El 20 de julio de 2022, un pleno de Cibeles aprobó por unanimidad reforzar los protocolos en caso de altas temperaturas. Todo se había acelerado con la muerte de José Antonio González, un barrendero de 60 años que trabajaba para una subcontrata municipal. Cuando se desplomó en el suelo, su cuerpo estaba a más de 41 grados. El debate –impulsado por dos mociones, una de Ciudadanos y otra del Grupo Mixto– se centró en si la empresa adjudicataria cumplía o no las condiciones de prevención de riesgos, y se planteó suspender las actividades al aire libre que exijan sobreesfuerzos en horas de calor, extendiéndolo ya no solo a la limpieza viaria: desde entonces, se prohibió el trabajo a ciertas horas de la tarde. En estos años, las multas recaudadas por la Inspección de Trabajo han quintuplicado cifras, y no es casualidad.

De lleno en un nuevo verano, fuentes del organismo público (encargado de velar por el cumplimiento de la normativa laboral) detallan que el año pasado, en total, dispusieron infracciones por valor de 300.714 euros a empresas que habían infringido alguna regla o advertencia previa en cuanto al protocolo de calor. Cuando empezaron a contear estos incumplimientos, precisamente el mismo año en el que murió José Antonio González, se depositaron 56.863 euros al cierre de 2022, apenas una quinta parte de lo que se registró en el último período.

En 2023, justo antes de la temporada estival, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida aprobó un plan de actuación oficial para dejar por escrito algunas evidencias científicas que ya habían llegado a la conversación pública. Finalmente, el 31 de mayo de 2023 el alcalde dio luz verde a un nuevo protocolo de actuación por altas temperaturas, que nació bajo la promesa de evitar y reducir daños humanos en olas de calor. Ese año, la Inspección de Trabajo desarrolló 4.039 actuaciones por exposición a condiciones adversas en todos los sectores de actividad, un recuento que no solo incluye el trabajo al aire libre al no estar categorizado como tal. En el primer recuento se habían ejecutado solo 356 inspecciones, aunque esta vez no todas se correspondían con revisiones al uso: algunas era simplemente visitas informativas o de carácter técnico, que no siempre implicaban un examen a la compañía.

Para 2023 ya se notó un cierto auge en las cantidades recopiladas por multas relativas al calor en el trabajo: en total, las inspectoras recogieron 97.520 euros. Aunque el gran salto llegó al año siguiente, cuando con apenas 1.500 sanciones más (5.511) las empresas pagaron 151.377 euros en sanciones al Ministerio de Trabajo, según cifras a las que ha tenido acceso Somos Madrid. A lo largo de estos años, también se ha incrementado el número de requerimientos que el organismo público ha emitido a las empresas. Estos procedimientos vienen a seguir la evolución de un incumplimiento antes constatado por la institución, después de ofrecer un plazo para subsanar las deficiencias localizadas y evitar una sanción: de 302 que hubo en 2022, el verano pasado se dobló esa cifra con 642 requerimientos.

Cómo se vive este cambio en las calles acaloradas de Madrid

Aún queda mañana por delante y el sol ya pega fuerte. Juan ha decidido resguardarse bajo la sombra de un árbol, justo al lado de una tienda de souvenirs que ha puesto pulverizadores de agua en la entrada. Aun así, resulta fácil de ver: sobre su atuendo lleva un chaleco amarillo reflectante con letras negras, en las que puede leerse un anuncio de “compro oro”. Además, está en una de las calles que desemboca en la Puerta del Sol, y aunque sea un miércoles a las once pasa mucha gente alrededor. Desde que entró a trabajar haciendo publicidad para una joyería, el agua se ha convertido en su mejor aliado del verano. “Si sabes lo que hay, te refrescas como puedes: yo siempre pongo una botella grande a cogelar por la noche, y así me mantengo”, detalla, casi cuatro años después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara ampliar las medidas de protección para trabajadores en riesgo de sufrir un golpe de calor.

Él mismo dice considerarse un privilegiado. Nació en República Dominicana y lleva 12 años en España: primero en la zona de Peñíscola (Castellón), luego en Madrid. Ahora, por una jornada de ocho de la mañana a tres de la tarde cobra 1.500 euros en nómina. “Nosotros vamos cuidando dónde nos ponemos, y siempre nos resguardamos en algún sitio con sombra. Pero está bien volver a hablar de esto, porque una mañana de junio aquí a las doce [del mediodía] no se puede estar”, sentencia este empleado, que luego prosigue su jornada. El protocolo municipal contra el calor pide adelantar ciertos trabajos al sol a las primeras horas de la mañana, aunque después de Juan entra otro turno que continúa en calle hasta la noche.

A pocos metros de allí, un operario arrastra una carretilla y transporta cajas a un bar. Prefiere omitir su nombre y en un principio se muestra reacio a hablar, ya que “el jefe está dentro” y teme que oiga algo inapropiado. En pocos segundos, cuenta que trabaja de 10.00 a 14.00 horas durante el primer turno, y luego de 17.00 a 21.00 en el segundo. “Por lo menos me quito de en medio las horas de calor”, resuelve al despedirse. Sobre esa hora, un albañil que limpiaba y retiraba escombros en una obra cercana confirmó que él también había entrado en horario de mañana: empieza a las 7.00 y sale a las 15.00 horas. Explica que tienen aire en el edificio y sus compañeros “están bien”. Luego vuelve al interior.

Meses antes de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara ampliar medidas en un pleno de Cibeles, el Ministerio de Trabajo también movió hilos para salvaguardar las horas de calor. En mayo de 2023, el Gobierno central aprobó el Real Decreto 4/2023, que planteaba fórmulas para proteger a las personas que desempeñan tareas al aire libre en temporadas de calor. Una de las claves de esta estrategia fue la prohibición de desarrollar determinadas actividades a ciertas horas de la tarde, siempre que haya activa una alterta naranja o roja de la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. La norma hablaba expresamente de los efectos del cambio climático en el entorno laboral, que considera abocado a adecuarse a estos episodios frecuentes de temperaturas extremas.

De hecho, con la muerte de José Antonio González –el barrendero fallecido en un pico de calor– se produjeron encontronazos entre estas dos instituciones, una municipal y la otra, estatal. En un primer momento, Almeida cargó la responsabilidad sobre la Inspección de Trabajo, pero la vicepresidenta Díaz advirtió que este organismo sí se había puesto en contacto a principios de julio (de 2022) con la empresa Urbaser, una de las contratas del Ayuntamiento para los servicios de limpieza y a la que pertenecía el trabajador, que perdió la vida en una jornada a altas temperaturas. “Yo ese año ni siquiera había tenido nunca un trabajo, pero ahora pienso que se está bien. Tenemos la oficina cerca y allí nos ponen agua; trabajo de 10.00 a 14.00 horas con descanso de 40 minutos. Creo que así, el calor se soporta”.

Quien habla es Sandra, una joven de 20 años que este verano se prueba como captadora a pie de calle en una ONG. Busca posibles socios durante el último tramo de su jornada: apenas le queda una hora para irse a casa. Se ha buscado este empleo para ayudar a pagarse los estudios, y aunque considera que las suyas son buenas condiciones sabe de otros no tan afortunados. “Mi hermana, que es arquitecta, acaba de montar con otros compañeros el primer sindicato de su empresa porque no toman medidas suficientes de seguridad y, con el calor, no pueden estar a pie de obra”, señala, para poco después ponerse a recoger y tomar el camino a casa.

Sin embargo, y pese a admitir la mejoría o celebrar muchos de estos cambios, algunos creen que en Madrid sigue habiendo “más recomendaciones o avisos, que sanciones como tal”. Así lo resume el responsable de Construcciones en Madrid de Comisiones Obreras (CCOO Hábitat), cuyo sindicato ha organizado brigadas propias en verano para vigilar si las empresas cumplen o no las restricciones y advertencias en materia de salud laboral. “El primer año [no recuerda exactamente si fue 2022 o 2021] terminamos presentando 160 denuncias formalmente por infracciones, pero es cierto que cada vez hay menos y cuando notificamos algo, normalmente se cierra”, expone el responsable sindical.

Fuentes municipales, consultadas por esta cuestión, se limitan a remarcar el avance que supone la aprobación de un protocolo municipal contra el calor en las últimas legislaturas, aunque no revelan cifras de sanciones o denuncias internas registradas en este periodo. “Sí, hubo avances, pero aun nos queda conseguir que la prevención sea algo real y no se base solo en un tema burocrático, ni en mecanismos de control. Las sanciones por incumplimientos tienen que ser reales; porque hay más, sí, pero también sabemos que faltan inspectores en plantilla y eso dificulta que sea algo representativo”, zanjan desde CCOO, a la espera de que este verano no repita dramas del pasado.

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha mostrado esta mañana su “decepción” con la gestión del alcalde, Conrado Escobar, al considerar que estos años de mandato han sido “tres años perdidos” para la ciudad y que el Gobierno municipal del PP “llega al último año de legislatura con más promesas incumplidas que proyectos realizados”.

Durante su comparecencia, Antoñanzas ha acusado al equipo de Gobierno de haber sustituido la gestión por “marketing y propaganda”, mientras Logroño “permanece paralizada, sin rumbo y sin proyecto de ciudad”. “El balance de estos tres años es desalentador: mucho anuncio, mucha foto y muy pocos resultados”, ha afirmado.

El edil riojanista ha repasado los principales incumplimientos del programa electoral del PP, aunque ha reconocido que “no podemos hablar de una legislatura en blanco porque sus decisiones sí han tenido consecuencias negativas para la ciudadanía”.

GESTIÓN ECONÓMICA

En este sentido, ha recordado que “Conrado Escobar llegó prometiendo una bajada del 10% de los impuestos y, tres años después, los logroñeses se han encontrado con el ‘basurazo’ y con una recaudación récord en el Ayuntamiento”. “El único plan que ha sido capaz de ejecutar el señor Escobar ha sido el de recortar los servicios públicos, el mantenimiento de la ciudad y las ayudas económicas a nuevas iniciativas empresariales. Pagamos más y recibimos menos”, ha censurado Antoñanzas.

