Lo primero que le dijeron a la familia es que había muerto de un accidente de tráfico. Pero cuando su padre acudió al hospital y le dieron la vuelta al cuerpo inerte de su hijo, descubrió el orificio de un disparo. La bala nunca apareció. El joven malagueño Manuel García Caparrós se convirtió el 4 de diciembre de 1977 en una de las víctimas de la violencia policial que durante aquellos años acabó con la vida de decenas de ciudadanos en huelgas y protestas, tanto en los últimos años de la dictadura como en el momento en que la muerte de Franco no había acabado con la represión a pesar del relato idílico de una Transición pacífica que todavía tiene ecos hoy.

“Son víctimas que tenían una familia, padres, hermanos... Eran muy jóvenes y les quitaron la vida de una manera cruel por pensar diferente. Llevamos luchando 50 años para que no haya víctimas de primera y de segunda”, sostiene Dolores, una de las dos hermanas de Manuel. Ambas recibirán pronto la indemnización de 250.000 euros que les corresponde por ser familiares de quienes fallecieron “en defensa de las libertades y derechos democráticos” entre 1968 y 1978, tal y como reconoce el decreto recién convalidado por el Congreso que reactiva y amplía las ayudas puestas en marcha en su momento por la Ley de Memoria Histórica de 2007.

La familia Caparrós, que se quedó entonces sin indemnización, es una de las que ahora sí encaja en el supuesto del nuevo decreto, que se tramitará como proyecto de ley para incluir una extensión temporal todavía mayor, hasta 1983, como ha exigido ERC. La norma nace con vocación de solventar las lagunas de la ley anterior, que dejó fuera a quienes hubieran sido asesinados o heridos más allá de 1977, y amplía las cantidades a percibir. “Es un orgullo haber podido lograr este reconocimiento”, apunta Dolores sobre su hermano, al que el Gobierno denegó el pasado febrero la condición de víctima del terrorismo.

Manuel murió de un disparo policial durante la manifestación por la autonomía andaluza en Málaga, pero nadie fue nunca juzgado por ello y el caso se cerró en 1986. Desde entonces, sus hermanas han peleado por mantener viva su memoria y acceder a la Justicia y por eso para ellas la indemnización es importante, pero no suficiente: “Nuestra familia se hundió, no hay dinero en el mundo que pueda pagar ese destrozo”. La mujer reconoce que, más allá de la ayuda, seguirá insistiendo en saber qué ocurrió realmente aquel día. “Mientras nosotras tengamos un soplo de vida, lucharemos por saber la verdad. Él acudió a la manifestación como uno más y fue el único que no volvió a casa”, apunta.

Aunque al decreto del Gobierno le queda aún por delante el trámite en el Congreso, ya son más de una decena las indemnizaciones que se han reconocido desde su entrada en vigor, según adelantó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Además de por fallecimiento, el nuevo texto estipula ayudas de 500.000 y 180.000 euros para quienes tienen gran incapacidad o incapacidad permanente absoluta derivadas de heridas sufridas en ese contexto. El decreto permite que quienes cobraron en su momento por la Ley de Memoria Histórica puedan solicitar ahora una compensación por la diferencia, aunque para calcularlo, la cantidad abonada anteriormente debe ser “actualizada de acuerdo con el interés legal del dinero”, que es hoy superior que entonces.

Es lo que ha hecho Francisco Javier Almazán, hermano de Ángel, que murió en el hospital en diciembre de 1976 a causa de “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación” celebrada en Madrid contra la Ley para la Reforma Política, según destacó el ministro el otro día en el pleno. “Ha sido la primera vez que se ha dicho oficialmente que los autores fueron policías. Si lo hubieran reconocido en 1976 quizá no hubiera empezado esta pelea”, señala Francisco Javier, que en 1999 intentó que el Estado otorgara a Ángel el estatus de víctima del terrorismo sin éxito.

Sí fue reconocido como víctima del franquismo en una declaración de reparación que admitía que la protesta a la que acudió había sido “reprimida violentamente por la policía”, pero para Francisco Javier era importante que se afirmara oficialmente la responsabilidad en su muerte. Es algo que no se ha llegado a reconocer en sede judicial: en su momento, el caso lo juzgó la Jurisdicción Militar porque había integrantes de la Policía Armada implicados, lo que conllevó que la familia no pudiera tener un abogado en el proceso. Se interrogó a tres policías, pero a los días el caso se cerró apuntando a que no se podía demostrar la autoría de los hechos.

Mismos hilos, distintos casos

Las distintas caras de la historia comparten los mismos hilos que se entrelazan en otras, como si todas formaran parte de un mismo relato: las víctimas de esta violencia eran muy jóvenes, murieron en el transcurso de movilizaciones políticas en los últimos años de la dictadura o la Transición y sus familias tuvieron que enfrentarse a versiones oficiales alejadas de la realidad y a una Justicia que no les dio ni les da todavía respuesta. También a un olvido y a un silencio que aún hoy permanece. En todos los casos, las familias quedaron rotas y arrastraron un dolor y una falta de reconocimiento que ha empezado ahora a romperse, pero que llega tarde para muchos.

Cuando a Ángel el Estado le reconoció como víctima del franquismo, sus padres ya tenían Alzheimer y no llegaron a enterarse. “Bendito Alzheimer”, dice paradójicamente Francisco Javier. Porque “les borró la memoria y les hizo olvidar lo que había pasado. No he visto a mi madre tan feliz nunca”. Mientras Ángel estaba aún en el hospital después de la manifestación tras la que perdió la vida, a su familia le dijeron que estaba grave porque se había golpeado con una farola. “Mis padres fueron a verle a La Paz y cuando volvieron, mi madre dijo: nos lo han matao. Y qué razón tenía”, recuerda su hermano. Aguantó cinco días más.

Como tantos otros, Francisco Javier ha intentado en los últimos años reabrir la vía judicial y que se reconozca que fue un homicidio “enmarcado en los crímenes de lesa humanidad” del franquismo y años posteriores, pero se ha topado con el archivo de la querella. Por eso, más allá del decreto que otorga ayudas económicas a las víctimas, pelea por “el reconocimiento como verdad judicial” de lo sucedido, aunque no se condene a nadie. Un muro es también con lo que se ha encontrado judicialmente la familia de Víctor Pérez Elexpe, el joven comunista asesinado por un guardia civil en Portugalete en enero de 1975 mientras repartía folletos en solidaridad con una huelga.

“Exigimos dejar de ser víctimas de segunda, queremos los mismos derechos y consideración que las oficialmente llamadas víctimas del terrorismo. Nosotros también lo somos, de un terrorismo no reconocido pero no por ello menos grave y menos condenable: el terrorismo de Estado”, apuntan María Rosario, María José y Fermín Pérez Elexpe, hermanos de Víctor, en una respuesta conjunta por escrito en la que, a pesar de todo, agradecen el apoyo de los amigos, los compañeros de partido, los abogados y los sacerdotes que “acompañaron” a sus padres en “los momentos de dolor”.

En su caso, también han sido reconocidos ya por el Gobierno para recibir la diferencia de indemnización entre lo que cobraron en 2010 –actualizado a fecha de hoy– y lo aprobado ahora, pero coinciden con el resto en que “lo más importante” son “las indemnizaciones morales y judiciales” que aún están pendientes. “El dinero lo hemos usado, en parte, en tribunales, psicólogos y tratar de aprender a llevar una vida rota”, señalan al tiempo que recuerdan como, su otro hermano Ignacio falleció en 1996 tras “buscar refugió en la droga al no llegar a comprender nunca por qué no se podía hacer justicia”. “Destrozaron a la familia”, apuntan.

Los tres reclaman ahora una declaración institucional en las Cortes “que deslegitime el franquismo” y este tipo de crímenes: “Cada vez que nos niegan, vuelven a asesinar a nuestro hermano”, subrayan. Como en el resto de casos, hubo una primera versión que señaló “que había muerto en un enfrentamiento con el guardia civil Narciso San Juan del Rey, que era vecino y conocido del barrio –sostiene la familia–, pero hubo muchos testigos que acreditaron que Víctor no portaba ningún arma y no hubo ningún enfrentamiento, sino que le disparó por la espalda”. La vía judicial acabó con un sobreseimiento del caso.

La “responsabilidad” del Estado

La aprobación del decreto es celebrada por las familias y las asociaciones que las agrupan, sobre todo porque corrige la ausencia de indemnizaciones económicas en la Ley de Memoria Democrática, que nació en 2022 sin ellas. Sin embargo, la reflexión más compartida es la de que no es suficiente y apuntan a que estarán “vigilantes” ante su aplicación práctica. Además, reclaman que en el trámite como proyecto de ley se alargue el periodo de aplicación, tal y como ya ha acordado el PSOE con los partidos de izquierdas. Por su parte, PP y Vox votaron en contra de la reforma usando argumentos como que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede decir que no había libertad ni democracia”.

En la práctica, las cantidades que reconoce el decreto son algunas de las que se reconocen ya para las víctimas del terrorismo, pero estas reciben también una ayuda si tienen una incapacidad total o parcial, que son dos supuestos no reconocidos en esta norma. Algo que lleva a Andoni Txasko, una de las víctimas de las actuaciones de la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco obreros, a señalar “las carencias” de las que a su juicio “peca” la normativa. “Hay otra mucha gente que fue herida y que tiene secuelas, pero no se las reconoce”, afirma Txasko, que fue indemnizado en 2010 porque, debido a la brutal paliza que le propino la policía horas después de la masacre, se ha quedado con un 2% de visión.

Txasko reconoce que las indemnizaciones “son un derecho”, pero recalca que “lo principal” para las víctimas es “el reconocimiento integral”. “No se puede vender que nos equiparan a las víctimas del terrorismo porque no es verdad”, dice el miembro de la Asociación 3 de marzo, que pone el foco en la “paradoja” que supone ser reconocidos como víctimas por la defensa de la democracia y por sufrir “una violencia que nunca debió producirse”, como figura en la declaración de reparación personal que él mismo ha recibido, pero “no reconocer la responsabilidad por parte del Estado en lo sucedido”. “Pedimos que se haga una declaración al más alto nivel admitiendo esto”, clama.

Esta y la reclamación del acceso a la justicia son también los ámbitos en los que está poniendo todos sus esfuerzos la familia de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, que sigue buscando respuestas medio siglo después de su muerte. Sus hermanas han pedido la reparación económica a la que tienen derecho a la luz del nuevo decreto, pero sobre todo exigen saber la verdad. El joven murió el 5 de marzo de 1976 en Tarragona en una manifestación convocada en protesta precisamente por lo ocurrido en Vitoria dos días antes y, según la versión policial, falleció al caer al vacío desde una azotea cuando le perseguía la Policía Armada.

Su cuñado, José Antonio Giménez Giménez, estaba con él aquel día y vio como Juan Gabriel entraba en un portal seguido por dos agentes. Lo que pasó dentro no se sabe, pero recela del atestado policial, que es “un auténtico disparate” que incluye el supuesto recorrido que hizo el joven antes de caer, como “si hubiera saltado de ventana en ventana, incluso a otros edificios distantes a unos tres o cuatro metros”. El sumario judicial concluyó que había sido una muerte por accidente, pero ahora la familia ha pedido la exhumación del cadáver y un nuevo análisis forense, además de que confían en que la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática revise el caso y pueda arrojar algo de luz. “Las indemnizaciones son importantes, pero después de 50 años resulta un poco secundario”, concluye José Antonio.

Te voy a contar una cosa pero que quede entre tú y yo, ¿vale? ¿Me lo prometes? ¿De verdad? ¿Sí? De acuerdo. El otro día tuve un incidente bastante feo cuando salí a tirar la basura. ¿El motivo? Apareció detrás de mí un tipo y se dedicó a seguirme e insultarme.

Esta situación llevó a tener que desviarme del camino de vuelta a casa. Casi una hora andando. Casi que, saliendo de mi barrio, tuve que llamar a una amiga y hablar por teléfono mientras compartía mi ubicación, aunque hacía un rato que ni lo veía ni lo escuchaba.

En todo ese rato no me encontré a ningún policía. Y era raro porque llevo unos meses encontrándome un furgón policial cada vez que salgo de la puerta de mi portal. Da igual que fuesen las cinco de la mañana, las diez, las cuatro de la tarde o las once de la noche. Podría ser que pasara antes y no me percatase que estuvieran ahí, aunque los furgones no son muy discretos que digamos. Podría ser por mi seguridad, o podría ser por la tuya.

Yo creo que es más por tu seguridad, porque a mí lo que me genera es angustia. Y no estoy exagerando. Mira lo que está pasando. El pasado jueves 26 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó (y celebró) el nuevo reglamento europeo de deportaciones. Sí, deportaciones masivas basadas en el modelo ICE de Estados Unidos, lo que supone no sólo un recorte de derechos a las personas migrantes sino, también, el aumento de la discriminación racial en suelo europeo.

