La tasa turística vuelve a escena en Sevilla. El alcalde, José Luis Sanz (PP), ha anunciado que planea solicitar una reunión con el recientemente nombrado vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz, Manuel Gavira (Vox), para trasladarle la “necesidad” de implantar una tasa turística o cualquier otro instrumento similar de financiación extraordinario para la ciudad.

La última vez que Gavira se posicionó sobre esta cuestión fue hace un mes, días antes de ser nombrado vicepresidente de la Junta, y lo hizo para insisstir en el rechazo de su formación a esta medida. Eso sí, anunció su intención de reunirse con el sector para “ver por dónde respira” ahora en relación con este impuesto, al que los empresarios siempre se han opuesto frontalmente.

El alcalde hispalense, por su parte, señala que “todavía no hemos pedido cita porque estábamos esperando a que terminaran los nombramientos, pero le solicitaremos una reunión al vicepresidente y consejero de Turismo y volveré a poner encima de la mesa que creo que mi ciudad necesita la tasa turística. Como la pagamos los sevillanos cada vez que vamos a Roma, Ámsterdam, Venecia o casi cualquier otra ciudad, creo que es importante para Sevilla”, ha remarcado el regidor en una entrevista con Europa Press.

De hecho, Sanz ha insistido en que lo que requiere Sevilla es “un instrumento de financiación extraordinario”. “Llámese tasa, llámese repercusión del IVA que paga el turismo de la ciudad de Sevilla. Me da igual cómo se llame”.

“A lo mejor ciudades como Jaén no necesitan una tasa turística, pero ciudades como Sevilla que reciben casi cuatro millones de visitantes, que demandan servicios y que tienen que rehabilitar y mantener el casco histórico, uno de los más importantes de España, pues sí la necesitan”, ha apostillado.

Destino finalista

El alcalde ha defendido que los recursos obtenidos deberían destinarse de forma finalista, en concreto, o al menos un porcentaje, a actuaciones como la conservación del patrimonio, el refuerzo de servicios públicos especialmente demandados por los visitantes, como la limpieza y la seguridad, la promoción turística de la ciudad o la ejecución de obras en los barrios.

A su juicio, resulta “muy importante” que los sevillanos perciban que los beneficios derivados del turismo revierten directamente en la mejora de la ciudad. “Creo que es muy importante que un vecino salga de la puerta de su casa, del portal de su casa, y vea un cartel de obra y que esa obra lea que está financiada gracias a la tasa turística”, ha añadido al respecto. Además, ha añadido que esta tasa debería contar con el respaldo del sector turístico y consensuarse con sus representantes en cuanto a su recaudación, entre otros asuntos.

Por cierto, que el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha recordado que el propio Sanz votó en contra de una moción presentada para instar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a tomar medidas en este sentido. En concreto, se pedía habilitar el marco legal necesario para que Sevilla pudiera implantar una tasa turística de carácter finalista en diciembre de 2023, petición que obtuvo el 'no' del alcalde y “hoy se despacha diciendo que está a favor”.

Viviendas de uso turístico

Por otro lado, el alcalde ha reiterado su deseo de que la Junta de Andalucía impulse una normativa que permita a los ayuntamientos endurecer las restricciones a las viviendas de uso turístico (VUT) y a los apartamentos turísticos, al considerar que las competencias municipales son actualmente insuficientes.

“Nos gustaría que tuviéramos una ley que nos permitiera ser mucho más restrictivos, porque sigo pensando que en Sevilla no cabe ni una vivienda de uso turístico más, pero llegamos hasta donde nos permite la ley. Ahora estamos estudiando con Vox, porque no tenemos mayoría absoluta y necesitamos esa mayoría para aprobarla”, ha señalado.

No obstante, ha querido recordar que el Ayuntamiento ya aprobó limitar al 10% el porcentaje de licencias de viviendas de uso turístico, una medida acordada con Vox. “Quiero recordar que si no hubiéramos aprobado en Sevilla esa propuesta, en este momento habría casi 500 viviendas de uso turístico más, algo que se ha evitado con esa medida”, ha concluido el alcalde.

El Ayuntamiento de Sevilla, como estaba previsto, ha dado luz verde este martes al proyecto de la gran mezquita en el Polígono Sur y también, como estaba previsto, Vox ha vuelto a reaccionar amagando de nuevo con romper toda relación con el gobierno del alcalde José Luis Sanz (PP). Pero la cosa no ha pasado de ahí, de proclamar que “han perdido la confianza” en los populares, que paralizan toda relación –sin llegar a darla por rota– y que van a presentar un recurso de alzada contra la decisión de Urbanismo, paso previo en unos meses a irse a los tribunales por la vía contencioso-administrativa.

La mezquita ha llevado al límite la relación en el Consistorio hispalense entre PP y Vox, donde son aliados presupuestarios (suscribieron pactos para las cuentas de 2025 y 2026) y donde los de Santiago Abascal se han convertido en la llave para que Sanz apruebe numerosas iniciativas en el pleno municipal. El deterioro de esta luna de miel se enmarca entre dos hitos, la reciente alianza PP-Vox en la Junta de Andalucía y la inminencia, en 2027, de la celebración de elecciones municipales y generales, en las que ambos partidos pugnan por un mismo sector del electorado.

El gobierno del PP ya había anunciado que la iniciativa de la Fundación Mezquita de Sevilla sería aprobada este martes tras rechazar las alegaciones urbanísticas presentadas por la formación de ultraderecha. En los informes elaborados para dilucidar estas reclamaciones, Urbanismo concluye que “la administración está obligada a dictar resolución expresa de otorgamiento cuando los informes técnico y jurídico son favorables”, como es el caso de este proyecto privado. “La administración carece de discrecionalidad”, apostilla, lo que ha secundado el propio Sanz este martes: “No cruzaré la línea de violar la ley”.

Frenarla como sea

Por su parte, Vox insiste en frenar de cualquier manera esta construcción en el Polígono Sur, que presenta como el primer paso para “islamizar toda Sevilla”. Al no atender el alcalde su petición de encargar un nuevo informe sobre la licencia, esta vez a los servicios jurídicos municipales y no a los de Urbanismo, la formación de ultraderecha ha dado un primer paso para visualizar su malestar: la suspensión de la comisión de seguimiento del pacto presupuestario, cuya convocatoria había solicitado recientemente y que se iba a celebrar este miércoles.

Para escenificar su malestar con el PP, en la sede del grupo municipal han comparecido concejales y parlamentarios de Vox, entre los que estaba su portavoz en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, que minutos antes subió en X un mensaje con una imagen generada con inteligencia artificial del alcalde con ropaje musulmán. “El PP de Sevilla aprueba definitivamente la islamización del Polígono Sur y de los barrios que lo rodean”, denunciaba, aunque en el acto descartó consecuencias más allá del ámbito local porque “son dos mundos diferentes y así lo vamos a tratar”.

De todos modos, Vox parece dispuesto a jugar con los tiempos, ya que no ha querido elevar su malestar a definitivo dando por roto el pacto o incluso las relaciones con el PP. Eso sí, considera que “el alcalde se ha posicionado en contra de los vecinos” y ha sembrado dudas sobre la “intención real” del proyecto, su financiación y el “oscurantismo” con el que se ha tramitado. Como colofón, otro amago sin llegar a concretar de manera rotunda: “Es casi imposible mantener a un gobierno que le pone la alfombra roja a un centro de islamización”.

Concejales y parlamentarios del partido de ultraderecha acudieron a la concentración de este lunes en la que varias decenas de personas expresaron su rechazo a la mezquita, y en la que se dejaron ver varios miembros de la formación neonazi Núcleo Nacional. El portavoz municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha asegurado este martes que no saben quién convocó la protesta, y ha llegado a defender que la presencia de neonazis será “responsabilidad” del resto de partidos si insisten en “promover la islamización”.

“Ni he prevaricado nunca ni lo voy a hacer”

El alcalde, José Luis Sanz, ha acudido por su parte a un acto de vivienda pertrechado con un ejemplar de la Constitución, que ha exhibido cuando ha sido preguntado por esta cuestión para recordar que su artículo 16 habla de la libertad de culto. “Cuando gobiernen en Madrid, si gobiernan alguna vez, que se plantee cambiar, entre otras cosas, esta Constitución”, ha esgrimido, al tiempo que ha expresado su perplejidad por que “podría ser el primer acuerdo político que en la historia de nuestra democracia se rompiera por cumplir la ley”.

Por ello, considera “incongruente” la postura de su aliado presupuestario, al que ha vuelto a agradecer la “estabilidad” que ha aportado a la ciudad con su apoyo, por lo que no cree que ahora la vaya a romper “por intereses de partido o personales” con la vista puesta en las próximas elecciones municipales. “El acuerdo se ha cumplido en un 90% y ha beneficiado a la ciudad, pero no cruzaré la línea de violar la ley”, de ahí que haya abogado por “tomarnos un descanso” con el pacto antes de darlo por roto.

“Ni he prevaricado nunca ni lo voy a hacer”, ha abundado Sanz, y en esta línea, ha recordado que el Ayuntamiento ha aprobado la licencia “para no prevaricar”, al contar con el “visto bueno” de los informes jurídicos de los técnicos de Urbanismo. “Tampoco podríamos haber ralentizado esa licencia de obra, porque eso también sería prevaricación”, ha apostillado, alegando que la única manera de frenar la iniciativa hubiese sido con argumentos jurídicos: “Pensábamos que Vox podía haber presentado un informe, que ellos dicen que tienen, que plantea dudas sobre la viabilidad, pero desgraciadamente no lo ha hecho”.

Un “marco jurídico sólido”

La palanca que ha intentado activar los concejales de ultraderecha ha sido la de que la licencia que se concede no se ajusta al proyecto presentado en Urbanismo. Los promotores lo presentan como un centro sociocultural que incorpora una mezquita, cuando a juicio de Vox es este uso su función principal, algo que han descartado en su informe los técnicos.

Como también se ha rechazado su petición de convocar una consulta entre vecinos y expertos, una puerta que abre el PGOU en determinados casos, el siguiente paso será un recurso de alzada para lo que tienen 30 días, abriéndose a continuación un plazo de tres meses para que Urbanismo responda. Vox llevará la resolución al máximo órgano de gobierno urbanístico, en el que tienen representación todos los partidos de la oposición, para forzarlos a retratarse.

A todo esto, la Fundación Mezquita de Sevilla ha hecho público un comunicado en el que se felicita por la obtención de la licencia, a la vez que ha agradecido a las instituciones “su labor velando por que el procedimiento haya llegado a buen término, haciendo prevalecer la ley frente a las ideologías”. “Es motivo de alegría para nosotros, así como debería serlo para todos los sevillanos, confirmar que vivimos en un marco jurídico sólido”.

“Un disparate” y “una falta de respeto”. Éstos son algunos de los calificativos más suaves que ha suscitado un proyecto que finalmente no verá la luz y que tiene como escenario los calabozos de la vieja comisaría de la Gavidia en Sevilla, declarada en 2017 lugar de memoria democrática por ser un centro franquista de torturas y que apura los plazos para convertirse en hotel de lujo. La promotora, que tenía la obligación contractual de reservar un espacio memorialista, ya lo ha cedido al Ayuntamiento de Sevilla acompañado de un proyecto de musealización que proponía su utilización para catering y una decoración a base de estética pop, “humor”, “frases con arte” y “guiños al miarma”.

“Cada rincón está pensado para provocar un efecto WOW”, resume el documento, que fue incluido en el expediente de cesión de los 215 metros cuadrados de este enclave que se hizo llegar a la Gerencia de Urbanismo. Este organismo ha recepcionado formalmente el lugar, pero no se ha dado por aludido en cuanto al proyecto de musealización ofrecido por el hotel de la cadena Thompson. De hecho, el alcalde, José Luis Sanz (PP), considera que no se ha presentado formalmente y garantiza que lo que finalmente se haga “se consultará con los sindicatos y las asociaciones memorialistas”.

Así que, oficialmente, el proyecto –adelantado por El Correo de Andalucía– no ha llegado a existir, por mucho que conste en el expediente. La antigua sede de la Jefatura Superior de Policía Nacional y de la Capitanía General, cerrada en 2003 y que reabrirá como hotel de cinco estrellas (ya admite reservas a partir del 1 de octubre), fue un centro de detención, represión y tortura en los 60 y los 70 por el que pasaron sobre todo sindicalistas. Eso explica que CCOO haya estado siempre muy pendiente de este proyecto, y es su secretario general en Sevilla, Carlos Aristu, el que define lo que se ha puesto encima de la mesa como “disparate”, “barbaridad” y “falta de respeto” para todos los que sufrieron allí.

Una obligación contractual

Al estar declarada lugar de memoria democrática, cuando se vendió la comisaría en enero de 2022 se incluyó entre los requisitos que el promotor tenía que entregar al Ayuntamiento el espacio donde estaban los calabozos, en el semisótano, con una entrada independiente del hotel para su utilización como Centro de Interpretación de la Memoria Democrática. En total son 215 metros cuadrados que al final se entregan diáfanos, ya que no se han conservado las celdas, todo un símbolo de un lugar que hasta impulsó el nacimiento de la Asamblea de Familiares y Asociaciones Memorialistas de la plaza de la Gavidia.