También ha cuestionado decisiones como la devolución de 8 millones de fondos europeos, la “inseguridad jurídica” que ha generado el pago a Bosonit de 1,27 millones de euros por la venta de la parcela y el abandono de inversiones fundamentales en los barrios de la ciudad. Entre los principales proyectos bloqueados, Antoñanzas ha citado el soterramiento del ferrocarril, la pasarela de Los Lirios, la finalización de la reforma de La Glorieta o la urbanización de calles como Lobete y San Antón.

En relación con el soterramiento, el portavoz regionalista ha denunciado “el silencio cómplice” entre PP y PSOE respecto a este proyecto de ciudad. “La fase I está sin terminar, las fases II y III ni siquiera están garantizadas y tres años después seguimos sin avances reales para cerrar la herida que provoca el tren en Logroño”, ha afirmado.

Antoñanzas también ha lamentado la falta de planificación para transformar el futuro de la capital riojana. “La estrategia Logroño 2050 se ha quedado en un simple eslogan vacío porque tres años después seguimos sin nuevo Plan General, sin planificación urbanística y sin estrategia en materia de infraestructuras”, ha señalado.

VIVIENDA

En cuanto a vivienda, Antoñanzas ha calificado la política municipal de “insuficiente y poco ambiciosa” y ha censurado que el alcalde haya priorizado la regularización de Ramblasque, con el informe desfavorable de la COTUR, frente desbloquear más de 1.200 pisos previstos en los terrenos del soterramiento del tren.

Igualmente, el edil riojanista ha recriminado “la gestión opaca en torno a las viviendas protegidas promovidas en suelo municipal”, ya que “la adjudicación de estas VPO ha estado marcada por la falta de transparencia, concurrencia y publicidad”. “La única manera de eliminar toda sospecha es que el alcalde haga pública la lista de adjudicatarios”, ha insistido.

Asimismo, ha criticado que las parcelas de vivienda protegida se enajenaran apenas unos meses antes del incremento del 20% del módulo de VPO, lo que, a su juicio, ha supuesto “pérdidas para el Ayuntamiento por valor de 700.000 euros y el encarecimiento de las viviendas para la ciudadanía”. Por último, Antoñanzas ha reprochado al alcalde su “falta absoluta de diálogo con la mayoría de grupos municipales y su incapacidad para liderar acuerdos en los grandes asuntos de ciudad”. 

Tres años después de la investidura de Carlos Velázquez como alcalde, la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo (EMSV) licita el contrato para redactar el proyecto de 13 viviendas en la avenida de Santa Bárbara.

Serán para venta y de precio tasado, las más caras entre las de protección pública, y siendo optimistas con los plazos, se entregarán en verano de 2028. Supongo que para enfatizar este logro los portavoces del equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Toledo vienen reiterando que la EMSV no ha hecho prácticamente nada en los 16 años anteriores a 2023 y subrayan que ahora se han “saneado” sus cuentas.

La mejor forma de desmentir la falsedad es con datos, contrastables con un simple paseo por la ciudad o disponibles en la hemeroteca, ya que por desgracia se ha eliminado recientemente de la web de la EMSV el histórico de las promociones realizadas.

En 2009, en plena crisis económica, la EMSV inició la promoción directa de dos edificios de viviendas para alquiler asequible entregadas en 2011 en la calle Arenal nº 22 de Azucaica (30 viviendas) y en la calle Navidad nº 8 de Santa Bárbara (20 viviendas).

En 2010 se inició un edificio de cinco viviendas en el Corral de Don Diego que quedaría inconcluso por razones económicas y técnicas hasta 2025, que lo finalizó el Consorcio de Toledo y se entregó a sus arrendadores en 2026.

En 2014 se concluyó la rehabilitación de 18 viviendas para alquiler joven en la calle Esteban Illán nº 6 y nº 8 del Casco Histórico que ha gestionado después la Diputación.

Posteriormente, ante las dificultades para la promoción directa por las limitaciones en la financiación local impuestas por el Ministerio de Hacienda del gobierno del PP, la EMSV puso su suelo a disposición de promotores privados para construir 310 viviendas con protección pública para venta en el Polígono, en tres parcelas propiedad de la EMSV que se enajenaron en 2013 (R4 en Calle Río Cabriel nº 2, para 84 VPO de régimen general), 2016 (P63 en Calle Río Fresnedoso nº 13, para 120 VPO de régimen general) y 2017 (P26 en Calle Río Bullaque nº 3, para 71 VPO de régimen general además de 35 apartamentos cohousing para mayores con entrada por el Ferial).

Gracias a la operación en la calle río Fresnedoso se obtuvieron 12 viviendas de alquiler con opción a compra que fueron entregadas en octubre de 2019 (hace siete años), de las que se han vendido 7 y otras 5 continúan en alquiler.

En definitiva, la EMSV entre 2007 y 2023 promovió directa o indirectamente casi 400 viviendas con protección pública orientadas al alquiler asequible en el caso de las que promovió directamente y a la venta cuando enajenó sus suelos, pero condicionando que fuesen para vivienda protegida de régimen general, más asequible.

También la EMSV se encargó en ese periodo de los trámites expropiatorios resultado del convenio entre Ayuntamiento y RENFE que han permitido disponer de dos parcelas residenciales en el Paseo de la Rosa, una adjudicada a ADIF con capacidad para 60 viviendas ubicada junto a la estación y otra anexa adjudicada al Ayuntamiento que fue enajenada en 2021 y donde se construyen actualmente 68 viviendas de precio libre.

Respecto de las cuentas, además de decir que hubo ejercicios con resultado positivo en 2007, 2012 o 2020, cabe recordar que el propio interventor municipal en su Informe de fiscalización de marzo de 2026, y reconfirmado en mayo, matizó los resultados positivos del ejercicio 2025 por su carácter “extraordinario”, es decir no recurrente.

Dice textualmente en su página 7: “…el resultado neto positivo se sustenta íntegramente en la reversión extraordinaria de 133.345 euros del deterioro contabilizado sobre la participación en Toletum Visigodo, S.L., sociedad que fue liquidada en el curso del ejercicio 2025. Este ingreso es de naturaleza no recurrente, de manera que no volverá a producirse en ejercicios futuros (la causa que lo originó —la liquidación de TV, SL— ya ha concluido)”.

Respecto de las cuentas, además de decir que hubo ejercicios con resultado positivo en 2007, 2012 o 2020, cabe recordar que el propio interventor municipal en su Informe de fiscalización de marzo de 2026, y reconfirmado en mayo, matizó los resultados positivos del ejercicio 2025 por su carácter “extraordinario”, es decir no recurrente

Sin ese ingreso puramente contable, porque no hubo operación comercial, se hubiese incurrido en pérdidas pese al continuo aporte del presupuesto del Ayuntamiento en forma de “encargos” (casi 900.000 euros en 2025), lo que confirma la “existencia de un déficit operativo estructural que requiere medidas de corrección”, según afirma el Interventor.

En definitiva, solo cabe celebrar que en un par de años se entreguen 13 nuevas viviendas que van a proporcionar importantes ingresos a la EMSV a la vista de su precio, pero no hace falta mentir sobre la gestión pasada para poner en valor la actual. O quizá sí, cuando hay poco de lo que presumir.

Una decena de alumnos del 'Programa Experiencial I' del Ayuntamiento de Santander, en colaboración con el Servicio de Talleres Municipales, realizarán la restauración del tramo de barandillas ornamentales de protección que coronan la Primera Playa de El Sardinero.

En concreto, se trata de los participantes -desempleados de larga duración- en la especialidad 'Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción' que, tras cinco meses de formación teórico-práctica, comienzan a realizar obras y servicios en distintos espacios e instalaciones de ámbito municipal.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el objetivo con esta primera intervención es devolver el esplendor de las barandillas de la Primera, un elemento “clave” de la identidad santanderina: las de forja diseñadas originalmente por el arquitecto municipal Ramiro Sainz Martínez enmarcadas dentro de las reformas urbanísticas iniciadas hacia 1914.

Son tramos de barandilla de forja esmaltada en el color azul predominante en la ciudad, constituida por tubos horizontales y diseño ornamental en los paños centrales. Debido a la cercanía al mar este tipo de material tiende a deteriorarse, perdiendo en algunos casos volumen por el grado de corrosión.

Dado el valor patrimonial y de identidad que suponen estas barandillas, “la intervención se encuadra en el desarrollo de una restauración minuciosa y respetuosa con el objeto, tal como se aprende en un oficio manual, objetivo principal de estos programas de formación en alternancia con el empleo desde su origen”, sostienen desde el Consistorio.

Por ello, la intervención implica lijado y raspado de los elementos de forja, reposición de volúmenes con materiales afines o soldadura, lijado para afinado, imprimación para protección y preparación del soporte y pintado con esmalte del color azul típico de la capital cántabra.

Dos itinerarios

El programa se puso en marcha en diciembre de 2025, dentro de las iniciativas experienciales de carácter general y dirigidas a desempleados de larga duración prioritariamente mayores de 52 años. El proyecto está subvencionado por el Gobierno de Cantabria a través del Servicio Cántabro de Empleo con fondos de ámbito estatal, con una subvención 546.000 euro, mientras que la aportación municipal es de unos 75.000 euros.

La acción formativa está destinada a 20 personas desempleadas de Santander divididos en dos especialidades: 'Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción' y 'Operaciones auxiliares de montaje y reparación de sistemas microinformáticos', que están contratadas por el Ayuntamiento bajo la modalidad de formación en alternancia durante un año.

La disputa dentro de Junts para la carrera a la alcaldía de Barcelona empieza a tomar forma. La diputada en el Congreso Pilar Calvo, que es a su vez presidenta del Consejo Nacional de la formación, ha anunciado este miércoles que tiene intención de presentarse a las primaras.

