidad de acudir a un psicólogo, ni siquiera cuando su hija se lo propuso ante la muerte de su marido. “Y eso que la vida no ha sido nada fácil”, dice esta vecina de Castellón. No es algo extraño a su edad. Ver a personas de avanzada edad en las salas de espera de los terapeutas continúa siendo algo inusual. Los expertos señalan que todavía persisten barreras y creencias socioculturales para que este segmento de la población considere la posibilidad de pedir ayuda profesional para sobrellevar de la mejor forma posible unos vaivenes vitales que también golpean duramente en la vejez.

Claramonte, sin embargo, sí participó en unos talleres que el Ayuntamiento de su ciudad realizó para combatir la soledad no deseada, algo habitual en los programas municipales. “Quizá me haga falta ir al psicólogo, pero creo que puedo con esto yo sola, de momento”, asegura pegada al teléfono fijo. Tampoco tendría problema en hacerlo, añade. “En esta etapa cambian muchas cosas. Los hijos hacen su vida, pierdes a personas muy cercanas, pero a mí la soledad no me ha golpeado fuerte aún”.

Piensa que una misma debe afrontar los golpes de la vida: “Tienes que ser fuerte, y los malos tragos quedan en el recuerdo”. Si a algo le tiene miedo, es a la guerra que ve continuamente por la televisión. “Está muy mal la cosa. Eso sí que me preocupa”, admite.

María del Mar Aguilar, secretaria del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha (COPCLM), señala que es habitual que los adultos mayores padezcan cambios en su salud. Esta experta que pasa consulta en Albacete y coordina programas de envejecimiento activo ubica en el “estigma generacional” la baja prevalencia de personas mayores en las consultas psicológicas. Se refiere a la nula socialización en torno a la salud mental que han experimentado estas personas, en la que el tabú prevalecía por encima de su verbalización. Prueba de ello ha sido la dificultad para encontrar testimonios en primera persona para este artículo.

Siguiendo con la forma de enfrentar el día a día de Claramonte, la terapeuta enfatiza que las personas mayores “pueden haber aprendido a ocultar su sufrimiento ante los demás para dar una imagen de dureza, como que ellos pueden con todo”. Aguilar también apunta que en las personas mayores se da cierta normalización del malestar. “Quizá piensen que el ánimo bajo o determinada sintomatología son cosas asociadas al envejecimiento y frente a las que están indefensas”, explica. En este sentido, Esther Camacho, psicogerontóloga y coordinadora del grupo de Buen Trato del Colegio de la Psicología de Madrid (COP Madrid), enfatiza que se da cierto “edadismo” al respecto.

Personas conscientes de lo que les ocurre

La presunción de la baja presencia de los adultos mayores en las consultas psicológicas está avalada por los datos. Según la última Encuesta Europea disponible, que data de 2020 y se basa en los datos del INE, solo el 3,94% de las personas de entre 65 y 74 años había visitado a un psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra en el último año, el segundo dato más bajo de los recabados. La cifra aumenta hasta el 5,17% en el caso de las personas de 75 a 84 años, mientras que de 85 años en adelante tan solo el 2,03 respondió afirmativamente, el dato más bajo.

Aguilar afirma que estas personas suelen relatar en consulta cierto malestar, una tristeza sostenida en el tiempo y síntomas de ansiedad. “Aunque pudiéramos pensar lo contrario, son perfectamente capaces de describir lo que sienten, qué tipo de pensamientos les invalidan y qué emociones les hacen sentir bien o qué comportamientos pueden realizar para que funcionen de forma adecuada”, agrega la secretaria general del COPCLM.

Lo colectivo antes que lo individual

Camacho incide en que muchas de estas personas sufren problemas de salud mental que desencadenan ciertos hitos en la vida. Argumenta esta posición en los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre de 2025, que señalan que aproximadamente el 14% de los adultos de 70 años o más tienen un trastorno mental. La propia Organización lo advierte: “Las afecciones de salud mental en las personas mayores suelen infravalorarse y tratarse insuficientemente y la estigmatización que rodea a dichas afecciones puede hacer que las personas sean reacias a buscar ayuda”.