Ante la inminencia de la apertura, la empresa citó formalmente al gobierno local en una notaría para cederle este sitio, aunque recibió largas y no ha sido hasta este mes de julio que Urbanismo ha recepcionado el derecho de uso de este espacio una vez formalizado el trámite notarial. Y en la tramitación administrativa es donde ha saltado el lío, ya que el promotor incluyó una propuesta de musealización bastante pintoresca, pese a reconocer que el enclave “fue testigo de tiempos oscuros, donde la libertad era un sueño lejano”.

Con todo y con eso, la iniciativa se presenta como “un guiño a nuestra identidad”. “La propuesta se llena de referencias culturales sevillanas: colores vivos, frases con arte, costumbrismo reinterpretado con humor y diseño”, todo ello con el argumento de que “la memoria no tiene por qué ser gris: puede vestirse de luz, de música, de alegría”.

No a “un salón temático para tomar copas”

El diseño, a base de pantallas interactivas, lo traducen los impulsores en que “el costumbrismo se viste de pop: azulejos reinventados, guiños al miarma y la luz del albero convertida en diseño”. ¿El objetivo de todo ello? “Darle color a la vida” y pasar “de comisaría a icono cultural”, porque la Gavidia “es hoy un lugar para mirar atrás sin miedo y mirar adelante con ilusión”.

Al ser una iniciativa propia, la empresa no perdía la ocasión para proponer un “modelo híbrido” para la gestión del espacio. ¿Y qué significa esto? Pues abrir la puerta al “alquiler privado para eventos” y ofrecer “servicios integrados” como catering o alojamiento “aprovechando” la proximidad al hotel. “No vamos a permitir que estos calabozos franquistas se conviertan en un salón temático de un hotel de cinco estrellas para tomar copas”, resume al respecto el portavoz municipal de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), que insiste en que el proyecto siempre ha previsto un espacio “dedicado a la memoria democrática, no para hacer cócteles”.

Así que el amago de la compañía hotelera de “contribuir a la preservación de la memoria democrática desde una perspectiva positiva y creativa” no ha llegado muy lejos. El alcalde admite que le resultó “chocante”, “absurdo” y que le “chirrió bastante” lo que trascendió de esta iniciativa, pero insiste en que el equipo de gobierno “no ha recibido todavía ningún proyecto sobre los contenidos museográficos específicos, que tienen que estar revisados por este Ayuntamiento”. De paso, defiende que su equipo “ha mostrado un exquisito respeto por las víctimas y ha cumplido escrupulosamente con la ley”.

Un primer amago paralizado

Todo este proceso, enumera José Luis Sanz, tiene tres fases, la primera de las cuales ha sido la cesión del local. Ahora toca la adecuación de este espacio para su uso expositivo, “proyecto que se ha entregado” y que ya está analizando Urbanismo, a lo que seguirá la propuesta museográfica, que “no se ha entregado aún”.

Para Carlos Aristu, secretario general de CCOO en Sevilla, la madre del cordero es “quién gestionará” este enclave memorialista y qué dotación presupuestaria tendrá. De lo que sí está convencido es de que “hemos parado” un primer amago de proyecto que iba a consistir en “poner tres enaras y quitarlas para dar cócteles”, una iniciativa “con tintes irrespetuosos y con muy poco acierto” que nace de que “el hotel proponía hacerse cargo para tener su uso”.

Ante la reacción que se ha encontrado, la promotora “ha dado dos pasos atrás” y todo queda en manos del Ayuntamiento. “El alcalde nos ha transmitido que las cosas se van a hacer bien”, apostilla Aristu, que subraya que CCOO estará vigilante porque fue la movilización de este sindicato la que logró el reconocimiento de la comisaría como lugar de memoria democrática y porque “el 90% de los que pasaron por allí eran militantes nuestros y muchos están vivos”. “No vamos a aceptar nada que se haga sin nosotros y las asociaciones memorialistas”, apostilla, y de paso lanza un aviso: si no se producen avances, “en septiembre habrá movilizaciones”.

El Ayuntamiento de Sevilla otorgará la licencia de la mezquita proyectada en el Polígono Sur una vez que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo han finalizado los informes técnicos y jurídicos que se solicitaron, que han concluido que, por un lado, “el uso es compatible con la calificación de la parcela” y, por otro, “no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana”, como había pedido Vox, que ya ha anunciado que votará en contra.

Por tanto, la licencia de obra volverá a incluirse en el orden del día de la Comisión de Urbanismo del próximo martes, 28 de julio, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales. “Estamos ante un promotor privado, que actúa sobre suelo privado y que cumple la normativa urbanística vigente”.

En este sentido, “negarle una licencia en estas condiciones, sería directamente incumplir la legalidad y se debe garantizar la seguridad jurídica”, subrayan las fuentes consultadas. “Vivimos en un Estado de derecho y conceder o denegar una licencia de obra es un acto reglado”, añaden.

“Ejercicio de democracia”

Una vez publicada la noticia, los promotores del proyecto resaltan que “estamos muy agradecidos por que el proceso haya salido adelante y, dentro también de esta contención, celebramos que haya hecho un ejercicio de democracia poniendo la ley por encima de cualquier ideología”, resalta Jalib Nieto, vicepresidente y portavoz de la Fundación, en declaraciones a este medio.

“Supone cumplir una etapa de muchísimo trabajo y esfuerzo tanto para la Fundación como para las personas que han colaborado en este proyecto”, subraya, “y, como entidad cultural de carácter islámico, estamos abiertos a hablar con todos los agentes sociales para explicar el proyecto y sus objetivos, con el fin de disipar cualquier duda y acaloramiento que pudiera surgir a nivel social”.

Ante el rechazo de Vox, la Fundación anunció la semana pasada que pediría una reunión con el partido político. Una petición que, asegura Nieto, ya han trasladado. “No hemos obtenido respuesta a día de hoy”, confirma, “pero como vecinos y ciudadanos andaluces tenemos abierto el diálogo con todas las asociaciones”. A su vez, adelanta que en septiembre recibirán la visita de una asociación de personas mayores que están interesadas en conocer en qué consistirá la construcción del Centro Cultural Islámico en el Polígono Sur.

Vox votará en contra

Vox consiguió la semana pasada que se retirara del orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo el punto concerniente a la licencia de obras para levantar este espacio, diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra, que incluye un minarete. Con una inversión de 10 millones de euros, el futuro Centro Cultural Islámico se levantará en una parcela privada en el Polígono Sur y contará con dos edificaciones, una dedicada a la mezquita y otra para las actividades socioculturales, anunciaron sus promotores.

En total, unos 6.300 metros cuadrados que, una vez conseguida la licencia de obras, se prevé que se coloque la primera piedra a finales de este año. Una vez iniciados los trabajos, la Fundación estimaba que se tardarían entre 18 y 24 meses en construir la instalación que estará ubicada entre las calles Poeta Manuel Benítez Carrasco y Ronda Nuestra Señora de la Oliva.

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla acaba de anunciar que votará en contra del proyecto urbanístico durante la sesión plenaria en la que el asunto sea sometido a consideración. El concejal Javier Navarro, a través de un comunicado, ha reiterado que no han tendi acceso al expediente de la Comisión de Urbanismo del próximo martes “no contiene ningún informe jurídico que resuelva los motivos argumentados por este grupo municipal que propiciaron la retirada del punto del orden del día de la pasada comisión”.

Tras la intervención del ya vicepresidente Manuel Gavira, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento hispalense, Gonzalo García de Polavieja, reclamaba hace unos días al Comisionado para el Polígono Sur que centrara todos sus esfuerzos en “resolver los gravísimos problemas de seguridad, desempleo, fracaso escolar, narcotráfico y exclusión social que padecen los vecinos”, en lugar de “amparar o respaldar proyectos que nada tienen que ver con las necesidades reales del barrio”. No obstante, cabe recordar que el suelo fue comprado a la comunidad mormónica y que, según aseveran desde la Fundación, la compra no ha requerido financiación pública.

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha el Plan Centro Vivo para fomentar el uso residencial permanente en el casco antiguo. Para ello, se quiere habilitar 1.039 viviendas, todas de alquiler asequible, en 21 inmuebles y solares de propiedad municipal, y más de 2.000 aparcamientos en el centro, con lo que se contabilizarían 3.500 nuevos vecinos (5% del censo). Del total de parcelas, unas diez serán actuaciones 360º, es decir, que incluyen vivienda, aparcamiento, equipamientos y locales comerciales. El montante del plan asciende a 300 millones de euros.

Son algunos de los objetivos del programa municipal presentado por el alcalde, José Luis Sanz, que ya fue anunciado en el pasado pleno del debate sobre el estado de la ciudad y que ahora ha sido desgranado por el propio regidor. “No se trata únicamente de construir o habilitar nuevas viviendas. Hace falta también más comercio de proximidad, más dotaciones y equipamientos –zonas deportivas, ludotecas, centros de coworking–, mejores servicios y más soluciones de aparcamiento”, ha añadido al respecto.

“Queremos que cada vez haya más sevillanos que pronuncien una frase que siempre se ha dicho: «Yo vivo en el centro»”, ha destacado Sanz durante su intervención. “Hablamos de un instrumento transversal en el que participan la Gerencia de Urbanismo, Emvisesa (la empresa municipal de vivienda), la Dirección General de Patrimonio, la Agencia Tributaria de Sevilla y el distrito Casco Antiguo”.

Mapa de oportunidades

La primera medida ha pasado por la elaboración de un Mapa de Oportunidades Residenciales que defina posibles actuaciones. En este sentido, se han detectado 21 inmuebles y solares de propiedad municipal en los que se habilitarán 1.030 nuevas residencias. “Son edificios públicos vacíos, infrautilizados o sin uso y solares municipales que pueden acoger viviendas de VPO para alquiler asequible como residencia habitual”.

La mayor actuación prevista son 235 residencias en la calle Campamento, en San Bernardo, pero hay también microactuaciones urbanas como cuatro residencias que se habilitarán en San Luis 44, otras cuatro en Torneo 31 u otras cuatro en Amor de Dios 49-51. En este mapa se incluyen edificios municipales como el de la calle Pajaritos, que albergará 12 residencias, o el solar del antiguo Equipo Quirúrgico del Prado de San Sebastián, donde irán 61 viviendas.

“El Equipo Quirúrgico se demolió en 2008 y lleva sin uso desde entonces. Este terreno simboliza el espíritu de este plan: poner en valor recursos que llevan muchos años desaprovechados y utilizarlos para que los sevillanos retornen al centro”, ha remarcado el alcalde.

Las actuaciones serán en algunos casos promoción directa de la empresa pública de la vivienda (Emvisesa) y en otros casos, colaboración público-privada mediante derechos de superficie, concesiones demaniales y concesiones de obra pública.

De alquiler turístico a residencial

Asimismo, se habilitan medidas para incentivar a propietarios particulares, tales como bonificaciones fiscales en materia de vivienda; ayudas municipales a la rehabilitación; asesoramiento y gestión para acceder a ayudas autonómicas, estatales y europeas y fomento del alquiler para vivienda habitual mediante asesoramiento, intermediación, seguridad jurídica y garantías para los propietarios. Además se ofrecerán incentivos para aquellos propietarios que decidan pasar su vivienda de uso turístico (VUT) a alquiler residencial.

El Plan Centro Vivo también contempla medidas de apoyo tanto al pequeño comercio como al de proximidad mediante bonificaciones en licencias de actividad y en tasas municipales, así como ayudas directas.

“Esto no es humo, este plan está avalado por la gestión de los últimos tres años. Emvisesa ha invertido más de 400 millones de euros desde 2023. Hablamos de hechos”, ha subrayado Sanz, al tiempo que ha esgrimido las más de 7.000 VPO que se están construyendo en este mandato en Sevilla.

Los ciudadanos podrán acceder a estas residencias como en cualquier otra promoción de Emvisesa. En cuanto a la reconversión de los edificios que se rehabilitarían, están protegidos, “por lo que, evidentemente, habrá que conservar algunos elementos, como las fachadas”, ha destacado Sanz.

El alcalde ha asegurado por último que este plan “no tiene relación directa” con la limitación de los pisos turísticos, aunque esta medida es “compatible con este objetivo”. De hecho, una parte importante del plan es que prevé incentivos para aquellos propietarios que tengan viviendas de uso turístico y quieran cambiarlas a alquiler residencial.

La Fundación Mezquita de Sevilla defiende la viabilidad legal para la construcción de la mezquita frente a las presiones de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, con las que ha logrado que el PP paralice la adjudicación de la licencia de obras que iba a tramitar la comisión ejecutiva de Urbanismo el pasado viernes. Por ello, pedirán una reunión con el líder andaluz de la ultraderecha, Manuel Gavira, para explicarle los pormenores del proyecto que se edificará en el Polígono Sur. “Lo único que esperamos es que no se imponga la ideología y la situación política actual a la ley”, manifestó Jadiya Martínez, consejera de la entidad.