A un año de las elecciones de 2027, Junts es de momento el único de los principales partidos en liza que no cuenta con un cabeza de cartel. La dirección ha sondeado durante meses algunas de las figuras vinculadas a la formación con mayor tirón, como Artur Mas o el empresario Tatxo Benet, pero ninguna de estas operaciones fructificó. 

A falta de caras visibles, fue el portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis, el que desafió a la dirección y comunicó su intención de ser alcaldable. El concejal, señalado como heredero por Xavier Trias y con una larga experiencia en el ámbito municipal, nunca renunció a liderar el partido en los comicios de 2027. 

El movimiento de Martí Galbis buscaba además forzar unas primarias que por normativa en la federación de Junts en Barcelona no están garantizadas, pero que ahora todo el mundo ya da por hecho que se celebrarán. Tras su anuncio, Josep Rius, portavoz del partido y uno de los posibles candidatos de Puigdemont, se descartó para la carrera.

A la espera de qué hacen otros destacados nombres de Junts, como el exdiputado y abogado de Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas, ha sido Calvo la que ha dado un paso al frente. La actual diputada en el Congreso desde 2021, experiodista de TV3 y Catalunya Ràdio, es también coordinadora de la federación barcelonesa de Junts.

El concejal de Izquierda Unida de Santander, Keruin Martínez, ha anunciado este martes que su formación llevará al próximo Pleno municipal una moción para exigir al equipo de Gobierno (PP) que ponga en marcha el Observatorio Municipal de la Contratación para fiscalizar los grandes contratos externalizados del Ayuntamiento

La creación de este órgano fue aprobada en 2019 y ratificada en 2020 pero “sigue sin estar operativo casi siete años después”, ha denunciado en un comunicado el edil.

Martínez ha advertido de que Santander mantiene “un modelo de servicios públicos profundamente dependiente de la externalización”, con contratos que afectan a ámbitos esenciales como la limpieza viaria, la recogida de residuos, el abastecimiento de agua, los parques y jardines, la limpieza de colegios y dependencias municipales, el alumbrado o distintos servicios de mantenimiento.

El edil ha subrayado que “cuando un servicio público se entrega a una empresa privada, el Ayuntamiento no se quita responsabilidad: al contrario, tiene que controlar más, fiscalizar mejor y garantizar que se cumplen los pliegos, las inversiones, las condiciones laborales y la calidad del servicio que recibe la ciudadanía”.

Según ha expresado Martínez, las experiencias de los últimos años han “evidenciado que los mecanismos actuales de control son insuficientes”, y al respecto ha apuntado a “conflictos laborales en servicios externalizados, quejas de vecinos y usuarios por posibles incumplimientos de condiciones previstas en los pliegos, retrasos en nuevas licitaciones, contratos vencidos, prórrogas forzosas y servicios que han seguido prestándose, una vez finalizados los contratos, mediante fórmulas extraordinarias”.

El concejal ha puesto como ejemplos los “problemas históricos” en la gestión de servicios externalizados, señalando que “Santander no necesita otro caso como el de las basuras”, ni “otro expediente fallido en Parques y Jardines”.

Martínez se ha referido también al “incumplimiento del contrato de explotación del mercado de Puertochico”, formalizado en 2017 con un plazo no superior a un año, pero “diez años después, es evidente que este contrato no se ha cumplido, porque ni está totalmente rehabilitado, ni totalmente operativo”, lo que ha calificado como “absolutamente incomprensible”.

El edil ha enfatizado que “lo que estamos viendo no son incidencias aisladas, sino un problema estructural de planificación, seguimiento y control”. En su opinión, “Santander paga cada vez más por grandes contratos, pero la ciudadanía no siempre recibe servicios a la altura de ese esfuerzo económico”.

Más de 80 millones en externalizaciones

Martínez ha recordado que el análisis presupuestario del ejercicio 2026 cifra en más de 80 millones de euros el volumen destinado a contratos externalizados, un volumen que “no ha dejado de crecer en las últimas dos décadas”.

En este contexto, Martínez ha concluido que el Observatorio Municipal de la Contratación, cuya creación apoyaron todos los partidos políticos en 2020, “tiene que formar parte ordinaria de la gestión municipal” y ha reprochado al Partido Popular que “sigue sin buscar un modo de controlar con más eficiencia los contratos más importantes de la ciudad”.

El exedil de Medio Rural del Ayuntamiento de Santiago de Compostela entre 2019 y 2023, José Manuel Pichel, ha aceptado seis meses de prisión, tras llegar a un acuerdo el Ministerio Fiscal y las partes, por el alquiler de una nave para albergar servicios de la concejalía que él dirigía a una empresa de la que formaba parte del accionariado. Según se recoge en el escrito de conformidad, la entidad Desproi, en la que el imputado ejercía funciones de administración, era propietaria de un local en el polígono de Costa Vella, en la capital gallega.

Siendo concejal del gobierno local, inició en 2021 gestiones para buscar un lugar para ubicar las oficinas de su concejalía, puesto que hasta el momento se encontraban en la hoy desaparecida estación de autobuses. Así, los técnicos municipales realizaron diferentes informes y propusieron para este fin el espacio propiedad de Desproi en el polígono de Costa Vella. A continuación, en la sesión de la junta de gobierno local del 14 de septiembre de 2021, el acusado votó a favor de la propuesta de alquilar esas instalaciones a la empresa Desproi para acoger los servicios de parques y jardines y medio rural de manera temporal mientras se ejecutaban las obras de las nuevas instalaciones, situadas en el recito ferial de Amio. Cuándo dimitió de sus cargos en el gobierno municipal que lideraba el socialista Xosé Sánchez Bugallo, Pichel declaró haber cometido un “error considerable” al “no haber comunicado al alcalde ni al resto de la junta de gobierno” su participación en Desproi, aunque, según él, lo hizo “sin mala fe”.

En todo caso, tal y como sostiene el escrito, estos hechos constituyen un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios castigados en el artículo 439 del Código Penal. Por ello, se ha acordado imponer una pena de prisión de seis meses, una multa de 10 euros diarios durante 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cuatro años. El escrito de conformidad ya ha sido firmado y está pendiente de ratificación ante el juez.

Sin responsabilidad de la Junta de Gobierno

En el marco de esta causa, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela también tomó declaración al regidor de la ciudad durante el periodo de los hechos, Sánchez Bugallo, y a miembros de su junta de gobierno, pero acordó el pasado mes de septiembre el sobreseimiento respecto a ellos al no ver indicios de prevaricación ni de tráfico de influencias. “Las irregularidades detectadas en el expediente administrativo carecen de la gravedad suficiente como para considerarlas constitutivas de un delito de prevaricación”, apuntaba la magistrada, que subrayaba que “carece de cualquier justificación llamar a la causa en calidad de investigados” tanto a Bugallo como a su junta de gobierno.

A sus 92 años, Nieves Claramonte nunca ha sentido la necesidad de acudir a un psicólogo, ni siquiera cuando su hija se lo propuso ante la muerte de su marido. “Y eso que la vida no ha sido nada fácil”, dice esta vecina de Castellón. No es algo extraño a su edad. Ver a personas de avanzada edad en las salas de espera de los terapeutas continúa siendo algo inusual. Los expertos señalan que todavía persisten barreras y creencias socioculturales para que este segmento de la población considere la posibilidad de pedir ayuda profesional para sobrellevar de la mejor forma posible unos vaivenes vitales que también golpean duramente en la vejez.

Claramonte, sin embargo, sí participó en unos talleres que el Ayuntamiento de su ciudad realizó para combatir la soledad no deseada, algo habitual en los programas municipales. “Quizá me haga falta ir al psicólogo, pero creo que puedo con esto yo sola, de momento”, asegura pegada al teléfono fijo. Tampoco tendría problema en hacerlo, añade. “En esta etapa cambian muchas cosas. Los hijos hacen su vida, pierdes a personas muy cercanas, pero a mí la soledad no me ha golpeado fuerte aún”.

Piensa que una misma debe afrontar los golpes de la vida: “Tienes que ser fuerte, y los malos tragos quedan en el recuerdo”. Si a algo le tiene miedo, es a la guerra que ve continuamente por la televisión. “Está muy mal la cosa. Eso sí que me preocupa”, admite.

María del Mar Aguilar, secretaria del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha (COPCLM), señala que es habitual que los adultos mayores padezcan cambios en su salud. Esta experta que pasa consulta en Albacete y coordina programas de envejecimiento activo ubica en el “estigma generacional” la baja prevalencia de personas mayores en las consultas psicológicas. Se refiere a la nula socialización en torno a la salud mental que han experimentado estas personas, en la que el tabú prevalecía por encima de su verbalización. Prueba de ello ha sido la dificultad para encontrar testimonios en primera persona para este artículo.

Siguiendo con la forma de enfrentar el día a día de Claramonte, la terapeuta enfatiza que las personas mayores “pueden haber aprendido a ocultar su sufrimiento ante los demás para dar una imagen de dureza, como que ellos pueden con todo”. Aguilar también apunta que en las personas mayores se da cierta normalización del malestar. “Quizá piensen que el ánimo bajo o determinada sintomatología son cosas asociadas al envejecimiento y frente a las que están indefensas”, explica. En este sentido, Esther Camacho, psicogerontóloga y coordinadora del grupo de Buen Trato del Colegio de la Psicología de Madrid (COP Madrid), enfatiza que se da cierto “edadismo” al respecto.

Personas conscientes de lo que les ocurre

La presunción de la baja presencia de los adultos mayores en las consultas psicológicas está avalada por los datos. Según la última Encuesta Europea disponible, que data de 2020 y se basa en los datos del INE, solo el 3,94% de las personas de entre 65 y 74 años había visitado a un psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra en el último año, el segundo dato más bajo de los recabados. La cifra aumenta hasta el 5,17% en el caso de las personas de 75 a 84 años, mientras que de 85 años en adelante tan solo el 2,03 respondió afirmativamente, el dato más bajo.

