El Consell Jurídic Consultiu cierra la puerta a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de los Ayuntamientos por la dana. El órgano estatutario, institución de referencia en materia jurídica en la Comunitat Valenciana, sienta un precedente con un dictamen a raíz de una vecina de Paiporta que solicitó al consistorio, dirigido por el PSPV, una indemnización de 40.000 euros por daños y secuelas físicas y psicológicas. El órgano jurídico ha rechazado que exista responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, dado que la emisión de alertas corresponde a la Generalitat Valenciana, y recalca que el carácter “extraordinario” del fenómeno meteorológico no se podía prever “con los medios ordinarios de información meteorológica disponibles, en este concreto caso, en la corporación local”.

Además de publicar las resoluciones, el Jurídic informa sobre las reclamaciones por responsabilidad patrimonial a las administraciones locales y a la autonómica. Sus dictámenes, resultado de un análisis de la legislación vigente, pueden servir en procedimientos judiciales. En este caso, el órgano jurídico, desestima la petición de la vecina, en un dictamen emitido en diciembre y adelantado por el diario La Razón.

En el caso analizado, la ciudadana, que fue rescatada por varios vecinos del municipio, responsabiliza directamente a la entonces alcaldesa, tanto como máxima dirigente local como por un mensaje que publicó en sus redes sociales pidiendo “calma i trellat” (calma y sentido común). La denunciante alegó que la entonces alcaldesa, Maribel Albalat, “posteó en su red social de Instagram que estuviéramos tranquilos e hiciéramos vida normal” y “Mentrestant, calma y trellat”, un mensaje “al cual le hice caso y conllevó a que casi perdiera la vida”, según consta en la resolución. La vecina acudió en varias ocasiones al hospital y pidió cobertura a su seguro, que se la denegó, señalando que la póliza no cubre los daños derivados de un evento catastrófico. La mujer también alega en la reclamación que otros alcaldes, como el de Utiel, tomaron medidas a primera hora de la mañana.

En su dictamen, el Consell Jurídic Consultiu considera que no consta nexo causal entre un deficiente funcionamiento del servicio público municipal y el daño producido a la vecina. “La causa determinante del perjuicio fue la irrupción de un fenómeno natural extraordinario, imprevisible en su alcance y ajeno al ámbito de control de la Administración local”, señala el documento. Los juristas que componen el órgano subrayan en numerosas ocasiones la imprevisibilidad del fenómeno -especialmente, con los medios de los que dispone un ayuntamiento- y lo califican como “un acontecimiento extraordinario, súbito e irresistible”. “La existencia de un nivel general de aviso -como puede ser el aviso rojo emitido por AEMET- no implica automáticamente que el ayuntamiento pudiera prever, desde su capacidad técnica y conocimiento, un fenómeno de naturaleza excepcional, inusual o de intensidad muy superior a la ”ordinariamente“ asociada a dicho nivel de aviso”, prosigue el análisis.

Competencias municipales e información

Los consejeros centran su análisis en las competencias municipales en emergencias y protección civil, delimitadas en una ley autonómica específica. Son, entre otras y dependiendo del tamaño de la población, activar planes territoriales, coordinar un Cecopal o transmitir información. Y subraya: “El ejercicio de estas funciones se basa o está condicionada, fundamentalmente, a un presupuesto esencial: la existencia de un conocimiento previo o al menos razonablemente anticipable del riesgo y a los distintos comunicados o alertas oficiales por parte de la Administración competente”. Y ésta es la administración autonómica: “Las alertas son, por tanto, competencia de la Generalitat, en los términos del expresado Decreto”, recalca, en referencia al decreto del Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana.

El aviso rojo “no implica automáticamente que el ayuntamiento pudiera prever un fenómeno excepcional”

Es sabido, prosigue el análisis, que en el municipio de Paiporta operaba bajo un aviso rojo de AEMET, “lo que determina una situación de vigilancia reforzada”. “Pero no consta que a este aviso le siguieran alertas oficiales sobre los riesgos de inundación como consecuencia de la DANA y el posible desbordamiento del río Poyo, que provocó los daños objeto de reclamación”, continua. El órgano apunta que no existen pruebas -en el expediente analizado- de que el Ayuntamiento recibiera ninguna alerta específica o predicción que anticipara el fenómeno “claramente excepcional respecto a lo que cabía esperar (...) incluso en un escenario de aviso meteorológico grave”.

“El aviso rojo indica la probabilidad de fenómenos adversos, pero no describe ni garantiza la ocurrencia, ni mucho menos permite conocer -a excepción de los órganos competentes y especializados para ello- el alcance de su magnitud real, extensión territorial, duración o carácter inusual”, señalan los juristas, que subrayan: el aviso rojo “no implica automáticamente que el ayuntamiento pudiera prever, desde su capacidad técnica y conocimiento, un fenómeno de naturaleza excepcional, inusual o de intensidad muy superior a la ”ordinariamente“ asociada a dicho nivel de aviso”. En otras palabras, que un Ayuntamiento por sí solo tenía escasa capacidad.

Así, el CJC asegura que “la existencia de un fenómeno meteorológico extraordinario, imprevisible en su intensidad, o inevitable en sus consecuencias constituye fuerza mayor, con la consiguiente exclusión de responsabilidad”. Sí considera que existiría responsabilidad patrimonial en el supuesto en el que se acreditara “un incumplimiento concreto en la actuación administrativa, ya sea en infraestructuras, mantenimiento, sistemas de drenaje, activación de protocolos o cumplimiento de deberes normativos”.

Los mensajes en redes “no alteran los mecanismos de alerta oficiales”

El órgano jurídico se detiene a analizar la actuación concreta de la alcaldesa e insiste en la falta de información oficial al consistorio. “No consta acreditado que la titular de la Alcaldía de Paiporta hubiera recibido comunicaciones previas que obligaran a la adopción de medidas excepcionales con anterioridad al desbordamiento del Barranco del Poyo”, señalan los expertos que elaboran el dictamen.

Sobre los mensajes en redes sociales difundidos por cargos públicos, considera el pleno del CJC que “la existencia sin más de ese tipo de mensajes no genera, por sí mismos y automáticamente, deberes jurídicos para los ciudadanos. Por su carácter, no son resoluciones, instrucciones, bandos, ni alertas; se trata de comunicaciones que no pueden sustituir los procedimientos previstos para la gestión de emergencias, ni alterar los mecanismos de alerta oficiales. Por tanto, la titular de la Alcaldía, cuando interviene en redes sociales, no actúa como emisor de alertas meteorológicas oficiales”.

Y en concreto, desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial, señalan que “un mensaje genérico de ”calma y sentido común“ («calma i trellat») no constituye una garantía de ausencia de peligro. Su contenido fue genérico, no específico ni técnico. No indicaba actuar de un modo concreto en una zona concreta, ni aseguraba la inexistencia de riesgo”. “Al ser un mensaje que solo pretendía tranquilizar a los vecinos del municipio, pero que no aseguraba ni podía asegurar la inexistencia de un riesgo imprevisible -como la DANA- en ese momento. Un mensaje genérico de calma no puede generar confianza legítima protegible, ni convertirse, en este caso, en un título de imputación a la entidad local, atendiendo a los documentos aportados al presente expediente”, concluye el órgano asesor, que desestima la petición de la vecina.

El Consell Jurídic Consultiu tanca la porta a les reclamacions de responsabilitat patrimonial dels ajuntaments per la dana. L’òrgan estatutari, institució de referència en matèria jurídica a la Comunitat Valenciana, estableix un precedent amb un dictamen arran d’una veïna de Paiporta que va sol·licitar al consistori, dirigit pel PSPV, una indemnització de 40.000 euros per danys i seqüeles físiques i psicològiques. L’òrgan jurídic ha rebutjat que hi haja responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament, atés que l’emissió d’alertes correspon a la Generalitat Valenciana, i recalca que el caràcter “extraordinari” del fenomen meteorològic no es podia preveure “amb els mitjans ordinaris d’informació meteorològica disponibles, en aquest concret cas, en la corporació local”.

A més de publicar les resolucions, el Jurídic informa de les reclamacions per responsabilitat patrimonial a les administracions locals i a l’autonòmica. Els seus dictàmens, resultat d’una anàlisi de la legislació vigent, poden servir en procediments judicials. En aquest cas, l’òrgan jurídic, desestima la petició de la veïna, en un dictamen emés al desembre i avançat pel diari La Razón.

En el cas analitzat, la ciutadana, que va ser rescatada per uns quants veïns del municipi, responsabilitza directament l’alcaldessa llavors, tant com a màxima dirigent local com per un missatge que va publicar en les seues xarxes socials demanant “calma i trellat”. La denunciant va al·legar que l’alcaldessa llavors, Maribel Albalat, “fer un apunt en la seua xarxa social d’Instagram en què deia estiguérem tranquils i férem vida normal” i “Mentrestant, calma i trellat”, un missatge “a què vaig fer cas i va comportar que quasi perdera la vida”, segons consta en la resolució. La veïna va acudir unes quantes vegades a l’hospital i va demanar cobertura a la seua assegurança, que li la va denegar, assenyalant que la pòlissa no cobreix els danys derivats d’un esdeveniment catastròfic. La dona també al·lega en la reclamació que altres alcaldes, com el d’Utiel, van prendre mesures a primera hora del matí.

