La polémica cena de gala que, el jueves 17, se celebró en plena calle en Sevilla y obligó a cerrar la plaza Virgen de los Reyes (a los mismos pies de la Giralda) no sólo sigue dando que hablar desde el punto de vista político, sino que ya ha acabado ante el juez. El encargado de dar este paso ha sido el partido Iustitia Europa, que ha presentado una denuncia en un juzgado de Sevilla en el que apunta a delitos de prevaricación administrativa y malversación por un acto que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense financiaron con 36.000 euros y al que acudieron el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el alcalde, José Luis Sanz.

El evento celebraba los XX Premios Escaparate, organizados por la revista del mismo nombre y que ha generado una ola de críticas ciudadanas. Iustitia Europea denuncia al Consistorio y a Contursa (la empresa municipal de gestión turística) y a la Consejería de Turismo por dar los permisos administrativos y aportar dinero público, además de incluir también a la Diputación de Sevilla. En este último caso, lo hace en base a informaciones publicadas según las cuales cedió la Casa de la Provincia como camerino para los artistas que actuaron en la gala, extremo rotundamente desmentido por la institución provincial.

La denuncia se formula “contra quienes resulten responsables”, por lo que solicita que la instrucción determine la intervención concreta de “autoridades, funcionarios y responsables públicos”. El partido señala como una de las claves la utilización de la plaza Virgen de los Reyes, “respecto de la cual la ordenanza municipal establece una prohibición específica para determinados eventos”, a lo que se une que el Ayuntamiento asumió la condición de organizador o coorganizador y solicitó la ocupación de este espacio.

Fondos de Junta y Ayuntamiento

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha criticado que “el dinero público no es del PP, del PSOE ni de Vox”, sentido en el que apunta hacia las tres administraciones: Consistorio (gestionado por el PP), Consejería de Turismo (que controla Vox) y Diputación (en manos del PSOE). A su juicio, los fondos públicos “no están para mariscadas, cenas privadas o galas, es de todos los ciudadanos”, acusando a las cúpulas de las formaciones políticas de “confundir las administraciones con su patrimonio”.

Este partido subraya que la propia delegada municipal de Turismo ha reconocido públicamente que una empresa privada no podía solicitar el uso de la plaza, mientras que el Ayuntamiento sí podía hacerlo. El gobierno local aportó además 14.900 euros más IVA (18.029 euros en total) y la Junta de Andalucía otros 14.900 más IVA, mediante un contrato menor de patrocinio, con lo que la suma conjunta asciende a 36.058 euros.

Respecto de la Diputación, la denuncia se hace en base a informaciones sobre la utilización de la Casa de la Provincia (en la vecina Plaza del Triunfo), en las que el promotor del evento, Mario Niebla del Toro, afirma que la corporación provincial le remitió un contrato que finalmente él no aceptó. En este sentido, la Diputación explica que este espacio fue solicitado por la organización –sin señalar el tipo de evento del que se trataba– como muchas otras peticiones que recibe de todo tipo de asociaciones e instituciones, instándose a la cesión de una sala como vestuario para artistas y de un aseo.

Petición “expresamente denegada”

Al tratarse de una casa palacio, como respuesta se establecieron condiciones de uso “especialmente rigurosas”, apunta la institución: tanto la sala polivalente como el aseo quedarían destinados única y exclusivamente a los artistas, sin que en ningún caso las instalaciones de la Casa de la Provincia pudieran utilizarse como espacio de apoyo general o de acceso para asistentes al evento. La Casa de la Provincia dispone de vigilancia las 24 horas, por lo que se subraya que no era necesario “realizar contrataciones adicionales ni abonar horas extraordinarias de personal de seguridad”.

La Diputación, por cierto, recuerda que el mismo promotor solicitó el año pasado el uso de la iglesia de San Luis de los Franceses (que gestiona la institución provincial) para la celebración de un desfile de modelos en el interior del monumento, petición que fue “expresamente denegada” al conocerse el contenido y características de la actividad propuesta. En todo caso, se insiste en que no ha habido “ni cesión, ni patrocinio, ni colaboración, ni acuerdo” para el uso de la Casa de la Provincia, que no se firmó ningún documento, que la Corporación provincial no figura en ninguna lista de patrocinadores y que no hubo representación institucional.

Por lo que respecta a la denuncia presentada ante el juez, Iustitia Europa solicita la incoación de diligencias previas para esclarecer los hechos, identificar a las personas que intervinieron en las decisiones denunciadas y determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse. La formación ha pedido además que se le notifique el auto de incoación para formalizar su personación como acusación popular y ejercer las acciones que correspondan.

La polémica desatada por la gala privada celebrada el pasado jueves en la Plaza Virgen de los Reyes, a los pies de la Giralda de Sevilla, va camino del salón de Plenos del Consistorio y del Parlamento andaluz, donde la oposición de izquierdas exigirá la factura con el dinero público que ha sufragado esa “cena de lujo” a la que fueron invitados el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, entre los 400 asistentes.

Ambas administraciones, gobernadas por el PP, eran patrocinadores de este evento privado, los 20 años de vida de la revista Escaparate, que se celebró en un espacio público y privilegiado del Casco Antiguo de Sevilla, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La aportación conjunta del Ayuntamiento y de la Junta asciende a 36.000 euros brutos (IVA incluido) a través de ambos contratos menores.

La delegación de Turismo y Cultura adjudicó este contrato a dedo por casi 15.000 euros más IVA a la empresa 'Sevilla por la gracia de dios, S.L'; y la Empresa Pública para la Gestión del Turismo de la Junta, que ahora dirige Vox dentro del Gobierno de coalición de Moreno, adjudicó un contrato similar por la misma cantidad en concepto de “patrocinio” para la XX edición de los premios, según consta en el Portal de Contratación de la Junta (donde también aparecen los contratos de ediciones anteriores).

El director de la revista Escaparata y promotor de la gala y la entrega de premios, Mario Niebla, ha cifrado el coste total del evento en 150.000 euros, según avanzó a el diario El País, de los que en torno al 20% lo habrían pagado el Ayuntamiento y la Junta en calidad de promotores. El evento, al que acudió una nutrida representación de la alta sociedad sevillana, también contaba con el patrocinio de 23 marcas y otras 24 entidades colaboradoras.

Aunque la oposición de izquierdas ha cargado duramente contra ambas administraciones, del PP, lo cierto es que el Ayuntamiento de la capital hispalense ya había sufragado estas galas privadas en ediciones anteriores, también en otros espacios públicos de la ciudad, como la Plaza de San Francisco, próxima a la Giralda, y con la participación y asistencia del exalcalde socialista, Antonio Muñoz.

A Muñoz, que acaba de ser confirmado candidato a las municipales de 2027, le han llovido las críticas por criticar ahora lo que él mismo hizo siendo regidor de Sevilla. El matiz al que se aferran fuentes socialistas es que la ordenanza municipal de ocupación de espacios públicos del Conjunto Histórico prohibe expresamente la ocupación de las plazas Virgen de los Reyes y Virgen del Triunfo para el desarrollo de eventos y actividades, espacios contiguos a la Catedral, los Reales Alcázares y el Archivo General de Indias, monumentos Patrimonio de la Humanidad desde 1987.

Pero el artículo 3 de dicha ordenanza introduce algunas excepciones, como los rodajes cinematográficos o publicitarios, las fiestas tradicionales, los mítines electorales y las “actividades que por sus características (corta duración, carecer de instalaciones o precisar instalaciones de escasa entidad) o por cualquier otra circunstancia concurrente, permitan una previsión razonable de no producir una incidencia relevante sobre el espacio en que tengan lugar o su entorno”, en las que se enmarcaría la polémica cena del jueves.

A preguntas de este periódico, el Consistorio hispalense se negó la semana pasada a aclarar cuánto pagó como “coorganizador” de la cena privada celebrada a los pies de la Giralda, pero este lunes, la concejal de Turismo y Deporte, Angie Moreno, ha confirmado la cifra y explicado que fue la empresa pública municipal de turismo, Contursa, la que propuso el uso de la plaza Virgen de los Reyes como “reconocimiento” a los 20 años de la revista Escaparate.

En términos similares ha justificado su asignación la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, que dirige el vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira. El partido ultraderechista es socio del Gobierno de Juanma Moreno y ha apoyado los presupuestos municipales de Sanz en el Ayuntamiento de Sevilla. Vox no ha cuestionado públicamente la celebración de esta gala privada cofinanciada con fondos públicos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, sí le ha repordado a Gavira, a través de su cuenta en X (antes Twitter), la frase con la que anunció la retirada de subvenciones a sindicatos y ONGs, que recoge el pacto de Gobierno suscrito con Moreno hace tres meses. “Se acabaron las mariscadas a costa de los andaluces”. “El que firma el pago de la cena”, ha añadido Puente.

Niebla aseguró este lunes que la Diputación de Sevilla, que preside el líder del PSOE en la provincia, Javier Fernández de los Ríos, también había colaborado con esta gala privada, “cediendo sus instalaciones próximas a la Plaza del Triunfo como camerinos y aseos para que los músicos que actuaron en el evento”.

Sin embargo, desde la Diputación de Sevilla desmienten categóricamente esta afirmacióin: “La Casa de la Provincia fue solicitada por la entidad interesada, pero no fue utilizada para los Premios Escaparate ni para ninguna actividad relacionada con dicho evento. Las instalaciones cerraron al público a las 21:00 horas y permanecieron cerradas hasta la mañana siguiente, sin que fueran empleadas como vestuario, zona de apoyo logístico ni para ningún otro fin vinculado a los Premios Escaparate. En consecuencia, no hubo uso efectivo alguno de la Casa de la Provincia por parte de la organización ni de los participantes del evento”, sostiene la institución.

La Diputación asegura que desconocía la actividad para la que se solicitó el uso de sus instalaciones como “vestuario para artistas y aseo”. “Por tratarse de una Casa Palacio, se establecieron condiciones de uso especialmente rigurosas: tanto la sala polivalente (SUM) como el aseo quedarían destinados única y exclusivamente a los artistas, sin que en ningún caso las instalaciones de la Casa de la Provincia pudieran utilizarse como espacio de apoyo general o de acceso para asistentes al evento”.

En una ocasión anterior, el mismo promotor de los premios Escaparate solicitó el uso de la Iglesia de San Luis de los Franceses para la celebración de un desfile de modelos en el interior del monumento. Al conocerse entonces el contenido y características de la actividad propuesta, la solicitud fue expresamente denegada.

A la tercera ha ido la vencida: el Ayuntamiento de Sevilla ha logrado todos los permisos para cerrar el expediente que permitirá levantar un nuevo barrio de 700 viviendas en la zona norte de la ciudad, pegado al cementerio de San Fernando. De hecho, tan cerca del mismo que la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ha expresado hasta en dos ocasiones dudas con respecto al proyecto, que el gobierno local del PP ha solventado con una documentación con la que finalmente ha logrado convencer a las autoridades sanitarias de que los hornos crematorios del camposanto no tendrán un impacto negativo en la salud de los futuros residentes.

Los dos informes desfavorables previos se apuntaba que los análisis aportados por la promotora no recogían ciertos contaminantes asociados a la cremación, como dioxinas y furanos. Estas lagunas hacían que “no se puedan descartar a priori efectos crónicos en la salud en la futura población residente así como riesgos derivados del posible incremento de la incidencia por cáncer como consecuencia de la exposición” a estos tóxicos, dudas que Sanidad sí considera ahora que han quedado despejadas.

La promoción en concreto ocupa los suelos de lo que en su día fue la fábrica de Cross San Jerónimo, a caballo entre el polígono industrial de este barrio y Pino Montano, a tiro de piedra del asentamiento chabolista de El Vacie. Ahora, una vez obtenidas todas las bendiciones administrativas, la propuesta se remitirá a la Consejería de Vivienda para que apruebe una operación urbanística que obligará a un cambio del PGOU, para recalificar como urbanizables unos terrenos que ahora tienen la consideración de industriales.