Aguilar afirma que estas personas suelen relatar en consulta cierto malestar, una tristeza sostenida en el tiempo y síntomas de ansiedad. “Aunque pudiéramos pensar lo contrario, son perfectamente capaces de describir lo que sienten, qué tipo de pensamientos les invalidan y qué emociones les hacen sentir bien o qué comportamientos pueden realizar para que funcionen de forma adecuada”, agrega la secretaria general del COPCLM.

Lo colectivo antes que lo individual

Camacho incide en que muchas de estas personas sufren problemas de salud mental que desencadenan ciertos hitos en la vida. Argumenta esta posición en los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre de 2025, que señalan que aproximadamente el 14% de los adultos de 70 años o más tienen un trastorno mental. La propia Organización lo advierte: “Las afecciones de salud mental en las personas mayores suelen infravalorarse y tratarse insuficientemente y la estigmatización que rodea a dichas afecciones puede hacer que las personas sean reacias a buscar ayuda”.

A pesar de que poco a poco su presencia es más habitual en las consultas, la psicóloga madrileña aclara que muchas de estas personas participan en los programas comunitarios y colectivos orientados a mejorar su bienestar. “Tienen más reparos para pedir ayuda a nivel individual, pero todo es más fácil si lo hacen desde otro acogimiento”, agrega.

El estrés que pueden sentir los adultos mayores tampoco es algo que se tenga demasiado en cuenta por las demás capas de la sociedad. Un dolor crónico o problemas de salud física, verse invalidados a la hora de realizar trámites del día a día complejos o hacerse cargo de los nietos en ocasiones de forma exigente son factores que pasan factura a quien los sufre. “Yo opino que un apoyo psicológico que pudiera disfrutar todo el mundo cuando llegara a la jubilación sería muy importante”, propone Camacho. De esta forma se podrían reducir las cifras del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, que en 2024 atestiguaba que el 35,6% de la población padece algún problema de salud mental, afección que supera el 40% en la población de 50 y más años y el 50% en los de 80 y más.

Contra la deriva farmacológica

Teresa Moratalla, psicóloga clínica y miembro de la junta directiva del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC), está de acuerdo en la falta de cultura ligada a la salud mental que suelen padecer las personas mayores, pero recalca otro factor más que hace que no se vean impulsados a ir a terapia: “Entre los profesionales a veces tenemos cierta tendencia a pensar que no merece la pena que los mayores vayan al psicólogo porque es muy difícil que cambien sus costumbres y estilo de vida”.

En su caso, la mayor parte de los pacientes de este tipo que atiende llegan preocupados por el miedo a perder sus capacidades, sobre todo psíquicas. “A veces perder la movilidad no crea tanto temor como perder la lucidez, Otros acuden con malestar generado por pérdidas concretas, de hermanos o de su compañero de vida”, ejemplifica.

Esta especialista, por otra parte, critica que se intente aplacar el malestar de una persona mayor mediante fármacos antes que con psicoterapia. Le sigue Aguilar, quien menciona que “muchas personas pueden decantarse por tratamientos farmacológicos porque de alguna manera son más inmediatos”. Por su parte, la psicóloga catalana exclama que “la intervención en centros residenciales es altamente productiva. Así podríamos ver que mucha gente que parece que está de mal humor, lo que ocurre es que están deprimidas”.

A eso se dedica Marc Montoliú, instructor durante el curso contra la soledad no deseada que disfrutó Claramonte hace un tiempo. Este psicólogo experto en envejecimiento trabaja en una residencia para personas mayores en la que enseña herramientas y recursos para mejorar el bienestar psicológico de los usuarios. “Todavía pesa mucho el estigma. Piensan que ir a terapia es estar mal, loco, pero eso también se puede cambiar a edades elevadas”, sostiene.

Mientras realizaban los talleres junto al Ayuntamiento de Castellón, una de las frases que más repetían los participantes era “ojalá haber aprendido muchos años antes” todo esto que ahora descubrían ligado al confort mental. Las sesiones de Montoliú en la residencia difieren algo de las demás. En su caso, lo que más expresan los residentes es el miedo a ser una carga para sus allegados.

Del sufrimiento invisible a la barrera económica

La psicogerontóloga del COP Madrid subraya que otro aspecto del que no se suele hablar es de las posibles situaciones de maltrato que los adultos mayores afrontan por parte de hijos o parejas, un sufrimiento que se alarga hasta el último de sus días y que no se llega a objetivar como tal. A ello se suman los suicidios. Según la OMS, las estimaciones mundiales de salud 2021 muestran que, a escala mundial, alrededor de una sexta parte de las muertes por suicidio (16,6%) se producen en personas de 70 años o más.

La psicóloga del COPCLM, Aguilar, destaca que otra frontera que deben sortear las personas mayores es la falta de recursos y accesibilidad a la ayuda, incluso por la presencia de barreras físicas. Camacho añade desde Madrid que el precio de las consultas puede ser prohibitivo, una realidad que sufre cualquier persona con ingresos humildes. “Ronda entre los 60 y 90 euros la sesión. Aunque muchos puedan ser conscientes de que un psicólogo quizá les vendría bien, no consideran que sea oportuno pagar tanto dinero para que una persona los escuche una hora”, ilustra, por lo que en muchas ocasiones acuden a entidades sociales antes que a terapeutas privados.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño, celebrada este miércoles, ha adjudicado el contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo integral de subsistemas y equipos instalados en la estación de autobuses de Logroño a la empresa Mass Security Solutions,S.L. por 44.502,74 euros (IVA incluido). Tal y como ha informado el Ayuntamiento, este importe se desglosará en dos anualidades. En el año 2026 (de abril a noviembre) 29.668,49 euros (IVA incluido); y en el año 2027 (de diciembre de 2026 a marzo de 2027) 14.834,25 euros (IVA incluido).

Por otro lado, la junta ha abordado el tratamiento de potabilización del agua que se lleva a cabo en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Río Iregua y, en concreto, la contratación de los suministros necesarios para el mismo. En ese marco, ha aprobado la licitación de un nuevo contrato para el suministro de 1.800 kilos de permanganato potásico destinado a dicho tratamiento y potabilización del agua en el punto de captación. El permanganato potásico un reactivo de uso continuado y necesario para el tratamiento del agua bruta al eliminar bacterias, metales (hierro y manganeso), y distintos tipos de compuestos que pueden aportar olores y sabores indeseados, siendo por tanto imprescindible para mantener las debidas garantías sanitarias.

Por último, se han abordado los convenios de colaboración educativa con diferentes universidades que tiene suscrito el Ayuntamiento de Logroño para completar la formación del alumnado a través de la realización de prácticas en las diferentes unidades municipales. En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la realización de prácticas laborales de una estudiante del Grado de Criminología de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla en el Cuerpo de Policía Local de Logroño durante un período de 100 horas presenciales, entre el 27 de abril y el 18 de mayo.

Después de poner de moda el verbo técnico 'recepcionar', utilizado para la entrega oficial de una obra, el Ayuntamiento de Santander busca ahora incorporar 'balizar' al uso habitual de sus vecinos. El verbo, de uso común en el ámbito náutico, significa también señalizar y ha empezado a ser utilizado por el Consistorio para hablar de las numerosas zonas que ha precintado o vallado tras el hundimiento de la pasarela de madera de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes y una séptima víctima fue herida de gravedad.

Varias asociaciones vecinales llevan años advirtiendo de la falta de mantenimiento de múltiples zonas e infraestructuras de la ciudad, han hablado de “abandono” y de “dejadez”, pero el colapso de la pasarela de madera en El Bocal, en la franja norte de Santander, el pasado 3 de marzo, ha puesto las funciones de seguridad y de mantenimiento que le corresponden del Ayuntamiento de Santander en el epicentro del debate público.

A lo largo de las tres semanas que han seguido a la tragedia mortal, numerosos puntos de la ciudad han sido precintados por la Policía Local: desde la céntrica Plaza de Pombo, pasando por Puertochico, la Duna de Zaera, los bajos del Rhin, la Segunda Playa de El Sardinero, el final del paseo del Chiqui o la playa de Mataleñas, hasta el punto cero, que fue la pasarela de madera que se hundió en El Bocal, y ahora un puente natural junto a ese misma estructura y otro espacio junto a la playa de la Virgen del mar. También han sido señalizados kioskos abandonados, alcantarillas en mal estado o escalones rotos. De momento.

En un solo comunicado, enviado este pasado miércoles por la tarde, el Ayuntamiento de Santander informaba meticulosamente de hasta tres nuevas zonas precintadas, además de la recepción de los avisos y sus antecedentes.

“El Ayuntamiento ha balizado el pequeño puente natural situado junto a la pasarela de El Bocal”, señalaba sobre un paso de tierra de un metro de anchura. A diferencia de la llamada vecinal que la Policía Local que depende del Consistorio santanderino no contestó el día antes del colapso de El Bocal, en el caso del puente natural, lo ha precintado, tras una denuncia vecinal.

Además, el Ayuntamiento que dirige Gema Igual (PP) dijo que trasladará la “incidencia” a la Demarcación de Costas, la administración dependiente del Gobierno central que, ha señalado, “es responsable de los terrenos donde está ubicado el puente”.

En el mismo comunicado, el Ayuntamiento informó también de que ha acotado “de forma provisional” la zona de la playa de Mataleñas más cercana al acantilado natural, tras los desprendimientos detectados en el talud“ y ha agregado que, en agosto de 2022, ”se detectaron desprendimientos en el talud de la playa, hecho que “se comunicó a Costas para que procediera a su estabilización”.

También ha destacado que ha señalizado el tramo final del paseo del Chiqui, “como respuesta a los antecedentes registrados en la zona, porque, ha señalado, ”en septiembre de 2025 se recibió un aviso en el centro de coordinación de la Policía Local“.