A causa de la polémica provocada por la edificación de la gran mezquita, la Fundación decidió convocar a los medios de comunicación este jueves en Torre Sevilla para responder a las acusaciones públicas que se han vertido contra ellos. Amparados por la Constitución, tanto en el artículo relativo a la libertad de expresión como al del libre culto, Martínez mantuvo que el proyecto “está diseñada en una parcela privada comprada con fondos privados y desarrollada por fondos privados” y añadió que, de esta manera, “se aumentarán los servicios culturales del Polígono Sur sin restar a ningún vecino los servicios públicos”. El terreno, comprado a la comunidad de los mormones, es el emplazamiento elegido tras más de dos décadas en busca del lugar idóneo.

Frente al señalamiento de “oscurantismo”, explicó que la página web de la Fundación en la que están publicadas tanto las actividades como los informes. “A lo largo de los años se ha valorado diferentes opciones hasta llegar a esta parcela, que cuenta con la calificación urbanística para este fin y queremos recordar que la licencia de construcción se confiere por criterios técnicos y no ideológicos, y tenemos un informe técnico favorable de la Gerencia de Urbanismo”, aún así, mantiene que están “abiertos al diálogo, como lo llevamos haciendo años con los vecinos”. A su vez, reiteró que no responderían “a los mensajes de odio e ismófobos que hemos visto estos dios” y, en todo caso, denunciarán el allanamiento que se produjo ayer cuando dejaron restos de porcino en el terreno, “los animales no tienen ninguna culpa y el tema de los cerdos no es ningún tabú, simplemente, no nos lo comemos”.

El ejemplo de la mezquita de Granada: “La convivencia es fructífera”

Con respecto a la entrada de las mujeres al templo, la consejera de la Fundación, que se convirtió al islam hace más de cuatro décadas y se reconoce como sevillana y parte del tejido social de la ciudad, sostuvo que “todas las instalaciones, incluida la mezquita” estarán a disposición de toda la comunidad, tanto “hombres, mujeres y niños”. “Las mezquitas de todo el mundo están abiertas a las mujeres y las que no lo están, deberían estarlo”, aunque en el interior se mantendrá para el rezo la separación por sexos.

Por otra parte, hizo referencia a la mención de “prioridad musulmana” que apareció en prensa como una “desafortunada licencia lingüística que se tomó una redactora” y señaló que “en ningún momento” esa expresión ha sido utilizada por la Fundación. Al hilo de las acusaciones que ha vertido Vox sobre la “islamización” del barrio sevillano, Martínez advirtió que “el islam no es una cultura y, como musulmanes españoles, compartimos la cultura de este país”. “No queremos imponer nada”, tomando como ejemplo la mezquita mayor de Granada, que lleva “23 años abierta en el Albaicín y la convivencia con los vecinos es fructífera, es más, ha generado riqueza en el barrio”.

El futuro Centro Cultural Islámico de Sevilla, diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, está previsto en una parcela triangular del barrio sevillano, entre las calles Poeta Manuel Benítez Carrasco y Ronda Nuestra Señora de la Oliva, con una superficie de 6.300 metros cuadrados que se distribuirá en dos edificios, siendo uno de ellos el que albergará la mezquita, y una planta subterránea de aparcamientos. A la espera de la licencia de obras, se prevé que se coloque la primera piedra a finales de año y los trabajos durarán entre 18 y 24 meses, tal y como adelantó Ibrahim Fernández, presidente de la Fundación.

Un proyecto en vilo durante más de 20 años

Con una inversión de 10 millones de euros, el arquitecto Vázquez Consuegra, presente en el encuentro, detalló algunos aspectos del espacio. Inspirada en la arquitectura almorávide de La Giralda o el Patio del Yeso del Real Alcázar de Sevilla, el Centro Cultural Islámico combinará el diseño contemporáneo con la mirada tradicional histórica en los dos edificios que se dividirán mediante un patio triangular. Todo ello, en armonía con la vegetación que hay en la zona y con un acabado que permita que “la comunidad se reconozca e identifique con la mezquita”.

A un lado, la mezquita supondrá un 26,46% de la edificación, es decir, una cuarta parte del centro cultural con alrededor de 1.007 metros cuadrados repartidos en un primer piso dedicado a la ceremonia mientras que en el segundo estará el espacio de oración para las mujeres y las abluciones. En la otra parte, estará el centro cultural, cuyo primer piso tendrá dos grandes salas polivantes dedicadas a exposiciones, encuentros sociales, que incluirá una cafetería, tienda y entrada al garaje. Encima, habrá una serie de habitaciones dedicadas a actividades socioculturales. “Este proyecto cuenta con todos los permisos, cumple con todo el ordenamiento jurídico y las normativas urbanísticas e, incluso, tiene el visto bueno de la Agencia de la Seguridad Aérea para la altura del alminar”, aclaró el arquitecto.

Retrotrayéndonos en el tiempo, la construcción de la gran mezquita lleva más de dos décadas en vilo. El primer intento se dio en 2004 cuando el Ayuntamiento del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín cedió una parcela junto a la ronda SE-30. Pese al intento, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) finalmente lo tumbó. Tras barajar algunas parcelas situadas en Santa Bárbara o Pino Montano, la Fundación decidió comprarle la propiedad a la comunidad mormona tras “40 años en desuso”, indican fuentes de la entidad. Desde entonces, la entidad ha utilizado un centro que sirve como musal-lah (lugar de oración) y centro comunitario en la plaza Ponce de León desde 2002.

La mezquita, en el pleno del Ayuntamiento

Al mismo tiempo que transcurría la rueda de prensa con los medios, el Ayuntamiento de Sevilla celebraba el pleno, donde el PP de José Luis Sanz respondía a las preguntas de Gonzalo García de Polavieja, el nuevo portavoz municipal de Vox. El alcalde reiteró que la administración está “a la espera” de los informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo “para cumplir con toda la legalidad” y acerca de la consulta pública que pedía la ultraderecha en base al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), “los informes dirán si es conveniente y cómo se hace”.

Vox pedía la aplicación del artículo 6.6.12.5. del PGOU de Sevilla, en el que se establece que las actividades dedicadas al rezo no podrán superar el 40% de la superficie, aunque los promotores del Centro Cultural Islámico establecen que, en este caso, es del 26%. La ultraderecha se ha opuesto frontalmente a la mezquita: “No queremos la islamización de nuestros barrios ni que los andaluces se sientan extranjeros en su propia tierra. Vox hará todo lo necesario para impedir su construcción”. Unas declaraciones en redes sociales que siguen la senda marcada por el ya vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, que apartó a los representantes municipales y asumió el debate elevándolo al plano autonómico para engarzarlo con la 'prioridad nacional'.

Cabe recordar que el 9 de julio se anunció el acuerdo de cesión gratuita de la parcela E-7 del sector Entrenúcleos por parte del Ayuntamiento de Dos Hermanas a la Archidiócesis de Sevilla. Una firma que se dio entre José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Francisco Rodríguez, el alcalde del municipio. La superficie de 27.355 metros cuadrados, que no le ha costado nada a la Iglesia, permitirá construir un nuevo centro educativo y un templo. Una muestra de las disyuntivas religiosas que se viven en Sevilla, si bien la Fundación Mezquita de Sevilla agradeció las muestras de apoyo de monseñor, que “refrendó la libertad de culto como un derecho fundamental, al igual que al hermano mayor de La Sagrada Cena y a Jaime Bretón, comisionado para el Polígono Sur.

La comunidad musulmana en Sevilla: unas 12.000 personas

Martínez, sevillana de nacimiento, se convirtió al islam en la década de los 80 y, como tantos otros, ha vivido su fe en una ciudad diversa que bebe directamente de las influencias que perviven del Al-Ándalus. A su lado, Jalib Nieto, vicepresidente y portavoz de la Fundación, habló sobre la importante labor que ha desarrollado en los barrios sevillanos, como en su oriunda Bellavista, tanto a nivel social como cultural: “Nos reconocemos como musulmanes europeos, sin que sea restrictivo a una etnia o colectivo. El islam no es una cultura concreta, sino una concepción universal que se amolda a lo local sin perder su esencia y este proyecto responde a una necesidad ciudadana para enriquecer la convivencia social y en beneficio de nuestra ciudad”.

La comunidad musulmana en Sevilla, según las estimaciones de la propia Fundación, ronda entre las 10.000 y 12.000 personas en el centro, sin sumar a quienes están en los alrededores de la provincia. En este cálculo estarían tanto las terceras y cuartas generaciones criadas en esta religión como a las personas migrantes que llegan tanto del África subsajariana como de Asia, como ocurre con las familias sirias que atiende la entidad. “Este centro está concebido para la integración de todos, no solo para los españoles, sino también para los migrantes y todos los sevillanos que vengan a disfrutar de los servicios que ofreceremos”, sostuvo.

El propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), admitía este jueves que el proyecto de la gran mezquita de Sevilla que se construirá en el Polígono Sur es perfectamente legal, pero ya entonces dejó abierta la puerta a aparcar su tramitación. Dicho y hecho, ante la presión de Vox en todos los ámbitos (el ya vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, se explayó sobre ello en el Parlamento) el Ayuntamiento hispalense ha decidido aparcar la licencia de obras que se le iba a dar este viernes, con el argumento de que se van a pedir informes técnicos y jurídicos.

La decisión la ha tomado la comisión ejecutiva de Urbanismo, en la que el PP tiene tres votos, Vox uno y la oposición de izquierdas (PSOE y Podemos-IU) no tiene representación. De hecho, el gobierno local ha optado por retirar el punto relativo a la concesión del permiso de construcción, “para pedir informes técnicos y jurídicos en relación con las observaciones que hace Vox en su escrito y, en base a ello, tomarlo o no en consideración”, apuntan fuentes municipales.

Todo ello, pese a que el propio alcalde aseguraba el jueves que el proyecto ha ido siguiendo el trámite normal en lo que al proceso de obtención de licencia se refiere, “solicitado no hace todavía un año”. En paralelo, defendió que “las ideologías no están por encima de las leyes”, aunque ahora lo que se esgrime es un argumento técnico para este frenazo.

“No hay que extrañarse” por retirar el punto

El argumento oficial lo ha ofrecido el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP): “Hoy se retira para pedir informes técnicos y jurídicos. No hay que extrañarse por este hecho”. En un audio remitido a los medios de comunicación, ha insistido en que “retirar un punto del orden del día para estudiarlo con más detalle no es nada nuevo: se ha hecho antes con otros expedientes y responde, sencillamente, a hacer las cosas con todas las garantías legales, es normal que se tomen estas cautelas”, ha añadido el concejal.

En cambio, desde la Fundación Mezquita de Sevilla (impulsora de la iniciativa) se mostraban estos días convencidos de que muy pronto tendrían la licencia de obras para llevar a cabo su centro cultural islámico. “En derecho y ley debe concederse; no hacerlo sería una anomalía administrativa”, apuntaba el vicepresidente del patronato de esta fundación, Jalid Nieto.

Nada más tener conocimiento del proyecto esta misma semana, la formación de ultraderecha puso el grito en el cielo y anunció una ofensiva en todos los frentes para frenar una obra que a su juicio abunda en “la islamización de nuestros barrios”. El primer paso fue presentar un escrito con alegaciones técnicas al proyecto en sí, que es lo que ha servido de argumento al PP para aparcar la licencia que estaba previsto concederle ya.

Vox busca un resquicio legal

Vox sostiene que, según la documentación presentada por los promotores en Urbanismo, apunta que el edificio será un centro cultural y social en el que el culto será “coadyuvante”. Para el partido de ultraderecha, en cambio, en el propio expediente hay muchos indicios “que evidencian una implantación de lugar de culto de entidad principal”, lo que exige una consideración urbanística diferenciada.

A su juicio, “la calificación como uso principal cultural/dotacional no quedaría justificada y la aplicación del régimen de compatibilidad del PGOU invocado por el promotor podría ser improcedente, con efecto directo sobre la conformidad urbanística de la licencia solicitada”. En concreto, invoca un artículo del Plan General de Ordenación Urbana según el cual, si hablamos de un centro de culto, “las actividades complementarias y de alojamiento de los miembros de las comunidades religiosas no podrán superar el 40% de la superficie destinada a los citados usos”.

El proyecto, en cambio, plantea destinar a estas funciones hasta el 80% del espacio, un resquicio legal por el que Vox ve una opción para detenerlo. De paso, y apelando a otro artículo del PGOU, defiende que es necesario abrir un periodo de participación ciudadana para conocer la opinión “tanto de la población de la zona como de especialistas de reconocido prestigio”, antes de iniciar las obras contempladas en el expediente correspondiente.

En Vox no han escondido su “satisfacción” ante el hecho de que, gracias a su presión, se ha frenado la licencia de la mezquita, “un proyecto que Sevilla no necesita”. “Nunca vamos a permitir la islamización de nuestros barrios y aquellos que lo pretendan nos encontrarán enfrente”, anunciando su intención de movilizar a los vecinos de los barrios próximos para que esta paralización sea definitiva.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), se ha sacado este martes de la chistera un conejo para llevarse el foco en el debate sobre el estado de la ciudad, y lo ha conseguido: ha anunciado un plan municipal para construir más viviendas en el casco antiguo y que así el centro recupere el pulso vecinal, ahora ahogado por la avalancha turística. Todo ello, tras hacer un balance triunfal sobre la situación de la capital hispalense, en el que le ha secundado Vox y que ha chocado con la visión mucho menos optimista de PSOE y Podemos-IU, que le han acusado de apuntalar una “Sevilla de escaparate”.