La VPO, a precio casi de vivienda libre

El paso previo ha sido su enésima votación en el pleno municipal, imprescindible para su remisión al Gobierno andaluz. La propuesta salió adelante con el respaldo de PP y Vox, mientras que PSOE y Podemos-IU votaron en contra expresando no sólo dudas ambientales, sino también cargando contra la decisión de reducir a 280, un 60% menos, las VPO de la promoción, que en principio iba a ser íntegramente de pisos protegidos en alquiler.

Para justificar que de repente más de 400 viviendas hayan pasado a ser de renta libre, se esgrimió en el informe de turno que la nueva propuesta “aumenta la ratio de dotaciones de espacios libres y reduce la edificabilidad total”, de 720 a 686 unidades que incluyen las referidas 280 VPO. “Un nuevo pelotazo urbanístico” y “una barbaridad”, apuntó en el pleno la concejal Susana Hornillo (Podemos).

La cosa no ha quedado ahí, ya que el propio expediente urbanístico justifica este volantazo con el argumento de que en la actualidad el encarecimiento del precio medio por metro cuadrado de la VPO hace que las tarifas de los pisos libres se muevan en horquillas que “se enmarcan en el rango de los precios actuales para vivienda protegida”. La venta de estos hogares a precio de mercado, además, son los que permiten afrontar las cargas del correspondiente desarrollo urbanístico.

“Evita la negativa segregación”

De hecho, se llega a apuntar que al proyecto le interesa este cambio radical, ya que “posibilitar la vivienda libre en el ámbito no menoscaba en absoluto la capacidad de acceso a una vivienda, sino que más bien la facilita dadas las menores exigencias para el acceso a una vivienda libre que protegida”. Incluso se ensalza que “la incorporación de vivienda libre a la modificación evita la negativa segregación que puede producir una alta concentración de vivienda protegida”, con la idea de que “son las soluciones mixtas las que resultan más favorables para la convivencia”.

Pero al margen del brusco giro que se le ha dado a este proyecto de urbanización, la madre del cordero ha estado en si la cercanía de los hornos crematorios implica un riesgo para los que serán nuevos vecinos. En la propuesta de los promotores, se recoge que algunas de las viviendas estarán a sólo 120 metros de estas instalaciones.

El gobierno local subraya que, más que poner reparos, las autoridades sanitarias lo que han hecho es reclamar “aclaraciones” y más documentación. Tras informes desfavorables sobre el impacto en la salud que se emitieron en enero y septiembre de 2025, finalmente en enero de 2026 se daba el visto bueno.

La ampliación de los crematorios

“Se valoran positivamente el conjunto de medidas de protección y corrección propuestas”, señala el documento, que considera que las acciones propuestas “garantizarán una adecuada integración ambiental de la actuación”. Así se validó con la publicación en julio en el BOJA de la declaración ambiental estratégica, lo que ha dado pie a su aprobación en el pleno municipal antes de que la Consejería de Vivienda culmine el proceso.

Esto no ha convencido a la oposición de izquierdas, especialmente a Podemos-IU, que por medio de Susana Hornillo denunciaba en el último pleno que el informe aportado por la promotora “no habla de la futura reforma de los crematorios”, que se ampliarán y aumentarán así la emisión de contaminantes. En última instancia, la concejal admitía que no se fía de una autoridad autonómica que ha autorizado nuevos vertidos mineros al Guadalquivir que llevarán al río “85.500 millones de litros de aguas contaminantes”.

El proyecto original para dar uso a una parcela de 101.000 metros cuadrados que llevaba 20 años sin uso fue anunciado por el entonces alcalde socialista, Juan Espadas, en septiembre de 2021, aunque no recibió el visto bueno en sesión plenaria hasta marzo de 2023. Nada más aterrizar el PP, con José Luis Sanz como regidor, negoció con los propietarios del suelo (constituidos en una junta de compensación) una reforma radical de la propuesta que se anunció en diciembre de 2024 como un desbloqueo de la iniciativa.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), se ha encontrado metido en un berenjenal de considerable calibre con una obra que lleva más de un año en marcha, la de la reurbanización de la Plaza Nueva. El detonante ha sido trascender que uno de los espacios más nobles de la capital, a la que se asoma la fachada principal de la casa consistorial, tendrá veladores, lo que ha generado una tormenta ciudaana que este miércoles ha intentado capear argumentando que estas terrazas no ocuparán el espacio central y se ubicarán en los laterales bajo una pérgola.

La Plaza Nueva es de los pocos espacios simbólicos de Sevilla que por ahora se han librado de los veladores, omnipresentes en el paisaje urbano. La revelación de que van a conquistar este enclave ya ha provocado que surja un movimiento que recoge firmas para intentar frenarlo, además de la crítica de la oposición política, lo que ha llevado al regidor a salir el paso para defender que se está acometiendo “la transformación del casco histórico más importante” desde la llegada del tranvía en 2006.

Sanz ha cantado las bonanzas del proyecto, que con una inversión de 4,5 millones de euros hará más grande el espacio central de la plaza (pasará de 88 x 44 metros a 105,7 x 59,4, 10.000 metros cuadrados en total), además de mejorar el arbolado, la solería, el mobiliario y el alumbrado monumental. La Plaza Nueva recupera su esencia, es el mensaje que se lanza machaconamente. En esta zona central, ha insistido, “los niños podrán seguir jugando a la pelota” porque “no habrá ni un solo velador”.

“Tienen derecho” a poner veladores

Pero eso no significa que no los vaya a haber de manera tajante, porque los negocios de la zona (básicamente, los hoteles que se están construyendo) “por ordenanza tienen derecho a pedir licencia de veladores”. El gobierno local del PP, intentando adelantarse a lo que vendrá, regulará lo que se haga con una ordenación singular –una opción que recoge la norma municipal para zonas singulares– y ya avanza que propondrá que las terrazas se ubiquen en una especie de 'L' que abarque el frontal del hotel Inglaterra y una zona junto a la calle Méndez Núñez.

¿Significa esto que el futuro hotel de lujo Four Seasons, que se levantará haciendo esquina con la calle Tetuán, no podrá tener veladores ante su fachada? Pues no, porque le asiste el derecho a ello, otra cosa es que le compense con el espacio que tendrá disponible y los requisitos que se impondrán, básicamente la construcción de una pérgola cuyo coste tendrá que asumir el negocio de turno. Pero con todos estos condicionantes, no se puede descartar que acabe colocando sus mesas y sus sillas (con una estética unificada que impondrá el Ayuntamiento) y por mucho que el regidor reitere que “nadie ha solicitado veladores” hasta la fecha, algo en lo que puede tener mucho que ver que la zona estará levantada hasta antes de Semana Santa.

Sanz considera que la existencia de estos veladores no es ni mucho menos un drama, apelando a que es moneda de uso común en las principales capitales europeas. “No me parece mal, porque no interfiere el espacio central”, ha resumido. Y ha insistido en que no le quitarán espacio al peatón, porque donde se ubicarán “había un bicicletero y un parking de patinetes”, aunque sobre la ubicación exacta de estos elementos se ha producido una cierta confusión.

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes la convocatoria de 318 plazas de empleo público para este año, que entre otras áreas, ampliará en 100 la plantilla de Policía Local y en 46 la de Bomberos. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el alcalde, José Luis Sanz, ha detallado que 245 plazas serán de turno libre y 73 de promoción interna, para garantizar el derecho de la plantilla municipal a “mejorar sus puestos de trabajo”.

De esta manera, la convocatoria contemplará plazas como administrativos, analistas informáticos, educadores sociales, arquitectos, entre otros perfiles, que se planificarán conforme a las jubilaciones y las bajas causadas en plantilla sin suponer ningún tipo de coste a las arcas municipales, salvo las que se crean nuevas.

Las plazas de esta convocatoria serán publicadas por orden de prioridad, sobre todo en materia de seguridad y en materia de administración general, y el Consistorio ha fechado el comienzo del proceso “sobre el mes de mayo o incluso antes”.

“Avance sin precedentes”

En este sentido, Sanz ha calificado la convocatoria como un “avance sin precedentes” por el empleo público y “mejorar la prestación de los servicios municipales que reciben los sevillanos”. “Cuando llegamos hace tres años faltaban convocatorias”, ha añadido, a la vez que ha criticado la situación de “abandono, dejadez, desidia e inacción del anterior gobierno socialista”.

En los últimos tres años, se ha reforzado el servicio de peones con 50 nuevas plazas, así como la estabilización de 786 trabajadores públicos y la culminación de alrededor del 85% de los procesos derivados de la Ley 20/2021 en esta materia.

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha aprobado la adaptación de la plantilla de bomberos a la Ley 2/2023, de Gestión de Emergencias de Andalucía, lo que supondrá una “importante reestructuración” de la plantilla, que ajustará nuevas escalas, grupos y categorías profesionales fijadas por la norma que persigue la actualización y homogeneización del personal de los servicios de incendios y salvamento.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que la rehabilitación integral del Auditorio Rocío Jurado supondrá la concesión del mantenimiento y explotación del recinto por un plazo máximo de 60 años a la empresa adjudicataria, que tendrá que pagar un canon anual mínimo de 400.000 euros, sujeto a un incremento fijo acumulativo del 2% al año.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local en la que se ha aprobado el anteproyecto y el pliego de condiciones para la cubierta y modernización del auditorio, Sanz ha asegurado que estos trabajos, que conllevarán una inversión de más de 40 millones de euros, “no comprometerán ni un solo euro de dinero público”. Esto será posible gracias a que la empresa que resulte adjudicataria estará también encargada de la ejecución, conservación, mantenimiento y posterior reversión del recinto al Ayuntamiento.

Asimismo, ha indicado que dentro del pliego se ha incluido el recinto de conciertos y su plaza de acceso, por lo que las pasarelas sobre el canal de la Expo han quedado fuera de la concesión para “garantizar el uso libre para todos los sevillanos” y ha avanzado que espera que esté licitado “a finales de este año o comienzos de 2027”.

Más de 15.000 espectadores

A continuación, el proyecto entrará en proceso de exposición pública durante 20 días, después de que el Consistorio ya admitiese a trámite el proyecto de renovación integral, el pasado mes de abril, para recuperar el auditorio –diseñado por Eleuterio Población para la Exposición Universal de 1992–, cerrado desde 2023 y objeto de varios incendios en los últimos meses.

El proyecto presentado por Provenue Gestión Instalaciones y Eventos –promotor del Movistar Arena– y Grupo Rusvel contempla una cubierta, que es uno de sus pilares esenciales, así como la ampliación de su aforo hasta los 15.339 espectadores y una mejora de la acústica del auditorio en conciertos y espectáculos.

La propuesta presentada por ambos promotores persigue generar un “espacio multiusos, flexible y adaptativo” en el que se puedan celebrar eventos culturales, deportivos y espectáculos de diversos formatos, contenidos y aforos. Con el nuevo aforo se convertiría en uno de los espacios de estas características de mayor capacidad del sur de España.

En estado de abandono

El Ayuntamiento ha aprobado, por tanto, el proyecto técnico y los pliegos que regirán la futura concesión de un proyecto que en lo que respecta a su cubierta se ha diseñado atendiendo a tres fines primordiales: respetar su diseño original, garantizar su convivencia con el paisaje urbano junto al Guadalquivir y lograr la viabilidad financiera, técnica y urbanística requerida para su ejecución.

Los promotores han considerado que la reapertura de este emblemático edificio impulsaría el turismo, “atrayendo a visitantes nacionales e internacionales” y se “revitalizaría” el entorno en el que se ubica el auditorio, “en evidente estado de abandono”.