En el seu dictamen, el Consell Jurídic Consultiu considera que no consta nexe causal entre un funcionament deficient del servei públic municipal i el mal produït a la veïna. “La causa determinant del perjudici va ser la irrupció d’un fenomen natural extraordinari, imprevisible en l’abast i alié a l’àmbit de control de l’Administració local”, assenyala el document. Els juristes que componen l’òrgan subratllen en nombroses ocasions la imprevisibilitat del fenomen —especialment, amb els mitjans de què disposa un ajuntament— i el qualifiquen d’“un esdeveniment extraordinari, sobtat i irresistible”. “L’existència d’un nivell general d’avís —com pot ser l’avís roig emés per l’Aemet— no implica automàticament que l’Ajuntament poguera preveure, des de la seua capacitat tècnica i el seu coneixement, un fenomen de naturalesa excepcional, inusual o d’intensitat molt superior a l’”ordinàriament“ associada a aquest nivell d’avís”, prossegueix l’anàlisi.

Competències municipals i informació

Els consellers centren la seua anàlisi en les competències municipals en emergències i protecció civil, delimitades en una llei autonòmica específica. Són, entre altres i depenent de la grandària de la població, activar plans territorials, coordinar un Cecopal o transmetre informació. I subratlla: “L’exercici d’aquestes funcions es basa o està condicionat, fonamentalment, a un pressupost essencial: l’existència d’un coneixement previ o almenys raonablement anticipable del risc i als diferents comunicats o alertes oficials per part de l’Administració competent”. I aquesta és l’Administració autonòmica: “Les alertes són, per tant, competència de la Generalitat, en els termes del decret expressat”, remarca, en referència al decret del pla territorial d’emergència de la Comunitat Valenciana.

L’avís roig “no implica automàticament que l’ajuntament poguera preveure un fenomen excepcional”

Se sap, prossegueix l’anàlisi, que el municipi de Paiporta operava sota un avís roig de l’Aemet, “cosa que determina una situació de vigilància reforçada”. “Però no consta que a aquest avís li seguiren alertes oficials sobre els riscos d’inundació a conseqüència de la dana i el possible desbordament del riu Poio, que va provocar els danys objecte de reclamació”, contínua. L’òrgan apunta que no hi ha proves —en l’expedient analitzat— que l’Ajuntament rebera cap alerta específica o predicció que anticipara el fenomen “clarament excepcional respecte del que calia esperar (...) fins i tot en un escenari d’avís meteorològic greu”.

“L’avís roig indica la probabilitat de fenòmens adversos, però no descriu ni garanteix l’ocurrència, ni molt menys permet saber —tret dels òrgans competents i especialitzats per a això— l’abast de la seua magnitud real, l’extensió territorial, la duració o el caràcter inusual”, assenyalen els juristes, que subratllen: l’avís roig “no implica automàticament que l’Ajuntament poguera preveure, des de la seua capacitat tècnica i el seu coneixement, un fenomen de naturalesa excepcional, inusual o d’intensitat molt superior a l’”ordinàriament“ associada a aquest nivell d’avís”. En altres paraules, que un Ajuntament per si sol tenia una capacitat escassa.

Així doncs, el CJC assegura que “l’existència d’un fenomen meteorològic extraordinari, imprevisible en la intensitat o inevitable en les conseqüències constitueix força major, amb l’exclusió de responsabilitat consegüent”. Sí que considera que hi hauria responsabilitat patrimonial en el supòsit en què s’acreditara “un incompliment concret en l’actuació administrativa, siga en infraestructures, manteniment, sistemes de drenatge, activació de protocols o compliment de deures normatius”.

Els missatges en xarxes “no alteren els mecanismes d’alerta oficials”

L’òrgan jurídic es deté a analitzar l’actuació concreta de l’alcaldessa i insisteix en la falta d’informació oficial al consistori. “No consta acreditat que la titular de l’Alcaldia de Paiporta haguera rebut comunicacions prèvies que obligaren a l’adopció de mesures excepcionals amb anterioritat al desbordament del barranc de Poio”, assenyalen els experts que elaboren el dictamen.

Sobre els missatges en xarxes socials difosos per càrrecs públics, considera el ple del CJC que “l’existència sense més d’aquesta mena de missatges no genera, per si mateixos i automàticament, deures jurídics per als ciutadans. Pel seu caràcter, no són resolucions, instruccions, bans, ni alertes; es tracta de comunicacions que no poden substituir els procediments previstos per a la gestió d’emergències, ni alterar els mecanismes d’alerta oficials. Per tant, la titular de l’Alcaldia, quan intervé en xarxes socials, no actua com a emissor d’alertes meteorològiques oficials”.

I en concret, des del punt de vista de la responsabilitat patrimonial, assenyalen que “un missatge genèric de ‘calma i trellat’ no constitueix una garantia d’absència de perill. El contingut va ser genèric, no específic ni tècnic. No indicava actuar d’una manera concreta en una zona concreta, ni assegurava la inexistència de risc”. “Com que era un missatge que només pretenia tranquil·litzar els veïns del municipi, però que no assegurava ni podia assegurar la inexistència d’un risc imprevisible —com la dana— en aquell moment. Un missatge genèric de calma no pot generar confiança legítima protegible, ni convertir-se, en aquest cas, en un títol d’imputació a l’entitat local, atesos els documents aportats a aquest expedient”, conclou l’òrgan assessor, que desestima la petició de la veïna.

“La concurrencia de un acontecimiento extraordinario y ajeno al riesgo normal del contrato -como fue la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19- ha provocado una alteración sustancial de la base económica (...), generando un efecto de arrastre y consolidación de gastos no estructurales”. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) se manifiesta en estos términos en el informe (documento completo al final de la información) que se ha hecho público este lunes según el cual la Conselleria de Sanidad habría abonado a Ribera Salud, como empresa gestora de los hospitales públicos de Torrevieja, Dénia y Elche-Crevillente, y a Sanitas, como concesionaria del hospital público de Manises, un precio “inflado” por el servicio prestado por habitante (cápita) a partir del año 2020 al haber consolidado el aumento del gasto registrado de forma extraordinaria como consecuencia de la pandemia.

El informe, avanzado por El Confidencial, lo solicitó la propia Conselleria de Sanidad para dar cobertura legal a las liquidaciones realizadas con las empresas concesionarias (actualmente solo queda el hospital de Elche-Crevillente de gestión indirecta). La liquidación es el balance anual entre lo abonado por la administración en concepto de cápita y los servicios realizados finalmente por la empresa. La diferencia suele ser favorable a la administración, por lo que a la mercantil le toca devolver el excedente de lo abonado. Según el CJC, las liquidaciones calculadas a partir de la pandemia no son correctas puesto que el precio de la cápita que cada año se actualiza en función de unas variables está sobrevalorado por el gasto extraordinario que supuso la pandemia, puesto que una vez se normalizó la situación, no se descontó de la ecuación.

La conselleria de Sanidad venía aplicando desde el año 2012 el criterio del propio CJC, según el cual, se tenía que tener en cuenta el gasto real efectuado por la empresa a la hora de realizar las liquidaciones. Sin embargo, en su resolución actual advierte de que en el caso de que se produzca una situación extraordinaria como fue la pandemia, no se puede aplicar el gasto real de ese ejercicio como criterio para actualizar la cápita de los siguientes.

“Dicha problemática obedece a que el pliego no incorpora una previsión específica para el tratamiento de eventos extraordinarios de gasto. En consecuencia, cuando sobreviene un shock extraordinario, el sistema de actualización actúa de modo automático sobre magnitudes consolidadas, generando potenciales efectos permanentes que el propio pliego no distingue ni corrige”, dice el CJC.

El órgano consultivo añade que “la eventual corrección de los efectos estructurales derivados de un ejercicio 'base' distorsionado debe abordarse no como una dispensa discrecional del pliego, sino mediante la activación motivada del reequilibrio económico-financiero en sentido bidireccional, en cuanto instrumento de restablecimiento de la ecuación del contrato al concurrir circunstancias acreditadas que, de proyectarse mecánicamente, desvíen el contrato de su finalidad y produzcan asimetrías persistentes”.

Precisamente, la Conselleria de Sanidad aprobó un gran número de liquidaciones antes de verano en las que no se ha tenido en cuenta el criterio de este informe del CJC. En concreto, han sido un total de 35 las liquidaciones pendientes de los años 2010 al 2022 las realizadas entre febrero y mayo de 2025 por las que entre Ribera Salud y Sanitas han abonado 300 millones de euros a la Conselleria de Sanidad. Unas cifras que a tenor del informe podrían ser insuficientes.

