El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), se ha sacado este martes de la chistera un conejo para llevarse el foco en el debate sobre el estado de la ciudad, y lo ha conseguido: ha anunciado un plan municipal para construir más viviendas en el casco antiguo y que así el centro recupere el pulso vecinal, ahora ahogado por la avalancha turística. Todo ello, tras hacer un balance triunfal sobre la situación de la capital hispalense, en el que le ha secundado Vox y que ha chocado con la visión mucho menos optimista de PSOE y Podemos-IU, que le han acusado de apuntalar una “Sevilla de escaparate”.

Sobre el ya bautizado como Plan Sevilla Centro Vivo, el regidor no ha aportado grandes detalles durante el pleno, más allá de que se aplicarán medidas –todavía por concretar– para “fomentar el uso residencial permanente en el casco antiguo”. El objetivo, en palabras de Sanz, es impulsar la construcción de nueva vivienda en aquellos lugares del centro histórico “donde exista capacidad”, fomentar la rehabilitación de edificios vacíos o destinar inmuebles del patrimonio inmobiliario municipal para incrementar la oferta residencial.

Desde el gobierno local se han añadido a continuación más detalles, como que la producción se hará mediante promoción pública de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda. A ello se unirán fórmulas de colaboración público-privada, concursos de derecho de superficie, permutas “y cualquier otra fórmula de gestión que permita agilizar la ejecución de las actuaciones”. Sobre el papel, lo que se incrementará sobre todo será la oferta de alquiler “destinada a residencia habitual y permanente”.

Un Mapa de Oportunidades

¿Y cómo se hará? El grueso quedará en manos de un futuro Mapa Municipal de Oportunidades Residenciales, “que identificará las posibilidades reales de generación de vivienda en el centro”. En cuanto a los mecanismos, se fomentará la rehabilitación de edificios vacíos, parcialmente ocupados, promociones inacabadas o viviendas vacías que se ubiquen en edificios completos para incorporarlos al mercado residencial permanente.

A esta función se dedicarán también inmuebles del patrimonio municipal, como edificios administrativos sin uso, locales, casas patio o antiguos equipamientos. Y para ajustar todavía más la oferta, se apostará por fórmulas “adaptadas a la evolución demográfica y nuevos modelos familiares”: cohousing, vivienda colaborativa, vivienda intergeneracional, alojamientos dotacionales o comunidades residenciales vinculadas a universidades, centros sanitarios o instituciones culturales.

El plan se completará con incentivos urbanísticos, fiscales y económicos para fomentar la vivienda permanente, lo que incluye bonificaciones, ayudas a la rehabilitación, reducción de tasas urbanísticas o la tramitación preferente de licencias. Y se incorpora como compromiso adicional proteger el comercio tradicional y dotar al centro de más equipamientos.

No hay caída de residentes

Sanz, de todos modos, ha apuntado que “no es cierto que haya menos hogares en el casco antiguo, al revés, se han incrementado un poquito”, lo que contrasta con la impresión de vaciamiento vecinal y transformación de inmuebles en oferta turística. Pese a ello, ha reconocido que “tenemos que trabajar para que se sigan incrementando los hogares” en el centro, y aquí ha presumido también de haber evitado la apertura de 400 nuevos pisos turísticos, lo que ha ayudado a que el total en la capital pase de los 10.800 que había en 2023 cuando llegó a la Alcaldía a los 9.562 actuales.

Este Plan Sevilla Centro Vivo ha sido el caramelo que ha lanzado el alcalde para monopolizar el debate, y ha venido a ser el colofón a un retrato edulcorado de la ciudad en el que la autocrítica se ha limitado a reconocer una y otra vez que “queda mucho por hacer”. En ello ha incluido el guante que de nuevo le ha lanzado a Vox, su socio presupuestario, para rebajar el 10% actual puesto como tope al porcentaje de pisos turísticos admitidos en un barrio: “Tenemos que seguir colaborando en muchas cosas”.

Por lo demás, y en línea con el reciente balance que hizo de sus tres años de mandato, ha reiterado que gracias al PP se ha pasado “de la Sevilla de los problemas eternos a la Sevilla de las soluciones y hechos”. Todo ello, tras corregir los tres problemas que a su juicio le dejó en herencia el PSOE: una estructura administrativa “insuficiente”, una gestión “paralizada” y una “falta de impulso político y presupuestario”. Como balance: “Sevilla está mejor que hace tres años, pero garantizo que dentro de un año estará mucho mejor”.

La izquierda, nada optimista

El entusiasmo del regidor sólo ha sido parcialmente compartido por Vox, aunque en un tono mucho más mesurado. No ha compartido esta línea el portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), que ha arrancado su intervención con un “vaya película” y luego ha subrayado que, por mucho que diga Sanz, “los barrios obreros no están mejor”. “Sevilla está más tensionada y hay más desigualdad”, ha lamentado, fruto de que “la ciudad se organiza para quien viene de paso y no para los que se quedan”, por lo que le ha instado a dejarse de “triunfalismos” y abandonar su “estrategia de debilitamiento de los servicios públicos” y de “favorecer los pelotazos urbanísticos”.

El líder de la oposición, el socialista Antonio Muñoz, ha ironizado con que a Sanz habrá que ponerlo en la lista de gobernantes “tras Trajano, Adriano y el rey San Fernando” si se atiende a su visión “autocomplaciente y de autobombo”. Tras acusarle de “improvisación y falta de gestión”, además de “idealizar el pasado más rancio de Sevilla”, le ha afeado que en estos tres años ha acometido 174 modificaciones presupuestarias y que se comparta como un “alcalde con complejos” con discursos como si estuviera en la oposición.

¿Y Vox? Pues este miércoles ha estrenado portavoz en la figura de Gonzalo García de Polavieja, que toma el relevo de la ahora parlamentaria andaluza Cristina Peláez y que le ha recordado a José Luis Sanz que las cosas le han empezado a ir bien en cuanto ha empezado a contar con ellos, algo que parece que “se le ha olvidado”. Su visión no ha sido ni tan apoteósica como la del alcalde ni tan catastrofista como la de la izquierda, limitándose a reclamar más seguridad y “apostar por la desregularización” al máximo, para así agilizar licencias, quitar burocracia y “favorecer al sector privado”.

El alcalde de Sevilla le manda un recado a Moreno: no aplicará la prioridad nacional en su municipio, es inconstitucional. Afirmación medio vacía porque casi no podría en todo caso y porque si se trata de no ceder ante la extrema derecha, él ya lo ha hecho en repetidas ocasiones cuando le ha convenido, sus presupuestos son de autor. En su gobierno se notan los brochazos de la extrema derecha, lo que no oculta, ni por esas, su mala gestión. Y eso que aún no ha puesto encima de la mesa su arma secreta, el teleférico a Tomares, pueblo del que fue alcalde y para serlo propusiera un teleférico a Sevilla, cinco kilómetros, que supongo que será el mismo.

De manera que quedan dos opciones que justifiquen su osadía junto con las que usted imagine. O José Luis Sanz está ya de campaña para las municipales y quiere aparecer en los barrios como un alcalde no tan de extrema derecha o hay marejada en los fondos de San Telmo, sede del Gobierno de Andalucía. Los expertos en morenismo afirman esto último, que hay moreneo, sin desmerecer lo primero: Sanz no es del agrado del morenismo. Me malicio que el ilusionante proyecto del teleférico liderado por prohombres populares sevillanos, como el aparejador Raynaud, ya no goza del aprecio morenista.

El problema que tiene Moreno es que tendrá que sucumbir y no quiere que lo parezca, moderado él, ni que se note, pero la suya es otra prioridad, la prioridad morena. Coincide con su jefe, Núñez Feijóo, lo ha dejado claro y los antecedentes en otras comunidades autónomas demuestran que el PP traga. Es más, en su discurso y acción reciente es imposible trazar línea alguna que separe la ideología de PP y Vox. Dicen que Vox arrastra al PP pero hace ya meses que es al revés, Vox tiene la necesidad de radicalizarse aún más ante el acoso perruno implacable de la muchachada vociferante de Feijóo.

Feijóo ya afirma sin máscara que gobernará con Vox si fuera necesario, cegando toda posibilidad de gobernar con vascos y catalanes como acostumbra el PP

Conscientes de la situación, la propia extrema derecha en Andalucía ha exigido las mismas concesiones a Moreno que las ya concedidas en el resto de comunidades autónomas y, ciertamente, frente a Madrid, Moreno no es el mismo, después de perder su mayoría absoluta.

El marco es el que se ve, ni con todos los frentes y cuadernos abiertos contra el Gobierno, y singularmente contra Pedro Sánchez, el Gobierno cae y Feijóo se ve ante un panorama futuro en el que hasta Vox teme que gane el PSOE o no se hunda irremediablemente por lo que ya afirma sin máscara que gobernará con Vox si fuera necesario, cegando toda posibilidad de gobernar con vascos y catalanes como acostumbra el PP.

Y si eso dice el jefe a qué se resiste ya Moreno. Recuérdese que fue el primero que le abrió la puerta, hace siete años, a la extrema derecha cuando la lista más votada había sido el PSOE; recuérdese que, hace poco, siendo la única mayoría absoluta del PP concursante, la perdió, y ahora depende de Vox, ante un panorama parlamentario imposible que él mismo ha arrasado.

Las prisas de Feijóo, lombrices decía mi agüela, por llegar a la Moncloa intoxica a sus baronías. Su empeño es imponer su prioridad popular, que consiste en tragarse la prioridad nacional si es menester. Y Moreno, que para ser presidente ya tuvo que tragar con Vox, es decir, ejerció la prioridad popular, lo tiene muy difícil. ¿Cómo negarle a su jefe lo que él ya ha hecho?

“Ilegal” y “anticonstitucional”. Así ha definido este viernes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), el principio de “prioridad nacional” defendido por Vox, una de sus principales exigencias en las negociaciones en distintos territorios y a nivel estatal que “no es posible” aplicar según el regidor. Con estas declaraciones, Sanz irrumpe de manera inesperada justo en el momento en el que se desarrolla la negociación entre PP y Vox para la investidura de Juan Manuel Moreno (PP).

“La prioridad nacional no se puede aplicar, es ilegal. Mientras sea alcalde de Sevilla, independientemente de la nacionalidad de cualquiera que viva aquí, todo el mundo tendrá los mismos derechos”, ha asegurado en declaraciones en el programa Más de uno Sevilla de Onda Cero, recogidas por Europa Press.

Al hilo, el regidor ha subrayado que este principio es “totalmente ilegal”, por lo que, en su opinión, no habría “nada que aplicar” en el caso de que se planteara su puesta en marcha en la capital andaluza en el marco de futuras negociaciones o a las próximas elecciones municipales. Vox, por cierto, es el aliado presupuestario del PP en el Consistorio hispalense, pactando ambas formaciones las cuentas de los ejercicios 2025 y 2026.

Vox insiste en la idea

En paralelo, el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha asegurado en Córdoba que percibe “buena disposición” en su negociación con PP andaluz, poniendo el acento en priorizar las medidas sobre el hecho de quién las ejecuta. Y aunque no ha querido pronunciarse sobre si su formación exige entrar en el Gobierno andaluz, ha asegurado que las propuestas que está poniendo sobre la mesa su partido no son “diferentes” a las que han planteado en “otras regiones” de España

De esta manera, ha aludido así a los pactos alcanzados con los populares en los últimos meses en las comunidades de Extremadura, Aragón y Castilla y León. En todos estos casos, una de las líneas rojas que ha marcado la formación ultraconservadora ha sido la aceptación de este principio de prioridad nacional.

Propuesta rechazada en mayo

De esta manera, Sanz ha verbalizado lo que ya ocurrió en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla el pasado 28 de mayo, cuando el PP rechazó una moción sobre este mismo principio presentado por Vox. El punto estuvo marcado por un bronco debate entre las formaciones de izquierdas y el grupo proponente.

El PP, por medio de su portavoz y delegado de Hacienda, Juan Bueno, se limitaba a decir que, si bien “hay temas en los que pueden estar de acuerdo, el enfoque es diferente: nuestra prioridad es la Constitución Española”.

Tercer anuncio en Sevilla de que se van a instalar cámaras para restringir el acceso de vehículos privados al centro. Las dos primeras veces proyectó el sistema el PSOE (con los alcaldes Alfredo Sánchez Monteseirín y Juan Espadas) y fueron tumbadas por regidores del PP, Juan Ignacio Zoido y el actual, José Luis Sanz. Esta tercera parece que será la definitiva, ya que la limitación será en un único punto –desde la Puerta Osario– y para despejarle el camino al tranvibús, que llegará a la plaza del Duque a partir del 28 de septiembre.

Sanz así lo ha confirmado en el pleno municipal de este jueves a preguntas de su predecesor, Antonio Muñoz. A partir de la puesta en servicio completa de la línea 1 BTR (Bus de Tránsito Rápido), bautizada como TB1, “empezará la activación de cámaras de control de acceso” desde la calle Puñonrostro –entrando por María Auxiliadora– hasta el Duque. Tendrá luz verde el BTR, las líneas de Tussam que vuelven a tener su terminal en la plaza Ponce de León (10, 12, 24 y 32), taxis, los VTC, los vehículos de carga y descarga y los coches de residentes con garajes acreditados.