En el documento se presta especial atención al impacto económico que tendría en la ciudad. Para ello se esgrime que el Palacio de Deportes de Madrid contribuye en más de 220 millones a la economía de la Comunidad y está vinculado a la generación de más de 2.100 empleos.

Provenue explota, además, el Live Sur Stadium La Cartuja, en Sevilla. Por su parte, Grupo Rusvel, dedicado al sector de la construcción y al desarrollo inmobiliario, alcanzó una cifra de negocio acumulada de 312 millones de euros en los últimos cinco años. Su filial Heliopol ha intervenido en el Palacio de Congresos de Sevilla, el Puerto de Málaga y el Metro de Granada.

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, ha diseñado toda una catarata de rebajas fiscales para 2027, que no hay que perder de vista que es año electoral. Así, se prevé una nueva reducción general del 1% del IBI, descuentos en el impuesto de plusvalías o bonificaciones para las empresas que creen empleo, pero para que todo esto cristalice es básico el entendimiento con Vox, que en estos momentos no está por la labor de llevarse bien con los populares a cuenta de la mezquita del Polígono Sur.

Por lo pronto, el equipo del alcalde José Luis Sanz ha hecho sus deberes, lo que –en palabras del delegado de Hacienda, Juan Bueno– se traduce en elaborar unas ordenanzas fiscales “sin meter la mano en el bolsillo a nuestra gente”. Sevilla ahorra, Sevilla crece es el lema que arropa su propuesta, en la que va por delante una rebaja del 1% del IBI que dejará 1,7 millones de euros “en los bolsillos de los sevillanos”, ampliándose también hasta los 13 años (ahora el límite está en nueve) la reducción al 50% de este mismo impuesto para las familias con una vivienda de protección oficial (VPO).

Al margen de otras rebajas y bonificaciones, el documento inicia su proceso reglamentario, que al margen del preceptivo paso por el Consejo Económico y Social (CESS) conlleva entenderse con algún partido de la oposición (PSOE, Vox o Podemos-IU) porque los 14 concejales del PP se quedan a dos de la necesaria mayoría absoluta. Y ahí es donde se va a encontrar con el verdadero problema, porque su aliado natural –Vox leva dos años aprobándole los presupuestos y las ordenanzas fiscales– no está ahora por la labor.

Sin “asfixiar” al ciudadano

Aquí Juan Bueno, que es el que ha presentado este martes el proyecto fiscal del PP, ha tirado de manual: “mano tendida” y, en última instancia, el que no apruebe su propuesta es que va en contra de la ciudadanía. “Estamos bajando impuestos a los sevillanos, si alguien no quiere que lo diga”, y aquí ha aprovechado para abrir el foco al recordar que la única opción no tiene que llegar de la ultraderecha, de hecho las primeras ordenanzas de Sanz se aprobaron en 2023 gracias al PSOE. “El que no apoye esto, lo tendrá que explicar”, ha incidido.

Bueno ha cantado las bondades de su documento, al que ahora la oposición le pondrá la lupa para incidir en que no es oro todo lo que reluce. El responsable de Hacienda ha cifrado en 12 millones el ahorro fiscal de los últimos tres años y ha subrayado que ha crecido la recaudación, “Sevilla baja impuestos y avanza más”. “Un ayuntamiento no necesita asfixiar económicamente a sus vecinos para avanzar”, ha resumido.

Pero la cuestión es que a priori el PP lo va a tener complicado para sacar adelante su proyecto, en un terreno de juego muy condicionado por las elecciones municipales del próximo 23 de mayo. La izquierda no le va a abrir esta puerta a José Luis Sanz, mientras que Vox ha empezado a marcar distancias este verano con la vista puesta en las urnas, un escenario en el que le ha venido muy bien la polémica de la mezquita. Juan Bueno ha destacado este martes que no hay excusas, porque “el acuerdo presupuestario con Vox se ha cumplido al dedillo”.

Apuesta por la aerotermia y el deporte

Por lo que respecta a las ordenanzas fiscales, y al margen de la reducción general del 1% del IBI, se incluyen cuestiones novedosas, como la reducción de este impuesto y del de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a todos los hogares que instalen equipos de aerotermia o a comunidades o negocios que apuesten por instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos. También se aplicarán “precios hiperreducidos” en el Instituto Municipal de Deportes (IMD) a todo el que su médico le prescriba ejercicio físico.

La rebaja fiscal busca “blindar a las familias de rentas medias”, según Juan Bueno, e incluyen también ayudas para comercios de barrio y autónomos. También obtendrán reducciones en varios impuestos (IBI, ICIO e IAE) las empresas de nueva creación en función del número de trabajadores, o las ya existentes que amplíen su plantilla.

La tasa turística vuelve a escena en Sevilla. El alcalde, José Luis Sanz (PP), ha anunciado que planea solicitar una reunión con el recientemente nombrado vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz, Manuel Gavira (Vox), para trasladarle la “necesidad” de implantar una tasa turística o cualquier otro instrumento similar de financiación extraordinario para la ciudad.

La última vez que Gavira se posicionó sobre esta cuestión fue hace un mes, días antes de ser nombrado vicepresidente de la Junta, y lo hizo para insisstir en el rechazo de su formación a esta medida. Eso sí, anunció su intención de reunirse con el sector para “ver por dónde respira” ahora en relación con este impuesto, al que los empresarios siempre se han opuesto frontalmente.

El alcalde hispalense, por su parte, señala que “todavía no hemos pedido cita porque estábamos esperando a que terminaran los nombramientos, pero le solicitaremos una reunión al vicepresidente y consejero de Turismo y volveré a poner encima de la mesa que creo que mi ciudad necesita la tasa turística. Como la pagamos los sevillanos cada vez que vamos a Roma, Ámsterdam, Venecia o casi cualquier otra ciudad, creo que es importante para Sevilla”, ha remarcado el regidor en una entrevista con Europa Press.

De hecho, Sanz ha insistido en que lo que requiere Sevilla es “un instrumento de financiación extraordinario”. “Llámese tasa, llámese repercusión del IVA que paga el turismo de la ciudad de Sevilla. Me da igual cómo se llame”.

“A lo mejor ciudades como Jaén no necesitan una tasa turística, pero ciudades como Sevilla que reciben casi cuatro millones de visitantes, que demandan servicios y que tienen que rehabilitar y mantener el casco histórico, uno de los más importantes de España, pues sí la necesitan”, ha apostillado.

Destino finalista

El alcalde ha defendido que los recursos obtenidos deberían destinarse de forma finalista, en concreto, o al menos un porcentaje, a actuaciones como la conservación del patrimonio, el refuerzo de servicios públicos especialmente demandados por los visitantes, como la limpieza y la seguridad, la promoción turística de la ciudad o la ejecución de obras en los barrios.

A su juicio, resulta “muy importante” que los sevillanos perciban que los beneficios derivados del turismo revierten directamente en la mejora de la ciudad. “Creo que es muy importante que un vecino salga de la puerta de su casa, del portal de su casa, y vea un cartel de obra y que esa obra lea que está financiada gracias a la tasa turística”, ha añadido al respecto. Además, ha añadido que esta tasa debería contar con el respaldo del sector turístico y consensuarse con sus representantes en cuanto a su recaudación, entre otros asuntos.

Por cierto, que el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha recordado que el propio Sanz votó en contra de una moción presentada para instar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a tomar medidas en este sentido. En concreto, se pedía habilitar el marco legal necesario para que Sevilla pudiera implantar una tasa turística de carácter finalista en diciembre de 2023, petición que obtuvo el 'no' del alcalde y “hoy se despacha diciendo que está a favor”.

Viviendas de uso turístico

Por otro lado, el alcalde ha reiterado su deseo de que la Junta de Andalucía impulse una normativa que permita a los ayuntamientos endurecer las restricciones a las viviendas de uso turístico (VUT) y a los apartamentos turísticos, al considerar que las competencias municipales son actualmente insuficientes.

“Nos gustaría que tuviéramos una ley que nos permitiera ser mucho más restrictivos, porque sigo pensando que en Sevilla no cabe ni una vivienda de uso turístico más, pero llegamos hasta donde nos permite la ley. Ahora estamos estudiando con Vox, porque no tenemos mayoría absoluta y necesitamos esa mayoría para aprobarla”, ha señalado.

No obstante, ha querido recordar que el Ayuntamiento ya aprobó limitar al 10% el porcentaje de licencias de viviendas de uso turístico, una medida acordada con Vox. “Quiero recordar que si no hubiéramos aprobado en Sevilla esa propuesta, en este momento habría casi 500 viviendas de uso turístico más, algo que se ha evitado con esa medida”, ha concluido el alcalde.

El Ayuntamiento de Sevilla, como estaba previsto, ha dado luz verde este martes al proyecto de la gran mezquita en el Polígono Sur y también, como estaba previsto, Vox ha vuelto a reaccionar amagando de nuevo con romper toda relación con el gobierno del alcalde José Luis Sanz (PP). Pero la cosa no ha pasado de ahí, de proclamar que “han perdido la confianza” en los populares, que paralizan toda relación –sin llegar a darla por rota– y que van a presentar un recurso de alzada contra la decisión de Urbanismo, paso previo en unos meses a irse a los tribunales por la vía contencioso-administrativa.

La mezquita ha llevado al límite la relación en el Consistorio hispalense entre PP y Vox, donde son aliados presupuestarios (suscribieron pactos para las cuentas de 2025 y 2026) y donde los de Santiago Abascal se han convertido en la llave para que Sanz apruebe numerosas iniciativas en el pleno municipal. El deterioro de esta luna de miel se enmarca entre dos hitos, la reciente alianza PP-Vox en la Junta de Andalucía y la inminencia, en 2027, de la celebración de elecciones municipales y generales, en las que ambos partidos pugnan por un mismo sector del electorado.

El gobierno del PP ya había anunciado que la iniciativa de la Fundación Mezquita de Sevilla sería aprobada este martes tras rechazar las alegaciones urbanísticas presentadas por la formación de ultraderecha. En los informes elaborados para dilucidar estas reclamaciones, Urbanismo concluye que “la administración está obligada a dictar resolución expresa de otorgamiento cuando los informes técnico y jurídico son favorables”, como es el caso de este proyecto privado. “La administración carece de discrecionalidad”, apostilla, lo que ha secundado el propio Sanz este martes: “No cruzaré la línea de violar la ley”.

Frenarla como sea

Por su parte, Vox insiste en frenar de cualquier manera esta construcción en el Polígono Sur, que presenta como el primer paso para “islamizar toda Sevilla”. Al no atender el alcalde su petición de encargar un nuevo informe sobre la licencia, esta vez a los servicios jurídicos municipales y no a los de Urbanismo, la formación de ultraderecha ha dado un primer paso para visualizar su malestar: la suspensión de la comisión de seguimiento del pacto presupuestario, cuya convocatoria había solicitado recientemente y que se iba a celebrar este miércoles.

Para escenificar su malestar con el PP, en la sede del grupo municipal han comparecido concejales y parlamentarios de Vox, entre los que estaba su portavoz en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, que minutos antes subió en X un mensaje con una imagen generada con inteligencia artificial del alcalde con ropaje musulmán. “El PP de Sevilla aprueba definitivamente la islamización del Polígono Sur y de los barrios que lo rodean”, denunciaba, aunque en el acto descartó consecuencias más allá del ámbito local porque “son dos mundos diferentes y así lo vamos a tratar”.

De todos modos, Vox parece dispuesto a jugar con los tiempos, ya que no ha querido elevar su malestar a definitivo dando por roto el pacto o incluso las relaciones con el PP. Eso sí, considera que “el alcalde se ha posicionado en contra de los vecinos” y ha sembrado dudas sobre la “intención real” del proyecto, su financiación y el “oscurantismo” con el que se ha tramitado. Como colofón, otro amago sin llegar a concretar de manera rotunda: “Es casi imposible mantener a un gobierno que le pone la alfombra roja a un centro de islamización”.