A pesar de que poco a poco su presencia es más habitual en las consultas, la psicóloga madrileña aclara que muchas de estas personas participan en los programas comunitarios y colectivos orientados a mejorar su bienestar. “Tienen más reparos para pedir ayuda a nivel individual, pero todo es más fácil si lo hacen desde otro acogimiento”, agrega.

El estrés que pueden sentir los adultos mayores tampoco es algo que se tenga demasiado en cuenta por las demás capas de la sociedad. Un dolor crónico o problemas de salud física, verse invalidados a la hora de realizar trámites del día a día complejos o hacerse cargo de los nietos en ocasiones de forma exigente son factores que pasan factura a quien los sufre. “Yo opino que un apoyo psicológico que pudiera disfrutar todo el mundo cuando llegara a la jubilación sería muy importante”, propone Camacho. De esta forma se podrían reducir las cifras del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, que en 2024 atestiguaba que el 35,6% de la población padece algún problema de salud mental, afección que supera el 40% en la población de 50 y más años y el 50% en los de 80 y más.

Contra la deriva farmacológica

Teresa Moratalla, psicóloga clínica y miembro de la junta directiva del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC), está de acuerdo en la falta de cultura ligada a la salud mental que suelen padecer las personas mayores, pero recalca otro factor más que hace que no se vean impulsados a ir a terapia: “Entre los profesionales a veces tenemos cierta tendencia a pensar que no merece la pena que los mayores vayan al psicólogo porque es muy difícil que cambien sus costumbres y estilo de vida”.

En su caso, la mayor parte de los pacientes de este tipo que atiende llegan preocupados por el miedo a perder sus capacidades, sobre todo psíquicas. “A veces perder la movilidad no crea tanto temor como perder la lucidez, Otros acuden con malestar generado por pérdidas concretas, de hermanos o de su compañero de vida”, ejemplifica.

Esta especialista, por otra parte, critica que se intente aplacar el malestar de una persona mayor mediante fármacos antes que con psicoterapia. Le sigue Aguilar, quien menciona que “muchas personas pueden decantarse por tratamientos farmacológicos porque de alguna manera son más inmediatos”. Por su parte, la psicóloga catalana exclama que “la intervención en centros residenciales es altamente productiva. Así podríamos ver que mucha gente que parece que está de mal humor, lo que ocurre es que están deprimidas”.

A eso se dedica Marc Montoliú, instructor durante el curso contra la soledad no deseada que disfrutó Claramonte hace un tiempo. Este psicólogo experto en envejecimiento trabaja en una residencia para personas mayores en la que enseña herramientas y recursos para mejorar el bienestar psicológico de los usuarios. “Todavía pesa mucho el estigma. Piensan que ir a terapia es estar mal, loco, pero eso también se puede cambiar a edades elevadas”, sostiene.

Mientras realizaban los talleres junto al Ayuntamiento de Castellón, una de las frases que más repetían los participantes era “ojalá haber aprendido muchos años antes” todo esto que ahora descubrían ligado al confort mental. Las sesiones de Montoliú en la residencia difieren algo de las demás. En su caso, lo que más expresan los residentes es el miedo a ser una carga para sus allegados.

Del sufrimiento invisible a la barrera económica

La psicogerontóloga del COP Madrid subraya que otro aspecto del que no se suele hablar es de las posibles situaciones de maltrato que los adultos mayores afrontan por parte de hijos o parejas, un sufrimiento que se alarga hasta el último de sus días y que no se llega a objetivar como tal. A ello se suman los suicidios. Según la OMS, las estimaciones mundiales de salud 2021 muestran que, a escala mundial, alrededor de una sexta parte de las muertes por suicidio (16,6%) se producen en personas de 70 años o más.