El tranvibús no sólo activa este sistema que identificará los vehículos no autorizados para su posterior sanción, sino que también disfrutará de prioridad semafórica desde la glorieta Julián Besteiro (a la altura de la estación de Santa Justa), en los cruces de José Laguillo con las calles Lope de Vega y Amador de los Ríos, así como de esta última con Gonzalo Bilbao. También tendrá prioridad de paso en los lugares en los que pueda instalarse una plataforma segregada.

Escaso entusiasmo del PP

El TB1 conecta hoy día Torreblanca con Nervión, y será a finales de septiembre cuando se complete el recorrido para entrar hasta el Duque, un trayecto integral que se calcula que hará en 33 minutos frente a los 55 que se pueden tardar ahora. Desde su estreno en septiembre del año pasado, el servicio ha transportado a 1.368.495 viajeros y registra una media de 11.000 usuarios diarios.

Durante la sesión plenaria, el alcalde no se ha mostrado especialmente entusiasmado con este proyecto, ya que ha lamentado la “ineficacia” de sus predecesores socialistas por “renunciar” a la línea 2 de Metro, que atenderá a los 100.000 vecinos que viven en la zona de Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca. A su juicio, “lo que hubiese dado solución a este distrito” es un metropolitano que es competencia de la Junta de Andalucía, pero le ha afeado a los anteriores regidores que no presionaran para su construcción, especialmente en la etapa de la Susana Díaz (PSOE).

“Renunciaron y se conformaron con el tranvibús, bueno, pues aquí está el tranvibús”, le ha espetado a Muñoz, además de reprocharle que el proyecto original no incluía la llegada al centro de líneas de autobús. Ahora lo harán las número 10, 12, 24 y 32 hasta Ponce de León y la 13 hasta La Campana, mientras que 11, 15, 16 y 20 tendrán su terminal en la Puerta Osario.

“Esquizofrenia política”

Sanz también le ha sacado a relucir al portavoz socialista que su partido “enterró la red entera de Metro en 1986” y también en 2011, después de inaugurarse en 2009 la línea 1, única todavía en servicio. “No se acordaron de las líneas 2 y 3 de Metro hasta que llegó Moreno a la Presidencia de la Junta”, ha apostillado.

Antonio Muñoz, por su parte, ha puesto el acento en la “esquizofrenia política” que sufre el gobierno local del PP, al que “no le gusta el Plan de Movilidad” que se aprobó en la etapa de Juan Espadas y en la que el tranvibús (con una inversión inicial de 19 millones de euros) “es una pieza más de un todo”. “No han tenido las agallas políticas de devolverlo”, ha apuntado en relación con este montante económico proveniente de fondos europeos, “pero tampoco de sustituir un plan que no apoyaron en el pleno”.

“Ojalá este proyecto se lleve a cabo y no tengamos que devolver ni un solo euro”, ha insistido en relación con los plazos impuestos por la Unión Europea, ya que considera que Sanz carece de “credibilidad” cuando habla de tiempos de obras. “Su eficacia está en entredicho”, ha insistido, lo que se traduce en que “Sevilla está sin rumbo, no sabe qué hacer y va de improvisación en improvisación”. Y en relación con la línea 2, el exalcalde ha asegurado que “para este grupo es irrenunciable, los problemas de movilidad se resuelven con la línea 2 y usted está impasible, cruzado de brazos”, por lo que le ha instado a “apretar” a sus compañeros de partido en el Gobierno andaluz.

El PSOE municipal ha criticado este lunes que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), “siga acumulando anuncios, retrasos y excusas” para “sostener” una ampliación de la Feria “sobre la que su propio Gobierno ya no ofrece ninguna certeza y que ha recibido serios reparos de la Intervención municipal”, por lo que lo ha tachado de “engaño”. En estas declaraciones, se refiere a las explicaciones dadas por el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, quien razonaba que el proyecto, a pesar de que sigue en marcha, “no es sencillo”.

“Sanz lleva dos años intentando mantener una ficción. No tiene los terrenos, desconoce cuánto costará realmente la operación, no ha garantizado la financiación y tampoco puede comprometer una fecha de inicio. Ahora, además, sabemos que la Intervención cuestiona tanto el expediente como el modelo de concesión”, advierte el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio hispalense, Antonio Muñoz, en un comunicado.

En opinión del PSOE, las últimas explicaciones del delegado de Urbanismo “han terminado de desmontar el relato del alcalde”. El Gobierno local “reconoce ahora que el proyecto no es sencillo”, que las cifras conocidas “proceden del promotor privado y no son definitivas”, que la cesión de los terrenos “no depende del Ayuntamiento” y que “no puede asegurar que las obras comiencen en 2027”.

En la Comisión de Control y Fiscalización realizada este pasado viernes en sede municipal, el Ejecutivo local respondió a la pregunta del concejal de Vox Fernando Rodríguez Galisteo en la que cuestionaba la viabilidad del proyecto tras la publicación del informe de la Intervención General que analizaba el modelo elegido por el gobierno popular para la ampliación de la Feria. El delegado de Urbanismo, en las declaraciones dadas, no ha confirmado que tales plazos lleguen a cumplirse en 2027 mientras la propuesta está en estos momentos en exposición pública.

“La propia Intervención ha puesto objeciones de calado a la tramitación y al modelo económico elegido por el equipo de gobierno. No hablamos de un expediente pendiente de pequeños detalles, sino de una tramitación incompleta y llena de incógnitas”, ha añadido el portavoz socialista al respecto. A juicio de Muñoz, el modelo está pensado para que las constructoras cobren un canon municipal durante 28 años, “mientras el Ayuntamiento soporta prácticamente todo el riesgo”. “La Intervención advierte de que puede tratarse, en realidad, de una operación financiera de pago aplazado: una deuda que los sevillanos seguirían pagando hasta 2054”, ha explicado.

De 49 a 100 millones

El portavoz socialista ha llamado la atención sobre la distancia entre los 48,6 millones de inversión previstos y los 99,3 millones que el Ayuntamiento acabaría comprometiendo mediante el pago de los cánones. La Intervención considera, además, que los márgenes brutos de explotación calculados para las empresas son “desproporcionados” en comparación con los habituales del sector.

“No es solo el PSOE quien advierte de que este modelo es caro y desequilibrado. Lo dice la propia Intervención: los beneficios previstos para las constructoras son desproporcionados. Sanz quiere comprometer durante casi tres décadas el dinero de los sevillanos para asegurar un negocio privado extraordinariamente rentable”, ha señalado.

Asimismo, Muñoz ha criticado que Urbanismo “intente restar importancia a estas cifras” con el argumento de que 'proceden de la propuesta empresarial y todavía no son definitivas'. “Eso no tranquiliza a nadie, sino todo lo contrario. Si el coste no está cerrado, Sanz no debería haber anunciado cantidades y fechas como si todo estuviera resuelto. Y si la primera propuesta ya se acerca a los 100 millones, el alcalde debe explicar cuánto está dispuesto a pagar y qué límite piensa poner a la rentabilidad de las empresas”, ha reclamado. El portavoz del PSOE también ha recordado que la Intervención alerta del impacto que la operación podría tener en las cuentas municipales.

Riesgo de reclamaciones millonarias

La Intervención advierte igualmente del riesgo de licitar la concesión cuando todavía no se ha formalizado la cesión gratuita de las parcelas pertenecientes al Estado y a la Autoridad Portuaria. “Sanz quiere adjudicar un contrato de casi 30 años sobre unos terrenos que aún no son del Ayuntamiento. Si la situación jurídica de las parcelas no queda bien resuelta, Sevilla podría enfrentarse a reclamaciones millonarias por incumplimiento”, ha aegurado Muñoz.

El portavoz socialista ha criticado, además, que el alcalde haya tratado de responsabilizar al Gobierno de España de los retrasos cuando el Ayuntamiento no solicitó formalmente la cesión de los terrenos hasta febrero de 2026. “Ha perdido dos años, ha anunciado obras sin disponer del suelo y ahora quiere presentar su falta de previsión como un problema de otras administraciones”. El portavoz socialista ha exigido que haga público un “expediente completo”, con el coste total de la operación, los cánones anuales, la rentabilidad prevista para las empresas, el impacto sobre el déficit, la situación jurídica de los terrenos, los informes pendientes y un calendario realista.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), considera que su acuerdo presupuestario con Vox (para las cuentas de 2025 y 2026) ha funcionado “razonablemente bien”, y no sólo eso, sino que “a Sevilla le ha ido bien” con esta alianza. Por eso ha agradecido la “colaboración” de la formación de ultraderecha, porque con ambos de la mano “la ciudad ha ido a mejor” básicamente porque así “se rompió la parálisis que pretendía el PSOE”.

Éste es uno de los análisis que ha dejado el regidor este lunes, cuando ha hecho balance de sus tres años como regidor, que tuvieron su punto de partida el 17 de junio de 2023. El desatasco presupuestario gracias a Vox y a una cuestión de confianza en 2024 (que perdió, pero le posibilitó aprobar las cuentas) le ha permitido, según sus cuentas, cumplir ya con el 80% de su programa electoral a menos de un año de las próximas elecciones municipales.

Y si no ha podido hacer más, asegura, ha sido básicamente por los socialistas. “Han faltado muchas cosas por hacer”, ha admitido, lo que no habría ocurrido “si no hubiéramos perdido el primer año por la irresponsabilidad de la oposición”, un bloque en el que la mayor culpa se la atribuye al PSOE pero en el que también están Podemos-IU y Vox durante los primeros meses de mandato. Nada nuevo bajo el sol: ya en el balance de su primer año el alcalde dijo que había podido hacer más por culpa de la “oposición irresponsable”.

Aparcado cobrar en la Plaza de España

Así que sí, Sanz está orgulloso de su alianza con Vox, que atribuye a que los de Santiago Abascal “pusieron los intereses de la ciudad por delante” de prioridades personales y políticas. Pese a ello, todavía hay cuestiones atascadas porque no cuenta con “mayoría suficiente”, sentido en el que se ha referido por ejemplo a cobrar la entrada a los turistas por visitar la Plaza de España, confirmando que su idea sigue siendo la misma pero que este año tampoco se abordará.

Lo mismo ocurre también con la nueva tasa de basura, que en principio se incluyó en el plan de ajuste que había que acometer por gastar más de lo que se ingresa, aunque hace pocos días se aprobó un real decreto que podría eximir al Ayuntamiento hispalense de tener que apretarse el cinturón. En este caso, Vox dijo 'no' en el pleno a este plan, a sabiendas además de que el PP no iba a aprobarle su moción sobre la implantación de su ansiada prioridad nacional en Sevilla.

Y de cara a 2027, año electoral, sabe que tiene complicado que Vox le vuelva a sacar las castañas del fuego con el presupuesto, a no ser que le dé lo más grande. Como la ley no permite volver a jugar la carta de la cuestión de confianza el último año de mandato, en el PP ya van haciéndose el cuerpo a que tendrán que prorrogar las cuentas de 2026.

Una Sevilla en “estado de dejadez”

Por lo que respecta al balance en sí de estos tres años, ha sido triunfal y sin mayor atisbo de autocrítica que ese “ha faltado mucho por hacer” o que la limpieza en las calles “todavía no ha alcanzado el nivel de perfección que me gustaría”. Eso sí, ha garantizado que en este 2026 “se va a notar un cambio muy sustancial”, con más presupuesto, maquinaria y personal, aunque de lo que más orgulloso está es de haber convertido a Sevilla en “capital de la vivienda protegida”, con 6.134 activados de los que 2.200 los impulsa el propio Ayuntamiento a través de Emvisesa.

“Unos hablaban mucho de viviendas y ponían pocos ladrillos”, ha asegurado con el PSOE de nuevo en el punto de mira, subrayando que su política en esta cuestión no sólo resuelve el problema a muchas familias, sino que también permite salir de la anterior “parálisis urbanística” y ha reactivado un “motor económico” como es la construcción. Con estos mimbres, su percepción de este trienio es “optimista”, básicamente porque asegura que recibió una ciudad en “estado de dejadez” y que, pese al “bloqueo de la oposición”, la capital “está en marcha y ha cogido velocidad de crucero”.

Eso contrasta con la Sevilla del PSOE, “permanentemente bloqueada y atascada”, una época en la que asegura que “se vendía mucho humo”. El PP, por su parte, asegura que ha adoptado el lema de “dicho y hecho”, gracias a que en tres años se ha manejado un presupuesto por encima de los 3.500 millones de euros que, según Sanz, convierten a su equipo en el gobierno municipal democrático que más ha invertido.

Cascada de números

En la avalancha de cifras que ha ofrecido, se incluye que se ha superado otra vez la barrera de los 700.000 habitantes, que se han creado o estabilizado 3.300 puestos de trabajo y que se han disparado los presupuestos de Lipasam y Tussam para reflotar la limpieza y la movilidad. A ello ha sumado 18 kilómetros más de carril bici, más de 15.000 árboles plantados, la recuperación de edificios históricos abandonados o el freno a la proliferación de pisos turísticos, que no es mayor porque defiende que la norma autonómica no permite ir más allá.

