El mismo día en que el cuerpo de la exconcejala del PP en el Ayuntamiento de València, María José Alcón, era incinerado, la defensa del concejal popular Cristóbal Grau, investigado en la pieza del 'pitufeo' del caso Taula, pedía el archivo de la investigación afirmando que el fallecimiento “desvirtúa los pilares de la presente instrucción”.

Alcón falleció el pasado sábado tras precipitarse al vacío desde un cuarto piso, siendo el suicidio la principal hipótesis hasta el momento de este siniestro, muriendo de este modo una de las claves de la investigación de la pieza que investiga el presunto financiamiento ilegal del PP de Rita Barberá en las elecciones de 2015. Esta exconcejala fue grabada por la UCO (Unidad Central Operativa) de la polícia en una conversación por teléfono con su hijo en la que le confesaba la práctica del blanqueo de capitales que se estaba realizando desde el grupo municipal, asegurando que lo que se hacía era “corrupción pura y dura”.

Esta petición de archivo, según explican los medios Levante-EMV y Valenciaplaza, sería la primera pero en los próximos días se extendería a más miembros del grupo popular de València, donde todos los concejales excepto cuatro están siendo investigados en la causa del 'pitufeo'.

En la argumentación presentada por el letrado de Cristóbal Grau se apunta que con el “desgraciado fallecimiento” se confirmaría que “su testimonio, sus conversaciones telefónicas y posterior actuar no había sido en plenitud de facultades”. Añade también que la propia concejala se desdijo después de su propia declaración afirmando que en aquel momento “iba medicada”.

La misma defensa también carga contra el informe policial criticando que “la UCO omitió conscientemente al instructor el verdadero estado de salud psíquica de Alcón y los forenses emitieron un informe carente de todo rigor, en relación a una persona cuyo fatal desenlace hemos podido comprobar”.

Finalmente el abogado intenta desacreditar las pruebas existentes del presunto blanqueo de capitales asegurando que “jamás se encontraron fajos de billetes de quinientos euros en el grupo municipal”, y puntualizando que la práctica del 'pitufeo' supone la realización de diversos ingresos de pequñas cantidades de dinero, y que a su parecer “ninguno de los investigados ha realizado ni tan siquiera dos ingresos”. Con ello concluye que “ni hay trama, ni hay blanqueo, sino una aportación voluntaria para sufragar los gastos de campaña”.

María José Alcón, que fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Valencia y que estaba imputada en el caso Taula sobre blanqueo de dinero y presunta financiación irregular del partido, ha fallecido al precipitarse desde el balcón de su segunda residencia, en Callosa d'En Sarrià, en la provincia de Alicante.

Fuentes conocedoras de los hechos han informado a EFE de que el suceso ha tenido lugar esta mañana en una casa de Callosa d'En Sarrià, de donde es natural Alfonso Grau, su actual marido y que fue vicealcalde de Valencia durante el mandato de Rita Barberá al frente del consistorio.

El matrimonio estaba pasando el fin de semana en esta segunda residencia y esta mañana Alfonso Grau salió a pasear con un amigo del pueblo, y al regresar a casa se encontró con el cadáver de María José Alcón, que, según las primeras investigaciones, podría haberse precipitado desde un tercer o cuarto piso.

La Guardia Civil, que no ha facilitado datos sobre este suceso, ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido esta muerte.

De imputada a imputada, el juez del caso Taula, que investiga la supuesta financiación ilegal del PP de la ciudad de Valencia, ha decidido denegar a Carmen García Fuster la pretensión de disponder del contenido íntegro de la grabación efectuada por la UCO a la exconcejal María José Alcón de una conversación con su hijo en la que aludía a la corrupción existente en el partido.

Tanto García Fuster, secretaria del grupo municipal y mano derecha de Rita Barberá, como Alcón, esposa de otro imputado, el que fuera vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, están imputadas por el titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia en la investigación del presunto cobro de mordidas y el blanqueo de dinero por parte del PP local, que lideraba la alcaldesa Barberá.

“La defensa de la solicitante”, explica el juez Víctor Gómez Saval en su auto, “oyó íntegramente, el otro día, dicha conversación, y como ya está dicho, después de ello, se puede solicitar por las partes la inclusión de cualquier fragmento no seleccionado e incluido en la causa en su día, alegando y explicando de modo sucinto cuál pueda ser el interés de dicho fragmento para la investigación de los hechos y del delito objeto de esta pieza”.

“Lo que no se puede es incluir ni facilitar el contenido íntegro”, prosigue, “dado que el contenido de la mayor parte de esa conversación carece de todo interés para la causa y porque se trata en su mayor parte de una conversación familiar que afecta a la intimidad de los intervinientes en la misma”.

“Hasta ahora”, concluye el magistrado, “están incluidas en la causa las partes de esa conversación que se consideran relevantes”. En la grabación, Alcón se refiere a la “trampa” por la que los concejales y asesores recibían 1.000 euros en dos billetes de 500 a cambio de una transferencia para blanquear el dinero. “Corrupción total”,, apuntaba la exconcejal, que en su declaración ante el juez ha negado su contenido y ha alegado que en ese momento estaba “muy medicada”.

La exconcejal de Cultura de Rita Barberá María José Alcón, quien fue pillada en una grabación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reconociendo la financiación ilegal del PP de València, se acaba de desdecir en el interrogatorio como imputada ante el juez que instruye el caso Taula.

La investigada, que confesó en una llamada telefónica que su partido recibía dinero de mordidas, ha asegurado esta mañana de lunes que estas afirmaciones fueron fruto de la medicación que tomaba por sus problemas de salud y que le provocaba estar en un permanente estado de paranoia, según fuentes jurídicas.

La edil, actual pareja del exvicealcalde Alfonso Grau a quien la UCO señala como el recaudador del PP de Barberá, ha asegurado que en el momento en que le fue grabada la confesión cuando la Guardia Civil tenía pinchado su teléfono “iba muy medicada”.

Los investigadores reproducen en la pieza separada del caso Taula para el PP de Valencia -por la que declaraba hoy- una conversación de Alcón con su hijo en la que explicaba punto por punto como blanqueaban dinero para el partido: “Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total (...) y me daban dos billetes de quinientos”.