La psicóloga del COPCLM, Aguilar, destaca que otra frontera que deben sortear las personas mayores es la falta de recursos y accesibilidad a la ayuda, incluso por la presencia de barreras físicas. Camacho añade desde Madrid que el precio de las consultas puede ser prohibitivo, una realidad que sufre cualquier persona con ingresos humildes. “Ronda entre los 60 y 90 euros la sesión. Aunque muchos puedan ser conscientes de que un psicólogo quizá les vendría bien, no consideran que sea oportuno pagar tanto dinero para que una persona los escuche una hora”, ilustra, por lo que en muchas ocasiones acuden a entidades sociales antes que a terapeutas privados.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño, celebrada este miércoles, ha adjudicado el contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo integral de subsistemas y equipos instalados en la estación de autobuses de Logroño a la empresa Mass Security Solutions,S.L. por 44.502,74 euros (IVA incluido). Tal y como ha informado el Ayuntamiento, este importe se desglosará en dos anualidades. En el año 2026 (de abril a noviembre) 29.668,49 euros (IVA incluido); y en el año 2027 (de diciembre de 2026 a marzo de 2027) 14.834,25 euros (IVA incluido).

Por otro lado, la junta ha abordado el tratamiento de potabilización del agua que se lleva a cabo en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Río Iregua y, en concreto, la contratación de los suministros necesarios para el mismo. En ese marco, ha aprobado la licitación de un nuevo contrato para el suministro de 1.800 kilos de permanganato potásico destinado a dicho tratamiento y potabilización del agua en el punto de captación. El permanganato potásico un reactivo de uso continuado y necesario para el tratamiento del agua bruta al eliminar bacterias, metales (hierro y manganeso), y distintos tipos de compuestos que pueden aportar olores y sabores indeseados, siendo por tanto imprescindible para mantener las debidas garantías sanitarias.

Por último, se han abordado los convenios de colaboración educativa con diferentes universidades que tiene suscrito el Ayuntamiento de Logroño para completar la formación del alumnado a través de la realización de prácticas en las diferentes unidades municipales. En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la realización de prácticas laborales de una estudiante del Grado de Criminología de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla en el Cuerpo de Policía Local de Logroño durante un período de 100 horas presenciales, entre el 27 de abril y el 18 de mayo.

Después de poner de moda el verbo técnico 'recepcionar', utilizado para la entrega oficial de una obra, el Ayuntamiento de Santander busca ahora incorporar 'balizar' al uso habitual de sus vecinos. El verbo, de uso común en el ámbito náutico, significa también señalizar y ha empezado a ser utilizado por el Consistorio para hablar de las numerosas zonas que ha precintado o vallado tras el hundimiento de la pasarela de madera de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes y una séptima víctima fue herida de gravedad.

Varias asociaciones vecinales llevan años advirtiendo de la falta de mantenimiento de múltiples zonas e infraestructuras de la ciudad, han hablado de “abandono” y de “dejadez”, pero el colapso de la pasarela de madera en El Bocal, en la franja norte de Santander, el pasado 3 de marzo, ha puesto las funciones de seguridad y de mantenimiento que le corresponden del Ayuntamiento de Santander en el epicentro del debate público.

A lo largo de las tres semanas que han seguido a la tragedia mortal, numerosos puntos de la ciudad han sido precintados por la Policía Local: desde la céntrica Plaza de Pombo, pasando por Puertochico, la Duna de Zaera, los bajos del Rhin, la Segunda Playa de El Sardinero, el final del paseo del Chiqui o la playa de Mataleñas, hasta el punto cero, que fue la pasarela de madera que se hundió en El Bocal, y ahora un puente natural junto a ese misma estructura y otro espacio junto a la playa de la Virgen del mar. También han sido señalizados kioskos abandonados, alcantarillas en mal estado o escalones rotos. De momento.

En un solo comunicado, enviado este pasado miércoles por la tarde, el Ayuntamiento de Santander informaba meticulosamente de hasta tres nuevas zonas precintadas, además de la recepción de los avisos y sus antecedentes.

“El Ayuntamiento ha balizado el pequeño puente natural situado junto a la pasarela de El Bocal”, señalaba sobre un paso de tierra de un metro de anchura. A diferencia de la llamada vecinal que la Policía Local que depende del Consistorio santanderino no contestó el día antes del colapso de El Bocal, en el caso del puente natural, lo ha precintado, tras una denuncia vecinal.

Además, el Ayuntamiento que dirige Gema Igual (PP) dijo que trasladará la “incidencia” a la Demarcación de Costas, la administración dependiente del Gobierno central que, ha señalado, “es responsable de los terrenos donde está ubicado el puente”.