También se ha mostrado orgulloso de que el 21% del presupuesto municipal se destina a políticas sociales, que marcha viento en popa el desmantelamiento del asentamiento chabolista de El Vacie o que Sevilla “ha dejado de ser una capital cultural secundaria”. Todo un contraste con una ciudad que “no funcionaba” y que, ha reiterado, ahora lo hace porque “vinimos a romper inercias”.

La prioridad nacional de Vox no se va a aplicar en el Ayuntamiento de Sevilla, al menos de manera formal y conforme a la propuesta punto por punto que ha llevado al pleno municipal. La formación de ultraderecha se ha quedado sola al no recibir el apoyo del PP, hacia quien en realidad iba dirigida la medida en el marco del preámbulo de los contactos que ambas formaciones van a mantener para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente andaluz.

Los populares han intentado enmendar la moción para suavizarla, aunque Vox no ha aceptado ninguna al entender que suponía poco menos que una enmienda a la totalidad. Pese a ello, la sangre no ha llegado ni mucho menos al río, lo que se ha traducido en que no se han atacado entre sí y ambas formaciones han acabado cargando contra los partidos de izquierda.

Sevilla ha sido la primera de las capitales andaluzas en las que ha aterrizado el que se ha convertido en principal caballo de batalla de los de Santiago Abascal, que ha pedido a sus grupos que presenten propuestas en este sentido en ayuntamientos y parlamentos autonómicos. El morbo añadido es que coincide en los tiempos con la negociación por la Junta de Andalucía, después de que se haya aceptado en Extremadura y Aragón para que el PP gobierne en estos territorios.

Mientras esto se debatía en el salón de plenos, el candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, le recordaba a Moreno que “o pacta o acuerda con Vox o con la izquierda”, y que sus compañeros del PP están aprobando en otras comunidades autónomas medidas de “puro sentido común” que tienen como mascarón de proa esta prioridad nacional. La medida, con una fuerte carga xenófoba y que incumple leyes fundamentales, aboga por discriminar a los extranjeros en el acceso a cualquier tipo de servicio o ayuda público para anteponer el criterio de la nacionalidad española.

El PP dice 'no' sin hacer sangre

La decisión del PP municipal, obviamente, no es un paso en solitario que dé el alcalde, José Luis Sanz (PP), sino que había sido debatida en el marco andaluz del partido ante las consecuencias que pueda tener. Aunque el 'no' de los populares en la capital de Andalucía le enseña un camino a Moreno (que en campaña minimizó esta prioridad nacional y la redujo a un eslogan), en principio no parece que esto vaya a provocar terremoto alguno en el ámbito autonómico, aunque sí ha habido un seísmo en el plano local: el gobierno municipal se ha visto forzado horas antes a retirar su plan de ajuste económico –obligatorio al gastar más de lo que ingresa– al saber que Vox no se lo iba a respaldar precisamente tras fracasar la negociación para darle viabilidad a la prioridad nacional.

La moción ha concitado así el rechazo de Podemos-IU, PSOE y PP, en una votación en la que en ese momento –el voto no era por concejal, sino por grupo– no estaba presente el alcalde, que a renglón seguido ha vuelto a entrar en el salón plenario. El portavoz popular, Juan Bueno, no ha hecho sangre de la cuestión en su turno (al fin y al cabo Vox es su aliado presupuestario y no le interesa tensar la relación), limitándose a señalar que algunas de las cuestiones incluidas en la moción “también nos preocupan, pero nuestro enfoque es diferente al de ustedes”.

“Tenemos prioridad nacional, no somos sospechosos de no defender a la nación española, pero nuestra prioridad nacional es la Constitución”, dando a entender aunque sin verbalizarlo que la propuesta de Vox es ilegal. Una Constitución que, “no como otros grupos de izquierda, vamos a seguir defendiendo porque nos representa a todos los españoles”.

Tras esta escueta primera intervención, en la segunda sí se ha prodigado más pero para responder a la concejal socialista que ha intervenido, Encarnación Aguilar, que ha defendido que su partido tiene “una estrategia” ante la falta de algo parecido en el PP. Bueno se ha limitado a preguntarse de forma retórica si la estrategia socialista es la de Rodríguez Zapatero y sus hijas, la de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “la de José Luis Ábalos, la de Cerdán, la de Gaspar Zarrías o la del fiscal general del Estado”. “Y no se pongan nerviosos, que no soy de la UCO”, ha rematado un turno en el que no ha hecho mención alguna a Vox y su moción.

Vox, más contra la izquierda

A la sensación de que cada uno ha llegado con los papeles muy repartidos, y sin ánimos de romper la buena sintonía actual PP-Vox, ha ayudado también que en su réplica la portavoz del partido de extrema derecha, Cristina Peláez, ha pasado de puntillas sobre el 'no' de los populares para concentrar sus ataques en PSOE y Podemos-IU. Peláez, por cierto, ha logrado asiento en el próximo Parlamento andaluz al ir como número 2 por Sevilla.

La moción exigía esta prioridad nacional poniendo a los migrantes como epicentro de todos los problemas de la sociedad española, ya que la “inmigración masiva y descontrolada” ha provocado el “colapso” de los servicios públicos. Adobado de bulos y datos carentes de fuentes, llega a afirmar que las medidas de apoyo a los migrantes “tienen a medio plazo un innegable propósito electoral”: busca “conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda”.

El texto responsabiliza a los nacidos fuera de España del hundimiento del sistema sanitario, del aumento de la inseguridad y de las dificultades para encontrar trabajo o acceder a una vivienda e incluso de que haya pensiones bajas. Y llega a solicitar que se inste a la Junta a impedir que los inmigrantes ilegales “puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario”, y al Gobierno central, para que anule la atención sanitaria gratuita y frene el “proceso de regularización masiva”.

“Ni odio, ni exclusión, ni radicalidad”

Peláez, consciente de que muchas de las propuestas incluidas en la moción escapan a las competencias municipales, sí ha defendido que dos pueden articularse desde el gobierno local: “implantar” la prioridad nacional en el acceso a “todas” las ayudas sociales, servicios públicos y programas de vivienda de la administración local y “compartir” información del padrón con la Subdelegación del Gobierno para expulsar a todo el que esté en situación irregular. El PP ya le concedió en enero la satisfacción de un mayor control del proceso de empadronamiento, que defendió con el eufemismo de que se hacía para evitar que los migrantes sean estafados. 

La portavoz ultra ha esgrimido que su propuesta no es “ni odio, ni exclusión, ni radicalidad”, sino acabar con algo “injusto” como que “una familia sevillana tenga que competir en igualdad de condiciones con personas que ni siquiera tienen residencia legal en España”. Ha insistido también en que es una iniciativa “legítima”, que “desde el punto de vista jurídico no supone exclusión” e incluso ha esgrimido que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional abre la puerta a implantar estas medidas.

Ha llegado a asegurar que, en la actualidad, “primero están los que acaban de llegar, los que le han dado una patada a la frontera”, criticando un “buenismo ideológico” que “favorece la ilegalidad”. De esto último ha culpado a los partidos de izquierda, contra los que ha lanzado diatribas más gruesas que contra el PP pese a que esta formación era la que tenía la llave para que prosperase su propuesta.

“Al final tragaréis en Andalucía”

Desde el PSOE, la concejal Encarnación Aguilar ha cargado contra las “barbaridades” y el “discurso xenófobo” que se recogen en el texto de Vox. “Han venido a traer discordia y persecución, a las mujeres primero y ahora van a por los migrantes”, un “odio al diferente” incluido en una moción que a su juicio no debería haberse aceptado para su debate en el pleno.

Además de recordar que, según la Ley de Extranjería que aprobó el Gobierno de José María Aznar (PP), varias de las propuestas son directamente un delito, ha lamentado que lo que se busca es “enfrentar a pobres contra pobres”. Eso sí, ha dado por hecho que en el ámbito autonómico los populares “están condenados” porque están “en manos de la extrema derecha” para gobernar en la Junta, “al final tragaréis en Andalucía porque no tenéis otra opción”.

Por Podemos-IU ha intervenido Susana Hornillo (Podemos), a la que el presidente del pleno, Manuel Alés (PP), ha llamado al orden por repetir que la propuesta de Vox es xenófoba, lo que ha llevado a la concejal a reprocharle que con su actitud “está defendiendo una moción racista y xenófoba que no debería haber sido aceptada por anticonstitucional y porque va en contra de los derechos humanos”. Una propuesta que se resume en que “las personas migrantes tienen la culpa de todo”, hasta de los problemas de vivienda (“y no los fondos buitre”) o del colapso del sistema sanitario (“y no los recortes y la privatización”).

“Sacarlos de la esclavitud”

Una vez conocido el 'no' del PP, se ha alegrado de que “este gobierno haya tenido esta reacción sensata”, porque lo contrario sería “blanquear” el discurso de Vox y que del Ayuntamiento “salgan discursos xenófobos y presentados con datos falsos”. Después de recordar que hasta la Conferencia Episcopal ha asegurado que la regularización extraordinaria ahora en marcha es una medida “ética y social”, ha incidido en que hablamos de personas que ya viven aquí, “es sacarlos de la esclavitud y el abuso en el que están”.

“Ustedes los necesitan pero quieren que sean invisibles, poder aprovecharse de su situación de vulnerabilidad”, ha apostillado. Y en este sentido, ha recordado que el 72% de los trabajadores del sector servicios son extranjeros, con lo que con propuestas de este calibre “se cargan el modelo productivo de Sevilla entera”.

Era uno de los puntos más importantes del pleno del Ayuntamiento de Sevilla de este jueves, pero el propio gobierno local del PP ha decidido retirarlo sobre la marcha ante la perspectiva de que no iba a salir adelante, básicamente porque Vox (su aliado presupuestario) iba a votar en contra y ya contaba de antemano con el 'no' de PSOE y Podemos-IU. Hablamos del plan de ajuste económico que, por ley, debe acometer para los próximos dos años al incumplir la regla de gasto y de sostenibilidad presupuestaria por una razón sencilla: está gastando más de lo que ingresa.

El equipo del alcalde José Luis Sanz (PP) ha elaborado un documento que cifra en 25,1 millones de euros el incumplimiento del principio de estabilidad, lo que obliga a una financiación extraordinaria, mientras que el exceso de gasto (incumplimiento de la regla de gasto) se cifra en 85,6 millones de euros. Estas desviaciones, a juicio del PP, no son de naturaleza estructural, sino coyuntural, aunque se ha encontrado con un muro más allá de la previsible falta de apoyo político de otros grupos: la propia Intervención municipal lo considera inviable.

El delegado de Hacienda y portavoz municipal, Juan Bueno (PP), ha anunciado que retiraba del pleno el plan de ajuste en el momento en que tocaba abordarlo, y el argumento ha sido que se va a buscar “un mayor consenso político”. Pero a la falta de acuerdo hay que unir también el demoledor y preceptivo informe de la Intervención municipal, que llega a afirmar que el plan económico-financiero diseñado “presenta un perfil de riesgo significativo” al plantear ajustes que no ve viables.

Falta de “firmeza jurídica”

De hecho, apunta que el retorno a la senda de la regla del gasto está condicionado “a la obtención de ingresos futuros que carecen de firmeza jurídica, que están judicializados o que sufren deficiencias de gestión interna”. El informe (que rubrica el viceinterventor, Guillermo González) concluye que “la observancia del principio de prudencia financiera” aconseja “confiar el reequilibrio” a medidas complementarias de limitación del gasto corriente no obligatorio y de optimización del gasto a medio plazo. En definitiva, que presente “un escenario alternativo basado en la minoración de los costes de los servicios públicos”.

El plan insiste en que el problema no es estructural, y lo achaca básicamente a “la no aprobación de medidas normativas que ampliaban el límite de gasto” del Ayuntamiento. Uno de los pilares de la falta de ingresos es que no se ha aprobado una nueva ordenanza de basuras a la que obliga la ley, con la que esperaba recaudar 19,6 millones de euros. Desde el punto de vista político, esto no es ninguna sorpresa porque todos los grupos de la oposición (incluido Vox) ya le han tumbado al gobierno local varias veces la propuesta, lo que le obliga a sacar de sus cuentas un dinero que es obligatorio recaudar. Y la perspectiva es que las cosas no van a cambiar a corto plazo.

Otro bocado a las cuentas municipales –de casi 11 millones de euros– se lo ha dado el que tampoco se está cobrando la tasa por ocupación del dominio público por empresas de telefonía móvil, un tributo que se inicia después de un primer trámite que tienen que hacer las compañías afectadas. Y no sólo no lo han hecho, sino que se han ido a los tribunales para batallar contra esta nueva tasa.

A esto se une que el propio Ayuntamiento no ha tramitado a tiempo la justificación del servicio de ayuda a domicilio, para que la Junta le haga llegar los fondos correspondientes, y que no se cumplieron las previsiones (40 millones) de ingresos por enajenación de suelo municipal debido a “dificultades técnicas y administrativas”. El cuadro se completa con una inversión adicional de ocho millones para maquinaria de Lipasam, además de más gastos de los previstos de Urbanismo y del propio Ayuntamiento.