También el 26 de marzo nos encontramos por la tarde con las duras imágenes de la detención arbitraria y racista al exdiputado, y activista antirracista, Serigne Mbaye. Tendrán que explicar muy bien y nítidamente por qué esa actuación no tiene ni un ápice de racismo. Pero, te voy a confesar una cosa, algo se torció en mi estómago al ver la rodilla sobre el cuerpo de Serigne, como hicieron con Haitam Mejri el pasado diciembre en Torremolinos, y mostraban las imágenes publicadas en este mismo medio.

Es importante que incluso habiendo salido a la luz las imágenes, y desmontarse el argumentario oficial, incluso después se trata de hacer malabares para defender una actuación cuyos intentos de justificación hacen aguas por doquier para evitar decir que el peligro real se encontraba en que era “un moro”.

En el caso de Haitam, tras inmovilizarlo y golpeado en la cabeza, le presionaron sobre piernas y tórax, provocando una asfixia que le provocó la muerte según el informe de la autopsia, y darle más de ocho descargas de táser. Al ser consultado el Gobierno por el uso de esas pistolas, su respuesta fue que la actuación se ajustó a los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”.

Mientras tanto, nosotras, las que nunca somos nombradas en estas agresiones, somos las encargadas de la supervivencia física, mental, económica y emocional ante tamaña crueldad sobre nuestros barrios y familias, donde la violencia institucional se funde con nuestra sombra

Pero hay tres cosas que unen a estos dos casos. No excepcionales ni puntuales, sino de violencia: la rodilla sobre el cuerpo, la existencia de imágenes y la respuesta institucional: no hay racismo, es una respuesta proporcional. ¿Proporcional a qué? Y sobre todo, ¿a quién?

Y es que, hablando de cuerpos, seguro que se te está quedando mal cuerpo. Pero no me preguntes cómo estoy, porque lo que me duele no es ni el estómago ni el pecho: me duelen las manos. Me duelen las manos, como diría Silvia Agüero, como a tantas mujeres racializadas de que tengamos que enterrar a los hombres de nuestras comunidades o parar en seco nuestras vidas porque los han detenido, y soltado, ya que no tenían un motivo real más allá del racial.

Y es que este tipo de agresiones no son individuales sino que impactan de lleno en el entorno y sirve de aviso a sus comunidades, como el disparo al aire de un cazador. Mientras tanto, nosotras, las que nunca somos nombradas en estas agresiones, somos las encargadas de la supervivencia física, mental, económica y emocional ante tamaña crueldad sobre nuestros barrios y familias, donde la violencia institucional se funde con nuestra sombra.

Porque no son situaciones puntuales, ni casos aislados, es puro racismo de Estado. Al final son estas mismas manos cansadas y doloridas las que siguen tejiendo y sosteniendo. Podríamos irnos, quizás, deberíamos irnos, pero la impunidad debe dejar de ser costumbre. No hay paz en la injusticia.

Estos hechos muestran la finitud de sus excusas y la imposibilidad de que exista seguridad para nosotras. Siempre habrá un recordatorio, que cada vez es más violento y virulento. Y ahora, más allá de una profunda consternación y las condenas protocolarias, ¿qué se vais hacer?

El Día da Clase Obreira Galega conmemora cada 10 de marzo el asesinato de los obreros comunistas Amador Rey y Daniel Niebla a manos de la policía franquista en Ferrol. Hubo además un centenar de heridos Sucedió en 1972 en medio de un intensísimo conflicto laboral en el astillero Bazán y fue uno de los episodios clave del antifranquismo gallego y estatal, impulsado por un formidable movimiento obrero. El pasado 10 de marzo, el Gobierno central emitió una declaración insitucional a iniciativa de su vicepresidenta Yolanda Díaz -su padre, Suso Díaz, sindicalista de Comisións Obreiras y militante del PC, había sufrido prisión tras los sucesos del 72- en la que “reconoce y homenajea a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares” y condena la “desproporcionada actuación” policial. Este miércoles el ministro de Memoria Democrática, Ángel Torres, anunció en el Pleno del Congreso que ya ha aceptado 15 peticiones de indemnización, entre ellas la de los familiares de Amador Rey, que dejó viuda y tres hijos.

El Gobierno está estudiando medio centenar de solicitudes para que se repare e indemnice a otras tantas personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978 y ya ha dado luz verde a una quincena de ellas, según ha adelantado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Lo ha dicho durante el debate de convalidación del decreto ley por el que se modifica la Ley de Memoria Democrática para dar cobertura a este colectivo de víctimas y ampliar el marco temporal de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución.

El ministro ha detallado que la comisión encargada de evaluar la concesión de estas indemnizaciones ha recibido ya unas 50 solicitudes de los potenciales beneficiarios, ha estudiado 18 de ellas y ha aceptado 15, entre ellas la relativa a Manuel José García Caparrós, asesinado cuando tenía 18 años el 4 de diciembre en 1977 durante una manifestación en Málaga en defensa de la autonomía de Andalucía.

Otras víctimas

Pero también se va a indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Pérez, que tenía 23 años cuando fue asesinado en Portugalete (Vizcaya) al recibir dos disparos por la espalda “por el mero hecho de repartir octavillas en apoyo de una huelga”. Asimismo, se ha aceptado la petición de la familia de Ángel Almazán que murió en el hospital en 1976 tras varios días de ingreso por los “culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación”, y lo mismo se ha hecho con la de Juan Gabriel Rodrigo Nafo, muerto por la represión policial de las protestas obreras en Tarragona en marzo de 1976.

El ministro ha mencionado también el caso de Francisco Javier Nuñez Fernández que, al “volver de misa con su hija de tres años”, se encontró con la represión policial contra una manifestación por la amnistía que se celebraba en Bilbao. Logró dejar a su hija en el portal, pero recibió una dura paliza por parte de la policía franquista. “Al día siguiente, al ir a denunciar los hechos, fue torturado, se le hizo beber un litro de aceite de ricino y coñac, y murió 13 días después en el hospital”, ha rememorado el ministro ante la viuda y la hija de Núñez Fernández, presentes en el hemiciclo.

Los casos de represión contra el derecho a protesta que se dieron en movilizaciones españolas durante el año 2025 han ascendido un 66,7% con respecto al año 2024. De entre todas las movilizaciones, una cuarta parte de las intervenciones se produjeron durante protestas en solidaridad con Palestina (90 casos), seguidas de vivienda y okupación (67 casos) y antifascismo (61 casos). Son datos que recoge el informe anual de la plataforma Defender a quien defiende, defensora de los derechos humanos y que cada año estudia la situación del derecho a la protesta en el Estado español de forma cuantitativa y cualitativa.

El informe, presentado este jueves por Bernat Aragó (de la asociación NOVACT), Cèlia Carbonell (de la asociación Irídia), Gabriela López Neyra (psicóloga del Centro Sira) e Ibán Vazquez (de BDS Madrid), recoge que la represión se intensifica cada año y lo hace de manera más visible y más sistemática —a más protesta y movilización popular, más represión—. En total, según los datos que ha podido conseguir la plataforma Defender a quien defiende, en 2025 se dieron un total de 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas en contexto de protesta.

Tipos de vulneraciones del derecho a protesta

La organización diferencia entre tres tipos de datos. Los casos, según detalla la plataforma, hacen referencia a los episodios concretos vinculados “a una protesta o situación relacionada con el ejercicio del derecho a la protesta” (por ejemplo, una manifestación, un desalojo). Las vulneraciones son intervenciones concretas realizadas “por una autoridad pública o por un actor privado que afecta o restringe el ejercicio de alguno de los derechos que conforman el derecho a la protesta”. Por ejemplo, una carga policial, una detención, una multa administrativa o la apertura de un procedimiento judicial. Y las personas afectadas “se contabilizan por caso y por vulneración”, es decir, una persona identificada y detenida es una persona contabilizada; en cambio, “si se produce una carga policial desproporcionada contra un grupo de personas, pero no se reporta ninguna persona herida, contará como una sola persona”. Si una persona resulta afectada en distintos casos, se contabiliza en cada uno de ellos en los datos de la plataforma.

También se distinguen distintos tipos de vulneraciones. El estudio indica que en 2025 adquieren mayor peso las vulneraciones contra la integridad física y moral (147 casos con 419 personas afectadas) y las detenciones (76 casos con 324 personas afectadas), lo que se traduce en más de una tercera parte de las vulneraciones detectadas, mientras que en 2024 fueron más comunes lss identificaciones y sanciones administrativas (más del 50 % del total de casos registrados). El informe recoge distintos tipos de intervenciones contra el derecho a protesta: multa, identificación, ataques a la integridad física y moral (agresiones, uso desproporcionado de la fuerza, cargas, registros y cacheos, golpes no reglamentarios, amenazas, insultos, coacciones o vejaciones), detención, infiltración (presencia encubierta de agentes de paisano en manifestaciones o actividades en espacios sociales), represión judicial, censura, retención, burorrepresión (obstáculos administrativos, trabas burocráticas o exigencias desproporcionadas que dificultan la organización y participación en movilizaciones), policía sin identificar y otros.

Un cuarto de las retenciones fueron en protestas por Palestina

Las retenciones durante las protestas en solidaridad con Palestina fueron las más recurrentes (el 24,7 % de los casos), y han aumentado casi un 65 % frente al año anterior, sobre todo en casos de ataque a la integridad física y moral. Estos casos de represión se dieorn principalmente en tres acontecimientos del año 2025: el boicot a la celebración de La Vuelta Ciclista entre los meses de agosto y septiembre, las protestas por el secuestro de los activistas de la Global Sumud Flotilla, y la huelga general por Palestina el día 15 de octubre del mismo año. Durante La Vuelta Ciclista en Madrid, la Red de Observación de vulneraciones en contexto de protesta de Madrid registró más de una veintena de manifestantes heridos, “de los cuales cuatro referían heridas graves en cargas desproporcionales ocasionadas por la Policía Nacional”, según el informe de Defender a quien defiende.

Estas intervenciones fueron ejercidas en su mayoría por los cuerpos policiales (54,5%), donde los Mossos d’Esquadra son responsables de un 25,8% de los casos, y la Policía Nacional de un 22,6%. “Este patrón refuerza la tendencia observada en años anteriores, donde las fuerzas policiales representan el principal actor en la represión de la protesta”, explican desde Defender a quien defiende.

Por otro lado, las instituciones públicas y judiciales son responsables del 26,3 % de los casos (111), y el 19,2 % de las vulneraciones documentadas son de actores privados, que entran en juego en protestas como las de vivienda, con la intervención de empresas de desocupación como Desokupa.

El informe también distingue un análisis territorial de los casos, donde se aprecia que Catalunya es la comunidad autónoma donde más casos se han registrado en 2025 (194 de los 380), seguido de Madrid (61 casos) y la Comunidad Valenciana, donde, además de protestas en solidaridad con Palestina, la vivienda y movilizaciones antifascistas, se produjeron muchos episodios vinculados a las protestas por la gestión de la DANA.

El recuento no corresponde a la totalidad de casos existentes pues, según explican en su informe, “en el Estado español no existe ningún mecanismo oficial de recuento o sistematización de vulneraciones del derecho a la protesta”, por lo que la recopilación de estos datos se ha conseguido mediante “observación directa por parte de redes de monitoreo en el terreno, testimonios y documentación aportada por personas afectadas, así como el seguimiento sistemático de medios de comunicación y redes sociales de movimientos sociales”. Defender a quien defiende explican que esta información es “una radiografía basada en los casos detectados y documentados por la plataforma, sin posibilidad de contraste con datos institucionales equivalentes. El volumen real de afectaciones es necesariamente superior”.

Diez años de la Ley Mordaza

El informe de Defender a quien defiende de 2025 coincide con el décimo año desde la aprobación de la Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana) en España, que entró en vigor en julio de 2015. Esta ley ha supuesto el aumento y endurecimiento de las sanciones en los espacios públicos, principalmente en manifestaciones, y que limitan los derechos de los ciudadanos (libertad de expresión y protesta). Desde la plataforma apuntan que “no se debería haber aprobado nunca” y aseguran que fomenta malas prácticas con el material policial.

Este aumento de malas prácticas se ha podido apreciar en el incremento del uso de gases pimienta, pelotas de goma, bastones policiales, proyectiles de foam y otros materiales antidisturbios. La organización afirma que hay casos en los que los cuerpos los utilizan sin seguir los protocolos establecidos para ello, llegando incluso a provocar en activistas fracturas óseas en brazos, piernas y costillas. La plataforma denuncia que en numerosas ocasiones el uso de este material está “injustificado” y exigen la prohibición de los gases y los proyectiles.