Concejales y parlamentarios del partido de ultraderecha acudieron a la concentración de este lunes en la que varias decenas de personas expresaron su rechazo a la mezquita, y en la que se dejaron ver varios miembros de la formación neonazi Núcleo Nacional. El portavoz municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha asegurado este martes que no saben quién convocó la protesta, y ha llegado a defender que la presencia de neonazis será “responsabilidad” del resto de partidos si insisten en “promover la islamización”.

“Ni he prevaricado nunca ni lo voy a hacer”

El alcalde, José Luis Sanz, ha acudido por su parte a un acto de vivienda pertrechado con un ejemplar de la Constitución, que ha exhibido cuando ha sido preguntado por esta cuestión para recordar que su artículo 16 habla de la libertad de culto. “Cuando gobiernen en Madrid, si gobiernan alguna vez, que se plantee cambiar, entre otras cosas, esta Constitución”, ha esgrimido, al tiempo que ha expresado su perplejidad por que “podría ser el primer acuerdo político que en la historia de nuestra democracia se rompiera por cumplir la ley”.

Por ello, considera “incongruente” la postura de su aliado presupuestario, al que ha vuelto a agradecer la “estabilidad” que ha aportado a la ciudad con su apoyo, por lo que no cree que ahora la vaya a romper “por intereses de partido o personales” con la vista puesta en las próximas elecciones municipales. “El acuerdo se ha cumplido en un 90% y ha beneficiado a la ciudad, pero no cruzaré la línea de violar la ley”, de ahí que haya abogado por “tomarnos un descanso” con el pacto antes de darlo por roto.

“Ni he prevaricado nunca ni lo voy a hacer”, ha abundado Sanz, y en esta línea, ha recordado que el Ayuntamiento ha aprobado la licencia “para no prevaricar”, al contar con el “visto bueno” de los informes jurídicos de los técnicos de Urbanismo. “Tampoco podríamos haber ralentizado esa licencia de obra, porque eso también sería prevaricación”, ha apostillado, alegando que la única manera de frenar la iniciativa hubiese sido con argumentos jurídicos: “Pensábamos que Vox podía haber presentado un informe, que ellos dicen que tienen, que plantea dudas sobre la viabilidad, pero desgraciadamente no lo ha hecho”.

Un “marco jurídico sólido”

La palanca que ha intentado activar los concejales de ultraderecha ha sido la de que la licencia que se concede no se ajusta al proyecto presentado en Urbanismo. Los promotores lo presentan como un centro sociocultural que incorpora una mezquita, cuando a juicio de Vox es este uso su función principal, algo que han descartado en su informe los técnicos.

Como también se ha rechazado su petición de convocar una consulta entre vecinos y expertos, una puerta que abre el PGOU en determinados casos, el siguiente paso será un recurso de alzada para lo que tienen 30 días, abriéndose a continuación un plazo de tres meses para que Urbanismo responda. Vox llevará la resolución al máximo órgano de gobierno urbanístico, en el que tienen representación todos los partidos de la oposición, para forzarlos a retratarse.

A todo esto, la Fundación Mezquita de Sevilla ha hecho público un comunicado en el que se felicita por la obtención de la licencia, a la vez que ha agradecido a las instituciones “su labor velando por que el procedimiento haya llegado a buen término, haciendo prevalecer la ley frente a las ideologías”. “Es motivo de alegría para nosotros, así como debería serlo para todos los sevillanos, confirmar que vivimos en un marco jurídico sólido”.

“Un disparate” y “una falta de respeto”. Éstos son algunos de los calificativos más suaves que ha suscitado un proyecto que finalmente no verá la luz y que tiene como escenario los calabozos de la vieja comisaría de la Gavidia en Sevilla, declarada en 2017 lugar de memoria democrática por ser un centro franquista de torturas y que apura los plazos para convertirse en hotel de lujo. La promotora, que tenía la obligación contractual de reservar un espacio memorialista, ya lo ha cedido al Ayuntamiento de Sevilla acompañado de un proyecto de musealización que proponía su utilización para catering y una decoración a base de estética pop, “humor”, “frases con arte” y “guiños al miarma”.

“Cada rincón está pensado para provocar un efecto WOW”, resume el documento, que fue incluido en el expediente de cesión de los 215 metros cuadrados de este enclave que se hizo llegar a la Gerencia de Urbanismo. Este organismo ha recepcionado formalmente el lugar, pero no se ha dado por aludido en cuanto al proyecto de musealización ofrecido por el hotel de la cadena Thompson. De hecho, el alcalde, José Luis Sanz (PP), considera que no se ha presentado formalmente y garantiza que lo que finalmente se haga “se consultará con los sindicatos y las asociaciones memorialistas”.

Así que, oficialmente, el proyecto –adelantado por El Correo de Andalucía– no ha llegado a existir, por mucho que conste en el expediente. La antigua sede de la Jefatura Superior de Policía Nacional y de la Capitanía General, cerrada en 2003 y que reabrirá como hotel de cinco estrellas (ya admite reservas a partir del 1 de octubre), fue un centro de detención, represión y tortura en los 60 y los 70 por el que pasaron sobre todo sindicalistas. Eso explica que CCOO haya estado siempre muy pendiente de este proyecto, y es su secretario general en Sevilla, Carlos Aristu, el que define lo que se ha puesto encima de la mesa como “disparate”, “barbaridad” y “falta de respeto” para todos los que sufrieron allí.

Una obligación contractual

Al estar declarada lugar de memoria democrática, cuando se vendió la comisaría en enero de 2022 se incluyó entre los requisitos que el promotor tenía que entregar al Ayuntamiento el espacio donde estaban los calabozos, en el semisótano, con una entrada independiente del hotel para su utilización como Centro de Interpretación de la Memoria Democrática. En total son 215 metros cuadrados que al final se entregan diáfanos, ya que no se han conservado las celdas, todo un símbolo de un lugar que hasta impulsó el nacimiento de la Asamblea de Familiares y Asociaciones Memorialistas de la plaza de la Gavidia.

Ante la inminencia de la apertura, la empresa citó formalmente al gobierno local en una notaría para cederle este sitio, aunque recibió largas y no ha sido hasta este mes de julio que Urbanismo ha recepcionado el derecho de uso de este espacio una vez formalizado el trámite notarial. Y en la tramitación administrativa es donde ha saltado el lío, ya que el promotor incluyó una propuesta de musealización bastante pintoresca, pese a reconocer que el enclave “fue testigo de tiempos oscuros, donde la libertad era un sueño lejano”.

Con todo y con eso, la iniciativa se presenta como “un guiño a nuestra identidad”. “La propuesta se llena de referencias culturales sevillanas: colores vivos, frases con arte, costumbrismo reinterpretado con humor y diseño”, todo ello con el argumento de que “la memoria no tiene por qué ser gris: puede vestirse de luz, de música, de alegría”.

No a “un salón temático para tomar copas”

El diseño, a base de pantallas interactivas, lo traducen los impulsores en que “el costumbrismo se viste de pop: azulejos reinventados, guiños al miarma y la luz del albero convertida en diseño”. ¿El objetivo de todo ello? “Darle color a la vida” y pasar “de comisaría a icono cultural”, porque la Gavidia “es hoy un lugar para mirar atrás sin miedo y mirar adelante con ilusión”.

Al ser una iniciativa propia, la empresa no perdía la ocasión para proponer un “modelo híbrido” para la gestión del espacio. ¿Y qué significa esto? Pues abrir la puerta al “alquiler privado para eventos” y ofrecer “servicios integrados” como catering o alojamiento “aprovechando” la proximidad al hotel. “No vamos a permitir que estos calabozos franquistas se conviertan en un salón temático de un hotel de cinco estrellas para tomar copas”, resume al respecto el portavoz municipal de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), que insiste en que el proyecto siempre ha previsto un espacio “dedicado a la memoria democrática, no para hacer cócteles”.

Así que el amago de la compañía hotelera de “contribuir a la preservación de la memoria democrática desde una perspectiva positiva y creativa” no ha llegado muy lejos. El alcalde admite que le resultó “chocante”, “absurdo” y que le “chirrió bastante” lo que trascendió de esta iniciativa, pero insiste en que el equipo de gobierno “no ha recibido todavía ningún proyecto sobre los contenidos museográficos específicos, que tienen que estar revisados por este Ayuntamiento”. De paso, defiende que su equipo “ha mostrado un exquisito respeto por las víctimas y ha cumplido escrupulosamente con la ley”.

Un primer amago paralizado

Todo este proceso, enumera José Luis Sanz, tiene tres fases, la primera de las cuales ha sido la cesión del local. Ahora toca la adecuación de este espacio para su uso expositivo, “proyecto que se ha entregado” y que ya está analizando Urbanismo, a lo que seguirá la propuesta museográfica, que “no se ha entregado aún”.

Para Carlos Aristu, secretario general de CCOO en Sevilla, la madre del cordero es “quién gestionará” este enclave memorialista y qué dotación presupuestaria tendrá. De lo que sí está convencido es de que “hemos parado” un primer amago de proyecto que iba a consistir en “poner tres enaras y quitarlas para dar cócteles”, una iniciativa “con tintes irrespetuosos y con muy poco acierto” que nace de que “el hotel proponía hacerse cargo para tener su uso”.

Ante la reacción que se ha encontrado, la promotora “ha dado dos pasos atrás” y todo queda en manos del Ayuntamiento. “El alcalde nos ha transmitido que las cosas se van a hacer bien”, apostilla Aristu, que subraya que CCOO estará vigilante porque fue la movilización de este sindicato la que logró el reconocimiento de la comisaría como lugar de memoria democrática y porque “el 90% de los que pasaron por allí eran militantes nuestros y muchos están vivos”. “No vamos a aceptar nada que se haga sin nosotros y las asociaciones memorialistas”, apostilla, y de paso lanza un aviso: si no se producen avances, “en septiembre habrá movilizaciones”.

El Ayuntamiento de Sevilla otorgará la licencia de la mezquita proyectada en el Polígono Sur una vez que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo han finalizado los informes técnicos y jurídicos que se solicitaron, que han concluido que, por un lado, “el uso es compatible con la calificación de la parcela” y, por otro, “no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana”, como había pedido Vox, que ya ha anunciado que votará en contra.

Por tanto, la licencia de obra volverá a incluirse en el orden del día de la Comisión de Urbanismo del próximo martes, 28 de julio, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales. “Estamos ante un promotor privado, que actúa sobre suelo privado y que cumple la normativa urbanística vigente”.

En este sentido, “negarle una licencia en estas condiciones, sería directamente incumplir la legalidad y se debe garantizar la seguridad jurídica”, subrayan las fuentes consultadas. “Vivimos en un Estado de derecho y conceder o denegar una licencia de obra es un acto reglado”, añaden.

“Ejercicio de democracia”

Una vez publicada la noticia, los promotores del proyecto resaltan que “estamos muy agradecidos por que el proceso haya salido adelante y, dentro también de esta contención, celebramos que haya hecho un ejercicio de democracia poniendo la ley por encima de cualquier ideología”, resalta Jalib Nieto, vicepresidente y portavoz de la Fundación, en declaraciones a este medio.

“Supone cumplir una etapa de muchísimo trabajo y esfuerzo tanto para la Fundación como para las personas que han colaborado en este proyecto”, subraya, “y, como entidad cultural de carácter islámico, estamos abiertos a hablar con todos los agentes sociales para explicar el proyecto y sus objetivos, con el fin de disipar cualquier duda y acaloramiento que pudiera surgir a nivel social”.