El cruce de acusaciones sobre la responsabilidad del mantenimiento la pasarela de El Bocal, que la jueza que instruye el caso ha considerado en un auto que era competencia de Costas, ha dejado latentes las tensiones políticas entre este organismo y el Consistorio. La mayoría de las zonas precintadas están en el litoral. Y también ha quedado manifiesto en el reciente comunicado que el Ayuntamiento quería reseñarlo.

Es tan notorio el precintado o vallado que muchos vecinos lo comentan estos días en redes sociales y expresiones como “vallado” o “cintas” han sido utilizadas este pasado jueves por los concejales de la oposición del Ayuntamiento de Santander, en el pleno ordinario de marzo, aunque el tema no era parte del orden del día. Eso sí, consultado el Ayuntamiento sobre el número de ubicaciónes balizadas o señalizadas, no ha dado respuesta.

El partido Cantabristas, en un comunicado de prensa, ha denunciado los carteles y precintos que el Ayuntamiento de Santander “está colocando por toda la ciudad en lugares peligrosos y en mal estado de mantenimiento con el único objetivo de eximirse de responsabilidades legales y salir indemnes en caso de que vuelva a ocurrir alguna desgracia”, ha cuestionado la agrupación política.

En este sentido, tanto PSOE, como PRC o Izquierda Unida, con representación institucional en el Ayuntamiento de Santander, recuerdan estos días que llevan toda la legislatura advirtiendo del deterioro constante y la falta de mantenimiento de infraestructuras básicas de la ciudad. Entre otras, señalan los meses que ha estado precintado también el Parque de Las Llamas, por ejemplo, con maderas y pasarelas rotas, o la Duna de Zaera, junto al Palacio de Festivales y vendido como un mirador a la bahía que sirvió de graderío durante la celebración del Mundial de Vela en Santander hace algo más de una década.

Este exceso de cinta con el logotipo de la Policía Local de Santander ha dado lugar a numerosos memes en las redes sociales, sin dejar de lado la tragedia que sucedió en El Bocal, pero recordando que no se ha hecho nada durante años a pesar de los múltiples avisos que se han producido desde diversos colectivos sociales y vecinales.

Uno de los ejemplos más palmarios se encuentra a pocos metros del propio Ayuntamiento, en un barrio como el Cabildo de Arriba, donde ya fallecieron varios vecinos tras un derrumbe y que luce lleno de edificios abandonados o semiderruídos y solares vacíos. Y tampoco hace falta ir muy lejos de los despachos del equipo de gobierno del PP en la ciudad, porque el propio Consistorio tuvo que ser apuntalado y está pendiente de una gran reforma dado el mal estado de su sótano, que amenaza ruina.

El pleno ordinario de Nájera llevaba en el orden día “dar cuenta al Pleno de la expulsión de los concejales del PR+, Sergio Díez y Juan José Morgado, de su partido y su determinación como concejales no adscritos”. Sin embargo, no solo esta circunstancia no se dio ni se disolvió el grupo municipal del PR+, sino que hubo incluso un receso y una votación que para muchos concejales era innecesaria.

Tras la lectura del punto del orden del día, el concejal Sergio Díez, portavoz del grupo municipal, manifestó su desacuerdo con la medida porque consideran que “no se ha hecho como marca la ley”. Así lo expresó el propio Díez en el pleno, que impugnó la medida y lamentó que el Ayuntamiento de Nájera no les informara de la llegada del asunto, pues se enteraron por el orden del pleno. Así mismo, subrayó varias referencias legales para advertir que la solicitud “no se había hecho con las formas adecuadas”

A pesar de que la propia secretaria indicó que esta circunstancia se produce de forma automática, se abrió una votación de “la toma en conocimiento”, lo que encendió un debate entre otros concejales, que recordaron que en el orden del día solo recogía “dar cuenta” y no que hubiese que votar. Tras la confrontación de ideas hubo incluso que hacer un receso del pleno municipal y después, los concejales votaron que el asunto quedará “encima de la mesa”, previsiblemente encima de la mesa.

Los concejales del PR en Nájera siguen, por tanto, formando parte del grupo municipal aunque ellos mismos se dieron de baja del partido antes incluso del congreso que eligió una nueva dirección y que incluyó a miembros del partido Vinea, vinculados a Vox y a la ultraderecha, sin la aprobación de la Comisión de Garantías, según denunciaron los afiliados que salieron del partido. Así las cosas, Sergio Díez y Juan José Morgado saben que pasarán a no adscritos y tampoco ellos quieren seguir en unas siglas que, aseguran, ya no les representan, pero quiere que el procedimiento se haga de forma adecuada como marca la ley.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha “tendido la mano” al Gobierno municipal –pilotado por el Partido Popular– para alcanzar acuerdos en aras de “proteger la convivencia, los derechos fundamentales y el modelo de ciudad abierta y plural”.

El PSOE local se ha ofrecido a pactar con los populares después de que el PP de José Luis Sanz consolidara su alianza con la extrema derecha para aprobar las cuentas de 2026, firmando un pacto presupuestario que incluía, entre otras medidas, la exigencia de un mayor control del empadronamiento de las personas migrantes.

Muñoz ha transmitido “su preocupación” por el acuerdo alcanzado entre PP y Vox, que ha calificado como “una decisión política que define los valores desde los que hoy se gobierna la ciudad”. El portavoz socialista ha señalado que los acuerdos suscritos hasta ahora “no han aportado nada positivo a Sevilla y sí han provocado bronca institucional, retrocesos en derechos y una tensión social innecesaria que ya se percibe incluso en el funcionamiento del pleno municipal”.

El PSOE alerta de “retroceso” en derechos sociales

En esta línea, ha lamentado “la deriva cultural impulsada por Vox”, en referencias a las críticas al Festival de Cine, y “los retrocesos” en materia de derechos de las mujeres, libertad sexual y derechos del colectivo LGTBI.

“La oficina antiaborto es un chiringuito, lo venden como defensa de la vida, pero lo que hacen es cuestionar derechos ya conquistados. Si de verdad quisieran apoyar la maternidad hablarían de conciliación o de vivienda, no de imponer una moral desde las instituciones”, ha apuntado Muñoz, aludiendo a otras de las medidas que el PP compró a los de Abascal.

Asimismo, Muñoz ha puesto el foco en el uso del padrón municipal como “instrumento político”, y ha recordado que se trata de “una herramienta esencial para garantizar derechos y planificar servicios públicos”. “El padrón no es un arma política, es una herramienta básica de justicia social”, ha señalado el otrora alcalde.

En materia medioambiental y de salud pública, el portavoz socialista ha criticado “cualquier paso atrás” en políticas como la Zona de Bajas Emisiones, insistiendo en que la lucha contra la contaminación y la protección de la salud “no son cuestiones ideológicas, sino obligaciones básicas de cualquier gobierno responsable”.

Moción para adoptar compromisos “con valores democráticos”

En ese sentido, Antonio Muñoz ha anunciado la presentación en el pleno del Ayuntamiento de este próximo jueves de una moción para “adoptar determinados compromisos con valores democráticos tras los acuerdos presupuestarios entre el PP y Vox”.

Según el documento de la moción consultado por Europa Press, el pacto presupuestario suscrito “supone el desmantelamiento o el menoscabo de líneas de actuación profundamente arraigadas en el Ayuntamiento”.

En este sentido, pide al Consistorio que se comprometa a la “no utilización de la inscripción en el padrón municipal como instrumento de control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia”, así como a “tomar las acciones necesarias” para garantizar la efectividad de la Zona de Bajas Emisiones, cuya suspensión ha sido otra de las condiciones que ha impuesto la extrema derecha en su alianza con el PP de Sevilla.

Sobre materias sociales, ha pedido al Ayuntamiento que “reitere su apoyo al Pacto de Estado contra la violencia de género”, “se comprometa a no disminuir el presupuesto de Igualdad” y “garantizar el apoyo institucional y presupuestario a los colectivos LGTBI”.

Asimismo, ha solicitado al Gobierno municipal que manifieste “su apoyo a un sistema público de limpieza en los colegios públicos mediante trabajadores propios” y “su apoyo a las políticas de cooperación internacional desarrollada desde los municipios”.

Segundo acuerdo entre PP y Vox para aprobar las cuentas

La moción del PSOE llega semanas después del anuncio del segundo acuerdo entre el PP y Vox para aprobar los presupuestos municipales. Las cuentas salieron adelante con el voto negativo de PSOE y Con Podemos-IU.

Durante el pleno extraordinario, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz lamentaba la falta de apoyo de los socialistas: “Lamento que fundamentalmente el Partido Socialista soñara con bloquear de nuevo y paralizar la ciudad”.

El pacto entre PP y Vox recogía reforzar el control en el empadronamiento de la ciudad y flexibilizar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja. Unas medidas que el primer edil ha defendido desde su firma como “dentro de la legalidad” ante las críticas de la oposición.

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Manzaneda (Ourense), Pedro Yáñez, se ha convertido este lunes en el nuevo alcalde del municipio tras prosperar la moción de censura de PP y dos tránsfugas. Los populares se hacen con un bastón de mando que habían poseído por última mez (con José Hervella como regidor) 18 años atrás, en 2007. Desde entonces se sucedieron los gobienos progresistas de BNG, Anova y Partido Socialista. En concreto, el PP había impulsado la moción de censura contra el exregidor socialista, Amable Fernández, junto a dos concejales ahora no adscritos que habían concurrido bajo las listas del PSdeG a las municipales, para hacer frente, según recoge el escrito, a la “grave situación de deterioro institucional, político y social que vive el Ayuntamiento”.

La moción inicialmente prevista para el 29 de octubre fue suspendida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Ourense, tras aceptar la medida cautelar presentada por Fernández al existir posibles causas de nulidad, celebrándose finalmente este lunes. Según ha explicado en pleno el nuevo regidor, la moción “no debe entenderse como una confrontación personal” sino como “un mecanismo democrático” para “conseguir un rumbo” que “a juicio del PP debe cambiar”.

