La consigna la dio a finales de abril la dirección nacional de Vox, que ordenó a sus grupos municipales llevar su “prioridad nacional” a los plenos de los ayuntamientos para presionar al PP, una medida que también se ha clonado en parlamentos autonómicos. A Andalucía ya había llegado la cuestión, pero esta semana aterriza en el Consistorio de la capital andaluza, Sevilla, justo cuando en el ámbito regional se está en puertas de iniciar la negociación entre ambas formaciones en busca de un pacto que permita nombrar por tercera vez presidente a Juan Manuel Moreno.

La propuesta de acuerdo ya se ha registrado, y recoge un cúmulo de los mensajes que no deja de lanzar la formación de ultraderecha contra la población migrante cargados de bulos y huérfanos de datos oficiales. La iniciativa supone un desafío para el alcalde, José Luis Sanz (PP), que debe surfear una ola en la que se combinan sus propios intereses (Vox es su aliado presupuestario) y los de Moreno, que en campaña minimizó esta prioridad nacional y la redujo a un eslogan.

Sea como sea, el PP ha comprado la idea en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón para mantener a sus presidentes, por mucho que suponga discriminar a los inmigrantes en el acceso a prestaciones públicas y choque con varios preceptos legales. Y se da por hecho que la ultraderecha la incluirá entre sus exigencias para respaldar al actual presidente andaluz en funciones, de hecho la habría marcado como su línea roja por encima incluso de entrar en el Ejecutivo andaluz. Moreno, por su parte, insiste en que no tragará con cualquier cosa y que el hipotético pacto no puede generar “ni divisiones ni bronca”.

El inmigrante como epicentro de todos los males

El documento que Vox llevará al pleno es similar al que ya ha pasado por otros ayuntamientos, con el que denuncia que a “inmigración masiva y descontrolada” ha provocado el “colapso” de los servicios públicos. Este problema es “aún mayor” que la certeza de que el sistema sufre una “profunda crisis como consecuencia directa de la gestión de los sucesivos gobiernos” pese a la “asfixiante carga fiscal” a la que someten a la ciudadanía. Por ello vuelve a lo que pidió en su primer pacto con Moreno en 2019 para hacerlo presidente: la localización (vía padrón) de extranjeros en situación irregular para que el Gobierno inicie procedimientos de devolución.

La moción es un órdago más en el Ayuntamiento de Sevilla, que se ha convertido en todo un laboratorio de ensayo de la convivencia entre PP y Vox. Tras año y medio de tirantez extrema, sobre todo por la insistencia de la formación de ultraderecha en entrar en el gobierno local (hubo hasta un amago abortado), ambos partidos han llegado a sendos acuerdos para sacar adelante los presupuestos de 2025 y 2026.

Esto introdujo en el corazón de Ayuntamiento de Sevilla la batalla cultural e ideológica de Vox. Desde entonces, han conseguido recortes en igualdad mientras se subvenciona a una asociación en contra del aborto, eliminación de líneas de cooperación y atención a la población inmigrante local, fondos para potenciar las fiestas de la Inmaculada y San Fernando (patrón de la ciudad) y hasta una cláusula anti Palestina para que no llegue a este territorio ninguna ayuda municipal.

El PP, además, ha confiado la gestión directa de la Oficina Antidesahucios y de la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista en toda regla que es los de Santiago Abascal consideran su mayor victoria hasta la fecha. También han caído las ayudas para consumidores (con epicentro en Facua) y la eliminación de la zona de bajas emisiones en la Cartuja, además de imponer un mayor control del padrón que se ha vendido con el eufemismo de que lo que se pretende es evitar que los migrantes sean estafados. Los populares también han comprado la prohibición del burka en espacios municipales pese a admitir que no puede aplicar legalmente esta medida, mientras se ha liquidado todo lo relacionado con memoria histórica y hasta se renunció a la ayuda estatal para exhumar Monumento, la mayor fosa del franquismo en la ciudad.

“Innegable propósito electoral” y “reemplazo”

La moción que ahora va a pleno llega a apuntar que las medidas de apoyo a los migrantes “tienen a medio plazo un innegable propósito electoral”. La idea consiste en “conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda” que impulsan estas políticas. En este sentido, recuerda las palabras de Irene Montero (Podemos), ya que la prevista “regularización masiva” se pactó con su partido, y encima en un acto electoral respaldó otra de las grandes obsesiones de Vox, la teoría del reemplazo: “Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante”.

Y es que esta teoría del reemplazo es uno de los grandes mantras de Vox, que a su juicio se traduce en “una sustitución progresiva de la población de España”. Esto a su vez conlleva “la desaparición de la identidad de nuestros barrios, en la alteración de sus formas de vida y en la ruptura de los vínculos sociales”.

Y mientras que los españoles “han sido injustamente igualados, cuando no postergados” en el acceso a los servicios públicos, dos normas aprobadas por el Gobierno central vienen a complicar esta situación. Por un lado, el derecho a atención sanitaria de personas sin residencia legal en España, y por otro la regularización de medio millón de inmigrantes, “premiando de esta manera a quienes vulneran las leyes españolas para acceder a nuestro territorio”.

Discriminación de los españoles

Esto les permitirá optar “de forma inmediata” a ayudas y prestaciones “que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo”. Por eso defiende que su prioridad nacional “no se trata de arbitrariedad ni exclusión caprichosa”: “la preferencia de los nacionales en el acceso a las ayudas públicas no sólo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política”.

La lógica del argumento de la ultraderecha es primaria: los españoles sostienen con sus impuestos el Estado de Bienestar para luego ser discriminados y que se beneficien de él los extranjeros. Los nacidos fuera de España serían así el epicentro del hundimiento del sistema sanitario, del aumento de la inseguridad y de las dificultades para encontrar trabajo o acceder a una vivienda.

La propuesta que se somete a votación les acusa de propiciar el “estancamiento persistente de los salarios reales”, de “evidentes problemas de integración” e incluso lo conecta con que miles de personas fallecen cada año sin atención de dependencia y con que un cuarto de la población “se encuentra en riesgo de pobreza”. “Todo lo cual evidencia el colapso de los servicios públicos”, tensionados por un incremento constante de la demanda propiciado por las políticas migratorias.

Todo esto se sustancia en seis propuestas de acuerdo que se someterán a votación, probablemente con más de una enmienda del PP para intentar suavizar el texto. Además de usar el padrón para facilitar la expulsión de inmigrantes, se insta al gobierno municipal a “establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda” locales, poniendo especial énfasis en la cuestión habitacional. A esto se unen tres requerimientos: a la Junta de Andalucía para “impedir que los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario”, y al Gobierno central, para que anule la atención sanitaria gratuita y frene el “proceso de regularización masiva”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la primera convocatoria del cheque bebé con una dotación de 1,7 millones de euros, una medida que podrán solicitar, en esta primera edición, las familias con niños nacidos o adoptados entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026. Esta medida fue una de las exigencias de Vox al PP para firmar su primer pacto, para aprobar el presupuesto de 2025, al que siguió otro similar para validar las cuentas del presente ejercicio.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la ayuda económica será de hasta 600 euros por cada menor nacido o adoptado en el periodo indicado y todas las solicitudes que cumplan los requisitos serán atendidas, ajustando de forma proporcional la cantidad total. Las ayudas se tramitarán en la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista que gestiona directamente Vox y que es el mayor logro que le ha arrancado al alcalde, José Luis Sanz (PP), junto a la Oficina Antidesahucios.

Por lo que respecta a las ayudas en sí, el solicitante (que habrá de ser uno de los progenitores o adoptantes) deberá estar empadronado en Sevilla capital desde antes del 1 de enero de 2021 y convivir en el mismo domicilio que el menor. Deberá ser, además, español o extranjero con residencia legal en España ininterrumpida desde el 1 de enero de 2021.

El nacimiento o adopción del menor deber ocurrido entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026, y en adopciones el menor debe tener máximo 4 años. Es obligatorio estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Sevilla. Para solicitarlas habrá un plazo de 30 días desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Para Juan Manuel Moreno, el presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP, la cosa tiene que ser algo parecido a lo de Pedro Sánchez, cuando soltó aquello de que “no dormiría tranquilo por las noches” con ministros de Podemos y pocos meses después tenía a Pablo Iglesias de vicepresidente. Ahora, Moreno alerta de que hasta se podrían bloquear las oposiciones si quedase en manos de Vox, que no desea en absoluto verse abocado a un pacto que en última instancia no descarta porque, insiste, eso lo decidirán los andaluces el 17M.

Pero la realidad es que ya se vio en este trance y lo asumió gustoso en 2019: fue el primer dirigente en España en aliarse con la ultraderecha para así llegar a San Telmo. Pero como ha llovido mucho desde entonces, en estos últimos años es el Ayuntamiento de Sevilla el que se ha convertido en el auténtico laboratorio para ensayar cómo sería la convivencia entre ambas formaciones llegado el caso.

La cuestión tiene sus matices, empezando porque Vox puede bloquear el nombramiento de Moreno y eso no es posible con un alcalde, en este caso José Luis Sanz (PP), porque en un consistorio gobierna el aspirante que recibe más votos en el pleno de investidura por mucho que no tenga mayoría absoluta. Los de Santiago Abascal además aprendieron de su experiencia de 2019 –no dejan de denunciar que fueron engañados por el PP andaluz– y ahora tienen entre ceja y ceja entrar en los gobiernos, como ya han conseguido en Extremadura, Aragón y acabará pasando en Castilla y León.

Y así precisamente empezaron las cosas para Sanz, con un Vox enfurruñado porque no le hizo hueco con mando en plaza, lo que le llevó a augurar que estábamos ante un “gobierno inestable”. Aquello fue en junio de 2023 y dicho y hecho, porque durante casi año y medio la formación de ultraderecha votó en contra de todo lo que llevó el PP al pleno, dándose la pintoresca circunstancia de que la izquierda (PSOE y, en menor medida, Podemos e IU) le fue sacando las castañas del fuego a los populares.

Del amago de pacto a la cuestión de confianza

La cosa llegó a tal punto que el alcalde renunció incluso a presentar el presupuesto, hasta que en mayo de 2024 se precipitaron los acontecimientos. Primero hubo un amago de pacto para meter a Vox en el gobierno local que el propio Moreno abortó en el último minuto, y a renglón seguido el regidor pareció descubrir el as que le guarda la Ley de Régimen Electoral General (Loreg): una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas.

Como era imposible que izquierda y ultraderecha se pusieran de acuerdo para presentarle una moción de censura, Sanz perdió el trance pero ganó un presupuesto, y a la vuelta del verano se encontró a Vox más suave que un guante cuando precisamente en el ámbito nacional las cosas estaban especialmente tensas con el PP. Una vez desarmada la opción de bloquear el presupuesto, que era la mayor herramienta de presión que tenían, de repente los de Abascal se pusieron a aprobarle propuestas a los populares, empezando por la limitación de pisos turísticos.

Aquella amistad acabó en noviazgo en enero de 2025, cuando rubricaron su nueva etapa de entendimiento con un pacto –bendecido por el propio Juan Manuel Moreno– para aprobar el presupuesto, lo que incluía meter de lleno por primera vez las políticas de la extrema derecha en el Ayuntamiento hispalense. Y eso que Sanz decía que no quería abrir debates ideológicos... Eso sí, cada uno en su casa, porque Vox se quedó en la oposición y ahí sigue, aunque aprobando casi todo lo que haya que aprobar e incluso defendiendo al gobierno local, al que a veces en la práctica parece pertenecer.

Igualdad, inmigración, oficina antiaborto...

¿Y en qué se ha traducido esta alianza presupuestaria, que se renovó para las cuentas de 2026? Pues en que el PP le ha comprado medidas que no son económicamente muy costosas, pero que suponen victorias para Vox porque ha logrado introducir algunas de sus obsesiones programáticas. Ya lo avanzó su portavoz, Cristina Peláez, en aquel pleno de investidura en 2023: “erradicar las políticas de izquierda”, combatir “la falsa memoria histórica que desentierra muertos por unos votos”, acabar con la “propaganda de género”, liquidar el “fanatismo climático” y una lucha decidida “en defensa de la vida”.