Ante el rechazo de Vox, la Fundación anunció la semana pasada que pediría una reunión con el partido político. Una petición que, asegura Nieto, ya han trasladado. “No hemos obtenido respuesta a día de hoy”, confirma, “pero como vecinos y ciudadanos andaluces tenemos abierto el diálogo con todas las asociaciones”. A su vez, adelanta que en septiembre recibirán la visita de una asociación de personas mayores que están interesadas en conocer en qué consistirá la construcción del Centro Cultural Islámico en el Polígono Sur.

Vox votará en contra

Vox consiguió la semana pasada que se retirara del orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo el punto concerniente a la licencia de obras para levantar este espacio, diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra, que incluye un minarete. Con una inversión de 10 millones de euros, el futuro Centro Cultural Islámico se levantará en una parcela privada en el Polígono Sur y contará con dos edificaciones, una dedicada a la mezquita y otra para las actividades socioculturales, anunciaron sus promotores.

En total, unos 6.300 metros cuadrados que, una vez conseguida la licencia de obras, se prevé que se coloque la primera piedra a finales de este año. Una vez iniciados los trabajos, la Fundación estimaba que se tardarían entre 18 y 24 meses en construir la instalación que estará ubicada entre las calles Poeta Manuel Benítez Carrasco y Ronda Nuestra Señora de la Oliva.

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla acaba de anunciar que votará en contra del proyecto urbanístico durante la sesión plenaria en la que el asunto sea sometido a consideración. El concejal Javier Navarro, a través de un comunicado, ha reiterado que no han tendi acceso al expediente de la Comisión de Urbanismo del próximo martes “no contiene ningún informe jurídico que resuelva los motivos argumentados por este grupo municipal que propiciaron la retirada del punto del orden del día de la pasada comisión”.

Tras la intervención del ya vicepresidente Manuel Gavira, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento hispalense, Gonzalo García de Polavieja, reclamaba hace unos días al Comisionado para el Polígono Sur que centrara todos sus esfuerzos en “resolver los gravísimos problemas de seguridad, desempleo, fracaso escolar, narcotráfico y exclusión social que padecen los vecinos”, en lugar de “amparar o respaldar proyectos que nada tienen que ver con las necesidades reales del barrio”. No obstante, cabe recordar que el suelo fue comprado a la comunidad mormónica y que, según aseveran desde la Fundación, la compra no ha requerido financiación pública.

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha el Plan Centro Vivo para fomentar el uso residencial permanente en el casco antiguo. Para ello, se quiere habilitar 1.039 viviendas, todas de alquiler asequible, en 21 inmuebles y solares de propiedad municipal, y más de 2.000 aparcamientos en el centro, con lo que se contabilizarían 3.500 nuevos vecinos (5% del censo). Del total de parcelas, unas diez serán actuaciones 360º, es decir, que incluyen vivienda, aparcamiento, equipamientos y locales comerciales. El montante del plan asciende a 300 millones de euros.

Son algunos de los objetivos del programa municipal presentado por el alcalde, José Luis Sanz, que ya fue anunciado en el pasado pleno del debate sobre el estado de la ciudad y que ahora ha sido desgranado por el propio regidor. “No se trata únicamente de construir o habilitar nuevas viviendas. Hace falta también más comercio de proximidad, más dotaciones y equipamientos –zonas deportivas, ludotecas, centros de coworking–, mejores servicios y más soluciones de aparcamiento”, ha añadido al respecto.

“Queremos que cada vez haya más sevillanos que pronuncien una frase que siempre se ha dicho: «Yo vivo en el centro»”, ha destacado Sanz durante su intervención. “Hablamos de un instrumento transversal en el que participan la Gerencia de Urbanismo, Emvisesa (la empresa municipal de vivienda), la Dirección General de Patrimonio, la Agencia Tributaria de Sevilla y el distrito Casco Antiguo”.

Mapa de oportunidades

La primera medida ha pasado por la elaboración de un Mapa de Oportunidades Residenciales que defina posibles actuaciones. En este sentido, se han detectado 21 inmuebles y solares de propiedad municipal en los que se habilitarán 1.030 nuevas residencias. “Son edificios públicos vacíos, infrautilizados o sin uso y solares municipales que pueden acoger viviendas de VPO para alquiler asequible como residencia habitual”.

La mayor actuación prevista son 235 residencias en la calle Campamento, en San Bernardo, pero hay también microactuaciones urbanas como cuatro residencias que se habilitarán en San Luis 44, otras cuatro en Torneo 31 u otras cuatro en Amor de Dios 49-51. En este mapa se incluyen edificios municipales como el de la calle Pajaritos, que albergará 12 residencias, o el solar del antiguo Equipo Quirúrgico del Prado de San Sebastián, donde irán 61 viviendas.

“El Equipo Quirúrgico se demolió en 2008 y lleva sin uso desde entonces. Este terreno simboliza el espíritu de este plan: poner en valor recursos que llevan muchos años desaprovechados y utilizarlos para que los sevillanos retornen al centro”, ha remarcado el alcalde.

Las actuaciones serán en algunos casos promoción directa de la empresa pública de la vivienda (Emvisesa) y en otros casos, colaboración público-privada mediante derechos de superficie, concesiones demaniales y concesiones de obra pública.

De alquiler turístico a residencial

Asimismo, se habilitan medidas para incentivar a propietarios particulares, tales como bonificaciones fiscales en materia de vivienda; ayudas municipales a la rehabilitación; asesoramiento y gestión para acceder a ayudas autonómicas, estatales y europeas y fomento del alquiler para vivienda habitual mediante asesoramiento, intermediación, seguridad jurídica y garantías para los propietarios. Además se ofrecerán incentivos para aquellos propietarios que decidan pasar su vivienda de uso turístico (VUT) a alquiler residencial.

El Plan Centro Vivo también contempla medidas de apoyo tanto al pequeño comercio como al de proximidad mediante bonificaciones en licencias de actividad y en tasas municipales, así como ayudas directas.

“Esto no es humo, este plan está avalado por la gestión de los últimos tres años. Emvisesa ha invertido más de 400 millones de euros desde 2023. Hablamos de hechos”, ha subrayado Sanz, al tiempo que ha esgrimido las más de 7.000 VPO que se están construyendo en este mandato en Sevilla.

Los ciudadanos podrán acceder a estas residencias como en cualquier otra promoción de Emvisesa. En cuanto a la reconversión de los edificios que se rehabilitarían, están protegidos, “por lo que, evidentemente, habrá que conservar algunos elementos, como las fachadas”, ha destacado Sanz.

El alcalde ha asegurado por último que este plan “no tiene relación directa” con la limitación de los pisos turísticos, aunque esta medida es “compatible con este objetivo”. De hecho, una parte importante del plan es que prevé incentivos para aquellos propietarios que tengan viviendas de uso turístico y quieran cambiarlas a alquiler residencial.

La Fundación Mezquita de Sevilla defiende la viabilidad legal para la construcción de la mezquita frente a las presiones de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, con las que ha logrado que el PP paralice la adjudicación de la licencia de obras que iba a tramitar la comisión ejecutiva de Urbanismo el pasado viernes. Por ello, pedirán una reunión con el líder andaluz de la ultraderecha, Manuel Gavira, para explicarle los pormenores del proyecto que se edificará en el Polígono Sur. “Lo único que esperamos es que no se imponga la ideología y la situación política actual a la ley”, manifestó Jadiya Martínez, consejera de la entidad.

A causa de la polémica provocada por la edificación de la gran mezquita, la Fundación decidió convocar a los medios de comunicación este jueves en Torre Sevilla para responder a las acusaciones públicas que se han vertido contra ellos. Amparados por la Constitución, tanto en el artículo relativo a la libertad de expresión como al del libre culto, Martínez mantuvo que el proyecto “está diseñada en una parcela privada comprada con fondos privados y desarrollada por fondos privados” y añadió que, de esta manera, “se aumentarán los servicios culturales del Polígono Sur sin restar a ningún vecino los servicios públicos”. El terreno, comprado a la comunidad de los mormones, es el emplazamiento elegido tras más de dos décadas en busca del lugar idóneo.

Frente al señalamiento de “oscurantismo”, explicó que la página web de la Fundación en la que están publicadas tanto las actividades como los informes. “A lo largo de los años se ha valorado diferentes opciones hasta llegar a esta parcela, que cuenta con la calificación urbanística para este fin y queremos recordar que la licencia de construcción se confiere por criterios técnicos y no ideológicos, y tenemos un informe técnico favorable de la Gerencia de Urbanismo”, aún así, mantiene que están “abiertos al diálogo, como lo llevamos haciendo años con los vecinos”. A su vez, reiteró que no responderían “a los mensajes de odio e ismófobos que hemos visto estos dios” y, en todo caso, denunciarán el allanamiento que se produjo ayer cuando dejaron restos de porcino en el terreno, “los animales no tienen ninguna culpa y el tema de los cerdos no es ningún tabú, simplemente, no nos lo comemos”.

El ejemplo de la mezquita de Granada: “La convivencia es fructífera”

Con respecto a la entrada de las mujeres al templo, la consejera de la Fundación, que se convirtió al islam hace más de cuatro décadas y se reconoce como sevillana y parte del tejido social de la ciudad, sostuvo que “todas las instalaciones, incluida la mezquita” estarán a disposición de toda la comunidad, tanto “hombres, mujeres y niños”. “Las mezquitas de todo el mundo están abiertas a las mujeres y las que no lo están, deberían estarlo”, aunque en el interior se mantendrá para el rezo la separación por sexos.

Por otra parte, hizo referencia a la mención de “prioridad musulmana” que apareció en prensa como una “desafortunada licencia lingüística que se tomó una redactora” y señaló que “en ningún momento” esa expresión ha sido utilizada por la Fundación. Al hilo de las acusaciones que ha vertido Vox sobre la “islamización” del barrio sevillano, Martínez advirtió que “el islam no es una cultura y, como musulmanes españoles, compartimos la cultura de este país”. “No queremos imponer nada”, tomando como ejemplo la mezquita mayor de Granada, que lleva “23 años abierta en el Albaicín y la convivencia con los vecinos es fructífera, es más, ha generado riqueza en el barrio”.

El futuro Centro Cultural Islámico de Sevilla, diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, está previsto en una parcela triangular del barrio sevillano, entre las calles Poeta Manuel Benítez Carrasco y Ronda Nuestra Señora de la Oliva, con una superficie de 6.300 metros cuadrados que se distribuirá en dos edificios, siendo uno de ellos el que albergará la mezquita, y una planta subterránea de aparcamientos. A la espera de la licencia de obras, se prevé que se coloque la primera piedra a finales de año y los trabajos durarán entre 18 y 24 meses, tal y como adelantó Ibrahim Fernández, presidente de la Fundación.

Un proyecto en vilo durante más de 20 años

Con una inversión de 10 millones de euros, el arquitecto Vázquez Consuegra, presente en el encuentro, detalló algunos aspectos del espacio. Inspirada en la arquitectura almorávide de La Giralda o el Patio del Yeso del Real Alcázar de Sevilla, el Centro Cultural Islámico combinará el diseño contemporáneo con la mirada tradicional histórica en los dos edificios que se dividirán mediante un patio triangular. Todo ello, en armonía con la vegetación que hay en la zona y con un acabado que permita que “la comunidad se reconozca e identifique con la mezquita”.

A un lado, la mezquita supondrá un 26,46% de la edificación, es decir, una cuarta parte del centro cultural con alrededor de 1.007 metros cuadrados repartidos en un primer piso dedicado a la ceremonia mientras que en el segundo estará el espacio de oración para las mujeres y las abluciones. En la otra parte, estará el centro cultural, cuyo primer piso tendrá dos grandes salas polivantes dedicadas a exposiciones, encuentros sociales, que incluirá una cafetería, tienda y entrada al garaje. Encima, habrá una serie de habitaciones dedicadas a actividades socioculturales. “Este proyecto cuenta con todos los permisos, cumple con todo el ordenamiento jurídico y las normativas urbanísticas e, incluso, tiene el visto bueno de la Agencia de la Seguridad Aérea para la altura del alminar”, aclaró el arquitecto.