Su hijo le comenta entonces que no lo entiende y su madre le vuelve a explicar: “Ellos tienen mucho dinero negro (...), de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones (...) Es un dinero que no pueden aflorarlo”.

A continuación la exconcejala admite que ese dinero lo ha recibido de Mari Carmen (García-Fuster, secretaria del grupo municipal), y que ella lo ha devuelto “con una transferencia bancaria y se blanquea”.

En otra conversación, su hijo pregunta “cuántos billetes de quinientos tienen ellos” (los del grupo municipal del PP), y su madre le replica: “Como tú me dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción”.

En otros aportados también por el “yonky del dinero”, Marcos Benavent, Alcón explica el reparto de una supuesta mordida. “He dejado 5.000 euros para el partido porque Alfonso lo quiere así”.

Estas grabaciones son las que las defensas de los acusados del PP de Barberá están intentando desacreditar con el polémico peritaje del asesino de Yolanda González. Alcón ya se había desdicho de sus palabras en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano contra el diputado del PP Miguel Domínguez y en la que tuvo que acudir como testigo.

La exconcejala de Cultura de Valencia María José Alcón ha contradicho sus declaraciones anteriores, ha negado ante el Tribunal Superior de Justicia haber conocido el supuesto blanqueo en el PP de Valencia y ha afirmado que se grabaron sus conversaciones telefónicas estando medicada y paranoide.

Según han informado a EFE fuentes conocedoras de su declaración, Alcón ha negado haber conocido el supuesto proceso por el cual se blanquearon fondos de origen, al parecer ilícito, en el seno del PP de Valencia mediante la donación de 1.000 euros y la posterior devolución en dos billetes de 500.

Alcón ha declarado como testigo en la causa contra el diputado autonómico y exconcejal del PP del Ayuntamiento de Valencia Miguel Domínguez por el supuesto delito de blanqueo en el grupo popular municipal.

La exconcejala ha explicado a la magistrada Pía Calderón que la grabación de la conversación que Alcón mantuvo con su hijo y que fue intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y en la que supuestamente reconoce y explica el proceso de blanqueo, fue realizada mientras se encontraba ingresada en un sanatorio por depresión e intensamente medicada.

En el sumario del caso Imelsa, del que se desprende la pieza separada por blanqueo, la UCO reproduce unas conversaciones grabadas a María José Alcón con su hijo en las que, en opinión de los investigadores, queda patente la trama para blanquear dinero.

Asegura Alcón en una conversación grabada en abril de 2015: “Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total (...) y me daban dos billetes de quinientos”.

Su hijo le comenta entonces que no entiende como blanquean el dinero y su madre le dice: “Ellos tienen mucho dinero negro (...), de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones (...) Es un dinero que no pueden aflorarlo”.

A continuación la exconcejala admite que ese dinero lo ha recibido de Mari Carmen (García-Fuster, secretaria del grupo municipal), y que ella lo ha devuelto “con una transferencia bancaria y se blanquea”.

En otra conversación, su hijo pregunta “cuántos billetes de quinientos tienen ellos” (los del grupo municipal del PP), y su madre le responde: “Como tú me dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción”.

Esta conversación, según ha declarado hoy Alcón, se produjo mientras se encontraba ingresada por problemas psiquiátricos y sometida a una gran presión, dado que todos su bienes habían sido intervenidos.

La exedil se encontraba, según ha afirmado ante la jueza Calderón, “medicada, confundida y paranoide”.

Esta declaración contradice todas las anteriores, incluida la que realizó ante los agentes de la UCO tras su detención.

Otras fuentes del caso consultadas por EFE han apuntado la posibilidad de que este giro en su declaración responda al hecho de que Alcón ha comparecido hoy en calidad de testigo, y no de investigada como anteriormente, y consideran que responde a una estrategia de defensa, dado que hay suficientes evidencias en el sumario de que, al menos participó en la aportación de 1.000 euros al PP de la ciudad de Valencia.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el “caso Imelsa” centrado en un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, ha acordado declarar la complejidad en la pieza separada “E” de la causa, relacionada con las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos por parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia.

El juez estima la petición del fiscal y amplía de seis a 18 meses el plazo máximo de la instrucción para que puedan concluirse los informes periciales arquitectónicos relacionados con la adjudicación de los contratos supuestamente amañados. En su auto, el magistrado considera que la instrucción de esta pieza separada, en la que hay 12 investigados por presuntos delitos de cohecho y prevaricación, está condicionada al resultado de estas periciales, que son “múltiples y requieren el examen de abundante documentación”.

Con la declaración de causa compleja, a la que se opusieron algunos investigados, el juzgado establece el 12 de febrero de 2018 como fecha límite para concluir la instrucción en esta pieza separada.

La pieza separada “E” del “caso Imelsa” investiga, entre otras, las adjudicaciones de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia de las obras de limpieza y acondicionamiento de la fachada de la Lonja de Valencia, las Torres de Quart y dos puentes históricos. También la construcción del Centro Cultural La Rambleta.

En esta pieza, abierta por los delitos de cohecho y prevaricación, hay doce investigados, entre ellos la exconcejala de Cultura, María José Alcón, y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Se investigan ocho contratos públicos, sospechosos de irregularidades.

La exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón no será juzgada por delito fiscal tras retirar la acusación la Fiscalía y la Abogacía del Estado, según han informado a EFE fuentes judiciales y representantes legales de una de las partes.

El juzgado de Instrucción número 1 de Mislata (Valencia) finalizó el pasado mes de marzo la instrucción de una causa contra Alcón, su madre y sus dos hermanos tras concluir que existían indicios de que delinquieron al no presentar la declaración del IRPF correspondiente al padre fallecido, cuya herencia percibieron. La jueza cifró en 192.131 euros el dinero supuestamente defraudado por los cuatro.

La exconcejala de Cultura está procesada además en varias piezas del caso Imelsa por supuesto blanqueo de capitales, la presunta adjudicación irregular de contratos y el cobro de comisiones.

Alcón y sus familiares, según el auto de incoación de procedimiento abreviado, “no presentaron la declaración del IRPF relativa al periodo impositivo de 1 de enero de 2009 al 17 de noviembre de 2009, fecha del fallecimiento del causante de la herencia”.