En el mismo comunicado, el Ayuntamiento informó también de que ha acotado “de forma provisional” la zona de la playa de Mataleñas más cercana al acantilado natural, tras los desprendimientos detectados en el talud“ y ha agregado que, en agosto de 2022, ”se detectaron desprendimientos en el talud de la playa, hecho que “se comunicó a Costas para que procediera a su estabilización”.

También ha destacado que ha señalizado el tramo final del paseo del Chiqui, “como respuesta a los antecedentes registrados en la zona, porque, ha señalado, ”en septiembre de 2025 se recibió un aviso en el centro de coordinación de la Policía Local“.

El cruce de acusaciones sobre la responsabilidad del mantenimiento la pasarela de El Bocal, que la jueza que instruye el caso ha considerado en un auto que era competencia de Costas, ha dejado latentes las tensiones políticas entre este organismo y el Consistorio. La mayoría de las zonas precintadas están en el litoral. Y también ha quedado manifiesto en el reciente comunicado que el Ayuntamiento quería reseñarlo.

Es tan notorio el precintado o vallado que muchos vecinos lo comentan estos días en redes sociales y expresiones como “vallado” o “cintas” han sido utilizadas este pasado jueves por los concejales de la oposición del Ayuntamiento de Santander, en el pleno ordinario de marzo, aunque el tema no era parte del orden del día. Eso sí, consultado el Ayuntamiento sobre el número de ubicaciónes balizadas o señalizadas, no ha dado respuesta.

El partido Cantabristas, en un comunicado de prensa, ha denunciado los carteles y precintos que el Ayuntamiento de Santander “está colocando por toda la ciudad en lugares peligrosos y en mal estado de mantenimiento con el único objetivo de eximirse de responsabilidades legales y salir indemnes en caso de que vuelva a ocurrir alguna desgracia”, ha cuestionado la agrupación política.

En este sentido, tanto PSOE, como PRC o Izquierda Unida, con representación institucional en el Ayuntamiento de Santander, recuerdan estos días que llevan toda la legislatura advirtiendo del deterioro constante y la falta de mantenimiento de infraestructuras básicas de la ciudad. Entre otras, señalan los meses que ha estado precintado también el Parque de Las Llamas, por ejemplo, con maderas y pasarelas rotas, o la Duna de Zaera, junto al Palacio de Festivales y vendido como un mirador a la bahía que sirvió de graderío durante la celebración del Mundial de Vela en Santander hace algo más de una década.

Este exceso de cinta con el logotipo de la Policía Local de Santander ha dado lugar a numerosos memes en las redes sociales, sin dejar de lado la tragedia que sucedió en El Bocal, pero recordando que no se ha hecho nada durante años a pesar de los múltiples avisos que se han producido desde diversos colectivos sociales y vecinales.

Uno de los ejemplos más palmarios se encuentra a pocos metros del propio Ayuntamiento, en un barrio como el Cabildo de Arriba, donde ya fallecieron varios vecinos tras un derrumbe y que luce lleno de edificios abandonados o semiderruídos y solares vacíos. Y tampoco hace falta ir muy lejos de los despachos del equipo de gobierno del PP en la ciudad, porque el propio Consistorio tuvo que ser apuntalado y está pendiente de una gran reforma dado el mal estado de su sótano, que amenaza ruina.

El pleno ordinario de Nájera llevaba en el orden día “dar cuenta al Pleno de la expulsión de los concejales del PR+, Sergio Díez y Juan José Morgado, de su partido y su determinación como concejales no adscritos”. Sin embargo, no solo esta circunstancia no se dio ni se disolvió el grupo municipal del PR+, sino que hubo incluso un receso y una votación que para muchos concejales era innecesaria.

Tras la lectura del punto del orden del día, el concejal Sergio Díez, portavoz del grupo municipal, manifestó su desacuerdo con la medida porque consideran que “no se ha hecho como marca la ley”. Así lo expresó el propio Díez en el pleno, que impugnó la medida y lamentó que el Ayuntamiento de Nájera no les informara de la llegada del asunto, pues se enteraron por el orden del pleno. Así mismo, subrayó varias referencias legales para advertir que la solicitud “no se había hecho con las formas adecuadas”

A pesar de que la propia secretaria indicó que esta circunstancia se produce de forma automática, se abrió una votación de “la toma en conocimiento”, lo que encendió un debate entre otros concejales, que recordaron que en el orden del día solo recogía “dar cuenta” y no que hubiese que votar. Tras la confrontación de ideas hubo incluso que hacer un receso del pleno municipal y después, los concejales votaron que el asunto quedará “encima de la mesa”, previsiblemente encima de la mesa.