De la misma forma, desde Defender a quien defiende critican las nuevas técnicas de control y vigilancia de la ciudadanía en el espacio público, como cámaras de seguridad, cámaras térmicas y de reconocimiento facial, y defienden que “solo una sociedad informada, que comprende los riesgos reales y se reconone como sujeto político en el espacio público, puede resistir la normalización de la vigilancia y movilizarse para construir alternativas democráticas y justas”.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha reconocido recientemente a nueve víctimas de los Sanfermines de 1978, los conocidos como los Sanfermines rotos, que dejaron en Pamplona a un muerto y centenares de heridos, once de ellos de bala, tras las cargas de la Policía Armada en la plaza de toros de la capital navarra.

El ministro Ángel Víctor Torres ha enviado una carta a las nueve familias que solicitaron el reconocimiento, entre las que se encuentra la de Germán Rodríguez, el joven de 23 años que falleció tras recibir un disparo en la frente de un agente de la Policía. En la misiva se les reconoce su condición de víctima con base en la ley estatal de memoria democrática de 2022 y el Gobierno central asume que sufrieron una “violencia injusta” en la actuación policial, si bien no reconoce la “responsabilidad” del Estado en los crímenes.

Además de Germán Rodríguez, también ha sido reconocido Joseba Barandiarán, que falleció tras ser disparado por la Policía en una protesta convocada en Donostia el 11 de julio de 1978 por los sucesos de los Sanfermines. De igual manera, el Gobierno de España ha reconocido a otras siete personas heridas en los Sanfermines de aquel año, algunas de ellas de bala. El reconocimiento por parte del Estado es únicamente administrativo y no incluye el derecho a indemnizaciones, como sí lo hace la ley navarra de reconocimiento a víctimas de la violencia policial.

Desde la plataforma SF78 Gogoan consideran el reconocimiento una actuación “positiva” aunque “parcial”. Sostienen que el Estado todavía no se ha responsabilizado de esos sucesos y que no ha ha aportado datos sobre los victimarios. Denuncian que a las víctimas se les ha negado el acceso a documentos oficiales para esclarecer los hechos y que la familia de Germán Rodríguez todavía desconoce quién le disparó de muerte.

Los Sanfermines rotos es como se conoce a los sucesos del 8 de julio de 1978. Ese día en la plaza de toros de Pamplona 50 jóvenes de las peñas saltaron a la arena con una pancarta que pedía: “¡Amnistía Total, Presoak Kalera, Sanfermines sin Presos!”. 40 miembros de la Policía Armada que custodiaban la plaza entraron en el recinto y comenzaron a cargar contra los tendidos con material antidisturbios: pelotas de goma y gases lacrimógenos. El público respondió a la violencia policial con el lanzamiento de botellas y almohadillas. Fue entonces cuando la Policía hizo uso de las armas de fuego, dejando cinco heridos de bala en el propio ruedo.

Horas después, cuando las calles del centro de la capital navarra se llenaron deprotestas, un mando policial emitió por la radio interna la orden de cargar contra los manifestantes. “No os importe matar”, fue el mensaje al que siguieron las cargas que acabaron con la vida del joven activista navarro de 23 años de un disparo en la cabeza.

Los iraníes muertos en las protestas que sacudieron el país en enero han sido despedidos en funerales multitudinarios y festivos, acompañados de música pop y bailes, en lo que parece ser un mensaje deliberado de desafío al régimen islámico que gobierna Irán.

En vez de las ceremonias fúnebres tradicionales y sombrías, oficiadas por un clérigo chií, los allegados están transformando los entierros en celebraciones exultantes de la vida de sus seres queridos, en lo que los analistas interpretan como un desaire deliberado a la cultura de la piedad que impone la teocracia iraní.

En muchos casos, los funerales solo pudieron celebrarse después de que las familias se vieran obligadas a pagar grandes sumas de dinero para recuperar los cuerpos de los depósitos oficiales.

Según distintas informaciones, las autoridades solo entregaban los cadáveres después de obligar a los allegados a firmar declaraciones en las que se afirmaba que los fallecidos pertenecían a la Basij, una milicia progubernamental. Esta práctica busca reforzar la narrativa oficial que presenta a los manifestantes como “terroristas” que atacaron a las fuerzas de seguridad y, al mismo tiempo, inflar el número de víctimas en las filas del régimen.

Algunos cálculos estiman que 30.000 personas han muerto en las manifestaciones que estallaron a finales de diciembre y se extendieron por todo el país. Otras estimaciones son aún más elevadas.

“La alegría es un poderoso mensaje político”

Sociólogos iraníes afirman que el ambiente de los funerales de los fallecidos transmite un mensaje de rebelión frente a la represión letal.

“Muchos de quienes hoy despiden a sus seres queridos no quieren que su dolor conserve ningún rastro del luto religioso que es emblemático de la subcultura compartida por quienes los mataron”, explica Hosein Ghazian, analista iraní afincado en Estados Unidos. “En lugar de expresar el duelo de forma abierta, optan por mostrar alegría. Una alegría que transmite un poderoso mensaje político: la perseverancia en la lucha contra opresores sanguinarios”.

Las redes sociales han difundido imágenes de varios funerales. En lugar de un duelo manifiesto, los vídeos muestran escenas eufóricas, en las que se ve a mujeres sin el velo islámico tradicional gritando y bailando al son de canciones populares que suenan a todo volumen en equipos de música.

Las familias que perdieron a sus seres queridos señalan que decidieron organizar eventos vibrantes para capturar el espíritu con el que había vivido la persona fallecida.

Los familiares de Milad, de 17 años, bailaron al son de su canción favorita, Ghaf, una balada romántica de Alireza Talischi, después de que falleciera a causa de las heridas sufridas cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra una protesta en el barrio de Naziabad, en Teherán, el 8 de enero. Las autoridades exigieron inicialmente el equivalente a 5.700 euros para devolver su cuerpo, según denunciaron. No está claro cuánto pagó finalmente la familia.

“Hicieron lo que Milad habría querido”, contó su hermano mayor, Reza, que vive en Tallin, Estonia. “Bailaron entre lágrimas en el entierro. Incluso en el duelo celebraron la intensidad de su vida”.

Shaghayegh, de 21 años, describe circunstancias similares en torno al funeral de su primo de 19 años, que murió tiroteado en una protesta en Narmak, un barrio del norte de la capital.

“Ni siquiera puedo decirte cuánto dinero pagamos, pero solo queríamos recuperarlo”, explica. “Cuando su cuerpo finalmente llegó a casa, la familia se preparó como si fuera una boda. Se instalaron altavoces en la casa. Grandes carpas llenaron el garaje. Los miembros de la familia cocinaron juntos, como lo harían para una celebración. La única diferencia era que ninguno de nosotros reía. Celebrábamos su vida, lo que significaba para nosotros, lo que podría haber aportado al mundo”.

El baile es una parte importante de la cultura iraní, pero generalmente se limita a eventos cerrados, como fiestas privadas y bodas, debido a las restricciones religiosas impuestas por el régimen.

Por el contrario, muchos de los funerales eufóricos que se muestran en las redes sociales tienen lugar al aire libre, en un ambiente que parece desafiar abiertamente las costumbres conservadoras que el régimen insiste en mantener.

Las escenas de mujeres bailando y cantando en público también pueden interpretarse como un rechazo de los principios básicos de la República Islámica, que prohíben el baile y el canto femenino por considerarlos haram (prohibidos según las normas islámicas).

Música y danza frente a la cultura estatal

Saeed Paivandi, sociólogo de la Universidad de Lorena en Francia, señala que los funerales iraníes sin simbolismo islámico tradicional representan “la resistencia contra el Gobierno teocrático que quiere imponer normas religiosas a toda la sociedad iraní y en diversos ámbitos de la vida de las personas”.

También indica que, en los movimientos de protesta, las ceremonias de duelo por las víctimas de la represión gubernamental se han convertido en un espacio para desafiar las normas religiosas y estatales.

“Lo que parece muy significativo desde el punto de vista simbólico es el uso de la música y la danza, que se consideran antivalores en la cultura estatal. La sustitución del llanto y los lamentos, considerados un valor fundamental, por una especie de alegría amarga es otro elemento significativo de esta transformación cultural. Quieren decirle al Gobierno que no lloramos por los mártires de la libertad, sino que ellos eligieron el camino correcto y son un motivo de orgullo para nosotros”, señala.

Estos funerales podrían haberse inspirado en el testimonio de Majidreza Rahnavard, ejecutado en 2022 a los 23 años, tras ser acusado de apuñalar a dos miembros de la Basij durante las protestas conocidas como 'Mujer, Vida, Libertad'.

Tras su muerte, aparecieron imágenes de Rahnavard momentos antes de su ejecución, en las que decía: “No quiero que nadie llore sobre mi tumba. No quiero que lean el Corán ni recen. Solo celebren y pongan música festiva”.

Desde entonces, los opositores al régimen han ensalzado a Rahnavard como un héroe popular y han invocado sus palabras como un legado a imitar.

Se llamaba Renée Nicole Macklin Good, tenía 37 años y el pasado miércoles fue asesinada por los agentes antinmigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante un macrooperativo desplegado en la capital del Estado de Minesota: Mineápolis. Ahora, las imágenes grabadas por el propio agente de ICE que abordó y después quitó la vida a esta mujer, madre de tres hijos, vuelven a desmontar la narrativa de la Casa Blanca.

El vídeo, hecho público por un medio de extrema derecha, muestra cómo Renée Nicole Good dijo con tranquilidad que todo estaba “bien” y “no estoy enfadada contigo” segundos antes de que un agente del ICE, el servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la asesinara en Mineápolis mientras trataba de incorporarse al sentido del tráfico.

En las imágenes se puede observar cómo uno de los agentes del servicio antimigratorio de EEUU se baja de su vehículo y rodea el vehículo de la mujer, un Honda Pilot de color granate, que está maniobrando aparentemente para retomar la marcha, mientras se escucha la sirena del coche de ICE. “Está bien, tío. No estoy enfadada contigo”, le dice Renée Good al agente con tranquilidad.

El hombre sigue rodeando el vehículo de la fallecida mientras otra mujer le grita: “¡Muestra tu cara!”. “Está bien. Nosotras no cambiamos nuestras matrículas todas las mañanas. Será la misma matrícula cuando hables con nosotras más tarde”, le dice también esta otra mujer mientras graba al agente de ICE, que ya se encuentra detrás del vehículo granate, con su móvil.

“¿Quieres venir a por nosotras? ¿Quieres venir a por nosotras? Yo digo: vete a por un buen almuerzo, niño grande”, le espeta esta mujer. Acto seguido, otro agente de ICE que llega en otro vehículo, se dirige al coche de ambas mujeres y les ordena que “salgan del coche”. “Sal del puto coche”, insiste.

Mientras la segunda mujer trata de entrar en el vehículo, la conductora inicia una maniobra para reincorporarse al sentido del tráfico a la vez que el agente que la estaba grabando suelta el dispositivo con el que estaba tomando las imágenes y, acto seguido, se escuchan los dos disparos del agente de ICE que acabaron con la vida de Renée Good. En otro vídeo anterior se aprecia con claridad cómo el agente ya apunta con su pistola a la conductora antes de que ella ponga en marcha el vehículo.

El asesinato de Good ha sido utilizado por Trump para criticar a la “izquierda radical”. La Administración que dirige ha definido los disparos del agente del ICE como “defensa propia” y ha acusado a la víctima de “terrorismo doméstico”, mientras que el alcalde de la ciudad de Mineápolis ha cuestionado la versión de los hechos.

Tras la publicación de un primer vídeo de los hechos, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, denunciaba que: “Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todo el mundo directamente: eso es una mierda”. También calificaba la versión del DHS [Departamento de Seguridad Nacional] como una “historia inventada”.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la muerte en una rueda de prensa posterior al incidente e insistió en la versión de que el agente actuó en defensa propia ante un acto de “terrorismo doméstico”. “Nuestro agente cumplió con el entrenamiento e hizo exactamente lo que se le había enseñado a hacer en una situación así”, argumentaba Noem, que ha desestimado los hechos denunciados por el alcalde. “No sabe de qué está hablando. Está muy claro cómo este individuo estaba acosando a [los agentes] y obstruyendo [su actuación]”. La secretaria del DHS ha dicho que el hombre ha sido atendido en el hospital y ya ha “sido dado de alta”. 

Noem ha dicho que no van a parar las redadas debido al suceso y que el agente sigue en activo. También ha anunciado que pedirá al Departamento de Justicia que lo “trate como terrorismo doméstico”. “La gente tiene que dejar de usar sus vehículos como armas. Este terrorismo doméstico tiene que acabar. Estoy pidiendo al Departamento de Justicia que lo procese como terrorismo doméstico, porque está claro que se trata de algo coordinado. A la gente se la está entrenando y diciendo cómo utilizar sus vehículos para obstaculizar las operaciones de las fuerzas del orden”, ha insistido Noem. 