Además, la jueza consideró que también existían “indicios” de que la madre de la exedil defraudó otros 190.000 euros en la liquidación del IRPF correspondiente al ejercicio de 2009.

Tras haber tomado declaración a Alcón y a sus familiares y haber practicado pruebas documentales y testificales, la jueza consideró los hechos investigados como “penalmente relevantes”.

Sin embargo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han presentado un escrito conjunto de acusación respecto del hermano y la madre de Alcón y han pedido el sobreseimiento para la exconcejala y su hermana, que el instructor deberá aceptar al desaparecer la acusación.

El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent -el autoproclamado 'yonki del dinero'- continúa implicando en la trama corrupta de Imelsa, el conocido como caso Taula, a altos cargos del Partido Popular, el último de ellos el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy.

Así, Benavent, que este viernes testificaba de nuevo ante el juez por la supuesta adjudicación de contratos irregulares y el cobro de “mordidas” en el ayuntamiento de Valencia, ha asegurado en declaraciones a los medios que Rajoy y el expresident de la Generalitat Francisco Camps sabían que se cobraban comisiones: “Camps estaba al corriente, Mariano Rajoy estaba al corriente... en el partido es lo que hay”. “Todos en el partido sabían lo que estaban haciendo. Todos los que tenían alguna responsabilidad estaban en la movida”, ha añadido.

No obstante, Benavent ha reconocido que el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus nunca le dijo que hubiese hablado con Rajoy ni él lo hizo directamente con Camps.

“El partido está imputado por corrupción, por destruir discos duros... Negar que el presidente de su partido conociese lo que sucedía... Vamos, yo no lo hago tan tonto. Cada uno que crea lo que quiera. Se me ha ocurrido viniendo en el coche: cuando esta gente sale mintiendo en televisión nos deberíamos levantar del sofá y hacerles así (una pedorreta)”, ha agregado.

El 'yonki del dinero' ha insistido también en que Vicente Betoret, actual presidente provincial del PP en Valencia, estaba “enterado de todo” como número dos del partido y, en referencia a Alejandro Font de Mora, ha dicho que, como conseller de Educación, “no puede decir que desconocía lo que sucedía en Ciegsa. Tan tontos no eran”. “Ciegsa era una empresa que manejaba cientos de millones, que construía colegios y que tuvo un déficit de mil millones de euros. Era una forma sutil de administrar esas cosas, ¿quién va a negarse a que se renueven o construyan colegios?”, ha añadido.

Sobre el expresidente del Consell Víctor Campos ha afirmado que cree que “los constructores iban a su despacho. Todos los consellers sabían de las movidas que había a todos los niveles”

Alcón se ha negado a declarar

La exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón se ha negado a declarar en calidad de imputada ante el juez. La exedil del PP estaba llamada a declarar como investigada (imputada) junto a Marcos Benavent y los empresarios José Adolfo Vedri, responsable de la firma Engloba, y Carlos Turró, presidente de Cleop.

Antes de Alcón ha tenido que comparecer Vedri, quien recibió adjudicaciones y, a cambio, se indaga si pudo pagar comisiones ilegales. El que fue dueño de la agencia de comunicación Engloba ha respondido únicamente a las preguntas formuladas por el juez y por el fiscal, y ha negado cualquier tipo de irregularidad en las contrataciones municipales o haber pagado alguna comisión ilegal, según han confirmado fuentes conocedoras de la declaración.

El empresario, que siempre ha defendido su inocencia, ha insistido en no haber cometido irregularidades en el desarrollo de su profesión, mientras que su abogado se ha limitado a decir que esperan que “todo esto se archive”.

Ante el juez, Vedri ha afirmado que no pagó ninguna comisión por la adjudicación y gestión de La Rambleta y ha asegurado que no había hablado con Alcón antes de las adjudicaciones. En cuanto a Benavent, ha explicado que inicialmente tuvieron una empresa en común, pero que luego no volvió a tener relación con él hasta que éste llegó a Imelsa. A partir de 2011 sí mantuvieron una relación personal pero, ha dicho, esto no influyó en el tema de las adjudicaciones y contrataciones.

Trama de comisiones ilegales y blanqueo

En el caso Imelsa se investiga una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales que tenía su origen en la adjudicación supuestamente irregular de contratos desde varias administraciones públicas controladas por el PP.

Las declaraciones se enmarcan en la pieza separada E, en la que se investigan los delitos de prevaricación y cohecho con el supuesto cobro de “mordidas” en los contratos de mantenimiento de La Lonja, limpieza de las Torres de Quart, conservación de los puentes históricos de Serrano y Trinidad, y explotación y gestión del centro cultural La Rambleta.

Según han dejado patente los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de los informes que constan en el sumario del caso, Marcos Benavent, uno de los principales investigados del caso Imelsa, podría haber recaudado al menos 83.000 euros en comisiones ilegales de contratos supuestamente amañados por la exconcejala de Cultura.

Los investigadores achacan a Benavent el doble papel de “intermediario” y “recaudador”, mientras que Alcón “hacía valer su posición privilegiada” para “influir” en la adjudicación a determinadas empresas, según sus conclusiones.

La exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, su exasesor Pedro Aracil, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, y el empresario José Adolfo Vedri tendrán que comparecer como investigados el próximo 22 de septiembre ante el juez de Imelsa por diversos contratos de Cultura a cambio de comisiones ilegales, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Estas cuatro personas declararán en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado de investigar el caso Imelsa, en la pieza separada de contratos de Cultura. El día 23 le tocará el turno a otros tres empresarios investigados -anteriormente imputados- adjudicatarios de los contratos de limpieza y mantenimiento de La Lonja y de las Torres de Quart.

Por otro lado, el juez ha rechazado un recurso interpuesto por la exsecretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Carmen García Fuster contra su imputación por delito electoral en la pieza separada del caso Imelsa en la que, además, se investiga un delito de blanqueo de capitales, según consta en un nuevo auto.

El juez rechaza los argumentos esgrimidos por el abogado de la investigada y mantiene que el hecho de que no fuera administradora electoral de las candidaturas en los comicios investigados, 2011 y 2015, “no impide que pueda ser investigada como posible cooperadora necesaria conforme a la reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo”, tal y como indica en el auto.