Al respecto, fuentes de Sanidad han asegurado que en las próximas liquidaciones se regularizará la situación y se compensarán las cuantías a descontar como consecuencia del impacto de la Covid: “A partir del nuevo dictamen del CJC, en respuesta a solicitud de la Conselleria, la administración tiene la voluntad de compensar en posteriores liquidaciones. Esto no hubiera sido posible si no se hubieran realizado las liquidaciones que se han ejecutado desde 2023 y si no se hubiera pedido al CJC que revisara su criterio de 2012. El chollo de las concesionarias, si existía, lo tenían con el Botànic, que no hacía liquidaciones”, han afirmado.

Para el grupo socialista, esta operación representa un “escándalo” y una “actuación irregular” que se ha llevado a cabo de espaldas a los órganos de control. Rafa Simó ha subrayado que el Consell aprobó estos pagos sin esperar al dictamen necesario del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana y desoyendo el criterio de la Viceintervención General de Asistencia Sanitaria.

Por su parte, el diputado de Compromís, Carles Esteve, ha criticado que “este regalo de dinero público no solo ha servido para consolidar beneficios extraordinarios a Ribera Salud, sino que se ha aprobado sin esperar el dictamen del Consell Jurídic Consultiu” y ha añadido: “Es intolerable que mientras deteriora la sanidad pública con listas de espera interminables y carencia de inversión en atención primaria, el Consell del PP priorice rescatar empresas privadas. Lo que están perpetrando es un robo en toda regla. Desde Compromís vamos a hacer todo el que esté en nuestras manos para acabar con este modelo privatizador, de chiringuito del PP, regalándole millones de la sanidad pública a empresas privadas para aumentar su beneficio en perjuicio de la salud de la mayoría”.

El Consell Jurídic Consultiu, l’òrgan assessor de la Generalitat Valenciana en qüestions jurídiques, no troba lletrats que completen la seua plantilla. L’òrgan estatutari, que emet informes previs a les elaboracions normatives per a les administracions públiques o recomanacions jurídiques, ha declarat desert el procés d’oposició per a cobrir tres places del seu cos de lletrats, després que cap candidat superara les proves.

L’organisme, dirigit per Margarita Soler i altres consellers de prestigi reconegut escollits per les Corts Valencianes, i en què els expresidents valencians poden treballar, va convocar un procés el maig del 2024, amb uns requisits bàsics per a les oposicions en dret: nacionalitat espanyola, estudis de dret i no estar inhabilitat. No obstant això, en el complex sistema de proves han anat caient fase a fase els candidats. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat aquesta setmana la resolució que declara desert el procés, després que l’únic candidat que va arribar a la tercera fase no haja obtingut la puntuació mínima requerida per a superar-la. L’òrgan tècnic de selecció ho va resoldre el passat 17 de juliol.

El Consell Jurídic va convocar tres places del cos de lletrats amb rang administratiu A1, el que més salari percep de tota l’Administració. Per a obtindre la plaça calia superar tres proves: un examen escrit i la seua defensa oral, una exposició i un supòsit pràctic. Aquest òrgan resol centenars de consultes a l’any, tant de la Generalitat Valenciana com d’altres administracions de la comunitat autònoma. Només l’últim any va redactar 710 dictàmens, i això que l’executiu de Carlos Mazón i l’actual parlament valencià no han sigut dels més actius en matèria legislativa.

En concret, segons les bases publicades en el DOGV, el primer exercici consisteix a desenvolupar per escrit, en un temps màxim de sis hores, 3 temes triats a l’atzar per l’OTS (òrgan tècnic de selecció) entre tres blocs (que tenen mig centenar de temes): un tema corresponent al bloc de dret civil, un tema corresponent al bloc dret mercantil i un tema del bloc de dret processal. Una vegada conclosos els exàmens, són introduïts en un sobre tancat sota la custòdia de l’OTS, que convoca les persones aspirants per a la lectura pública dels temes que hagen desenvolupat, i aquests han de respondre a preguntes aclaridores sobre els temes exposats. Una vegada llegit el primer tema o transcorreguts deu minuts des de l’inici de la lectura, l’OTS podrà decidir que la persona aspirant abandone la prova per estimar el seu contingut notòriament insuficient, diu el decret.

El segon exercici consisteix a exposar oralment, durant un temps màxim de 60 minuts, cinc temes, trets a l’atzar per la persona aspirant, entre els del programa, dividit en aquests blocs: dret constitucional i autonòmic (un tema); dret de la Unió Europea (un tema); dret administratiu (dos temes); dret penal i dret financer i tributari (un tema). L’opositor insacularà el nombre de temes que corresponguen a cada part del programa, tret de la part del programa que trie, en què podrà insacular un tema més, per a poder eliminar d’aquesta manera un dels temes extrets, a elecció seua.

El tercer exercici, a què només va arribar un aspirant, consisteix en el despatx d’un o més expedients dels que poden ser sotmesos a consulta del CJC, en un termini màxim de huit hores ininterrompudes. Durant la realització d’aquesta prova, els aspirants estan incomunicats i poden consultar els textos legislatius, sense comentaris ni jurisprudència. Cada persona aspirant haurà de proveir-se dels seus propis textos, diuen les bases. Els escrits es llegiran públicament per la persona aspirant, que haurà de contestar les preguntes aclaridores que li dirigisquen els membres de l’OTS.

L’òrgan consultiu té en l’actualitat sis lletrats, que exerceixen les seues funcions en règim de dedicació exclusiva. Tots són nomenats pel president o la presidenta del Consell Jurídic Consultiu després d’haver superat l’oposició. Fins a la data, l’òrgan ha dut a terme tres processos selectius. La llei que regula l’ens els atribueix les funcions d’estudi, preparació i redacció fonamentada de projectes de dictàmens i informes sotmesos a la consulta de la institució. A més, el Reglament preveu que els lletrats i les lletrades informen puntualment el conseller o la consellera designats sobre els assumptes confiats al seu estudi, que lligen la ponència redactada i que facen ús de la paraula en les seccions o les comissions, amb la vènia del conseller o la consellera ponents, quan ho estimen oportú o siguen requerits. Així mateix, han d’assistir tècnicament a la institució i han de despatxar amb els consellers o les conselleres els assumptes que aquests consideren necessaris. Finalment, el Reglament també preveu la possibilitat que els lletrats i les lletrades assistisquen, quan siguen requerits, a les sessions del ple, fent ús de la paraula quan ho sol·licite algun conseller o consellera i amb la vènia del president o la presidenta.

El Consell Jurídic Consultiu, el órgano asesor de la Generalitat Valenciana en cuestiones jurídicas, no encuentra letrados que completen su plantilla. El órgano estatutario, que emite informes previos a las elaboraciones normativas para las administraciones públicas o recomendaciones jurídicas, ha declarado desierto el proceso de oposición para cubrir tres plazas de su cuerpo de letrados, después de que ningún candidato superara las pruebas.

El organismo, dirigido por Margarita Soler y otros consejeros de reconocido prestigio elegidos por las Corts Valencianes, y donde los expresidentes valencianos pueden trabajar, convocó un proceso en mayo del 2024, con unos requisitos básicos para las oposiciones en derecho: nacionalidad española, estudios en derecho y no estar inhabilitado. Sin embargo, en el complejo sistema de pruebas han ido cayendo fase a fase los candidatos. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado esta semana la resolución que declara desierto el proceso, después de que el único candidato que llegó a la tercera fase no haya obtenido la puntuación mínima requerida para superarla. El órgano técnico de selección lo resolvió el pasado 17 de julio.

El Consell Jurídic convocó tres plazas del cuerpo de letrados con rango administrativo A1, el que más salario percibe de toda la administración. Para conseguir la plaza había que superar tres pruebas: un examen escrito y su defensa oral, una exposición y un supuesto práctico. Este órgano resuelve centenares de consultas al año, tanto de la Generalitat Valenciana como de otras administraciones de la comunidad autónoma. Solo en el último año redactó 710 dictámenes, y eso que el Ejecutivo de Carlos Mazón y el actual Parlamento valenciano no han sido de los más activos en materia legislativa.

En concreto, según las bases publicadas en el DOGV, el primer ejercicio consiste en desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de seis horas, 3 temas elegidos al azar por el OTS (órgano técnico de selección) de entre tres bloques (que cuentan con medio centenar de temas): un tema correspondiente al bloque de derecho civil, un tema correspondiente al bloque derecho mercantil y un tema del bloque de derecho procesal. Una vez concluidos los exámenes, estos son introducidos en un sobre cerrado bajo la custodia del OTS, que convoca a las personas aspirantes para la lectura pública de los temas que hayan desarrollado, y estos deben responder a preguntas aclaratorias sobre los temas expuestos. Una vez leído el primer tema o transcurridos diez minutos desde el inicio de la lectura, el OTS podrá decidir que la persona aspirante abandone la prueba por estimar su contenido notoriamente insuficiente, dice el decreto.