Todo esto se ha traducido en recortes en igualdad mientras se subvenciona a una asociación en contra del aborto, eliminación de líneas de cooperación y atención a la población inmigrante local, fondos para potenciar las fiestas de la Inmaculada y San Fernando (patrón de la ciudad y auténtico superhéroe de la extrema derecha local) y hasta una cláusula anti Palestina para que no llegue a este territorio ninguna ayuda municipal. Pero las dos grandes joyas de la corona, que gestionan directamente responsables puestos por Vox, son la Oficina Antidesahucios y, sobre todo, la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista en toda regla que es el mayor orgullo de los de Santiago Abascal.

En la reedición del pacto presupuestario para 2026, han caído las ayudas para consumidores (con epicentro en Facua) y la eliminación de la zona de bajas emisiones en la Cartuja. Pero la medida estrella, en sintonía con lo que ocurre en el ámbito nacional, está en la inmigración, en este caso en un mayor control del padrón, que se ha vendido con el eufemismo de que lo que se pretende es evitar que los migrantes sean estafados.

Como guinda, la prohibición del burka en espacios municipales exigida por Vox, pese a que el gobierno local admite que a día de hoy no puede aplicar legalmente esta medida. Y luego, sin necesidad de firmarlo con la ultraderecha, el PP le ha dado satisfacciones como la liquidación de todo lo relacionado con memoria histórica, hasta el punto de renunciar a la ayuda estatal para exhumar Monumento, la mayor fosa del franquismo en la ciudad.

Más logros municipales que autonómicos

En definitiva, que Vox ha logrado filtrar toda su retórica y buena parte de su agenda en la gestión política de la capital de Andalucía, y eso que no ha llegado a entrar en el gobierno. El PP, por su parte, minimiza el impacto, se limita a decir que no hay recortes en cuestiones como igualdad o le vale con correr un telón de ambigüedad: la oficina antiaborto lo que impulsa es la maternidad, y nadie puede estar en contra de ayudar sobre todo a madres con pocos recursos. Sanz lo dejó claro al aprobar el presupuesto de 2025: “Aquí no veo ningún partido de ultraderecha”.

En la práctica, Vox ha conseguido así más que en el ámbito andaluz pese al acuerdo que rubricó con el PP en 2019, en el que introdujo buena parte de su palabrería (inmigración “respetuosa con nuestra cultura occidental”, “prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico”...) pese a que la comunidad autónoma no tiene competencias. En la negociación posterior para el primer presupuesto de Juan Manuel Moreno como presidente andaluz, ese mismo año, sí logró su ansiado teléfono de “violencia intrafamiliar”, que sigue activo pero con magros resultados: el 66% de las llamadas se atienden en realidad desde otros servicios de asistencia gratuita del Gobierno andaluz.

Moreno insiste en su mensaje de la “mayoría de estabilidad”, que todo lo demás “es un lío”, pero no cierra la puerta a pactar con Vox si las cuentas no le salen. El peaje a pagar será mucho más alto que en 2019, porque Vox quiere sillones y se empezarían a aplicar políticas que arañarían el perfil moderado que con tanto esmero ha construido el presidente andaluz. Eso sí, de la foto de aquel primer pacto con Vox, con cuatro protagonistas, el único superviviente político es él...

Tras los fuegos artificiales que la pasada medianoche pusieron punto y final a la Feria de Abril 2026, este 'lunes de resaca' ha tocado hacer balance de lo acontecido pero con la mirada puesta ya en la edición de 2027, que se avecina como la más grande de la historia con motivo de la ampliación del recinto ferial. La “Feria de los récords” de 2026 para el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, deja una impronta muy positiva ya que han acudido cerca de dos millones y medio de asistentes y ha tenido un impacto económico de mil millones de euros. 

Para el próximo año, el alcalde ha descartado para el año que viene la ampliación definitiva de la Feria, con las 220 nuevas casetas, aludiendo que “es imposible” ya que no se sabe todavía si las obras de ampliación serán compatibles con las del montaje de la Feria 2027, apuntando que “en 2028 estaría culminada” esa ampliación.

La ampliación será presentada a la oposición con detalle porque entiende Sanz que “es un proyecto de todos los sevillanos, un proyecto de ciudad, en el que tienen que participar y conocer profundamente el resto de la oposición”. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de intervención y, tras recibir el visto bueno, será sometido a la licitación del mismo y, tras su adjudicación, darán comienzo las obras. 

Atracciones precintadas

La instalación de cámaras con inteligencia artificial ha permitido saber por primera vez cuántos asistentes han pasado por el Real durante la semana de farolillos, siendo de 2.414.625 personas, además de saber que las calles más transitadas que, por orden, han sido Pepe Hillo, Bombita, Joselito el Gallo y Pepe Luis Vázquez. Por otro lado, el día de más afluencia de público ha sido el miércoles, más concretamente a las 19:00. También fue el día con más carruajes circulando, con un total de 927.

En cuanto a los servicios públicos, TUSSAM ha transportado a 1.314.517 viajeros, mientras que LIPASSAM ha recogido 1.585.920 kilos de residuos. La Policía Local ha atendido 2.125 incidencias, un 12% menos que el año pasado, entre ellas destacan 21 detenciones y dos pruebas de drogas positivas, además de la intervención de 459 botellas alcohólicas, 614 refrescos y dos bombonas de óxido nitroso, conocido popularmente como el gas de la risa. Por otra parte, se han precintado dos atracciones por motivos de seguridad. 

Un balance opuesto

Desde el principal partido de la oposición se ha criticado duramente el modelo de Feria de Abril, que tachan de “desequilibrado” y donde en palabras del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, “el domingo pasa a ser un día residual”. Por ello, Muñoz aboga por una vuelta al modelo de sábado a sábado, “que permita repartir mejor el público y garantizar servicios desde el inicio, incluida la preferia, que hoy se desarrolla sin planificación suficiente”.

Por otro lado, el portavoz socialista ha lamentado el funcionamiento del transporte público desde el comienzo de la Feria y al que ha destacado como “el principal punto débil de esta edición”. Además, ha señalado que “cuando falla la movilidad, se generan desigualdades: hay sevillanos que pueden llegar y otros que no”, donde la zona norte de la ciudad se ha visto perjudicada por la falta de efectivos. La falta de limpieza y seguridad, principalmente en la calle del Infierno, son otras de las asignaturas pendientes para el gobierno local, según Muñoz.

“La Feria se va a ampliar sí o sí en 2027”. Así de rotundo se expresa el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), sobre el previsto ensanche del recinto ferial para ganar más de 220 casetas, un objetivo perseguido desde hace décadas y que el regidor incluyó en su programa electoral. El problema es que todavía no tiene la preceptiva autorización del Gobierno central, que es el dueño de los suelos, paso en teoría indispensable para arrancar un proyecto que tiene la singularidad de que la gestión se hará con una concesión de obras, es decir, lo asumirá una empresa privada.

Esto implica, a su vez, que el Ayuntamiento hispalense le tendrá que pagar un canon durante 28 años con un beneficio para el concesionario que superará el 7%. En total, IVA incluido, el Ayuntamiento pagará durante estas casi tres décadas unos 120 millones de euros por la construcción (unos 30 millones de euros) y el mantenimiento (325.000 euros anuales de partida) de la zona de ampliación, que gestionará directamente una empresa privada. Esto implica que coexistirán dos modelos, ya que el resto del Real seguirá bajo competencia directa municipal, que cobrará a los nuevos titulares las correspondientes tasas para abonar el canon al gestor, 2,9 millones el primer año con un incremento interanual del 2% para pagar el último ejercicio 4,8 millones.

El gobierno local del PP ha decidido ir a una política de hechos consumados, “no vamos a esperar a que nos respondan porque nosotros tenemos nuestra hoja de ruta”, he incluso el regidor no sólo no descarta que la cuestión acabe en los tribunales sino que ha lanzado todo un desafío al Ejecutivo central: “Si se quiere negar a esta ampliación, que lo diga”. No hay que perder de vista que la pugna hay que enmarcarla en un doble contexto electoral, ya que junto a la inminente campaña andaluza (el PP está forzando la máquina convencido de que la situación perjudica al PSOE) hay que tener en cuenta que esta ampliación se concretaría a escasos meses de las elecciones municipales de 2027.

Las dudas jurídicas del proyecto

Así que con este pulso político de fondo, el Ayuntamiento del PP se presenta como rehén de la falta de respuesta del Gobierno del PSOE, con lo que justifica su decisión de tirar por la calle de en medio y seguir para adelante aunque no tenga la titularidad de los suelos. Además, se siente legitimado por el convenio que en su momento se firmó con el Estado para la cesión de los terrenos en los que ahora se levanta la Feria: como se mantiene este uso recreativo, lo que se firmó hace décadas es en teoría aplicable a las nuevas parcelas necesarias.

Pese a esta escenificación, desde el Ejecutivo central se apunta que los técnicos siguen analizando la última documentación remitida por el Consistorio, a la vez que se desliza que si el procedimiento se ha retrasado es porque hubo un error de partida en el planteamiento municipal al solicitar los terrenos para entregárselos a un privado vía concesión de obras. Ahí es donde surgieron las dudas jurídicas, ya que una cosa es una cesión de un bien entre administraciones y otra que sea directamente a un privado que además va a obtener un beneficio económico.

De hecho, desde el equipo de José Luis Sanz se llegó a apuntar a que inicialmente hubo una “buena predisposición” por parte del Gobierno para ceder unos suelos adscritos a Patrimonio del Estado, es decir, al Ministerio de Hacienda. Pero pronto surgieron las fricciones políticas, a las que no fueron ajenas que hasta ahora la titular de esta cartera era María Jesús Montero, líder del PSOE andaluz y candidata a la Junta. Esto llevó al propio alcalde a acusar a la propia Montero y al portavoz municipal socialista, Antonio Muñoz, de intentar que la ampliación “no pueda salir bajo ningún concepto”.

Actuar sin preguntar

“No contemplamos que no acceda”, se insiste machaconamente desde el Ayuntamiento, dejando la pelota de la responsabilidad política en el tejado estatal. Y en paralelo, Sanz lanza las consignas de que “la autorización no es preceptiva” y que “no vamos a esperar a que nos respondan” para cubrirse las espaldas en su decisión de seguir adelante sea como sea, y es que para que estas más de 220 casetas sean una realidad para 2027 hay que ponerse manos a la obra nada más terminar la Feria de Abril que ahora se está celebrando.

Los contactos entre las partes han sido hasta ahora meramente técnicos, sin una negociación política previa que allanase el camino. El regidor insiste en que realmente no hace falta, pero que hace unos días se le volvió a mandar una carta a Hacienda por “guardar las formas”, a lo que desde el Gobierno se responde que esta comunicación no es una deferencia sino el camino que corresponde para que dos administraciones formalicen un acuerdo sobre un suelo que –se recuerda– es patrimonio de todos los españoles.

Lo de iniciar un proyecto sin preguntar antes al propietario no es la primera vez que lo hace el alcalde hispalense, que en la campaña de las municipales anunció un Louvre sevillano en la sede principal de la Universidad de Sevilla o el cierre de la Plaza de España para cobrarle la visita a los turistas sin consulta previa alguna. Tanto la Hispalense como el Gobierno central, propietarios de los edificios, se enteraron por la prensa.

Casetas para el 5% de los que esperan una

En cuanto al proyecto en sí, fue registrado de manera conjunta por tres constructoras (Martín Casillas, Carmocón y Esasur) durante la propia celebración de la Feria de 2025, ajustándose como un guante al deseo expresado de ampliar el recinto por el gobierno local, que encomendó a la Gerencia de Urbanismo que analizase la viabilidad del proyecto. Posteriormente, el pasado mes de febrero, hizo la petición al Gobierno para la cesión “directa y gratuita” de la titularidad de tres parcelas que suman 278.233 metros cuadrados con una calificación urbanística como suelo urbano no consolidado.

El proyecto prevé la creación de tres nuevas calles, dos de las cuales ya tienen nombre avanzado por el propio alcalde: Juan Antonio Ruiz Espartaco y Morante de la Puebla, en sintonía con que los viales de la Feria están bautizados con nombres de toreros. La zona de atracciones –la Calle del Infierno– crecerá un 10%, se reubicarán 27 casetas y habrá 220 de nuevo cuño, aunque el Ayuntamiento calcula que al final se llegará a las 228. Esto supone un 5% sobre una lista de espera de 4.149 peticionarios, con la previsión de que muy pocas sean públicas.