Sobre el ya bautizado como Plan Sevilla Centro Vivo, el regidor no ha aportado grandes detalles durante el pleno, más allá de que se aplicarán medidas –todavía por concretar– para “fomentar el uso residencial permanente en el casco antiguo”. El objetivo, en palabras de Sanz, es impulsar la construcción de nueva vivienda en aquellos lugares del centro histórico “donde exista capacidad”, fomentar la rehabilitación de edificios vacíos o destinar inmuebles del patrimonio inmobiliario municipal para incrementar la oferta residencial.

Desde el gobierno local se han añadido a continuación más detalles, como que la producción se hará mediante promoción pública de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda. A ello se unirán fórmulas de colaboración público-privada, concursos de derecho de superficie, permutas “y cualquier otra fórmula de gestión que permita agilizar la ejecución de las actuaciones”. Sobre el papel, lo que se incrementará sobre todo será la oferta de alquiler “destinada a residencia habitual y permanente”.

Un Mapa de Oportunidades

¿Y cómo se hará? El grueso quedará en manos de un futuro Mapa Municipal de Oportunidades Residenciales, “que identificará las posibilidades reales de generación de vivienda en el centro”. En cuanto a los mecanismos, se fomentará la rehabilitación de edificios vacíos, parcialmente ocupados, promociones inacabadas o viviendas vacías que se ubiquen en edificios completos para incorporarlos al mercado residencial permanente.

A esta función se dedicarán también inmuebles del patrimonio municipal, como edificios administrativos sin uso, locales, casas patio o antiguos equipamientos. Y para ajustar todavía más la oferta, se apostará por fórmulas “adaptadas a la evolución demográfica y nuevos modelos familiares”: cohousing, vivienda colaborativa, vivienda intergeneracional, alojamientos dotacionales o comunidades residenciales vinculadas a universidades, centros sanitarios o instituciones culturales.

El plan se completará con incentivos urbanísticos, fiscales y económicos para fomentar la vivienda permanente, lo que incluye bonificaciones, ayudas a la rehabilitación, reducción de tasas urbanísticas o la tramitación preferente de licencias. Y se incorpora como compromiso adicional proteger el comercio tradicional y dotar al centro de más equipamientos.

No hay caída de residentes

Sanz, de todos modos, ha apuntado que “no es cierto que haya menos hogares en el casco antiguo, al revés, se han incrementado un poquito”, lo que contrasta con la impresión de vaciamiento vecinal y transformación de inmuebles en oferta turística. Pese a ello, ha reconocido que “tenemos que trabajar para que se sigan incrementando los hogares” en el centro, y aquí ha presumido también de haber evitado la apertura de 400 nuevos pisos turísticos, lo que ha ayudado a que el total en la capital pase de los 10.800 que había en 2023 cuando llegó a la Alcaldía a los 9.562 actuales.

Este Plan Sevilla Centro Vivo ha sido el caramelo que ha lanzado el alcalde para monopolizar el debate, y ha venido a ser el colofón a un retrato edulcorado de la ciudad en el que la autocrítica se ha limitado a reconocer una y otra vez que “queda mucho por hacer”. En ello ha incluido el guante que de nuevo le ha lanzado a Vox, su socio presupuestario, para rebajar el 10% actual puesto como tope al porcentaje de pisos turísticos admitidos en un barrio: “Tenemos que seguir colaborando en muchas cosas”.

Por lo demás, y en línea con el reciente balance que hizo de sus tres años de mandato, ha reiterado que gracias al PP se ha pasado “de la Sevilla de los problemas eternos a la Sevilla de las soluciones y hechos”. Todo ello, tras corregir los tres problemas que a su juicio le dejó en herencia el PSOE: una estructura administrativa “insuficiente”, una gestión “paralizada” y una “falta de impulso político y presupuestario”. Como balance: “Sevilla está mejor que hace tres años, pero garantizo que dentro de un año estará mucho mejor”.

La izquierda, nada optimista

El entusiasmo del regidor sólo ha sido parcialmente compartido por Vox, aunque en un tono mucho más mesurado. No ha compartido esta línea el portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), que ha arrancado su intervención con un “vaya película” y luego ha subrayado que, por mucho que diga Sanz, “los barrios obreros no están mejor”. “Sevilla está más tensionada y hay más desigualdad”, ha lamentado, fruto de que “la ciudad se organiza para quien viene de paso y no para los que se quedan”, por lo que le ha instado a dejarse de “triunfalismos” y abandonar su “estrategia de debilitamiento de los servicios públicos” y de “favorecer los pelotazos urbanísticos”.

El líder de la oposición, el socialista Antonio Muñoz, ha ironizado con que a Sanz habrá que ponerlo en la lista de gobernantes “tras Trajano, Adriano y el rey San Fernando” si se atiende a su visión “autocomplaciente y de autobombo”. Tras acusarle de “improvisación y falta de gestión”, además de “idealizar el pasado más rancio de Sevilla”, le ha afeado que en estos tres años ha acometido 174 modificaciones presupuestarias y que se comparta como un “alcalde con complejos” con discursos como si estuviera en la oposición.

¿Y Vox? Pues este miércoles ha estrenado portavoz en la figura de Gonzalo García de Polavieja, que toma el relevo de la ahora parlamentaria andaluza Cristina Peláez y que le ha recordado a José Luis Sanz que las cosas le han empezado a ir bien en cuanto ha empezado a contar con ellos, algo que parece que “se le ha olvidado”. Su visión no ha sido ni tan apoteósica como la del alcalde ni tan catastrofista como la de la izquierda, limitándose a reclamar más seguridad y “apostar por la desregularización” al máximo, para así agilizar licencias, quitar burocracia y “favorecer al sector privado”.

El alcalde de Sevilla le manda un recado a Moreno: no aplicará la prioridad nacional en su municipio, es inconstitucional. Afirmación medio vacía porque casi no podría en todo caso y porque si se trata de no ceder ante la extrema derecha, él ya lo ha hecho en repetidas ocasiones cuando le ha convenido, sus presupuestos son de autor. En su gobierno se notan los brochazos de la extrema derecha, lo que no oculta, ni por esas, su mala gestión. Y eso que aún no ha puesto encima de la mesa su arma secreta, el teleférico a Tomares, pueblo del que fue alcalde y para serlo propusiera un teleférico a Sevilla, cinco kilómetros, que supongo que será el mismo.

De manera que quedan dos opciones que justifiquen su osadía junto con las que usted imagine. O José Luis Sanz está ya de campaña para las municipales y quiere aparecer en los barrios como un alcalde no tan de extrema derecha o hay marejada en los fondos de San Telmo, sede del Gobierno de Andalucía. Los expertos en morenismo afirman esto último, que hay moreneo, sin desmerecer lo primero: Sanz no es del agrado del morenismo. Me malicio que el ilusionante proyecto del teleférico liderado por prohombres populares sevillanos, como el aparejador Raynaud, ya no goza del aprecio morenista.

El problema que tiene Moreno es que tendrá que sucumbir y no quiere que lo parezca, moderado él, ni que se note, pero la suya es otra prioridad, la prioridad morena. Coincide con su jefe, Núñez Feijóo, lo ha dejado claro y los antecedentes en otras comunidades autónomas demuestran que el PP traga. Es más, en su discurso y acción reciente es imposible trazar línea alguna que separe la ideología de PP y Vox. Dicen que Vox arrastra al PP pero hace ya meses que es al revés, Vox tiene la necesidad de radicalizarse aún más ante el acoso perruno implacable de la muchachada vociferante de Feijóo.

Feijóo ya afirma sin máscara que gobernará con Vox si fuera necesario, cegando toda posibilidad de gobernar con vascos y catalanes como acostumbra el PP

Conscientes de la situación, la propia extrema derecha en Andalucía ha exigido las mismas concesiones a Moreno que las ya concedidas en el resto de comunidades autónomas y, ciertamente, frente a Madrid, Moreno no es el mismo, después de perder su mayoría absoluta.

El marco es el que se ve, ni con todos los frentes y cuadernos abiertos contra el Gobierno, y singularmente contra Pedro Sánchez, el Gobierno cae y Feijóo se ve ante un panorama futuro en el que hasta Vox teme que gane el PSOE o no se hunda irremediablemente por lo que ya afirma sin máscara que gobernará con Vox si fuera necesario, cegando toda posibilidad de gobernar con vascos y catalanes como acostumbra el PP.

Y si eso dice el jefe a qué se resiste ya Moreno. Recuérdese que fue el primero que le abrió la puerta, hace siete años, a la extrema derecha cuando la lista más votada había sido el PSOE; recuérdese que, hace poco, siendo la única mayoría absoluta del PP concursante, la perdió, y ahora depende de Vox, ante un panorama parlamentario imposible que él mismo ha arrasado.

Las prisas de Feijóo, lombrices decía mi agüela, por llegar a la Moncloa intoxica a sus baronías. Su empeño es imponer su prioridad popular, que consiste en tragarse la prioridad nacional si es menester. Y Moreno, que para ser presidente ya tuvo que tragar con Vox, es decir, ejerció la prioridad popular, lo tiene muy difícil. ¿Cómo negarle a su jefe lo que él ya ha hecho?

“Ilegal” y “anticonstitucional”. Así ha definido este viernes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), el principio de “prioridad nacional” defendido por Vox, una de sus principales exigencias en las negociaciones en distintos territorios y a nivel estatal que “no es posible” aplicar según el regidor. Con estas declaraciones, Sanz irrumpe de manera inesperada justo en el momento en el que se desarrolla la negociación entre PP y Vox para la investidura de Juan Manuel Moreno (PP).

“La prioridad nacional no se puede aplicar, es ilegal. Mientras sea alcalde de Sevilla, independientemente de la nacionalidad de cualquiera que viva aquí, todo el mundo tendrá los mismos derechos”, ha asegurado en declaraciones en el programa Más de uno Sevilla de Onda Cero, recogidas por Europa Press.

Al hilo, el regidor ha subrayado que este principio es “totalmente ilegal”, por lo que, en su opinión, no habría “nada que aplicar” en el caso de que se planteara su puesta en marcha en la capital andaluza en el marco de futuras negociaciones o a las próximas elecciones municipales. Vox, por cierto, es el aliado presupuestario del PP en el Consistorio hispalense, pactando ambas formaciones las cuentas de los ejercicios 2025 y 2026.

Vox insiste en la idea

En paralelo, el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha asegurado en Córdoba que percibe “buena disposición” en su negociación con PP andaluz, poniendo el acento en priorizar las medidas sobre el hecho de quién las ejecuta. Y aunque no ha querido pronunciarse sobre si su formación exige entrar en el Gobierno andaluz, ha asegurado que las propuestas que está poniendo sobre la mesa su partido no son “diferentes” a las que han planteado en “otras regiones” de España

De esta manera, ha aludido así a los pactos alcanzados con los populares en los últimos meses en las comunidades de Extremadura, Aragón y Castilla y León. En todos estos casos, una de las líneas rojas que ha marcado la formación ultraconservadora ha sido la aceptación de este principio de prioridad nacional.

Propuesta rechazada en mayo

De esta manera, Sanz ha verbalizado lo que ya ocurrió en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla el pasado 28 de mayo, cuando el PP rechazó una moción sobre este mismo principio presentado por Vox. El punto estuvo marcado por un bronco debate entre las formaciones de izquierdas y el grupo proponente.

El PP, por medio de su portavoz y delegado de Hacienda, Juan Bueno, se limitaba a decir que, si bien “hay temas en los que pueden estar de acuerdo, el enfoque es diferente: nuestra prioridad es la Constitución Española”.

Tercer anuncio en Sevilla de que se van a instalar cámaras para restringir el acceso de vehículos privados al centro. Las dos primeras veces proyectó el sistema el PSOE (con los alcaldes Alfredo Sánchez Monteseirín y Juan Espadas) y fueron tumbadas por regidores del PP, Juan Ignacio Zoido y el actual, José Luis Sanz. Esta tercera parece que será la definitiva, ya que la limitación será en un único punto –desde la Puerta Osario– y para despejarle el camino al tranvibús, que llegará a la plaza del Duque a partir del 28 de septiembre.

Sanz así lo ha confirmado en el pleno municipal de este jueves a preguntas de su predecesor, Antonio Muñoz. A partir de la puesta en servicio completa de la línea 1 BTR (Bus de Tránsito Rápido), bautizada como TB1, “empezará la activación de cámaras de control de acceso” desde la calle Puñonrostro –entrando por María Auxiliadora– hasta el Duque. Tendrá luz verde el BTR, las líneas de Tussam que vuelven a tener su terminal en la plaza Ponce de León (10, 12, 24 y 32), taxis, los VTC, los vehículos de carga y descarga y los coches de residentes con garajes acreditados.