El segundo ejercicio consiste en exponer oralmente, durante un tiempo máximo de 60 minutos, cinco temas, sacados al azar por la persona aspirante, de entre los del programa, dividido en estos bloques: derecho constitucional y autonómico (un tema); Derecho de la Unión Europea (un tema); Derecho administrativo (dos temas); Derecho penal y Derecho financiero y tributario (un tema). El opositor insaculará el número de temas que correspondan a cada parte del programa, excepto en aquella parte del programa que elija, en la cual podrá insacular un tema más, para, de esta forma poder eliminar uno de los temas extraídos, a su elección.

El tercer ejercicio, al que solo llegó un aspirante, consiste en el despacho de uno o varios expedientes de los que pueden ser sometidos a consulta del CJC, en un plazo máximo de ocho horas ininterrumpidas. Durante la realización de esta prueba los aspirantes están incomunicados, y pueden consultar los textos legislativos, sin comentarios ni jurisprudencia. Cada persona aspirante habrá de proveerse de sus propios textos, dicen las bases. Los escritos serán leídos públicamente por la persona aspirante, quien habrá de contestar a las preguntas aclaratorias que le dirijan los miembros del OTS.

El órgano consultivo cuenta en la actualidad con seis letrados, que ejercen sus funciones en régimen de dedicación exclusiva. Todos son nombrados por el presidente o presidenta del Consell Jurídic Consultiu después de haber superado la oposición. Hasta la fecha, el órgano ha realizado tres procesos selectivos. La ley que regula el ente les atribuye las funciones de estudio, preparación y redacción fundamentada de proyectos de dictámenes e informes sometidos a la consulta de la institución. Además, el Reglamento prevé que los letrados y letradas informen puntualmente al conseller o consellera designados sobre los asuntos confiados a su estudio, que lean la ponencia redactada y que hagan uso de la palabra en las secciones o comisiones, con la venia del conseller o consellera ponentes, cuando lo estimen oportuno o sean requeridos. Asimismo, deben asistir técnicamente a la institución y deben despachar con los consellers o conselleras los asuntos que estos consideren necesarios. Por último, el Reglamento, también contempla la posibilidad de que los letrados y letradas asistan, cuando así sean requeridos, a las sesiones del Pleno, haciéndo uso de la palabra cuando lo solicite algún conseller o consellera y con la venia del presidente o presidenta.

El presidente del Gobierno, Carlos Mazón, cumplió el pasado 14 de julio dos años como presidente de la Generalitat Valenciana. Su nombramiento en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana marca el ecuador de la legislatura y una fecha clave para el líder del PP valenciano: si por alguna cuestión dejara el cargo, ya tendría derecho a cobrar dos años de retribución como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC) por haber ejercido el cargo.

Sin embargo, no será a razón de 75.000 euros brutos al año, como se había difundido hasta ahora al tomar como referencia el sueldo que percibió el expresidente Francisco Camps en su último año como integrante del organismo, en concreto, en 2018.

Tal y como consta en el portal de transparencia del CJC, las actualizaciones salariales aplicadas desde entonces para la presidencia del organismo, los consejeros y consejeras y la secretaría han elevado esta cuantía. Así, en el caso de los consejeros y consejeros que es la función que tendría Mazón, el salario sería de 86.862,36 euros brutos anuales, una cuantía que incluye un complemento como “personal de alto cargo”. A ella habría que sumar la indemnización por residencia a la que Mazón tendría derecho si mantuviera en Alicante su residencia habitual, lo que implicaría otros 7.300 euros aproximadamente. Así, en total sumaría 94.162 euros euros brutos al año.

Tal y como recoge el Estatuto de los ex Presidentes de la Generalitat Valenciana, si finalizara la legislatura tendría derecho a ser miembro nato del CJC durante un plazo de quince años, y por lo tanto a percibir esta cuantía (que se iría actualizando con el paso de los años) durante ese plazo.

Los dos años de sueldo como consejero del CJC no son el único privilegio del que ya podría disfrutar Mazón. Además, tal y como recoge el artículo 3 del mencionado estatuto, “el Consell de la Generalitat pondrá a disposición de los expresidentes de la Generalitat los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo”, que contará con los siguientes recursos: “Dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, que serán cubiertos a propuesta del expresidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat. El personal que ocupe los puestos citados tendrá la consideración de personal eventual y, si fuese personal al servicio de la Generalitat, quedarán en la situación administrativa que legalmente corresponda”.

Además, podrá disponer de “un local adecuado para la instalación de la mencionada oficina, la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat”. El Consell de la Generalitat, “a través del departamento competente, adoptará las actuaciones que sean precisas para preservar la seguridad personal de los expresidentes, dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios”.

Mazón, preguntado el pasado 14 de julio por si ha “aguantado” en el cargo tras la calamitosa gestión de la dana para obtener la retribución, exclamó: “No, por amor de Dios. Solo la insinuación... Yo creo que ya está bien de hacerle la campaña a los que están utilizando el dolor con estas cosas. Me parece ya excesivo tener que entrar en esto”. La oposición le ha acusado de mantenerse en el cargo, pese a los 228 muertos provocados por la dana, y a la imputación de la cúpula política autonómica que gestionó esta emergencia.

El presidente valenciano añadió: “Que yo sepa no hay ningún sueldo vitalicio. El estatuto de los presidentes es el que está en vigor. En fin, no lo he creado yo, pero no hay ningún sueldo vitalicio que yo sepa. Estas cuentas son las que lleva Compromís, yo no me dedico a llevar estas cuentas. Mis cuentas son las de la reconstrucción”.

El Consell Jurídic Consultiu, órgano asesor de la Generalitat Valenciana, cuestiona algunos aspectos del recorte al valenciano en las zonas castellanohablantes en el que trabaja la Conselleria de Educación. El organismo estima que la suspensión de una parte de la norma, incorporada al proyecto de ley de Acompañamiento, debería haber pasado por el Consell Escolar, como marca la legislación autonómica.

El dictamen del Consell Jurídic al proyecto de ley de acompañamiento de 2024, en el que se incluye la modificación del decreto de plurilingüismo, cuestiona el proceso legislativo emprendido por el departamento que dirige José Antonio Rovira. El texto subraya que no se ha recabado el informe preceptivo del órgano escolar, considera que pese a tramitarse en la ley de medidas administrativas no pierde el carácter de “proyecto de ley en materia educativa” y que “incide en el ámbito educativo y en los proyectos y derechos lingüísticos del alumnado y de los centros escolares”. Por tanto, cuestiona que se haya introducido la modificación en la ley de medidas fiscales y administrativas -llamada coloquialmente ley de acompañamiento a los Presupuestos- y no como proyecto legislativo independiente.

El anteproyecto de ley prevé regular “todo un abanico de materias que no guardan esa relación funcional y que suponen modificaciones de un tan amplio como diversificado elenco de normas, que quizá podrían haberse segregado en otros tantos proyectos de leyes que fueran objeto de la tramitación parlamentaria ordinaria”, dice el organismo, que habitualmente ha afeado a los Ejecutivos autonómicos el uso de la ley de acompañamiento como cajón de sastre. A su vez, el Jurídic recuerda que “el Consell de la Generalitat Valenciana deberá introducir progresivamente la enseñanza del valenciano en los territorios de predominio lingüístico castellano, y favorecerá cuantas iniciativas públicas y privadas contribuyan a dicho fin”.

Voto particular de tres consejeros

El pleno del Jurídic no plantea demasiadas objeciones más respecto al decreto de plurilingüismo, pero el dictamen recoge el voto particular de tres consejeros al respecto. Son Fernanda Lapresta, Javier de Lucas y Joan Carles Carbonell, nombrados por el ala progresista del parlamento autonómico. Los juristas piden a la Conselleria de Educación que se precise el marco de suspensión de los artículos, dado que lo contrario hace suponer una derogación. Sobre los derechos lingüísticos, los consejeros se preguntan si la norma es solo la suspensión de una obligación -la regulación de una exención- o debe entenderse como afectación a un derecho reconocido en el Estatut d'Autonomia.

Los juristas indican que la norma todavía en vigor, que aplica un programa único para el territorio con un mínimo del 25% de horas lectivas en valenciano, supone una uniformidad en el sistema educativo que ya contempla la incorporación paulatina de la lengua. El proyecto de Rovira da a los centros la posibilidad de pasar algunas asignaturas al castellano, algo que, para estos consejeros, “no parece suficiente para conseguir, no ya las previsiones de la legislación educativa de conseguir el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente- esto es, el valenciano-, sino fundamentalmente la previsión estatutaria contemplada en el artículo 6 del reconocimiento del derecho de todos los valencianos y las valencianas al conocimiento de ambas lenguas cooficiales”.

