“Al final a las personas que estamos inmersas dentro de estos procedimientos (macrojuicios por corrupción) nos fusilan 20 años de nuestra vida”. Habla Juan Escudero (PSOE), exalcalde de Los Alcázares entre 1991 y 2003 y acusado de prevaricación por la concesión de la licencia de la construcción de un hotel en el 'caso Ninette'. El afectado describe la espera como un fusilamiento, pero la ironía es que, de ser declarado culpable, los años transcurridos podrían ser su seguro para librarse de la cárcel. Otros políticos de la Región de Murcia ya han comprobado que la espera merece la pena. 

Esa es la suerte que han corrido recientemente todos los acusados en el 'caso Novo Carthago', varios de ellos ex altos cargos de la Comunidad Autónoma que no pisarán la cárcel porque se les aplica la atenuante de dilaciones indebidas por los retrasos que ha sufrido el proceso judicial.

Las dilaciones indebidas son un tipo de atenuante que permite una reducción de la condena cuando la tramitación de un procedimiento penal ha durado un tiempo excesivo e innecesario, siempre que esa demora no haya sido por culpa del reo y la excesiva duración del procedimiento no esté justificada por la complejidad de este. Una atenuante recurrente en la Región de Murcia: “Las dilaciones son algo habitual en este tipo de procedimiento”, lamenta el fiscal Anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano.

Retrasos y un aforado

Con acusaciones por delitos de falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales, los acusados de Novo Carthago se enfrentaban a penas de hasta tres años y medio de prisión. Pero la Fiscalía no ha podido reclamar más un año de prisión para ninguno de ellos: “Hubo muchos retrasos. Eso [Novo Carthago] empezó en 2009 y nos encontramos con un aforado”, explica el fiscal sobre un caso en el que se investigaba la recalificación ilegal de terrenos parcialmente protegidos cerca del Mar Menor para la construcción de un macrocomplejo de 10.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo.

El aforado era el exconsejero Antonio Cerdá (PP): “Esta condición supuso remitir las actuaciones a un nuevo tribunal, que comenzó de nuevo a examinar lo ya existente, sumado a la investigación que vino a partir de ese momento”, continúa Lozano.

En 2015 Cerdá presentó su dimisión, perdiendo el aforamiento y el caso volvió al juez de instrucción inicial: “Una vez termina esto, yo acuso en 2018, y no se señaló hasta 2023. Pasaron otros cinco años, porque coincidió con la huelga de los letrados del Ministerio de Justicia”, abunda Lozano. El señalamiento, finalmente, se movió a este año: “Una vez que ya se termina la fase de instrucción, se olvida el legislador de las prisas para el enjuiciamiento. Eso también provoca, por lo menos, cierta perplejidad”.

El sistema penal español contempla la suspensión de pena para delitos no violentos, siempre que los condenados no tengan antecedentes y cumplan ciertos requisitos. En cambio, la inhabilitación para empleo o cargo público y las multas sí serán efectivas.

Procesos que duran el doble que la media nacional

El tiempo medio de duración de los procesos en la Audiencia Provincial de Murcia es de 5,7 meses, cuando la media nacional es de 2,8. El fiscal superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, lo ha denunciado por activa y por pasiva, la última vez durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía de la Región de Murcia: “Hay divorcios que tardan más de 14 meses, despidos que tardan 12 meses, los juicios penales casi 19 meses y los juicios con jurado más de 25 meses. Retrasos que reflejan la gravedad de la situación”.

El atasco se ceba especialmente con las macrocausas judiciales como las de Novo Carthago: “Se necesitan más medios tanto en los juzgados como en la Fiscalía, pero la realidad es que este tipo de procedimientos son inabarcables, son muy complejos de gestionar”, afirma Ginés Ruiz Maciá, secretario general del PSOE en Murcia y uno de los letrados que llevó la causa durante décadas. “Es decir, que si en los juzgados hay mil casos al año y dos son de esta proporción, pues estos serán los que se queden bloqueados”. Además, apunta el socialista, “la misma normativa procesal es hiperprotectora con el derecho de defensa, un abogado hábil te puede llevar a procesos de esta duración”.

En lo que respecta a la Fiscalía de la Región de Murcia, “sigue siendo la primera en carga de trabajo y la décima en número proporcional de fiscales a nivel nacional”, ha denunciado el fiscal superior en la Memoria de este año. “Faltan fiscales en proporción a la población. El ejemplo más próximo es Alicante, que está mucho mejor dotada que Murcia, cuando en principio tenemos más habitantes”.

En materia de competencias, la Región de Murcia es territorio del Ministerio de Justicia. Manuel Luna, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), pedía hace unas semanas al Ministerio que acelere la ejecución de las medidas estructurales pendientes para modernizar la Administración de Justicia en la Región y poner fin al desequilibrio histórico de medios humanos y materiales. “La Región de Murcia no puede seguir siendo la última en número de jueces por habitante ni en dotación de otros medios humanos y materiales”, urgió Luna en la Comisión Mixta TSJMU–Ministerio de Justicia, celebrada en Madrid.

La segunda comunidad con más municipios implicados en casos de corrupción

Según el estudio 'La corrupción política en España: un análisis descriptivo (2000-2020)' elaborado por José Abreu para el Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública durante esas dos décadas se desvelaron 3.743 casos de corrupción en España, “localizados principalmente en Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia”. Sin embargo, si se toma como referencia la proporción de municipios implicados en dichos casos, Canarias es la región que se sitúa a la cabeza con un 69,3% (61 de 88 municipios), por delante de la Región de Murcia, con el 68,9% (31 de 45) y las Islas Baleares, con el 52,2% (35 de 67).

Según las conclusiones del investigador, además, “el PP concentra el 40,5% de los procedimientos, mientras que el PSOE aglutina un 38,3% y ambos representan conjuntamente el 75,8% de la corrupción política en España”. Por regiones, señala el estudio, “el PP es el partido con más casos de corrupción en siete de las 17 regiones (Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Región de Murcia)”.

Pendientes de un hilo

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, en la actualidad hay 13 denuncias por delitos contra la Administración Pública en fase de diligencias. De ellas, ocho han sido iniciadas por la Fiscalía y de previsible finalización con el dictado de auto de procedimiento abreviado para formular acusación. Muchos de estos asuntos llevan casi 20 años siendo investigados: “Las dilaciones indebidas están garantizadas en todos”, ha lamentado Lozano.

“¿Cómo voy a negar yo que existan dilaciones indebidas en un asunto fechado en 2008 y en el que todavía no se ha acusado en 2025? No estaría actuando con arreglo a los principios que informa el Ministerio Fiscal”, ha explicado.

Uno de los primeros casos de corrupción abiertos en los juzgados de la Región de Murcia (2007), sigue sin fecha de juicio. El caso Barraca investiga si el por aquel entonces jefe de planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Murcia (gobernado por el PP) se enriqueció haciendo negocios con promotores, además de desviar presuntamente al despacho de arquitectos de su familia un gran número de proyectos urbanísticos. En 2022, se cerraron las diligencias previas y se transformó el procedimiento a uno con tribunal jurado.