El tranvibús no sólo activa este sistema que identificará los vehículos no autorizados para su posterior sanción, sino que también disfrutará de prioridad semafórica desde la glorieta Julián Besteiro (a la altura de la estación de Santa Justa), en los cruces de José Laguillo con las calles Lope de Vega y Amador de los Ríos, así como de esta última con Gonzalo Bilbao. También tendrá prioridad de paso en los lugares en los que pueda instalarse una plataforma segregada.

Escaso entusiasmo del PP

El TB1 conecta hoy día Torreblanca con Nervión, y será a finales de septiembre cuando se complete el recorrido para entrar hasta el Duque, un trayecto integral que se calcula que hará en 33 minutos frente a los 55 que se pueden tardar ahora. Desde su estreno en septiembre del año pasado, el servicio ha transportado a 1.368.495 viajeros y registra una media de 11.000 usuarios diarios.

Durante la sesión plenaria, el alcalde no se ha mostrado especialmente entusiasmado con este proyecto, ya que ha lamentado la “ineficacia” de sus predecesores socialistas por “renunciar” a la línea 2 de Metro, que atenderá a los 100.000 vecinos que viven en la zona de Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca. A su juicio, “lo que hubiese dado solución a este distrito” es un metropolitano que es competencia de la Junta de Andalucía, pero le ha afeado a los anteriores regidores que no presionaran para su construcción, especialmente en la etapa de la Susana Díaz (PSOE).

“Renunciaron y se conformaron con el tranvibús, bueno, pues aquí está el tranvibús”, le ha espetado a Muñoz, además de reprocharle que el proyecto original no incluía la llegada al centro de líneas de autobús. Ahora lo harán las número 10, 12, 24 y 32 hasta Ponce de León y la 13 hasta La Campana, mientras que 11, 15, 16 y 20 tendrán su terminal en la Puerta Osario.

“Esquizofrenia política”

Sanz también le ha sacado a relucir al portavoz socialista que su partido “enterró la red entera de Metro en 1986” y también en 2011, después de inaugurarse en 2009 la línea 1, única todavía en servicio. “No se acordaron de las líneas 2 y 3 de Metro hasta que llegó Moreno a la Presidencia de la Junta”, ha apostillado.

Antonio Muñoz, por su parte, ha puesto el acento en la “esquizofrenia política” que sufre el gobierno local del PP, al que “no le gusta el Plan de Movilidad” que se aprobó en la etapa de Juan Espadas y en la que el tranvibús (con una inversión inicial de 19 millones de euros) “es una pieza más de un todo”. “No han tenido las agallas políticas de devolverlo”, ha apuntado en relación con este montante económico proveniente de fondos europeos, “pero tampoco de sustituir un plan que no apoyaron en el pleno”.

“Ojalá este proyecto se lleve a cabo y no tengamos que devolver ni un solo euro”, ha insistido en relación con los plazos impuestos por la Unión Europea, ya que considera que Sanz carece de “credibilidad” cuando habla de tiempos de obras. “Su eficacia está en entredicho”, ha insistido, lo que se traduce en que “Sevilla está sin rumbo, no sabe qué hacer y va de improvisación en improvisación”. Y en relación con la línea 2, el exalcalde ha asegurado que “para este grupo es irrenunciable, los problemas de movilidad se resuelven con la línea 2 y usted está impasible, cruzado de brazos”, por lo que le ha instado a “apretar” a sus compañeros de partido en el Gobierno andaluz.

El PSOE municipal ha criticado este lunes que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), “siga acumulando anuncios, retrasos y excusas” para “sostener” una ampliación de la Feria “sobre la que su propio Gobierno ya no ofrece ninguna certeza y que ha recibido serios reparos de la Intervención municipal”, por lo que lo ha tachado de “engaño”. En estas declaraciones, se refiere a las explicaciones dadas por el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, quien razonaba que el proyecto, a pesar de que sigue en marcha, “no es sencillo”.

“Sanz lleva dos años intentando mantener una ficción. No tiene los terrenos, desconoce cuánto costará realmente la operación, no ha garantizado la financiación y tampoco puede comprometer una fecha de inicio. Ahora, además, sabemos que la Intervención cuestiona tanto el expediente como el modelo de concesión”, advierte el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio hispalense, Antonio Muñoz, en un comunicado.

En opinión del PSOE, las últimas explicaciones del delegado de Urbanismo “han terminado de desmontar el relato del alcalde”. El Gobierno local “reconoce ahora que el proyecto no es sencillo”, que las cifras conocidas “proceden del promotor privado y no son definitivas”, que la cesión de los terrenos “no depende del Ayuntamiento” y que “no puede asegurar que las obras comiencen en 2027”.

En la Comisión de Control y Fiscalización realizada este pasado viernes en sede municipal, el Ejecutivo local respondió a la pregunta del concejal de Vox Fernando Rodríguez Galisteo en la que cuestionaba la viabilidad del proyecto tras la publicación del informe de la Intervención General que analizaba el modelo elegido por el gobierno popular para la ampliación de la Feria. El delegado de Urbanismo, en las declaraciones dadas, no ha confirmado que tales plazos lleguen a cumplirse en 2027 mientras la propuesta está en estos momentos en exposición pública.

“La propia Intervención ha puesto objeciones de calado a la tramitación y al modelo económico elegido por el equipo de gobierno. No hablamos de un expediente pendiente de pequeños detalles, sino de una tramitación incompleta y llena de incógnitas”, ha añadido el portavoz socialista al respecto. A juicio de Muñoz, el modelo está pensado para que las constructoras cobren un canon municipal durante 28 años, “mientras el Ayuntamiento soporta prácticamente todo el riesgo”. “La Intervención advierte de que puede tratarse, en realidad, de una operación financiera de pago aplazado: una deuda que los sevillanos seguirían pagando hasta 2054”, ha explicado.

De 49 a 100 millones

El portavoz socialista ha llamado la atención sobre la distancia entre los 48,6 millones de inversión previstos y los 99,3 millones que el Ayuntamiento acabaría comprometiendo mediante el pago de los cánones. La Intervención considera, además, que los márgenes brutos de explotación calculados para las empresas son “desproporcionados” en comparación con los habituales del sector.

“No es solo el PSOE quien advierte de que este modelo es caro y desequilibrado. Lo dice la propia Intervención: los beneficios previstos para las constructoras son desproporcionados. Sanz quiere comprometer durante casi tres décadas el dinero de los sevillanos para asegurar un negocio privado extraordinariamente rentable”, ha señalado.

Asimismo, Muñoz ha criticado que Urbanismo “intente restar importancia a estas cifras” con el argumento de que 'proceden de la propuesta empresarial y todavía no son definitivas'. “Eso no tranquiliza a nadie, sino todo lo contrario. Si el coste no está cerrado, Sanz no debería haber anunciado cantidades y fechas como si todo estuviera resuelto. Y si la primera propuesta ya se acerca a los 100 millones, el alcalde debe explicar cuánto está dispuesto a pagar y qué límite piensa poner a la rentabilidad de las empresas”, ha reclamado. El portavoz del PSOE también ha recordado que la Intervención alerta del impacto que la operación podría tener en las cuentas municipales.

Riesgo de reclamaciones millonarias

La Intervención advierte igualmente del riesgo de licitar la concesión cuando todavía no se ha formalizado la cesión gratuita de las parcelas pertenecientes al Estado y a la Autoridad Portuaria. “Sanz quiere adjudicar un contrato de casi 30 años sobre unos terrenos que aún no son del Ayuntamiento. Si la situación jurídica de las parcelas no queda bien resuelta, Sevilla podría enfrentarse a reclamaciones millonarias por incumplimiento”, ha aegurado Muñoz.

El portavoz socialista ha criticado, además, que el alcalde haya tratado de responsabilizar al Gobierno de España de los retrasos cuando el Ayuntamiento no solicitó formalmente la cesión de los terrenos hasta febrero de 2026. “Ha perdido dos años, ha anunciado obras sin disponer del suelo y ahora quiere presentar su falta de previsión como un problema de otras administraciones”. El portavoz socialista ha exigido que haga público un “expediente completo”, con el coste total de la operación, los cánones anuales, la rentabilidad prevista para las empresas, el impacto sobre el déficit, la situación jurídica de los terrenos, los informes pendientes y un calendario realista.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), considera que su acuerdo presupuestario con Vox (para las cuentas de 2025 y 2026) ha funcionado “razonablemente bien”, y no sólo eso, sino que “a Sevilla le ha ido bien” con esta alianza. Por eso ha agradecido la “colaboración” de la formación de ultraderecha, porque con ambos de la mano “la ciudad ha ido a mejor” básicamente porque así “se rompió la parálisis que pretendía el PSOE”.

Éste es uno de los análisis que ha dejado el regidor este lunes, cuando ha hecho balance de sus tres años como regidor, que tuvieron su punto de partida el 17 de junio de 2023. El desatasco presupuestario gracias a Vox y a una cuestión de confianza en 2024 (que perdió, pero le posibilitó aprobar las cuentas) le ha permitido, según sus cuentas, cumplir ya con el 80% de su programa electoral a menos de un año de las próximas elecciones municipales.

Y si no ha podido hacer más, asegura, ha sido básicamente por los socialistas. “Han faltado muchas cosas por hacer”, ha admitido, lo que no habría ocurrido “si no hubiéramos perdido el primer año por la irresponsabilidad de la oposición”, un bloque en el que la mayor culpa se la atribuye al PSOE pero en el que también están Podemos-IU y Vox durante los primeros meses de mandato. Nada nuevo bajo el sol: ya en el balance de su primer año el alcalde dijo que había podido hacer más por culpa de la “oposición irresponsable”.

Aparcado cobrar en la Plaza de España

Así que sí, Sanz está orgulloso de su alianza con Vox, que atribuye a que los de Santiago Abascal “pusieron los intereses de la ciudad por delante” de prioridades personales y políticas. Pese a ello, todavía hay cuestiones atascadas porque no cuenta con “mayoría suficiente”, sentido en el que se ha referido por ejemplo a cobrar la entrada a los turistas por visitar la Plaza de España, confirmando que su idea sigue siendo la misma pero que este año tampoco se abordará.

Lo mismo ocurre también con la nueva tasa de basura, que en principio se incluyó en el plan de ajuste que había que acometer por gastar más de lo que se ingresa, aunque hace pocos días se aprobó un real decreto que podría eximir al Ayuntamiento hispalense de tener que apretarse el cinturón. En este caso, Vox dijo 'no' en el pleno a este plan, a sabiendas además de que el PP no iba a aprobarle su moción sobre la implantación de su ansiada prioridad nacional en Sevilla.

Y de cara a 2027, año electoral, sabe que tiene complicado que Vox le vuelva a sacar las castañas del fuego con el presupuesto, a no ser que le dé lo más grande. Como la ley no permite volver a jugar la carta de la cuestión de confianza el último año de mandato, en el PP ya van haciéndose el cuerpo a que tendrán que prorrogar las cuentas de 2026.

Una Sevilla en “estado de dejadez”

Por lo que respecta al balance en sí de estos tres años, ha sido triunfal y sin mayor atisbo de autocrítica que ese “ha faltado mucho por hacer” o que la limpieza en las calles “todavía no ha alcanzado el nivel de perfección que me gustaría”. Eso sí, ha garantizado que en este 2026 “se va a notar un cambio muy sustancial”, con más presupuesto, maquinaria y personal, aunque de lo que más orgulloso está es de haber convertido a Sevilla en “capital de la vivienda protegida”, con 6.134 activados de los que 2.200 los impulsa el propio Ayuntamiento a través de Emvisesa.

“Unos hablaban mucho de viviendas y ponían pocos ladrillos”, ha asegurado con el PSOE de nuevo en el punto de mira, subrayando que su política en esta cuestión no sólo resuelve el problema a muchas familias, sino que también permite salir de la anterior “parálisis urbanística” y ha reactivado un “motor económico” como es la construcción. Con estos mimbres, su percepción de este trienio es “optimista”, básicamente porque asegura que recibió una ciudad en “estado de dejadez” y que, pese al “bloqueo de la oposición”, la capital “está en marcha y ha cogido velocidad de crucero”.

Eso contrasta con la Sevilla del PSOE, “permanentemente bloqueada y atascada”, una época en la que asegura que “se vendía mucho humo”. El PP, por su parte, asegura que ha adoptado el lema de “dicho y hecho”, gracias a que en tres años se ha manejado un presupuesto por encima de los 3.500 millones de euros que, según Sanz, convierten a su equipo en el gobierno municipal democrático que más ha invertido.

Cascada de números

En la avalancha de cifras que ha ofrecido, se incluye que se ha superado otra vez la barrera de los 700.000 habitantes, que se han creado o estabilizado 3.300 puestos de trabajo y que se han disparado los presupuestos de Lipasam y Tussam para reflotar la limpieza y la movilidad. A ello ha sumado 18 kilómetros más de carril bici, más de 15.000 árboles plantados, la recuperación de edificios históricos abandonados o el freno a la proliferación de pisos turísticos, que no es mayor porque defiende que la norma autonómica no permite ir más allá.

También se ha mostrado orgulloso de que el 21% del presupuesto municipal se destina a políticas sociales, que marcha viento en popa el desmantelamiento del asentamiento chabolista de El Vacie o que Sevilla “ha dejado de ser una capital cultural secundaria”. Todo un contraste con una ciudad que “no funcionaba” y que, ha reiterado, ahora lo hace porque “vinimos a romper inercias”.