En una publicación posterior en su red social Truth Social, Trump cerraba filas con la versión de su secretaria de Seguridad Nacional. El presidente dice que ha visto el vídeo y que la mujer “conducía el coche contra el agente de ICE de forma violenta, intencionada y agresiva”. A pesar de que Noem ha dicho que el agente ha sido dado de alta, Trump echaba más leña al fuego y decía “es difícil creer que esté vivo, pero ahora está recuperándose en el hospital”. Como es habitual, ha señalado a “la izquierda radical” como el mal y la causa de todo lo ocurrido.

El asesor de Seguridad Nacional de Trump, Stephen Miller, ha sostenido, por su parte, que el Partido Demócrata “está decidido a incitar a una insurrección violenta para mantener a millones de intrusos criminales extranjeros” en EEUU.

Se llamaba Renee Nicole Macklin Good, tenía 37 años y el pasado miércoles fue asesinada por los agentes antiimigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante un macrooperativo desplegado en Mineápolis (Minesota).

Se describía en sus redes sociales como “poeta, escritora, esposa y madre”, y tenía tres hijos: dos niños, de 12 y seis años, y una hija de 15 años. Nacida en Colorado, en EEUU, vivía en Mineápolis con su pareja, tras mudarse desde Kansas City (Misuri) el pasado año. No tenía antecedentes penales, según recoge The Guardian. En su cuenta de Instagram, su nombre estaba acompañado por una bandera del orgullo.

Su exmarido, que pidió no ser identificado por temor a la seguridad de sus hijos, dijo a la agencia AP que Macklin Good acababa de dejar a su hijo de 6 años en la escuela el miércoles y conducía de vuelta a casa con su pareja actual cuando se encontraron con el grupo de agentes que posteriormente la asesinarían.

Según su expareja, Mackin Good no era activista y tampoco había participado en ningún tipo de protesta, por lo que él sabía. Era, además, una cristiana devota, que había participado en viajes misioneros juveniles a Irlanda del Norte cuando era joven. Le encantaba cantar, participaba en un coro en el instituto y estudiaba canto en la universidad.

En 2020, bajo la firma Renée Nicole Macklin, se hizo con el Premio de la Academia de Poetas Estadounidenses por un poema titulado Sobre aprender a diseccionar fetos de cerdo. En él, escribía: “Ahora ya no puedo creer / que la Biblia y el Corán y el Bhagavad Gita me apartan mechones largos detrás de la oreja como solía hacer mamá y exhalan desde sus bocas 'haz espacio al asombro'”.

Su madre, Donna Ganger, ha hablado con el periódico local Star Tribune, donde ha descrito a su hija como “una de las personas más amables” que ha conocido, y a la que resalta como “cariñosa, indulgente y afectuosa”. “No formaba parte de nada de eso”, ha comentado en relación con los manifestantes que enfrentaban a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

El novelista estadounidense Kent Wascom, ha recordado en su cuenta de X a MacklinGood, quien, asegura, fue alumna suya. “Sostuve a su bebé. Era amable y talentosa, una madre de clase trabajadora que se financió sus estudios a pesar de circunstancias que habrían destrozado a los patéticos políticos ricos que sádicamente instigaron su asesinato. Malditos sean todos”, ha compartido.

El asesinato de Good ha sido utilizado por Trump para criticar a la “izquierda radical”. La Administración que dirige ha definido los disparos del agente del ICE como defensa propia y ha acusado a la víctima de “terrorismo doméstico”, mientras que el alcalde de la ciudad cuestiona la versión de los hechos.

No obstante, el vídeo del suceso avala que el agente que mató a la mujer le disparó sin motivo justificado, en contra de lo que sostuvo el presidente. “Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todo el mundo directamente: eso es una mierda”, ha denunciado el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, que ha calificado la versión del DHS [Departamento de Seguridad Nacional] como una “historia inventada”.

“Al principio, desconfiaba. Cuando vi las primeras convocatorias de manifestaciones en Marruecos me reuní con varios amigos para comentarlo. ¿De dónde sale todo esto? ¿De verdad se van a atrever? ¿Va a salir tanta gente a las calles? Era algo increíble”. Así recuerda Houda Abouz (Khemisset, Marruecos, 1996) su primera reacción a las protestas que estallaron en su país el pasado mes de septiembre. La joven de menos de 30 años responde a las preguntas de elDiario.es sin dejar de contestar mensajes en su móvil. El ritmo es frenético y pide disculpas en varias ocasiones por interrumpir la entrevista en un moderno café del centro de Casablanca. “Tengo que coger esta llamada, es un familiar de un chico detenido hace dos semanas que está todavía en la cárcel. Es diabético y su salud ha empeorado mucho en este tiempo”, explica.

Abouz, más conocida por su nombre artístico, ‘Khtek’ ('tu hermana', en dialecto marroquí, en el que tiene un cariz misógino y peyorativo) fue una de las primeras figuras relevantes del país en posicionarse públicamente del lado de los manifestantes de la ‘Generación Z’. “Me considero desde siempre una militante por los derechos de las mujeres, por los derechos humanos y por las libertades. Y estos jóvenes son un ejemplo para todo el país. Se han organizado a través de nuevas herramientas, tienen demandas legítimas que siguen lo dictado por la Constitución y los discursos del Gobierno. Solo exigen que se cumpla con lo prometido y que haya mejoras en sanidad, educación y libertad de expresión. Pero lamentablemente muchos van a pasar en la cárcel una larga temporada”.

Estos jóvenes son un ejemplo para todo el país. Solo exigen que se cumpla con lo prometido y que haya mejoras en sanidad, educación y libertad de expresión. Pero lamentablemente muchos van a pasar en la cárcel una larga temporada

La suya no es una voz cualquiera. Graduada en cine por la Universidad pública Abdelmalek Essaâdi de Tetuán, es una de las raperas más famosas de Marruecos: en 2020, fue incluida por la BBC en su lista de las cien mujeres más influyentes; en 2024, ganó el premio a mejor artista femenina de hip-hop en árabe de la prestigiosa revista musical Billboard. Su perfil en Instagram roza el medio millón de seguidores, supera los 140.000 en TikTok y los 190.000 en YouTube.

“Cuando vi todas esas detenciones, no lo dudé ni un momento y decidí utilizar esta plataforma como altavoz para apoyar las movilizaciones y exigir la liberación de todos los detenidos”, recuerda. En un vídeo de TikTok, con el mensaje #FREEKOULCHI ('libertad para todos', uno de los lemas del movimiento GenZ212), la artista se preguntaba si tenía lógica tal nivel de represión contra una generación que expresaba pacíficamente unas demandas sociales legítimas. “Se hizo viral enseguida”.

Enlace entre detenidos, abogados y familias

Las primeras manifestaciones pillaron a Abouz en París, donde llevaba tres meses trabajando en nuevos proyectos musicales, pero al tercer día de protestas, represión y violencia policial, regresó a Casablanca. Ha acabado convertida en una especie de enlace entre abogados y familiares de jóvenes detenidos que llevan semanas en prisión preventiva o, incluso, de manifestantes que han salido en libertad bajo fianza pero se enfrentan a duras penas de prisión. “Tengo a más de 40 conocidos que han pasado por comisaría o que tienen una causa judicial abierta por participar en las protestas”, lamenta.

“Lo primero que noté fue una gran falta de información sobre los detenidos en prisión preventiva y una total falta de coordinación entre los abogados que los atendían y los familiares de los arrestados”, dice. Por eso, junto a otros amigos, está empleando sus redes sociales para paliar esa situación. “Conseguía las listas de los abogados de los detenidos y las publicaba en mis redes para que quien las viera pudiera contactarme. También escribía a la gente que publicaba sobre arrestos de conocidos o familiares, un día u otro, en una ciudad o en otra. Y así podía intentar localizar a su familia”. “Si así se consigue que, al menos, una pena de diez años de prisión acabe en una de ocho, para mí significa mucho y para ellos y sus familias es un logro”, reconoce.

Si así se consigue que, al menos, una pena de diez años de prisión acabe en una de ocho, para mí significa mucho y para ellos y sus familias es un logro

El caso que le toca más de cerca y por el que notó esa falta de información es el de su amigo y también conocido rapero Hamza Raid, detenido en dos ocasiones. “La primera vez, lo soltaron enseguida, sin cargos. Pero a los dos días volvieron a detenerlo, junto a otro compañero, cuando intentaba volver a casa tras una de las manifestaciones. Su detención fue grabada y tuvo mucho impacto en medios y redes sociales, y eso le ha complicado mucho las cosas”. “Su caso es un ejemplo de la falta de libertad de expresión en Marruecos. A todos los detenidos los soltaron ese mismo día, pero él pasó 48 horas en custodia policial y tuvo que declarar en el juzgado”, explica.

Según Abouz, su amigo Raid puede enfrentarse a una pena de cárcel de entre un mes y cinco años y a una multa de 11.000 euros. “Es el equivalente a un año de salario de un trabajador muy bien pagado en Marruecos”, ilustra la artista. “Y todo se basa en una publicación en Instagram con las convocatorias de nuevas manifestaciones en la que decía que la represión de estos días, tarde o temprano, le puede afectar a cualquiera”, expone. “Lo que le imputan es serio: no solo la participación en una protesta no armada, sino también la instigación a cometer delitos u ofensas mediante canales electrónicos”.

Choque generacional

A Raid le hubiera gustado hablar con elDiario.es sobre su caso, pero como tantos detenidos en las protestas y sus familiares, prefiere ser cauteloso con la prensa hasta que su situación judicial se aclare. Abouz, en cambio, cree que la presión mediática es fundamental para que los procesos judiciales contra más de 400 jóvenes se conozcan dentro y fuera de Marruecos, pero entiende a los que no lo ven así. “Es un gran choque generacional. Muchos jóvenes con los que estoy en contacto quieren hablar, denunciar la situación y que haya presión mediática dentro y fuera del país. Pero sus padres han crecido con el miedo a expresarse y están impidiendo que sus hijos levanten la voz, creen que es lo mejor para ellos”.

“Lo entiendo, porque mi background político es diferente, sobre todo, gracias al ejemplo de mi familia”, sostiene la rapera. Su padre es abogado y milita en la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y el sindicato Union Marocaine du Travail (UMT). “He crecido viéndole pelear por la verdad y por las libertades”, incide. Por eso, ella participó en las protestas sociales del Movimiento 20 de febrero, que estuvo detrás de las movilizaciones que surgieron al calor de las revueltas árabes en 2011. Abouz tenía solo 15 años, pero fue parte activa de las protestas dentro de la Unión de Estudiantes por el Cambio en el Sistema Educativo.

Muchos jóvenes con los que estoy en contacto quieren hablar, denunciar la situación y que haya presión mediática dentro y fuera del país. Pero sus padres han crecido con el miedo a expresarse y están impidiendo que sus hijos levanten la voz

“Lo que vi no es muy diferente a lo que ha pasado ahora. Vivimos una gran represión contra la gente que salía a la calle a pedir demandas básicas como educación, sanidad o libertad de expresión”. En aquel entonces, el contexto internacional llevó al rey Mohamed VI a dar un giro en su estrategia para evitar que Marruecos siguiera los pasos de países vecinos como Túnez, Egipto o Libia –donde regímenes autoritarios que llevaban décadas en el poder fueron derrocados. Gracias a las movilizaciones en las calles, el régimen marroquí elaboró una nueva Constitución, amplió las libertades políticas y los derechos civiles, aunque las actuales demandas de la GenZ212 demuestran que todavía falta mucho para que aquellas reformas se conviertan en una realidad palpable.

Fue durante su participación en el Hirak de 2017, las protestas sociales en la maltratada región del Rif, cuando Abouz confirmó que el Gobierno y la Casa Real marroquíes no estaban dispuestos a cumplir sus promesas. Las demandas de más inversiones sociales, con el reclamo de un hospital oncológico en la región rifeña, fueron sofocadas con violencia policial, redadas y arrestos masivos de la cúpula del movimiento y decenas de condenas de hasta 20 años de cárcel.

“Ahí fue cuando murió dentro de mí la esperanza de cambio. Lejos de mejorar, el sistema empeoraba, con cientos de compañeros en prisión o en el exilio”, reconoce. “He visto lo mismo ante cualquier crítica al sistema, ante cualquier manifestación artística o cultural contraria al discurso oficial, incluso en la prensa. Hay periodistas que están cumpliendo decenas de años de prisión después de publicar opiniones o informaciones críticas”.