Precisa, no obstante, que este delito “no se le está atribuyendo de modo definitivo, sino que se está abriendo la investigación, que le afecta, y por eso es llamada a declarar en calidad de investigada, en los términos garantistas que nuestro ordenamiento procesal procura”.

En su resolución, el juez explica que es “incuestionable” que con cargo a la cuenta bancaria que gestionaba se pagaron gastos electorales, y que es al final de la instrucción cuando procede valorar los indicios que existen contra la imputada y su significación penal.

En el recurso, la defensa de García Fuster cuestionaba también la continuidad y conexidad delictivas apreciadas por el instructor así como la declaración de complejidad de la causa, extremos, todos ellos, rechazados por el juez.

En las diligencias del caso Imelsa se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat Valenciana: Diputación -a través de la empresa Imelsa-, el Ayuntamiento -a través de la Concejalía de Cultura- y Generalitat -a través de la empresa Ciegsa-. La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y delito electoral. Se estructura en una pieza principal y cuatro separadas.

El jutge instructor del cas Taula, Víctor Gómez, ha alçat aquest divendres el secret de sumari de la peça separada sobre les presumptes mossegades en l’Ajuntament de València durant l’etapa de govern del PP de Rita Barberá a canvi de l’adjudicació de contractes, segons han avançat els diaris Levante i Las Provincias.

Els imputats més destacats en aquesta causa són l’exregidora de Cultura, María José Alcón, l’exgerent d’Imelsa, Marcos Benavent i l’empresari José Adolfo Vedri, propietari de l’empresa de comunicació Engloba.

La investigació posa el focus en el presumpte cobrament de comissions il·legals en l’adjudicació d’uns quants contractes que va signar la Regidoria esmentada, com per exemple el de la Mostra de Cine, la rehabilitació de les torres de Quart o la construcció del centre cultural de La Rambleta.

Aquests diners il·lícits podrien haver estat destinats al presumpte finançament irregular del PP de la ciutat de València.

L’operació Taula, que va implicar l’escorcoll del grup municipal del PP i la imputació de gairebé tots els regidors i els assessors de l’equip de govern de l’exalcaldessa Rita Barberá, nou dels quals continuen sent edils populars en l’oposició, sorgeix després de les revelacions fetes a la justícia per l’autodenominat ‘ionqui dels diners’, Marcos Benavent, en el marc del cas Imelsa.

Diverses converses gravades aportades per Benavent en què dialoga amb Alcón provarien les presumptes mossegades i van ser el detonant de l’operació Taula.

D’altra banda, l’Ajuntament de València va advertir que una vegada s’alçara el secret de sumari d’aquesta peça, s’hi presentaria com a acusació particular per a exigir danys i perjudicis a les empreses beneficiades.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación presentado por la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón contra el auto de incoación de procedimiento abreviado dictado por el juzgado de Instrucción número 1 de Mislata, por el que se procesaba a la exedil, a su madre y a sus dos hermanos por un presunto delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por no declarar la herencia de su padre.

La sala considera que la resolución del juzgado de Instrucción es “acertada y correcta” y que existen indicios de la supuesta comisión de delito por parte de los investigados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Alcón y sus familiares procesados habían recurrido ese escrito con el argumento de ilicitud del procedimiento tributario, preclusión de la facultad de la Agencia Tributaria de volver a comprobar lo comprobado e inexistencia de ocultación ni de ánimo defraudatorio.

La Audiencia añade en la resolución que “existiendo una tesis acusatorial plausible, debe permitirse a la parte o partes que la sostienen la celebración del acto del juicio, en el que se practicará con la debida contradicción y en unidad del acto la prueba que las partes propongan y estimen oportuna y resulte pertinente”. Así, concluye que los apelantes podrán reproducir en el juicio los argumentos que apuntan en el recurso.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Mislata finalizó en marzo la instrucción de la causa contra Alcón, su madre y sus dos hermanos, tras concluir que existían indicios de que delinquieron al no presentar la declaración del IRPF correspondiente al padre fallecido, cuya herencia percibieron.

En el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, recurrido por los investigados y confirmado ahora por la Audiencia, la jueza cifró en 192.131 euros el dinero supuestamente defraudado por los cuatro (la esposa y los tres hijos del fallecido) porque “no presentaron la declaración del IRPF (*) relativa al periodo impositivo de 1 de enero de 2009 al 17 de noviembre de 2009, fecha del fallecimiento del causante de la herencia y de la firmeza de la resolución judicial que reconocía al fallecido y a su esposa el justiprecio por la expropiación” de dos fincas registrales.

Otro fraude

Además, la magistrada consideró que también había indicios de que la madre de la exedil defraudó otros 190.000 euros en la liquidación del IRPF correspondiente al ejercicio de 2009.

Tras haber tomado declaración a Alcón -que también está siendo investigada en el 'caso Imelsa'- y a sus familiares y haber practicado pruebas documentales y testificales, la jueza consideró los hechos investigados como “penalmente relevantes” y que podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por lo que procedió a la conclusión de la fase instructora al no apreciar la necesidad de practicar otras diligencias de investigación adicionales.

La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ya plantó a las Cortes Valencianas para explicar su implicación en 'caso Taula'. Y este martes ha vuelto a negarse a dar explicaciones sobre su papel en el presunto blanqueo de dinero negro para financiar la campaña de las municipales de 2015 ante la comisión de investigación del Ayuntamiento de Valencia, que aspira a encontrar responsables políticos en el mayor caso de corrupción que azota a la corporación local.

En el primer caso, la actual senadora entregó al parlamento valenciano un escrito donde argumentaba que las Corts se extralimitaban en sus funciones al pedirle explicaciones. Y ahora, Barberá ha usado la misma fórmula: ha remitido una carta este martes al consistorio en el que justifica su ausencia en que “no está probada la comisión de hechos de carácter delictivo que presuntamente haya podido cometer el grupo municipal popular”.

La exalcaldesa, además, ha despreciado la investigación municipal: “Me abstendré de asistir a esa llamada comisión de investigación del caso 'Operación Taula', a todas luces inoportuna en el tiempo y políticamente intencionada”. Una ausencia que contrasta con la actitud que tuvo su hermana y exjefa de gabinete de alcaldía, Asunción Barberá, que sí que acudió al ser funcionaria del Ayuntamiento. 'Totón', como se le conoce en el consistorio, negó conocer el operativo para lavar dinero supuestamente ilícito.