“Me voy con la cabeza alta”

Por su parte, el exalcalde socialista Amable Fernández, consultado por Europa Press, ha señalado que se marcha “con la cabeza alta” porque “no fue lo que votaron los vecinos”, y ha recalcaldo que ahora socialistas conformarán una “oposición constructiva”, que “es lo que merece el Ayuntamiento”. En esta línea, ha insistido en que el partido acatará la moción porque “lo marca la ley”, pero ha destacado que “la inmensa mayoría del Ayuntamiento no lo ve” y que “no hay nada de peso para llevarla a cabo”. “Solo por interés personal, por entrar a tener el mando, como en las películas americanas de golpe de Estado”, ha afeado.

Asimismo, ha criticado un proceso que “legalmente se puede hacer”, pero que “éticamente y moralmente es muy reprochable” y ha instado al nuevo gobierno a que cumpla con su premisa y “traiga 2 o 3 millones de euros al año”. “Ya nos veremos en las siguientes elecciones”, ha añadido. Amable Fernández ha recalcado, además, que ambos tránsfugas no podrán gobernar nada en el Ayuntamiento, “serán simples concejales”, y ha incidido en que, “si meten la pata en eso”, el partido “irá a tribunales”.

Moción socialista contra el transfuguismo en la Deputación

También el líder del PSdeG en Ourense, Álvaro Vila, ha avanzado que que el Grupo Provincial Socialista presentará en el próximo pleno de la Diputación de Ourense una moción contra el transfuguismo político tras una moción de censura “esperpéntica” que, a su juicio, representa la “dejadez frente a la opinión de la vecinanza”. En esta línea, Vila ha insistido en que la decisión tomada “marcará un antes y un después en las relaciones entre PSdeG y PP en la provincia” y ha apuntado al presidente de la Diputación, Luis Menor, para que “clarifique y asuma responsabilidades” tras el “incumplimiento del PP del Pacto Antitransfuguismo acordado entre los grupos políticos”.

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz, ha sido el último en intervenir en el Debate Sobre el Estado con una visión, como cabe esperar, diferente al resto de grupos municipales. Ha resaltado que Logroño “es hoy una ciudad en calma, sin polarización”, con proyectos “que están en marcha”, que son “de ciudad” y que “trascienden” a una única Legislatura, “mirando al futuro”.

Su intervención ha estado centrada en los discursos de los grupos municipales, a los que Sáinz ha alabado por “su tono moderado y constructivo, aunque no sin discrepancias”. Ha reinvindicado que “han pasado dos años de la holgada mayoría absoluta, ejercida desde la responsabilidad, permanente diálogo y escucha” del actual equipo de Gobierno, en lo que ha dicho que es “una notable diferencia con la anterior Corporación”.

Ha remarcado que, en el último año, han sido capaces de “dinamizar y plantear medidas en todas las áreas de la ciudad”, lo que ha contrapuesto al anterior Ejecutivo, “que se ocupó solo de la movilidad”. “Heredamos una ciudad con muchas carencias, sin nada hecho en muchas materias, y eso ha cambiado. Heredamos una ciudad tensionada y crispada, y eso hoy no existe”, ha afirmado.

“Somos previsibles, vamos cumpliendo nuestro programa”, ante lo que ha consideradp que el resto de Grupos “no han sido capaces de encontrar un sola área sin avances”. Ha puesto como ejemplos actuaciones en Sagasta, Duquesa de la Victoria, el entorno de la Biblioteca Rafael Azcona, Avenida de Portugal, o Cien Tiendas -“donde tuvimos que escuchar mucho”-, así como acciones de participación, como la recuperación de los concejales de distrito o los Sábados del vecino, en lo que ha dicho que “es política del día a día, no de planos o de titulares, y no lo vamos a abandonar”.

“Hoy Logroño es una ciudad en calma, no hay polarización”, ha defendido. Aunque ha reconocido que “no todo va sobre ruedas, y hay retos para afrontar”, ha considerado que todo transcurre en “un clima de respeto y convivencia”. “Porque ahora hay un Gobierno que expone y no impone”, en lo que ha destacado y felicitado el trabajo de los técnicos municipales, de los propios grupos de la Corporación y de todo el tejido social de la ciudad.

Ha destacado que “en este segundo año de Legislatura hemos puesto en marcha prácticamente todos los compromisos planteados por el alcalde en el Debate sobre el Estado de la Ciudad del año pasado”. Proyectos, ha afirmado, “que trascienden, que van más allá de este mandato y que ponen de manifiesto que este Gobierno tiene visión a largo plazo”.

Así, ha citado la Estrategia 2025, el Proyecto 1521 o el plan Ciudad Circular, “grandes apuestas de Logroño y de cuidad”, en los que ha dicho “esperar a todos para construir entre todos el futuro”, y a los que ha sumado “también proyectos de continuidad”, como Enópolis, que ha avanzado que se va a revisar; o propuestas en comercio o en Agenda Urbana.

Para finalizar, el portavoz 'popular' ha repasado las intervenciones de sus homólogos, afirmando, en el caso del socialista Luis Alonso que “ha dejado escapar su segundo debate de la ciudad sin plantear su modelo para la ciudad” y afeándole que “en su caso, tiene un plus de responsabilidad, por ser del partido que gobierna la nación”.

Retraso de Ronda Sur, no llegada de conexiones ferroviarias, exigencia de obligaciones financieras y presupuestarias, el no contar con PGE “desde hace años”, las “97 subidas de impuestos del Gobierno Sánchez”, el 'sablazo' a los autónomos o el 'basurazo', o la reclamación “de una sola de las viviendas que Sánchez iba a construir” han sido algunas de los asuntos reclamados por Miguel Sáinz a Alonso.

Ha sido especialmente duro con María Jiménez, portavoz del Grupo de VOX, formación de la que ha dicho que “su proyecto es una involución política en toda regla” y quien ha achacado que “le pesa mucho su falta de experiencia de gobierno, se les está pasando la Legislatura sin aportar nada en un modelo de ciudad”.

Y ha afirmado de forma rotunda que “no vamos a habilitarles ningún retroceso en materia social, nosotros estamos en el centro y usted en la extrema derecha y además perdida”.

En el caso de los partidos del Grupo Mixto, a Rubén Antoñanzas, del PR+, ha señalado que le ha visto “desdibujado y perdido”, además de recordarle que “fue cómplice de cuatro años de inactividad total”. Una crítica que ha extendido a la portavoz de Podemos-IU, Amaia Castro, en referencia especial en su caso al tema de la vivienda “donde no hizo nada en cuatro años y ahora quiere darnos lecciones”.

Sobre el PP, para concluir, ha reclamado “el un trabajo serio y ambicioso del Grupo”. “Nos sobra ilusión, ambición y capacidad de escucha y diálogo. La ciudad ha mejorado sensiblemente en estos dos años, Logroño tiene un brillante futuro por delante gracias al PP”, ha terminado sentenciando Sáinz.

La portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Logroño, María Jiménez, le ha dicho hoy a Conrado Escobar en el Debate del Estado de la Ciudad que “se quiere alejar tanto de VOX que se está quedando algo a la izquierda”. “Dele una vuelta”, le ha pedido. Además, ha criticado que la ciudad “no solo no ha mejorado, sino que va a peor”, ante lo que ha reclamado al alcalde “autocrítica” y un “cambio de rumbo” en la gestión de la capital riojana.

“El PP se echa flores, cuando la realidad demuestra lo contrario”, ha insistido la portavoz de VOX, quien ha lamentado que los ciudadanos “están encontrando incertidumbre y desconfianza respecto a una administración que no les atiende con la eficacia y la transparencia que esperan”.

Jiménez también le ha afeado “el desequilibrio presupuestario de 8 millones de euros”, lo que se traduce en “recortes” que conducen a que “los servicios publicos están mermando en cantidad y calidad”. “Se quiere salvar además metiendo la mano en los bolsillos de los logroñeses”, ha dicho sobre las subidas de impuestos, modificaciones presupuestarias o suplementos de créditos que, ha creído, “deberían ser la excepción y son la norma”.

Vox también ha criticado la “improvisación”, los “ajustes sobre la marcha”, o la “falta de planficación”, ejemplidicando con las Fiestas de San Mateo, las que ha considerado, “las peores de la historia”.

“Y mientras, se siguen presentando con autocomplacencia”, ha dicho Jiménez, quien ha considerado que la ciudadanía “estáa perdiendo calidad de vida, va pagando más impuestos y teniendo menos calidad en los servicios”. Se ha referido en concreto a temas como la vivienda, “sin una política clara”. En comercio, ha criticado que “un dato -en referencia a que hay más aperturas que cierres en el primer semestre del año- no hace tendencia” y ha insistido en la “falta de proyecto” al respecto.

La respuesta del alcalde

En su respuesta, Conrado Escobar se ha referido especialmente a la crítica ideológica, asegurando que “estoy en la moderación y en el centro”. “No tengo ningún problema en tender la mano y alcanzar acuerdos sin complejos, lo mismo con VOX que con Podemos-IU, en lo que sea bueno para la ciudad”, ha considerado.

Ha afeado a Jiménez que “no ha hecho ni una propuesta”. “Ha dicho categóricamente que necesitamos un cambio de rumbo y que el Ayuntamiento debe tener transparencia y rigor, y en eso estamos de acuerdo, pero no ha sido capaz, quizá por inexperiencia, de plantear ninguna propuesta”.

“Está un poco verde”, le ha dicho a la portavoz de VOX con ironía, para, a continuación, criticar que “cae en contradicciones: dice que falta visión, y tenemos la de 2050, pero no le gusta; y pide realismo, pero tampoco plantea nada”, por lo que el regidor municipal ha considerado que “su discurso se queda en la evanescencia y en la nada, así es difícil el debate”.