Retrotrayéndonos en el tiempo, la construcción de la gran mezquita lleva más de dos décadas en vilo. El primer intento se dio en 2004 cuando el Ayuntamiento del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín cedió una parcela junto a la ronda SE-30. Pese al intento, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) finalmente lo tumbó. Tras barajar algunas parcelas situadas en Santa Bárbara o Pino Montano, la Fundación decidió comprarle la propiedad a la comunidad mormona tras “40 años en desuso”, indican fuentes de la entidad. Desde entonces, la entidad ha utilizado un centro que sirve como musal-lah (lugar de oración) y centro comunitario en la plaza Ponce de León desde 2002.

La mezquita, en el pleno del Ayuntamiento

Al mismo tiempo que transcurría la rueda de prensa con los medios, el Ayuntamiento de Sevilla celebraba el pleno, donde el PP de José Luis Sanz respondía a las preguntas de Gonzalo García de Polavieja, el nuevo portavoz municipal de Vox. El alcalde reiteró que la administración está “a la espera” de los informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo “para cumplir con toda la legalidad” y acerca de la consulta pública que pedía la ultraderecha en base al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), “los informes dirán si es conveniente y cómo se hace”.

Vox pedía la aplicación del artículo 6.6.12.5. del PGOU de Sevilla, en el que se establece que las actividades dedicadas al rezo no podrán superar el 40% de la superficie, aunque los promotores del Centro Cultural Islámico establecen que, en este caso, es del 26%. La ultraderecha se ha opuesto frontalmente a la mezquita: “No queremos la islamización de nuestros barrios ni que los andaluces se sientan extranjeros en su propia tierra. Vox hará todo lo necesario para impedir su construcción”. Unas declaraciones en redes sociales que siguen la senda marcada por el ya vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, que apartó a los representantes municipales y asumió el debate elevándolo al plano autonómico para engarzarlo con la 'prioridad nacional'.

Cabe recordar que el 9 de julio se anunció el acuerdo de cesión gratuita de la parcela E-7 del sector Entrenúcleos por parte del Ayuntamiento de Dos Hermanas a la Archidiócesis de Sevilla. Una firma que se dio entre José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Francisco Rodríguez, el alcalde del municipio. La superficie de 27.355 metros cuadrados, que no le ha costado nada a la Iglesia, permitirá construir un nuevo centro educativo y un templo. Una muestra de las disyuntivas religiosas que se viven en Sevilla, si bien la Fundación Mezquita de Sevilla agradeció las muestras de apoyo de monseñor, que “refrendó la libertad de culto como un derecho fundamental, al igual que al hermano mayor de La Sagrada Cena y a Jaime Bretón, comisionado para el Polígono Sur.

La comunidad musulmana en Sevilla: unas 12.000 personas

Martínez, sevillana de nacimiento, se convirtió al islam en la década de los 80 y, como tantos otros, ha vivido su fe en una ciudad diversa que bebe directamente de las influencias que perviven del Al-Ándalus. A su lado, Jalib Nieto, vicepresidente y portavoz de la Fundación, habló sobre la importante labor que ha desarrollado en los barrios sevillanos, como en su oriunda Bellavista, tanto a nivel social como cultural: “Nos reconocemos como musulmanes europeos, sin que sea restrictivo a una etnia o colectivo. El islam no es una cultura concreta, sino una concepción universal que se amolda a lo local sin perder su esencia y este proyecto responde a una necesidad ciudadana para enriquecer la convivencia social y en beneficio de nuestra ciudad”.

La comunidad musulmana en Sevilla, según las estimaciones de la propia Fundación, ronda entre las 10.000 y 12.000 personas en el centro, sin sumar a quienes están en los alrededores de la provincia. En este cálculo estarían tanto las terceras y cuartas generaciones criadas en esta religión como a las personas migrantes que llegan tanto del África subsajariana como de Asia, como ocurre con las familias sirias que atiende la entidad. “Este centro está concebido para la integración de todos, no solo para los españoles, sino también para los migrantes y todos los sevillanos que vengan a disfrutar de los servicios que ofreceremos”, sostuvo.

El propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), admitía este jueves que el proyecto de la gran mezquita de Sevilla que se construirá en el Polígono Sur es perfectamente legal, pero ya entonces dejó abierta la puerta a aparcar su tramitación. Dicho y hecho, ante la presión de Vox en todos los ámbitos (el ya vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, se explayó sobre ello en el Parlamento) el Ayuntamiento hispalense ha decidido aparcar la licencia de obras que se le iba a dar este viernes, con el argumento de que se van a pedir informes técnicos y jurídicos.

La decisión la ha tomado la comisión ejecutiva de Urbanismo, en la que el PP tiene tres votos, Vox uno y la oposición de izquierdas (PSOE y Podemos-IU) no tiene representación. De hecho, el gobierno local ha optado por retirar el punto relativo a la concesión del permiso de construcción, “para pedir informes técnicos y jurídicos en relación con las observaciones que hace Vox en su escrito y, en base a ello, tomarlo o no en consideración”, apuntan fuentes municipales.

Todo ello, pese a que el propio alcalde aseguraba el jueves que el proyecto ha ido siguiendo el trámite normal en lo que al proceso de obtención de licencia se refiere, “solicitado no hace todavía un año”. En paralelo, defendió que “las ideologías no están por encima de las leyes”, aunque ahora lo que se esgrime es un argumento técnico para este frenazo.

“No hay que extrañarse” por retirar el punto

El argumento oficial lo ha ofrecido el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP): “Hoy se retira para pedir informes técnicos y jurídicos. No hay que extrañarse por este hecho”. En un audio remitido a los medios de comunicación, ha insistido en que “retirar un punto del orden del día para estudiarlo con más detalle no es nada nuevo: se ha hecho antes con otros expedientes y responde, sencillamente, a hacer las cosas con todas las garantías legales, es normal que se tomen estas cautelas”, ha añadido el concejal.

En cambio, desde la Fundación Mezquita de Sevilla (impulsora de la iniciativa) se mostraban estos días convencidos de que muy pronto tendrían la licencia de obras para llevar a cabo su centro cultural islámico. “En derecho y ley debe concederse; no hacerlo sería una anomalía administrativa”, apuntaba el vicepresidente del patronato de esta fundación, Jalid Nieto.

Nada más tener conocimiento del proyecto esta misma semana, la formación de ultraderecha puso el grito en el cielo y anunció una ofensiva en todos los frentes para frenar una obra que a su juicio abunda en “la islamización de nuestros barrios”. El primer paso fue presentar un escrito con alegaciones técnicas al proyecto en sí, que es lo que ha servido de argumento al PP para aparcar la licencia que estaba previsto concederle ya.

Vox busca un resquicio legal

Vox sostiene que, según la documentación presentada por los promotores en Urbanismo, apunta que el edificio será un centro cultural y social en el que el culto será “coadyuvante”. Para el partido de ultraderecha, en cambio, en el propio expediente hay muchos indicios “que evidencian una implantación de lugar de culto de entidad principal”, lo que exige una consideración urbanística diferenciada.

A su juicio, “la calificación como uso principal cultural/dotacional no quedaría justificada y la aplicación del régimen de compatibilidad del PGOU invocado por el promotor podría ser improcedente, con efecto directo sobre la conformidad urbanística de la licencia solicitada”. En concreto, invoca un artículo del Plan General de Ordenación Urbana según el cual, si hablamos de un centro de culto, “las actividades complementarias y de alojamiento de los miembros de las comunidades religiosas no podrán superar el 40% de la superficie destinada a los citados usos”.

El proyecto, en cambio, plantea destinar a estas funciones hasta el 80% del espacio, un resquicio legal por el que Vox ve una opción para detenerlo. De paso, y apelando a otro artículo del PGOU, defiende que es necesario abrir un periodo de participación ciudadana para conocer la opinión “tanto de la población de la zona como de especialistas de reconocido prestigio”, antes de iniciar las obras contempladas en el expediente correspondiente.

En Vox no han escondido su “satisfacción” ante el hecho de que, gracias a su presión, se ha frenado la licencia de la mezquita, “un proyecto que Sevilla no necesita”. “Nunca vamos a permitir la islamización de nuestros barrios y aquellos que lo pretendan nos encontrarán enfrente”, anunciando su intención de movilizar a los vecinos de los barrios próximos para que esta paralización sea definitiva.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), se ha sacado este martes de la chistera un conejo para llevarse el foco en el debate sobre el estado de la ciudad, y lo ha conseguido: ha anunciado un plan municipal para construir más viviendas en el casco antiguo y que así el centro recupere el pulso vecinal, ahora ahogado por la avalancha turística. Todo ello, tras hacer un balance triunfal sobre la situación de la capital hispalense, en el que le ha secundado Vox y que ha chocado con la visión mucho menos optimista de PSOE y Podemos-IU, que le han acusado de apuntalar una “Sevilla de escaparate”.

Sobre el ya bautizado como Plan Sevilla Centro Vivo, el regidor no ha aportado grandes detalles durante el pleno, más allá de que se aplicarán medidas –todavía por concretar– para “fomentar el uso residencial permanente en el casco antiguo”. El objetivo, en palabras de Sanz, es impulsar la construcción de nueva vivienda en aquellos lugares del centro histórico “donde exista capacidad”, fomentar la rehabilitación de edificios vacíos o destinar inmuebles del patrimonio inmobiliario municipal para incrementar la oferta residencial.

Desde el gobierno local se han añadido a continuación más detalles, como que la producción se hará mediante promoción pública de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda. A ello se unirán fórmulas de colaboración público-privada, concursos de derecho de superficie, permutas “y cualquier otra fórmula de gestión que permita agilizar la ejecución de las actuaciones”. Sobre el papel, lo que se incrementará sobre todo será la oferta de alquiler “destinada a residencia habitual y permanente”.

Un Mapa de Oportunidades

¿Y cómo se hará? El grueso quedará en manos de un futuro Mapa Municipal de Oportunidades Residenciales, “que identificará las posibilidades reales de generación de vivienda en el centro”. En cuanto a los mecanismos, se fomentará la rehabilitación de edificios vacíos, parcialmente ocupados, promociones inacabadas o viviendas vacías que se ubiquen en edificios completos para incorporarlos al mercado residencial permanente.

A esta función se dedicarán también inmuebles del patrimonio municipal, como edificios administrativos sin uso, locales, casas patio o antiguos equipamientos. Y para ajustar todavía más la oferta, se apostará por fórmulas “adaptadas a la evolución demográfica y nuevos modelos familiares”: cohousing, vivienda colaborativa, vivienda intergeneracional, alojamientos dotacionales o comunidades residenciales vinculadas a universidades, centros sanitarios o instituciones culturales.

El plan se completará con incentivos urbanísticos, fiscales y económicos para fomentar la vivienda permanente, lo que incluye bonificaciones, ayudas a la rehabilitación, reducción de tasas urbanísticas o la tramitación preferente de licencias. Y se incorpora como compromiso adicional proteger el comercio tradicional y dotar al centro de más equipamientos.

No hay caída de residentes

Sanz, de todos modos, ha apuntado que “no es cierto que haya menos hogares en el casco antiguo, al revés, se han incrementado un poquito”, lo que contrasta con la impresión de vaciamiento vecinal y transformación de inmuebles en oferta turística. Pese a ello, ha reconocido que “tenemos que trabajar para que se sigan incrementando los hogares” en el centro, y aquí ha presumido también de haber evitado la apertura de 400 nuevos pisos turísticos, lo que ha ayudado a que el total en la capital pase de los 10.800 que había en 2023 cuando llegó a la Alcaldía a los 9.562 actuales.