Da por hecho que se acabarán los problemas

En definitiva, que el gobierno local concluye que no está en peligro la situación económica-financiera del Consistorio, ya que atribuye esta desviación a problemas coyunturales. En este sentido, apunta de manera eufemística a “cuestiones con un condicionante político” (la no aprobación de la tasa de basuras) y a “dificultades puntuales en materia de ingresos”, como con lo que deben pagar las empresas de telefonía móvil.

Ninguno de estos dos problemas tiene visos de solucionarse a corto plazo, pese a lo cual en su plan de ajuste da por hecho que para 2026 se recaudarán 26 millones por la tasa de telefonía móvil, algo irreal porque la cuestión está judicializada. Cuenta también con actualizar las liquidaciones de ayuda a domicilio (un problema que viene arrastrando desde 2024), con recaudar 12 millones más por el IBI –ya que en 2025 “se produjo un excepcional volumen de devolución de ingresos”– y con enajenar suelo municipal por importe de 60 millones.

En cuanto a la nueva tasa de basuras, el gobierno municipal cambia de estrategia y opta por una modificación de la actual, una fórmula “más coherente” y que evita el principal reproche a la norma, que es una doble tributación por un mismo hecho. De hecho, se atreve a calcular que la nueva ordenanza entrará en vigor el próximo 1 de octubre, por lo que prevé recaudar 10 millones este año y 30 ya en 2027.

En definitiva, que el PP considera que su plan es “prudente” y “realista”, por lo que “no se estima necesario implementar medidas de reducción de gastos”. “No sólo eso”, subraya, sino que “se estima incluso posible abordar una reducción de carga fiscal”, en concreto un 1% menos en el IBI para 2027, año de elecciones municipales.

Los interventores no se lo creen

Con estos mimbres, la Intervención municipal ve problemas por todos lados. Con la tasa de basura, recuerda que todavía no está aprobada “y ello reduce la robustez” del plan de ajuste, porque además de que la solución está “sujeta a la coyuntura política del momento”, su implantación “está presentando no pocas dificultades en su aspecto jurídico”. Con la tasa de telefonía móvil, tres cuartos de lo mismo: está recurrida por las empresas, por lo que contar con su cobro “es meramente nominal”.

Y aunque el plan no ha llegado a debatirse, los grupos de la oposición han aprovechado otros momentos del pleno para lanzar algún que otro pildorazo. El portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), ha ironizado con que lo siguiente será que la búsqueda de soluciones financieras pase por “ponerle dos velitas a la Virgen”. Desde el PSOE, su portavoz adjunta, Sonia Gaya, ha reclamado “un plan más serio y riguroso”, porque con el que ahora se frena “se encomiendan al milagro de los panes y los peces”, así que “medidas más rigurosas y no con la bolita de cristal”.

La consigna la dio a finales de abril la dirección nacional de Vox, que ordenó a sus grupos municipales llevar su “prioridad nacional” a los plenos de los ayuntamientos para presionar al PP, una medida que también se ha clonado en parlamentos autonómicos. A Andalucía ya había llegado la cuestión, pero esta semana aterriza en el Consistorio de la capital andaluza, Sevilla, justo cuando en el ámbito regional se está en puertas de iniciar la negociación entre ambas formaciones en busca de un pacto que permita nombrar por tercera vez presidente a Juan Manuel Moreno.

La propuesta de acuerdo ya se ha registrado, y recoge un cúmulo de los mensajes que no deja de lanzar la formación de ultraderecha contra la población migrante cargados de bulos y huérfanos de datos oficiales. La iniciativa supone un desafío para el alcalde, José Luis Sanz (PP), que debe surfear una ola en la que se combinan sus propios intereses (Vox es su aliado presupuestario) y los de Moreno, que en campaña minimizó esta prioridad nacional y la redujo a un eslogan.

Sea como sea, el PP ha comprado la idea en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón para mantener a sus presidentes, por mucho que suponga discriminar a los inmigrantes en el acceso a prestaciones públicas y choque con varios preceptos legales. Y se da por hecho que la ultraderecha la incluirá entre sus exigencias para respaldar al actual presidente andaluz en funciones, de hecho la habría marcado como su línea roja por encima incluso de entrar en el Ejecutivo andaluz. Moreno, por su parte, insiste en que no tragará con cualquier cosa y que el hipotético pacto no puede generar “ni divisiones ni bronca”.

El inmigrante como epicentro de todos los males

El documento que Vox llevará al pleno es similar al que ya ha pasado por otros ayuntamientos, con el que denuncia que a “inmigración masiva y descontrolada” ha provocado el “colapso” de los servicios públicos. Este problema es “aún mayor” que la certeza de que el sistema sufre una “profunda crisis como consecuencia directa de la gestión de los sucesivos gobiernos” pese a la “asfixiante carga fiscal” a la que someten a la ciudadanía. Por ello vuelve a lo que pidió en su primer pacto con Moreno en 2019 para hacerlo presidente: la localización (vía padrón) de extranjeros en situación irregular para que el Gobierno inicie procedimientos de devolución.

La moción es un órdago más en el Ayuntamiento de Sevilla, que se ha convertido en todo un laboratorio de ensayo de la convivencia entre PP y Vox. Tras año y medio de tirantez extrema, sobre todo por la insistencia de la formación de ultraderecha en entrar en el gobierno local (hubo hasta un amago abortado), ambos partidos han llegado a sendos acuerdos para sacar adelante los presupuestos de 2025 y 2026.

Esto introdujo en el corazón de Ayuntamiento de Sevilla la batalla cultural e ideológica de Vox. Desde entonces, han conseguido recortes en igualdad mientras se subvenciona a una asociación en contra del aborto, eliminación de líneas de cooperación y atención a la población inmigrante local, fondos para potenciar las fiestas de la Inmaculada y San Fernando (patrón de la ciudad) y hasta una cláusula anti Palestina para que no llegue a este territorio ninguna ayuda municipal.

El PP, además, ha confiado la gestión directa de la Oficina Antidesahucios y de la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista en toda regla que es los de Santiago Abascal consideran su mayor victoria hasta la fecha. También han caído las ayudas para consumidores (con epicentro en Facua) y la eliminación de la zona de bajas emisiones en la Cartuja, además de imponer un mayor control del padrón que se ha vendido con el eufemismo de que lo que se pretende es evitar que los migrantes sean estafados. Los populares también han comprado la prohibición del burka en espacios municipales pese a admitir que no puede aplicar legalmente esta medida, mientras se ha liquidado todo lo relacionado con memoria histórica y hasta se renunció a la ayuda estatal para exhumar Monumento, la mayor fosa del franquismo en la ciudad.

“Innegable propósito electoral” y “reemplazo”

La moción que ahora va a pleno llega a apuntar que las medidas de apoyo a los migrantes “tienen a medio plazo un innegable propósito electoral”. La idea consiste en “conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda” que impulsan estas políticas. En este sentido, recuerda las palabras de Irene Montero (Podemos), ya que la prevista “regularización masiva” se pactó con su partido, y encima en un acto electoral respaldó otra de las grandes obsesiones de Vox, la teoría del reemplazo: “Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante”.

Y es que esta teoría del reemplazo es uno de los grandes mantras de Vox, que a su juicio se traduce en “una sustitución progresiva de la población de España”. Esto a su vez conlleva “la desaparición de la identidad de nuestros barrios, en la alteración de sus formas de vida y en la ruptura de los vínculos sociales”.

Y mientras que los españoles “han sido injustamente igualados, cuando no postergados” en el acceso a los servicios públicos, dos normas aprobadas por el Gobierno central vienen a complicar esta situación. Por un lado, el derecho a atención sanitaria de personas sin residencia legal en España, y por otro la regularización de medio millón de inmigrantes, “premiando de esta manera a quienes vulneran las leyes españolas para acceder a nuestro territorio”.

Discriminación de los españoles

Esto les permitirá optar “de forma inmediata” a ayudas y prestaciones “que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo”. Por eso defiende que su prioridad nacional “no se trata de arbitrariedad ni exclusión caprichosa”: “la preferencia de los nacionales en el acceso a las ayudas públicas no sólo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política”.

La lógica del argumento de la ultraderecha es primaria: los españoles sostienen con sus impuestos el Estado de Bienestar para luego ser discriminados y que se beneficien de él los extranjeros. Los nacidos fuera de España serían así el epicentro del hundimiento del sistema sanitario, del aumento de la inseguridad y de las dificultades para encontrar trabajo o acceder a una vivienda.

La propuesta que se somete a votación les acusa de propiciar el “estancamiento persistente de los salarios reales”, de “evidentes problemas de integración” e incluso lo conecta con que miles de personas fallecen cada año sin atención de dependencia y con que un cuarto de la población “se encuentra en riesgo de pobreza”. “Todo lo cual evidencia el colapso de los servicios públicos”, tensionados por un incremento constante de la demanda propiciado por las políticas migratorias.

Todo esto se sustancia en seis propuestas de acuerdo que se someterán a votación, probablemente con más de una enmienda del PP para intentar suavizar el texto. Además de usar el padrón para facilitar la expulsión de inmigrantes, se insta al gobierno municipal a “establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda” locales, poniendo especial énfasis en la cuestión habitacional. A esto se unen tres requerimientos: a la Junta de Andalucía para “impedir que los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario”, y al Gobierno central, para que anule la atención sanitaria gratuita y frene el “proceso de regularización masiva”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la primera convocatoria del cheque bebé con una dotación de 1,7 millones de euros, una medida que podrán solicitar, en esta primera edición, las familias con niños nacidos o adoptados entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026. Esta medida fue una de las exigencias de Vox al PP para firmar su primer pacto, para aprobar el presupuesto de 2025, al que siguió otro similar para validar las cuentas del presente ejercicio.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la ayuda económica será de hasta 600 euros por cada menor nacido o adoptado en el periodo indicado y todas las solicitudes que cumplan los requisitos serán atendidas, ajustando de forma proporcional la cantidad total. Las ayudas se tramitarán en la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista que gestiona directamente Vox y que es el mayor logro que le ha arrancado al alcalde, José Luis Sanz (PP), junto a la Oficina Antidesahucios.

Por lo que respecta a las ayudas en sí, el solicitante (que habrá de ser uno de los progenitores o adoptantes) deberá estar empadronado en Sevilla capital desde antes del 1 de enero de 2021 y convivir en el mismo domicilio que el menor. Deberá ser, además, español o extranjero con residencia legal en España ininterrumpida desde el 1 de enero de 2021.

El nacimiento o adopción del menor deber ocurrido entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026, y en adopciones el menor debe tener máximo 4 años. Es obligatorio estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Sevilla. Para solicitarlas habrá un plazo de 30 días desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Para Juan Manuel Moreno, el presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP, la cosa tiene que ser algo parecido a lo de Pedro Sánchez, cuando soltó aquello de que “no dormiría tranquilo por las noches” con ministros de Podemos y pocos meses después tenía a Pablo Iglesias de vicepresidente. Ahora, Moreno alerta de que hasta se podrían bloquear las oposiciones si quedase en manos de Vox, que no desea en absoluto verse abocado a un pacto que en última instancia no descarta porque, insiste, eso lo decidirán los andaluces el 17M.

Pero la realidad es que ya se vio en este trance y lo asumió gustoso en 2019: fue el primer dirigente en España en aliarse con la ultraderecha para así llegar a San Telmo. Pero como ha llovido mucho desde entonces, en estos últimos años es el Ayuntamiento de Sevilla el que se ha convertido en el auténtico laboratorio para ensayar cómo sería la convivencia entre ambas formaciones llegado el caso.

La cuestión tiene sus matices, empezando porque Vox puede bloquear el nombramiento de Moreno y eso no es posible con un alcalde, en este caso José Luis Sanz (PP), porque en un consistorio gobierna el aspirante que recibe más votos en el pleno de investidura por mucho que no tenga mayoría absoluta. Los de Santiago Abascal además aprendieron de su experiencia de 2019 –no dejan de denunciar que fueron engañados por el PP andaluz– y ahora tienen entre ceja y ceja entrar en los gobiernos, como ya han conseguido en Extremadura, Aragón y acabará pasando en Castilla y León.

Y así precisamente empezaron las cosas para Sanz, con un Vox enfurruñado porque no le hizo hueco con mando en plaza, lo que le llevó a augurar que estábamos ante un “gobierno inestable”. Aquello fue en junio de 2023 y dicho y hecho, porque durante casi año y medio la formación de ultraderecha votó en contra de todo lo que llevó el PP al pleno, dándose la pintoresca circunstancia de que la izquierda (PSOE y, en menor medida, Podemos e IU) le fue sacando las castañas del fuego a los populares.

Del amago de pacto a la cuestión de confianza

La cosa llegó a tal punto que el alcalde renunció incluso a presentar el presupuesto, hasta que en mayo de 2024 se precipitaron los acontecimientos. Primero hubo un amago de pacto para meter a Vox en el gobierno local que el propio Moreno abortó en el último minuto, y a renglón seguido el regidor pareció descubrir el as que le guarda la Ley de Régimen Electoral General (Loreg): una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas.