Aunque la iniciativa la hayan presentado tres empresas sevillanas, a la hora de la verdad tendrá que salir a concurso público con libre concurrencia, no puede haber una adjudicación directa por parte del gobierno local del PP. Los impulsores defienden que se trata de “un proyecto anhelado por Sevilla”, que el contrato de concesión de obras propuesto es la fórmula “más eficaz y eficiente”, además de una “herramienta de alto interés” para el Consistorio, y que la gestión privada permitirá “repercutir positivamente en la calidad del servicio”. “Mejorará toda la ciudad, con más puestos de trabajo y más turistas”, apostilla.

“Puede haber sobrecostes”

Eso sí, el Ayuntamiento mantendrá la propiedad de las instalaciones, “reservándose las decisiones estratégicas, la tutela del servicio, la protección de los derechos de los usuarios y la supervisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones del gestor privado”. En cuanto a las ventajas que supone para el gobierno local, “representa una considerable liberación de necesidades adicionales de aportación de medios humanos” y reduce la “estructura administrativa necesaria”, además de una “ventaja adicional”: no se computará la financiación vinculada al proyecto en la contabilidad pública a efectos de la normativa sobre estabilidad presupuestaria.

Eso sí, los proponentes y aspirantes a la adjudicación del contrato se guardan las espaldas en varios frentes, el primero de los cuales es con respecto a los terrenos necesarios, sentido en el que se recuerda que “no hace falta expropiar, pero la Administración es responsable de aportar los suelos”. Asimismo, los precios propuestos –30 millones la ampliación y un punto de partida de 325.000 euros anuales para el mantenimiento– toman como referencia el 1 de enero de 2025 y “puede haber sobrecostes”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha formalizado este jueves en pleno, con los votos de PP y Vox, la propuesta de la formación de ultraderecha para prohibir el uso del burka y el niqab en las dependencias municipales, aunque admite que por ahora no podrá aplicarla. El motivo es el mismo que se viene pregonando desde que se conoció la iniciativa: hoy por hoy no tiene cobertura legal, y no se pondrá en marcha hasta que la tenga, todo ello el mismo día que el gobierno local del PP ha cedido el Alcázar al partido de Santiago Abascal para un acto sobre el “impacto económico negativo en el Estado de Bienestar” de la inmigración.

Fuentes municipales han señalado a este periódico que la limitación del burka “no se sabe si se podrá aplicar, eso es algo que tendrá que decirlo el Estado”. El PP considera que su compromiso era aprobar la iniciativa de Vox como ya dijo que haría en la Comisión de Control del pasado viernes, pero que a partir de ahí “se aplicará si tiene cobertura legal”, algo de lo que carece en este momento.

“El Ayuntamiento no puede incumplir la ley”, se apostilla, a la vez que se hace referencia a la proposición de ley presentada en el Congreso por el PP hace un mes, sólo dos días después de que no fructificara una iniciativa en la misma línea auspiciada por Vox. PP y Vox unieron entonces sus votos, pero al desmarcarse Junts no lograron la mayoría suficiente.

No se ha solicitado informe jurídico

Así que el pleno municipal ha aprobado una iniciativa que el alcalde, José Luis Sanz (PP), va a meter en el cajón de momento hasta que tenga respaldo legal. De hecho, el propio portavoz del gobierno local y delegado de Hacienda, Juan Bueno, ya reconocía en el debate del viernes que existen dudas legales sobre la posibilidad de implantar esta medida e incluso barajó la posibilidad de solicitar un informe jurídico. Finalmente, no se ha dado este paso y se esperará a que haya un marco normativo estatal.

Todo ello pese a que el portavoz adjunto de Vox, Gonzalo García de Polavieja, insistía en el pleno en que existe el suficiente amparo legal. Y si es verdad que el Tribunal Supremo puso en 2013 limitaciones, se ha agarrado a que posteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado margen (aunque no en el sentido esgrimido) y la propia Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 (la Ley Mordaza) establece la prohibición de ir con el rostro totalmente cubierto “excepto por razones de seguridad, salud o necesidad”.

La propuesta de Vox se arropa con motivos de seguridad, mientras que el PP (que no ha usado su tiempo en la sesión plenaria para explicar el sentido de su voto) se ha subido el carro revistiendo su apoyo de feminismo al condenar la imposición de estas prendas a la mujer. “Lo disfrazan de feminismo después de votar 'no' a una moción de igualdad”, le ha afeado a los populares la portavoz adjunta del PSOE, Sonia Gaya, que ha lamentado que “Vox pone la islamofobia y el racismo y ustedes dócilmente le ponen los votos”.

“Inútil, injusta y basada en el odio”

“Están blanqueando una realidad cada vez más evidente, que pretenden ser exactamente igual que la ultraderecha”, ha continuado. “Estamos en contra del burka, pero no desde la prohibición y la autoexclusión de las mujeres”.

Desde Podemos-IU, su portavoz, Ismael Sánchez (IU), ha incidido en que estamos ante una propuesta “jurídicamente dudosa” por la senda que trazó el Tribunal Supremo, así que a día de hoy “no hay una cobertura legal suficiente”, como posteriormente se ha admitido desde el propio gobierno local. Y como no salió la iniciativa en el Congreso en un primer intento, “traen este disparate al pleno”.

Después de subrayar –“para que no quepan dudas”– que “no queremos que nadie imponga o decida cómo tienen que vestir las mujeres”, ha cargado contra una moción “inútil, injusta y basada en el odio”. “Es un problema inventado para generar confrontación y discriminación”, y encima hecha “desde el paraguas de una falsa neutralidad”.

Cesión del Alcázar para un acto contra la inmigración

Todo esto no ha arañado ni un ápice la satisfacción con la que Vox se ha marchado del pleno llevando bajo el brazo su propuesta aprobada, lo que ha compaginado con la reunión que ha mantenido en la propia casa consistorial para recibir a Samuel Vázquez, su portavoz nacional de Seguridad, que ha vuelto a relacionar inseguridad ciudadana con inmigración. La jornada se ha rematado horas después con la presentación del informe La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar, en el que Vázquez ha estado arropado por cargos provinciales y autonómicos de su partido.

El estudio no es precisamente nuevo, pero sí ha sido atípico el escenario elegido para lucirlo, nada más y nada menos que el Real Alcázar de Sevilla. Eso ha sido posible gracias a que lo ha cedido para la ocasión el gobierno local del PP, que siempre alega en estos casos que el uso del monumento está abierto a todas las propuestas que se presenten, ya sean políticas, económicas, sindicales o ciudadanas.

“Nosotros somos una especie de guerreros que vamos a llegar los primeros a todos sitios”. Así describe el intendente principal de la Policía Local de Sevilla, Manuel Corregidor, la nueva unidad de la que es jefe directo, el Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), una especie de cuerpo antidisturbios con uniforme negro, boina roja (o más bien carmesí, “el color de la bandera de Sevilla”) y que luce como emblema al Cid Campeador, en la versión local de la escultura que modeló en bronce Anna Hyatt Huntington en 1927 y que se alza en el Prado de San Sebastián.

El nuevo cuerpo se presentó el martes y este mismo miércoles ha empezado a estar operativo dejándose ver por la barriada de El Cerezo, donde el ambiente se ha caldeado en las últimas semanas y ha propiciado hasta la aparición de patrullas vecinales en respuesta –en teoría– a la abundancia de gorrillas en la zona. El Ayuntamiento hispalense define con toda pomposidad al GAR como “un grupo táctico” y “equipo de élite” formado por 36 agentes (30 policías, cuatro oficiales, un subinspector y un intendente principal) al que le han dado como sede las hasta ahora abandonadas Naves de la calle Calatrava.

Corregidor resalta que estamos ante una unidad de intervención “con vocación de cambiar mucho la dinámica operativa en los barrios”. El objetivo es dar respuesta rápida a situaciones más delicadas, tradicionalmente más asociadas a la Policía Nacional. El intendente, por cierto, ha subrayado el hecho de que “vestimos de manera distinta como todas las unidades especiales de todos los cuerpos policiales”, y ha defendido que “una imagen tan sevillana como la estatua del Cid Campeador, que representa un luchador y un guerrero como vamos a ser los miembros del GAR, está claro que tenía que ir en nuestra uniformidad”.

“Petición histórica de la Policía Local”

El alcalde, José Luis Sanz (PP), asistió a la puesta de largo del nuevo grupo, lo que aprovechó para recordar que es un “compromiso cumplido” por su parte en sólo tres años. Además, subrayaba que el GAR va a suponer “un apoyo inestimable para el resto de la plantilla”, además de que así se da respuesta a una “petición histórica” de la propia Policía Local sevillana. De paso, también lo ponía como ejemplo “una apuesta por las cosas bien hechas”.

El Consistorio detalla que el GAR nace para dar respuesta a aquellas situaciones que deben ser “abordadas por un equipo con cualificación específica”. “El ciudadano va a notar la llegada de esta nueva unidad, es una herramienta que necesitaba la Policía Local para seguir creciendo, no sólo en su plantilla y su dotación sino también en su versatilidad y cualificación para poder resolver problemas”, esgrime el regidor.

“La forma de trabajar del GAR será su seña de identidad y se notará no solo por su uniformidad sino por su forma de desplegarse y de estar en cualquier dispositivo”, incide Sanz. Esto lo ha acompañado con la reflexión de que “Sevilla es una gran ciudad que sin perder su esencia no deja de crecer y de modernizarse para afrontar nuevos retos por eso necesitamos que la Policía Local, nuestra policía, siga creciendo al igual que la ciudad a la que sirve y protege cada día”.

Equipo para asaltar inmuebles

Por su parte, el intendente principal, Manuel Corregidor, ha explicado que el grupo se ha formado tras una convocatoria interna en el cuerpo a la que siguió un proceso de selección en el que “fuimos muy exigentes” con la certeza de que es la única garantía de que el GAR “acabaría teniendo éxitos muy rotundos”. A esto siguió una fase de formación con expertos de Policía Nacional, Guardia Civil y Fiscalía.

Los integrantes del equipo han sido así instruidos en técnicas y tácticas de intervención policial, pero también en auxilios policiales, policía científica, armamento, defensa personal policial, formaciones y despliegues. “Una formación muy específica para el tipo de trabajo que van a desarrollar en la vía pública”, y que además se va a mantener de manera continuada.

Otra de las señas de identidad del GAR son los vehículos, todoterrenos “que nos van a dar una gran versatilidad”. Cuentan con protecciones frontales para salvaguardar la zona acristalada, y en la parte trasera disponen de “toda la equipación necesaria para llevar a cabo asaltos a cualquier tipo de inmueble o para llevar a cabo los dispositivos estáticos de control”.

Isabel Díaz Ayuso comenzaba el pasado domingo 8 de marzo su sexto viaje oficial a Estados Unidos. Durante su primera jornada en la ciudad de Nueva York, la presidenta de la Comunidad de Madrid no tuvo una agenda muy apretada, y la única actividad que ocupó su día en la Gran Manzana fue disfrutar de la obra de flamenco Vuela, de Sara Baras, una función que forma parte de la programación del 25º Festival de Flamenco de Nueva York.

Sin embargo, Ayuso no acudió sola al evento, sino que aprovechó el viaje para reunirse con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para disfrutar juntos de una jornada que ocupó todo el día de la presidenta. Ambos posaron en el photocall del New York City Center, el teatro de tres plantas que acogía la celebración de los 25 años del festival, donde se podía leer “Welcome to Sevilla”, sobre una fotografía de la plaza de España. Todo muy español, pero en Nueva York.

El primer día del viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid no culminó con el simple disfrute de la obra de Sara Baras junto al alcalde sevillano, sino que ambos se reunieron después de la función con la propia bailaora y coreógrafa. El festival que homenajea el flamenco, y que celebra esta edición su cuarto de siglo, comenzó el pasado 25 de febrero y durará hasta el próximo 15 de marzo. En esta ocasión, el evento presume del lema “New York and Flamenco: A True Love Story”. Ayuso publicó en redes sociales que Nueva York está “rendida ante la magia del flamenco, el arte español y el talento único de Sara Baras”.