“Sí que es cierto que la confianza se tiene que trabajar, nunca doy por sentado el respaldo de la gente. Todos los días les tengo que pedir la confianza a los ciudadanos, todos los días toca pedir disculpas y recibir abucheos, va en el cargo y hay que aceptarlo. Pero lo que siempre persigo es cuidar esa confianza, que es el mayor activo que tenemos los políticos”, ha reflexionado Conrado Escobar.

En sus palabras, desde VOX “es difícil aterrizar en Logroño si el discurso le viene dado de otro lado, o si nos viene bien para lograr votos”, al tiempo que ha reseñado que “no me va a poder decir ningún recorte, porque no los hay, lo que hemos hecho es hacer lo que nos pide, que es gestionar bien”.

Para Escobar, “cuando uno asume la gestión en un Ayuntamiento, no se trata solo de aplicar un programa electoral, porque el programa del PP ya no es nuestro, es de todos”, señalando precisamente que “la primera fase de ese programa, lo primero que se espera de él es que la ciudad funcione”.

Poniendo en este sentido ejemplos como, en seguridad, el aumento de actuaciones policiales suben y la bajada de los delitos; el récord de usuarios del transpore urbano; uso “multitudinario” de Bicilog; el “buen clima laboral” en el Ayuntamiento; la limpieza, “ya trabajando en un grupo para su mejora; o el aumento de actividad comercial, en concreto, en referencia a los bajos del Mercado de San Blas.

“Esto es gestión, rigor y transparencia. Es aplicar un programa de Gobierno que ya es de todos, y cuya primera fase es que la ciudad funcione. Si eso ocurre, podemos estar satisfechos. Y si a partir de ahí, nos ofrece alguna propuesta encantado”, ha finalizado el alcalde de Logroño.

La portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Logroño, Amaia Castro, ha centrado su intervención en el Debate sobre el Estado en el problema de la vivienda de lo que ha dicho que es, en realidad, “un problema de especulación y de codicia” y la situación de habitabilidad en el Casco Antiguo, convertido en una “feria de borrachera”, ha criticado. Ante ello, Conrado Escobar ha dicho estar estudiando “concienzudamente” una suspensión de la concesión de nuevas licencias de apartamentos turísticos.

Amaia Castro le ha dicho también a Escobar que Logroño “no avanza, pierde dinero y aumenta en las desigualdades” y que “no tenga plan, ni rumbo” para la ciudad.

Sobre la vivienda, ha reclamado que “mientras haya familias que no puedan pagar el alquiler, ni un piso turístico más”, así como ha exigido “la penalización fiscal a quien acumule viviendas vacías porque quien convierte las casas en cajeros automáticos destruye barrios y, por ello, destruye la ciudad”.

Castro, en este punto, se ha referido a la situación del Casco Antiguo, que “un día fue el corazón de la ciudad, y hoy parece una feria de borrachera”, llegándole a acusar de haber convertido a Logroño “en la Magaluf del Norte”. Todo ello, provoca que “los vecinos se marchen porque no aguantan más”. Así, ha destacado como positivo la puesta en marcha de sonómetros, aunque ha puntualizado: “Una cosa es medir el ruido, pero debe tener la valentía de frenarlo”.

Por ello, ha exigido una Ordenanza de Terrazas “valiente, y no de postureo”, para ponerle de ejemplo al Ayuntamiento de Alicante que “ha reducido a la mitad las terrazas en su ciudad en las zonas acústicas saturadas; eso es gobernar y hacerlo con valentía”. “Necesitamos aprobar la ordenanza de ruidos, y necesitamos, por supuesto, limpiar el casco antiguo, porque una ciudad puede tener fiesta, pero una ciudad sin descanso, sin vecinos, sin alma, acaba muriendo”, ha añadido, puntualizando que el Casco Antiguo “no solo se esta volviendo una zona invivible sino que también está perdiendo su alma”.

Fondos Europeos y Plan General

Por otra parte, Castro se ha referido a la gestión del Equipo de Gobierno, lamentando que “han perdido 7 millones de euros de fondos europeos; dinero que se ha perdido primero por su incompetencia y luego por su ánimo de venganza con la legislatura anterior”. A ello, ha unido que “arrancamos el año con un agujero de 8 millones de euros, algo que es la primera vez en la historia que ha ocurrido”.

Para solucionar este asunto, ha criticado que la solución “es la de siempre, recortar y vender; porque están vendiendo el patrimonio municipal, que es de todos, para pagar ese agujero y ese problema que ustedes mismos han creado”. No ha obviado Castro en su intervención referirse a la remodelación de la calle San Antón, que era “su proyecto estrella de legislatura” que “ahora va para la siguiente legislatura”, algo que hace tener “poca credibilidad”.

Sobre el Plan General, la portavoz de Podemos-IU le ha acusado a Escobar de “mentir” porque “los técnicos ya advirtieron en el 2023, y se lo dijeron, que el contrato era inviable, pero le dio igual, y siguieron adelante, resucitando el contrato”. “Ignoraron los informes, ignoraron a la oposición y, además, acabaron cesando a la directora general, algo que ha propiciado más de dos años perdidos y cero consensos”, ha añadido, para indicar que “mientras tanto, Logroño sin plan y sin rumbo”.

Para Castro, además, el Equipo de Gobierno, en materia de movilidad, “han excluido de la participación a todos los colectivos y asociaciones involucradas en la movilidad sostenible y además estos colectivos denuncian una opacidad y unas trabas de acceso a la información pública a niveles nunca vistos”. Con ello, ha asegurado que “han destrozado lo que había en movilidad ciclista avanzada con estándares europeos y nos han vuelto a llevar a modelos de los años 80”.

Ha criticado la política en materia de comercio del Ayuntamiento, porque “solo abren locales donde se puede comprar alcohol a las cuatro de la mañana, las franquicias de ramen o los comercios que solo son para turismo”, por lo que le ha acusado de “no apoyar al comercio local”. También Castro ha lamentado la “suciedad” de la ciudad, y ha censurado que en las fiestas de San Mateo “se gastaron un millón y medio de euros sin rumbo y sin sentido; más dinero pero menos participación que nunca, así como sin autocrítica”.

Para concluir, le ha pedido que deje el Logroño de 2050 y aterrice en el de 2025, porque la ciudad, ha creído, “se merece un presente y un futuro donde el eje no sea el marketing, sino la vida, además de necesitar viviendas asequibles, barrios limpios y servicios que funcionen”.

La respuesta del alcalde: Se plantea suspender las licencias de pisos turísticos

En la réplica, Escobar le ha señalado que se alegraba de que “se haya reconciliado con la ciudad”, porque “todos esos problemas que ahora mismo le asaltan, antes estaban olvidados”. Sobre el Casco Antiguo, le ha recordado la moratoria de un año en la concesión de nuevas licencias, de discotecas, de pubs, de similares, y también para la instalación de nuevas terrazas y que el próximo pleno se abordará la Ordenanza de Terrazas que “reducirá al menos un 20 por ciento de media la ocupación de la hostelería, si bien eso no quiere decir que haya que perseguir a la hostelería, sino que la buena hostelería es un activo económico y turístico de primer orden y, por tanto, hay que buscar siempre ese punto de equilibrio”.

Ha recordado las actuaciones policiales en el Casco, recordando que “los mayores botellones en la ciudad se produjeron cuando gobernaba el Partido Socialista, Unidas Podemos y el Partido Riojano, mientras que nosotros hemos tomado medidas”. En este punto, ha señalado las medidas del “sonómetro” y la instalación de 50 cámaras de seguridad en Logroño, además de poner en valor la aprobación de las zonas de protección acústica especial.

En materia de limpieza, el alcalde ha asegurado que “se ha hecho un esfuerzo extraordinario, fundamentalmente con el nuevo servicio de recogida de vidrio, el puerto a puerta en hostelería, que seguramente es mejorable”.

En su intervención, Escobar ha anunciado que “estamos estudiando muy concienzudamente la moratoria de suspensión para la concesión de licencias de apertura de apartamentos de uso turístico”. “Estamos estudiándolo porque más allá de la voluntad política de la determinación está la parte técnica que es importante, y está la parte jurídica que tiene que brindarnos cobertura”, ha añadido.

Sobre la vivienda, le ha acusado a Castro de “haber cerrado la oficina municipal de vivienda”, y luego “destinar los palacetes protegidos de Comandancia para vivienda protegida, algo que tendrán que explicármelo”. Frente a ello, ha indicado que han optado por otra “fórmula”, como es la cesión del derecho de superficie, con la que, según ha resaltado Escobar, obtendrán “un canon por un arrendamiento a cambio de que se construyan ahí viviendas de alquiler protegido”.

Ha defendido la gestión sobre San Antón: “Les hemos ahorrado disgustos a los logroñeses y dinero a los logroñeses, ya que el plan del anterior Equipo de Gobierno era imposible”, además de poner en valor sus actuaciones en materia comercial, y las de carriles ciclables.

La popular Mariola Sampedro se ha convertido este lunes en la nueva alcaldesa del municipio coruñés de Ribeira, tras prosperar la moción de censura promovida por Partido Popular y Partido Barbanza Independiente (PBBI) para derrocar al nacionalista Luis Pérez Barral. Los 13 votos que han sumado populares e independientes -a excepción de Tania Redondo y Luis Furones- en el pleno celebrado este lunes han bastado para arrebatar el bastón de mando a Pérez Barral, que había llegado a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2023 gracias al apoyo del edil socialista y de los cinco del PBBI.

Tras el debate de la moción y la votación que la ha proclamado alcaldesa, Sampedro ha tomado la palabra para manifestar su agradecimiento tanto a “su familia, equipo y a toda la gente la quiere y confía en ella”. “No hay honor más grande que ser alcaldesa del sitio en el que naces, no hay resonsabilidad más grande que servir a todas mis vecinas y a todos mis vecinos. Hoy no es un día para grandes discursos, pero sí quiero adquirir un commpromiso con todos vosotros, un compromiso basado en los principios que aprendí desde bien pequeña”, ha aseverado emocionada.