Los concejales del PR en Nájera siguen, por tanto, formando parte del grupo municipal aunque ellos mismos se dieron de baja del partido antes incluso del congreso que eligió una nueva dirección y que incluyó a miembros del partido Vinea, vinculados a Vox y a la ultraderecha, sin la aprobación de la Comisión de Garantías, según denunciaron los afiliados que salieron del partido. Así las cosas, Sergio Díez y Juan José Morgado saben que pasarán a no adscritos y tampoco ellos quieren seguir en unas siglas que, aseguran, ya no les representan, pero quiere que el procedimiento se haga de forma adecuada como marca la ley.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha “tendido la mano” al Gobierno municipal –pilotado por el Partido Popular– para alcanzar acuerdos en aras de “proteger la convivencia, los derechos fundamentales y el modelo de ciudad abierta y plural”.

El PSOE local se ha ofrecido a pactar con los populares después de que el PP de José Luis Sanz consolidara su alianza con la extrema derecha para aprobar las cuentas de 2026, firmando un pacto presupuestario que incluía, entre otras medidas, la exigencia de un mayor control del empadronamiento de las personas migrantes.

Muñoz ha transmitido “su preocupación” por el acuerdo alcanzado entre PP y Vox, que ha calificado como “una decisión política que define los valores desde los que hoy se gobierna la ciudad”. El portavoz socialista ha señalado que los acuerdos suscritos hasta ahora “no han aportado nada positivo a Sevilla y sí han provocado bronca institucional, retrocesos en derechos y una tensión social innecesaria que ya se percibe incluso en el funcionamiento del pleno municipal”.

El PSOE alerta de “retroceso” en derechos sociales

En esta línea, ha lamentado “la deriva cultural impulsada por Vox”, en referencias a las críticas al Festival de Cine, y “los retrocesos” en materia de derechos de las mujeres, libertad sexual y derechos del colectivo LGTBI.

“La oficina antiaborto es un chiringuito, lo venden como defensa de la vida, pero lo que hacen es cuestionar derechos ya conquistados. Si de verdad quisieran apoyar la maternidad hablarían de conciliación o de vivienda, no de imponer una moral desde las instituciones”, ha apuntado Muñoz, aludiendo a otras de las medidas que el PP compró a los de Abascal.

Asimismo, Muñoz ha puesto el foco en el uso del padrón municipal como “instrumento político”, y ha recordado que se trata de “una herramienta esencial para garantizar derechos y planificar servicios públicos”. “El padrón no es un arma política, es una herramienta básica de justicia social”, ha señalado el otrora alcalde.

En materia medioambiental y de salud pública, el portavoz socialista ha criticado “cualquier paso atrás” en políticas como la Zona de Bajas Emisiones, insistiendo en que la lucha contra la contaminación y la protección de la salud “no son cuestiones ideológicas, sino obligaciones básicas de cualquier gobierno responsable”.

Moción para adoptar compromisos “con valores democráticos”

En ese sentido, Antonio Muñoz ha anunciado la presentación en el pleno del Ayuntamiento de este próximo jueves de una moción para “adoptar determinados compromisos con valores democráticos tras los acuerdos presupuestarios entre el PP y Vox”.

Según el documento de la moción consultado por Europa Press, el pacto presupuestario suscrito “supone el desmantelamiento o el menoscabo de líneas de actuación profundamente arraigadas en el Ayuntamiento”.

En este sentido, pide al Consistorio que se comprometa a la “no utilización de la inscripción en el padrón municipal como instrumento de control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia”, así como a “tomar las acciones necesarias” para garantizar la efectividad de la Zona de Bajas Emisiones, cuya suspensión ha sido otra de las condiciones que ha impuesto la extrema derecha en su alianza con el PP de Sevilla.

Sobre materias sociales, ha pedido al Ayuntamiento que “reitere su apoyo al Pacto de Estado contra la violencia de género”, “se comprometa a no disminuir el presupuesto de Igualdad” y “garantizar el apoyo institucional y presupuestario a los colectivos LGTBI”.