También en la capital se investiga desde 2017 una pieza del caso Umbra sobre las presuntas irregularidades cometidas por el exconcejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena (PP), y el exgerente del servicio de Urbanismo, Alberto Guerra, durante la rehabilitación del Teatro Circo, aprobado en 2006 por el Ayuntamiento de Murcia. La Fiscalía espera desde junio de 2024 el traslado de documentación por parte del juzgado para poder formular acusación.

En la misma situación está el caso AVE o César, que cubre el presunto desvío de fondos públicos en la construcción de la plataforma ferroviaria de Alta Velocidad del Levante, abierto desde 2017.

Mientras que en Caravaca, en el Juzgado de Instrucción 2, se investigan desde ese mismo año las supuestas irregularidades en la contratación de una asesoría jurídica externa por parte del Ayuntamiento. Se siguen practicando diligencias, y la Fiscalía espera poder cerrar la investigación en breve.

Más de 13 años lleva atascado en Molina de Segura el eterno caso Vertedero. Aún no se ha dictado auto de diligencias previas para este asunto, que investiga si el antiguo alcalde del municipio, Eduardo Contreras (PP), un técnico municipal y un promotor local, trabajaron juntos para la permuta de unos terrenos de forma presuntamente ilegal, dejando al empresario con cuantiosas plusvalías.

Para poder facilitar la posibilidad de juicio, el inabarcable 'caso Valhalla', una presunta trama urbanística en el municipio murciano de San Javier gobernado por el PP y abierto desde 2008, se dividió en tres piezas en el año 2019. A dos de ellas ya se les ha dictado auto de diligencias previas, mientras que la tercera continúa a la espera: “No se ha dado todavía traslado de las diligencias previas para calificación del fiscal”, alertan fuentes de Fiscalía. En total el asunto, que estudia una presunta corrupción urbanística en la etapa del exalcalde del PP José Hernández, lleva 17 años en el Juzgado de Instrucción.

Otros asuntos ya están pendientes de juicio. 'Ninette', el caso del exalcalde de Los Alcázares, es uno de ellos. Sigue a la espera de que el colapso de los juzgados le permita tener una fecha: “Barraca está desde 2007, Valhala desde 2008, Ninette desde 2005, Fuente Álamo desde 2008. Aplicamos las dilaciones indebidas de oficio, en principio la Fiscalía es garante de la legalidad y tiene que tener en cuenta tanto lo adverso como lo favorable”, concluye Lozano.

“No necesariamente se tienen que librar de prisión”, ha matizado el fiscal Anticorrupción, “pero es verdad que tras las dilaciones las penas se han situado por debajo de los dos años. Esto no quiere decir que no las puedan cumplir, pero ya se les abre la puerta a no tener que ingresar en la cárcel”.

Una pandemia y varias huelgas

Hasta la celebración del juicio de Novo Carthago pasaron siete años desde el fin de la instrucción. Ruiz Maciá lo achaca “a que hubo una pandemia de por medio y varias huelgas de los funcionarios de justicia”. Pero no hay que perder de vista, apunta, que cuando se aplaza un macrojuicio de estas características no se puede retomar hasta que no se quedan, como en este caso, 18 huecos libres con un tribunal disponible; este caso se tendría que haber celebrado en 2020“.

“Después de tanto tiempo llevando este tipo de asuntos creo que el derecho penal no es la solución para los casos de medio ambiente, pero por otra parte, es una de las pocas herramientas disuasorias que tenemos”.

En el juicio en la Audiencia Provincial de Murcia del polémico 'caso Baúl' en septiembre de 2024, los ocho empresarios acusados de estar implicados en una red de prostitución con menores de edad en la Región tampoco pisaron la cárcel por las dilaciones indebidas.

El próximo 27 de febrero arranca 'Novo Carthago', el juicio por presunta corrupción urbanística en una zona protegida frente al Mar Menor. El expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel, el exconsejero Francisco Marqués y la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro figuran entre las 36 personas citadas a declarar como testigos en el proceso por la Sección Tercera de la Audiencia provincial. Se espera que el proceso se prolongue hasta finales de abril, un mes antes del inicio de las elecciones autonómicas.

Entre los ocho imputados en la causa se encuentran los exconsejeros del Gobierno regional del PP Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana. Se investiga si en el proyecto urbanístico Novo Carthago hubo presuntos delitos de corrupción política relacionados con la recalificación de terrenos situados en la zona conocida como Lo Poyo, que estaba calificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena (PGOU) como de Especial Protección Mar Menor (NUPM). El proyecto consistía en la construcción de construcción de 10.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo e iba a cargo de la promotora urbanística Hansa Urbana.

Las diligencias previas del caso Novo Carthago han concluido. Abierto desde 2009, el el proceso se ha llevado por delante a diez de los investigados por presunta corrupción urbanística en zonas protegidas junto al mar Menor , tres de ellos exconsejeros del Gobierno murciano por prevaricación.

El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha afirmado que “son demasiados los casos ya en los que vemos siempre lo mismo. Ha sido y es una forma de hacer política con la que tenemos que acabar”.

Por otra parte, Urralburu ha señalado que las ONG, ambientalistas y la sociedad civil organizada fueron las que “tuvieron el coraje de enfrentarse al PP de los años más oscuros y así se pudo parar el proyecto que iba al lado de Novo Carthago por el que había previsto construir más de 10.000 viviendas en la zona natural protegida de Lo Poyo”.

Asimismo, ha hecho hincapié en que Novo Carthago es también “ejemplo del maltrato sistemático del PP al Mar Menor. Si hoy día está como está, no alcanzamos a imaginar el impacto que hubiera tenido la presión de las dos macro urbanizaciones megalómanas sobre la Laguna”.

Óscar Urralburu ha subrayado que estos cargos del PP, máximos responsables de la gestión de lo público durante el “Valcarcelato”, podrían haber cometido “cohecho y blanqueo de capitales” relacionados con el caso de Escombreras. Por otro lado, ha criticado que Ciudadanos haya mantenido bloqueada la comisión que se pidió en la Asamblea Regional para abordar este asunto. “Es algo totalmente ilógico en una formación que de cara a los medios dice luchar contra la corrupción”.

El vicesecretario general del PSRM-PSOE y portavoz de la Ejecutiva, Francisco Lucas, ha asegurado, sobre el auto de procesamiento del caso ‘Novo Carthago’, que es “una prueba más del daño que el Partido Popular le hace a la Región de Murcia”.

Lucas considera que el procesamiento de tres exconsejeros de Valcárcel demuestra, una vez más, que el Partido Popular “ha usado, usa y usará las instituciones para beneficio de sus dirigentes, que se han creído que la Región es su cortijo”.

El portavoz de la Ejecutiva socialista ha recordado que tanto la alcaldesa, Ana Belén Castejón, como el concejal Juan Pedro Torralba se personaron en este caso cuando estaban en la oposición. Una vez en el Gobierno de Cartagena, en Junta de Gobierno, paralizaron el intento de la empresa Hansa Urbana de reactivar el proyecto, y lo han enviado al juzgado.

“Nos preguntamos qué opinan la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, y su jefe, Fernando López Miras, sobre este nuevo caso que tanto daño nos hace. Seguramente estén a la espera de que el también procesado y quien aún les manda, Pedro Antonio Sánchez, les diga qué tienen qué opinar”.