Este Plan Sevilla Centro Vivo ha sido el caramelo que ha lanzado el alcalde para monopolizar el debate, y ha venido a ser el colofón a un retrato edulcorado de la ciudad en el que la autocrítica se ha limitado a reconocer una y otra vez que “queda mucho por hacer”. En ello ha incluido el guante que de nuevo le ha lanzado a Vox, su socio presupuestario, para rebajar el 10% actual puesto como tope al porcentaje de pisos turísticos admitidos en un barrio: “Tenemos que seguir colaborando en muchas cosas”.

Por lo demás, y en línea con el reciente balance que hizo de sus tres años de mandato, ha reiterado que gracias al PP se ha pasado “de la Sevilla de los problemas eternos a la Sevilla de las soluciones y hechos”. Todo ello, tras corregir los tres problemas que a su juicio le dejó en herencia el PSOE: una estructura administrativa “insuficiente”, una gestión “paralizada” y una “falta de impulso político y presupuestario”. Como balance: “Sevilla está mejor que hace tres años, pero garantizo que dentro de un año estará mucho mejor”.

La izquierda, nada optimista

El entusiasmo del regidor sólo ha sido parcialmente compartido por Vox, aunque en un tono mucho más mesurado. No ha compartido esta línea el portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), que ha arrancado su intervención con un “vaya película” y luego ha subrayado que, por mucho que diga Sanz, “los barrios obreros no están mejor”. “Sevilla está más tensionada y hay más desigualdad”, ha lamentado, fruto de que “la ciudad se organiza para quien viene de paso y no para los que se quedan”, por lo que le ha instado a dejarse de “triunfalismos” y abandonar su “estrategia de debilitamiento de los servicios públicos” y de “favorecer los pelotazos urbanísticos”.

El líder de la oposición, el socialista Antonio Muñoz, ha ironizado con que a Sanz habrá que ponerlo en la lista de gobernantes “tras Trajano, Adriano y el rey San Fernando” si se atiende a su visión “autocomplaciente y de autobombo”. Tras acusarle de “improvisación y falta de gestión”, además de “idealizar el pasado más rancio de Sevilla”, le ha afeado que en estos tres años ha acometido 174 modificaciones presupuestarias y que se comparta como un “alcalde con complejos” con discursos como si estuviera en la oposición.

¿Y Vox? Pues este miércoles ha estrenado portavoz en la figura de Gonzalo García de Polavieja, que toma el relevo de la ahora parlamentaria andaluza Cristina Peláez y que le ha recordado a José Luis Sanz que las cosas le han empezado a ir bien en cuanto ha empezado a contar con ellos, algo que parece que “se le ha olvidado”. Su visión no ha sido ni tan apoteósica como la del alcalde ni tan catastrofista como la de la izquierda, limitándose a reclamar más seguridad y “apostar por la desregularización” al máximo, para así agilizar licencias, quitar burocracia y “favorecer al sector privado”.

El alcalde de Sevilla le manda un recado a Moreno: no aplicará la prioridad nacional en su municipio, es inconstitucional. Afirmación medio vacía porque casi no podría en todo caso y porque si se trata de no ceder ante la extrema derecha, él ya lo ha hecho en repetidas ocasiones cuando le ha convenido, sus presupuestos son de autor. En su gobierno se notan los brochazos de la extrema derecha, lo que no oculta, ni por esas, su mala gestión. Y eso que aún no ha puesto encima de la mesa su arma secreta, el teleférico a Tomares, pueblo del que fue alcalde y para serlo propusiera un teleférico a Sevilla, cinco kilómetros, que supongo que será el mismo.

De manera que quedan dos opciones que justifiquen su osadía junto con las que usted imagine. O José Luis Sanz está ya de campaña para las municipales y quiere aparecer en los barrios como un alcalde no tan de extrema derecha o hay marejada en los fondos de San Telmo, sede del Gobierno de Andalucía. Los expertos en morenismo afirman esto último, que hay moreneo, sin desmerecer lo primero: Sanz no es del agrado del morenismo. Me malicio que el ilusionante proyecto del teleférico liderado por prohombres populares sevillanos, como el aparejador Raynaud, ya no goza del aprecio morenista.

El problema que tiene Moreno es que tendrá que sucumbir y no quiere que lo parezca, moderado él, ni que se note, pero la suya es otra prioridad, la prioridad morena. Coincide con su jefe, Núñez Feijóo, lo ha dejado claro y los antecedentes en otras comunidades autónomas demuestran que el PP traga. Es más, en su discurso y acción reciente es imposible trazar línea alguna que separe la ideología de PP y Vox. Dicen que Vox arrastra al PP pero hace ya meses que es al revés, Vox tiene la necesidad de radicalizarse aún más ante el acoso perruno implacable de la muchachada vociferante de Feijóo.

Feijóo ya afirma sin máscara que gobernará con Vox si fuera necesario, cegando toda posibilidad de gobernar con vascos y catalanes como acostumbra el PP

Conscientes de la situación, la propia extrema derecha en Andalucía ha exigido las mismas concesiones a Moreno que las ya concedidas en el resto de comunidades autónomas y, ciertamente, frente a Madrid, Moreno no es el mismo, después de perder su mayoría absoluta.

El marco es el que se ve, ni con todos los frentes y cuadernos abiertos contra el Gobierno, y singularmente contra Pedro Sánchez, el Gobierno cae y Feijóo se ve ante un panorama futuro en el que hasta Vox teme que gane el PSOE o no se hunda irremediablemente por lo que ya afirma sin máscara que gobernará con Vox si fuera necesario, cegando toda posibilidad de gobernar con vascos y catalanes como acostumbra el PP.

Y si eso dice el jefe a qué se resiste ya Moreno. Recuérdese que fue el primero que le abrió la puerta, hace siete años, a la extrema derecha cuando la lista más votada había sido el PSOE; recuérdese que, hace poco, siendo la única mayoría absoluta del PP concursante, la perdió, y ahora depende de Vox, ante un panorama parlamentario imposible que él mismo ha arrasado.

Las prisas de Feijóo, lombrices decía mi agüela, por llegar a la Moncloa intoxica a sus baronías. Su empeño es imponer su prioridad popular, que consiste en tragarse la prioridad nacional si es menester. Y Moreno, que para ser presidente ya tuvo que tragar con Vox, es decir, ejerció la prioridad popular, lo tiene muy difícil. ¿Cómo negarle a su jefe lo que él ya ha hecho?

“Ilegal” y “anticonstitucional”. Así ha definido este viernes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), el principio de “prioridad nacional” defendido por Vox, una de sus principales exigencias en las negociaciones en distintos territorios y a nivel estatal que “no es posible” aplicar según el regidor. Con estas declaraciones, Sanz irrumpe de manera inesperada justo en el momento en el que se desarrolla la negociación entre PP y Vox para la investidura de Juan Manuel Moreno (PP).

“La prioridad nacional no se puede aplicar, es ilegal. Mientras sea alcalde de Sevilla, independientemente de la nacionalidad de cualquiera que viva aquí, todo el mundo tendrá los mismos derechos”, ha asegurado en declaraciones en el programa Más de uno Sevilla de Onda Cero, recogidas por Europa Press.

Al hilo, el regidor ha subrayado que este principio es “totalmente ilegal”, por lo que, en su opinión, no habría “nada que aplicar” en el caso de que se planteara su puesta en marcha en la capital andaluza en el marco de futuras negociaciones o a las próximas elecciones municipales. Vox, por cierto, es el aliado presupuestario del PP en el Consistorio hispalense, pactando ambas formaciones las cuentas de los ejercicios 2025 y 2026.

Vox insiste en la idea

En paralelo, el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha asegurado en Córdoba que percibe “buena disposición” en su negociación con PP andaluz, poniendo el acento en priorizar las medidas sobre el hecho de quién las ejecuta. Y aunque no ha querido pronunciarse sobre si su formación exige entrar en el Gobierno andaluz, ha asegurado que las propuestas que está poniendo sobre la mesa su partido no son “diferentes” a las que han planteado en “otras regiones” de España

De esta manera, ha aludido así a los pactos alcanzados con los populares en los últimos meses en las comunidades de Extremadura, Aragón y Castilla y León. En todos estos casos, una de las líneas rojas que ha marcado la formación ultraconservadora ha sido la aceptación de este principio de prioridad nacional.

Propuesta rechazada en mayo

De esta manera, Sanz ha verbalizado lo que ya ocurrió en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla el pasado 28 de mayo, cuando el PP rechazó una moción sobre este mismo principio presentado por Vox. El punto estuvo marcado por un bronco debate entre las formaciones de izquierdas y el grupo proponente.

El PP, por medio de su portavoz y delegado de Hacienda, Juan Bueno, se limitaba a decir que, si bien “hay temas en los que pueden estar de acuerdo, el enfoque es diferente: nuestra prioridad es la Constitución Española”.

Tercer anuncio en Sevilla de que se van a instalar cámaras para restringir el acceso de vehículos privados al centro. Las dos primeras veces proyectó el sistema el PSOE (con los alcaldes Alfredo Sánchez Monteseirín y Juan Espadas) y fueron tumbadas por regidores del PP, Juan Ignacio Zoido y el actual, José Luis Sanz. Esta tercera parece que será la definitiva, ya que la limitación será en un único punto –desde la Puerta Osario– y para despejarle el camino al tranvibús, que llegará a la plaza del Duque a partir del 28 de septiembre.

Sanz así lo ha confirmado en el pleno municipal de este jueves a preguntas de su predecesor, Antonio Muñoz. A partir de la puesta en servicio completa de la línea 1 BTR (Bus de Tránsito Rápido), bautizada como TB1, “empezará la activación de cámaras de control de acceso” desde la calle Puñonrostro –entrando por María Auxiliadora– hasta el Duque. Tendrá luz verde el BTR, las líneas de Tussam que vuelven a tener su terminal en la plaza Ponce de León (10, 12, 24 y 32), taxis, los VTC, los vehículos de carga y descarga y los coches de residentes con garajes acreditados.

El tranvibús no sólo activa este sistema que identificará los vehículos no autorizados para su posterior sanción, sino que también disfrutará de prioridad semafórica desde la glorieta Julián Besteiro (a la altura de la estación de Santa Justa), en los cruces de José Laguillo con las calles Lope de Vega y Amador de los Ríos, así como de esta última con Gonzalo Bilbao. También tendrá prioridad de paso en los lugares en los que pueda instalarse una plataforma segregada.

Escaso entusiasmo del PP

El TB1 conecta hoy día Torreblanca con Nervión, y será a finales de septiembre cuando se complete el recorrido para entrar hasta el Duque, un trayecto integral que se calcula que hará en 33 minutos frente a los 55 que se pueden tardar ahora. Desde su estreno en septiembre del año pasado, el servicio ha transportado a 1.368.495 viajeros y registra una media de 11.000 usuarios diarios.

Durante la sesión plenaria, el alcalde no se ha mostrado especialmente entusiasmado con este proyecto, ya que ha lamentado la “ineficacia” de sus predecesores socialistas por “renunciar” a la línea 2 de Metro, que atenderá a los 100.000 vecinos que viven en la zona de Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca. A su juicio, “lo que hubiese dado solución a este distrito” es un metropolitano que es competencia de la Junta de Andalucía, pero le ha afeado a los anteriores regidores que no presionaran para su construcción, especialmente en la etapa de la Susana Díaz (PSOE).

“Renunciaron y se conformaron con el tranvibús, bueno, pues aquí está el tranvibús”, le ha espetado a Muñoz, además de reprocharle que el proyecto original no incluía la llegada al centro de líneas de autobús. Ahora lo harán las número 10, 12, 24 y 32 hasta Ponce de León y la 13 hasta La Campana, mientras que 11, 15, 16 y 20 tendrán su terminal en la Puerta Osario.