La prioridad nacional de Vox no se va a aplicar en el Ayuntamiento de Sevilla, al menos de manera formal y conforme a la propuesta punto por punto que ha llevado al pleno municipal. La formación de ultraderecha se ha quedado sola al no recibir el apoyo del PP, hacia quien en realidad iba dirigida la medida en el marco del preámbulo de los contactos que ambas formaciones van a mantener para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente andaluz.

Los populares han intentado enmendar la moción para suavizarla, aunque Vox no ha aceptado ninguna al entender que suponía poco menos que una enmienda a la totalidad. Pese a ello, la sangre no ha llegado ni mucho menos al río, lo que se ha traducido en que no se han atacado entre sí y ambas formaciones han acabado cargando contra los partidos de izquierda.

Sevilla ha sido la primera de las capitales andaluzas en las que ha aterrizado el que se ha convertido en principal caballo de batalla de los de Santiago Abascal, que ha pedido a sus grupos que presenten propuestas en este sentido en ayuntamientos y parlamentos autonómicos. El morbo añadido es que coincide en los tiempos con la negociación por la Junta de Andalucía, después de que se haya aceptado en Extremadura y Aragón para que el PP gobierne en estos territorios.

Mientras esto se debatía en el salón de plenos, el candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, le recordaba a Moreno que “o pacta o acuerda con Vox o con la izquierda”, y que sus compañeros del PP están aprobando en otras comunidades autónomas medidas de “puro sentido común” que tienen como mascarón de proa esta prioridad nacional. La medida, con una fuerte carga xenófoba y que incumple leyes fundamentales, aboga por discriminar a los extranjeros en el acceso a cualquier tipo de servicio o ayuda público para anteponer el criterio de la nacionalidad española.

El PP dice 'no' sin hacer sangre

La decisión del PP municipal, obviamente, no es un paso en solitario que dé el alcalde, José Luis Sanz (PP), sino que había sido debatida en el marco andaluz del partido ante las consecuencias que pueda tener. Aunque el 'no' de los populares en la capital de Andalucía le enseña un camino a Moreno (que en campaña minimizó esta prioridad nacional y la redujo a un eslogan), en principio no parece que esto vaya a provocar terremoto alguno en el ámbito autonómico, aunque sí ha habido un seísmo en el plano local: el gobierno municipal se ha visto forzado horas antes a retirar su plan de ajuste económico –obligatorio al gastar más de lo que ingresa– al saber que Vox no se lo iba a respaldar precisamente tras fracasar la negociación para darle viabilidad a la prioridad nacional.

La moción ha concitado así el rechazo de Podemos-IU, PSOE y PP, en una votación en la que en ese momento –el voto no era por concejal, sino por grupo– no estaba presente el alcalde, que a renglón seguido ha vuelto a entrar en el salón plenario. El portavoz popular, Juan Bueno, no ha hecho sangre de la cuestión en su turno (al fin y al cabo Vox es su aliado presupuestario y no le interesa tensar la relación), limitándose a señalar que algunas de las cuestiones incluidas en la moción “también nos preocupan, pero nuestro enfoque es diferente al de ustedes”.

“Tenemos prioridad nacional, no somos sospechosos de no defender a la nación española, pero nuestra prioridad nacional es la Constitución”, dando a entender aunque sin verbalizarlo que la propuesta de Vox es ilegal. Una Constitución que, “no como otros grupos de izquierda, vamos a seguir defendiendo porque nos representa a todos los españoles”.

Tras esta escueta primera intervención, en la segunda sí se ha prodigado más pero para responder a la concejal socialista que ha intervenido, Encarnación Aguilar, que ha defendido que su partido tiene “una estrategia” ante la falta de algo parecido en el PP. Bueno se ha limitado a preguntarse de forma retórica si la estrategia socialista es la de Rodríguez Zapatero y sus hijas, la de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “la de José Luis Ábalos, la de Cerdán, la de Gaspar Zarrías o la del fiscal general del Estado”. “Y no se pongan nerviosos, que no soy de la UCO”, ha rematado un turno en el que no ha hecho mención alguna a Vox y su moción.

Vox, más contra la izquierda

A la sensación de que cada uno ha llegado con los papeles muy repartidos, y sin ánimos de romper la buena sintonía actual PP-Vox, ha ayudado también que en su réplica la portavoz del partido de extrema derecha, Cristina Peláez, ha pasado de puntillas sobre el 'no' de los populares para concentrar sus ataques en PSOE y Podemos-IU. Peláez, por cierto, ha logrado asiento en el próximo Parlamento andaluz al ir como número 2 por Sevilla.

La moción exigía esta prioridad nacional poniendo a los migrantes como epicentro de todos los problemas de la sociedad española, ya que la “inmigración masiva y descontrolada” ha provocado el “colapso” de los servicios públicos. Adobado de bulos y datos carentes de fuentes, llega a afirmar que las medidas de apoyo a los migrantes “tienen a medio plazo un innegable propósito electoral”: busca “conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda”.

El texto responsabiliza a los nacidos fuera de España del hundimiento del sistema sanitario, del aumento de la inseguridad y de las dificultades para encontrar trabajo o acceder a una vivienda e incluso de que haya pensiones bajas. Y llega a solicitar que se inste a la Junta a impedir que los inmigrantes ilegales “puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario”, y al Gobierno central, para que anule la atención sanitaria gratuita y frene el “proceso de regularización masiva”.

“Ni odio, ni exclusión, ni radicalidad”

Peláez, consciente de que muchas de las propuestas incluidas en la moción escapan a las competencias municipales, sí ha defendido que dos pueden articularse desde el gobierno local: “implantar” la prioridad nacional en el acceso a “todas” las ayudas sociales, servicios públicos y programas de vivienda de la administración local y “compartir” información del padrón con la Subdelegación del Gobierno para expulsar a todo el que esté en situación irregular. El PP ya le concedió en enero la satisfacción de un mayor control del proceso de empadronamiento, que defendió con el eufemismo de que se hacía para evitar que los migrantes sean estafados. 

La portavoz ultra ha esgrimido que su propuesta no es “ni odio, ni exclusión, ni radicalidad”, sino acabar con algo “injusto” como que “una familia sevillana tenga que competir en igualdad de condiciones con personas que ni siquiera tienen residencia legal en España”. Ha insistido también en que es una iniciativa “legítima”, que “desde el punto de vista jurídico no supone exclusión” e incluso ha esgrimido que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional abre la puerta a implantar estas medidas.

Ha llegado a asegurar que, en la actualidad, “primero están los que acaban de llegar, los que le han dado una patada a la frontera”, criticando un “buenismo ideológico” que “favorece la ilegalidad”. De esto último ha culpado a los partidos de izquierda, contra los que ha lanzado diatribas más gruesas que contra el PP pese a que esta formación era la que tenía la llave para que prosperase su propuesta.

“Al final tragaréis en Andalucía”

Desde el PSOE, la concejal Encarnación Aguilar ha cargado contra las “barbaridades” y el “discurso xenófobo” que se recogen en el texto de Vox. “Han venido a traer discordia y persecución, a las mujeres primero y ahora van a por los migrantes”, un “odio al diferente” incluido en una moción que a su juicio no debería haberse aceptado para su debate en el pleno.

Además de recordar que, según la Ley de Extranjería que aprobó el Gobierno de José María Aznar (PP), varias de las propuestas son directamente un delito, ha lamentado que lo que se busca es “enfrentar a pobres contra pobres”. Eso sí, ha dado por hecho que en el ámbito autonómico los populares “están condenados” porque están “en manos de la extrema derecha” para gobernar en la Junta, “al final tragaréis en Andalucía porque no tenéis otra opción”.

Por Podemos-IU ha intervenido Susana Hornillo (Podemos), a la que el presidente del pleno, Manuel Alés (PP), ha llamado al orden por repetir que la propuesta de Vox es xenófoba, lo que ha llevado a la concejal a reprocharle que con su actitud “está defendiendo una moción racista y xenófoba que no debería haber sido aceptada por anticonstitucional y porque va en contra de los derechos humanos”. Una propuesta que se resume en que “las personas migrantes tienen la culpa de todo”, hasta de los problemas de vivienda (“y no los fondos buitre”) o del colapso del sistema sanitario (“y no los recortes y la privatización”).

“Sacarlos de la esclavitud”

Una vez conocido el 'no' del PP, se ha alegrado de que “este gobierno haya tenido esta reacción sensata”, porque lo contrario sería “blanquear” el discurso de Vox y que del Ayuntamiento “salgan discursos xenófobos y presentados con datos falsos”. Después de recordar que hasta la Conferencia Episcopal ha asegurado que la regularización extraordinaria ahora en marcha es una medida “ética y social”, ha incidido en que hablamos de personas que ya viven aquí, “es sacarlos de la esclavitud y el abuso en el que están”.

“Ustedes los necesitan pero quieren que sean invisibles, poder aprovecharse de su situación de vulnerabilidad”, ha apostillado. Y en este sentido, ha recordado que el 72% de los trabajadores del sector servicios son extranjeros, con lo que con propuestas de este calibre “se cargan el modelo productivo de Sevilla entera”.

Era uno de los puntos más importantes del pleno del Ayuntamiento de Sevilla de este jueves, pero el propio gobierno local del PP ha decidido retirarlo sobre la marcha ante la perspectiva de que no iba a salir adelante, básicamente porque Vox (su aliado presupuestario) iba a votar en contra y ya contaba de antemano con el 'no' de PSOE y Podemos-IU. Hablamos del plan de ajuste económico que, por ley, debe acometer para los próximos dos años al incumplir la regla de gasto y de sostenibilidad presupuestaria por una razón sencilla: está gastando más de lo que ingresa.

El equipo del alcalde José Luis Sanz (PP) ha elaborado un documento que cifra en 25,1 millones de euros el incumplimiento del principio de estabilidad, lo que obliga a una financiación extraordinaria, mientras que el exceso de gasto (incumplimiento de la regla de gasto) se cifra en 85,6 millones de euros. Estas desviaciones, a juicio del PP, no son de naturaleza estructural, sino coyuntural, aunque se ha encontrado con un muro más allá de la previsible falta de apoyo político de otros grupos: la propia Intervención municipal lo considera inviable.

El delegado de Hacienda y portavoz municipal, Juan Bueno (PP), ha anunciado que retiraba del pleno el plan de ajuste en el momento en que tocaba abordarlo, y el argumento ha sido que se va a buscar “un mayor consenso político”. Pero a la falta de acuerdo hay que unir también el demoledor y preceptivo informe de la Intervención municipal, que llega a afirmar que el plan económico-financiero diseñado “presenta un perfil de riesgo significativo” al plantear ajustes que no ve viables.

Falta de “firmeza jurídica”

De hecho, apunta que el retorno a la senda de la regla del gasto está condicionado “a la obtención de ingresos futuros que carecen de firmeza jurídica, que están judicializados o que sufren deficiencias de gestión interna”. El informe (que rubrica el viceinterventor, Guillermo González) concluye que “la observancia del principio de prudencia financiera” aconseja “confiar el reequilibrio” a medidas complementarias de limitación del gasto corriente no obligatorio y de optimización del gasto a medio plazo. En definitiva, que presente “un escenario alternativo basado en la minoración de los costes de los servicios públicos”.

El plan insiste en que el problema no es estructural, y lo achaca básicamente a “la no aprobación de medidas normativas que ampliaban el límite de gasto” del Ayuntamiento. Uno de los pilares de la falta de ingresos es que no se ha aprobado una nueva ordenanza de basuras a la que obliga la ley, con la que esperaba recaudar 19,6 millones de euros. Desde el punto de vista político, esto no es ninguna sorpresa porque todos los grupos de la oposición (incluido Vox) ya le han tumbado al gobierno local varias veces la propuesta, lo que le obliga a sacar de sus cuentas un dinero que es obligatorio recaudar. Y la perspectiva es que las cosas no van a cambiar a corto plazo.

Otro bocado a las cuentas municipales –de casi 11 millones de euros– se lo ha dado el que tampoco se está cobrando la tasa por ocupación del dominio público por empresas de telefonía móvil, un tributo que se inicia después de un primer trámite que tienen que hacer las compañías afectadas. Y no sólo no lo han hecho, sino que se han ido a los tribunales para batallar contra esta nueva tasa.

A esto se une que el propio Ayuntamiento no ha tramitado a tiempo la justificación del servicio de ayuda a domicilio, para que la Junta le haga llegar los fondos correspondientes, y que no se cumplieron las previsiones (40 millones) de ingresos por enajenación de suelo municipal debido a “dificultades técnicas y administrativas”. El cuadro se completa con una inversión adicional de ocho millones para maquinaria de Lipasam, además de más gastos de los previstos de Urbanismo y del propio Ayuntamiento.

Da por hecho que se acabarán los problemas

En definitiva, que el gobierno local concluye que no está en peligro la situación económica-financiera del Consistorio, ya que atribuye esta desviación a problemas coyunturales. En este sentido, apunta de manera eufemística a “cuestiones con un condicionante político” (la no aprobación de la tasa de basuras) y a “dificultades puntuales en materia de ingresos”, como con lo que deben pagar las empresas de telefonía móvil.