Las redes estallan contra el viaje de Ayuso

El encuentro entre Ayuso y Sanz en los Estados Unidos ha despertado la sorpresa de muchos en redes sociales, que critican el “viaje pagado de Ayuso para ir a ver flamenco con el alcalde de Sevilla”, “inventándose reuniones fantasmas para que no se note que, por sexta vez, va de vacaciones con amigas del partido”. Otros, más ingeniosos, han opinado que cuando quedan con un amigo, suelen quedar en un punto medio más cerca. “¿Y no sería más barato quedar con él en Mérida, por ejemplo?”, publicaban otros en redes sociales.

Además, otros internautas han reprochado a la presidenta que la obra de Baras, que homenajea a Paco de Lucía, se estuvo representando en el Teatro Gran Vía de Madrid un total de ocho semanas a finales de 2025 (del 11 de septiembre al 2 de noviembre), y que Isabel Díaz Ayuso podría haber elegido esas fechas para disfrutar de su tiempo libre e ir como plan de ocio a disfrutar de la función de la bailaora y coreógrafa gaditana.

La agenda de Ayuso en Nueva York

Las actividades organizadas durante la visita oficial de Isabel Díaz Ayuso a Nueva York continúan el lunes 9 de marzo con un encuentro informativo organizado junto a la Cámara de Comercio España-EEUU. La presidenta se reunirá con empresarios e inversores norteamericanos y representantes de compañías españolas con intereses en el país norteamericano durante la mañana, justo antes de encontrarse con John Zito, el co-presidente de Apollo Global Management, un fondo de inversión estadounidense, que recientemente se ha incorporado al accionariado del club Atlético de Madrid, y el Gobierno regional.

Pero la joya de la corona en la agenda de Ayuso en EEUU será la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la 12ª Gala Anual J100 del periódico The Algemeiner, donde ella misma recibirá, según el Gobierno regional, “un galardón en reconocimiento por su compromiso con la libertad y el pueblo judío”.

La lista que publica anualmente este periódico recoge 100 personas que “han influido positivamente en la vida judía”, y este año será Ayuso la que reciba el aplauso de los judíos. En la última edición, aparecieron personalidades como Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Javier Milei, Santiago Peña (presidente de Paraguay), e incluso la autora de los libros de Harry Potter, JK Rowling.

Sevilla se ha enredado esta semana con un cruce de conmemoraciones históricas que ha derivado en otra bronca política. El Ayuntamiento de la capital andaluza, gobernado por el PP, ha organizado un gran desfile teatralizado para celebrar el quinto centenario de la entrada del emperador Carlos V e Isabel de Portugal en la ciudad con motivo de su casamiento, en 1526. El recorrido estará alfombrado con pétalos de flores, con Isabel a lomos de un caballo blanco y Carlos en uno negro.

La boda imperial supuso la unión estratégica de España con Portugal y “convirtió a Sevilla en escenario de una de las grandes ceremonias públicas del Renacimiento”, en palabras difundidas por el Consistorio hispalense.

El espectáculo, concebido como una recreación escénica itinerante de gran formato, se celebrará este sábado 28 de febrero, solapándose con el Día de Andalucía, que también conmemora y celebra el Gobierno autonómico, también del PP. No es habitual que un 28F confluyan dos efemérides oficiales, menos aún cuando las instituciones organizadoras son del mismo signo político.

Los partidos de izquierda en Andalucía, en el Ayuntamiento y en el Parlamento, han afeado al alcalde de la ciudad, el popular José Luis Sanz, que haga coincidir el quinto centenario de la llegada de Carlos V, en el siglo XVI, con el 28F, que conmemora la conquista del autogobierno de Andalucía, consolidada en la aprobación del Estatuto de Autonomía, el 28 de febrero de 1981.

En un momento de reafirmación andalucista por parte de todos los partidos (excepto Vox) que confluirán en las urnas en pocos meses, el polémico desfile medieval que ha montado el Consistorio hispalense ha tensado el debate político a las puertas del Día de Andalucía. Y eso que el acto de Carlos V e Isabel de Portugal tendrá lugar el sábado por la tarde, mientras que los actos institucionales del 28F –en el Parlamento, primero; y en el Teatro de la Maestranza, donde la Junta entregará las Medallas de Andalucía– serán por la mañana.

El portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, ha tildado el desfile de “inoportuno e innecesario”, y ha acusado al alcalde de “eclipsar” el 28F, y ha recordado que el acto que conmemora la llegada de Carlos V a Sevilla tuvo lugar el 11 de marzo, por lo que “existían alternativas más que suficientes para evitar una coincidencia forzada”.

Las otras dos formaciones de izquierdas, Por Andalucía y Adelante Andalucía, también han criticado la decisión del Consistorio, afeándole su “falta de respeto” por el 28F, con independencia de la efeméride que organiza el Gobierno de Moreno, al que tampoco suelen asistir.

Desde el Ayuntamiento hispalense se alega que se ha elegido este fin de semana porque, de los más próximos a la fecha del 10 de marzo (que es cuando el monarca entró en la ciudad en 1526), es el que había más descargado de eventos ya programados. La intención, además, era hacerlo en sábado para que pudiera acudir más público, con la circunstancia añadida de que el 28F es festivo en toda Andalucía.

No interfiere los actos oficiales

Fuentes municipales señalan que el Consistorio “nunca” ha organizado actos con motivo del 28F, ni ahora ni en mandatos anteriores, y que se limita a abrir al público las puertas de la casa consistorial en horario matutino. Además, se esgrime que los actos institucionales, en el Parlamento y en el Teatro de la Maestranza, son también por la mañana, por lo que no les afecta un evento que arranca a las 16.30 horas. Eso sí, en el expediente para la contratación (firmado el 23 de febrero) figura que el evento tendría lugar el 11 de marzo, aunque con anterioridad el gobierno local del PP ya había anunciado la fecha del 28F.

La organización se le ha encargado a la compañía Teatro Clásico de Sevilla con un contrato directo sin publicidad por importe de 53.700 euros, IVA incluido. El desfile teatralizado tendrá como punto de partida el Arco de la Macarena, a las 16.30 horas, y finalización a las 19.30 horas en la Puerta del León del Real Alcázar.

Contará con alrededor de 120 participantes entre actores, músicos, bailarines, figurantes y equipo artístico y de producción, y está diseñado y producido por Teatro Clásico de Sevilla , con una puesta en escena basada en el rigor histórico del protocolo, la jerarquía y la simbología del siglo XVI, así como en la indumentaria y los códigos visuales de la monarquía hispánica.

El primer teniente de alcalde, Juan Bueno (PP), ha visitado este miércoles las instalaciones en las que se ultiman los detalles, donde ha subrayado que “el vestuario será parte del éxito de ese desfile que, sin ninguna duda, será un éxito para Sevilla y para todos los sevillanos. Se ha procurado que el vestuario escogido sea fiel a la época que representa, para lo que se usarán trajes provenientes de películas de cine internacional, muy exclusivas, además de atuendos diseñados exprofeso para el vestuario de Isabel de Portugal y de Carlos V”.

“Incluso las joyas se han reproducido a imagen y semejanza de las que presentan pinturas de los emperadores”, ha añadido el portavoz del Gobierno local. Además, a lo largo del recorrido los personajes repartirán miles de claveles rojos –flor traída a España por Carlos V con motivo de su enlace– además de alfombrar con pétalos el paso del cortejo. Isabel realizará el recorrido a lomos de un caballo blanco y Carlos V en un caballo negro.

El mismo recorrido de hace cinco siglos

El recorrido atravesará el mismo recorrido que siguieron tanto la aún infanta portuguesa, en primer lugar, como al emperador, después, a su entrada a la ciudad que sería testigo de este real enlace. Además, habrá paradas escénicas con música, danza y acciones coreografiadas en cada uno de los puntos donde se erigieron arcos triunfales para recibir a los novios, marcando el camino hasta el centro de la ciudad: Arco de la Macarena (16.30 horas); Iglesia de Santa Marina (17 horas); San Marcos (17.15 horas); Santa Catalina (17.35 horas) y San Isidoro (18.10 horas).

La comitiva llegará al cruce de Álvarez Quintero con Entre Cárceles (18.35 horas); Plaza Virgen de los Reyes (18.55 horas); Puerta de Campanillas de la Catedral (19.10 horas); Puerta del León (19.20 horas), culminando con la entrada del cortejo en el Real Alcázar diez minutos más tarde.

A lo largo del desfile, el público podrá asistir a una cuidada selección de músicas renacentistas interpretadas por Los Ministriles y por el Tercio de Olivares, con momentos destacados como la fanfarria de bienvenida en el Arco de la Macarena, una acción coreográfica con Pavana en Santa Marina, y diferentes piezas y danzas históricas en las paradas, incluyendo la Danza de las hachas y Dit le Bourguignon, en Santa Catalina, además de interpretaciones como Fanfare la moresque, Propiñan de Melyor y Hoy comamos y bebamos de Juan del Encina. En la Puerta de Campanillas, el cortejo incorporará una escolanía formada para la ocasión, antes de la tocata y fanfarria solemne de despedida en la Puerta del León.

Por segunda vez consecutiva, el Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este jueves un pleno sin público después de que su presidente, Manuel Alés (PP), ordenara su desalojo al producirse una cuarta interrupción por parte de trabajadores municipales protestando por su situación laboral. El momento que resume lo ocurrido lo ha protagonizado una mujer que se ha negado a marcharse, se ha tumbado en el suelo y ha sido sacada en volandas por la Policía Local.

Esta mujer es Ángeles Casares, delegada sindical de CGT, y pese a lo que parecía inicialmente no estaba allí para protestar por la privatización de la limpieza de los colegios (que capitalizó las protestas de la mañana, con manifestación incluida) sino por la situación del sector de ayuda a domicilio. El colectivo lleva varios años en lucha con el Ayuntamiento, en 2024 llevó a cabo una acampada de 36 días frente a la casa consistorial y, básicamente, reclama la municipalización del servicio para mejorar las condiciones tanto de los usuarios como de los propios empleados.

En la mañana de este jueves, Casares accedió tarde al salón de plenos, primero porque se abarrotó (acudió mucho público por asistir a la aprobación de nuevos nombres en calles de la ciudad) y segundo porque el sistema de acreditación y acceso es premioso. Nada más entrar, y antes de ocupar un asiento, se mantuvo unos instantes en pie para quitarse el abrigo y ponerse la bata de trabajo en la que lucía en la espalda su mensaje: SAD SOS, donde SAD es el acrónimo de servicio de ayuda a domicilio. El presidente del pleno, por cierto, le conminó a sentarse.

El PP endurece su postura

Cuando lo hizo, se encontró con algo que no esperaba. El gobierno de José Luis Sanz (PP) ha decidido endurecer su postura en cuanto a las protestas en el pleno, ya que considera que afectan al normal funcionamiento de las sesiones. Por eso, el miércoles emitió una circular de la que dio cuenta en la junta de portavoces: el presidente, Manuel Alés, se reserva a su criterio el “desalojo íntegro” de todo el público si lo estima oportuno. Cuando Ángeles Casares entró, ya se habían producido tres desalojos de trabajadores clamando contra el gobierno local, y nada más sentarse se produjo un cuarto incidente, por lo que se decretó la expulsión de todos los presentes.

“No me dio tiempo ni a protestar para lo que iba”, señala Casares, que no llevaba ni pancarta porque la portaban compañeras que estaban todavía acreditándose para entrar en el Salón Colón. “Cuando me dijeron que me tenía que ir les respondí que era injusto y me tiré al suelo boca abajo y con los brazos en cruz, para que se viese lo de SAD SOS”, lo que llevó a los agentes a preguntarle si es que había sufrido un desvanecimiento.

“La Policía fue muy respetuosa en todo momento y, cuando les dije que no era un desmayo, me invitaron a levantarme”, a lo que respondió que no porque lo consideraba una injusticia y porque “cada vez se permite menos la protesta en el Ayuntamiento”. Los agentes le advirtieron de que si no se levantaba estaban obligados a transportarla, lo que acabó ocurriendo.

Municipalizar el servicio

Eso sí, cuando la sacaron del salón de plenos (del que se cerró la puerta para que no accediera más el público), volvió a tumbarse en el suelo. Los policías le pidieron de nuevo que depusiera su actitud, porque de lo contrario la tendrían que multar. Ahí ya se levantó, porque dice que la cosa no está para bromas: “Nuestro salario base es de 1.143 euros, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional del año pasado”, algo que a corto plazo no tiene visos de que vaya a cambiar porque el convenio está caducado y se augura una negociación larga.