“Estamos ya cansados”

Ciudadanos ha mostrado su “hartazgo y hastío” después de conocerse el auto de imputación de la juez encargada del caso Novo Carthago: “De nuevo, los murcianos vamos a tener que soportar la vergüenza de ver nuestro nombre manchado y arrastrado por el fango de la corrupción, y estamos ya cansados”, ha lamentado el portavoz regional, Miguel Sánchez.

“El auto hubiera sido más impactante si Ciudadanos no hubiera forzado la salida de Bascuñana como condición imprescindible para alcanzar un acuerdo de investidura para dar estabilidad a la Región”, ha recordado el portavoz

La Región de Murcia es el centro de las miradas de toda España por motivos nada favorecedores a su imagen. La citación para el próximo 6 de marzo del juez al presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez como investigado por cuatro presuntos delitos de corrupción política relacionados con el caso Auditorio, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras dan visibilidad a 20 años de gobierno del Partido Popular en Murcia bajo la sombra de la corrupción urbanística y política. El propio ex fiscal anticorrupción en Murcia Manuel López Bernal aseguraba que la fiscalía de Murcia es de las que más casos de corrupción ha llevado en toda España.

La sombra de la corrupción se cierne, aun más, cuando han asaltado hasta en dos ocasiones la vivienda de Juan Pablo Lozano, fiscal anticorrupción y que destaca su trabajo en los casos Umbra y Novo Carthago, aun en instrucción y que afectan directamente al Partido Popular murciano. El propio López Bernal asegura que el trabajo de la fiscalía anticorrupción no ha sido cómodo, con continuas interferencias y presiones contra su labor, como la creación en Madrid de una asociación con la única finalidad de querellarse contra él mismo.

Con esta situación como contexto, destacan en la Región cuatro casos abiertos con diversos cargos institucionales del Partido Popular investigados por presunta corrupción: Novo Carthago, Caso Auditorio, Caso Umbra y la Desaladora de Escombreras.

'Novo Carthago', explotación urbanística en una zona protegida

Además de Pedro Antonio Sánchez, la actual senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, está relacionada con el caso 'Novo Carthago'. Este caso investiga la denominada Modificación Puntual nº 113 del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, con la que se permitió a la promotora Novo Carthago impulsar un gran proyecto urbanístico de más de 10.000 viviendas, centro de convenciones y campo de golf en unos terrenos protegidos junto al Mar Menor.

Aunque hace unos meses el Tribunal Supremo exculpara a Pilar Barreiro de cualquier posibilidad de delito político, el archivo es provisional ya que la mayor parte de las diligencias del 'caso Novo Carthago' siguen siendo investigadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia por lo que podría aparecer cualquier pista que Pilar Barreiro pudiera volver a verse imputada en un futuro quedará abierta durante bastante tiempo.

En el contexto de Novo Carthago, también aparecen las figuras de Rosario Valcárcel Cruz y su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, familia directa del expresidente Ramón Luis Valcárcel en un auto de la jueza del caso Miriam Marín García. El auto, dictado el pasado 15 de junio, señalaba que “del conjunto de lo instruido resultan indicios que apuntan hacia la posibilidad de que, para conseguir la reclasificación urbanística que era necesaria para el proyecto Novo Carthago, se entregasen por Hansa Urbana incentivos económicos a distintas autoridades con potestad para dar viabilidad a dicho proyecto, entre ellos, al anterior Presidente de la Comunidad, que podría haber recibido los emolumentos a través de su hija o de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, socio de Faromur”.

La jueza del caso también incluye el actual vicepresidente del Parlamento Europeo, ya que existen indicios de una “actuación coordinada” entre el Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería de Medio Ambiente -dirigida por Antonio Cerdá y Francisco Marqués, también imputados- y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio“, que estaba presidida por el también imputado Joaquín Bascuñana.

Un auditorio de 10 millones vacío

Puerto Lumbreas es una localidad de 14.000 habitantes situada en la frontera con la provincia de Almería. En junio de 2015, pocos días después de la investidura de Pedro Antonio Sánchez, el presidente murciano aseguraba a sus valedores en el cargo, Ciudadanos, que dimitiría en el momento en el que fuera imputado por el 'caso Auditorio'. El lunes 6 de marzo ha sido citado por el Tribunal Superior de Justicia para declarar como “investigado”, lo que anteriormente se conocía como “imputado” tras la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El 'caso Auditorio' parte de una querella de la Fiscalía Superior, que ve presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración y falsedad en documento oficial en la construcción del Auditorio de Puerto Lumbrera, que costó la friolera de seis millones de euros a las arcas públicas a través de una subvención de la Comunidad y que apenas recibe espectáculos de renombre o que justifiquen su precio.

Lo que destaca de este caso es la falta de documentación oficial para la adjudicación del proyecto de construcción del Auditorio, concedido al estudio de arquitectura Martín Lejárraga a través de una acuerdo verbal, sin firmar ninguna documentación. Además, los fondos provenientes de la subvención de las obras del Auditorio cambiaron de destino o aplicación, “sin que conste en este sentido una resolución por la autoridad competente (…), desconociéndose cuales fueron esos usos”, como escribió la jueza en el auto para separar las actuaciones.

Caso Umbra

El Caso Umbra afecta directamente a la capital, Murcia, e investiga una presunta trama corrupta en la que está imputado el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y su exconcejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y que investiga las recalificaciones y convenios urbanísticos de la zona norte de la ciudad durante los últimos diez años.

Dirigida por el juez David Castillejos, magistrado instructor del juzgado nº 8 de Murcia, a instancias de la Fiscalía del TSJ, el caso Umbra investiga seis convenios urbanísticos suscritos sobre más de 9 millones de metros cuadrados para la construcción de 120.000 viviendas en la zona norte de la ciudad, por los que las arcas municipales podrían haber dejado de ingresar unos 500 millones de euros, con la consiguiente y presunta malversación de caudales públicos.

La clave sería la valoración a la baja de los terrenos por parte de la Concejalía de Urbanismo, que situó el precio en 120 euros por metro cuadrado, lo que quedaba muy por debajo los 600 euros por metro cuadrado que fijaba el mercado. De ese modo, el 10% del aprovechamiento urbanístico pagado por los promotores de los convenios habría sido muy inferior a lo que correspondería.

El TSJ investiga ese presunto trato de favor a empresas constructoras de Murcia, que podría recalar en un posible delito de tráfico de influencias, además de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho. En el tintero se han quedado los viajes a Estambul de Cámara y Roque Ortiz, concejal de Fomento, fletados por un constructor ilicitano que habría llevado a cabo la remodelación del Teatro Circo de Murcia, entre otras obras.

Una desaladora que se pagará hasta 2034

La desaladora de Escombreras se habría ideado a partir de 2004 ante la escasez de agua de la Región de Murcia, pero la finalidad oculta de su construcción, según la comisión de investigación de la Asamblea Regional, era puramente explotación urbanística. El portavoz de la comisión, Miguel Sánchez, detallaba que ha quedado demostrado que hubo una “trama” para recalificar 180 millones de metros cuadrados y cambiar el modelo económico de la Región, sorteando la Ley de Aguas y firmando “contratos leoninos”, que van a costar a las arcas autonómicas “seis veces más” que el coste de la planta.