Además, argumentan: “Precisamente el hecho de residir en una comarca de dominio predominantemente castellano supone una dificultad considerablemente superior a la que puedan tener los residentes en zonas de predominio valenciano. Justamente por eso tendría que mantenerse en todo caso la enseñanza en valenciano al menos en el mismo nivel en todo el territorio de la comunidad. Por no incidir en que es justamente el hecho de no tener un contacto cotidiano e intenso con la lengua un motivo más que suficiente para intensificar su práctica y su enseñanza si se pretende un dominio adecuado de esta”. Para concluir, los juristas insisten en que “el Estatuto de la Comunidad Valenciana en su artículo 6 determina la cooficialidad del valenciano en todo el territorio de la Comunidad Autónoma y reconoce el derecho de todos los ciudadanos a su conocimiento en plenitud”.

La mayoría del pleno del CJC considera que la suspensión planteada por Educación no afecta al derecho de conocimiento del valenciano, pero los consejeros progresistas creen que eso no agota el debate sobre la cuestión. Así, plantean que cabe preguntarse si “afecta a la garantía del derecho que tienen todos los estudiantes de la Comunidad Valenciana, en condiciones de igualdad, a recibir la enseñanza en valenciano”. Y recalcan: “el Consell de la Generalitat Valenciana tiene la obligación jurídica por mandato estatutario de introducir progresivamente la enseñanza del valenciano en los territorios de predominio lingüístico castellano, y de favorecer cuántas iniciativas públicas y privadas contribuyen a este fin.”

Compatibilidad docencia y actividad política

El organismo también realiza algunas consideraciones sobre la posibilidad de que los altos cargos cobren por dar clase. En su dictamen, el Jurídic pide limitar las horas de compatibilidad de la docencia, concretar el salario que pueden percibir y que se realicen informes de incompatibilidades. El texto considera que “dado que se extiende la compatibilidad de la docencia no solo a la universitaria -con modalidades determinadas de docencia a tiempo parcial-, sino también a centros públicos o privados de selección y perfeccionamiento de empleados públicos, o de preparación para el acceso a la función pública, se estima que debería preverse, en estos últimos casos, la posibilidad de fijar un límite de horas a impartir en este tipo de centros, con la finalidad de garantizar que dicha actividad adicional no impida o menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes y obligaciones”.

El CJC sugiere que se prevea la existencia de “una previa resolución individualizada de compatibilidad o medida de control, que facilitará, además, la mayor transparencia”. Por otro lado, indica el texto, debería precisarse la distinción que se efectúa en el apartado 3 entre “actividad docente” y “de investigación”, así como el modo de computar el “30% de la retribución”, que actúa como límite cuantitativo; es decir, si se computa sobre la retribución anual, mensual o sobre las retribuciones brutas.

Compromís quiere un pacto con el PP y el PSPV para la renovación de organismos estatutarios en la Comunitat Valenciana. La formación valencianista aboga por seguir la estrategia del cordón sanitario y abordar las votaciones sin la ultraderecha, argumentando que no se cree las instituciones autonómicas.

El Parlamento valenciano pendiente abordar la renovación de los organismos estatutarios, que en algunos casos llevan más de un año en funciones. Son el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura, el Consell de Transparencia y la Sindicatura de Comptes, organismos consultivos y auditores del trabajo de la Administración pública valenciana. La renovación de los organismos requiere un pacto entre al menos tres grupos parlamentarios y los dos bloques ideológicos, dado que ninguno supera ni los dos tercios ni los tres quintos de la Cámara necesarios para aprobar a los nuevos componentes.

En la última semana el grupo parlamentario popular ha ido trasladando al resto de formaciones su interés en retomar las negociaciones, que quedaron paralizadas tras el plantón de este mismo grupo en las últimas reuniones. Socialistas y valencianistas les acusaron de bloquear las instituciones, a semejanza del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cuatro años en interinidad. Ahora, con la mayoría de la derecha en la Cámara, el PP quiere retomar la cuestión y la oposición denuncia que ahora sí tengan prisa.

En este contexto, el portavoz de Compromís de las Corts Valencianes, Joan Baldoví, considera que “habrá que hablar con quienes se creen las instituciones”, excluyendo a la formación de ultraderecha Vox, socios del PP, del futurible acuerdo. Baldoví asegura que “Compromís no votará a un candidato de Vox” en los órganos consultivos, remitiéndose además a los antecedentes de la formación ultra en los altos cargos. El parlamentario valencianista considera que Vox “será el que no va a estar” en el acuerdo “si es coherente con todo aquello que dice”, en referencia a su posición contraria al Estado autonómico.

Los valencianistas han planteado al PSPV una negociación conjunta de los entes estatutarios, aunque aún está en fase embrionaria. Además, reprochan al PP que “no tenía ninguna prisa cuando era preceptiva su renovación” y ha señalado que “siempre le choca su hipocresía y desfachatez” a la hora de “hablar de las renovaciones cuando ”las ha impedido hace apenas unos meses y siguen impidiéndolas en el estado español“.

Los estudiantes que han sido excluidos del Abono Transporte Joven, mediante el cual los jóvenes menores de 30 años pueden viajar ilimitadamente en el transporte público de la isla de Tenerife, ha elevado su queja al Diputado del Común y al Consejo de la Juventud de Canarias (CJC) para tratar de encontrar una solución “cuanto antes” y puedan beneficiarse de este abono, al igual que ya hacen los estudiantes de La Gomera y El Hierro.

Un año después de la implantación en Tenerife del Abono Transporte Joven, los jóvenes de las islas de La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria residentes en Tenerife por motivos académicos siguen sin poder beneficiarse de este abono por no estar empadronado en algún municipio de la isla.

En cambio, los estudiantes empadronados en La Gomera y El Hierro, fruto de un acuerdo entre ambos Cabildos, sí puede beneficiarse de dicho abono, sin coste alguno, pues el mismo, con un precio de 40 euros, es asumido por su Cabildo insular, lo cual genera una “clara discriminación” entre la juventud canaria.

Así lo ha afirmado en una nota Anthony Carballo Díaz, estudiante palmero del Grado en Medicina en la Universidad de La Laguna (ULL) e impulsor de la iniciativa de change.org Abono Transporte Joven de Tenerife para toda la juventud canaria en igualdad de condiciones.

Anthony Carballo ha explicado que esta iniciativa “ya ha logrado un total de 2.161 firmas, entregadas hace nueve meses sin obtener respuesta del Cabildo”, por lo que ha elevado sus reivindicaciones al Diputado del Común y al Consejo de la Juventud de Canarias, a fin de que intermedien con las administraciones insulares para que se resuelva el asunto al inicio del próximo curso.

También ha querido recordar que los responsables políticos del Cabildo de Tenerife “dieron su compromiso de alcanzar acuerdos con las otras corporaciones insulares para que el estudiantado del resto de las islas pudiera beneficiarse del Abono Joven, lo cual sigue sin materializarse”.

El portavoz de la iniciativa espera que esta nueva medida “solucione de una vez por todas esta injusticia para con el estudiantado del resto de las islas”. Carballo aclaró que no pretenden “que se les regale nada, sino igualdad de condiciones con respecto al estudiantado tinerfeño”. También señala que, en las principales ciudades del país, como Madrid, “no es requisito el empadronamiento en el lugar para disfrutar de este tipo de abonos de transporte, los cuales son mucho más económicos que el implantado en Tenerife”.

Así, se han establecido contactos con el Consejo de la Juventud de Canarias, a través de su recién elegido presidente, el también palmero Daniel Tovar, quedando a la espera de sus próximas reacciones para solucionar este asunto “cuanto antes” por el bien de la juventud canaria.

El Consell Jurídic Consultiu valenciano encargó la dirección de la obra 'Comentarios a la Constitución Europea', publicada en 2004, al director del máster de Cristina Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, tratándose a la vez de una de las mayores publicaciones realizadas por el órgano valenciano con cerca de 5.000 páginas divididas en tres volúmenes.

Este encargo se produjo durante el periodo de gobierno de Francisco Camps, conforme ha avanzado la Cadena SER, apuntando también que de los 150 especialistas que participaron en la redacción del trabajo una treintena pertenecían a la Universidad Rey Juan Carlos, situada también en el epicentro de la polémica, y entre llos algunos también que se han visto afectados por el escándalo del máster de la presidenta de la Comunitat de Madrid.

En la introducción de la obra la realizó el entonces presidente del CJC, Vicente Garrido, quien en su texto explica que “con motivo del XXV Aniversario de nuestra Carta Magna, el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana acogio con ilusión y entusiamo la iniciativa del Profesor Álvarez Conde, destinada a elaborar una obra de Comentarios a la Constitución Europea. Este proyecto contó, desde el primer momento, con el apoyo personal del President de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps Ortiz, que encargó al Consejo la elaboración de aquella”.