Casares pertenece a la empresa Zaintzen y reclama que el servicio de ayuda a domicilio vuelva a ser municipal, lo que choca con la realidad de un Ayuntamiento que “contrata con multinacionales” pese a las constantes protestas por las condiciones laborales. De paso, denuncia que el actual alcalde “nos ha engañado”, ya que acabaron con su acampada por la promesa de un estudio de viabilidad de su demanda del que siguen sin tener noticias.

En cuanto a los desalojos, el pleno que aprobó el presupuesto local el pasado 29 de enero fue en el que por primera vez se expulsó a todo el público, ante la sucesión de protestas por la privatización del servicio de limpieza de los colegios. La circular aprobada por el presidente señala que tanta interrupción “hace imposible” que los concejales afectados “puedan articular un discurso y vulneran su derecho a expresar libremente su posición”.

Potestad de “desalojo íntegro”

“Como ha podido comprobarse, la garantía del normal desarrollo de las sesiones plenarias no llega a producirse con la reiteración de las interrupciones motivadas por las intervenciones del público seguidas del correspondiente desalojo”, sostiene el documento. Por ello, ha decidido que esta situación dará lugar al “desalojo íntegro” del público, para lo que Manuel Alés apela al artículo 33,1 e) del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno, que atribuye al presidente “velar por el normal desarrollo de las sesiones plenarias, adoptando cuantas medidas sean procedentes para la consecución de este objetivo”.

El reglamento ya establece que el público asistente no podrá intervenir, hacer manifestaciones o actuaciones, exhibir pancartas, escritos o análogos que alteren el orden de la sesión, pudiendo la Presidencia proceder a expulsarlos. Esto ha sido lo normal hasta la fecha: se advertía y, si continuaba la protesta, se desalojaba al protagonista. Ahora se reserva la opción de proceder igual con todos los presentes, estén quejándose de algo o no.

Ángeles Casares lamenta que, cuando se tiró al suelo, estaba en el uso de la palabra el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP), que ironizó con la situación: “Espero que la señora se recupera, creo que es la segunda o la tercera vez que se desmaya en el pleno”, en referencia a un desvanecimiento que sufrió de verdad hace un tiempo. Y es que su colectivo acude a todos los plenos a denunciar su situación, y Casares asegura que piensan seguir haciéndolo. “Si ahora salen con éstas, tendremos que echarle imaginación y hacer otras cosas, pero vamos a seguir protestando”.

Esta vez no han dejado pasar ni dos días. Si el pasado mes de diciembre la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, anunciaba que en enero de 2026 saldría la esperada convocatoria de ayudas para el sector cultural andaluz, “con un incremento del 80% en las subvenciones concurrenciales, alcanzando cerca de dos millones de euros”, el mismo 2 de febrero ese mismo sector, indignado, lanzaba un nuevo comunicado en el que no solo clama contra el abandono de las políticas municipales, sino también contra el paradójico triunfalismo del alcalde, José Luis Sanz.

Hace apenas una semana, en rueda de prensa, Sanz sacaba pecho por la gestión del controvertido Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), defendiendo un incremento de hasta seis millones de euros, con una ejecución presupuestaria del 90 % y un aumento de ingresos de taquilla de un 45 % respecto a 2022. Asimismo, el primer edil destacó como hitos de su gestión el arranque de la programación de la Fábrica de Artillería y la creación del Festival de la Ópera. Una coyuntura según la cual, apostillaba Sanz, el ICAS atravesaba “su mejor momento”.      

La reacción del sector no se ha hecho esperar, ni ha sido sorprendente. En el comunicado suscrito por una veintena de asociaciones y colectivos (Asociación andaluza de compañías y profesionales de danza, Asociación de circo de Andalucía, Asociación de directoras de artes escénicas de Andalucía, Asociación de distribuidoras de artes escénicas de Andalucía, Asociación cultural MOSAICA, Asociación Escenarios de Sevilla, Asociación de galerías de arte de Sevilla, Asociación de gestores culturales de Andalucía, Asociación de museología y museografía, Asociación de profesionales de las artes escénicas para la infancia y la juventud de Andalucía, BNV Producciones, Editorial Barrett, Fonoteca de Sevilla. Cultura de la escucha, Gremio de la narración oral en Andalucía, GNOA, Instituto de arte contemporáneo, Mujeres en las artes visuales y Zemos98) discrepan del diagnóstico de Sanz: “Si bien reconocemos que la situación del ICAS arrastra problemas estructurales desde hace años, consideramos que en la etapa actual no se ha producido la mejora que se anuncia públicamente y que, en aspectos relevantes, la situación ha seguido deteriorándose, afectando de forma directa al tejido cultural de la ciudad”.

Espacios y festivales perdidos

En lo que respecta al ICAS, denuncian “una estructura de personal cada vez más limitada, dificultades administrativas recurrentes y una falta de planificación y diálogo que condiciona seriamente el desarrollo de proyectos culturales”, dicen. “El gobierno municipal destaca como logros la activación de nuevos espacios culturales, como la Real Fábrica de Artillería. Pero no se menciona que el Teatro Lope de Vega permanece cerrado desde hace tres años y que ambos espacios culturales siguen sin contar con direcciones artísticas seleccionadas mediante convocatorias públicas. Además, las antiguas Naves de Calatrava, dedicadas históricamente a la danza, han cambiado su uso convirtiéndose en cocheras para la policía municipal, perdiendo su función cultural”.

Asimismo, como contrapeso al Festival de Ópera oponen los programas y festivales que en los últimos años han desaparecido del calendario cultural de la ciudad, como Danza Mobile, Nocturama, Monkey Week, Contemporánea Sevilla Gallery Weekend o el Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina, entre otros.

“Los datos externos tampoco avalan el relato institucional”, prosigue el comunicado. “En el reciente ranking 'Lo mejor de la cultura 2025' de la Fundación Contemporánea, elaborado por más de 400 profesionales del sector, los proyectos estrella del gobierno de José Luis Sanz no aparecen entre los más de 500 de todo el país y se confirma la tendencia a la baja de la ciudad tanto a nivel nacional como regional solo salvada por entidades que no dependen del ICAS”.

Transparencia e igualdad

Especial preocupación genera la gestión económica y administrativa del organismo. A pesar de los anuncios sobre mejoras en los plazos de pago, los firmantes subrayan que “persisten retrasos, carencias de comunicación pública de sus propias actividades y falta de previsibilidad que afectan al normal desarrollo de la actividad cultural”, lamentan. “El aumento presupuestario del ICAS en los últimos años requiere además un análisis cualitativo sobre su destino. Parte de los recursos se ha concentrado en grandes eventos puntuales, como el espectáculo navideño Navigalia, con una inversión cercana al millón de euros, mientras que el presupuesto destinado a convocatorias públicas de apoyo a proyectos y espacios culturales ha sido menor de lo prometido, generando un desequilibrio entre el gasto en eventos singulares y el sostenimiento del tejido cultural estable”.

“Al mismo tiempo”, agregan, “se observa un incremento de las subvenciones nominativas, otorgadas de forma directa, frente a las líneas de apoyo a las que se accede mediante convocatorias públicas en régimen de concurrencia. Este desplazamiento reduce la transparencia, la igualdad de oportunidades y la diversidad del tejido cultural beneficiario. La situación se agrava con la gestión de las convocatorias públicas para el desarrollo de proyectos culturales de creación contemporánea y las ayudas destinadas al apoyo de los espacios culturales de la ciudad. La no publicación de estas convocatorias en 2023 y 2025, ha generado una fuerte inestabilidad e incertidumbre sobre la continuidad de numerosos proyectos culturales”.

A ello se suma, según estos colectivos, “la ausencia de espacios estables de interlocución con el sector. Las decisiones unilaterales, la falta de transparencia en los procesos y la inexistencia de mecanismos de evaluación compartida debilitan la confianza entre la administración y los agentes culturales. Asimismo, advertimos del progresivo debilitamiento de las políticas culturales de proximidad: reducción de la programación en barrios, pérdida de programas de mediación cultural y una creciente concentración de recursos en grandes eventos puntuales, en detrimento de procesos culturales sostenidos, diversos y accesibles”.

Diálogo necesario

Así, los firmantes insisten en la necesidad urgente de abrir “un proceso de diálogo real y estructurado que permita reformar los estatutos y el modelo organizativo del ICAS con el mayor consenso político posible y la participación activa del sector cultural, con el objetivo de dotarlo de mayor estabilidad, profesionalización, autonomía y eficacia”. En este sentido, hacen un llamamiento al gobierno municipal, pero también al resto de fuerzas políticas de la ciudad, “para que se sumen a este diálogo constructivo”.

Consultada por este periódico la delegada de Cultura del Ayuntamiento hispalense, afirma que “la valoración realizada por el Ayuntamiento de Sevilla en los últimos días se ha centrado en poner en valor la mejora de la gestión del ICAS, atendiendo a datos objetivos de actividad, ejecución presupuestaria y funcionamiento interno, tal y como destacó el alcalde. Ello no supone desconocer que el ICAS arrastra necesidades estructurales e infraestructuras complejas, ni afirmar que la situación sea perfecta. Al contrario, se es consciente de los retos existentes y del esfuerzo adicional que supone ampliar proyectos, espacios y programación, como la incorporación de la Real Fábrica de Artillería, nuevos festivales o el aumento del presupuesto del organismo”.

“Precisamente en ese contexto de crecimiento es donde se han producido mejoras relevantes en la gestión, que consideramos necesario visibilizar. Todo ello es compatible con seguir trabajando en la mejora del modelo y en dar respuesta a las demandas del sector”, añade la edil. “Asimismo, tal y como se comprometió el Ayuntamiento, las convocatorias de subvenciones públicas se publicarán de manera inminente esta misma semana, reforzando el apoyo al tejido cultural de la ciudad”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha cumplido con el último trámite y ya puede decir que tiene aprobado su presupuesto para 2026, fruto de un pacto entre el gobierno local del PP y Vox. Con un montante de casi 1.100 millones de euros, lo que supone un nuevo récord, hasta ahora las críticas de la oposición de izquierdas se habían centrado en la pérdida de partidas en materias como igualdad, cooperación, memoria histórica o lucha contra el cambio climático. Todo eso se mantiene, pero ahora el foco está puesto en la partida que se incluye para privatizar la limpieza de los colegios públicos, lo que ha desatado una tormenta en el salón de plenos con los trabajadores municipales encargados de esta tarea.

“El Ayuntamiento es un polvorín a punto de estallar, no sólo tienen el rechazo de la oposición, sino que por primera vez también el de los trabajadores”, resumía la situación el portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), después de una sesión cargada de tensión. “¿No le hace reflexionar la bronca pleno tras pleno? Se está viviendo situación excepcional, fruto de sus socios de presupuesto”, le reprochó el líder del PSOE municipal, Antonio Muñoz, al alcalde, José Luis Sanz (PP).

La sesión era una mera formalidad, porque en realidad las cuentas se aprobaron el pasado diciembre. Pero durante el obligatorio periodo de exposición pública se han presentado varias alegaciones (de ONG, Facua y hasta del PSOE), lo que imponía un último pleno en el que se rechazaron todas para la bendición definitiva. El regidor no ha llegado ni a intervenir, mientras que el portavoz municipal (Juan Bueno, también delegado de Hacienda) ha centrado su último turno en poco menos que afirmar que “Sevilla tiene presupuesto y sigue en marcha a pesar de ustedes”.

Dos desalojos nada más empezar

Nada más arrancar, ya se vio que la sesión iba a ser intensa. Los trabajadores de la limpieza ya habían pregonado que le declaraban la guerra a José Luis Sanz por la externalización de la limpieza en los colegios, lo que según el cálculo sindical supondrá la liquidación de 300 empleos. Y bien que se notó, porque el presidente del pleno, Manuel Alés, ya ordenó dos desalojos en los primeros minutos, advirtiendo que a la próxima se procedería a expulsar a todo el público.

De esta manera fueron desfilando para afuera delegados sindicales, que interrumpieron la intervención de Juan Bueno coreando consignas y exhibiendo carteles en contra de esta privatización. Ya en la recta final, cuando habían transcurrido 45 minutos, Alés instó a la Policía Local a expulsar del salón plenario “a invitados y público”. “El criterio es el que yo establezco”, esgrimió ante las protestas de la oposición, lo que le valió el irónico reproche del portavoz de Podemos-IU de que “esto con Zoido no pasaba”, en referencia al anterior alcalde del PP. Por cierto, que Ismael Sánchez lucía una camiseta con ese mismo mensaje.