El caso de la desaladora no se encuentra en instrucción judicial, pero se aprecian posibles delitos políticos, sobre todo en las figuras de Ramón Luis Valcárcel, expresidente regional, y Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura. El motivo, la creación unilateral del Ente Público del Agua para autorizar la construcción de la desaladora, ya que el organismo competente en esa época, la Confederación Hidrográfica del Segura, se negaba a la creación de la misma.

El resto, un entramado de empresas públicas y privadas que no han permitido que la desaladora trabaje a su máximo desde hace diez años, cuando se finalizó su construcción. Como explica el artículo 19 de dicha comisión de investigación:

“Existe una evidente responsabilidad política, económica y social por los perjuicios ocasionados al erario público por parte de los señores Valcárcel, Cerdá y restantesmiembros de los Consejos de Gobierno que tomaron parte en las decisiones, los representantes y miembros del ENTE PÚBLICO DEL AGUA y de los diferentes Consejos de Administración de las sociedades HYDRO MANAGEMENT SL,TEDAGUA, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, MANCOBRA SA,DESALADORA DE ESCOMBRERAS SAU e HIDRONOSTRUM SAU, que participaron en una trama público privada para una desaladora sin que existiera ningún estudio de necesidades sobre la construcción de esta infraestructura, sin que se haya cumplido la normativa de contratación pública, asumiendo la Administración Regional obligaciones muy gravosas para las arcas públicas regionales sin justificación alguna, y todo ello para beneficiar a empresas privadas y mantener un modelo urbanístico especulativo en la Región de Murcia”.

Latigazos de la Operación Púnica en Murcia

Tanto caso de corrupción ondeando en los círculos del Partido Popular ha acabado por llevar a uno de los casos de corrupción más importantes a nivel nacional, el caso Púnica, a afectar directamente a la Región de Murcia. Entre otros, también afecta el caso directamente a Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro, que habrían autorizado trabajos de reputación online y lavado de imagen con fondos de la Consejería de Educación.

La acusación atribuye a Sánchez la comisión de delitos de fraude, cohecho y revelación de información. Las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez aprecian que en 2014, cuando Sánchez era consejero de Educación “temía por las consecuencias de una posible imputación penal (relacionado con el caso Auditorio) , por lo que habría acordado con empresas de la trama Púnica (Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic) hasta 36.800 € para lavarle la imagen en las redes sociales de cara a la campaña para alcanzar la Presidencia a costa de fondos públicos enmascarados como ”formación“, según denunciaba la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En este caso, la fiscalía anticorrupción de Murcia se ha opuesto a la imputación del presidente murciano, porque consideran que no hubo perjuicio para las arcas públicas “al no llegar a contratar con la trama para mejorar su reputación”.

Por parte de Pilar Barreiro, se considera que en su etapa como alcaldesa de Cartagena y con la ayuda de Francisco de Asís Ferreño, jefe de gabinete, trabajaron para la creación de un diario digital local, que se sufragaría con facturación al Ayuntamiento de Cartagena, y tenía como propósito difundir informaciones favorables a la entonces alcaldesa. El juez Eloy Velasco estima que pudo incurrir en delitos malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

El fiscal Anticorrupción de Murcia Juan Pablo Lozano ha denunciado ante los Cuerpos Nacional de Policía el robo, hace dos semanas, de su ordenador personal en el que guardaba documentación relevante sobre los casos que instruía, entre los que se encuentran Novo Carthago, Umbra y Rotondas, según el diario La Verdad. Asimismo, el propio fiscal ha asegurado que los ladrones despreciaron numerosos objetos de valor, y únicamente robaron el terminal, con el presunto objetivo de conseguir información para una defensa más eficaz en los banquillos.

“Unos desconocidos, al menos dos personas, asaltaron días atrás el domicilio del Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, y solo se apoderaron de su ordenador personal, en el que guardaba la documentación íntegra de todos los casos de corrupción que coordina y de los que se encuentran en un estado de investigación inicial, además de las claves (PIN y PUK) de su teléfono móvil”, cita Ricardo Fernández en la edición digital de La Verdad.

El ordenador robado tiene un valor nulo si se considera el motivo del robo como estrictamente económico, por lo que, en teoría, el hurto tendría otros objetivos relacionados con la información que contiene el terminal. “Si lo que pretenden es intimidar a Juan Pablo, y es algo que me parece obvio, deben ser conscientes de que no es posible intimidar a una Fiscalía entera. Ni lo van a conseguir con Juan Pablo Lozano ni lo van a lograr con el resto”, advirtió ayer el máximo responsable del Ministerio Público en la Región, Manuel López Bernal en declaraciones a La Verdad.

Entre los casos que lleva destacan el 'Novo Carthago', que investiga comisiones a políticos por la ejecución de proyectos urbanísticos en Cartagena. En él están imputados Rosario Valcárcel, hija del expresidente popular de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel, y su marido; además de Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura, Joaquín Bascuñana, exdelegado del Gobierno y el también exconsejero Francisco Marqués.

El caso Umbra investiga la presunta trama de corrupción urbanística en la zona norte de la ciudad de Murcia, y sus casos anexos (caso Rotondas). Miguel Ángel Cámara, el exalcalde de Murcia; el exconcejal de Urbanismo Feranado Berberena son algunos de los procesados por este caso.

El caso de los regantes de Molina de Segura, en el que está imputado el exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras; el caso Líber, que investiga una supuesta trama de corrupción en Librilla o el más reciente caso del uso indebido de los fondos destinados a obras del AVE también están en su cartera.

Las fuentes de la Fiscalía consultadas aseguran que las investigaciones seguirán su curso sin problemas porque Lozano cuenta con copia de todo.

Rosario Valcárcel Cruz y su marido Fulgencio Perán Jiménez, han defendido este miércoles su inocencia, tras la toma de declaración, en calidad de investigados, ante la instructora de la causa de 'Novo Carthago'

Los "regalos de boda" consistían en más de 120.000 euros en ingresos de diversa cantidad y periodicidad

Las sospechas del juez Abadía surgen de que en los años de recalificación de Novo Carthago, Hansa Urbana vendió a un precio “antieconómico” terrenos a la sociedad Promociones Faromur S.L. y, posteriormente, cuando los terrenos ya han sido ingresados en el patrimonio de la sociedad, “aparecen el hermano de la mujer de Valcárcel (en referencia a Francisco Cruz) y compra el 40 por ciento del capital a un euro por acción”.

Rosario Valcárcel y su marido han declarado antes del mediodía, justo antes que el cuñado del expresidente y hermano de su esposa, Francisco Cruz Alfaro, también investigado, quien manifestó que uno de los socios era amigo suyo y descartó, de este modo, un enriquecimiento a la familia.

Abadía ya resaltaba que en la investigación de las cuentas del marido de la hija de Valcárcel “había unas entradas reiteradas de ingresos en efectivo que no se ajustan a las fuentes de rentas reconocidas y declaradas”. En total, “quedaban por depurar en las cuentas del citado matrimonio unas imposiciones de 117.070 euros en efectivo y 6.000 de un traspaso”.

Declaraciones

Según fuentes cercanas, tanto Rosario Valcárcel como su marido mantuvieron la normalidad de los regalos que recibieron por su boda y defendieron que algunos de ellos eran entregas en mano. Las declaraciones de ambos y las preguntas han girado alrededor de esta cuestión durante todo el tiempo.