Los agradecimientos tambén los realiza Álvarez Conde afirmando que la obra “no habría sido posible sin la intervención de Francisco Camps Ortiz, Presidente de la Generalitat Valenciana, que acogió con entusiasmo nuestra iniciativa. Y prestó todo su esfuerzo para que se hiciese realidad”. También añade los agradecimientos Garrdo afirmando que “quisiera agradecer el indispensable apoyo institucional prestado por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y, muy especialmente, por su Presidente, Vicente Garrido Mayol, quien aportó desde el primer momento su esfuerzo y su ilusión por ver este proyecto realizado”.

Entre los nombres de los redactores de diversos capítulos de la obra que señala la Cadena Ser, además de Enrique Álvarez Conde, también está Pedro Gonzalez Trevijano, el entonces rector de la URJC, y ahora miembro del Tribunbal Constitucional; y el catedrático Pablo Chico de la Cámara, uno de los profesores del máster de Cifuentes y que presuntamente pidió el cambio de la nota de la presidenta madrileña.

Cabe recordar que esta no es la única vinculación del gobierno del PP de Francisco Camps con Álvarez Conde, ya que el Instituto Universitario de Derecho Público de la URJC que encabeza el mismo director del master, recibió 30.000 euros en 2008 del Gobierno de Camps por un convenio de colaboración “para actividades en el ámbito de bienestar social”. El acuerdo se sustanció en un seminario coorganizado con la Universitat de València en el que estuvieron como ponentes el propio Álvarez Conde y la secretaria de la tesis doctoral de Francisco Camps, la doctora Rosario Tur, con quien le une una estrecha relación.  

El Ayuntamiento de Elche ha pedido este lunes al que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que deje su cargo en el Consell Juridic Consultiu.

La petición llega después de que las Corts Valencianes aprobaran el pasado jueves una iniciativa similar como respuesta a las revelaciones del exsecretario general del PP, Ricardo Costa, quien lo situó en el centro de la trama Gürtel en el juicio que está teniendo lugar en la Audiencia Nacional.

Y como en sede parlamentaria, en el consistorio ilicitano también ha sido Compromís la que ha elevado la moción, en este caso vía urgencia. En su exposición, la portavoz del grupo Mireia Mollà ha esgrimido que “bajo el mandato de Camps hay más dirigentes populares imputados que en toda la historia de la política valenciana”. Según Mollà. el sueldo del expresident y los privilegios que le corresponden tienen un coste de 140.000 euros anuales.

Por ello, la también diputada autonómica ha reclamado que el Ayuntamiento no solo dé respaldo a las medidas para “recuperar el dinero desviado en casos de corrupción”, si no que el municipio inste a les Corts a mejorar la Ley del Estatut de Expresidents con la intención de “regular mecanismos de retirada de esta condición de aquellas personas que incurran en actos y comportamientos que pongan en riesgo la dignidad y honorabilidad de las instituciones valencianas”.

El Partido Popular, en su explicación de voto, ha defendido la abstención al entender que, “por la forma de presentación de esta moción”, no han tenido la posibilidad de “tener el tiempo suficiente para estudiarla”. Su portavoz adjunto, Vicente Granero, cree que lo que se ha pretendido es “hacer espectáculo para atacar al PP”.

Las Corts Valencianes debatirán este jueves sobre la reprobación del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y le exigirán su dimisión del Consell Jurídic Consultiu por su implicación en la financiación ilegal del PP. Camps ha sido señalado por empresarios y por el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, como responsable de la corrupción del partido.

A propuesta de Compromis y con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, la Cámara pedirá al expresident que abandone el cargo en el organismo estatutario por el que cobra más de 57.000 euros al año.

Tras las negociaciones desde primera hora de la mañana, El Grupo Popular ha accedido este martes a firmar la tramitación de la proposición no de ley urgente. Sin la firma de todos los grupos, la propuesta habría caído al siguiente pleno.

El PP pedía a cambio que el resto de grupos accedieran a firmar un escrito similar para la reprobación de Carmen Montón y todo su equipo en la Conselleria de Sanidad, punto al que el resto de grupos no han accedido. Sin embargo, ha planteado una enmienda a esta PNL urgente, aunque los letrados de la cámara no se han pronunciado todavía sobre si se pueden enmendar estas iniciativas, en la que borra todo rastro de Francisco Camps del escrito. En el texto de los populares se pide sustituir la iniciativa original por una reforma del Consell Jurídic Consultiu y del Estatuto de Expresidentes para “despolitizar” los nombramientos.

Adela Pedrosa: “Las destartaladas acusaciones no se sostienen”

La expresidenta del PP valenciano Adela Pedrosa ha emitido un escueto comunicado en el que señala a Ricardo Costa como un mentiroso y defiende que “las destartaladas acusaciones del señor Costa contra mi persona no se sostienen en nada”.

Todo apunta a que las Corts reclamarán al expresident Francisco Camps que abandone el Consell Jurídic Consultiu (CJC) después de ser el más señalado por los implicados de la trama Gürtel. La propuesta urgente presentada por Compromís debería tener el apoyo de PSPV, Podemos y Ciudadanos que ya se han manifestado en este sentido, y ahora tienen la oportunidad de certificarlo en el parlamento valenciano.

La propuesta de Compromís reclama la renuncia de Camps como miembro del CJC así como de sus privilegios que recoge el Estatut de Espresidentes, entre los cuales estaría cobrar 58.000 euros anuales hasta 2026, durante los quince años tras dejar la presidencia que le corresponden, además de coche oficial, chófer y secretaria personal, todo a cargo del erario público.

La propuesta también incluye dar apoyo a todas las medidas que tengan por objetivo recuperar el dinero desviado en casos de corrupción, así como reformar el Estatut de Expresidentes para “regular mecanismos de retirada de esta condición a aquellas personas que incurran en actos y comportamientos que no pongan en riesgo la dignidad y honorabilidad de las instituciones valencianas”.

Apoyo de PSPV, Podemos y Cs

Todos los partidos en las Corts en algún momento durante los últimos días ya se han pronunciado en el mismo sentido de reclamar la salida de Camps del CJC. Así PSPV y Podemos lo reclamaron tras las primeras confesiones al abrirse el caso y este martes lo pedía Ciudadanos.

El portavoz en las Corts del PSPV, Manolo Mata, reclamó la “dimisión inmediata por responsabilidad política y por respeto a los valencianos” de Camps del CJC ya que, “al margen de las condenas judiciales ha quedado demostrada su vinculación con una trama corrupta que ya todo el mundo reconoce que se creó para financiar ilegalmente a su partido y sus propias campañas electorales”. Pidió así al expresident que “analice y piense el daño que está haciendo a la institución y reflexione sobre su continuidad”.

Por su parte el portavoz de Podemos, Antonio Estañ, pidió la dimisión de Camps del mismo organismo “no solo porque entendemos que es una falta de dignidad que siga presente, sino por construir mecanismos para que ese terrible legado no pueda volver y también en ser capaces diseñar proyecto Comunitat que no vuelva a ser presa de saqueadores”.

Mari Carmen Sánchez, portavoz de Ciudadanos en las Corts se pronuciaba ya directamente sobre la propuesta de Compromís asegurando que “el expresidente Francisco Camps no es una persona digna para formar parte de ninguna institución pública”. Añadía que “si la propuesta es viable y tiene solidez jurídica, desde Cs votaremos de forma responsable y justa, porque, desde luego, a ningún valenciano le gusta lo que está pasando con el expresidente y con el PP, que ha hecho de la corrupción su bandera”.

Aquest dimecres declara qui va ser número dos de Francisco Camps en el PPCV, Ricardo Costa, com acusat en el judici que se segueix en l'Audiència Nacional pel finançament il·legal del PP valencià dins del cas Gürtel, i ho fa enmig de la tempesta provocada per les confessions la passada setmana dels nou empresaris que han confirmat els pagaments en 'b' i els capitosts de la trama corrupta, Francisco Corretja, Pablo Crespo i Álvaro Pérez 'El Bigotes', el qual va assegurar que era l'expresident de la Generalitat qui donava el vistiplau al finançament il·legal.

Es dóna la circumstància que Camps, que a més d'estar sent esguitat per Gürtel -malgrat que no pot ser jutjat per la causa que està dirimint-se en l'Audiència Nacional- està imputat pel cas Valmor per l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 a València, cobra un sou públic com a membre nat del Consell Jurídic Consultiu. Concretament, l'excap del Consell percep uns 58.000 euros bruts anuals, equiparable als emoluents d'un conseller o un secretari autonòmic.

Tal com recorda el portal sueldospublicos.com, Francisco Camps rep 14 pagues anuals: Una mica més de 4.100 euros al mes, excepte al juny i desembre, que cobra paga doble. A més, disposa de despatx propi a la seu del Consell Jurídic Consultiu, cotxe oficial amb xofer permanent (amb un salari pròxim als 34.000 euros anuals) i secretària personal (al voltant de 48.000 euros l'any). Tots dos són càrrecs de lliure designació per part de Camps pagats per la Presidència de la Generalitat.