María José Alcón, exconcejal de cultura del Ayuntamiento e imputada en el caso por ser uno de los nexos de la trama con la corporación local, tampoco se ha presentado ante la comisión impulsada por Ciudadanos y aprobada en el pleno por unanimidad de todos los grupos políticos del consistorio, incluido el PP. Protagonista de las grabaciones que retrataban la corrupción del PP de Valencia, su marido, el exvicealcalde imputado en Nóos y por cohecho continuado en otro caso Alfonso Grau, ya avisó de que no iría a la comisión, y la tachó de “circo”.

Aunque los plantes de Barberá y Alcón son los más destacados, la negativa a asistir a la comisión ha sido total por todos los citados para declarar este martes ante los cinco grupos municipales del Ayuntamiento. Ni la tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, ni la responsable de finanzas del grupo municipal y cuyos papeles han desvelado conexiones del 'caso Taula' con las causas de Trasgos y 'Ritaleaks', Mari Carmen García Fuster han asistido.

El concejal del PP, Alfonso Novo, tampoco ha acudido, como ya había avisado. Según explicó el edil popular, el tema está judicializado y no procede hacer nuevas declaraciones por recomendación tanto del juez y de los fiscales. Y recordó que el Ayuntamiento tiene acceso al sumario en el que figuran las comparecencias judiciales de todos los concejales sobre el presunto lavado de dinero sucio. La única que tenía obligación de acudir a la cita por su condición de administrativa era María José Pi, y tampoco lo ha hecho. Según afirmaron fuentes municipales, no podía por estar de baja.

Aparte de Asunción Barberá, en la primera sesión también comparecieron los asesores de Grau, Arantxa Martí y Jesús Gordillo. Este último aseguró que el polémico asesor municipal, Luis Salom, le enseñó a él y a otra persona en plena calle uno de los dos billetes de 500 euros con los que supuestamente se produjo el blanqueo de dinero en B.

“Rajoy ha respaldado a Barberá”

Pese a la ausencia de Barberá, los portavoces en la comisión de los grupos municipales han debatido a cerca de la no comparecencia de la exalcaldesa. Durante el debate se ha reprochado al PP que pese a que votaron a favor de crear la comisión, sus concejales se nieguen a acudir excusándose en que la justicia ya investiga los posibles hechos delictivos. PSPV-PSOE -que ha propuesta la idea-, Ciudadanos, Compromís y València en Comú han acordado emitir un comunicando condenando el “desprecio” de Barberá al Ayuntamiento. El PP se ha abstenido en este punto.

“Rajoy ha respaldado a Barberá al no acudir su tesorera nacional”, ha criticado Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos. Jordi Peris, de València en Comú, ha tachado de “plantón en toda regla” la ausencia de la senadora. Tanto socialistas como Compromís han recordado que el objetivo de la comisión “es buscar responsables políticos” y que el PP se ha dedicado durante este tiempo “a poner trabas” a su desarrollo.

De los audios que grabó el delator del 'caso Taula', Marcos Benavent, se desprende que Enrique Sospedra Barberá, sobrino de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se llevó adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia. “Oye, de aquí sacamos alguna cosilla, ¿no?, de todos estos, algo para el verano”, le dice la exconcejal de Cultura María José Alcón a Benavent, a lo que este responde: “De aquí, de Quique y del otro”. De esos dos Enriques, uno sería el sobrino de Barberá. El otro, Enrique Aleixandre, fue hasta hace poco gerente de Universo Selección. De ahí parten las sospechas de la relación que tendría dicha mercantil con Sospedra Barberá.

Según la fuentes consultados por eldiario.es, Universo Selección facturó 440.000 euros al Ayuntamiento de Valencia durante los años de mandato de Barberá. Parte de ellos provienen de la gestión de la atención al público de la Cripta Arqueológica de San Vicente Mártir de Valencia. Esta empresa tuvo en su poder la adjudicación entre los años 2002 y 2008. Facturó por esos servicios cerca de 4.446 euros al mes.

A escasos metros de esta cripta, se encontraba la sede de la Mostra de Valencia. Según las grabaciones que ahora están incluidas en el sumario del 'caso Taula', Alcón reconoce al 'pentito' Benavent que el Ayuntamiento contrató servicios de azafatas en eventos o ferias municipales a mercantiles vinculadas laboralmente con el sobrino de la exalcaldesa de Valencia. Y uno de esos eventos sería la Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani.

Benavent, en otro audio, le dice a Alcón: “Ahí puedes venderle a la jefa [en referencia a Barberá]: Mira, le he dado todo a tu sobrino”. En la conversación, al parecer, planean cómo manipular el sistema de puntuación de la adjudicación de la Mostra de 2006. La empresa favorecida sería Universo Selección. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el archivo municipal en busca de expedientes sobre las ediciones del 2005 y 2006.

Según fuentes municipales, se desconoce lo que Universo Selección facturó por este evento porque las cuentas no están informatizadas y la fundación a través de la que se hacían todas las gestiones no está activa. Un evento que está bajo sospecha judicial por las conversaciones registradas por el exgerente de Imelsa y hombre fuerte del expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus.

La UCO rastrea, además, empresas cercanas a Sospedra Barberá para esclarecer si actuaban de tapaderas para evitar sospechas. Y, así, que la exalcaldesa no cometiera ninguna incompatibilidad, ya que el Ayuntamiento no puede contratar con empresas de familiares de ediles de hasta cuarto grado. De hecho, y según datos del Registro Mercantil, Quique Sospedra no tiene a fecha de hoy ninguna empresa a su nombre. Solo en 2003 constituyó una sociedad denominada Enespa Telecom 03.

Relación con la agencia de comunicación de Barberá

Según publicó El Mundo, el sobrino de Barberá es muy conocido en el sector audiovisual y en las agencias de comunicación de Valencia. Tanto que, según este rotativo, participó en la organización de la Japan Week. El evento estuvo bajo lupa judicial debido a un supuesto fraccionamiento de contratos en favor del grupo Trasgos, una agencia de comunicación que realizó las campañas del PP de Valencia, según los balances que presenta Génova ante el Tribunal de Cuentas. Presente en el sumario de la 'Gürtel', Trasgos es la empresa que más aparece en los papeles de Mari Carmen García-Fuster, la encargada de controlar las cuentas del grupo municipal del PP.