Rosarió Valcárcel declaró que recibió 2.000 euros como regalo de bodas por parte de la esposa del promotor del proyecto y también imputado Rafael Galea. Señaló, además, a lo largo del interrogatorio que no conocía de nada a Galea y que el regalo se lo dio su esposa, ya que ésta y su propia madre tenían la misma enfermedad por lo que había surgido una gran amistad entre ellas.

Valcárcel señaló también que su padre no tenía relación de amistad con este promotor urbanístico y que el dinero que recibió en sus cuentas, tanto ella como su esposo, también investigado, Fulgencio Perán, fueron con motivo de la boda y que no tuvieron ningún otro origen.

Al ser preguntada por los 123.000 euros que fueron ingresados en las cuentas del matrimonio, según el informe elaborado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en 2007, dijo que todo ese dinero procedía de los regalos que recibieron por el mismo motivo.

Rosario Valcárcel, así mismo, afirmó que “tanto ella como su marido son personas honradas y no tienen nada que ocultar”, y que, de no ser así, no hubieran hecho esos ingresos en sus cuentas.

Respecto a su contratación por un bufete de abogados de Sevilla que el juzgado considera uno de los indicios de la entrega de dádivas por parte del empresario Galea, señaló que ese empleo se lo consiguió una hermana de su abuela y que le vino bien porque quería alejarse de Murcia.

La hija del expresidente de Murcia dijo, además, que en Murcia, dado quien era su padre, se sentía agobiada y quería trasladarse a otro lugar donde pudiera pasar desapercibida.

Rosario Valcárcel, que se acogió a su derecho de no contestar las preguntas de la acusación particular, indicó al responder a las planteadas por su defensa que el contrato con el despacho de abogados de Sevilla lo rescindió por decisión propia cuando regresó a Murcia para contraer matrimonio. Finalmente, señaló que sus jefes en ese despacho no estarían descontentos con su gestión, ya que, incluso, llegaron a subirle el sueldo.

Por esta misma causa, la magistrada ha citado el 11 de julio a las 10.00 horas a Juan Sánchez Carrillo, hermano del exconcejal de Murcia Antonio Sánchez Carrillo; y ese mismo día a las 11.00 horas a José Alberto Meroño García, ambos en calidad de investigados, visto el estado del procedimiento y de conformidad con lo que se acordó en el auto del 3 de marzo de 2015 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El candidato al Congreso por Ciudadanos José Luis Martínez se ha referido a la situación provocada por el auto sobre Novo Cartago y Ramón Luis Valcárcel: “Es una situación vergonzosa para los murcianos que alguien que ha sido tanto tiempo presidente y ahora es eurodiputado y presidente regional del PP, esté bajo la sospecha del cohecho, como ha desvelado el auto de la juez. Debe dar explicaciones, y renunciar al aforamiento para defenderse como el resto de los ciudadanos, ya que los políticos no deben tener privilegios.El asunto está aún ‘sub iudice’, pero parece que los políticos, en vez de estar gestionando los asuntos de los murcianos, se lo han estado llevando crudo”.

Martínez también señaló que el programa de Ciudadanos incluye desde “la eliminación de los aforamientos que ahora protegen al expresidente a que los políticos a la prohibición de indultos para los casos de corrupción”

La magistrada del `caso Novo Carthago´, Miriam Marín García, ha enumerado las “dádivas” que habría recibido el expresidente Valcárcel por parte de Rafael Galea (Hansa Urbana) para que facilitara el proyecto urbanístico en el espacio protegido en Cartagena a través de su hija mayor Rosario Valcárcel Cruz y su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro en el auto firmado en el juzgado de instrucción Nº 2 de Murcia.

El auto, dictado el pasado día 15 de junio, señala que “del conjunto de lo instruido resultan indicios que apuntan hacia la posibilidad de que, para conseguir la reclasificación urbanística que era necesaria para el proyecto Novo Carthago, se entregasen por Hansa Urbana incentivos económicos a distintas autoridades con potestad para dar viabilidad a dicho proyecto, entre ellos, al anterior Presidente de la Comunidad, que podría haber recibido los emolumentos a través de su hija o de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, socio de Faromur.”

La juez Marín García pone de manifiesto con mayor claridad los indicios de presunto cohecho contra el expresidente que ya señalara hace un año el magistrado Manuel Abadía desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región.

La juez afirma en el auto que “existen indicios de una actuación coordinada entre el Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, coordinación que sólo se puede conseguir desde ciertas atalayas administrativas”.

El auto dice que el actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, asistió a la presentación del proyecto urbanístico promovido por Hansa Urbana, que exigía urbanizar un Espacio Natural Protegido, el mismo día que el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá comenzaba con las tramitaciones para dicha gestión. “Su mera presencia implicaba un respaldo político de máximo nivel al proyecto, en detrimento del interés público, que le obligaba a garantizar la preservación de un espacio natural protegido”. “La coincidencia de fechas no parece casual, sino fruto de una coordinación”, añade el auto.

La juez señala, por una parte, los ingresos de la hija de Válcarcel tras la boda con Fulgencio Perán en octubre de 2007 revelados por la Agencia Tributaria al no recordar la pareja el regalo de boda de Galea, quien asistió a la celebración. Y por otra parte, su injustificada contratación en un despacho de abogados de Jerez de la Frontera en 2006 y 2007.

En el auto se considera “anómala” la contratación de Rosario Valcárcel, quien ha sido llamada a declarar el próximo 29 de junio, “cuando la misma era la única empleada que no residía en Andalucía, que tenía un sueldo por encima de la media de los otros trece que trabajaban para el despacho y que, `a priori´, no reportaba utilidad a la empresa” para concluir que “es posible que la contratación de la Sra. Valcárcel por parte de SYJEQ hubiese sido promovida por Hansa para encubrir una `dádiva´ hacia la familia Valcárcel”.

Otra recompensa económica se produjo a través de la venta al expresidente murciano por parte de la promotora Hansa de la finca Faromur en 2004 por cuatro veces menos de su valor real en plena recalificación de Novo Carthago.

En el auto se considera “ilógico” que Hansa Urbana comenzara el proyecto con la compra de la finca protegida Miramar y pagara “elevadas comisiones de intermediación al exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y al exconcejal de Turismo de esa localidad, Juan Martínez García”. Los pagos a Alonso se produjeron a lo largo de varios años, “lo que implica una continuidad de la gestión”.

Además de los posibles cohechos a Valcárcel, la magistrada señala que hay indicios de pagos por parte de Hansa a otros representantes políticos y señala el piso que se vendió en Valencia al exconsejero de Sanidad y exdelegado del Gobierno, Francisco Marqués y los 125.000 € que recibió la exasesora de Cerdá María Antonieta Fernández.

El portavoz del PSOE, Emilio Ivars, ha asegurado que las imputaciones conocidas hoy a la hija de Ramón Luis Valcárcel, así como al marido de ésta y a demás familiares del expresidente de la Región de Murcia, demuestran que “es él quien orquestó toda la trama urbanística”.

“Ramón Luis Valcárcel creyó que la Región de Murcia era su cortijo y actuaba como el señorito del mismo, sin importarle nada más que su bienestar y el de su familia y amiguetes”, ha aseverado Ivars, quien, además, ha pedido al presidente del PP regional que “acuda a declarar como voluntario y dé explicaciones ante la Justicia”, adujo Ivars.