Segons l'estatut dels expresidents, aquests tenen dret a ser membres nats del Consell Jurídic Consultiu -i disposar d'aquests privilegis- durant un període de 15 anys, per la qual cosa Camps, que va deixar la Presidència de la Generalitat al juny de 2011 arran del cas dels vestits, podrà continuar gaudint dels seus privilegis fins a 2026. La situació de Camps contrasta amb la dels seus predecessors, Eduardo Zaplana i Joan Lerma, i el seu successor, Alberto Fabra, que no estan en el Consell Jurídic Consultiu (Lerma i Fabra són actualment senadors).

Peticions de dimissió

Compromís plantejarà la setmana vinent en les Corts, arran de les revelacions de Gürtel, que la Cambra valenciana reclame la dimissió de Camps en el Consell Jurídic Consultiu. La coalició valencianista pretén que una gran majoria del Parlament autonòmic puga suspendre el tractament d'expresident a persones “que van decidir servir-se i servir al seu partit corruptament en lloc de servir a la societat valenciana”.

PSPV-PSOE i Podemos també van reclamar fa uns dies que Camps abandonara el Consell Jurídic Consultiu de manera “immediata”.

Este miércoles declara el que fuera número dos de Francisco Camps en el PPCV, Ricardo Costa, como acusado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la financiación ilegal del PP valenciano dentro del caso Gürtel, y lo hace en medio de la tormenta provocada por las confesiones la pasada semana de los nueve empresarios que han confirmado los pagos en 'b' y los cabecillas de la trama corrupta, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', quien aseguró que era el expresident de la Generalitat quien daba el visto bueno a la financiación ilegal.

Se da la circunstancia de que Camps, que además de estar siendo salpicado por Gürtel -pese a que no puede ser juzgado por la causa que está dirimiéndose en la Audiencia Nacional- está imputado por el caso Valmor por la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, cobra un sueldo público como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu. Concretamente, el exjefe del Consell percibe unos 58.000 euros brutos anuales, equiparable a los emolumentos de un conseller o un secretario autonómico.

Tal y como recuerda el portal sueldospublicos.com, Francisco Camps recibe 14 pagas anuales: Algo más de 4.100 euros al mes, excepto en junio y diciembre, que cobra paga doble. Además, dispone de despacho propio en la sede del Consell Jurídic Consultiu, coche oficial con chófer permanente (con un salario próximo a los 34.000 euros anuales) y secretaria personal (alrededor de 48.000 euros al año). Ambos son cargos de libre designación por parte de Camps pagados por la Presidencia de la Generalitat.

Según el estatuto de los expresidentes, éstos tienen derecho a ser miembros natos del Consell Jurídic Consultiu -y disponer de estos privilegios- durante un periodo de 15 años, por lo que Camps, que dejó la Presidencia de la Generalitat en julio de 2011 a raíz del caso de los trajes, podrá continuar disfrutando de sus privilegios hasta 2026. La situación de Camps contrasta con la de sus predecesores, Eduardo Zaplana y Joan Lerma, y su sucesor, Alberto Fabra, que no están en el Consell Jurídic Consultiu (Lerma y Fabra son actualmente senadores).

Peticiones de dimisión

Compromís planteará la próxima semana en las Corts, a raíz de las revelaciones de Gürtel, que la Cámara valenciana reclame la dimisión de Camps en el Consell Jurídic Consultiu. La coalición valencianista pretende que una gran mayoría del Parlamento autonómico pueda suspender el tratamiento de expresident a personas “que decidieron servirse y servir a su partido corruptamente en lugar de servir a la sociedad valenciana”.

PSPV-PSOE y Podemos también reclamaron hace unos días que Camps abandonara el Consell Jurídic Consultiu de manera “inmediata”.

El PSPV y Podemos han insistido en reclamar que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps que deje el Consell Juridic Consultiu (CJC), mientras que Compormís y Cs han instado al PP a “devolver el dinero robado” a los valencianos en la trama Gürtel.

Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha subrayado que su formación ya ha pedido perdón y ha tomado “medias complicadas y difíciles” y asumido responsabilidades políticas.

Así lo han indicado los portavoces de las formaciones políticas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics al ser preguntado por el inicio del juicio de la trama Gürtel que investiga la presunta financiación ilegal del PPCV en los procesos electorales de 2007 y 2008.

Al respecto, el síndic del PSPV en las Corts, Manolo Mata, ha pedido la “dimisión inmediata por responsabilidad política y por respeto a los valencianos” de Camps del Consell Jurídic Consultiu ya que, como ha señalado, “al margen de las condenas judiciales ha quedado demostrada su vinculación con una trama corrupta que ya todo el mundo reconoce que se creó para financiar ilegalmente a su partido y sus propias campañas electorales”.

“Los socialistas hemos conseguido demostrar diez años después que la X de Gürtel era Camps y al margen de lo que digan los jueces debe entender que priman las responsabilidades políticas”, ha apuntado Mata tras recordar que “además de su vinculación directa en Gürtel también está investigado en Valmor”.

Ha indicado que las declaraciones realizadas hasta ahora confirman que hubo “una trama corrupta utilizó las instituciones para conseguir dinero público con el que el PP compitió desleal e irregularmente en los procesos electorales de 2007 y 2008” y ha pedido a Camps que “analice y piense el daño que está haciendo a la institución y reflexione sobre su continuidad”.

“Camps representa una época que tenemos que liquidar y sería necesario que abandonara cualquier responsabilidad vinculada con la administración valenciana”, ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha manifestado que tenían ganas de que comenzara el juicio para “aclarar lo que hizo el PP durante sus 20 años de gestión en el gobierno valenciano”. “Esto es un juicio a toda una época, a todo un modelo de gestión que practicaba el PP y que sigue siendo su modelo y esperamos que, además, de dirimir responsabilidades políticas y penales, que salgan multas al PP para que devuelva el dinero que nos robaron a los valencianos”, ha subrayado.

En similares términos se ha pronunciado el portavoz adjunto de Cs, Juan Córdoba, quien ha subrayado que el PP debe pedir perdón a los valencianos y devolver el dinero “de manera particular y colectiva”.

Desde Podemos, su secretario general Antonio Estañ ha considerado que es un juicio a “toda una época y todo un sistema de gobierno que estaba incrustado en nuestras instituciones y que hacia funcionar al PP como un partido pantalla para saquear el dinero público”.

“Tenemos no solo echarles, y ahí nuestra petición de dimisión de Camps del CJC porque entendemos que es una falta de dignidad que siga presente, sino por construir mecanismos para que ese terrible legado no pueda volver y también en ser capaces diseñar proyecto Comunitat que no vuelva a ser presa de saqueadores”, ha reivindicado.

PP: “he os asumido responsabilidades”

Bonig ha subrayado que el PPCV ya ha pedido perdón y ha tomado “medias complicadas y difíciles” y, además, “respeta la actuación judicial” como lo hace en el caso de CiU, de los ERE en Andalucía.“Hemos asumido responsabilidades políticas, hemos tomado medidas porque ya no ocupan ningún cargo institucional y ninguno en el partido y están en sede judicial. Dejemos actuar a los jueces con imparcialidad y objetividad”, ha subrayado

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha emès un dictamen en el qual rebutja la demanda de 25 milions d'euros de l'empresa Litoral del Este -mercantil vinculada al València CF- per l'anul·lació del programa d'actuació integrada (PAI) de Porxinos en el qual es preveia la construcció de 2.700 habitatges, un camp de golf i una ciutat esportiva sobre una àrea de 1’2 milions de metres quadrats del terme municipal.

El dictamen d'aquest òrgan consultiu assenyala que la petició del València CF “no compleix cap de les premisses necessàries per a la seua estimació ja que ni ens trobem davant un dany real i efectiu en els termes exigits per la llei, ni, en conseqüència, l'anul·lació de l'instrument de planejament ha generat una minoració en un dret d'aprofitament que mai va arribar a tenir”.

Els plans del València de dur a terme aquest programa urbanístic van ser fruit d'un conveni entre l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, encapçalat per l'ex alcalde Francisco Tarazona (PP), i l'empresa Litoral del Este en el qual les arques municipals van rebre 20 milions d'euros com a compensació per la requalificació dels terrenys considerats com no urbanitzables de protecció agrícola.

No obstant açò, primer una sentència del Tribunal Superior de Justícia d'abril de 2013 i una posterior del Suprem de juny de 2015 van declarar nul el pla parcial i l'homologació del projecte urbanístic en considerar que no existien suficients recursos hídrics com posava de manifest un informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), a més de que no es van respectar les condicions que imposava la declaració d'impacte ambiental respecte del paratge adjacent de les Rodanes i, finalment, l'adjudicació de la urbanització es va realitzar “a dit” i “sense la necessària oferta pública”.