Entre aplausos y tras vaciarse parte del Auditorio Viejo de Ribeira, en el que se ha celebrado el pleno extraordinario, Sampedro ha reiterado su compromiso en que “la lealtad, el trabajo y el esfuerzo estarán desde el primero hasta el último día de su mandato”. Asimismo, ha destacado que “exigirá gobernar desde el respeto, desde la educación y desde la honestidad, un compromiso en que seguirá mirando a la gente a los ojos con franqueza, entendimiento y fuera de la trinchera política”.

En concreto, el PP de Ribeira presentó una moción de censura junto a cuatro concejales del PBBI para devolver a los populares, con Mariola Sampedro al frente, a la alcaldía, que desde las elecciones municipales del 2023 estaba en manos del nacionalista Pérez Barral. El documento fue firmado por los 10 ediles del PP y cuatro de los cinco que los independientes tienen en la corporación, a excepción del concejal de Sanidad, Juan Luis Furones. Sin embargo, una de las concejalas del PBBI que firmó la moción, Tania Redondo, pasó a ser concejala no adscrita tras denunciar en los últimos días “acoso y presiones” y renunciar a continuar formando parte del partido.

El PSOE de Calahorra ha denunciado la falta de transparencia de la alcaldesa Mónica Arceiz y su equipo de gobierno por denegar el acceso a la información sobre los expedientes relativos a la actuación prometida por el Gobierno de La Rioja para introducir suministro de gas en el polígono industrial El Recuenco.

El grupo de la oposición afea que el PP de Calahorra anunciara “a bombo y platillo” esta actuación hace un año y a día de hoy no se sepa nada de ello. “Ni el Ayuntamiento de Calahorra ha iniciado ningún expediente para llevar a cabo las obras de instalación del suministro de gas, ni el Gobierno de La Rioja cuenta con una partida presupuestaria para financiar estas obras”, dice el PSOE. “Un millón de euros que el Ayuntamiento sí que incluye en sus presupuestos de manera ficticia pese a que no cuentan con el respaldo del compromiso presupuestario en las cuentas anuales del Gobierno de La Rioja para 2025”.

Además, el PSOE ha denunciado estar sufriendo “una censura de esta información a cuyo acceso tienen derecho todos los concejales” sin que la alcaldesa “haya justificado legalmente en que se basa para prohibir el acceso a esta información”, han señalado. Ante esta situación, el grupo municipal socialista reclama la inmediata puesta a disposición de los expedientes previstos para conocer “la verdad” sobre la instalación de gas en el polígono de El Recuenco. 

Convertirse en alcaldesa de un municipio de Catalunya continúa siendo una situación excepcional hoy en día. Las alcaldías lideradas por una mujer en Catalunya solo conforman el 27% de todos los municipios, según un estudio realizado por el Observatorio de Igualdad de Género (OIG). Aunque estos datos se quedan muy lejos de la igualdad, lo cierto es que las cifras muestran el escenario más propicio de la historia en cuanto a la presencia de la mujer en los cargos locales se refiere.

En el poder municipal sigue predominado la fuerza masculina, aunque pese a estas cifras tan desiguales, desde 2019 hasta ahora, la presencia de las mujeres al frente del ejecutivo municipal ha aumentado en cuatro puntos, según los datos del OIG.

“Las mujeres somos la mitad de la población y tenemos que ocupar, como mínimo, la misma proporción de todos los lugares de decisión y tenemos que tener presencia donde se toman las decisiones”, afirma la presidenta del Institut Català de les Dones (IDC), Sònia Guerra.

Los municipios que tienen una media de entre 50.000 y 100.000 habitantes aproximadamente tienen un escenario distinto, con cierto cambio. Estas localidades suelen estar gobernadas por una alcaldesa (el 42% de los municipios), como por ejemplo el caso de las alcaldías socialistas de Rubí, que está bajo el mandato de Ana María Martínez; Mollet del Vallés, que tiene de alcaldesa a Mireia Dionisio; o Reus, con Sandra Guaita a la cabeza.

Históricamente, se destaca la zona del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como uno de los territorios donde la presencia de las mujeres en las alcaldías ha sido más notoria a lo largo del tiempo, con un 17,4%. Aunque haya municipios que actualmente están gobernados por un hombre, ha habido casos donde las alcaldesas han tenido un gran protagonismo.

Un ejemplo es el de la alcaldía de David Quirós en Hospitalet de Llobregat, que venía precedida por el mandato de 16 años de Núria Marín, quien dejó su cargo para después convertirse en la actual delegada del Gobierno de la Generalitat en Madrid.

Entre las ciudades del AMB, destaca Santa Coloma de Gramenet, municipio gobernado por la socialista Mireia González desde el 27 de agosto de 2024, tras la renuncia de Núria Parlon, quien llevaba 15 años en el cargo y renunció a él para convertirse en la nueva consellera de Interior.

En 2015 hubo un cambio paradigmático en las alcaldías catalanas. A los mandatos de Marín y Parlon, se sumaba la victoria de Ada Colau en las elecciones municipales de Barcelona, convirtiéndose en la primera mujer que alcanzaba el cargo, con un mandato de ocho años. Paralelamente a esto, Dolors Sabaté lograba conseguir la alcaldía en Badalona, con una legislatura de tres años.

Sabadell es otro de los municipios grandes de la provincia de Barcelona que actualmente está bajo la dirigencia de una mujer, la socialista Marta Farrés. La alcaldesa lleva más de un lustro en el cargo, desde 2019, y ve en la política ciertas desigualdades necesarias a solventar. “Los datos muestran el reflejo de la sociedad, y es necesario un cambio, porque sientes como mujer que al principio tienes que demostrar más que un hombre”, destaca.

En contraposición a esto, los municipios pequeños de Catalunya con menos de mil habitantes también tienen en sus ayuntamientos la presencia de mujeres al frente, como el caso de Ventalló, un pueblo de Girona con un censo de 891 habitantes. “Sí he notado que, en ocasiones, por el hecho de ser mujer, hay una serie de personas que te trata con condescendencia, con prejuicios respecto a tu mandato”, destaca su alcaldesa, Remei Costa.

Por su parte, la regidora y responsable de la oposición del pueblo de Vilabella, de 725 habitantes en el Alt Camp de Tarragona, Olga Segú, añade que “mucha gente se sorprende al ver que haces buena política, y eso demuestra que eres menos escuchada que un hombre”.

El cambio de perspectiva a lo largo del tiempo es evidente: el 54% de los municipios catalanes han estado gobernados alguna vez por una mujer entre 1979 y la actualidad, según los datos ofrecidos por el OIG. A esto, se le suma que el número de municipios que nunca han estado gobernados por una mujer se ha reducido en once puntos, descendiendo del 57% al 46%.

Aunque la paridad no sea absoluta, el panorama político en Catalunya presenta un escenario más propicio en cuanto a la presencia de regidoras que de alcaldesas, con un 45,5% de regidoras.

Las mujeres poco a poco se están haciendo un hueco en el frente político, y la presencia de estas presenta una tendencia positiva a lo largo de los años. “Aunque la presencia de mujeres ha aumentado, la sobrerrepresentación de los hombres se observa en todas las instituciones, y esto se tiene que feminizar para que la democracia sea realmente justa”, añade Guerra.

Las áreas de responsabilidad

Las mujeres y los hombres tienen una distinción significativa en la gestión municipal de las diferentes áreas de responsabilidad. Por un lado, en el caso de las mujeres, estas predominan en servicios sociales y promoción social, sanidad y educación. Por otro lado, los hombres destacan en ámbitos como los órganos de gobierno, las finanzas, las infraestructuras y los deportes, entre otros.

“Encuentro totalmente injusta esta división dispar de las áreas de responsabilidad, a las mujeres nos tienen que dejar hacer también en otros ámbitos y no siempre en los mismos”, insiste Segú.

Marta Farrés, por su parte, también ha demostrado su descontento con esta organización. “En Sabadell intentamos romper con estos estereotipos para ir demostrando que las mujeres pueden encabezar, por ejemplo, los ámbitos más técnicos y, un hombre, aquellos dedicados a los servicios sociales”, concluye.

La formación regionalista Por La Rioja ha denunciado el cierre de diferentes parques infantiles en Sojuela debido, según consideran, “al abandono y la falta de mantenimiento de estas instalaciones por parte del Ayuntamiento”. Aseguran haber llevado al pleno esta cuestión en varias ocasiones, cuando han alertado del “peligroso” estado de los parques infantiles, el campo de fútbol y otros espacios de esparcimiento que utilizan decenas de familias a lo largo del año.

“Llevamos varios plenos pidiendo la mejora y reparación de los juegos infantiles y parques de la urbanización del campo de golf, donde residen casi mil personas. Sin embargo, el alcalde desprecia y margina a estas familias, a pesar de recaudar cada vez más impuestos”, remarca José Carlos Cantos, portavoz de Por La Rioja en Sojuela.

El grupo municipal regionalista denuncia que “las partidas presupuestarias para el mantenimiento y mejora de los espacios públicos no se ejecutan” y que una de las zonas de juegos infantiles ya ha tenido que cerrar al público por su “lamentable estado, mientras que el resto presenta columpios, juegos y suelos en condiciones de riesgo para los usuarios”.

Además de este caso, Por La Rioja ha criticado que critica que “el Ayuntamiento incrementa la carga fiscal sobre los vecinos, no reinvierte en servicios básicos ni en la mejora de las instalaciones que disfrutan las familias y los niños”. “En el próximo pleno exigiremos la reparación inmediata de los parques infantiles y la instalación de fuentes, para que las familias puedan disfrutar de espacios dignos. El Ayuntamiento debe explicar por qué se niega a algo de puro sentido común”, ha anunciado Cantos.