Asimismo, el portavoz socialista ha señalado que “Valcárcel tiene por norma esconderse ante estas situaciones y señalar a todos los que queremos una Región de Murcia limpia de corrupción”.

Sobre este asunto, Ivars ha recordado que “Ramón Luis Valcárcel es el padrino político y quien puso a dedo al actual presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que queda señalado en el informe de la UCO sobre el caso ‘Púnica’. Una muestra más de que Partido Popular y corrupción son dos términos siempre van unidos”.

El portavoz socialista ha ironizado sobre la posibilidad de que “el caso ‘Novo Carthago’ pase a llamarse ‘caso Valcárcel’ como queda demostrado con las imputaciones conocidas hoy. Esperemos que deje su retiro dorado en Europa y dé en Murcia las explicaciones necesarias y lo haga ante la Justicia”.

La jueza instructora de las diligencias sobre el proyecto Novo Carthago ha acordado citar como investigados a Rosario Valcárcel Cruz, hija del ex presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel; así como a Fulgencio Perán Jiménez, marido de ésta; y Juan Francisco Cruz Alfaro, hermano de la esposa del ex presidente.

Asimismo, la magistrada ha citado en calidad de investigados a José Alberto Meroño García y a Juan Sánchez Carrillo, que es hermano del exconcejal de Murcia Antonio Sánchez Carrillo, visto el estado del procedimiento y de conformidad con lo que se acordó en el auto del 3 de marzo de 2015 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Las declaraciones están señaladas para el 29 de junio y el 11 de julio, según informaron fuentes del TSJ en un comunicado. En esta causa se investiga una presunta trama de corrupción urbanística relacionada con la construcción del resort 'Novo Carthago', que consistía en la construcción de hoteles y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).

-HABRÁ AMPLIACIÓN-

“Una nueva declaración de la imputada con el objeto de que conteste a las preguntas que le formule la acusación popular, pudiendo acogerse a su derecho a no declarar, no supondría nada relevante a tener en cuenta en el devenir del proceso”, ha señalado el instructor de la causa contra Pilar Barreiro, José Ramón Soriano, en el auto que ha rechazado una nueva intervención de la senadora y exalcaldesa de Cartagena.

IU y los concejales socialistas tendrán un plazo de cinco días para presentar alegaciones. La alcaldesa de Cartagena negó en la comparecencia que celebró en 2015 ante el Tribunal Supremo, donde compareció como imputada, haber prevaricado al recalificar unos terrenos protegidos junto al Mar Menor para edificar viviendas, hoteles y un campo de golf.

El magistrado José Ramón Soriano decretó el sobreseimiento libre de la causa en mayo de 2015, decisión que confirmó en octubre de 2015, pero el pasado mes de enero, el tribunal de tres magistrados de la Sala II encargados de revisar las resoluciones del instructor, acordó retrotraer las actuaciones a abril de 2015, antes de dictarse el sobreseimiento, para que se valorase la petición de pruebas de la acusación popular.

La vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha señalado que “el PSOE dijo, dice y dirá que el caso de Novo Carthago es un despropósito urbanístico y medioambiental y que además es un ejemplo más de proyecto bajo la sospecha de corrupción.”

Castejón señalado que esta causa mantiene imputados a varios exconsejeros y altos cargos del gobierno regional, quienes ya no están en cargos institucionales, salvo Pilar Barreiro. que es la única persona, que sigue siendo senadora a pesar de la imputación.

En este sentido la dirigente socialista ha solicitado a la excaldesa del Partido Popular, Pilar Barreiro, que “haga el último favor a la ciudadanía de Cartagena abandonando el Senado y renunciado a su acta de senadora”.

Castejón ha afirmado que “Cartagena merece pasar página y mirar al futuro lejos de causas como la de Novo Carthago”. “La moratoria que desde el PSOE planteamos la semana pasada para nuestro Mar Menor es sin duda el camino a seguir para salvaguardar la joya medioambiental de la Región”, añadió.

La vicealcaldesa ha asegurado que “el PSOE será coherente con su posicionamiento frente a la protección del Mar Menor y su política de conservación de espacios protegidos frente al modelo de desarrollo económico del PP que, casualmente en casos como éste, se asienta la sombra de la corrupción, acabando en los tribunales.”

Izquierda Unida-Verdes ha registrado en el Tribunal Supremo el recurso interpuesto por la acusación popular ante el Auto de archivo de la causa contra la exalcaldesa de Cartagena, la popular Pilar Barreiro, dentro del llamado 'caso Novo Carthago'. En el escrito, el letrado Juan Francisco Pérez Avilés reclama la nulidad del auto del Juez Soriano exponiendo “la falta de garantías para la acusación particular, la ausencia de la tutela judicial efectiva y la injustificada dilatación en el reconocimiento como parte en el proceso”.

El recurso también señala que aunque que IU-V cumplió formalmente la personación a principios de marzo, el juez no le ha dejado participar en el proceso e interrogar a la acusada, y que tampoco le han enviado “ni un sólo escrito de los presentados, en los que se solicitaban careos, petición de informes y pruebas, al objeto de que la resolución lo fuese tras conocer en profundidad lo que motivó la exposición razonada del magistrado Abadía en Murcia”.

Por último, se aduce “la disparidad de criterio de la Fiscalía del Supremo con la Fiscalía Anticorrupción de Murcia, en la causa que conoce el Juzgado número dos”. “Subsidiariamente” solicita que “en cualquier caso el sobreseimiento pudiese considerarse provisional”.

El Monasterio de San Ginés de la Jara es un elemento histórico de la comarca de Cartagena de gran importancia e interés, pero debido a su mal estado de conservación y al riesgo de derrumbe, el público no puede acceder al interior. Por ese motivo, vecinos y colectivos han protestado por quinto año consecutivo exigiendo una solución.

José López, alcalde de Cartagena, explicó que los arqueólogos le habían confirmado “la aparición en el subsuelo incluso de fustes de columnas romanas”, hecho que demostraría una vez más la trascendencia de este enclave del Mar Menor “como un centro neurálgico histórico y cultural crucial para la vertebración de la comarca de Cartagena”.

Según el alcalde, la situación procesal en la que se encuentra el Monasterio determina que “el inmueble esté inscrito aún a nombre del Ayuntamiento, pero por distintas sentencias dictadas, la propiedad es de Hansa Urbana”. Cabe recordar que la restauración del histórico edificio estaba incluída en el proyecto inmobiliario de Novo Carthago como actuación a llevar a cabo por Hansa Urbana, junto con la descontaminación de terrenos en el entorno.

López ha manifestado que “si en algún momento el Ayuntamiento de Cartagena llegara a disponer de dinero suficiente, estaría dispuesto a adquirir el Monasterio para trabajar en él de oficio, ya que su consolidación y restauración es muy importante”. Por otro lado, José Luis Sánchez, presidente de DAPHNE Cartagena, quiso transmitir su “plena confianza en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento”. “Por fin, lo tenemos de nuestra parte -ha dicho Sánchez-, y por tanto hemos parado cualquier actividad de escritos o denuncias”.

