La Fiscalía concluye su primera investigación por torturas del franquismo sin hallar a los policías responsables

La Fiscalía ha concluido su primera investigación sobre las torturas perpetradas durante el franquismo por policías de la Brigada Político-Social sin hallar a los uniformados que perpetraron los delitos. Así lo ha comunicado este jueves la Fiscalía de Barcelona, que durante casi un año ha investigado la denuncia presentada por la histórica activista de la izquierda independentista catalana Blanca Serra.

Las conclusiones de la Fiscalía suponen un resultado agridulce. Por primera vez, una víctima ha encontrado la escucha de las instituciones judiciales, hasta ahora un muro de impunidad para los policías torturadores. Pero el resultado final sigue siendo, en la práctica, el mismo: el archivo del caso.

En un vídeo grabado este jueves, Serra ha agradecido el trato que le ha dispensado la fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, Sara Gómez Expósito, si bien ha lamentado que la vía de la jurisdicción voluntaria que le queda (penalmente el caso quedará archivado) no comporta la identificación ni la toma de declaración de los policías que la torturaron, ni de sus superiores jerárquicos. “Tampoco permite reconstruir la estructura jerárquica de la represión ni abre la puerta a una reparación integral ni a depurar responsabilidades”, ha constatado.

El Ministerio Público tomó declaración a Serra como víctima, a un perito y al forense que constató las secuelas psicológicas que sufre Serra. También reclamó documentos a varias instituciones, algo inédito hasta ahora en las denuncias por torturas franquistas, que los juzgados solían despachar con una inadmisión de plano o una investigación exigua. La Policía envió a la fiscal varias actas de detención o del registro en el domicilio de Serra.

Tras practicar todas las diligencias, la Fiscalía concluye que Serra sufrió un delito de torturas perpetradas en un contexto de crímenes contra la humanidad y “de persecución y represión política instaurada por el franquismo”, al que define como un “régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada”.

Los agentes de la llamada Brigada Político-Social, expone la fiscal, detuvieron a la activista y a su hermana “por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura”, y le infligieron violencia física y psíquica “con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático”.

Sin embargo, la investigación no ha podido revelar la identidad de los policías que perpetraron las torturas, por lo que la Fiscalía ha procedido a presentar denuncia ante el juzgado, en la que se pide el archivo provisional por falta de autor conocido.

“Esta investigación es absolutamente insuficiente. Ha habido una falta de voluntad política más que evidente por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de ir hasta el fondo. No se han recabado informes judiciales, ni se ha hecho ni una sola diligencia para identificar a los autores, saber si están vivos o muertos ni citarlos a declarar, aunque la información estaba en los expedientes”, ha denunciado este la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella.

Más allá de haber sido escuchada, el caso de Serra constata que, 50 años después de la muerte del dictador, la operación de olvido que se impuso a la recién nacida democracia española sigue vigente: la ley de amnistía del 1977 y la prescripción de los delitos siguen siendo obstáculos, pese a la Ley de Memoria, para abrir causas en los juzgados. A ello hay que añadir el paso del tiempo, pues la mayoría de policías torturadores ya han fallecido.

Lo que sí ha permitido la nueva ley es que el Ministerio Público escuche a la víctima, como hizo con Serra, y pueda pedir documentos a organismos oficiales para ofrecer una mínima reparación a las personas que sufrieron torturas y que hasta entonces se encontraban con el portazo del sistema.

Las de Serra fueron las primeras diligencias penales abiertas por la Fiscalía para investigar las torturas perpetradas durante el franquismo por policías de la Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana (Barcelona), la conocida como 'casa de los horrores'.

El edificio sigue inmerso, en pleno 2025, en un profundo debate sobre su futuro: las víctimas del franquismo reclaman que la Policía se traslade a otra sede y la Jefatura se convierta en un memorial, como ocurrió con la sede de la Stasi en Berlín. Sin embargo, tanto los Ejecutivos central como catalán, ambos socialistas, han enfriado el traslado y mantienen que el edificio puede ser al mismo tiempo sede policial y lugar de memoria.