El delegado de Hacienda, por su parte, se limitó a decir que no procedían las alegaciones presentadas, cargando contra una oposición de izquierdas a la que acusó de “mentir permanentemente”. “La auténtica verdad es que aquí no se va a despedir a nadie”, incidiendo en que ha sido el PP el que ha estabilizado a 237 de los 336 trabajadores que se encargan de esta tarea, a lo que se ha sumado una próxima convocatoria con 106 plazas.

Giro a la derecha del presupuesto

El alcalde, José Luis Sanz, no habló en el pleno, pero estos días ha reiterado que, por mucha presión que le metan los sindicatos, no piensa dar marcha atrás a su plan de que se encargue una empresa privada de limpiar los colegios, comprometiéndose a reubicar en otras funciones al personal que ahora lo hace. Su argumento es que “no se perderá ningún empleo público” pese a externalizar la limpieza de 108 colegios y 250 edificios municipales.

Para sacar adelante las cuentas, el PP aceptó en su momento 16 de las 18 enmiendas presentadas por Vox, que incluían nuevos recortes en partidas destinadas al Servicio de la Mujer, los planes de igualdad y la cooperación al desarrollo, además de a las asociaciones de consumidores como Facua. A ello se unieron después dos nuevas exigencias: eliminar la zona de bajas emisiones de la Cartuja y reforzar los controles para empadronar a inmigrantes.

Cayetana Fitz-James Stuart (1926-2014), XVIII duquesa de Alba, fue todo un personaje en Sevilla, ciudad que eligió como su epicentro vital con sede en el Palacio de las Dueñas. La Casa de Alba va a conmemorar ahora el centenario de su nacimiento, y para ello cuenta con la participación entusiasta de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla, administraciones que colaboran en los actos y desde la que se llega a definir a la homenajeada como un “icono de la cultura andaluza”.

Poseedora de 53 títulos nobiliarios y gran protagonista de la vida social sevillana durante décadas, el gran impulsor del amplio calendario de actos es su hijo Cayetano Martínez de Irujo, comisario de este centenario desde la Fundación Casa de Alba. El programa incluye una miniserie documental, un libro, un espectáculo flamenco y un homenaje taurino, aunque el plato fuerte será una exposición en el Palacio de Dueñas que comisaría su hija, Eugenia Martínez de Irujo. Los dos hermanos, por cierto, siguen inmersos en la causa judicial por presunto delito ambiental en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, con petición de la Fiscalía de que se les impute en el caso.

Otra de las propuestas más llamativas será un ciclo de conferencias en el que se analizará a la duquesa de Alba desde diferentes ángulos, incluido el político, para lo que en el mes de abril la periodista Susana Griso moderará una charla entre el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y el expresidente del Gobierno Felipe González. Otro de los momentos estelares será una tertulia en la que participarán cuatro de sus seis hijos, ya que Jacobo y Alfonso se caen del cartel.

“Un guiño” en la portada

Todo este calendario lo ha incluido el Ayuntamiento de Sevilla en la oferta que llevará en unos días a Fitur, la principal feria turística del país. La presentación de todos estos actos tuvo como escenario un edificio municipal como el Alcázar, con una recepción posterior que corrió a cargo del Consistorio, mientras que el alcalde, José Luis Sanz (PP), anunciaba que la portada de la próxima Feria de Abril le hará “un guiño” a la figura de la duquesa. Por cierto, que en 2010 Cayetana de Alba ya protagonizó el cartel municipal que anuncia las fiestas de primavera, en el que compartía protagonismo con Juanita Reina y que firmó la artista Reyes de la Lastra.

En el Salón de los Tapices del Alcázar, Sanz definió a Cayetana de Alba como “gran embajadora cultural de Sevilla”, además de “símbolo cultural, humano y universal” de la ciudad. De esta “sevillana por elección” (nació en Madrid), el regidor también subrayó que fue “una personalidad irrepetible que supo unir lo aristocrático y lo popular, la tradición y la libertad, convirtiéndose en un icono cultural de España y del mundo”.

La cascada de elogios incluyó su “carácter generoso”, su cercanía al pueblo y su vinculación con la Semana Santa, la Feria de Abril, el flamenco y la tauromaquia. Para el alcalde, fue “una mujer independiente, que rompió moldes y tomó decisiones propias, incluso cuando ello suponía ir contracorriente”.

En el “imaginario de la cultura andaluza”

Si José Luis Sanz no regateó alabanzas –que nunca le faltaron en la capital hispalense–, tampoco le fue a la zaga la representante del Gobierno andaluz, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), que llegó al extremo de asegurar que “pocos iconos destacan más en el imaginario de la cultura andaluza” que la XVIII duquesa de Alba, una aristócrata que fue “mecenas y embajadora de las artes”. De paso, pergeñó algunos aspectos de la trayectoria vital de su figura: su amor por el arte (“y muy singularmente por la pintura antigua y contemporánea”), las tradiciones, los toros y el flamenco.

La cosa no quedó ahí, porque también resaltó de Cayetana de Alba que “ejerció con todo su ahínco de mecenas y embajadora del arte, la música, el flamenco y la moda andaluza”, recordando de paso la afirmación que solía hacer de que “la verdadera aristocracia reside en la cultura”. Y a ello, subrayó, se aplicó desde instituciones como la Hispanic Society of America de Nueva York o a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

Con este prólogo de elogios, Sevilla se dispone a celebrar durante este 2026 los cien años del nacimiento de la aristócrata que llegó a acumular en el mundo más títulos nobiliarios, superando a la mismísima Isabel de Inglaterra. Llegó a tener cinco ducados, 18 marquesados, 20 condados, un vizcondado y un condestablado, además de ser 14 veces Grande de España, sin contar los reconocimientos que repartió en vida entre sus seis hijos. Nombrada hija predilecta de Andalucía en 2006, con el PSOE en el Gobierno andaluz y jornaleros protestando en la calle por la decisión, su capilla ardiente se instaló en el propio Ayuntamiento de Sevilla.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha reconocido este viernes la externalización de algunos servicios municipales, en particular la limpieza de colegios y otros edificios públicos, aunque ha asegurado que no se perderá “ningún empleo público”. El PSOE municipal ha reaccionado condenando esta privatización de servicios y, aludiendo a los cálculos que han hecho los sindicatos, calcula que este movimiento podría suponer la pérdida de más de 300 empleos públicos.

Pese a este anuncio de privatización, el regidor ha defendido que se seguirá creando empleo dentro del Ayuntamiento, una cuestión que considera “prioritaria” para el gobierno local. “Mi prioridad de defender el empleo público, pero también tengo la responsabilidad de que los 108 colegios de Sevilla estén lo más limpios y cuidados posible”, ha argumentado.

Esta externalización afectará a un total de 350 edificios municipales, cifra en la que se incluyen los centros escolares. “Invito a que cualquiera visite una comisaría de Policía o por un parque de Bomberos, y digan si creen que están en condiciones de un edificio público de la capital de Andalucía”, ha apostillado al respecto. Por ello, Sanz ha enmarcado que la medida responde a la necesidad de garantizar que los mencionados inmuebles públicos cuenten con un servicio de limpieza adecuado, aunque ello responda a la privatización de los mismos.

“No es una novedad en el Ayuntamiento”

“Sí, supone una externalización de servicios municipales, evidentemente es una privatización, pero no es una novedad en este Ayuntamiento”, ha dicho, asegurando que se mantendrán todos los empleos existentes y se seguirá creando empleo público. Todo ello, ha subrayado Sanz, con el objetivo de que el servicio se preste con “mayor calidad”, ya que actualmente, a su juicio, la limpieza y el mantenimiento de estos edificios “deja mucho que desear”.

Preguntado sobre si esta medida podría abrir la puerta a futuras externalizaciones de otros servicios, ha descartado esa posibilidad. “Se trata de un problema endémico del Ayuntamiento de Sevilla, que se ha arrastrado durante años. Creo que ha llegado el momento de afrontarlo, por el bien de nuestros niños”, ha concluido.

Por su parte, en una carta conjunta remitida a medios, consultada por Europa Press, los sindicatos CCOO, UGT, CSIF Y USO-SPLS, han criticado la decisión del alcalde y han señalado que las justificaciones que han llevado al edil a llevar a cabo la misma “son falsas”.

Los sindicatos se sienten engañados

“El alcalde nos pidió en noviembre que aportáramos soluciones para el servicio de limpieza y, sin embargo, un mes después de entregarle un plan de acción serio y riguroso, nos da cita para dar carpetazo y anunciar la privatización del servicio”, advierten.

Asimismo, añaden, que a su juicio la decisión supone “el fin del futuro del sistema de empleados laborales en el Ayuntamiento de Sevilla. Recordamos que la puerta de entrada del personal en el Ayuntamiento son las oposiciones de peón”.

Por ello, han anunciado la convocatoria de un comité de empresa urgente para el lunes, 19 de enero, una ronda de contactos con diferentes empresas municipales y una asamblea con la plantilla para “tomar medidas de presión que reviertan esta decisión”.

Un “modelo” privatizador

Quien también ha reaccionado ha sido el PSOE, que por medio de su portavoz municipal, Antonio Muñoz, ha lamentado que con el paso dado por el gobierno de José Luis Sanz “ahora el trabajo lo desarrollarán empresas privadas, lo que supone una merma de calidad laboral para los empleados”.

Muñoz ha acusado al PP de tener un “modelo” que apuesta por la privatización. “Es el modelo del PP en sanidad, educación, y en general de los servicios públicos”, ha añadido. “Sanz es el responsable de dejar caer el servicio para luego privatizarlo con la excusa de mantener los colegios más limpios”, ha lamentado.

Esto, a su vez, ha provocado la reacción del gobierno local, que por medio de su portavoz, Juan Bueno (PP), ha instado al PSOE a actuar con “responsabilidad” y a “dejar de engañar”, defendiendo que el nuevo plan se centra en “redistribuir recursos, no en privatizar”. Según ha subrayado, el plan “no supone la pérdida de ningún puesto de trabajo, generará nuevos empleos y, sobre todo, mejorará la limpieza en los colegios”.

El pacto entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla para aprobar el presupuesto de 2026 tuvo un peaje previo en forma de enmiendas, que el gobierno municipal de José Luis Sanz (PP) le aprobó a la formación de ultraderecha para así engrasar la relación. Ese entendimiento inicial dejó en el tintero otra vez partidas en igualdad y cooperación, a lo que se añadió el sacrificio de todas las ayudas previstas para asociaciones de consumidores, lo que la entidad más representativa (Facua) entiende como “una venganza” basada en el “odio ideológico” porque resulta “incómoda” para ambas formaciones. El gobierno legal niega la mayor y alude a los “ajustes” que se producen en todo proceso negociador.

La denuncia la hace el portavoz nacional de la organización, Rubén Sánchez, miembro a su vez de la junta directiva en Sevilla, que da por hecho que esta decisión de PP y Vox va dirigida directamente contra ellos, aunque de paso haya perjudicado también al resto de asociaciones de este tipo. La explicación es sencilla para Sánchez: como no se puede apartar directamente a Facua porque son ayudas en concurrencia competitiva, lo que se ha decidido simplemente es eliminarlas para todos.

El PP aprobó 16 de las 18 enmiendas a las cuentas que presentó Vox, el 90%, entre ellas la que fulminaba los 45.000 euros previstos para ayudas destinadas a que las organizaciones de consumidores desarrollen su labor. El dinero finalmente se desvió para la rehabilitación de solares en los que se levantan mercadillos ambulantes, con lo que estas entidades se quedaron sin ninguna subvención municipal ya que era el único previsto en un presupuesto de casi 1.100 millones de euros.

“Menos dinero para defender a los consumidores”

La propuesta de Vox salió adelante sin el más mínimo reproche del PP, que ni siquiera presentó una transaccional como sí hizo con muchas de las otras iniciativas de la ultraderecha como condición para aprobarla. Finalmente, y tras una nueva imposición de medidas que van a suponer recortes en migración y medio ambiente, las cuentas de este año salieron para adelante sin problemas.