Otra agencia de comunicación que aparece vinculada con el 'caso Taula' es Engloba. Sin contar lo que facturó por la adjudicación de La Rambleta, la mercantil ha cobrado 175.000 por trabajos al Ayuntamiento de Valencia, según ha podido saber eldiario.es. Su propietario, Adolfo Vedri, participó de la aventura empresarial de Universo Selección. Posteriormente, se desvinculó de la empresa relacionado con el sobrino de Barberá.

La Fiscalía Anticorrupción está “muy interesada” en conocer el funcionamiento de la cuenta en la que supuestamente se gestionaba el dinero de la lotería del Partido Popular en la ciudad de Valencia y que estaba a nombre de un particular y no de la formación.

Determinar cómo funcionaba esta cuenta y los posibles usos que se le dan al dinero que se gestionaba en la misma puede ser determinante para la parte de la investigación sobre una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.

Fuentes jurídicas han explicado a EFE que el interés en esa cuenta se ha evidenciado durante el interrogatorio a uno de los investigados que ha declarado hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 que investiga el supuesto blanqueo en el seno del PP local, pieza separada del conocido como caso Imelsa.

En las declaraciones ante el juez de las últimas semanas todavía nadie “ha aclarado -según las mismas fuentes- quién tuvo la idea de la aportación” de mil euros a una cuenta del partido por parte de concejales y asesores, que supuestamente luego se les devolvía en mano en dos billetes de 500 euros.

Según las fuentes, el PP ha afirmado hasta ahora que carecía de dinero para la campaña electoral, aunque que cada vez que se investiga, hay más cuentas y más dinero “sin controlar”. “Es sospechoso que el PP tenga tantas cuentas opacas”, han advertido.

El titular de esa cuenta de la lotería ha declarado que es el tesorero del PP de Valencia, que había 18.000 euros de ganancia de la lotería y que no sabe si el PP nacional tenía constancia de la existencia de esa cantidad, aunque sí el expresidente local del partido y concejal Alfonso Novo.

Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, también ha declarado este viernes. Sorprendentemente, ha negado la versión de su mujer, la exconcejal María José Alcón, sobre la “corrupción total” en el PP.

El exvicealcalde de Valencia, tras meses de desencuentros con su antigua superior, Rita Barberá, ha sorprendido en su declaración en el juzgado que investiga el supuesto blanqueo de capitales del PP de Valencia. Alfonso Grau ha desmentido la versión de su mujer, ha contradicho la de sus asesores -que se negaron a participar en el supuesto delito y lo confesaron en sus comparecencias- y ha asegurado desconocer la procedencia del, presuntamente, dinero negro con el que se pudo financiar el partido.

Grau ha declarado en calidad de testigo. Según ABC, considera falsa la versión de su mujer, la exconcejal y exasesora del PP María José Alcón. Ésta, en unas conversaciones grabadas por la policía, denunció la “corrupción total” en el partido. “Claro, bueno, claro, es que han hecho una trampa en el partido, que me han dado mil euros en dos billetes de 500, dinero negro... y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta, o sea, ¿eh? Para blanquear dinero, vamos, corrupción política total (...)”.

El exvicealcalde asegura que es imposible que Alcón recibiera el dinero negro. En mayo de 2015, ha asegurado, su mujer estaba ingresada en un centro médico. Grau va más lejos e incluso niega validez a los testimonios de algunos de sus asesores. Si se negaron a hacer el donativo de mil euros para financiar la campaña del PP -que luego se recibirían en billetes de 500, de ahí el delito de blanqueo- no fue para evitar delinquir sino porque, sencillamente, no iban a continuar de asesores del PP. Perdido su trabajo, no tenía sentido ayudar al partido a ganar las elecciones, ha venido a decir.

Grau también asegura desconocer la procedencia de los más de 200.000 euros ingresados por el PP cuya procedencia, según fuentes judiciales, no se ha podido justificar. El exvicealcalde, eso sí, ha señalado a Carmen García-Fuster, secretaria del grupo municipal popular e íntima de Barberá, como la responsable de las finanzas del partido. Este es el único punto en el que Grau se ha distancia de la exalcaldesa. En el resto, en un giro copernicano, ha defendido las mismas teorías que Barberá, pese a que ésta le culpó de su posible imputación por blanqueo de capitales.

Durante la guerra civil, los gobernantes del Frente Popular ganadores en las urnas fueron de sensibilidades muy diversas. Socialistas, republicanos de izquierdas, comunistas e incluso anarquistas ocuparon cargos de responsabilidad hasta la instauración de la dictadura franquista por los colpistas. Pese a la pluralidad, la incorporación de ministras de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) como Federica Montseny marcó todo un hito.

A imitación de Montseny, Ismael Pla, de la CNT, fue concejal de alumbrado y abastimiento. También formó parte de numerosas comisiones municipales y de varios organismos del Ayuntamiento. Un hecho histórico significativo que la familia de Plá ocultó “por miedo y por las desgracias acontecidas”, cuenta su nieto. “Mi padre nunca quería hablar del pasado, de esa época”. Tanto, que se enteró por casualidad de que su abuelo había sido uno de los pocos concejales del Ayuntamiento de Valencia pertenecientes a la CNT durante la Guerra Civil. “Lo descubrí leyendo el libro 'Cincuenta alcaldes del Ayuntamiento de Valencia del siglo XX' de Francisco Pérez Puche. En él, vi el nombre de mi abuelo. Y tras investigarlo en los archivos municipales comprobé que era él”.

Natural de Ontinyent, su abuelo fue arrestado en el Puerto de Alicante, uno de los últimos reductos de resistencia democrática que hubo en el final de la Guerra Civil frente a las tropas fascistas. Condenado a 30 años de cárcel, “finalmente estimo que cumplió alrededor de 11, ya que aparece en una foto de mi bautizo”. “Sobre su historia como concejal sé poco, desgraciadamente”, se lamenta.