Protestas de cara al Mundial de 2030

Miedo, censura y autocensura, dice, van de la mano en un país que se revuelve periódica e inevitablemente contra un régimen autoritario, violento y corrupto que, sin embargo, vende una imagen de prosperidad y progreso de cara al exterior. Hasta el punto de que será una e las sedes del Mundial de fútbol de 2030, junto a España y Portugal. Por eso la rapera confía en que las protestas resurjan y que más figuras públicas como ella se sumen al movimiento de los jóvenes “más allá de posts y mensajes en redes sociales”. “Internet puede ser el motor de la movilización por un cambio, pero donde se cambian las cosas es en las calles y en el espacio público”, defiende.

Sabe que no es fácil, que las consecuencias de una significación pública en Marruecos pueden afectar a una carrera personal, a la propia libertad o incluso a personas de tu entorno cercano; es consciente de que una opinión crítica puede dejarla fuera de festivales de música o de medios de comunicación en su país. Recuerda los numerosos casos de raperos marroquíes que han sido detenidos “por una canción, por una línea o, incluso, por una sola palabra en sus letras”. “Eso contribuye a un rap más frívolo, a una política de borreguismo que hace que los chavales prefieran escuchar temas de rap que fardan de cochazos y de culos y tetas antes que de política y de la realidad social en la que viven”.

Internet puede ser el motor de la movilización por un cambio, pero donde se cambian las cosas es en las calles y en el espacio público

“Mi estatus de artista conocida tiene privilegios, pero también responsabilidades ciudadanas, militantes y humanas. Yo puedo y debo elegir cómo usar mis altavoces: si para vender un producto falso sobre mi país o para ayudar y minimizar los daños que están sufriendo estos chavales. Lo mismo pueden hacer muchos otros artistas famosos”, asegura ‘Khtek’. “Claro que puedo sufrir una cancelación oficial, una censura o un boicot. Pero el dinero que pueda perder porque no me llamen de un festival no es nada comparado con los riesgos a los que se enfrentan cientos de chavales detenidos. Lo único que me asusta es poder ir a prisión o que haya represalias contra mi familia”.

“Este movimiento ha sido liderado por jóvenes, que son los que tienen el tiempo y la energía para ponerse al frente de las movilizaciones sociales y políticas. Pero estos chavales son la voz de todo el mundo, del resto de marroquíes que están contra la violencia, la marginalización social, la humillación y la represión”, concluye.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha decidido archivar definitivamente la investigación judicial por la muerte Mamouth Bakhoum, el senegalés de 43 años que trabajaba en la venta ambulante en la capital hispalense y que murió ahogado el pasado 29 de diciembre tras caer al río Guadalquivir a raíz de una persecución por parte de varios agentes de la Policía Local. “La causa decisiva y eficiente de la caída al río y el posterior ahogamiento de Mamouth no está en la actuación de los agentes sino en la conducta de aquel”, sentencia la Sala.

En auto fechado este 15 de julio, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es y contra el que no cabe recurso alguno, se acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por la familia del fallecido contra el doble carpetazo en la fase instructora tanto en enero como en abril, y que ahora la Audiencia confirma “en su integridad” dada su “extensa y ajustada argumentación” con la que ya descartó la existencia de los delitos que planteaba la familia (un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, o subsidiariamente un delito de imprudencia menos grave con resultado de muerte, así como de un delito de omisión del deber de socorro y de un delito de prevaricación).

La Audiencia repasa el ya conocido relato de los hechos hasta el momento en que Mamouth “se aproximó poco a poco a la zapata del río y, sin atender las advertencias de los agentes de que se tranquilizara y tuviera cuidado con sus movimientos, se agarró al noray de amarre, sin desprenderse de los hatillos, y se deslizó, ofreciéndole los agentes la mano para que se agarrara, cosa que no hizo, soltándose y cayendo al agua con los hatillos a las 16.29 horas”.

De todo ello “no se desprende indicio alguno de la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente por parte de los agentes de la Policía Local que procedieron al seguimiento y al intento de detención de una de las personas que se dedicaban a la venta ambulante de material supuestamente falsificado”, dice el auto, zanjando que “la actuación de los agentes se considera adecuada, prudente y diligente”.

El “comportamiento arriesgado y peligroso de Mamouth”

Así resume el caso el auto: “Se trataba de una venta ambulante ilícita de productos presuntamente falsos, con lo que los agentes al perseguir e intentar detener a uno de los implicados en dicha venta se limitaron a cumplir su deber policial, siendo su actuación perfectamente legítima. En la conducta de los agentes de la policía local no se aprecia ni excesos, ni desproporción. Éstos se limitaron a rodear a la persona que perseguían, pidiéndole que se tranquilizara y que tuviera cuidado con sus movimientos, al tiempo que se le aproximaban, y fue él, quien sin atender a los requerimientos policiales, optó por seguir con su huida agarrarse al noray de amarre, sin desprenderse de los hatillos, que portaba, rechazando la mano que le ofrecieron los agentes, terminando por caer al río”.

Asimismo, la Audiencia insiste en que la actuación de los agentes “rodeando y acercándose a Mamouth no supone la generación de riesgo ilícito o prohibido, ni conlleva la omisión de un deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su actuación policial”. “La causa decisiva y eficiente de la caída al río y el posterior ahogamiento de Mamouth no está en la actuación de los agentes sino en la conducta de aquel. El que Mamouth optase por agarrarse al noray de amarre sin desprenderse de los hatillos para evitar que los agentes le dieran alcance y que a continuación cayera al río y se ahogara no era un riesgo previsible, como tampoco lo sería que una persona en una persecución por la acera cruzase la calzada justo en el momento de pasar un vehículo por ella, y en todo caso, tiene su origen no en la conducta desplegada por los agentes sino en la decisión tomada por Mamouth”, ejemplifica el auto.

“El hecho de que éste pudiera encontrarse cansado por la huída y nervioso ante la posibilidad de que los agentes le dieran alcance y le intervinieran la mercancía, no permite achacar a los agentes el comportamiento arriesgado y peligroso de Mamouth, ni permite colegir que los agentes con su actuación generaran un riesgo ilícito o prohibido”, insiste la Audiencia, que añade que “no hubo omisión del deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su actuación profesional por el hecho de perseguirle y rodearle”. “No cabe, por tanto, hablar de indicios de la comisión de un delito de homicidio por imprudencia por parte de los agentes de la policía local al no apreciarse el más mínimo atisbo de negligencia en su actuación”, señala el auto.

Por otra parte, “tampoco” entiende la Audiencia que exista “el menor indicio del delito de omisión del deber de socorro” ya que “hubo una inmediata prestación del socorro necesario y posible por parte de los agentes de la Policía Local. ”Es cierto que en el lugar de los hechos, al producirse la caída al río de Mamouth, había seis agentes de la policía local, pero resultaría absurdo exigir que todos ellos se hubieran lanzado al río, no solo por no ser operativo y el riesgo que conlleva tal acción, sino porque ya se habían lanzado dos compañeros para prestar el socorro debido a la víctima“, explica el auto.

Hechos, atestados, vídeos e informes

Por último, “la omisión que se denuncia, de haberse producido, de lo que no existe el menor indicio, no entendemos que integre el delito de prevaricación” al que también aludía la familia ya que “no existe el menor dato de que de forma consciente y voluntaria se hubiera omitido o se hubiera retrasado la llamada al 061, exigiendo el tipo penal que la conducta se lleve a cabo a sabiendas de la ilegalidad”. También señala el auto en ese punto que “los bomberos, tras rescatar a Mamouth B., le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y le realizaron un electrocardiograma siendo negativo, certificando su fallecimiento, con lo que el retraso en la llegada del 061 resultaría irrelevante”.

La Audiencia defiende el papel de la jueza instructora al acordar el sobreseimiento de las actuaciones “tras valorar jurídicamente los hechos denunciados, el examen de los atestados, los videos aportados y los informes médicos del fallecido, sin que aprecie motivo alguno para continuar con la tramitación de la causa y seguir practicando diligencias de investigación, al carecer los hechos de relevancia penal, con lo que la práctica de nuevas diligencias [como pedía la familia] solo prolongarían innecesariamente la instrucción, sin que tal decisión conlleve la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva”.

La tensión se vivió al filo en la noche del 10 de junio de 2024, cuando la Policía Nacional desalojó a golpes a los estudiantes propalestinos encerrados en el Rectorado de la Universidad de Sevilla para exigir la ruptura de convenios de la Hispalense con universidades israelíes. Uno de los jóvenes detenidos aquella noche, D.E., se enfrenta a una petición fiscal de dos años de prisión por un delito de atentado, dos meses de multa por lesiones leves —a razón de seis euros diarios— y una indemnización de 1.538,45 euros a un agente policial.

La Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), organización en la que milita el joven, cuenta cómo “fue arrojado contra los cristales de una puerta, resultando herido”, y posteriormente se ha visto envuelto en un proceso judicial en el que la Fiscalía solicita hasta dos años de prisión y una cuantiosa multa, de acuerdo al escrito de acusación fiscal, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es.

CJS denuncia la “represión” sufrida por los estudiantes que participaron en las protestas contra “el genocidio del pueblo palestino”. En un vídeo-comunicado, la organización califica la intervención policial de “violenta” y acusa a la Universidad de Sevilla de no haber actuado como espacio de diálogo sino como “partícipe directo” en el operativo.

“Fue el rector el que pidió abiertamente que entrasen los antidisturbios a desalojarnos”, denuncia D.E., que aparece en una foto del vídeo con el brazo ensangrentado tras herirse con los cristales que había en el suelo fruto de la intervención policial y se cortó cuando intentaron moverlo, al igual que el policía. “Pensaba que todo se iba a archivar. Recibir una condena de dos años impacta bastante”, añade a este periódico meses después de conocer la acusación pero que ahora han querido hacer pública.

Otros jóvenes también han sido encausados por su participación en las movilizaciones, entre ellos Carlos Ochoa, secretario general del Sindicato de Estudiantes, detenido a finales de julio de 2024 por presuntos daños vinculados a unas pintadas en un cajero. Junto a él, otro activista también ha declarado como investigado.

Desde la CJS han anunciado que pondrán en marcha una campaña pública de denuncia para visibilizar el caso, al tiempo que mantienen su apoyo a la causa palestina. “La universidad no es ya un espacio plural ni de diálogo, sino un apéndice del Estado capitalista y de los intereses privados”, ha señalado la organización.

Con el objetivo de apoyar a Iker Arana, el joven que denuncia que perdió un testículo por las cargas policiales de la Ertzaintza en los disturbios registrados el pasado mes de abril durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde, en Bilbao, han creado una plataforma llamada Justizia Aranarentzat. “Justizia Aranarentzat no nace solo para Iker. Es una herramienta colectiva para frenar la violencia institucional, para visibilizar los abusos y para exigir justicia donde solo hay encubrimiento. No vamos a permitir que el caso de Iker quede silenciado. Vamos a seguir organizadas hasta que la verdad y la justicia prevalezcan”, han explicado durante la presentación de la plataforma en la que ha participado el joven herido.

Según han criticado, aquel día los vecinos de Rekalde sufrieron “brutalidad policial”, porque los agentes de la Ertzaintza actuaron “con total impunidad, ocultando pruebas y encubriendo al agente responsable”. “Existen indicios suficientes para afirmar que el proyectil que impactó en Iker fue disparado de forma directa, en un contexto en el que no se producía ningún tipo de altercado ni situación de riesgo”, han asegurado.

También han lamentado la “lentitud y opacidad” con la que se ha desarrollado el proceso de identificación del agente responsable, pese a la existencia de múltiples pruebas audiovisuales obtenidas desde el entorno vecinal ya que, fue identificado la semana pasada, tres meses después de lo ocurrido. En cuanto a las imágenes, la plataforma ha subrayado que tuvieron que ser “amistades y vecinos” quienes recopilaran imágenes “esenciales para la investigación”, sin la colaboración activa de las autoridades policiales, a las que han acusado de “falta de transparencia” en el uso de las cámaras corporales por parte de la Ertzaintza.

En este sentido, la investigación interna de la Ertzaintza sigue abierta, como lo aseguró el pasado consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a principios de mayo en el Parlamento Vasco en una comparecencia a petición propia y confirmaron hace unos días fuentes de su equipo. En su intervención Zupiria sostuvo que la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Aun así, señaló estar “preocupado” por la denuncia que interpuso el joven tras lo ocurrido. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, señaló.

La plataforma ha denunciado que “pese a que había numerosos agentes presentes equipados con cámaras, no se ha podido extraer ninguna prueba concluyente de ellas lo que evidencia una actitud de encubrimiento y que la Ertzaintza dificulta deliberadamente la investigación de los hechos”. “En lugar de asumir responsabilidades, los agentes presentes se han limitado a protegerse entre sí, reforzando un muro de silencio que impide el acceso a la verdad y obstaculiza la justicia y es una muestra más de la brutalidad y de la impunidad con la que actúa la Ertzaintza, dentro de un patrón más amplio de represión policial”, han argumentado.