El gobierno del PP subraya que no se han eliminado son subvenciones de libre concurrencia “sin nombre y apellidos” y que por lo tanto no se le ha quitado ninguna ayuda directamente a Facua. “En la negociación de un presupuesto de más de 1.000 milones de euros puede haber ajustes, como ha sido el caso de estos 45.000 euros”, que se ha considerado “positivo para la ciudad” que engrose lo previsto para los solares de los mercadillos, que ha pasado así de 53.9000 a 98.900 euros.

Rubén Sánchez resalta que la supresión de estas ayudas se traduce en “menos dinero para defender a los consumidores de los fraudes de empresas”, e implica la desaparición de una línea de incentivos que se presupuestaban año a año desde hace décadas. Facua, como organización mayoritaria en Sevilla (cuenta con casi 30.000 socios), siempre se ha llevado la cuantía más importante de la partida municipal, en concreto 20.300 euros el año pasado.

El PP defiende que para el equipo de Sanz “no hay asociaciones 'incómodas' ni tiene la 'venganza' entre sus principios inspiradores de la acción de gobierno”. Vox, por su parte, enmarca su propuesta en su objetivo de eliminar todas las partidas que considera ideológicas o que no tienen un retorno directo a la ciudadanía, lo que lleva a Rubén Sánchez a incidir en que “si Sanz apoya una propuesta de la extrema derecha es porque también él es de extrema derecha, tiene un perfil muy ultraconservador”.

Consulta de la Feria e Icónica

El portavoz de Facua considera que su organización supone “un elemento conflictivo para el Ayuntamiento”, como ya pasó en la etapa del socialista Juan Espadas como alcalde en relación con el papel municipal en el caso de listeriosis de la empresa Magrudis. Con el actual regidor ha habido dos encontronazos sonados, el primero de los cuales fue el cuestionamiento de la consulta popular para cambiar el formato de la Feria de Abril, con la denuncia de “graves irregularidades”.

“El Ayuntamiento llegó a acusarnos de calumnias y anunció una querella que nunca llegó a presentar”, lo que no impidió que José Luis Sanz llegara a afirmar que Facua no le merecía “ninguna credibilidad”. “Sanz nos tenía enfilados y Vox siempre ha dicho que cuando gobiernen nunca recibiremos subvenciones”, pero si se les apartaba del concurso público hablaríamos de prevaricación, de ahí que dé por hecho que se haya optado por eliminar íntegramente esta partida.

Con el actual gobierno local también ha chocado en la cuestión de la cesión de la Plaza de España para la celebración del Festival Icónica, que promotoras musicales llevaron al juzgado. “El caso se ha archivado por ahora, pero el Ayuntamiento sigue dando la concesión a la empresa de forma rara y mirando para otro lado” en cuanto a una serie de requisitos que, considera, deberían ser exigibles.

Esta conjunción de elementos se habrían traducido en una “venganza” contra Facua, que se ha llevado por delante a todas las organizaciones de consumidores. “Todo esto es por el odio ideológico de Sanz y Vox al modelo de organización social que representa Facua”, apostilla.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), sacó adelante en diciembre el presupuesto municipal para este año gracias a un nuevo pacto con Vox, en el que se incluía la exigencia de un mayor control del empadronamiento de las personas migrantes. Los populares compraban así una de las grandes obsesiones de la formación de ultraderecha, por lo que el grupo municipal Podemos-IU ha reclamado ahora los detalles. La respuesta del gobierno local ha sido que pretende evitar así que “se cometan fraudes con los migrantes”.

Así lo ha vendido el portavoz del PP y también delegado de Hacienda, Juan Bueno, que ha argumentado que hay quien intenta “lucrarse” con este procedimiento administrativo, y para ello “defraudan y estafan a estas personas”. Por ello, postula que lo recogido en el pacto se traduce en un “sistema garantista”, para ofrecer “una información clara y dar un acompañamiento adecuado” a los migrantes y de esta manera “evitar el fraude”.

La cuestión se ha abordado en la comisión de control al gobierno local, y la explicación no ha convencido lo más mínimo al portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), que considera “un disparate” la iniciativa municipal, al que ha acusado de querer usar el padrón “como instrumento de control migratorio”. “Esto es una barbaridad que está fuera de la ley”, ha subrayado.

“Da igual la situación administrativa de la persona”

El acuerdo rubricado es aséptico en la redacción de este punto, y se limita a recoger la “elaboración de un protocolo reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes del padrón”, sin ninguna mención a la población migrante. Pero la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, sí dejó bien claro que el objetivo de la medida no es otro que “evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad”.

Podemos-IU ha recordado que la ley estipula que para empadronarse sólo hay que acreditar la residencia en la ciudad, “da igual la situación administrativa de la persona, el padrón no está para eso”. Por eso Ismael Sánchez ha insistido en saber cómo se va a hacer, “si se le va a pedir a los funcionarios municipales saltarse la ley y que cometan un delito”, obligándoles a reclamar más requisitos de los necesarios. “No podemos ni discriminar ni excluir”, ha recordado, al tiempo que ha acusado al PP de convertir a Sevilla en un “laboratorio” de pruebas para afinar su relación con Vox.

Bueno, por su parte, ha considerado “patético” el planteamiento de la izquierda, a la que ha instado a “no poner en duda que cumplimos la ley”. “Este gobierno no va a estar nunca en contra de ninguna ley”, ha subrayado, además de reiterar el “fin garantista” de la nueva medida. “No está mal que de alguna forma se controle la situación por el bien de las propias personas”, que son “las más vulnerables”.

“Efecto de la radicalización”

Así que ha defendido que lo que se va a hacer es el “cumplimiento escrupuloso de la ley”, acusando a la izquierda de querer presentar la iniciativa como “efecto de la radicalización” del PP por su pacto con Vox. “No estamos en esa esquina, están ustedes”, ha reprochado el portavoz popular, que ha acusado a Podemos-IU de intentar poner así una cortina de humo “porque no soportan las políticas beneficiosas para la ciudad” que está desarrollando el gobierno de José Luis Sanz.

Ismael Sánchez, en cambio, ha apelado a que “hablamos de legalidad y derechos”, sentido en el que ha recordado que “no hay ninguna competencia local” que pueda aplicarse de manera adicional al empadronamiento. “Intentan condicionar e imponer procesos adicionales a las personas migrantes”, una cuestión que no considera un “debate abstracto” sino fundamental porque “se trata de que Sevilla cumple la ley y no se presta a políticas discriminatorias”.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), tiene prácticamente encarrilado el presupuesto para 2026, que va a salir adelante gracias –de nuevo– a un pacto con Vox, la misma vía con la que validó las cuentas de este año. Mientras se culmina la negociación, el gobierno local del PP ha dado este lunes un paso más en esta dirección aceptando 16 de las 18 enmiendas de la formación de ultraderecha, el 90%, lo que conlleva nuevos recortes en partidas del Servicio de la Mujer, en planes de igualdad y en cooperación al desarrollo.

Entre las propuestas de Vox que los populares han apoyado tras introducir transacciones están más ayudas a la maternidad, crear en el cementerio un lugar para niños no nacidos, potenciar a los artesanos sacros jóvenes y aumentar las actividades asociadas a los días de la Inmaculada y San Fernando, el patrón de la ciudad. A ello se une el afianzamiento de la Oficina Antiaborto (que gestiona directamente el partido de Santiago Abascal) y la creación de hasta tres nuevos museos: de la Semana Santa, del flamenco y de la historia de Sevilla.

Las cuentas se validarán definitivamente el próximo viernes, día 19, una fecha que tiene su significado político porque justo un día antes se aprobará el presupuesto del Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno (PP), al que precisamente Vox ha presentado una enmienda a la totalidad. Y ese mismo viernes es el cierre de la campaña para las elecciones extremeñas, una coincidencia que inicialmente generó sus dudas en el partido ultraconservador.

Sintonía prácticamente en todo

El propio José Luis Sanz ha tildado de “buena noticia” el entendimiento PP-Vox, a la vez que ha confirmado que se sigue trabajando para un acuerdo presupuestario. Y pese a los bocados que se le pegan a cuestiones tan sensibles, insiste en que las cuentas que se están apuntalando con la ultraderecha “se centran en los problemas de la ciudad y se alejan de los temas ideológicos que nos pueden separar”.

La Comisión de Hacienda en la que han salido adelante las enmiendas de Vox se convocó por vía de urgencia al cierre del pasado viernes para celebrarse a primera hora de este lunes, unas prisas que la oposición de izquierdas ha criticado por dificultar el análisis de los acuerdos entre PP y Vox. El portavoz municipal y también delegado de Hacienda, Juan Bueno (PP), se ha limitado a alegar que han actuado “dentro de lo que permite la norma”.

La portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, no ha llegado a intervenir en la comisión, limitándose a aceptar las 15 transaccionales del PP a sus propuestas y a votar junto a los populares en contra de las 12 enmiendas presentadas por el PSOE. Y en una muestra más de la buena sintonía que desembocará en una nueva alianza presupuestaria, también ha respaldado las cuatro iniciativas con las que el PP corregía sus propias cuentas.

Consolidación de chiringuitos

Con sus aportaciones, el PP lo que ha conseguido es suavizar algunas de las enmiendas de Vox, que pretendía financiarlas tocando también partidas previstas para la lucha contra el sida o de convenios con asociaciones Lgtbi y los sindicatos CCOO y UGT. Los populares han apoyado las medidas pero restando de otros capítulos, aunque abundando en adelgazar el Servicio de la Mujer y la cooperación al desarrollo. Las dos únicas cuestiones en las que no ha respaldado a la formación de ultraderecha están relacionadas con parques empresariales y mercados de abastos.

Desde las filas de PSOE, su portavoz adjunta, Sonia Gaya, ha ironizado con que se ve “la tendencia” del gobierno de José Luis Sanz, y que al final todo se reduce a que “es una cuestión de modelo” de ciudad. De paso, ha recordado que lleva años oyendo a Vox cargar contra lo que consideraba chiringuitos en la etapa socialista “y hoy han consolidado los chiringuitos de Vox”, en relación con una Oficina Antiaborto que se consolida como ejemplo de potenciar “cosas superfluas quitando de cuestiones importantes”.

Por su parte, el portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), ha lamentado “el entreguismo” del gobierno municipal del PP, con un entendimiento “que supone asumir de facto la agenda ideológica de la extrema derecha en las cuentas públicas del Ayuntamiento de Sevilla”. En este sentido, considera que se ha dado “un paso muy peligroso”, subrayando que “no estamos ante una negociación técnica ni presupuestaria, sino ante una cesión política clara que tiene consecuencias directas sobre los derechos de la ciudadanía”.

Tras más de un año de denuncia pública y política, Izquierda Unida ha decidido pasar a la acción en cuanto al proyecto urbanístico VERA que se levanta en los suelos de Altadis, la antigua fábrica de tabacos en Los Remedios. Y lo hace presentando la misma denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y la de Medio Ambiente, atribuyendo al Ayuntamiento de Sevilla varios delitos –que pivotan sobre el de prevaricación urbanística– por destruir una zona verde y, sobre todo, por no utilizar una fórmula urbanística con la que considera que la ciudad ha perdido más de 4.000 metros cuadrados para uso público precisamente en uno de los barrios con menos equipamientos.

VERA continúa con las obras a toda máquina tras años de tramitación administrativa, pero IU (la denuncia la firma su concejal Ismael Sánchez, aunque se hace bajo el paraguas del grupo municipal Podemos-IU) considera que esto ha sido posible gracias a que se le ha puesto una alfombra roja con la que se ha ahorrado tener que entregarle este terreno a la capital. En este sentido, señala que tenía que haber aportado el 10% de la parcela sobre la que se desarrolla el enorme complejo, que pivota alrededor de un hotel de gran lujo.

La denuncia apunta a la presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística y administrativa, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. A ello se añaden infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. No se apunta a ningún autor o responsable concreto, centrándose en detallar el papel que han jugado políticos, directivos y técnicos.

Troceado y calificación del suelo

La madre del cordero está en la modificación puntual que se hizo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la 54 en concreto, que aprobó el pleno hispalense en noviembre de 2022, con el socialista Antonio Muñoz como alcalde. Posteriormente, hace un año, el grupo municipal Podemos-IU solicitó al actual gobierno de José Luis Sanz (PP) que revisara el convenio urbanístico (aprobado un mes antes de su llegada a la Alcaldía, en mayo de 2023) con la promotora KKH Property Investors, para así incorporar una adenda que asegurase esta cesión del 10%.