Malgrat el revés judicial, Litoral del Este va tornar a tramitar un nou pla que va presentar en l'Ajuntament de Riba-roja de Túria al març de 2016 qui al seu torn va traslladar a la Generalitat Valenciana com a administració pública competent per a dictaminar sobre aquest tipus de projecte urbanístics.

La Comissió d'Avaluació Ambiental de la Generalitat va rebutjar a l'abril passat la tramitació del nou pla perquè aquest triplicava els límits de creixements previstos a Riba-roja de Túria. A més, al setembre la Conselleria de Medi ambient ha ampliat l'àrea de protecció del pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) del Túria en el qual el paratge de Porxinos quedarà inclòs en la denominada interfase 1 com a zona forestal i agrícola no urbanitzable, per tant, el PAI és inviable.

El Consell Jurídic Consultiu subratlla en el seu raonament que “tampoc s'ha demostrat que se li haja privat de dret algun, generador de la responsabilitat de l'administració” i desestima la demanda del València “per no trobar-se en els suposats indemnizatorios previstos” i perquè “no concorre el supòsit de causalitat entre l'actuació dels òrgans d'urbanismes i els danys al·legats per la mercantil reclamant, sense que tampoc s'hagen acreditat”.

El dictamen d'aquest organisme s'afig a l'informe jurídic que el propi Ajuntament de Riba-roja de Túria va encarregar i en el qual s'assenyalava que l'actual equip de govern ha complit “escrupolosament” el conveni signat en el seu moment entre el consistori i l'empresa promotora en el qual l'administració local es comprometia a tramitar un nou pla urbanístic, tal com va realitzar a l'abril de 2016.

L'equip de govern de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria -format pel PSPV, Compromís i Esquerra Unida- han afirmat que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu “avala plenament l'actuació que hem portat en aquesta legislatura per preservar els interessos dels nostres veïns davant el risc i els problemes ambientals i econòmics que es podrien derivar d'un PAI del que ja se li va advertir a l'anterior alcalde del Partit Popular qui va fer cas omís”.

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha emitido un dictamen en el que rechaza la demanda de 25 millones de euros de la empresa Litoral del Este -mercantil vinculada al Valencia CF- por la anulación del programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos en el que se preveía la construcción de 2.700 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva sobre un área de 1’2 millones de metros cuadrados del término municipal.

El dictamen de este órgano consultivo señala que la petición del Valencia CF “no cumple ninguna de las premisas necesarias para su estimación puesto que ni nos encontramos ante un daño real y efectivo en los términos exigidos por la ley, ni, en consecuencia, la anulación del instrumento de planeamiento ha generado una minoración en un derecho de aprovechamiento que nunca llegó a tener”.

Los planes del Valencia de llevar a cabo este programa urbanístico fueron fruto de un convenio entre el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona (PP), y la empresa Litoral del Este en el que las arcas municipales recibieron 20 millones de euros como compensación por la recalificación de los terrenos considerados como no urbanizables de protección agrícola.

Sin embargo, primero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de abril de 2013 y una posterior del Supremo de junio de 2015 declararon nulo el plan parcial y la homologación del proyecto urbanístico al considerar que no existían suficientes recursos hídricos como ponía de manifiesto un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), además de que no se respetaron las condiciones que imponía la declaración de impacto ambiental respecto del paraje colindante de les Rodanes y, por último, la adjudicación de la urbanización se realizó “a dedo” y “sin la necesaria oferta pública”.

A pesar del revés judicial, Litoral del Este volvió a tramitar un nuevo plan que presentó en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en marzo de 2016 quien a su vez trasladó a la Generalitat Valenciana como administración pública competente para dictaminar sobre este tipo de proyecto urbanísticos.

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat rechazó en abril pasado la tramitación del nuevo plan porque éste triplicaba los límites de crecimientos previstos en Riba-roja de Túria. Además, en septiembre la Conselleria de Medio Ambiente ha ampliado el área de protección del plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria en el que el paraje de Porxinos quedará incluido en la denominada interfase 1 como zona forestal y agrícola no urbanizable, por tanto, el PAI es inviable.

El Consell Jurídic Consultiu subraya en su razonamiento que “tampoco se ha demostrado que se le haya privado de derecho alguno, generador de la responsabilidad de la administración” y desestima la demanda del Valencia “por no hallarse en los supuestos indemnizatorios previstos” y porque “no concurre el supuesto de causalidad entre la actuación de los órganos de urbanismos y los daños alegados por la mercantil reclamante, sin que tampoco se hayan acreditado”.

El dictamen de este organismo se añade al informe jurídico que el propio Ayuntamiento de Riba-roja de Túria encargó y en el que se señalaba que el actual equipo de gobierno ha cumplido “escrupulosamente” el convenio firmado en su momento entre el consistorio y la empresa promotora en el que la administración local se comprometía a tramitar un nuevo plan urbanístico, tal y como realizó en abril de 2016.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- han afirmado que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu “avala plenamente la actuación que hemos llevado en esta legislatura por preservar los intereses de nuestros vecinos ante el riesgo y los problemas ambientales y económicos que se podrían derivar de un PAI del que ya se le advirtió al anterior alcalde del Partido Popular quien hizo caso omiso”.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha nombrado a Margarita Soler Sánchez presidenta del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana, según recoge el decreto que publica este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat y que lleva fecha de 3 de octubre.

Así, este miércoles han tomedo posesión en el Palau de la Generalitat los tres miembros del CJC que fueron elegidos el pasado miércoles por las Corts Valencianes después de varios meses de bloqueo por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios.

Esos tres consejeros son el abogado Enrique Fliquete (propuesto por el PP y que ya es consejero), el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València Joan Carles Carbonell (a propuesta de Podemos) y la jurista María del Carmen Pérez (presentada por Ciudadanos), y se unen a los tres que el Consell nombró hace casi un año.

Los tres consejeros de este órgano consultivo de la Generalitat nombrados por el Consell, que tomaron posesión del cargo el pasado 25 de octubre, son Margarita Soler Sánchez, Asunción Ventura Franch y Faustino de Urquía Gómez.

La ley de creación del CJC establece que, una vez completada la renovación de este órgano, corresponde al president de la Generalitat nombrar a la persona que ejerza la presidencia.

La nueva presidenta del CJC es licenciada en Derecho y doctora por la Universitat de València, ha trabajado en el Ministerio de Educación y ya formaba parte del CJC antes de ser nombrada consejera por el Consell, aunque lo era por designación de Les Corts.

Soler sustituye a José Díez Cuquerella, quien ha ejercido como presidente en funciones desde hace once meses, después de que acabara el mandato de Vicente Garrido.

Ha costat un any de negociacions i uns quants canvis de noms proposats, però aquest dijous les Corts han elegit els tres nous consellers del Consell Jurídic Consultiu.

La renovació de l’òrgan estatutari que assessora l’executiu autonòmic va començar de manera parcial l’octubre del 2016, quan el Consell va designar els tres membres sobre els quals tenia potestat: Asunción Ventura, Faustino de Urquía i Margarita Soler. Els tres restants corresponien a les Corts i havien de ser-ne elegits per majoria qualificada (almenys tres cinquenes parts de la cambra: 60 vots).

Aquest requisit implicava la necessitat de negociar entre els cinc grups per a obtenir els vots. PSPV i Compromís, partits representats també en el Consell, van estimar deixar a les mans de Podem, PP i Ciutadans l’acord per a escollir els membres que hi faltaven i que el CJC respectara així la representació parlamentària. La seua condició va ser que l’elecció contribuïra a tenir un òrgan paritari, de manera que un dels tres grups hauria de proposar-hi una dona.

La condició es va manifestar una vegada començades les negociacions, en què cap dels tres grups havia proposat cap dona. Els candidats inicials van ser Rubén Martínez Dalmau (per Podem), Enrique Fliquete (PP) i José María Tomás y Tío (Ciutadans). Cap no va voler fer marxa enrere i canviar el candidat per una candidata. Per a més inri, els populars havien manifestat el seu veto al candidat de Podem perquè era membre de la Fundació CEPS, una organització que entre, altres coses, va prestar assessorament al govern veneçolà, demonitzat pel PP.

Amb el canvi de portaveu en Ciutadans, Mari Carmen Sánchez va decidir revisar l’estratègia del partit i plantejar Maria del Carmen Pérez Cascales com a consellera. Atesa la tardança en la renovació, el candidat de Podem (Martínez Dalmau) va anunciar que es retirava perquè havia adquirit altres compromisos i en el seu lloc es va proposar Joan Carles Carbonell dimarts passat.

D’aquesta manera, el CJC presenta la composició següent: Enrique Fliquete, Joan Carles Carbonell, María del Carmen Pérez Cascales, Margarita Soler, Asunción Ventura i Faustino de Urquía.