Procesan por presunta corrupción al exconcejal y exgerente de Urbanismo de Murcia
El juzgado de instrucción número 8 de Murcia ha procesado al exconcejal de Urbanismo de la cuidad Fernando Berberena, al exgerente de ese servicio Alberto Guerra y al exjefe de Planeamiento municipal Joaquín Peñalver por presunta corrupción urbanística.
El auto en el que se acuerda abrir la fase intermedia del procedimiento abreviado, dictado dentro de la pieza separada del caso Umbra conocida como Teatro Circo, procesa también a otros tres investigados: el constructor Ramón Salvador Águeda, la funcionaria municipal María de la O Chica y Miguel Ángel Barroso, representante de una empresa constructora.
Los seis han sido investigados por los indicios aparecidos contra ello a raíz del convenio para la rehabilitación de ese teatro, aprobado en 2006 por el Ayuntamiento de Murcia.
Según las investigaciones judiciales, la presunta corrupción urbanística se habría producido con la compra de terrenos en la expansión norte de la ciudad a cambio de compensaciones económicas para los compradores y la restauración del teatro.
El juzgado considera que los indicios recopilados a lo largo de varios años de instrucción apuntan a que los tres integrantes de la antigua cúpula de Urbanismo pueden haber incurrido en un delito de prevaricación, al igual que Águeda y la funcionaria.
Por su parte, Guerra y Barroso habrían incurrido en los de negociaciones prohibidas a los funcionarios y cohecho.
Además, Águeda y Berberena pueden haber incurrido en uno de cohecho, imputación que el juzgado basa, entre otros indicios, en el hallazgo en poder del exconcejal de tres relojes de gran valor comprados por el constructor, que aseguró los había adquirido en Alicante por indicación de aquel porque le hacían una importante rebaja en una joyería.
El auto no concede credibilidad a esa afirmación exculpatoria y señala que la factura de la compra fue extendida a una de las empresas controladas por el empresario.
Se acuerda el sobreseimiento de las diligencias para otros dos investigados.
La resolución da 30 días a las partes para que puedan presentar sus escritos de acusación o de solicitud de sobreseimiento de la causa.