La respuesta fue un 'no' rotundo por parte del PP, que ya desde el gobierno dio licencia de obras en 2024 y sacó adelante en el pleno del pasado mes de junio la aprobación definitiva del estudio de ordenación de la zona norte de la antigua fábrica de tabacos con el apoyo de PSOE y Vox y el voto en contra de Podemos-IU. Precisamente, a juicio de IU lo que se hizo para desbloquear el proyecto fue trocear el terreno en tres proyectos diferentes y, sobre todo, darle la clasificación de Suelo Urbano Consolidado, con lo que el fondo de inversión que impulsa la iniciativa se ha ahorrado esta cesión del 10% a la que habría estado obligada si la etiqueta hubiese sido la de Suelo Urbano No Consolidado.

Así lo establecía desde su punto de vista la normativa autonómica vigente en ese momento (la LOUA), con lo que la tramitación urbanística tendría que haber consistido en una reforma en sí del PGOU y no en una modificación puntual como se hizo. Esto habría aportado más garantías, más trámites y, sobre todo, la obligación de que le diese el visto bueno el Gobierno andaluz y no el pleno local, que fue el que lo rubricó.

Destrucción de una zona verde

El argumento que esgrime IU es que estamos ante una “transformación urbanística de equipamiento”, frente a la visión municipal de que se trata de una operación de edificación. Así lo demostraría que se ha tenido que proceder a una mejora considerable de los sistemas generales (agua, luz, gas...) porque las necesidades del complejo superaban con mucho a los servicios existentes.

Los vericuetos urbanísticos son la pata principal sobre la que se apoya la querella, que no obstante incluye otra denuncia como es la destrucción de los jardines Manuel Ferrand, una cuestión que generó una importante controversia vecinal y que también está judicializado. El impulsor en este caso es Ecologistas en Acción, que recientemente interponía tres recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), así como una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

En esta nueva denuncia, se incide en la construcción de un aparcamiento eliminando esta zona verde y talando arbolado. De hecho, resalta que la propia Gerencia de Urbanismo habría advertido internamente de que el fraccionamiento de la parcela de este espacio no estaba justificado, y se recuerda que los actos que infringen la ordenación de zonas verdes son nulos de pleno derecho. Por todo ello, se llega a solicitar la paralización de las obras en curso, a lo que se añade la crítica por cortar el acceso peatonal desde una calle, Virgen de la Fuensanta.

Más equipamiento público del que correspondería

En definitiva, la formación de izquierdas considera que se procedió a un fraccionamiento artificioso del proyecto para, de esta manera, evitar controles y eludir así la obligación de clasificar el suelo como Urbano No Consolidado. Y por ello considera que esta actuación es dolosa, porque se habría hecho a sabiendas de las irregularidades para beneficiar al promotor (KKH) a costa de las dotaciones del barrio.

Desde el gobierno local, el PP echa la responsabilidad en la espalda del PSOE, ya que apostó por la fórmula urbanística del estudio de detalle (en el que no es exigible la cesión obligatoria del 10% del suelo para equipamientos) en vez de hacerlo con un plan parcial o un plan de reforma interior. No obstante, considera que la promotora va a aportar usos y espacios libres que están por encima del 10% que se le podría haber exigido, incluyendo un espacio museístico y un gran parque público que conectará Los Remedios con el paseo de las Delicias.

“… todos estos que tienen tanto interés en la fosa Monumento, la de Pico Reja se está cayendo". Fueron éstas unas declaraciones que, a propósito de la tardanza y la poca información oficial sobre el inicio de los trabajos de exhumación de la fosa Monumento, ofreció José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, a los medios de comunicación.

Declaraciones un tanto chulescas y absolutamente imprecisas que no se corresponden con el cargo que ostenta el declarante que, como alcalde de la ciudad, es el máximo responsable de los espacios públicos, como el cementerio de San Fernando, donde se ubican la fosa Monumento y el columbario que recoge los restos exhumados de la fosa Pico Reja.

Hace tiempo que dejó de sorprenderme la insensibilidad y la falta de empatía que muestran los políticos de la derecha española cuando se trata de la reparación y el recuerdo de las víctimas del franquismo. Pero en esta ocasión, el desatino del alcalde ha evidenciado una absoluta falta de conocimiento de lo que acontece en su ciudad, y de hasta qué niveles de dependencia política mantiene con la ultraderecha que lo sostiene en el poder, al menos cuando se trata de estos asuntos.

Todos esos condicionantes no hacen más que provocar situaciones donde el primer edil de la ciudad raya el ridículo, como en el caso que nos ocupa.

Esto es, no se me ocurre la forma en que se pueda caer una fosa. Quizás el alcalde se esté refiriendo al memorial que se construyó en su lugar, cuyo mantenimiento y conservación, como construcción pública, pasó a ser de responsabilidad municipal desde el primer momento, como no puede ser de otra forma.

Tiene razón el alcalde, porque el estado en que se encuentran los columbarios, donde reposan los restos exhumados de la fosa Pico Reja, es de absoluto abandono, carentes de una mínima conservación y con riesgo de derrumbe en cualquier momento. ¿A qué está esperando el alcalde para asumir su responsabilidad?

En ese sentido, tiene razón el alcalde, porque el estado en que se encuentran los columbarios, donde reposan los restos exhumados de la fosa Pico Reja, es de absoluto abandono, carentes de una mínima conservación y con riesgo de derrumbe en cualquier momento. ¿A qué está esperando el alcalde para asumir su responsabilidad?

A la finalización de los trabajos de exhumación en la fosa Pico Reja, en febrero de 2023, los cuerpos recuperados de los 1.786 represaliados pasaron a ocupar ese memorial, no sin antes obtener muestras biológicas para su posterior identificación genética. De la que no se sabe nada nuevo, por cierto, ante la escasísima dotación económica con que la Junta de Andalucía, gobernada por el mismo partido que el Ayuntamiento de Sevilla, pretende desbloquear el colapso provocado por los cuerpos que se “amontonan” en el centro de investigación biomédica GENyO.

También acierta el alcalde cuando hace referencia al interés mostrado por muchos ciudadanos y entidades por el inicio de los trabajos de exhumación de la fosa Monumento, donde se esperan encontrar los cuerpos de 2.600 víctimas de la represión franquista en la provincia de Sevilla. Al menos así es en lo que se refiere a la Federación Andaluza de Memoria Democrática y sus asociaciones.

Así, conoce la FAMD que en el pasado junio se rubricó el Protocolo de exhumación de la fosa Monumento entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, el Gobierno de España (SEMD) y el Ayuntamiento de Sevilla. Cuya financiación se desarrollará en convenios posteriores entre las cuatro instituciones.

El Gobierno de España ya ha comprometido para tal fin y a consecuencia de ese protocolo, una subvención de 200.000 euros, que el Ayuntamiento de Sevilla acepta formalmente. Igual ocurre con la Diputación de Sevilla, que ha anunciado el “deber moral” que tiene de realizar una aportación por una cantidad similar. En cambio, de las aportaciones del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía nada se sabe aún, ni nada se recoge en los borradores de sus respectivos presupuestos para 2026.

Supongo que alguna explicación tendrá que dar el titular de la institución promotora del proyecto de exhumación de la fosa Monumento, el alcalde de Sevilla. ¿Es mucho suponer o seguirá prisionero de la voluntad de Vox, donde no parece estar muy a disgusto?

Los sindicatos policiales de Sevilla han lanzado este jueves un aviso: “Con la plantilla actual, es imposible cubrir toos los actos navideños”, una avalancha que se dispara sobre todo desde el 1 de enero “porque aquí todo el mundo saca ya un heraldo”. “No queremos boicotear, es que no podemos”, han insistido, fruto de un círculo vicioso en el que se suceden una plantilla infradotada, la falta de fondos del Ayuntamiento para pagar horas extras y la cascada de eventos que acoge la ciudad, más de 3.700 hasta octubre.

Por eso, han instado también al alcalde, José Luis Sanz (PP), a que imponga una tasa por la celebración de actos, lo que por un lado los limitará para no pagar y por otro permitirá recaudar para así abonar horas extra. “Lo que no puede ser es que dos personas que salgan a la calle hagan una procesión”, y es que precisamente las cofradías requieren una presencia policial continua. El Consistorio ya ha incluido un pago de este tipo en las ordenanzas fiscales para 2026, pero eximiendo a las hermandades y a todo evento benéfico.

Los tres sindicatos con representación en la Policía Local (Sppme, CSIF y SPLS) han explicado hoy su versión del pulso que mantienen con el regidor, una situación en la que “quien está perdiendo es Sevilla, la ciudad no se merece esto”. Y aunque aseguran que se mantienen abiertos al diálogo, culpan directamente a José Luis Sanz, “un cobarde” que no se ha atrevido a imponer el Plan de Navidad por decreto (“porque sabe que lo pierde”) y ha recurrido a activar el plan de emergencias en nivel 1 –propio de situaciones meteorológicas adversas– cuando “en Sevilla no hay ninguna emergencia y sí muchos eventos programados, que se pueden posponer o anular”.

El PP: “No hay ausencia de policías”

El gobierno municipal ha respondido por medio de su portavoz, Juan Bueno (PP), para subrayar que la ciudad “está funcionando con normalidad” y que “no hay ausencia de policías” precisamente gracias a la activación del plan de emergencias el viernes 28 de noviembre, horas antes del encendido del alumbrado navideño. Bueno ha señalado que el alcalde sigue con la mano tendida para dialogar, y de paso ha agradecido el trabajo de “muchos agentes” de la Policía Local que están “anteponiendo su vocación de servicio público a pesar de las presiones”, en referencia a los sindicatos.

Precisamente, sus representantes Luis Val (Sppme), Santiago Raposo (CSIF) y Roberto Echevarría (SPLS) han defendido la “dignidad” de los agentes ante las acusaciones de “mercenarios” que sólo están dispuestos a hacer horas extra si se las pagan a precio de oro. Ante la falta de acuerdo entre las partes, el 19 de diciembre se activará el Plan de Navidad vigente (que data de 2004) pero con el aviso de que los agentes no harán horas extraordinarias por la sencilla razón de que el gobierno local del PP ya no tiene dinero para ello.

Los responsables sindicales han denunciado la “crispación” que está generando el regidor, al que han pedido que “baje el balón”. Eso no quita para que hayan recurrido judicialmente la declaración del estado de emergencia, y ya avanzan que si se les acaba dando la razón irán por la vía penal contra un Sanz al que acusan, como mínimo, de un presunto delito de prevaricación.

“Nadie le quiere poner el cascabel al gato”

Según las cifras del propio Ayuntamiento, la plantilla de la Policía Local tiene ahora 341 vacantes por cubrir, lo que lleva a los sindicatos a denunciar que cuesta mucho reunir a 800 efectivos en la calle cuando debería haber al menos 1.500 por las dimensiones de la ciudad. E insisten en que la dotación de medios es “tercermundista” y que por ejemplo todavía siguen poniendo multas con papel y boli, que no todo es una cuestión económica: “No queremos ganar más dinero, queremos cobrar lo que trabajamos”.

El caso es que para 2025 se habían previsto 17 millones de euros para pagar productividades, récord histórico, pero el dinero se acabó en mayo porque el gobierno local autoriza todo lo habido y por haber, “son malos gestores y no destinan el dinero a lo más esencial”. “Hay 24 cabalgatas, aquí ya tiene heraldo todo el mundo y no se pone coto a nada” para no indisponerse con nadie, “pero tendrán que decirle a las hermandades que en un mes no pueden salir siete veces, nadie le quiere poner el cascabel el gato por interés político” aunque sea a base de “regalar servicios municipales”.

“Todo tiene un límite”, se ha insistido, porque además que no habría dinero para las horas extra de final de año ya se sabía desde antes del verano, pero no fue hasta que quedaban tres semanas para activar el Plan de Navidad que se les llamó a la primera de las dos únicas reuniones celebradas. Sanz puso en la primera 4,5 millones de euros encima de la mesa, que elevó a 5,6 en la segunda, pero los sindicatos exigieron que fuera un plan continuado, no de jornadas sueltas. No hubo acuerdo y el PP lo llevó dos veces al pleno municipal, con el rechazo de la oposición en bloque, “con lo que nos han dado la razón de que hacen falta policías todos los días”.