José Luis Sánchez señaló que “el monasterio no es sólo el edificio, es una auténtica máquina del tiempo donde tenemos la Cueva Victoria con restos humanos que tienen un millón de años, yacimientos paleolíticos, ermitas y lo que tiene debajo el Monasterio, que llega hasta 22 siglos más allá”. Sánchez avanzó que, rehabilitado el Monasterio de San Ginés de la Jara, “podría ser de interés crear en él un tipo de universidad de verano para universidades extranjeras”.

El alcalde de Cartagena, José López, recoge y hace suyas las peticiones de asociaciones y colectivos relacionados con el Monasterio de San Ginés, para que se cumpla la ley en cuanto a las visitas a este inmueble.

En este sentido, ha enviado una petición escrita a Hansa Urbana, empresa responsable de las obras de consolidación del edificio, para que permita una jornada de puertas abiertas, el día 25 de agosto, festividad de San Ginés, como inicio de un calendario que favorezca las visitas los fines de semana.

El primer edil recuerda que el derecho de los ciudadanos a visitar el Monasterio, viene recogido en la Ley de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia.

Las tres parcelas suman una superficie de 40.000 metros cuadrados, y de momento pertenecen a la inmobiliaria del Sabadell, entidad que se hizo con la CAM, accionista y prestamista de Hansa Urbana, que a su vez era la promotora del proyecto de Novo Carthago. Según ANSE, no se ha fijado ningún precio de venta inicial.

La organización ecologista ha recordado que los Juzgados de Primera Instancia nº 4 y 5 de Cartagena, también anunciaron la subasta de diferetes fincas del mismo proyecto urbanístico en 2014, así como en febrero de 2015, “por sendas reclamaciones del Banco de Santander contra HANSA Urbana S.A., que suman unos 43 millones de euros, y que afectarían a una superficie aproximada de 105.000 metros cuadrados”. “Al parecer las subastas judiciales quedaron sin comprador”, añade ANSE.

“Otra estafa”

“El gran proyecto de desarrollo económico anunciado por diferentes gobiernos del Partido Popular termina así convertido en otra gran estafa para beneficio de comisionistas y desgracia de accionistas bancarios y administración autonómica, que tendrá que pagar el contrato multimillonario, casi 600 millones de euros por un agua que no produce, de la desaladora de Escombreras, que se construyó para garantizar el abastecimiento del complejo residencial”, ha explicado ANSE.

Además, los ecologistas denuncian que las subastas judiciales a favor del Banco de Santander y la venta de terrenos por la Inmobiliaria Solvia son el anuncio de la caída definitiva del proyecto urbanístico de Novo Carthago, “uno de los mayores disparates inmobiliarios y económicos amparados por los responsables políticos de la Región de Murcia en la historia de la democracia”.

ANSE, siempre en contra

Desde la Asociación de Naturalistas del Sureste han recordado que durante muchos años han mantenido “una oposición constante, mediante acciones administrativas y judiciales, a la construcción de la urbanización de Novo Carthago”, como antes se hizo con la recalificación de Lo Poyo, “por considerar que la construcción de entre 8.000 y 10.000 viviendas, hoteles, dos campos de golf y diversas infraestructuras, conllevaría una grave impacto ambiental y paisajístico para la zona sur del Mar Menor, contribuyendo a colapsar el entorno de la mayor laguna litoral española, y aumentando los problemas de degradación actuales”.

ANSE recuerda asímismo que su director, Pedro García, se reunió hasta en cuatro ocasiones con el entonces presidente Valcárcel para pedirle que diera marcha atrás a la urbanización masiva de suelos al Sur del Mar Menor, iniciada con las recalificaciones de Lo Poyo y Novo Carthago.

Hansa Urbana en la Región de Murcia

Según ANSE, la respuesta del presidente “fue la de paralizar el trámite de Lo Poyo, provocando pérdidas multimillonarias a la Caja de Ahorros Kutxa, que había comprado los terrenos tras una declaración de impacto ambiental favorable por parte de la Comunidad Autónoma, y beneficiando supuestamente a Hansa Urbana porque detrás de ella estaba la Caja de Ahorros del Mediterráneo”.

“Hansa iniciaba su paseo triunfal en la Región que luego le llevaría a promover otros proyectos urbanísticos parecidos en la costa de Mazarrón (4.500 viviendas) y de Lorca (Puntas de Calnegre, 7.700 viviendas), en los que ANSE también presentó alegaciones”, relatan. Por todo ello, ANSE pide la apertura inmediata de una Comisión de Investigación en la Asamblea Regional “que estudie conjuntamente la recalificación de suelos de Novo Carthago y la desaladora de Escombreras, que fue construida para evitar los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Segura”.

La Asociación considera que la Comunidad Autónoma “debería de rescindir de inmediato el contrato con la desaladora de Escombreras, y remitir a la justicia toda la documentación existente sobre la forma en que se contrataron y gestionaron los suministros por el Ente Público del Agua y la empresa Hydro Management, constituida por el grupo Cobra, integrado por la constructora ACS, propiedad en su mayoría del conocido empresario Florentino Pérez”.

El Gobierno de Valcárcel

ANSE va más allá, y afirma que “Ramón Luís Valcárcel no debería de seguir más tiempo como vicepresidente del Parlamento Europeo, ni tampoco como eurodiputado, y debería de asumir su responsabilidad en las enormes deudas económicas y ambientales provocadas a los habitantes de la Región por numerosos proyectos urbanísticos y de infraestructuras que no han respetado además las leyes de la Unión Europea”.

“Es increíble que toda la responsabilidad del proyecto termine asumiéndose por el exconsejero de Medio Ambiente y Agricultura, Antonio Cerdá, y su asesora, mientras Valcárcel emprendía la huida a la Unión Europea”, explican. Además, la organización naturalista ha pedido al nuevo Gobierno Regional “que proceda a anular la recalificación de suelos y la revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena que confirmaba la calificación como suelo urbanizable al entorno de San Ginés de La Jara, y devuelva a la zona, al menos, la calificación como Suelo No Urbanizable de Protección del Mar Menor que tenía en el Plan General anterior”.

Desastre no sólo medioambiental

Pedro García, director de ANSE, lamenta que “al margen de los impactos ambientales negativos de este macroproyecto urbanístico sobre el Mar Menor y su entorno, casi nadie se percatara de las desastrosas consecuencias económicas de una inversión disparatada, que sólo puede explicarse por la incompetencia de un presidente cegado por la enfermedad del crecimiento a toda costa”.

García ha añadido un matiz de duda más allá de la “incompetencia”: “Tal vez en el futuro conozcamos otras razones”. Además, estima que Valcárcel estuvo “respaldado por un partido político al que valía cualquier cosa defendida por el líder, acompañado y arengado por un grupo de consejeros y otros altos cargos entregados a su presidente, incluida la alcaldesa de Cartagena y sus concejales, y unos representantes empresariales locales y regionales obsesionados contra la conservación de la naturaleza y sus paisajes”.

“El cóctel estaba preparado, y fue servido por constructores sin demasiados escrúpulos, bancos irresponsables dirigidos por hombres de paja al servicio de intereses ajenos a los mismos accionistas y al sentido común, mientras que algunos exdirigentes políticos obtenían importantes beneficios económicos por la intermediación”, concluye Pedro García.