Asimismo, ha solicitado al Gobierno municipal que manifieste “su apoyo a un sistema público de limpieza en los colegios públicos mediante trabajadores propios” y “su apoyo a las políticas de cooperación internacional desarrollada desde los municipios”.

Segundo acuerdo entre PP y Vox para aprobar las cuentas

La moción del PSOE llega semanas después del anuncio del segundo acuerdo entre el PP y Vox para aprobar los presupuestos municipales. Las cuentas salieron adelante con el voto negativo de PSOE y Con Podemos-IU.

Durante el pleno extraordinario, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz lamentaba la falta de apoyo de los socialistas: “Lamento que fundamentalmente el Partido Socialista soñara con bloquear de nuevo y paralizar la ciudad”.

El pacto entre PP y Vox recogía reforzar el control en el empadronamiento de la ciudad y flexibilizar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja. Unas medidas que el primer edil ha defendido desde su firma como “dentro de la legalidad” ante las críticas de la oposición.

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Manzaneda (Ourense), Pedro Yáñez, se ha convertido este lunes en el nuevo alcalde del municipio tras prosperar la moción de censura de PP y dos tránsfugas. Los populares se hacen con un bastón de mando que habían poseído por última mez (con José Hervella como regidor) 18 años atrás, en 2007. Desde entonces se sucedieron los gobienos progresistas de BNG, Anova y Partido Socialista. En concreto, el PP había impulsado la moción de censura contra el exregidor socialista, Amable Fernández, junto a dos concejales ahora no adscritos que habían concurrido bajo las listas del PSdeG a las municipales, para hacer frente, según recoge el escrito, a la “grave situación de deterioro institucional, político y social que vive el Ayuntamiento”.

La moción inicialmente prevista para el 29 de octubre fue suspendida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Ourense, tras aceptar la medida cautelar presentada por Fernández al existir posibles causas de nulidad, celebrándose finalmente este lunes. Según ha explicado en pleno el nuevo regidor, la moción “no debe entenderse como una confrontación personal” sino como “un mecanismo democrático” para “conseguir un rumbo” que “a juicio del PP debe cambiar”.

“Me voy con la cabeza alta”

Por su parte, el exalcalde socialista Amable Fernández, consultado por Europa Press, ha señalado que se marcha “con la cabeza alta” porque “no fue lo que votaron los vecinos”, y ha recalcaldo que ahora socialistas conformarán una “oposición constructiva”, que “es lo que merece el Ayuntamiento”. En esta línea, ha insistido en que el partido acatará la moción porque “lo marca la ley”, pero ha destacado que “la inmensa mayoría del Ayuntamiento no lo ve” y que “no hay nada de peso para llevarla a cabo”. “Solo por interés personal, por entrar a tener el mando, como en las películas americanas de golpe de Estado”, ha afeado.

Asimismo, ha criticado un proceso que “legalmente se puede hacer”, pero que “éticamente y moralmente es muy reprochable” y ha instado al nuevo gobierno a que cumpla con su premisa y “traiga 2 o 3 millones de euros al año”. “Ya nos veremos en las siguientes elecciones”, ha añadido. Amable Fernández ha recalcado, además, que ambos tránsfugas no podrán gobernar nada en el Ayuntamiento, “serán simples concejales”, y ha incidido en que, “si meten la pata en eso”, el partido “irá a tribunales”.

Moción socialista contra el transfuguismo en la Deputación

También el líder del PSdeG en Ourense, Álvaro Vila, ha avanzado que que el Grupo Provincial Socialista presentará en el próximo pleno de la Diputación de Ourense una moción contra el transfuguismo político tras una moción de censura “esperpéntica” que, a su juicio, representa la “dejadez frente a la opinión de la vecinanza”. En esta línea, Vila ha insistido en que la decisión tomada “marcará un antes y un después en las relaciones entre PSdeG y PP en la provincia” y ha apuntado al presidente de la Diputación, Luis Menor, para que “clarifique y asuma responsabilidades” tras el “incumplimiento del PP del Pacto Antitransfuguismo acordado entre los grupos políticos”.