Como era imposible que izquierda y ultraderecha se pusieran de acuerdo para presentarle una moción de censura, Sanz perdió el trance pero ganó un presupuesto, y a la vuelta del verano se encontró a Vox más suave que un guante cuando precisamente en el ámbito nacional las cosas estaban especialmente tensas con el PP. Una vez desarmada la opción de bloquear el presupuesto, que era la mayor herramienta de presión que tenían, de repente los de Abascal se pusieron a aprobarle propuestas a los populares, empezando por la limitación de pisos turísticos.

Aquella amistad acabó en noviazgo en enero de 2025, cuando rubricaron su nueva etapa de entendimiento con un pacto –bendecido por el propio Juan Manuel Moreno– para aprobar el presupuesto, lo que incluía meter de lleno por primera vez las políticas de la extrema derecha en el Ayuntamiento hispalense. Y eso que Sanz decía que no quería abrir debates ideológicos... Eso sí, cada uno en su casa, porque Vox se quedó en la oposición y ahí sigue, aunque aprobando casi todo lo que haya que aprobar e incluso defendiendo al gobierno local, al que a veces en la práctica parece pertenecer.

Igualdad, inmigración, oficina antiaborto...

¿Y en qué se ha traducido esta alianza presupuestaria, que se renovó para las cuentas de 2026? Pues en que el PP le ha comprado medidas que no son económicamente muy costosas, pero que suponen victorias para Vox porque ha logrado introducir algunas de sus obsesiones programáticas. Ya lo avanzó su portavoz, Cristina Peláez, en aquel pleno de investidura en 2023: “erradicar las políticas de izquierda”, combatir “la falsa memoria histórica que desentierra muertos por unos votos”, acabar con la “propaganda de género”, liquidar el “fanatismo climático” y una lucha decidida “en defensa de la vida”.

Todo esto se ha traducido en recortes en igualdad mientras se subvenciona a una asociación en contra del aborto, eliminación de líneas de cooperación y atención a la población inmigrante local, fondos para potenciar las fiestas de la Inmaculada y San Fernando (patrón de la ciudad y auténtico superhéroe de la extrema derecha local) y hasta una cláusula anti Palestina para que no llegue a este territorio ninguna ayuda municipal. Pero las dos grandes joyas de la corona, que gestionan directamente responsables puestos por Vox, son la Oficina Antidesahucios y, sobre todo, la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista en toda regla que es el mayor orgullo de los de Santiago Abascal.

En la reedición del pacto presupuestario para 2026, han caído las ayudas para consumidores (con epicentro en Facua) y la eliminación de la zona de bajas emisiones en la Cartuja. Pero la medida estrella, en sintonía con lo que ocurre en el ámbito nacional, está en la inmigración, en este caso en un mayor control del padrón, que se ha vendido con el eufemismo de que lo que se pretende es evitar que los migrantes sean estafados.

Como guinda, la prohibición del burka en espacios municipales exigida por Vox, pese a que el gobierno local admite que a día de hoy no puede aplicar legalmente esta medida. Y luego, sin necesidad de firmarlo con la ultraderecha, el PP le ha dado satisfacciones como la liquidación de todo lo relacionado con memoria histórica, hasta el punto de renunciar a la ayuda estatal para exhumar Monumento, la mayor fosa del franquismo en la ciudad.

Más logros municipales que autonómicos

En definitiva, que Vox ha logrado filtrar toda su retórica y buena parte de su agenda en la gestión política de la capital de Andalucía, y eso que no ha llegado a entrar en el gobierno. El PP, por su parte, minimiza el impacto, se limita a decir que no hay recortes en cuestiones como igualdad o le vale con correr un telón de ambigüedad: la oficina antiaborto lo que impulsa es la maternidad, y nadie puede estar en contra de ayudar sobre todo a madres con pocos recursos. Sanz lo dejó claro al aprobar el presupuesto de 2025: “Aquí no veo ningún partido de ultraderecha”.

En la práctica, Vox ha conseguido así más que en el ámbito andaluz pese al acuerdo que rubricó con el PP en 2019, en el que introdujo buena parte de su palabrería (inmigración “respetuosa con nuestra cultura occidental”, “prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico”...) pese a que la comunidad autónoma no tiene competencias. En la negociación posterior para el primer presupuesto de Juan Manuel Moreno como presidente andaluz, ese mismo año, sí logró su ansiado teléfono de “violencia intrafamiliar”, que sigue activo pero con magros resultados: el 66% de las llamadas se atienden en realidad desde otros servicios de asistencia gratuita del Gobierno andaluz.

Moreno insiste en su mensaje de la “mayoría de estabilidad”, que todo lo demás “es un lío”, pero no cierra la puerta a pactar con Vox si las cuentas no le salen. El peaje a pagar será mucho más alto que en 2019, porque Vox quiere sillones y se empezarían a aplicar políticas que arañarían el perfil moderado que con tanto esmero ha construido el presidente andaluz. Eso sí, de la foto de aquel primer pacto con Vox, con cuatro protagonistas, el único superviviente político es él...

Tras los fuegos artificiales que la pasada medianoche pusieron punto y final a la Feria de Abril 2026, este 'lunes de resaca' ha tocado hacer balance de lo acontecido pero con la mirada puesta ya en la edición de 2027, que se avecina como la más grande de la historia con motivo de la ampliación del recinto ferial. La “Feria de los récords” de 2026 para el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, deja una impronta muy positiva ya que han acudido cerca de dos millones y medio de asistentes y ha tenido un impacto económico de mil millones de euros. 

Para el próximo año, el alcalde ha descartado para el año que viene la ampliación definitiva de la Feria, con las 220 nuevas casetas, aludiendo que “es imposible” ya que no se sabe todavía si las obras de ampliación serán compatibles con las del montaje de la Feria 2027, apuntando que “en 2028 estaría culminada” esa ampliación.

La ampliación será presentada a la oposición con detalle porque entiende Sanz que “es un proyecto de todos los sevillanos, un proyecto de ciudad, en el que tienen que participar y conocer profundamente el resto de la oposición”. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de intervención y, tras recibir el visto bueno, será sometido a la licitación del mismo y, tras su adjudicación, darán comienzo las obras. 

Atracciones precintadas

La instalación de cámaras con inteligencia artificial ha permitido saber por primera vez cuántos asistentes han pasado por el Real durante la semana de farolillos, siendo de 2.414.625 personas, además de saber que las calles más transitadas que, por orden, han sido Pepe Hillo, Bombita, Joselito el Gallo y Pepe Luis Vázquez. Por otro lado, el día de más afluencia de público ha sido el miércoles, más concretamente a las 19:00. También fue el día con más carruajes circulando, con un total de 927.

En cuanto a los servicios públicos, TUSSAM ha transportado a 1.314.517 viajeros, mientras que LIPASSAM ha recogido 1.585.920 kilos de residuos. La Policía Local ha atendido 2.125 incidencias, un 12% menos que el año pasado, entre ellas destacan 21 detenciones y dos pruebas de drogas positivas, además de la intervención de 459 botellas alcohólicas, 614 refrescos y dos bombonas de óxido nitroso, conocido popularmente como el gas de la risa. Por otra parte, se han precintado dos atracciones por motivos de seguridad. 

Un balance opuesto

Desde el principal partido de la oposición se ha criticado duramente el modelo de Feria de Abril, que tachan de “desequilibrado” y donde en palabras del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, “el domingo pasa a ser un día residual”. Por ello, Muñoz aboga por una vuelta al modelo de sábado a sábado, “que permita repartir mejor el público y garantizar servicios desde el inicio, incluida la preferia, que hoy se desarrolla sin planificación suficiente”.

Por otro lado, el portavoz socialista ha lamentado el funcionamiento del transporte público desde el comienzo de la Feria y al que ha destacado como “el principal punto débil de esta edición”. Además, ha señalado que “cuando falla la movilidad, se generan desigualdades: hay sevillanos que pueden llegar y otros que no”, donde la zona norte de la ciudad se ha visto perjudicada por la falta de efectivos. La falta de limpieza y seguridad, principalmente en la calle del Infierno, son otras de las asignaturas pendientes para el gobierno local, según Muñoz.

“La Feria se va a ampliar sí o sí en 2027”. Así de rotundo se expresa el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), sobre el previsto ensanche del recinto ferial para ganar más de 220 casetas, un objetivo perseguido desde hace décadas y que el regidor incluyó en su programa electoral. El problema es que todavía no tiene la preceptiva autorización del Gobierno central, que es el dueño de los suelos, paso en teoría indispensable para arrancar un proyecto que tiene la singularidad de que la gestión se hará con una concesión de obras, es decir, lo asumirá una empresa privada.

Esto implica, a su vez, que el Ayuntamiento hispalense le tendrá que pagar un canon durante 28 años con un beneficio para el concesionario que superará el 7%. En total, IVA incluido, el Ayuntamiento pagará durante estas casi tres décadas unos 120 millones de euros por la construcción (unos 30 millones de euros) y el mantenimiento (325.000 euros anuales de partida) de la zona de ampliación, que gestionará directamente una empresa privada. Esto implica que coexistirán dos modelos, ya que el resto del Real seguirá bajo competencia directa municipal, que cobrará a los nuevos titulares las correspondientes tasas para abonar el canon al gestor, 2,9 millones el primer año con un incremento interanual del 2% para pagar el último ejercicio 4,8 millones.

El gobierno local del PP ha decidido ir a una política de hechos consumados, “no vamos a esperar a que nos respondan porque nosotros tenemos nuestra hoja de ruta”, he incluso el regidor no sólo no descarta que la cuestión acabe en los tribunales sino que ha lanzado todo un desafío al Ejecutivo central: “Si se quiere negar a esta ampliación, que lo diga”. No hay que perder de vista que la pugna hay que enmarcarla en un doble contexto electoral, ya que junto a la inminente campaña andaluza (el PP está forzando la máquina convencido de que la situación perjudica al PSOE) hay que tener en cuenta que esta ampliación se concretaría a escasos meses de las elecciones municipales de 2027.

Las dudas jurídicas del proyecto

Así que con este pulso político de fondo, el Ayuntamiento del PP se presenta como rehén de la falta de respuesta del Gobierno del PSOE, con lo que justifica su decisión de tirar por la calle de en medio y seguir para adelante aunque no tenga la titularidad de los suelos. Además, se siente legitimado por el convenio que en su momento se firmó con el Estado para la cesión de los terrenos en los que ahora se levanta la Feria: como se mantiene este uso recreativo, lo que se firmó hace décadas es en teoría aplicable a las nuevas parcelas necesarias.

Pese a esta escenificación, desde el Ejecutivo central se apunta que los técnicos siguen analizando la última documentación remitida por el Consistorio, a la vez que se desliza que si el procedimiento se ha retrasado es porque hubo un error de partida en el planteamiento municipal al solicitar los terrenos para entregárselos a un privado vía concesión de obras. Ahí es donde surgieron las dudas jurídicas, ya que una cosa es una cesión de un bien entre administraciones y otra que sea directamente a un privado que además va a obtener un beneficio económico.

De hecho, desde el equipo de José Luis Sanz se llegó a apuntar a que inicialmente hubo una “buena predisposición” por parte del Gobierno para ceder unos suelos adscritos a Patrimonio del Estado, es decir, al Ministerio de Hacienda. Pero pronto surgieron las fricciones políticas, a las que no fueron ajenas que hasta ahora la titular de esta cartera era María Jesús Montero, líder del PSOE andaluz y candidata a la Junta. Esto llevó al propio alcalde a acusar a la propia Montero y al portavoz municipal socialista, Antonio Muñoz, de intentar que la ampliación “no pueda salir bajo ningún concepto”.

Actuar sin preguntar

“No contemplamos que no acceda”, se insiste machaconamente desde el Ayuntamiento, dejando la pelota de la responsabilidad política en el tejado estatal. Y en paralelo, Sanz lanza las consignas de que “la autorización no es preceptiva” y que “no vamos a esperar a que nos respondan” para cubrirse las espaldas en su decisión de seguir adelante sea como sea, y es que para que estas más de 220 casetas sean una realidad para 2027 hay que ponerse manos a la obra nada más terminar la Feria de Abril que ahora se está celebrando.

Los contactos entre las partes han sido hasta ahora meramente técnicos, sin una negociación política previa que allanase el camino. El regidor insiste en que realmente no hace falta, pero que hace unos días se le volvió a mandar una carta a Hacienda por “guardar las formas”, a lo que desde el Gobierno se responde que esta comunicación no es una deferencia sino el camino que corresponde para que dos administraciones formalicen un acuerdo sobre un suelo que –se recuerda– es patrimonio de todos los españoles.

Lo de iniciar un proyecto sin preguntar antes al propietario no es la primera vez que lo hace el alcalde hispalense, que en la campaña de las municipales anunció un Louvre sevillano en la sede principal de la Universidad de Sevilla o el cierre de la Plaza de España para cobrarle la visita a los turistas sin consulta previa alguna. Tanto la Hispalense como el Gobierno central, propietarios de los edificios, se enteraron por la prensa.