La plataforma ha asegurado que trabajará para que “el caso no quede enterrado en el silencio, se esclarezcan completamente los hechos y todos los responsables de la actuación policial comparezcan ante la justicia”. Entre las medidas “urgentes” que han solicitado para evitar que se produzcan casos como este está la prohibición del uso de escopetas y balas de 'foam', que se introdujeron precisamente para evitar el uso de pelotas de goma tras el fallecimiento en una carga de Íñigo Cabacas. También demandan la identificación “obligatoria” de los agentes y mandos policiales en cualquier intervención, como garantía de transparencia y rendición de cuentas, y, por último, la disolución de la Brigada Móvil, el grupo de antidisturbios, ya que entienden que esta unidad policial está “especializada en la represión de protestas y representa un riesgo constante para quienes ejercen su derecho a la movilización social y la protesta pacífica”.

Zupiria mostró en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, indicó.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, afirmó el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria confirmó que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. Las hay de dos tipos, las SIR y las SIRX, más duras. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, matizó. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Cabacas, en abril de 2012. “Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, subrayó.

Durante la presentación de la plataforma, Iker Arana ha asegurado que, durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde, “de repente y sin venir a cuento”, la Ertzaintza les disparó un pelotazo y que, cuando algunos de ellos les reprocharon la actitud agresiva que habían tenido al dispararles sin motivo alguno, les volvieron a disparar, “siendo ese segundo disparo el que me impactó en los testículos”. “El pelotazo fue directo y de forma intencionada, como lo estoy demostrando a través de diferentes pruebas. No se pudo sacar ninguna evidencia de ninguna de las 35 cámaras analizadas, puesto que estaban apagadas, se veían borrosas o apuntaban hacia otro lado”, ha reprochado.

Tras el suceso el joven permaneció seis días ingresado en el hospital de Basurto. Él mismo convocó una rueda de prensa cuando le dieron el alta para informar de que procedería a denunciar a la Policía vasca. “La Ertzaintza puede utilizar elementos para disolver concentraciones, pero eso nunca debe ser un uso desmedido de la fuerza. Lo que ocurrió fue injustificable, gratuito, un abuso de poder completamente fuera de lugar, además pude ver cómo me apuntaban y disparaban de forma directa. Quiero decirlo claro: fue represión pura, una vez más. Fue una agresión directa a las personas que estábamos ejerciendo nuestro derecho a concentrarnos y no pienso quedarme callado porque lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquiera de los que estábamos allí y, porque si no lo contamos, lo normalizan”, denunció tras la salida del hospital.

La orden de desalojo del gaztetxe, un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, aunque ya han sido puestas en libertad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, a las 10.20 se produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, según un recuento inicial, ascienden a más de 6.000 euros. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, que asegura que al tratarse de un edificio privado y al tratarse de un desalojo ordenado por un juzgado, no van a realizar comentarios al respecto.

El gaztetxe de Rekalde, de nombre Etxarri, se puso en marcha por jóvenes de la zona en 2014, en la misma zona en la que se produjo el desalojo de Kukutza en 2011 en el que hubo una veintena de detenidos, disturbios y denuncias de “violencia policial” que llegaron hasta la Defensoría del Pueblo, el Ararteko. “Se abrió con el objetivo de darle una respuesta colectiva a los problemas de la juventud trabajadora del barrio que dejó la perdida Kukutza III Gaztetxea. Durante todos estos años Etxarri ha sido un espacio para la socialización y politización de la juventud, un refugio para diferentes organizaciones del barrio y un lugar para el desarrollo de un modelo de ocio alternativo”, informan desde el gaztetxe, que aseguran que a lo largo de estos años se han realizado decenas de charlas, exposiciones, conciertos y asambleas dentro del edificio.

El Gobierno de Navarra ha reconocido como víctima de torturas policiales al eurodiputado de EH Bildu Pernando Barrena y a otras 20 personas como víctimas de violencia policial y de grupos de extrema derecha en la Comunidad foral, al amparo de la ley foral 16/2019 de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, según ha informado en una nota de prensa la iniciativa 'Egiaren garaia da. Memoria inclusiva para Nafarroa'. Son ya 76 las personas que han sido reconocidas merced a esta ley.

La asociación ha valorado los nuevos reconocimientos como “pasos hacia adelante en el camino hacia la construcción de un marco de convivencia en Navarra que se comprometa con la verdad y la justicia de todas las víctimas del Estado en Navarra sin exclusiones; y también, pasos para esclarecer lo ocurrido durante seis décadas de violencia política por parte del Estado y grupos de extrema derecha”.

Añaden que los casos reconocidos por la Comisión de Reconocimiento y Reparación “vuelven a mostrar que la realidad de la tortura en Navarra es una realidad sangrante que debe ser abordada con responsabilidad por los poderes públicos”. También han hecho un llamamiento dirigido a organismos públicos, como el Gobierno de Navarra, reclamando que deberían “asumir responsabilidades públicas”. A su vez, ha sugerido al 26 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, proclamado por la ONU, como “una fecha señalada para ello”.

Según a 'Egiaren garaia da', los 76 casos reconocidos demuestran lo que el colectivo lleva “denunciando durante décadas, que la tortura ha sido aplicada de manera sistemática en Navarra y el conjunto de Euskal Herria”. “Tan sistemática como la negación y el relato interesado por parte de diferentes agentes. Hechos que deben ser abordados, de la misma manera que se debe dar a conocer por qué nos torturaron y las razones del contexto político que posibilitó la tortura. Porque esta es la forma más efectiva para erradicar esta práctica”, ha señalado.

Además, ha destacado también que “los casos de tortura que van siendo reconocidos no son simples números, son personas y familiares y amigos”. “Durante décadas, muchas personas han sufrido en silencio las consecuencias de la tortura, llevando consigo el peso de experiencias traumáticas que han marcado sus vidas y las de sus seres queridos. Es hora, pues, de que se aborde la magnitud, densidad e intensidad de la tortura que todavía se desconoce en su integridad en nuestro pueblo”, ha insistido.

Igualmente, ha afirmado que “estas 21 víctimas reconocidas oficialmente como víctimas de vulneraciones de derechos humanos por el Gobierno de Navarra ponen sobre la mesa otra realidad que hasta ahora ha sido ocultada deliberadamente”. “Todas fueron torturadas tras la muerte de Franco (de la cual se cumplen 50 años) y en periodo constitucional, y recogen no solo diferentes décadas, sino todos los lustros de 1980 a 2011. Ya que todas ellas fueron torturadas en las décadas de los años ochenta y noventa del siglo pasado y durante la primera y segunda década del presente siglo”, ha asegurado.

Según ha añadido el grupo, estos reconocimientos “vienen a constatar la existencia de toda una estructura preparada para posibilitar la tortura y la aplicación de la misma, hechos que han contado con la protección legal del 'Estado de Derecho', que todavía seguimos sin conocer en su totalidad y que no hacen sino revictimizar a las personas que hemos sufrido dicho trato”.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para aclarar las circunstancias en las que un joven pudo ser herido por la propia Policía vasca en los disturbios registrados el pasado mes de abril por el desalojo del gaztetxe de Rekalde, en Bilbao. El joven denunciante es Iker Arana, quien asegura haber perdido “un testículo por las cargas policiales” durante el desalojo debido a que uno de los agentes, según expone, le disparó “una bala de 'foam' a propósito” en la entrepierna.

Según ha explicado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha comparecido a petición propia en el Parlamento Vasco, la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Ahora bien, ha reconocido que hay una denuncia. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, ha destacado el consejero.

“Tal y como dijo el consejero Bingen Zupiria, la Ertzaintza puede utilizar elementos para disolver concentraciones, pero eso nunca debe ser un uso desmedido de la fuerza. Lo que ocurrió fue injustificable, gratuito, un abuso de poder completamente fuera de lugar, además pude ver cómo me apuntaban y disparaban de forma directa. Quiero decirlo claro: fue represión pura, una vez más. Fue una agresión directa a las personas que estábamos ejerciendo nuestro derecho a concentrarnos y no pienso quedarme callado porque lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquiera de los que estábamos allí y, porque si no lo contamos, lo normalizan”, aseguró Arana en una rueda de prensa realizada tras permanecer seis días ingresado en el hospital de Basurto.

El joven anunció en ese encuentro su intención de denunciar a la Ertzaintza, denuncia que fue interpuesta el 23 de abril y por la que se ha abierto un atestado. “Quiero informar de que interpondré las correspondientes denuncias para que se esclarezcan los hechos y para que se juzgue a los responsables de esta actuación policial. Tanto al agente que me disparó intencionadamente el proyectil como a las personas encargadas del operativo policial. Sé que será un camino largo y duro porque como he visto en casos similares las instituciones del Estado protegen a la Policía y dificultan el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de responsabilidades. Aun siendo consciente de la dificultad del proceso, estoy decidido a emprender la vía judicial. Quiero destacar la importancia de la activación social frente al abuso y la impunidad policial para que se haga justicia y casos como el mío no se vuelvan a repetir”, aseguró.

En este sentido, Zupiria ha mostrado en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, ha indicado.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, ha afirmado el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria ha confirmado que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, ha matizado. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Íñigo Cabacas tras una carga ocurrida en abril de 2012.

“Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, ha subrayado.

La orden de desalojo del 'gaztetxe', un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, el viernes a las 10.20 produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, en un recuento inicial, ascienden a más de 6.000 euros. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, que asegura que al tratarse de un edificio privado y al tratarse de un desalojo ordenado por un juzgado, ha informado de que no van a realizar comentarios al respecto.

Iker Arana, el joven que asegura haber perdido “un testículo por las cargas policiales” de la Ertzaintza durante el desalojo del 'gaztetxe' de Rekalde y porque uno de los agentes le disparó “una bala foam a propósito” en la entrepierna, ha informado en una rueda de prensa tras recibir el alta hospitalaria de que interpondrá una denuncia por lo ocurrido. “Quiero informar de que interpondré las correspondientes denuncias para que se esclarezcan los hechos y para que se juzgue a los responsables de esta actuación policial. Tanto al agente que me disparó intencionadamente el proyectil como a las personas encargadas del operativo policial”, ha indicado Arana frente a los medios de comunicación y rodeado de jóvenes frente al edificio ya desalojado de lo que era el 'gaztetxe' de Rekalde en Bilbao.

“Tal y como dijo el consejero Bingen Zupiria este miércoles, la Ertzaintza puede utilizar elementos para disolver concentraciones, pero eso nunca debe ser un uso desmedido de la fuerza. Lo que ocurrió fue injustificable, gratuito, un abuso de poder completamente fuera de lugar, además pude ver cómo me apuntaban y disparaban de forma directa. Quiero decirlo claro: fue represión pura, una vez más. Fue una agresión directa a las personas que estábamos ejerciendo nuestro derecho a concentrarnos y no pienso quedarme callado porque lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquiera de los que estábamos allí y, porque si no lo contamos, lo normalizan”, ha indicado tras permanecer seis días ingresado en el hospital de Basurto.

En este sentido, la Ertzaintza ha informado de que ha abierto una investigación interna para esclarecer los hechos. Desde el Departamento de Seguridad informaron de que la investigación se puso en marcha el pasado viernes “nada más tener conocimiento de los hechos a través de los medios de comunicación”, puesto que hasta ahora no existe ninguna denuncia registrada. Arana, ya decidido, interpondrá la denuncia “en breve”. “Sé que será un camino largo y duro porque como he visto en casos similares las instituciones del Estado protegen a la Policía y dificultan el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de responsabilidades. Aun siendo consciente de la dificultad del proceso, estoy decidido a emprender la vía judicial. Quiero destacar la importancia de la activación social frente al abuso y la impunidad policial para que se haga justicia y casos como el mío no se vuelvan a repetir”, ha sentenciado.

La orden de desalojo del 'gaztetxe', un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, aunque ya han sido puestas en libertad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, el viernes a las 10.20 produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, según un recuento inicial, ascienden a más de 6.000 euros. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, que asegura que al tratarse de un edificio privado y al tratarse de un desalojo ordenado por un juzgado, no van a realizar comentarios al respecto.

El 'gaztetxe' de Rekalde, de nombre Etxarri, se puso en marcha por jóvenes de la zona en 2014, en la misma zona en la que se produjo el desalojo de Kukutza en 2011 en el que hubo una veintena de detenidos, disturbios y denuncias de “violencia policial” que llegaron hasta la Defensoría del Pueblo, el Ararteko. “Se abrió con el objetivo de darle una respuesta colectiva a los problemas de la juventud trabajadora del barrio que dejó la perdida Kukutza III Gaztetxea. Durante todos estos años Etxarri ha sido un espacio para la socialización y politización de la juventud, un refugio para diferentes organizaciones del barrio y un lugar para el desarrollo de un modelo de ocio alternativo”, informan desde el gaztetxe, que aseguran que a lo largo de estos años se han realizado decenas de charlas, exposiciones, conciertos y asambleas dentro del edificio.