“Esquizofrenia política”

Sanz también le ha sacado a relucir al portavoz socialista que su partido “enterró la red entera de Metro en 1986” y también en 2011, después de inaugurarse en 2009 la línea 1, única todavía en servicio. “No se acordaron de las líneas 2 y 3 de Metro hasta que llegó Moreno a la Presidencia de la Junta”, ha apostillado.

Antonio Muñoz, por su parte, ha puesto el acento en la “esquizofrenia política” que sufre el gobierno local del PP, al que “no le gusta el Plan de Movilidad” que se aprobó en la etapa de Juan Espadas y en la que el tranvibús (con una inversión inicial de 19 millones de euros) “es una pieza más de un todo”. “No han tenido las agallas políticas de devolverlo”, ha apuntado en relación con este montante económico proveniente de fondos europeos, “pero tampoco de sustituir un plan que no apoyaron en el pleno”.

“Ojalá este proyecto se lleve a cabo y no tengamos que devolver ni un solo euro”, ha insistido en relación con los plazos impuestos por la Unión Europea, ya que considera que Sanz carece de “credibilidad” cuando habla de tiempos de obras. “Su eficacia está en entredicho”, ha insistido, lo que se traduce en que “Sevilla está sin rumbo, no sabe qué hacer y va de improvisación en improvisación”. Y en relación con la línea 2, el exalcalde ha asegurado que “para este grupo es irrenunciable, los problemas de movilidad se resuelven con la línea 2 y usted está impasible, cruzado de brazos”, por lo que le ha instado a “apretar” a sus compañeros de partido en el Gobierno andaluz.

El PSOE municipal ha criticado este lunes que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), “siga acumulando anuncios, retrasos y excusas” para “sostener” una ampliación de la Feria “sobre la que su propio Gobierno ya no ofrece ninguna certeza y que ha recibido serios reparos de la Intervención municipal”, por lo que lo ha tachado de “engaño”. En estas declaraciones, se refiere a las explicaciones dadas por el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, quien razonaba que el proyecto, a pesar de que sigue en marcha, “no es sencillo”.

“Sanz lleva dos años intentando mantener una ficción. No tiene los terrenos, desconoce cuánto costará realmente la operación, no ha garantizado la financiación y tampoco puede comprometer una fecha de inicio. Ahora, además, sabemos que la Intervención cuestiona tanto el expediente como el modelo de concesión”, advierte el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio hispalense, Antonio Muñoz, en un comunicado.

En opinión del PSOE, las últimas explicaciones del delegado de Urbanismo “han terminado de desmontar el relato del alcalde”. El Gobierno local “reconoce ahora que el proyecto no es sencillo”, que las cifras conocidas “proceden del promotor privado y no son definitivas”, que la cesión de los terrenos “no depende del Ayuntamiento” y que “no puede asegurar que las obras comiencen en 2027”.

En la Comisión de Control y Fiscalización realizada este pasado viernes en sede municipal, el Ejecutivo local respondió a la pregunta del concejal de Vox Fernando Rodríguez Galisteo en la que cuestionaba la viabilidad del proyecto tras la publicación del informe de la Intervención General que analizaba el modelo elegido por el gobierno popular para la ampliación de la Feria. El delegado de Urbanismo, en las declaraciones dadas, no ha confirmado que tales plazos lleguen a cumplirse en 2027 mientras la propuesta está en estos momentos en exposición pública.

“La propia Intervención ha puesto objeciones de calado a la tramitación y al modelo económico elegido por el equipo de gobierno. No hablamos de un expediente pendiente de pequeños detalles, sino de una tramitación incompleta y llena de incógnitas”, ha añadido el portavoz socialista al respecto. A juicio de Muñoz, el modelo está pensado para que las constructoras cobren un canon municipal durante 28 años, “mientras el Ayuntamiento soporta prácticamente todo el riesgo”. “La Intervención advierte de que puede tratarse, en realidad, de una operación financiera de pago aplazado: una deuda que los sevillanos seguirían pagando hasta 2054”, ha explicado.

De 49 a 100 millones

El portavoz socialista ha llamado la atención sobre la distancia entre los 48,6 millones de inversión previstos y los 99,3 millones que el Ayuntamiento acabaría comprometiendo mediante el pago de los cánones. La Intervención considera, además, que los márgenes brutos de explotación calculados para las empresas son “desproporcionados” en comparación con los habituales del sector.

“No es solo el PSOE quien advierte de que este modelo es caro y desequilibrado. Lo dice la propia Intervención: los beneficios previstos para las constructoras son desproporcionados. Sanz quiere comprometer durante casi tres décadas el dinero de los sevillanos para asegurar un negocio privado extraordinariamente rentable”, ha señalado.

Asimismo, Muñoz ha criticado que Urbanismo “intente restar importancia a estas cifras” con el argumento de que 'proceden de la propuesta empresarial y todavía no son definitivas'. “Eso no tranquiliza a nadie, sino todo lo contrario. Si el coste no está cerrado, Sanz no debería haber anunciado cantidades y fechas como si todo estuviera resuelto. Y si la primera propuesta ya se acerca a los 100 millones, el alcalde debe explicar cuánto está dispuesto a pagar y qué límite piensa poner a la rentabilidad de las empresas”, ha reclamado. El portavoz del PSOE también ha recordado que la Intervención alerta del impacto que la operación podría tener en las cuentas municipales.

Riesgo de reclamaciones millonarias

La Intervención advierte igualmente del riesgo de licitar la concesión cuando todavía no se ha formalizado la cesión gratuita de las parcelas pertenecientes al Estado y a la Autoridad Portuaria. “Sanz quiere adjudicar un contrato de casi 30 años sobre unos terrenos que aún no son del Ayuntamiento. Si la situación jurídica de las parcelas no queda bien resuelta, Sevilla podría enfrentarse a reclamaciones millonarias por incumplimiento”, ha aegurado Muñoz.

El portavoz socialista ha criticado, además, que el alcalde haya tratado de responsabilizar al Gobierno de España de los retrasos cuando el Ayuntamiento no solicitó formalmente la cesión de los terrenos hasta febrero de 2026. “Ha perdido dos años, ha anunciado obras sin disponer del suelo y ahora quiere presentar su falta de previsión como un problema de otras administraciones”. El portavoz socialista ha exigido que haga público un “expediente completo”, con el coste total de la operación, los cánones anuales, la rentabilidad prevista para las empresas, el impacto sobre el déficit, la situación jurídica de los terrenos, los informes pendientes y un calendario realista.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), considera que su acuerdo presupuestario con Vox (para las cuentas de 2025 y 2026) ha funcionado “razonablemente bien”, y no sólo eso, sino que “a Sevilla le ha ido bien” con esta alianza. Por eso ha agradecido la “colaboración” de la formación de ultraderecha, porque con ambos de la mano “la ciudad ha ido a mejor” básicamente porque así “se rompió la parálisis que pretendía el PSOE”.

Éste es uno de los análisis que ha dejado el regidor este lunes, cuando ha hecho balance de sus tres años como regidor, que tuvieron su punto de partida el 17 de junio de 2023. El desatasco presupuestario gracias a Vox y a una cuestión de confianza en 2024 (que perdió, pero le posibilitó aprobar las cuentas) le ha permitido, según sus cuentas, cumplir ya con el 80% de su programa electoral a menos de un año de las próximas elecciones municipales.

Y si no ha podido hacer más, asegura, ha sido básicamente por los socialistas. “Han faltado muchas cosas por hacer”, ha admitido, lo que no habría ocurrido “si no hubiéramos perdido el primer año por la irresponsabilidad de la oposición”, un bloque en el que la mayor culpa se la atribuye al PSOE pero en el que también están Podemos-IU y Vox durante los primeros meses de mandato. Nada nuevo bajo el sol: ya en el balance de su primer año el alcalde dijo que había podido hacer más por culpa de la “oposición irresponsable”.

Aparcado cobrar en la Plaza de España

Así que sí, Sanz está orgulloso de su alianza con Vox, que atribuye a que los de Santiago Abascal “pusieron los intereses de la ciudad por delante” de prioridades personales y políticas. Pese a ello, todavía hay cuestiones atascadas porque no cuenta con “mayoría suficiente”, sentido en el que se ha referido por ejemplo a cobrar la entrada a los turistas por visitar la Plaza de España, confirmando que su idea sigue siendo la misma pero que este año tampoco se abordará.

Lo mismo ocurre también con la nueva tasa de basura, que en principio se incluyó en el plan de ajuste que había que acometer por gastar más de lo que se ingresa, aunque hace pocos días se aprobó un real decreto que podría eximir al Ayuntamiento hispalense de tener que apretarse el cinturón. En este caso, Vox dijo 'no' en el pleno a este plan, a sabiendas además de que el PP no iba a aprobarle su moción sobre la implantación de su ansiada prioridad nacional en Sevilla.

Y de cara a 2027, año electoral, sabe que tiene complicado que Vox le vuelva a sacar las castañas del fuego con el presupuesto, a no ser que le dé lo más grande. Como la ley no permite volver a jugar la carta de la cuestión de confianza el último año de mandato, en el PP ya van haciéndose el cuerpo a que tendrán que prorrogar las cuentas de 2026.

Una Sevilla en “estado de dejadez”

Por lo que respecta al balance en sí de estos tres años, ha sido triunfal y sin mayor atisbo de autocrítica que ese “ha faltado mucho por hacer” o que la limpieza en las calles “todavía no ha alcanzado el nivel de perfección que me gustaría”. Eso sí, ha garantizado que en este 2026 “se va a notar un cambio muy sustancial”, con más presupuesto, maquinaria y personal, aunque de lo que más orgulloso está es de haber convertido a Sevilla en “capital de la vivienda protegida”, con 6.134 activados de los que 2.200 los impulsa el propio Ayuntamiento a través de Emvisesa.

“Unos hablaban mucho de viviendas y ponían pocos ladrillos”, ha asegurado con el PSOE de nuevo en el punto de mira, subrayando que su política en esta cuestión no sólo resuelve el problema a muchas familias, sino que también permite salir de la anterior “parálisis urbanística” y ha reactivado un “motor económico” como es la construcción. Con estos mimbres, su percepción de este trienio es “optimista”, básicamente porque asegura que recibió una ciudad en “estado de dejadez” y que, pese al “bloqueo de la oposición”, la capital “está en marcha y ha cogido velocidad de crucero”.

Eso contrasta con la Sevilla del PSOE, “permanentemente bloqueada y atascada”, una época en la que asegura que “se vendía mucho humo”. El PP, por su parte, asegura que ha adoptado el lema de “dicho y hecho”, gracias a que en tres años se ha manejado un presupuesto por encima de los 3.500 millones de euros que, según Sanz, convierten a su equipo en el gobierno municipal democrático que más ha invertido.

Cascada de números

En la avalancha de cifras que ha ofrecido, se incluye que se ha superado otra vez la barrera de los 700.000 habitantes, que se han creado o estabilizado 3.300 puestos de trabajo y que se han disparado los presupuestos de Lipasam y Tussam para reflotar la limpieza y la movilidad. A ello ha sumado 18 kilómetros más de carril bici, más de 15.000 árboles plantados, la recuperación de edificios históricos abandonados o el freno a la proliferación de pisos turísticos, que no es mayor porque defiende que la norma autonómica no permite ir más allá.

También se ha mostrado orgulloso de que el 21% del presupuesto municipal se destina a políticas sociales, que marcha viento en popa el desmantelamiento del asentamiento chabolista de El Vacie o que Sevilla “ha dejado de ser una capital cultural secundaria”. Todo un contraste con una ciudad que “no funcionaba” y que, ha reiterado, ahora lo hace porque “vinimos a romper inercias”.