Casetas para el 5% de los que esperan una

En cuanto al proyecto en sí, fue registrado de manera conjunta por tres constructoras (Martín Casillas, Carmocón y Esasur) durante la propia celebración de la Feria de 2025, ajustándose como un guante al deseo expresado de ampliar el recinto por el gobierno local, que encomendó a la Gerencia de Urbanismo que analizase la viabilidad del proyecto. Posteriormente, el pasado mes de febrero, hizo la petición al Gobierno para la cesión “directa y gratuita” de la titularidad de tres parcelas que suman 278.233 metros cuadrados con una calificación urbanística como suelo urbano no consolidado.

El proyecto prevé la creación de tres nuevas calles, dos de las cuales ya tienen nombre avanzado por el propio alcalde: Juan Antonio Ruiz Espartaco y Morante de la Puebla, en sintonía con que los viales de la Feria están bautizados con nombres de toreros. La zona de atracciones –la Calle del Infierno– crecerá un 10%, se reubicarán 27 casetas y habrá 220 de nuevo cuño, aunque el Ayuntamiento calcula que al final se llegará a las 228. Esto supone un 5% sobre una lista de espera de 4.149 peticionarios, con la previsión de que muy pocas sean públicas.

Aunque la iniciativa la hayan presentado tres empresas sevillanas, a la hora de la verdad tendrá que salir a concurso público con libre concurrencia, no puede haber una adjudicación directa por parte del gobierno local del PP. Los impulsores defienden que se trata de “un proyecto anhelado por Sevilla”, que el contrato de concesión de obras propuesto es la fórmula “más eficaz y eficiente”, además de una “herramienta de alto interés” para el Consistorio, y que la gestión privada permitirá “repercutir positivamente en la calidad del servicio”. “Mejorará toda la ciudad, con más puestos de trabajo y más turistas”, apostilla.

“Puede haber sobrecostes”

Eso sí, el Ayuntamiento mantendrá la propiedad de las instalaciones, “reservándose las decisiones estratégicas, la tutela del servicio, la protección de los derechos de los usuarios y la supervisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones del gestor privado”. En cuanto a las ventajas que supone para el gobierno local, “representa una considerable liberación de necesidades adicionales de aportación de medios humanos” y reduce la “estructura administrativa necesaria”, además de una “ventaja adicional”: no se computará la financiación vinculada al proyecto en la contabilidad pública a efectos de la normativa sobre estabilidad presupuestaria.

Eso sí, los proponentes y aspirantes a la adjudicación del contrato se guardan las espaldas en varios frentes, el primero de los cuales es con respecto a los terrenos necesarios, sentido en el que se recuerda que “no hace falta expropiar, pero la Administración es responsable de aportar los suelos”. Asimismo, los precios propuestos –30 millones la ampliación y un punto de partida de 325.000 euros anuales para el mantenimiento– toman como referencia el 1 de enero de 2025 y “puede haber sobrecostes”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha formalizado este jueves en pleno, con los votos de PP y Vox, la propuesta de la formación de ultraderecha para prohibir el uso del burka y el niqab en las dependencias municipales, aunque admite que por ahora no podrá aplicarla. El motivo es el mismo que se viene pregonando desde que se conoció la iniciativa: hoy por hoy no tiene cobertura legal, y no se pondrá en marcha hasta que la tenga, todo ello el mismo día que el gobierno local del PP ha cedido el Alcázar al partido de Santiago Abascal para un acto sobre el “impacto económico negativo en el Estado de Bienestar” de la inmigración.

Fuentes municipales han señalado a este periódico que la limitación del burka “no se sabe si se podrá aplicar, eso es algo que tendrá que decirlo el Estado”. El PP considera que su compromiso era aprobar la iniciativa de Vox como ya dijo que haría en la Comisión de Control del pasado viernes, pero que a partir de ahí “se aplicará si tiene cobertura legal”, algo de lo que carece en este momento.

“El Ayuntamiento no puede incumplir la ley”, se apostilla, a la vez que se hace referencia a la proposición de ley presentada en el Congreso por el PP hace un mes, sólo dos días después de que no fructificara una iniciativa en la misma línea auspiciada por Vox. PP y Vox unieron entonces sus votos, pero al desmarcarse Junts no lograron la mayoría suficiente.

No se ha solicitado informe jurídico

Así que el pleno municipal ha aprobado una iniciativa que el alcalde, José Luis Sanz (PP), va a meter en el cajón de momento hasta que tenga respaldo legal. De hecho, el propio portavoz del gobierno local y delegado de Hacienda, Juan Bueno, ya reconocía en el debate del viernes que existen dudas legales sobre la posibilidad de implantar esta medida e incluso barajó la posibilidad de solicitar un informe jurídico. Finalmente, no se ha dado este paso y se esperará a que haya un marco normativo estatal.

Todo ello pese a que el portavoz adjunto de Vox, Gonzalo García de Polavieja, insistía en el pleno en que existe el suficiente amparo legal. Y si es verdad que el Tribunal Supremo puso en 2013 limitaciones, se ha agarrado a que posteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado margen (aunque no en el sentido esgrimido) y la propia Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 (la Ley Mordaza) establece la prohibición de ir con el rostro totalmente cubierto “excepto por razones de seguridad, salud o necesidad”.

La propuesta de Vox se arropa con motivos de seguridad, mientras que el PP (que no ha usado su tiempo en la sesión plenaria para explicar el sentido de su voto) se ha subido el carro revistiendo su apoyo de feminismo al condenar la imposición de estas prendas a la mujer. “Lo disfrazan de feminismo después de votar 'no' a una moción de igualdad”, le ha afeado a los populares la portavoz adjunta del PSOE, Sonia Gaya, que ha lamentado que “Vox pone la islamofobia y el racismo y ustedes dócilmente le ponen los votos”.

“Inútil, injusta y basada en el odio”

“Están blanqueando una realidad cada vez más evidente, que pretenden ser exactamente igual que la ultraderecha”, ha continuado. “Estamos en contra del burka, pero no desde la prohibición y la autoexclusión de las mujeres”.

Desde Podemos-IU, su portavoz, Ismael Sánchez (IU), ha incidido en que estamos ante una propuesta “jurídicamente dudosa” por la senda que trazó el Tribunal Supremo, así que a día de hoy “no hay una cobertura legal suficiente”, como posteriormente se ha admitido desde el propio gobierno local. Y como no salió la iniciativa en el Congreso en un primer intento, “traen este disparate al pleno”.

Después de subrayar –“para que no quepan dudas”– que “no queremos que nadie imponga o decida cómo tienen que vestir las mujeres”, ha cargado contra una moción “inútil, injusta y basada en el odio”. “Es un problema inventado para generar confrontación y discriminación”, y encima hecha “desde el paraguas de una falsa neutralidad”.

Cesión del Alcázar para un acto contra la inmigración

Todo esto no ha arañado ni un ápice la satisfacción con la que Vox se ha marchado del pleno llevando bajo el brazo su propuesta aprobada, lo que ha compaginado con la reunión que ha mantenido en la propia casa consistorial para recibir a Samuel Vázquez, su portavoz nacional de Seguridad, que ha vuelto a relacionar inseguridad ciudadana con inmigración. La jornada se ha rematado horas después con la presentación del informe La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar, en el que Vázquez ha estado arropado por cargos provinciales y autonómicos de su partido.

El estudio no es precisamente nuevo, pero sí ha sido atípico el escenario elegido para lucirlo, nada más y nada menos que el Real Alcázar de Sevilla. Eso ha sido posible gracias a que lo ha cedido para la ocasión el gobierno local del PP, que siempre alega en estos casos que el uso del monumento está abierto a todas las propuestas que se presenten, ya sean políticas, económicas, sindicales o ciudadanas.

“Nosotros somos una especie de guerreros que vamos a llegar los primeros a todos sitios”. Así describe el intendente principal de la Policía Local de Sevilla, Manuel Corregidor, la nueva unidad de la que es jefe directo, el Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), una especie de cuerpo antidisturbios con uniforme negro, boina roja (o más bien carmesí, “el color de la bandera de Sevilla”) y que luce como emblema al Cid Campeador, en la versión local de la escultura que modeló en bronce Anna Hyatt Huntington en 1927 y que se alza en el Prado de San Sebastián.

El nuevo cuerpo se presentó el martes y este mismo miércoles ha empezado a estar operativo dejándose ver por la barriada de El Cerezo, donde el ambiente se ha caldeado en las últimas semanas y ha propiciado hasta la aparición de patrullas vecinales en respuesta –en teoría– a la abundancia de gorrillas en la zona. El Ayuntamiento hispalense define con toda pomposidad al GAR como “un grupo táctico” y “equipo de élite” formado por 36 agentes (30 policías, cuatro oficiales, un subinspector y un intendente principal) al que le han dado como sede las hasta ahora abandonadas Naves de la calle Calatrava.

Corregidor resalta que estamos ante una unidad de intervención “con vocación de cambiar mucho la dinámica operativa en los barrios”. El objetivo es dar respuesta rápida a situaciones más delicadas, tradicionalmente más asociadas a la Policía Nacional. El intendente, por cierto, ha subrayado el hecho de que “vestimos de manera distinta como todas las unidades especiales de todos los cuerpos policiales”, y ha defendido que “una imagen tan sevillana como la estatua del Cid Campeador, que representa un luchador y un guerrero como vamos a ser los miembros del GAR, está claro que tenía que ir en nuestra uniformidad”.

“Petición histórica de la Policía Local”

El alcalde, José Luis Sanz (PP), asistió a la puesta de largo del nuevo grupo, lo que aprovechó para recordar que es un “compromiso cumplido” por su parte en sólo tres años. Además, subrayaba que el GAR va a suponer “un apoyo inestimable para el resto de la plantilla”, además de que así se da respuesta a una “petición histórica” de la propia Policía Local sevillana. De paso, también lo ponía como ejemplo “una apuesta por las cosas bien hechas”.

El Consistorio detalla que el GAR nace para dar respuesta a aquellas situaciones que deben ser “abordadas por un equipo con cualificación específica”. “El ciudadano va a notar la llegada de esta nueva unidad, es una herramienta que necesitaba la Policía Local para seguir creciendo, no sólo en su plantilla y su dotación sino también en su versatilidad y cualificación para poder resolver problemas”, esgrime el regidor.

“La forma de trabajar del GAR será su seña de identidad y se notará no solo por su uniformidad sino por su forma de desplegarse y de estar en cualquier dispositivo”, incide Sanz. Esto lo ha acompañado con la reflexión de que “Sevilla es una gran ciudad que sin perder su esencia no deja de crecer y de modernizarse para afrontar nuevos retos por eso necesitamos que la Policía Local, nuestra policía, siga creciendo al igual que la ciudad a la que sirve y protege cada día”.

Equipo para asaltar inmuebles

Por su parte, el intendente principal, Manuel Corregidor, ha explicado que el grupo se ha formado tras una convocatoria interna en el cuerpo a la que siguió un proceso de selección en el que “fuimos muy exigentes” con la certeza de que es la única garantía de que el GAR “acabaría teniendo éxitos muy rotundos”. A esto siguió una fase de formación con expertos de Policía Nacional, Guardia Civil y Fiscalía.

Los integrantes del equipo han sido así instruidos en técnicas y tácticas de intervención policial, pero también en auxilios policiales, policía científica, armamento, defensa personal policial, formaciones y despliegues. “Una formación muy específica para el tipo de trabajo que van a desarrollar en la vía pública”, y que además se va a mantener de manera continuada.

Otra de las señas de identidad del GAR son los vehículos, todoterrenos “que nos van a dar una gran versatilidad”. Cuentan con protecciones frontales para salvaguardar la zona acristalada, y en la parte trasera disponen de “toda la equipación necesaria para llevar a cabo asaltos a cualquier tipo de inmueble o para llevar a cabo los dispositivos estáticos de control”.

Isabel Díaz Ayuso comenzaba el pasado domingo 8 de marzo su sexto viaje oficial a Estados Unidos. Durante su primera jornada en la ciudad de Nueva York, la presidenta de la Comunidad de Madrid no tuvo una agenda muy apretada, y la única actividad que ocupó su día en la Gran Manzana fue disfrutar de la obra de flamenco Vuela, de Sara Baras, una función que forma parte de la programación del 25º Festival de Flamenco de Nueva York.

Sin embargo, Ayuso no acudió sola al evento, sino que aprovechó el viaje para reunirse con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para disfrutar juntos de una jornada que ocupó todo el día de la presidenta. Ambos posaron en el photocall del New York City Center, el teatro de tres plantas que acogía la celebración de los 25 años del festival, donde se podía leer “Welcome to Sevilla”, sobre una fotografía de la plaza de España. Todo muy español, pero en Nueva York.

El primer día del viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid no culminó con el simple disfrute de la obra de Sara Baras junto al alcalde sevillano, sino que ambos se reunieron después de la función con la propia bailaora y coreógrafa. El festival que homenajea el flamenco, y que celebra esta edición su cuarto de siglo, comenzó el pasado 25 de febrero y durará hasta el próximo 15 de marzo. En esta ocasión, el evento presume del lema “New York and Flamenco: A True Love Story”. Ayuso publicó en redes sociales que Nueva York está “rendida ante la magia del flamenco, el arte español y el talento único de Sara Baras”.