Ninguno de estos dos problemas tiene visos de solucionarse a corto plazo, pese a lo cual en su plan de ajuste da por hecho que para 2026 se recaudarán 26 millones por la tasa de telefonía móvil, algo irreal porque la cuestión está judicializada. Cuenta también con actualizar las liquidaciones de ayuda a domicilio (un problema que viene arrastrando desde 2024), con recaudar 12 millones más por el IBI –ya que en 2025 “se produjo un excepcional volumen de devolución de ingresos”– y con enajenar suelo municipal por importe de 60 millones.

En cuanto a la nueva tasa de basuras, el gobierno municipal cambia de estrategia y opta por una modificación de la actual, una fórmula “más coherente” y que evita el principal reproche a la norma, que es una doble tributación por un mismo hecho. De hecho, se atreve a calcular que la nueva ordenanza entrará en vigor el próximo 1 de octubre, por lo que prevé recaudar 10 millones este año y 30 ya en 2027.

En definitiva, que el PP considera que su plan es “prudente” y “realista”, por lo que “no se estima necesario implementar medidas de reducción de gastos”. “No sólo eso”, subraya, sino que “se estima incluso posible abordar una reducción de carga fiscal”, en concreto un 1% menos en el IBI para 2027, año de elecciones municipales.

Los interventores no se lo creen

Con estos mimbres, la Intervención municipal ve problemas por todos lados. Con la tasa de basura, recuerda que todavía no está aprobada “y ello reduce la robustez” del plan de ajuste, porque además de que la solución está “sujeta a la coyuntura política del momento”, su implantación “está presentando no pocas dificultades en su aspecto jurídico”. Con la tasa de telefonía móvil, tres cuartos de lo mismo: está recurrida por las empresas, por lo que contar con su cobro “es meramente nominal”.

Y aunque el plan no ha llegado a debatirse, los grupos de la oposición han aprovechado otros momentos del pleno para lanzar algún que otro pildorazo. El portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), ha ironizado con que lo siguiente será que la búsqueda de soluciones financieras pase por “ponerle dos velitas a la Virgen”. Desde el PSOE, su portavoz adjunta, Sonia Gaya, ha reclamado “un plan más serio y riguroso”, porque con el que ahora se frena “se encomiendan al milagro de los panes y los peces”, así que “medidas más rigurosas y no con la bolita de cristal”.

La consigna la dio a finales de abril la dirección nacional de Vox, que ordenó a sus grupos municipales llevar su “prioridad nacional” a los plenos de los ayuntamientos para presionar al PP, una medida que también se ha clonado en parlamentos autonómicos. A Andalucía ya había llegado la cuestión, pero esta semana aterriza en el Consistorio de la capital andaluza, Sevilla, justo cuando en el ámbito regional se está en puertas de iniciar la negociación entre ambas formaciones en busca de un pacto que permita nombrar por tercera vez presidente a Juan Manuel Moreno.

La propuesta de acuerdo ya se ha registrado, y recoge un cúmulo de los mensajes que no deja de lanzar la formación de ultraderecha contra la población migrante cargados de bulos y huérfanos de datos oficiales. La iniciativa supone un desafío para el alcalde, José Luis Sanz (PP), que debe surfear una ola en la que se combinan sus propios intereses (Vox es su aliado presupuestario) y los de Moreno, que en campaña minimizó esta prioridad nacional y la redujo a un eslogan.

Sea como sea, el PP ha comprado la idea en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón para mantener a sus presidentes, por mucho que suponga discriminar a los inmigrantes en el acceso a prestaciones públicas y choque con varios preceptos legales. Y se da por hecho que la ultraderecha la incluirá entre sus exigencias para respaldar al actual presidente andaluz en funciones, de hecho la habría marcado como su línea roja por encima incluso de entrar en el Ejecutivo andaluz. Moreno, por su parte, insiste en que no tragará con cualquier cosa y que el hipotético pacto no puede generar “ni divisiones ni bronca”.

El inmigrante como epicentro de todos los males

El documento que Vox llevará al pleno es similar al que ya ha pasado por otros ayuntamientos, con el que denuncia que a “inmigración masiva y descontrolada” ha provocado el “colapso” de los servicios públicos. Este problema es “aún mayor” que la certeza de que el sistema sufre una “profunda crisis como consecuencia directa de la gestión de los sucesivos gobiernos” pese a la “asfixiante carga fiscal” a la que someten a la ciudadanía. Por ello vuelve a lo que pidió en su primer pacto con Moreno en 2019 para hacerlo presidente: la localización (vía padrón) de extranjeros en situación irregular para que el Gobierno inicie procedimientos de devolución.

La moción es un órdago más en el Ayuntamiento de Sevilla, que se ha convertido en todo un laboratorio de ensayo de la convivencia entre PP y Vox. Tras año y medio de tirantez extrema, sobre todo por la insistencia de la formación de ultraderecha en entrar en el gobierno local (hubo hasta un amago abortado), ambos partidos han llegado a sendos acuerdos para sacar adelante los presupuestos de 2025 y 2026.

Esto introdujo en el corazón de Ayuntamiento de Sevilla la batalla cultural e ideológica de Vox. Desde entonces, han conseguido recortes en igualdad mientras se subvenciona a una asociación en contra del aborto, eliminación de líneas de cooperación y atención a la población inmigrante local, fondos para potenciar las fiestas de la Inmaculada y San Fernando (patrón de la ciudad) y hasta una cláusula anti Palestina para que no llegue a este territorio ninguna ayuda municipal.

El PP, además, ha confiado la gestión directa de la Oficina Antidesahucios y de la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista en toda regla que es los de Santiago Abascal consideran su mayor victoria hasta la fecha. También han caído las ayudas para consumidores (con epicentro en Facua) y la eliminación de la zona de bajas emisiones en la Cartuja, además de imponer un mayor control del padrón que se ha vendido con el eufemismo de que lo que se pretende es evitar que los migrantes sean estafados. Los populares también han comprado la prohibición del burka en espacios municipales pese a admitir que no puede aplicar legalmente esta medida, mientras se ha liquidado todo lo relacionado con memoria histórica y hasta se renunció a la ayuda estatal para exhumar Monumento, la mayor fosa del franquismo en la ciudad.

“Innegable propósito electoral” y “reemplazo”

La moción que ahora va a pleno llega a apuntar que las medidas de apoyo a los migrantes “tienen a medio plazo un innegable propósito electoral”. La idea consiste en “conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda” que impulsan estas políticas. En este sentido, recuerda las palabras de Irene Montero (Podemos), ya que la prevista “regularización masiva” se pactó con su partido, y encima en un acto electoral respaldó otra de las grandes obsesiones de Vox, la teoría del reemplazo: “Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante”.

Y es que esta teoría del reemplazo es uno de los grandes mantras de Vox, que a su juicio se traduce en “una sustitución progresiva de la población de España”. Esto a su vez conlleva “la desaparición de la identidad de nuestros barrios, en la alteración de sus formas de vida y en la ruptura de los vínculos sociales”.

Y mientras que los españoles “han sido injustamente igualados, cuando no postergados” en el acceso a los servicios públicos, dos normas aprobadas por el Gobierno central vienen a complicar esta situación. Por un lado, el derecho a atención sanitaria de personas sin residencia legal en España, y por otro la regularización de medio millón de inmigrantes, “premiando de esta manera a quienes vulneran las leyes españolas para acceder a nuestro territorio”.

Discriminación de los españoles

Esto les permitirá optar “de forma inmediata” a ayudas y prestaciones “que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo”. Por eso defiende que su prioridad nacional “no se trata de arbitrariedad ni exclusión caprichosa”: “la preferencia de los nacionales en el acceso a las ayudas públicas no sólo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política”.

La lógica del argumento de la ultraderecha es primaria: los españoles sostienen con sus impuestos el Estado de Bienestar para luego ser discriminados y que se beneficien de él los extranjeros. Los nacidos fuera de España serían así el epicentro del hundimiento del sistema sanitario, del aumento de la inseguridad y de las dificultades para encontrar trabajo o acceder a una vivienda.

La propuesta que se somete a votación les acusa de propiciar el “estancamiento persistente de los salarios reales”, de “evidentes problemas de integración” e incluso lo conecta con que miles de personas fallecen cada año sin atención de dependencia y con que un cuarto de la población “se encuentra en riesgo de pobreza”. “Todo lo cual evidencia el colapso de los servicios públicos”, tensionados por un incremento constante de la demanda propiciado por las políticas migratorias.

Todo esto se sustancia en seis propuestas de acuerdo que se someterán a votación, probablemente con más de una enmienda del PP para intentar suavizar el texto. Además de usar el padrón para facilitar la expulsión de inmigrantes, se insta al gobierno municipal a “establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda” locales, poniendo especial énfasis en la cuestión habitacional. A esto se unen tres requerimientos: a la Junta de Andalucía para “impedir que los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario”, y al Gobierno central, para que anule la atención sanitaria gratuita y frene el “proceso de regularización masiva”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la primera convocatoria del cheque bebé con una dotación de 1,7 millones de euros, una medida que podrán solicitar, en esta primera edición, las familias con niños nacidos o adoptados entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026. Esta medida fue una de las exigencias de Vox al PP para firmar su primer pacto, para aprobar el presupuesto de 2025, al que siguió otro similar para validar las cuentas del presente ejercicio.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la ayuda económica será de hasta 600 euros por cada menor nacido o adoptado en el periodo indicado y todas las solicitudes que cumplan los requisitos serán atendidas, ajustando de forma proporcional la cantidad total. Las ayudas se tramitarán en la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista que gestiona directamente Vox y que es el mayor logro que le ha arrancado al alcalde, José Luis Sanz (PP), junto a la Oficina Antidesahucios.

Por lo que respecta a las ayudas en sí, el solicitante (que habrá de ser uno de los progenitores o adoptantes) deberá estar empadronado en Sevilla capital desde antes del 1 de enero de 2021 y convivir en el mismo domicilio que el menor. Deberá ser, además, español o extranjero con residencia legal en España ininterrumpida desde el 1 de enero de 2021.

El nacimiento o adopción del menor deber ocurrido entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026, y en adopciones el menor debe tener máximo 4 años. Es obligatorio estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Sevilla. Para solicitarlas habrá un plazo de 30 días desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Para Juan Manuel Moreno, el presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP, la cosa tiene que ser algo parecido a lo de Pedro Sánchez, cuando soltó aquello de que “no dormiría tranquilo por las noches” con ministros de Podemos y pocos meses después tenía a Pablo Iglesias de vicepresidente. Ahora, Moreno alerta de que hasta se podrían bloquear las oposiciones si quedase en manos de Vox, que no desea en absoluto verse abocado a un pacto que en última instancia no descarta porque, insiste, eso lo decidirán los andaluces el 17M.

Pero la realidad es que ya se vio en este trance y lo asumió gustoso en 2019: fue el primer dirigente en España en aliarse con la ultraderecha para así llegar a San Telmo. Pero como ha llovido mucho desde entonces, en estos últimos años es el Ayuntamiento de Sevilla el que se ha convertido en el auténtico laboratorio para ensayar cómo sería la convivencia entre ambas formaciones llegado el caso.

La cuestión tiene sus matices, empezando porque Vox puede bloquear el nombramiento de Moreno y eso no es posible con un alcalde, en este caso José Luis Sanz (PP), porque en un consistorio gobierna el aspirante que recibe más votos en el pleno de investidura por mucho que no tenga mayoría absoluta. Los de Santiago Abascal además aprendieron de su experiencia de 2019 –no dejan de denunciar que fueron engañados por el PP andaluz– y ahora tienen entre ceja y ceja entrar en los gobiernos, como ya han conseguido en Extremadura, Aragón y acabará pasando en Castilla y León.

Y así precisamente empezaron las cosas para Sanz, con un Vox enfurruñado porque no le hizo hueco con mando en plaza, lo que le llevó a augurar que estábamos ante un “gobierno inestable”. Aquello fue en junio de 2023 y dicho y hecho, porque durante casi año y medio la formación de ultraderecha votó en contra de todo lo que llevó el PP al pleno, dándose la pintoresca circunstancia de que la izquierda (PSOE y, en menor medida, Podemos e IU) le fue sacando las castañas del fuego a los populares.

Del amago de pacto a la cuestión de confianza

La cosa llegó a tal punto que el alcalde renunció incluso a presentar el presupuesto, hasta que en mayo de 2024 se precipitaron los acontecimientos. Primero hubo un amago de pacto para meter a Vox en el gobierno local que el propio Moreno abortó en el último minuto, y a renglón seguido el regidor pareció descubrir el as que le guarda la Ley de Régimen Electoral General (Loreg): una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas.

Como era imposible que izquierda y ultraderecha se pusieran de acuerdo para presentarle una moción de censura, Sanz perdió el trance pero ganó un presupuesto, y a la vuelta del verano se encontró a Vox más suave que un guante cuando precisamente en el ámbito nacional las cosas estaban especialmente tensas con el PP. Una vez desarmada la opción de bloquear el presupuesto, que era la mayor herramienta de presión que tenían, de repente los de Abascal se pusieron a aprobarle propuestas a los populares, empezando por la limitación de pisos turísticos.