Con este historial tan simbólico, el nieto intentó en 2002 reunirse con la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Su propuesta fue derivada a la concejalía de cultura. Y tras varias peticiones de reunirse con la concejala de Cultura, María José Alcón, encontró un no por respuesta al no concederle la entrevista. Así, su pretensión de que se reconociera la labor de su abuelo y que se comprobara que fue edil del Ayuntamiento no fue nunca concedida. Durmió el sueño de los justos. Durante los gobiernos locales del PP se encontró con trabas. “Nunca se interesaron realmente”, censura.

Tras la entrada de la izquierda en el Ayuntamiento de Valencia, su nieto se ha reunido con el alcalde Joan Ribó (Compromís). Y como gesto -“en nuestra intención de recuperar la memoria histótica”, señalan desde alcaldía-, se la ha otorgado el reconocimiento a su abuelo como concejal de la corporación local. “Por fin tengo un reconocimiento a su tarea”, expresa orgulloso.

Con ello, se produce otro paso más en la recuperación de una memoria democrática demasiado tiempo censurada. Y que personas como el nieto de Ismael Pla con su tesón y lucha pese a las trabas impuestas han conseguido que no se borre para siempre. Gracias a ellos sigue viva.

La exconcejal y exasesora en el Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, investigada en el conocido como caso Imelsa, se ha acogido este viermes a su derecho a no declarar tras haber sido citada esta mañana por el juez que investiga la causa.

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia acordó tomar declaración a tres de los cuatro investigados -los que podrían ser clave en la causa que ha puesto en jaque al PP de Valencia- en la pieza de blanqueó cuya citación acordó antes de resolver sobre la petición del fiscal para que elevara la causa al Tribunal Supremo (TS).

Alcón ha llegado al juzgado poco antes de las diez de la mañana por una puerta trasera para evitar a los periodistas que la esperaban en la entrada, y ha salido media hora más tarde por el mismo lugar. En un coche la esperaba su esposo, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos. Alcón se ha subido al vehículo sin atender a los periodistas. Su marido, también imputado por cohecho, ha sido parco ante los medios: “¡Qué se vayan a hacer puñetas!”.

Su abogado, Pablo Delgado, ha asegurado que la exconcejal se había acogido a su derecho a no declarar, que estaba “bastante fastidiada físicamente” y que esta situación estaba afectando a su salud “indudablemente”.

Preguntado sobre si la conversación telefónica grabada en la que ella confiesa a su hijo el blanqueo de dinero en el PP podría estar preparada, ha señalado que eso se verá en el proceso judicial, pero ha afirmado que es “absolutamente falso”.

Tras María José Alcón ha entrado al juzgado la exsecretaria del grupo municipal popular María Carmen García-Fuster, quien también ha accedido por una puerta trasera. García-Fuster, ha asegurado que las donaciones hechas por miembros del PP al partido eran legales y nunca fueron devueltas, mucho menos con el objeto de blanquear dinero.

Además, asegura que las cuentas del grupo municipal del PP están en orden y son legales -han sido requisadas por la Guardia Civil- y asegura que el dinero que fue encontrado por los investigadores en su piso no formaba parte de una supuesta caja B sino que proceden de una herencia.

Novo sigue negando el blanqueo

Alfonso Novo, expresidente del partido en Valencia, ha negado también, contestando a las preguntas de juez, fiscal y abogados de las partes, el delito de blanqueo que se le imputa. En sede judicial ha reconocido que realizó una aportación de 785 euros al partido aunque, tal y como ha sostenido posteriormente ante los periodistas, mantiene que no le fueron devueltos, informa Europa Press.

Al igual que García Fuster, el concejal ha negado que se llevara a cabo blanqueo y, cuando se le ha preguntado por un apunte que figura en su cuenta de 1.000 euros, lo ha atribuido a un dinero que tenía en una especie de hucha en su casa y que decidió ingresar. La secretaria del grupo popular, según el Tribunal Superior de Justicia, está también imputada en la pieza principal del caso Taula, la que investiga las supuestas mordidas o comisiones ilegales por las que están imputados Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, u otros altos cargos del PP valenciano.

La madre: “Me han dado mil euros. En dos billetes de quinientos. Y yo les tenia que hacer una transferencia legal de mi cuenta. Blanquear dinero vamos. Corrupción política total.” 

El hijo: “¿Cómo para blanquear? No lo entiendo. 

La madre:“ ¿No lo entiendes, cariño? 

Usted y yo sabemos que vivimos en una democracia enferma solo porque a día de hoy la senadora Barbera sigue siendo senadora, los pitufeantes concejales siguen siendo concejales y Mariano Rajoy continua siendo presidente en funciones y candidato a “presidir más adelante” sin que esta, y otras tantas confesiones conocidas, hayan provocado en el bueno de Rajoy la más mínima necesidad de decir ni siquiera “este plasma es mío”. 

En una democracia sana no habría duda sobre cual es la prioridad política de este país: regenerarse democráticamente. Pero usted y yo sabemos que estamos institucionalmente enfermos cada vez que vemos que nuestras urgencias como ciudadanos se supeditan, rueda de prensa tras rueda de prensa, al campeonato nacional de sandeces, bravuconadas, insultos y chistes malos que parece haberse convocado sin nuestro permiso en el hemiciclo de las Cortes Españolas. 

Quienes han sido descritos por la justicia como una “organización criminal” asisten con indisimulado entusiasmo al lamentable espectáculo ofrecido por aquellos que han decidido rebajar el debate político e institucional patrio al nivel de titular de programa deportivo solo apto para hooligans. De “la cal viva” al “cuñado”. De “tus novias” a Venezuela. De asaltar los cielos, a llamar a la puerta del purgatorio para ver si pueden dejar allí, en rehabilitación y custodia, al miembro más desorganizado de la familia de Iñigo Errejón. Mientras, Pedro Sánchez se reúne “en secreto” para, según parece, no decirle al independentista convocado nada que sea secreto y dando al mundo el preocupante mensaje de que es el único español que todavía no se ha enterado  que en esta política de Sálvame de Luxe, tertuliada hasta la saciedad, el hastío y hasta la náusea en la que nos ha tocado vivir, las “reuniones secretas”, como los discos duros de Bárcenas, ya no existen. 