“La Ley Mordaza y la reforma del Código Penal han sido aprobadas por el rodillo del PP. Las derogaremos cuando gobernemos”. Así se expresó el 26 de marzo de 2015 el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez. Una de las normas más representativas del mandato del PP de Mariano Rajoy cumple una década. La derogación prometida de la ley no se realizará al 100%, aunque el PSOE y parte de sus socios han logrado, tras años de desencuentros, un acuerdo para reformar sus aspectos más lesivos, cuya aprobación está pendiente en el Congreso.

“La ley ha tenido efectos devastadores en las libertades civiles, en especial el derecho a la protesta”, denuncia Cèlia Carbonell, miembro del Centro Irídia. “Es incomprensible que la ley todavía no se haya derogado ni se haya realizado una reforma profunda”, constata el catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep Maria Tamarit.

La experiencia de esta década, destaca el catedrático, ha mostrado “un uso bastante arbitrario de los poderes de la policía, con un amplio margen de tolerancia hacia ciertas conductas, sin poderse prever cuándo harán uso de sus poderes y por qué motivos”. “Y con el COVID, se realizó un uso injustificado de la ley para aplicar un control desmedido a la población”, denuncia Tamarit.

El empleo de la norma durante el estado de alarma y la posterior desescalada del COVID ha hecho que, tal y como muestran los datos del Ministerio del Interior analizados por elDiario.es, 2020 fuera el año récord en recaudación de multas por la ‘ley mordaza’, con un total de 252 millones de euros.

El siguiente año con mayor recaudación fue 2023, con 175 millones de euros, mientras que en los años restantes, las multas se sitúan en alrededor de los 150 millones anuales. Entre 2016 y 2023 (último año con cifras disponibles), las sanciones ascendieron a un valor de 1.250 millones de euros. El número de multas no presenta grandes variaciones tanto bajo Gobiernos del PP como del PSOE y sus socios a la izquierda.

Por motivos de sanción, tres artículos suponen el 90% de las multas de la 'ley mordaza': la más repetida fue el consumo de drogas en la calle, que ha acarreado multas por valor de 803 millones de euros. Le siguen la resistencia o la desobediencia a la autoridad (246 millones) y la exhibición de armas prohibidas (104 millones de euros).

“Hay aspectos de la ley, como el control de armas, que tienen un sentido y deben ser una prioridad”, apunta Tamarit, que recuerda además que la norma fue avalada casi en su totalidad por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el catedrático también denuncia que la norma ha consagrado sanciones administrativas más graves “y con menos garantías” que las que antes imponían los tribunales con las antiguas faltas.

“Las sanciones previstas en la ley son desproporcionadas: puedan llegar hasta 600.000 euros”, recuerda Tamarit, que añade que las infracciones “no están definidas de forma suficientemente taxativa, se usa un concepto tan indeterminado y peligroso como 'alarma social' (o la 'seguridad ciudadana' en sí) y llegan a castigarse actos cuyo impacto en la seguridad no está claro si la entendemos en un sentido restrictivo, como el mero consumo de drogas”.

Uno de los aspectos más polémicos de la norma es la sanción administrativa por faltar al respeto a los agentes de la autoridad, inexistente en otros colectivos de funcionarios. Ello ha comportado sanciones tanto a jubilados anónimos que protestaron por una actuación racista como a premios Pulitzer como Javier Bauluz, multado por la ley mordaza mientras fotografiaba la llegada de migrantes a Canarias.

El camino político para la reforma

Durante estos diez años, los grupos de izquierda y las fuerzas nacionalistas han intentado hasta en cuatro ocasiones dar forma a un texto que modifique los aspectos más lesivos de la norma. El intento que más se acercó se produjo durante la legislatura pasada, a partir de un texto del PNV, pero entonces las tensiones entre el PSOE y partidos independentistas como ERC y EH Bildu dieron al traste con las negociaciones. 

Esas conversaciones chocaron en cuatro puntos: el uso de las pelotas de goma –que no regula esta norma–, las devoluciones en caliente, las multas por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad. ERC y EH Bildu exigían la eliminación de esos cuatro puntos, los más “lesivos”, según sus argumentos, y el PSOE desestimaba esas demandas que consideraba “excusas”.

En octubre del año pasado, el Gobierno alcanzó con EH Bildu un acuerdo para reformar la ley. Ese texto hablaba de sustituir las pelotas de goma por un material menos lesivo e incluye una disposición para que en el plazo de seis meses se aborde una modificación en la ley de extranjería. Este acuerdo sirvió para acercar también a ERC al acuerdo y facilitó su toma en consideración. 

Los partidos debaten ahora sobre ese acuerdo como base para la reforma que todos esperan que esté aprobada por el Congreso antes de que termine el periodo de sesiones. Para Carbonell, del Centro Irídia, ese pacto es “una oportunidad que presenta avances”, aunque resulta “insuficiente para la garantía total de los derechos y libertades”, y advierte de que las organizaciones por derechos humanos presionarán para que los cambios en la ley “sean una garantía y no una represión de los derechos y libertades”.

El 1 de julio, fecha en el calendario

Fuentes parlamentarias confirman que ha habido algunos encuentros entre los grupos para empezar a negociar un texto a partir de las enmiendas que registraron a finales del año pasado. Esos encuentros se han dado de forma bilateral entre algunos de los grupos que conforman el bloque de la investidura, aunque la sensación general es que apenas se han movido las cosas por ahora. 

Todas las partes tienen en la cabeza como límite el 1 de julio, cuando se cumplen diez años de la fecha en la que entró en vigor oficialmente la ley. Fuentes de Sumar hacen un llamamiento a la responsabilidad al resto de grupos para no permitir que se llegue a esa “ignominiosa fecha” sin acuerdo para derogar la ley y piden a algunas formaciones que no antepongan sus “intereses partidistas por encima de los generales”. Más aún, ante la posibilidad de que esta legislatura sea la última oportunidad para abordar esa reforma ante la perspectiva de una mayoría de derechas en unas próximas elecciones.

Los partidos que han puesto más pegas al texto en sus enmiendas son Podemos, Junts y el BNG. El partido de Ione Belarra dio su apoyo en octubre a la toma en consideración de la proposición de ley, pero ha reclamado que la prohibición de las pelotas de goma y de las devoluciones en caliente sea efectiva. En una de las enmiendas, a las que tuvo acceso este diario, incluyen una prohibición expresa de las balas de goma “o de cualquier otro instrumento o producto análogo que pueda producir para las personas graves lesiones, pérdidas, inutilidad o deformidad de órganos o miembros, pérdida de un sentido o incluso la muerte”. 

Junts y el BNG también registraron enmiendas que van en la misma línea. Los independentistas catalanes establecen que con fecha 31 de diciembre de este año “sea efectiva la prohibición total” de esos proyectiles y se establezca un nuevo modelo que “deberá garantizar en cualquier caso la disponibilidad de herramientas robustas que permitan un abanico de opciones tácticas diferenciadas”.

La ley que ha empezado a tramitar el Congreso recoge sin embargo buena parte de los acuerdos que se alcanzaron en la fase de ponencia en la legislatura pasada y añade además dos aspectos que formaron parte del choque que rompió las negociaciones. Por ejemplo, objetiva lo que antes se consideraban faltas de respeto para que ahora se refieran a “insultos o injurias” que no sean delito.

Además, la desobediencia a los agentes pasará de una infracción grave a leve y se añade un criterio para que sea “manifiesta, clara y objetivable”. El PSOE ha asumido con esta redacción una posición prácticamente idéntica a la que defendían durante la legislatura pasada EH Bildu y ERC. Eso sí, esos puntos pueden suponer un choque en los próximos meses con el PNV, que ha registrado enmiendas para mantener como graves esas faltas.

El Gobierno vasco, tras el dictamen favorable de la comisión de valoración, ha reconocido como víctima de violencia policial a Rosa Zarra. Esta mujer donostiarra murió en 1995 ocho días después de recibir en el vientre el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza, según recoge Efe.

Zarra, de 58 años y que tenía un riñón trasplantado, se encontraba en las proximidades de la Paloma de la Paz, junto al estadio de Anoeta de Donostia, presenciando los incidentes registrados entre seguidores de Herri Batasuna (HB) y pacifistas que apoyaban a los trabajadores de Alditrans y que pedían la liberación del empresario entonces secuestrado por ETA José María Aldaya.

La Audiencia de Gipuzkoa archivó en su día la denuncia presentada contra la Ertzaintza por el abogado de la familia, Iñigo Iruin, después de que el informe de los forenses del propio tribunal considerara que la muerte se había producido de forma natural y no debido a un pelotazo de goma disparado por la Ertzaintza. El entonces consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, del PNV, también atribuyó el fallecimiento de Roza Zarra a causas naturales.

Sin embargo, tras estudiar su caso, la comisión de valoración ha considerado que Zarra murió como consecuencia de la actuación de la Ertzaintza, según han confirmado fuentes del Gobierno vasco. La familia de la mujer recibirá el dictamen de la comisión el lunes en un acto privado. Esta misma semana ha trascendido igualmente el reconocimiento a los tiroteados en 1984 en Pasaia.

“Me acerco a la zona fronteriza del Bidasoa, a un río en torno al cual se traza una frontera que separa España de Francia, que escinde el País Vasco en su extremo occidental en dos geografías, Hegoalde (el lado sur) e Iparralde (el lado norte), que se miran de frente tejiendo vínculos diversos, componiendo una geografía afectiva común. Me acerco a esta geografía porque aquí también ha irrumpido el mundo-frontera. La historia es la misma que sucede en otras geografías. A pesar de que la zona del Bidasoa es parte constitutiva del espacio europeo Schengen (ese espacio que desde 1995 posibilita la libre movilidad para las personas y para las mercancías que se encuentran en su interior), el Estado francés, mayormente a partir de 2018, pero también antes, establece controles fronterizos que impiden el paso a personas migrantes que carecen de la documentación que se les requiere”. Con estas palabras, el doctor en Sociología y profesor en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Ignacio Mendiola se adentra en la frontera para tratar de explicar el fenómeno de la migración y la situación que las personas en tránsito viven cada vez que recorren la zona.

Lo hace en un libro que ha titulado 'La danza de las luciérnagas' por la obra de Georges Didi-Huberman, 'Supervivencia de las luciérnagas' en la que el historiador de arte francés sostiene que “la danza de las luciérnagas” es un “momento de gracia que resiste al mundo del terror, es la cosa más frágil y fugaz”. “Él comenta que las luciérnagas, a las que evoca como una imagen de resistencia frente al nazismo, están desapareciendo. Había luciérnagas, pero con el capitalismo las luciérnagas desaparecen. Es un dictamen muy pesimista de la capacidad de resistencia frente al capitalismo. Pero, Didi-Huberman en realidad plantea que las luciérnagas no desaparecen, sino que hay que saber buscarlas y que en sus movimientos realizan una danza. Para mí, la danza de las luciérnagas suponen dos tipos de resistencia: por un lado, la de las personas migrantes que perseveran hasta llegar a la frontera y cruzarla y, por otro, la resistencia de las redes ciudadanas que se niegan a asumir el discurso de la seguridad, se niegan a que la frontera esté cerrada para los migrantes y les acogen”, explica Mendiola a este periódico.

Para el sociólogo, es más pertinente hablar de “huida” que de “tránsito”. “Teniendo en cuenta la incertidumbre y precariedad vital que supone para una persona migrante ir a la frontera que le niega como persona, considero más pertinente hablar de huida, porque para muchas personas las zonas en las que estaban se han convertido en lugares inhabitables”, por ello, argumenta en el libro que para muchos migrantes “es mejor morir que no pasar” y sienten que deben cruzar la frontera “cueste lo que les cueste”.

Sobre la violencia que sufren las personas que migran, Mendiola reconoce que es algo que se vive de formas “muy diversas”. “Se da en términos de una deshumanización, una violencia simbólica que deshumaniza a la persona, que la trata con indiferencia y como una persona indiferenciada. También hay una frontera material en el sentido de que se trata de una violencia que se imprime en los cuerpos y se siente en los cuerpos. Y por eso hablo también del cuerpo-frontera, porque el cuerpo es un cuerpo que encarna esa violencia simbólica y material en medida en la que se niegan derechos como el paso”, detalla, tras recordar que “tratando de cruzar la frontera a nado han muerto cinco personas, otras tres cruzando las vías del tren y una novena se ha suicidado”. Para Mendiola, hay un elemento que es innegociable: el derecho a la movilidad. “Eso es algo que no se puede entrar a discutir desde una perspectiva crítica. Hay un derecho a moverse, hay un derecho a atravesar las fronteras y no puede estar sujeto a controversia”, sostiene.