El alcalde de Cartagena, José López (Movimiento Ciudadano), y la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón (PSOE), han anunciado la nueva distribución de las Áreas de Gobierno Municipal y delegaciones, del ayuntamiento cartagenero, que incluye una reducción de las nueve anteriores a las seis con las que contará en la nueva legislatura. Con esta primera medida, alcalde y vicealcaldesa han querido “tener en cuenta” la realidad del municipio, y según ha declarado Castejón, hacer un gobierno que se adecúe a lo que los cartageneros están esperando.

Para ello confían en garantizar la coordinación entre las nuevas Áreas y abrir “canales de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas”. “Esas serán las señas de identidad de nuestro gobierno”, han afirmado. Las Áreas serán la de Estrategia Económica, la de Hacienda e Interior, la de Transparencia y Buen Gobierno, de Urbanismo e Infraestructuras, la de Calidad de Vida y la de Cultura y Patimonio.

Al frente de la de Estrategia Económica se sitúa la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, como Concejal Delegada de Área, y Obdulia Gómez como Concejal Delegada. Sus atribuciones se extenderán a Empleo, Industria, Turismo, Innovación, Empresa y Comercio, Agricultura, Pesca y Desarrollo laboral. Según el alcalde José López, “el apartado de Agricultura y Pesca es novedoso y responde a las demandas de un sector productivo muy importante para la ciudad, al que no se había dado respuesta hasta ahora”.

En el Área de Hacienda e Interior, el Concejal Delegado de Área será Francisco Aznar, y la Concejal Delegada será Isabel García. En ella se incluye Hacienda, Contratación, Patrimonio, Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana y Vía Pública. El Área de Transparencia y Buen Gobierno tendrá como Concejal Delegado de Área a Juan Pedro Torralba, y como Concejal Deñegada a María José Soler. Se ocupará de Participación, Descentralización y Festejos, Portal y Oficina de Transparencia.

El Área de Urbanismo e Infraestructuras estará bajo la dirección del propio alcalde, José López, con la colaboración de dos funcionarios. En cuanto al Área de Calidad de Vida, su Concejal Delegado de Área será Francisco José Calderón y su Concejal Delegada será Carmen Martín. Comprenderá Sanidad, Consumo, Medio Ambiente, Movilidad y Accesibilidad, Servicios Sociales y Mediación Social.

Por último, y con una gran trascendencia en un municipio con la riqueza patrimonial de Cartagena, está el Área de Cultura y Patrimonio, con Ricardo Segado como Concejal Delegado de Área y con David Gómez Noguera como Concejal Delegado. En este área se incluyen no sólo Cultura y Patrimonio Arqueológico, sino también Deportes, Educación, Juventud e Igualdad.

Por otro lado se ha puesto en marcha la Junta de Gobierno Local, que tendrá a Francisco Aznar como secretario, y a Ricardo Segado como secretario suplente a Ricardo Segado. Para sustituir al alcalde, se ha establecido que como Primera Teniente de Alcalde actúe la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón. El Segundo Teniente de Alcalde será Francisco Calderón, el Tercer Teniente de Alcalde será Juan Pedro Torralba y el Cuarto Teniente de Alcalde será Ricardo Segado.

Los once concejales del Gobierno estarán en régimen de dedicación exclusiva, y aún falta por determinar el número de ediles liberados que habrá por parte de la oposición. La Junta de Gobierno Local celebrará sesiones ordinarias los viernes cada quince días, y el ayuntamiento cartagenero ya ha anunciado que la primera tendrá lugar este viernes.

Entre las primeras medidas adoptadas hoy por el nuevo equipo de Gobierno, tal y como ha anunciado el alcalde, figuran la personación del Ayuntamiento en la Operación Púnica y en Novo Cartago. “Por otro lado, hemos comenzado a trabajar en el listado de puestos de confianza y liberados que figura en recursos humanos, y hemos solicitado el documento al jefe de Recursos Humanos, así como en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de la que este Ayuntamiento carece desde hace veinte años”, ha explicado el alcalde José López.

Barreiro habría tomado esta decisión, según parece, para favorecer que el del Partido Popular pueda pactar con otros grupos políticos con representación en la nueva corporación y así conservar la alcaldía de la segunda ciudad más importante de la Región de Murcia.

La que ha sido alcaldesa de Cartagena desde hace veinte años, ha anunciado su marcha durante el transcurso de la Junta Directiva Regional, en donde se ha anunciado la creación de un Comité de Pactos, y posteriormente ha comparecido en rueda de prensa para trasladar su decisión a los medios de comunicación.

Pilar Barreiro ha renunciado a su acta como concejal, según ha manifestado, “pese a que el PP ha ganado las elecciones con una amplia mayoría”, con el fin de “facilitar el diálogo del partido con otras formaciones”. Sin embargo, continuará como diputada en el Congreso y ha añadido que no se marcha del PP.

La alcaldesa en funciones ha destacado en su intervención “la necesidad de ser generosos para facilitar acuerdos necesarios ante la situación de pluralidad resultante de las elecciones del 24 de mayo, en las que el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta”.

Barreiro ha tenido unos meses previos a las elecciones bastante agitados. El juez del TSJMU que instruía el llamado caso Novo Carthago, de supuesta corrupción urbanística, Manuel Abadía, elevó una petición para que la alcaldesa acudiera a declarar al Tribunal Supremo, dada su condición de aforada.

El juez investigaba las posibles irregularidades cometidas por el ayuntamiento cartagenero en el proceso de reclasificación de unos terrenos protegidos para construir un complejo residencial junto al Mar Menor. Hace escasas fechas, el Supremo archivaba la causa en lo relativo a Barreiro, mientras el caso prosigue su instrucción en Murcia, donde todavía están imputados el actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, y otros exconsejeros y ex-altos cargos del Gobierno regional del PP.

La Web oficial del ayuntamiento de Cartagena ha recogido la satisfacción de la alcaldesa de la ciudad y diputada nacional del PP, Pilar Barreiro, por la decisión del Tribunal Supremo de archivar la causa que se instruía contra ella en relación al macroproyecto urbanístico de Novo Carthago.

A juicio de la veterana alcaldesa, que opta a la reelección en las próximas elecciones municipales, la resolución del magistrado Soriano “es un respaldo al trabajo de todos los técnicos y responsables políticos municipales”, que intervinieron en ese trámite, según Barreiro, “cumpliendo rigurosamente la ley”; “como siempre he defendido”, añadió.

“Representa una gran satisfacción personal que el Tribunal Supremo avale mi actuación, pero lo que estaba en cuestión era el trabajo de funcionarios y gestores de mi Ayuntamiento, que una vez más reciben el respaldo de la Justicia frente a denuncias que, como se ha demostrado, no tenían ningún fundamento”, ha explicado Barreiro, aunque el resto de la causa de Novo Carthago sigue su curso en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia.

La alcaldesa ha subrayado que tanto la Fiscal como el Magistrado han compartido en sus escritos los argumentos que ella ha defendido desde el primero momento: “Que la modificación (número 113 del PGOU de Cartagena) se realizó siguiendo la ley, con el respaldo de informes técnicos y por decisión de mayorías políticas”.

Según ha recogido también la web municipal, Barreiro “conoció la noticia en Madrid, adonde había viajado para conocer a su nieta recién nacida, suspendiendo su agenda de precampaña”.