Las redes estallan contra el viaje de Ayuso

El encuentro entre Ayuso y Sanz en los Estados Unidos ha despertado la sorpresa de muchos en redes sociales, que critican el “viaje pagado de Ayuso para ir a ver flamenco con el alcalde de Sevilla”, “inventándose reuniones fantasmas para que no se note que, por sexta vez, va de vacaciones con amigas del partido”. Otros, más ingeniosos, han opinado que cuando quedan con un amigo, suelen quedar en un punto medio más cerca. “¿Y no sería más barato quedar con él en Mérida, por ejemplo?”, publicaban otros en redes sociales.

Además, otros internautas han reprochado a la presidenta que la obra de Baras, que homenajea a Paco de Lucía, se estuvo representando en el Teatro Gran Vía de Madrid un total de ocho semanas a finales de 2025 (del 11 de septiembre al 2 de noviembre), y que Isabel Díaz Ayuso podría haber elegido esas fechas para disfrutar de su tiempo libre e ir como plan de ocio a disfrutar de la función de la bailaora y coreógrafa gaditana.

La agenda de Ayuso en Nueva York

Las actividades organizadas durante la visita oficial de Isabel Díaz Ayuso a Nueva York continúan el lunes 9 de marzo con un encuentro informativo organizado junto a la Cámara de Comercio España-EEUU. La presidenta se reunirá con empresarios e inversores norteamericanos y representantes de compañías españolas con intereses en el país norteamericano durante la mañana, justo antes de encontrarse con John Zito, el co-presidente de Apollo Global Management, un fondo de inversión estadounidense, que recientemente se ha incorporado al accionariado del club Atlético de Madrid, y el Gobierno regional.

Pero la joya de la corona en la agenda de Ayuso en EEUU será la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la 12ª Gala Anual J100 del periódico The Algemeiner, donde ella misma recibirá, según el Gobierno regional, “un galardón en reconocimiento por su compromiso con la libertad y el pueblo judío”.

La lista que publica anualmente este periódico recoge 100 personas que “han influido positivamente en la vida judía”, y este año será Ayuso la que reciba el aplauso de los judíos. En la última edición, aparecieron personalidades como Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Javier Milei, Santiago Peña (presidente de Paraguay), e incluso la autora de los libros de Harry Potter, JK Rowling.

Sevilla se ha enredado esta semana con un cruce de conmemoraciones históricas que ha derivado en otra bronca política. El Ayuntamiento de la capital andaluza, gobernado por el PP, ha organizado un gran desfile teatralizado para celebrar el quinto centenario de la entrada del emperador Carlos V e Isabel de Portugal en la ciudad con motivo de su casamiento, en 1526. El recorrido estará alfombrado con pétalos de flores, con Isabel a lomos de un caballo blanco y Carlos en uno negro.

La boda imperial supuso la unión estratégica de España con Portugal y “convirtió a Sevilla en escenario de una de las grandes ceremonias públicas del Renacimiento”, en palabras difundidas por el Consistorio hispalense.

El espectáculo, concebido como una recreación escénica itinerante de gran formato, se celebrará este sábado 28 de febrero, solapándose con el Día de Andalucía, que también conmemora y celebra el Gobierno autonómico, también del PP. No es habitual que un 28F confluyan dos efemérides oficiales, menos aún cuando las instituciones organizadoras son del mismo signo político.

Los partidos de izquierda en Andalucía, en el Ayuntamiento y en el Parlamento, han afeado al alcalde de la ciudad, el popular José Luis Sanz, que haga coincidir el quinto centenario de la llegada de Carlos V, en el siglo XVI, con el 28F, que conmemora la conquista del autogobierno de Andalucía, consolidada en la aprobación del Estatuto de Autonomía, el 28 de febrero de 1981.

En un momento de reafirmación andalucista por parte de todos los partidos (excepto Vox) que confluirán en las urnas en pocos meses, el polémico desfile medieval que ha montado el Consistorio hispalense ha tensado el debate político a las puertas del Día de Andalucía. Y eso que el acto de Carlos V e Isabel de Portugal tendrá lugar el sábado por la tarde, mientras que los actos institucionales del 28F –en el Parlamento, primero; y en el Teatro de la Maestranza, donde la Junta entregará las Medallas de Andalucía– serán por la mañana.

El portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, ha tildado el desfile de “inoportuno e innecesario”, y ha acusado al alcalde de “eclipsar” el 28F, y ha recordado que el acto que conmemora la llegada de Carlos V a Sevilla tuvo lugar el 11 de marzo, por lo que “existían alternativas más que suficientes para evitar una coincidencia forzada”.

Las otras dos formaciones de izquierdas, Por Andalucía y Adelante Andalucía, también han criticado la decisión del Consistorio, afeándole su “falta de respeto” por el 28F, con independencia de la efeméride que organiza el Gobierno de Moreno, al que tampoco suelen asistir.

Desde el Ayuntamiento hispalense se alega que se ha elegido este fin de semana porque, de los más próximos a la fecha del 10 de marzo (que es cuando el monarca entró en la ciudad en 1526), es el que había más descargado de eventos ya programados. La intención, además, era hacerlo en sábado para que pudiera acudir más público, con la circunstancia añadida de que el 28F es festivo en toda Andalucía.

No interfiere los actos oficiales

Fuentes municipales señalan que el Consistorio “nunca” ha organizado actos con motivo del 28F, ni ahora ni en mandatos anteriores, y que se limita a abrir al público las puertas de la casa consistorial en horario matutino. Además, se esgrime que los actos institucionales, en el Parlamento y en el Teatro de la Maestranza, son también por la mañana, por lo que no les afecta un evento que arranca a las 16.30 horas. Eso sí, en el expediente para la contratación (firmado el 23 de febrero) figura que el evento tendría lugar el 11 de marzo, aunque con anterioridad el gobierno local del PP ya había anunciado la fecha del 28F.

La organización se le ha encargado a la compañía Teatro Clásico de Sevilla con un contrato directo sin publicidad por importe de 53.700 euros, IVA incluido. El desfile teatralizado tendrá como punto de partida el Arco de la Macarena, a las 16.30 horas, y finalización a las 19.30 horas en la Puerta del León del Real Alcázar.

Contará con alrededor de 120 participantes entre actores, músicos, bailarines, figurantes y equipo artístico y de producción, y está diseñado y producido por Teatro Clásico de Sevilla , con una puesta en escena basada en el rigor histórico del protocolo, la jerarquía y la simbología del siglo XVI, así como en la indumentaria y los códigos visuales de la monarquía hispánica.

El primer teniente de alcalde, Juan Bueno (PP), ha visitado este miércoles las instalaciones en las que se ultiman los detalles, donde ha subrayado que “el vestuario será parte del éxito de ese desfile que, sin ninguna duda, será un éxito para Sevilla y para todos los sevillanos. Se ha procurado que el vestuario escogido sea fiel a la época que representa, para lo que se usarán trajes provenientes de películas de cine internacional, muy exclusivas, además de atuendos diseñados exprofeso para el vestuario de Isabel de Portugal y de Carlos V”.

“Incluso las joyas se han reproducido a imagen y semejanza de las que presentan pinturas de los emperadores”, ha añadido el portavoz del Gobierno local. Además, a lo largo del recorrido los personajes repartirán miles de claveles rojos –flor traída a España por Carlos V con motivo de su enlace– además de alfombrar con pétalos el paso del cortejo. Isabel realizará el recorrido a lomos de un caballo blanco y Carlos V en un caballo negro.

El mismo recorrido de hace cinco siglos

El recorrido atravesará el mismo recorrido que siguieron tanto la aún infanta portuguesa, en primer lugar, como al emperador, después, a su entrada a la ciudad que sería testigo de este real enlace. Además, habrá paradas escénicas con música, danza y acciones coreografiadas en cada uno de los puntos donde se erigieron arcos triunfales para recibir a los novios, marcando el camino hasta el centro de la ciudad: Arco de la Macarena (16.30 horas); Iglesia de Santa Marina (17 horas); San Marcos (17.15 horas); Santa Catalina (17.35 horas) y San Isidoro (18.10 horas).

La comitiva llegará al cruce de Álvarez Quintero con Entre Cárceles (18.35 horas); Plaza Virgen de los Reyes (18.55 horas); Puerta de Campanillas de la Catedral (19.10 horas); Puerta del León (19.20 horas), culminando con la entrada del cortejo en el Real Alcázar diez minutos más tarde.

A lo largo del desfile, el público podrá asistir a una cuidada selección de músicas renacentistas interpretadas por Los Ministriles y por el Tercio de Olivares, con momentos destacados como la fanfarria de bienvenida en el Arco de la Macarena, una acción coreográfica con Pavana en Santa Marina, y diferentes piezas y danzas históricas en las paradas, incluyendo la Danza de las hachas y Dit le Bourguignon, en Santa Catalina, además de interpretaciones como Fanfare la moresque, Propiñan de Melyor y Hoy comamos y bebamos de Juan del Encina. En la Puerta de Campanillas, el cortejo incorporará una escolanía formada para la ocasión, antes de la tocata y fanfarria solemne de despedida en la Puerta del León.

Por segunda vez consecutiva, el Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este jueves un pleno sin público después de que su presidente, Manuel Alés (PP), ordenara su desalojo al producirse una cuarta interrupción por parte de trabajadores municipales protestando por su situación laboral. El momento que resume lo ocurrido lo ha protagonizado una mujer que se ha negado a marcharse, se ha tumbado en el suelo y ha sido sacada en volandas por la Policía Local.

Esta mujer es Ángeles Casares, delegada sindical de CGT, y pese a lo que parecía inicialmente no estaba allí para protestar por la privatización de la limpieza de los colegios (que capitalizó las protestas de la mañana, con manifestación incluida) sino por la situación del sector de ayuda a domicilio. El colectivo lleva varios años en lucha con el Ayuntamiento, en 2024 llevó a cabo una acampada de 36 días frente a la casa consistorial y, básicamente, reclama la municipalización del servicio para mejorar las condiciones tanto de los usuarios como de los propios empleados.

En la mañana de este jueves, Casares accedió tarde al salón de plenos, primero porque se abarrotó (acudió mucho público por asistir a la aprobación de nuevos nombres en calles de la ciudad) y segundo porque el sistema de acreditación y acceso es premioso. Nada más entrar, y antes de ocupar un asiento, se mantuvo unos instantes en pie para quitarse el abrigo y ponerse la bata de trabajo en la que lucía en la espalda su mensaje: SAD SOS, donde SAD es el acrónimo de servicio de ayuda a domicilio. El presidente del pleno, por cierto, le conminó a sentarse.

El PP endurece su postura

Cuando lo hizo, se encontró con algo que no esperaba. El gobierno de José Luis Sanz (PP) ha decidido endurecer su postura en cuanto a las protestas en el pleno, ya que considera que afectan al normal funcionamiento de las sesiones. Por eso, el miércoles emitió una circular de la que dio cuenta en la junta de portavoces: el presidente, Manuel Alés, se reserva a su criterio el “desalojo íntegro” de todo el público si lo estima oportuno. Cuando Ángeles Casares entró, ya se habían producido tres desalojos de trabajadores clamando contra el gobierno local, y nada más sentarse se produjo un cuarto incidente, por lo que se decretó la expulsión de todos los presentes.

“No me dio tiempo ni a protestar para lo que iba”, señala Casares, que no llevaba ni pancarta porque la portaban compañeras que estaban todavía acreditándose para entrar en el Salón Colón. “Cuando me dijeron que me tenía que ir les respondí que era injusto y me tiré al suelo boca abajo y con los brazos en cruz, para que se viese lo de SAD SOS”, lo que llevó a los agentes a preguntarle si es que había sufrido un desvanecimiento.

“La Policía fue muy respetuosa en todo momento y, cuando les dije que no era un desmayo, me invitaron a levantarme”, a lo que respondió que no porque lo consideraba una injusticia y porque “cada vez se permite menos la protesta en el Ayuntamiento”. Los agentes le advirtieron de que si no se levantaba estaban obligados a transportarla, lo que acabó ocurriendo.

Municipalizar el servicio

Eso sí, cuando la sacaron del salón de plenos (del que se cerró la puerta para que no accediera más el público), volvió a tumbarse en el suelo. Los policías le pidieron de nuevo que depusiera su actitud, porque de lo contrario la tendrían que multar. Ahí ya se levantó, porque dice que la cosa no está para bromas: “Nuestro salario base es de 1.143 euros, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional del año pasado”, algo que a corto plazo no tiene visos de que vaya a cambiar porque el convenio está caducado y se augura una negociación larga.

Casares pertenece a la empresa Zaintzen y reclama que el servicio de ayuda a domicilio vuelva a ser municipal, lo que choca con la realidad de un Ayuntamiento que “contrata con multinacionales” pese a las constantes protestas por las condiciones laborales. De paso, denuncia que el actual alcalde “nos ha engañado”, ya que acabaron con su acampada por la promesa de un estudio de viabilidad de su demanda del que siguen sin tener noticias.

En cuanto a los desalojos, el pleno que aprobó el presupuesto local el pasado 29 de enero fue en el que por primera vez se expulsó a todo el público, ante la sucesión de protestas por la privatización del servicio de limpieza de los colegios. La circular aprobada por el presidente señala que tanta interrupción “hace imposible” que los concejales afectados “puedan articular un discurso y vulneran su derecho a expresar libremente su posición”.