Esa violencia de la que trata el libro, según indica el autor, se termina “banalizando y pasa a formar parte de lo cotidiano”. En esto juega un gran papel el “discurso hegemónico de la seguridad y de la necesidad de vigilar fronteras”. “Hay una asunción de que las personas que pasan la frontera son violentas y de que se necesita una represión policial para evitar que llegue a nuestra sociedad”, afirma. Sin embargo, frente a esa idea está el trabajo de las redes ciudadanas. “Es importante lo que ocurre en el Bidasoa con las redes ciudadanas y asociaciones activistas que lejos de asumir esa banalización intentan cortocircuitar esa violencia y luchan para que no se perpetúe. Se articulan redes de solidaridad a ambos lados de la frontera para posibilitar una acogida fuga”, reconoce.

Hay un elemento que es innegociable: el derecho a la movilidad. Eso es algo que no se puede entrar a discutir desde una perspectiva crítica

A día de hoy recorren la frontera del Bidasoa centenares de jóvenes que llegan a Irún mayoritariamente desde África con la intención de cruzarla para llegar a su destino final, Francia. El verano de 2018 supuso un antes y un después en lo que a llegadas a Irún respecta. Cientos de migrantes, en su mayoría hombres, terminaban durmiendo en la estación de autobuses o en las calles del pueblo ante la dificultad de llegar a Francia debido al aumento de controles policiales. Ese mismo año nació la red ciudadana Irungo Harrera Sarea, asociación que ayuda a los migrantes que llegan proporcionándoles comida, ropa e información sobre los recursos con los que pueden contar en Euskadi si no logran cruzar la frontera hacia Francia. Los pocos que consiguen cruzar la frontera y pisar Francia son recibidos en Hendaya y Bayona por las asociaciones La Cimade, Etorkinekin y Diakité. En el caso de Etorkinekin, cuentan con un recurso llamado 'Pausa' en el que los migrantes en tránsito pueden estar un máximo de tres días.

Estas redes nacen, según recoge Mendiola en su libro, de la falta del trabajo de las instituciones en términos de acogida. “Emergen de la sociedad civil a raíz de la carencia de las instituciones a la hora de activar una acogida digna. Por parte del Gobierno vasco hay una serie de iniciativas y está el recurso de la Cruz Roja, que ha tenido sus carencias a la hora de admitir la hospitalidad incondicional de las personas migrantes a las que acoge con una serie de condiciones”, lamenta.

“Mi objetivo con este libro es intentar reconstruir la atmósfera que acontece en la geografía fronteriza del Bidasoa. Y digo atmósfera porque hay un hostigamiento, miedo, indiferencia, injusticia, pero por otro lado, hospitalidad y acogida. Por una parte busco poner de manifiesto la violencia de la frontera y denunciar o impugnar el modo en que el dispositivo de frontera reproduce violencias en la zona del Bidasoa. Y por otra parte, reconocer el trabajo de la solidaridad de las redes de solidaridad a ambos lados de la frontera”, concluye.

Cada año en vísperas del 4 de diciembre las hermanas García Caparrós (Purificación, Loli y Paqui) se citan con los periodistas en la esquina donde en 1977 mataron a su hermano Manuel José. Allí, bajo la placa que honra su memoria, suelen lamentar el poco caso que el Estado les hace desde aquella mañana de domingo en que las calles de Málaga latieron por la autonomía andaluza y a su hermano le metieron un balazo entre el pecho y la axila por llevar una bandera blanca y verde.

Este 2 de diciembre no ha sido distinto. “Estamos aquí para lo de siempre: a ver si se pueden desclasificar los documentos”, ha arrancado Purificación. Luego han subido el tono: “Ya se están riendo de nosotras muchos años y no quiero que se rían más. Estamos hartísimas. No es de recibo”.

Las hermanas García Caparrós dicen estar dispuestas a acudir a la vía penal para denunciar el bloqueo de la desclasificación completa de las actas de la Comisión de Investigación abierta en el Congreso hace más de cuatro décadas. “Más pronto que tarde vamos a poner una querella criminal al Ministerio del Interior. Hace 47 años ocultó el crimen y hoy sigue siendo cómplice. Llevamos 47 años con muchas piedras en el camino, y no hay forma de saber qué se dijo en esa Comisión de Investigación. Todos los años pedimos lo mismo y nos lo deniegan”. “¿Es que quedan algunos vivos que no quieren que salga a la luz, o qué están ocultando?”, se ha preguntado Loli.

Años de ocultamiento

Manuel José García Caparrós, trabajador de Cervezas Victoria, 18 años, sindicalista y muy futbolero, murió de un disparo el 4 de diciembre de 1977, cuando miles de andaluces (200.000 solo en Málaga, según las crónicas) salieron a la calle a exigir más autonomía.

Francisco Cabezas, gobernador civil, había advertido de que no toleraría que se colocara la bandera en la sede provincial, y cuando un joven, José Manuel Trinidad, trepó para burlar la orden, se desató la tormenta. En connivencia con el Gobierno civil, la extrema derecha reventó la protesta. La Policía cargó, hubo botes de humo, disparos al aire, y también disparos a matar, uno de los cuales acabó con la vida de Manuel José.

Ni la investigación judicial ni la comisión parlamentaria (presidida por Juan Rovira, alto cargo de Hacienda durante el franquismo) llegaron a conclusión alguna y ni siquiera se encontró la bala que mató a García Caparrós. Muchos años después se confirmó lo que cualquiera sabía desde el principio: que aquel proyectil vino del arma de un policía, que el informe balístico se ocultó y que ni siquiera murió donde se dijo. “Hoy por hoy se sabe que fue la Policía Armada quien disparó por la espalda a un chaval que solo llevaba la bandera de Andalucía. Por eso lo mataron”, ha recordado este lunes su hermana Loli.

PNL en el Congreso

Como cada año, las hermanas han estado acompañadas de dirigentes locales y regionales de Izquierda Unida, que desde hace años impulsan iniciativas ante el Parlamento andaluz y el Congreso para la desclasificación de todo el material y el reconocimiento de Manuel José García Caparrós, que por entonces tenía 18 años y militaba en CCOO, como víctima del terrorismo o de la Transición.

La última es una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a que incluya casos como el de García Caparrós en el ámbito de aplicación de la Ley de Memoria Democrática y que inicie los trámites para aplicarla efectivamente al joven malagueño. “Es de justicia que la máxima institución de la soberanía popular homenajee a Caparrós, le repare y le reconozca como víctima de la represión”, ha valorado este lunes Toni Valero (Sumar), que ha impulsado la PNL.

El texto fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Interior con los votos a favor de los diputados de la coalición del Gobierno (PSOE y Sumar) y sus apoyos (Bildu, ERC, PNV), la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Para lograr la aprobación se recondujo el ámbito de la PNL de la categoría “víctima de terrorismo” (que pretendía aplicar a García Caparrós) a “víctima de la represión por razones políticas”. “Hemos tenido que negociarla y cambiar cosas. Lo que se pide es que inicie los trámites, que haya una institución, en este caso el Gobierno, que haga lo solicitud”, explica Valero.

Sumar espera que esto sirva de palanca para los siguientes pasos: que se le declare víctima del terrorismo (como pretenden sus hermanas) y que se desclasifique de una vez todo el material, sin censurar, obrante en el Congreso de los Diputados desde que en 1977 y 1978 se celebró una “Comisión de Encuesta” (de Investigación) que a día de hoy sigue estando clasificada como secreta al menos en los nombres.

Además, la PNL recoge el compromiso de que el Congreso rinda homenaje al joven, cuyo contenido tendrá que concretar la Mesa o la Presidenta de la cámara, Francina Armengol.

Como recurso final asoma también la querella, que hoy han aireado las hermanas sin dar más detalles. “La clave es que fue un Policía. Independientemente de quién fuera, eso permite querellarte contra el ministerio. ¿Fue en el año 77? Sí, pero al final fue el Estado, no un grupo paramilitar”, apunta Valero.

“La querella se va a poner tarde o temprano”, ha advertido Loli García Caparrós. “Esperemos que el año que viene tengamos mejores noticias y sepamos ya la verdad. Y que no me lo tapen más ni lo quieran blanquear con otras leyes. Porque no vamos a parar”. 

El Constitucional ha rechazado la petición de la familia de un represaliado de la Transición de reabrir la investigación de su muerte en una carga policial en Madrid en 1976. El pleno del tribunal de garantías, según ha podido saber elDiario.es, ha inadmitido el recurso de los familiares de Ángel Almazán contra el archivo de la causa judicial sobre su fallecimiento. Almazán, vecino de Vallecas que tenía entonces 18 años, murió bajo los golpes de los antidisturbios en una manifestación en 1976 en la Transición y el pleno ha inadmitido su recurso aplicando los mismos argumentos que los usados para inadmitir peticiones similares de represaliados por la dictadura franquista.

Ángel Almazán murió en diciembre de 1976. El joven madrileño había acudido a una manifestación convocada por el Partido del Trabajo de España para protestar en Santa Engracia contra el Referéndum de la Reforma Política. Los colectivos memorialistas destacan que fue trasladado a un facultativo por los propios antidisturbios que le habían pegado una paliza, pero asegurando en el atestado policial que “se había golpeado con una farola”. Murió pocos días después en el Hospital de La Paz.

Como ha sucedido con decenas de causas penales relacionadas con la dictadura, los jueces rechazaron investigar la muerte de Almazán cuando su familia acudió a los juzgados exigiendo responsabilidades penales. La querella de su hermano incluso identificaba con nombres y apellidos a varios policías que dispararon botes de humo y balas de goma contra Almazán para después inmovilizarle y golpearle. La autopsia determinó que murió por una fractura craneal.

En el caso de Almazán, los tribunales ya analizaron una primera denuncia de sus padres ese mismo año 1976, pero esa causa fue archivada por un juzgado militar. Ya en 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconoció su derecho a una “reparación y reconocimiento personal” en base a la ley de Memoria Histórica. Fue su hermano Javier quien volvió a los tribunales en 2021 solicitando la apertura de una investigación efectiva. El juzgado de Madrid que se hizo con el caso decretó el archivo reconociendo que su muerte fue un delito pero no existen “motivos para atribuir la perpetración del delito a persona alguna determinada”.

Su hermano llevó el caso de Ángel Almazán hasta el Tribunal Constitucional de la mano de las abogadas Ángeles López y Nieves Sanz, denunciando entre otras cosas que se había vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva al no abrir una causa a pesar de no tener dudas sobre la existencia de un delito: “Se frustra esa confianza en la Justicia y en su labor de pacificación social.se frustra esa confianza en la Justicia y en su labor de pacificación social”, afirmaba el recurso, entre otros muchos argumentos.

El pleno del Tribunal Constitucional, según ha sabido elDiario.es, ha analizado hoy el recurso de la familia de Almazán y ha dictado una providencia que inadmite sus alegaciones, cerrando la puerta de forma definitiva a la investigación que reclamaba su hermano. Estas mismas fuentes explican que el criterio aplicado es el mismo que ha servido al Constitucional en los últimos meses para rechazar las investigaciones penales por los crímenes del franquismo.

Del caso de Ventura al de Almazán

El mismo pleno del Constitucional decidió el pasado mes de mayo que este tipo de reclamaciones de víctimas de la brutalidad policial o del régimen franquista durante la dictadura no podían prosperar. Los magistrados, con varios votos en contra, inadmitieron el recurso de Francisco Ventura contra la decisión de los tribunales de la Comunitat Valenciana de no reabrir la investigación sobre las torturas y la represión que sufrió en València en 1967. La inadmisión implicó que el caso ni siquiera llegó a ser resuelto por una sentencia sobre el fondo del asunto.

Se trata de una doctrina que el Constitucional ya había desplegado en varios casos en los últimos años, incluso con la nueva Ley de Memoria Democrática en vigor, destacando el caso de Gerardo Iglesias, fundador de Izquierda Unida que denunció a un policía por torturas durante el franquismo. El caso de Francisco Ventura terminó en la negativa del Constitucional con argumentos similares: la nueva ley no “sustituye” al criterio de los jueces y que las trabas siguen siendo las mismas: el paso del tiempo y la amnistía de 1977.

En el caso de Ángel Almazán, joven vallecano fallecido bajo los golpes de la Policía ya durante la Transición en 1976 en las calles de Madrid durante una manifestación, el pleno se remite a ese auto del caso de Ventura para reproducir sus argumentos y su negativa. Varios magistrados discrepantes mantienen la opinión ya mostrada entonces en sus votos particulares: que estos casos merecen, al menos, ser admitidos a trámite para recibir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto del Tribunal Constitucional.