Dicen las encuestas de este diario, que de repetirse las elecciones la abstención de quienes votaron por el cambio dejará a tiro de piedra de la mayoría absoluta a aquellos que creen que no hay delito ni vergüenza del que una buena urna no te absuelva. Así que, si la cosa continua por este camino ya me veo otra vez a la pobre concejala valenciana llamando a su desconcertado vástago desde la misma cabina que dejó libre Rafa Blasco para decirle aquello de: 

La madre: “Cariño, que volvemos a gobernar. Que me dicen que ahora mucha paciencia y prudencia. Que volvemos a ser todos amigos. Que ella nos perdona hijo, que nos perdona”. 

El hijo: “Mamá, no lo entiendo”

El juez del caso Imelsa tomará este viernes declaración a tres investigados en la pieza separada sobre supuesto blanqueo de dinero en el PP de València. En concreto a la exsecretaria del grupo María Carmen García-Fuster, al exportavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia Alfonso Novo y a la exconcejal María José Alcón, la única de los tres que confesó el blanqueo de dinero para financiar al PP y que, en grabaciones telefónicas reconocía “corrupción política total”.

El Tribunal Superior de Justicia ha informado de que el titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia tomará declaración a estos tres investigados de los cuatro cuya citación acordó antes de resolver sobre la petición del fiscal para que elevara la causa al Tribunal Supremo (TS).

La declaración de la cuarta investigada citada, María José Pi, trabajadora del grupo municipal popular en el consistorio valenciano, ha sido suspendida y pospuesta sin nueva fecha.

Los citados son: Alfonso Novo, exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia y actualmente edil independiente tras ser suspendido cautelarmente del partido Alfonso Novo; la exconcejal y exasesora María José Alcón -esposa del exvicealcalde Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos-, así como de la exsecretaria del grupo municipal popular María Carmen García-Fuster, según informa el Tribunal Superior de Justicia.

El magistrado instructor considera que tenían, al menos indiciariamente, “mayor proximidad al dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito”.

La primera en comparecer mañana ante el juez, a las 10 horas, será María José Alcón, mientras que el resto de investigados ha sido citado con un intervalo de 45 minutos.

Al estar alzado el secreto del sumario, será la primera ocasión en la que los letrados de todas las partes podrán interrogar a los imputados, de modo que la declaración previsiblemente se desarrollará en una de las salas más grandes del edificio de la Ciudad de la Justicia, como es la Tirant lo Blanch, la misma en la que se he celebrado recientemente el macrojuicio de Terra Mítica.

Entre las diligencias complementarias acordadas por el juez antes de responder al escrito del fiscal sobre los aforados se encontraba también el ofrecimiento para que éstos declararan voluntariamente.

La exalcaldesa Rita Barberá optó por hacerlo presentando un escrito de alegaciones, mientras que el actual diputado autonómico del PP y exconcejal Miquel Domínguez se ha personado ya en la causa para tener conocimiento de lo actuado pero aún no ha declarado.

El fiscal pidió que la causa fuese remitida al Tribunal Supremo, órgano ante el que Barberá es aforada por su condición de senadora, y al Tribunal Superior de Justicia valenciano, competente para investigar y, en su caso, enjuiciar a Domínguez por ser diputado autonómico.

El fiscal considera que “existen indicios suficientes de la participación” de los dos aforados en la comisión del delito de blanqueo de capitales por el que están investigadas 47 personas (entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia) y por el que el instructor ha resuelto imputar también al Partido Popular al amparo del artículo 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pese a los regalos que recibieron durante los gobiernos del PP, las universidades privadas nunca han podido alcanzar en calidad a las públicas en la Comunidad Valenciana. Ni la falta de financiación histórica, ni los recortes ni los mimos dados a las privadas han mermado el rendimiento de las centros de enseñanza superior financiados desde el sector público. O, al menos, así lo indica el U-ranking elaborado conjuntamente por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA. 

Como el año pasado, la Universidad Católica de Valencia se encuentra entre las que peores notas sacan de España. La universidad que tiene como profesor al expresidente de la Generalitat Valenciana e imputado en el fraude de la Fórmula-1, Francisco Camps, obtiene una nota de 0,7. Con la misma calificación que obtuvo el año pasado, se sitúa la número nueve en el listado, es decir, en el penúltimo lugar de la clasificación cuando la última posición es el 10. En la misma ubicación del pódium por debajo están la UNED, la Universitat de Vic y la Universitat Oberta de Catalunya. La peor, según el U-ranking, es la Universidad San Jorge. 

Los resultados de la Universidad Católica de Valencia contrastan con los obtenidos por las públicas. Dos de ellas, la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, consiguen la segunda mejor nota empatadas con la Universitat Politècnica de Catalunya. Aunque la Universitat de València escala desde la quinta a la segunda posición, la Universidad Miguel Hernández de Elche -en el cuarto lugar por arriba-, la Universitat d'Alacant y la Jaume I de Castellón -ambas en la mitad de la tabla- obtienen el mismo resultado que en 2015. 

Este listado que mide la calidad de la docencia, la investigación y la innovación y el desarrollo tecnológico -y que está corregido en función del tamaño del centro-, tiene una gran ausencia: la Universidad Cardenal Herrera-CEU. Según esta investigación, no se ha incluido al centro privado debido a que sus datos tienen más de seis años de antigüedad. El centro obtuvo el año pasado un 0,8 de nota, la tercera peor nota de la clasificación. 

Símbolo de la burbuja del PP

La Universidad Católica de Valencia se convirtió bajo el mandato de Camps al frente de la Generalitat Valenciana en el símbolo del modelo educativo que impulsó el PP. Regada con recursos públicos -se le cedieron terrenos para que edificara sus centros en Xàtiva, Torrent, Paterna o Alzira-, se le autorizó su Facultad de Medicina sin que esta cumpliera con los requisitos impuestos por el Consejo de Coordinación Universitario. Promocionada por el sector cristiano del PP, entre sus patrones se encuentra el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos, investigado por un presunto cohecho continuado y marido de la exedil María José Alcón, protagonista de la trama Imesla. 

Esta universidad fue la primera que los conservadores quisieron impulsar para ampliar los centros de enseñanza privada en la Comunidad Valenciana. El Consell del PP quiso construir dos universidades privadas más en Alicante, con la criticas de rectores y colegios profesionales de que se estaba hinchando una burbuja universitaria privada. Con la llegada de la izquierda al poder el plan ha sido abortado.