Potestad de “desalojo íntegro”

“Como ha podido comprobarse, la garantía del normal desarrollo de las sesiones plenarias no llega a producirse con la reiteración de las interrupciones motivadas por las intervenciones del público seguidas del correspondiente desalojo”, sostiene el documento. Por ello, ha decidido que esta situación dará lugar al “desalojo íntegro” del público, para lo que Manuel Alés apela al artículo 33,1 e) del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno, que atribuye al presidente “velar por el normal desarrollo de las sesiones plenarias, adoptando cuantas medidas sean procedentes para la consecución de este objetivo”.

El reglamento ya establece que el público asistente no podrá intervenir, hacer manifestaciones o actuaciones, exhibir pancartas, escritos o análogos que alteren el orden de la sesión, pudiendo la Presidencia proceder a expulsarlos. Esto ha sido lo normal hasta la fecha: se advertía y, si continuaba la protesta, se desalojaba al protagonista. Ahora se reserva la opción de proceder igual con todos los presentes, estén quejándose de algo o no.

Ángeles Casares lamenta que, cuando se tiró al suelo, estaba en el uso de la palabra el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP), que ironizó con la situación: “Espero que la señora se recupera, creo que es la segunda o la tercera vez que se desmaya en el pleno”, en referencia a un desvanecimiento que sufrió de verdad hace un tiempo. Y es que su colectivo acude a todos los plenos a denunciar su situación, y Casares asegura que piensan seguir haciéndolo. “Si ahora salen con éstas, tendremos que echarle imaginación y hacer otras cosas, pero vamos a seguir protestando”.

Esta vez no han dejado pasar ni dos días. Si el pasado mes de diciembre la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, anunciaba que en enero de 2026 saldría la esperada convocatoria de ayudas para el sector cultural andaluz, “con un incremento del 80% en las subvenciones concurrenciales, alcanzando cerca de dos millones de euros”, el mismo 2 de febrero ese mismo sector, indignado, lanzaba un nuevo comunicado en el que no solo clama contra el abandono de las políticas municipales, sino también contra el paradójico triunfalismo del alcalde, José Luis Sanz.

Hace apenas una semana, en rueda de prensa, Sanz sacaba pecho por la gestión del controvertido Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), defendiendo un incremento de hasta seis millones de euros, con una ejecución presupuestaria del 90 % y un aumento de ingresos de taquilla de un 45 % respecto a 2022. Asimismo, el primer edil destacó como hitos de su gestión el arranque de la programación de la Fábrica de Artillería y la creación del Festival de la Ópera. Una coyuntura según la cual, apostillaba Sanz, el ICAS atravesaba “su mejor momento”.      

La reacción del sector no se ha hecho esperar, ni ha sido sorprendente. En el comunicado suscrito por una veintena de asociaciones y colectivos (Asociación andaluza de compañías y profesionales de danza, Asociación de circo de Andalucía, Asociación de directoras de artes escénicas de Andalucía, Asociación de distribuidoras de artes escénicas de Andalucía, Asociación cultural MOSAICA, Asociación Escenarios de Sevilla, Asociación de galerías de arte de Sevilla, Asociación de gestores culturales de Andalucía, Asociación de museología y museografía, Asociación de profesionales de las artes escénicas para la infancia y la juventud de Andalucía, BNV Producciones, Editorial Barrett, Fonoteca de Sevilla. Cultura de la escucha, Gremio de la narración oral en Andalucía, GNOA, Instituto de arte contemporáneo, Mujeres en las artes visuales y Zemos98) discrepan del diagnóstico de Sanz: “Si bien reconocemos que la situación del ICAS arrastra problemas estructurales desde hace años, consideramos que en la etapa actual no se ha producido la mejora que se anuncia públicamente y que, en aspectos relevantes, la situación ha seguido deteriorándose, afectando de forma directa al tejido cultural de la ciudad”.

Espacios y festivales perdidos

En lo que respecta al ICAS, denuncian “una estructura de personal cada vez más limitada, dificultades administrativas recurrentes y una falta de planificación y diálogo que condiciona seriamente el desarrollo de proyectos culturales”, dicen. “El gobierno municipal destaca como logros la activación de nuevos espacios culturales, como la Real Fábrica de Artillería. Pero no se menciona que el Teatro Lope de Vega permanece cerrado desde hace tres años y que ambos espacios culturales siguen sin contar con direcciones artísticas seleccionadas mediante convocatorias públicas. Además, las antiguas Naves de Calatrava, dedicadas históricamente a la danza, han cambiado su uso convirtiéndose en cocheras para la policía municipal, perdiendo su función cultural”.

Asimismo, como contrapeso al Festival de Ópera oponen los programas y festivales que en los últimos años han desaparecido del calendario cultural de la ciudad, como Danza Mobile, Nocturama, Monkey Week, Contemporánea Sevilla Gallery Weekend o el Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina, entre otros.

“Los datos externos tampoco avalan el relato institucional”, prosigue el comunicado. “En el reciente ranking 'Lo mejor de la cultura 2025' de la Fundación Contemporánea, elaborado por más de 400 profesionales del sector, los proyectos estrella del gobierno de José Luis Sanz no aparecen entre los más de 500 de todo el país y se confirma la tendencia a la baja de la ciudad tanto a nivel nacional como regional solo salvada por entidades que no dependen del ICAS”.

Transparencia e igualdad

Especial preocupación genera la gestión económica y administrativa del organismo. A pesar de los anuncios sobre mejoras en los plazos de pago, los firmantes subrayan que “persisten retrasos, carencias de comunicación pública de sus propias actividades y falta de previsibilidad que afectan al normal desarrollo de la actividad cultural”, lamentan. “El aumento presupuestario del ICAS en los últimos años requiere además un análisis cualitativo sobre su destino. Parte de los recursos se ha concentrado en grandes eventos puntuales, como el espectáculo navideño Navigalia, con una inversión cercana al millón de euros, mientras que el presupuesto destinado a convocatorias públicas de apoyo a proyectos y espacios culturales ha sido menor de lo prometido, generando un desequilibrio entre el gasto en eventos singulares y el sostenimiento del tejido cultural estable”.

“Al mismo tiempo”, agregan, “se observa un incremento de las subvenciones nominativas, otorgadas de forma directa, frente a las líneas de apoyo a las que se accede mediante convocatorias públicas en régimen de concurrencia. Este desplazamiento reduce la transparencia, la igualdad de oportunidades y la diversidad del tejido cultural beneficiario. La situación se agrava con la gestión de las convocatorias públicas para el desarrollo de proyectos culturales de creación contemporánea y las ayudas destinadas al apoyo de los espacios culturales de la ciudad. La no publicación de estas convocatorias en 2023 y 2025, ha generado una fuerte inestabilidad e incertidumbre sobre la continuidad de numerosos proyectos culturales”.

A ello se suma, según estos colectivos, “la ausencia de espacios estables de interlocución con el sector. Las decisiones unilaterales, la falta de transparencia en los procesos y la inexistencia de mecanismos de evaluación compartida debilitan la confianza entre la administración y los agentes culturales. Asimismo, advertimos del progresivo debilitamiento de las políticas culturales de proximidad: reducción de la programación en barrios, pérdida de programas de mediación cultural y una creciente concentración de recursos en grandes eventos puntuales, en detrimento de procesos culturales sostenidos, diversos y accesibles”.

Diálogo necesario

Así, los firmantes insisten en la necesidad urgente de abrir “un proceso de diálogo real y estructurado que permita reformar los estatutos y el modelo organizativo del ICAS con el mayor consenso político posible y la participación activa del sector cultural, con el objetivo de dotarlo de mayor estabilidad, profesionalización, autonomía y eficacia”. En este sentido, hacen un llamamiento al gobierno municipal, pero también al resto de fuerzas políticas de la ciudad, “para que se sumen a este diálogo constructivo”.

Consultada por este periódico la delegada de Cultura del Ayuntamiento hispalense, afirma que “la valoración realizada por el Ayuntamiento de Sevilla en los últimos días se ha centrado en poner en valor la mejora de la gestión del ICAS, atendiendo a datos objetivos de actividad, ejecución presupuestaria y funcionamiento interno, tal y como destacó el alcalde. Ello no supone desconocer que el ICAS arrastra necesidades estructurales e infraestructuras complejas, ni afirmar que la situación sea perfecta. Al contrario, se es consciente de los retos existentes y del esfuerzo adicional que supone ampliar proyectos, espacios y programación, como la incorporación de la Real Fábrica de Artillería, nuevos festivales o el aumento del presupuesto del organismo”.

“Precisamente en ese contexto de crecimiento es donde se han producido mejoras relevantes en la gestión, que consideramos necesario visibilizar. Todo ello es compatible con seguir trabajando en la mejora del modelo y en dar respuesta a las demandas del sector”, añade la edil. “Asimismo, tal y como se comprometió el Ayuntamiento, las convocatorias de subvenciones públicas se publicarán de manera inminente esta misma semana, reforzando el apoyo al tejido cultural de la ciudad”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha cumplido con el último trámite y ya puede decir que tiene aprobado su presupuesto para 2026, fruto de un pacto entre el gobierno local del PP y Vox. Con un montante de casi 1.100 millones de euros, lo que supone un nuevo récord, hasta ahora las críticas de la oposición de izquierdas se habían centrado en la pérdida de partidas en materias como igualdad, cooperación, memoria histórica o lucha contra el cambio climático. Todo eso se mantiene, pero ahora el foco está puesto en la partida que se incluye para privatizar la limpieza de los colegios públicos, lo que ha desatado una tormenta en el salón de plenos con los trabajadores municipales encargados de esta tarea.

“El Ayuntamiento es un polvorín a punto de estallar, no sólo tienen el rechazo de la oposición, sino que por primera vez también el de los trabajadores”, resumía la situación el portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), después de una sesión cargada de tensión. “¿No le hace reflexionar la bronca pleno tras pleno? Se está viviendo situación excepcional, fruto de sus socios de presupuesto”, le reprochó el líder del PSOE municipal, Antonio Muñoz, al alcalde, José Luis Sanz (PP).

La sesión era una mera formalidad, porque en realidad las cuentas se aprobaron el pasado diciembre. Pero durante el obligatorio periodo de exposición pública se han presentado varias alegaciones (de ONG, Facua y hasta del PSOE), lo que imponía un último pleno en el que se rechazaron todas para la bendición definitiva. El regidor no ha llegado ni a intervenir, mientras que el portavoz municipal (Juan Bueno, también delegado de Hacienda) ha centrado su último turno en poco menos que afirmar que “Sevilla tiene presupuesto y sigue en marcha a pesar de ustedes”.

Dos desalojos nada más empezar

Nada más arrancar, ya se vio que la sesión iba a ser intensa. Los trabajadores de la limpieza ya habían pregonado que le declaraban la guerra a José Luis Sanz por la externalización de la limpieza en los colegios, lo que según el cálculo sindical supondrá la liquidación de 300 empleos. Y bien que se notó, porque el presidente del pleno, Manuel Alés, ya ordenó dos desalojos en los primeros minutos, advirtiendo que a la próxima se procedería a expulsar a todo el público.

De esta manera fueron desfilando para afuera delegados sindicales, que interrumpieron la intervención de Juan Bueno coreando consignas y exhibiendo carteles en contra de esta privatización. Ya en la recta final, cuando habían transcurrido 45 minutos, Alés instó a la Policía Local a expulsar del salón plenario “a invitados y público”. “El criterio es el que yo establezco”, esgrimió ante las protestas de la oposición, lo que le valió el irónico reproche del portavoz de Podemos-IU de que “esto con Zoido no pasaba”, en referencia al anterior alcalde del PP. Por cierto, que Ismael Sánchez lucía una camiseta con ese mismo mensaje.

El delegado de Hacienda, por su parte, se limitó a decir que no procedían las alegaciones presentadas, cargando contra una oposición de izquierdas a la que acusó de “mentir permanentemente”. “La auténtica verdad es que aquí no se va a despedir a nadie”, incidiendo en que ha sido el PP el que ha estabilizado a 237 de los 336 trabajadores que se encargan de esta tarea, a lo que se ha sumado una próxima convocatoria con 106 plazas.

Giro a la derecha del presupuesto

El alcalde, José Luis Sanz, no habló en el pleno, pero estos días ha reiterado que, por mucha presión que le metan los sindicatos, no piensa dar marcha atrás a su plan de que se encargue una empresa privada de limpiar los colegios, comprometiéndose a reubicar en otras funciones al personal que ahora lo hace. Su argumento es que “no se perderá ningún empleo público” pese a externalizar la limpieza de 108 colegios y 250 edificios municipales.

Para sacar adelante las cuentas, el PP aceptó en su momento 16 de las 18 enmiendas presentadas por Vox, que incluían nuevos recortes en partidas destinadas al Servicio de la Mujer, los planes de igualdad y la cooperación al desarrollo, además de a las asociaciones de consumidores como Facua. A ello se unieron después dos nuevas exigencias: eliminar la zona de bajas emisiones de la Cartuja y reforzar los controles para empadronar a inmigrantes.