Aquella amistad acabó en noviazgo en enero de 2025, cuando rubricaron su nueva etapa de entendimiento con un pacto –bendecido por el propio Juan Manuel Moreno– para aprobar el presupuesto, lo que incluía meter de lleno por primera vez las políticas de la extrema derecha en el Ayuntamiento hispalense. Y eso que Sanz decía que no quería abrir debates ideológicos... Eso sí, cada uno en su casa, porque Vox se quedó en la oposición y ahí sigue, aunque aprobando casi todo lo que haya que aprobar e incluso defendiendo al gobierno local, al que a veces en la práctica parece pertenecer.

Igualdad, inmigración, oficina antiaborto...

¿Y en qué se ha traducido esta alianza presupuestaria, que se renovó para las cuentas de 2026? Pues en que el PP le ha comprado medidas que no son económicamente muy costosas, pero que suponen victorias para Vox porque ha logrado introducir algunas de sus obsesiones programáticas. Ya lo avanzó su portavoz, Cristina Peláez, en aquel pleno de investidura en 2023: “erradicar las políticas de izquierda”, combatir “la falsa memoria histórica que desentierra muertos por unos votos”, acabar con la “propaganda de género”, liquidar el “fanatismo climático” y una lucha decidida “en defensa de la vida”.

Todo esto se ha traducido en recortes en igualdad mientras se subvenciona a una asociación en contra del aborto, eliminación de líneas de cooperación y atención a la población inmigrante local, fondos para potenciar las fiestas de la Inmaculada y San Fernando (patrón de la ciudad y auténtico superhéroe de la extrema derecha local) y hasta una cláusula anti Palestina para que no llegue a este territorio ninguna ayuda municipal. Pero las dos grandes joyas de la corona, que gestionan directamente responsables puestos por Vox, son la Oficina Antidesahucios y, sobre todo, la Oficina de Maternidad, un centro antiabortista en toda regla que es el mayor orgullo de los de Santiago Abascal.

En la reedición del pacto presupuestario para 2026, han caído las ayudas para consumidores (con epicentro en Facua) y la eliminación de la zona de bajas emisiones en la Cartuja. Pero la medida estrella, en sintonía con lo que ocurre en el ámbito nacional, está en la inmigración, en este caso en un mayor control del padrón, que se ha vendido con el eufemismo de que lo que se pretende es evitar que los migrantes sean estafados.

Como guinda, la prohibición del burka en espacios municipales exigida por Vox, pese a que el gobierno local admite que a día de hoy no puede aplicar legalmente esta medida. Y luego, sin necesidad de firmarlo con la ultraderecha, el PP le ha dado satisfacciones como la liquidación de todo lo relacionado con memoria histórica, hasta el punto de renunciar a la ayuda estatal para exhumar Monumento, la mayor fosa del franquismo en la ciudad.

Más logros municipales que autonómicos

En definitiva, que Vox ha logrado filtrar toda su retórica y buena parte de su agenda en la gestión política de la capital de Andalucía, y eso que no ha llegado a entrar en el gobierno. El PP, por su parte, minimiza el impacto, se limita a decir que no hay recortes en cuestiones como igualdad o le vale con correr un telón de ambigüedad: la oficina antiaborto lo que impulsa es la maternidad, y nadie puede estar en contra de ayudar sobre todo a madres con pocos recursos. Sanz lo dejó claro al aprobar el presupuesto de 2025: “Aquí no veo ningún partido de ultraderecha”.

En la práctica, Vox ha conseguido así más que en el ámbito andaluz pese al acuerdo que rubricó con el PP en 2019, en el que introdujo buena parte de su palabrería (inmigración “respetuosa con nuestra cultura occidental”, “prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico”...) pese a que la comunidad autónoma no tiene competencias. En la negociación posterior para el primer presupuesto de Juan Manuel Moreno como presidente andaluz, ese mismo año, sí logró su ansiado teléfono de “violencia intrafamiliar”, que sigue activo pero con magros resultados: el 66% de las llamadas se atienden en realidad desde otros servicios de asistencia gratuita del Gobierno andaluz.

Moreno insiste en su mensaje de la “mayoría de estabilidad”, que todo lo demás “es un lío”, pero no cierra la puerta a pactar con Vox si las cuentas no le salen. El peaje a pagar será mucho más alto que en 2019, porque Vox quiere sillones y se empezarían a aplicar políticas que arañarían el perfil moderado que con tanto esmero ha construido el presidente andaluz. Eso sí, de la foto de aquel primer pacto con Vox, con cuatro protagonistas, el único superviviente político es él...

Tras los fuegos artificiales que la pasada medianoche pusieron punto y final a la Feria de Abril 2026, este 'lunes de resaca' ha tocado hacer balance de lo acontecido pero con la mirada puesta ya en la edición de 2027, que se avecina como la más grande de la historia con motivo de la ampliación del recinto ferial. La “Feria de los récords” de 2026 para el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, deja una impronta muy positiva ya que han acudido cerca de dos millones y medio de asistentes y ha tenido un impacto económico de mil millones de euros. 

Para el próximo año, el alcalde ha descartado para el año que viene la ampliación definitiva de la Feria, con las 220 nuevas casetas, aludiendo que “es imposible” ya que no se sabe todavía si las obras de ampliación serán compatibles con las del montaje de la Feria 2027, apuntando que “en 2028 estaría culminada” esa ampliación.

La ampliación será presentada a la oposición con detalle porque entiende Sanz que “es un proyecto de todos los sevillanos, un proyecto de ciudad, en el que tienen que participar y conocer profundamente el resto de la oposición”. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de intervención y, tras recibir el visto bueno, será sometido a la licitación del mismo y, tras su adjudicación, darán comienzo las obras. 

Atracciones precintadas

La instalación de cámaras con inteligencia artificial ha permitido saber por primera vez cuántos asistentes han pasado por el Real durante la semana de farolillos, siendo de 2.414.625 personas, además de saber que las calles más transitadas que, por orden, han sido Pepe Hillo, Bombita, Joselito el Gallo y Pepe Luis Vázquez. Por otro lado, el día de más afluencia de público ha sido el miércoles, más concretamente a las 19:00. También fue el día con más carruajes circulando, con un total de 927.

En cuanto a los servicios públicos, TUSSAM ha transportado a 1.314.517 viajeros, mientras que LIPASSAM ha recogido 1.585.920 kilos de residuos. La Policía Local ha atendido 2.125 incidencias, un 12% menos que el año pasado, entre ellas destacan 21 detenciones y dos pruebas de drogas positivas, además de la intervención de 459 botellas alcohólicas, 614 refrescos y dos bombonas de óxido nitroso, conocido popularmente como el gas de la risa. Por otra parte, se han precintado dos atracciones por motivos de seguridad. 

Un balance opuesto

Desde el principal partido de la oposición se ha criticado duramente el modelo de Feria de Abril, que tachan de “desequilibrado” y donde en palabras del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, “el domingo pasa a ser un día residual”. Por ello, Muñoz aboga por una vuelta al modelo de sábado a sábado, “que permita repartir mejor el público y garantizar servicios desde el inicio, incluida la preferia, que hoy se desarrolla sin planificación suficiente”.

Por otro lado, el portavoz socialista ha lamentado el funcionamiento del transporte público desde el comienzo de la Feria y al que ha destacado como “el principal punto débil de esta edición”. Además, ha señalado que “cuando falla la movilidad, se generan desigualdades: hay sevillanos que pueden llegar y otros que no”, donde la zona norte de la ciudad se ha visto perjudicada por la falta de efectivos. La falta de limpieza y seguridad, principalmente en la calle del Infierno, son otras de las asignaturas pendientes para el gobierno local, según Muñoz.

“La Feria se va a ampliar sí o sí en 2027”. Así de rotundo se expresa el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), sobre el previsto ensanche del recinto ferial para ganar más de 220 casetas, un objetivo perseguido desde hace décadas y que el regidor incluyó en su programa electoral. El problema es que todavía no tiene la preceptiva autorización del Gobierno central, que es el dueño de los suelos, paso en teoría indispensable para arrancar un proyecto que tiene la singularidad de que la gestión se hará con una concesión de obras, es decir, lo asumirá una empresa privada.

Esto implica, a su vez, que el Ayuntamiento hispalense le tendrá que pagar un canon durante 28 años con un beneficio para el concesionario que superará el 7%. En total, IVA incluido, el Ayuntamiento pagará durante estas casi tres décadas unos 120 millones de euros por la construcción (unos 30 millones de euros) y el mantenimiento (325.000 euros anuales de partida) de la zona de ampliación, que gestionará directamente una empresa privada. Esto implica que coexistirán dos modelos, ya que el resto del Real seguirá bajo competencia directa municipal, que cobrará a los nuevos titulares las correspondientes tasas para abonar el canon al gestor, 2,9 millones el primer año con un incremento interanual del 2% para pagar el último ejercicio 4,8 millones.

El gobierno local del PP ha decidido ir a una política de hechos consumados, “no vamos a esperar a que nos respondan porque nosotros tenemos nuestra hoja de ruta”, he incluso el regidor no sólo no descarta que la cuestión acabe en los tribunales sino que ha lanzado todo un desafío al Ejecutivo central: “Si se quiere negar a esta ampliación, que lo diga”. No hay que perder de vista que la pugna hay que enmarcarla en un doble contexto electoral, ya que junto a la inminente campaña andaluza (el PP está forzando la máquina convencido de que la situación perjudica al PSOE) hay que tener en cuenta que esta ampliación se concretaría a escasos meses de las elecciones municipales de 2027.

Las dudas jurídicas del proyecto

Así que con este pulso político de fondo, el Ayuntamiento del PP se presenta como rehén de la falta de respuesta del Gobierno del PSOE, con lo que justifica su decisión de tirar por la calle de en medio y seguir para adelante aunque no tenga la titularidad de los suelos. Además, se siente legitimado por el convenio que en su momento se firmó con el Estado para la cesión de los terrenos en los que ahora se levanta la Feria: como se mantiene este uso recreativo, lo que se firmó hace décadas es en teoría aplicable a las nuevas parcelas necesarias.

Pese a esta escenificación, desde el Ejecutivo central se apunta que los técnicos siguen analizando la última documentación remitida por el Consistorio, a la vez que se desliza que si el procedimiento se ha retrasado es porque hubo un error de partida en el planteamiento municipal al solicitar los terrenos para entregárselos a un privado vía concesión de obras. Ahí es donde surgieron las dudas jurídicas, ya que una cosa es una cesión de un bien entre administraciones y otra que sea directamente a un privado que además va a obtener un beneficio económico.

De hecho, desde el equipo de José Luis Sanz se llegó a apuntar a que inicialmente hubo una “buena predisposición” por parte del Gobierno para ceder unos suelos adscritos a Patrimonio del Estado, es decir, al Ministerio de Hacienda. Pero pronto surgieron las fricciones políticas, a las que no fueron ajenas que hasta ahora la titular de esta cartera era María Jesús Montero, líder del PSOE andaluz y candidata a la Junta. Esto llevó al propio alcalde a acusar a la propia Montero y al portavoz municipal socialista, Antonio Muñoz, de intentar que la ampliación “no pueda salir bajo ningún concepto”.

Actuar sin preguntar

“No contemplamos que no acceda”, se insiste machaconamente desde el Ayuntamiento, dejando la pelota de la responsabilidad política en el tejado estatal. Y en paralelo, Sanz lanza las consignas de que “la autorización no es preceptiva” y que “no vamos a esperar a que nos respondan” para cubrirse las espaldas en su decisión de seguir adelante sea como sea, y es que para que estas más de 220 casetas sean una realidad para 2027 hay que ponerse manos a la obra nada más terminar la Feria de Abril que ahora se está celebrando.

Los contactos entre las partes han sido hasta ahora meramente técnicos, sin una negociación política previa que allanase el camino. El regidor insiste en que realmente no hace falta, pero que hace unos días se le volvió a mandar una carta a Hacienda por “guardar las formas”, a lo que desde el Gobierno se responde que esta comunicación no es una deferencia sino el camino que corresponde para que dos administraciones formalicen un acuerdo sobre un suelo que –se recuerda– es patrimonio de todos los españoles.

Lo de iniciar un proyecto sin preguntar antes al propietario no es la primera vez que lo hace el alcalde hispalense, que en la campaña de las municipales anunció un Louvre sevillano en la sede principal de la Universidad de Sevilla o el cierre de la Plaza de España para cobrarle la visita a los turistas sin consulta previa alguna. Tanto la Hispalense como el Gobierno central, propietarios de los edificios, se enteraron por la prensa.

Casetas para el 5% de los que esperan una

En cuanto al proyecto en sí, fue registrado de manera conjunta por tres constructoras (Martín Casillas, Carmocón y Esasur) durante la propia celebración de la Feria de 2025, ajustándose como un guante al deseo expresado de ampliar el recinto por el gobierno local, que encomendó a la Gerencia de Urbanismo que analizase la viabilidad del proyecto. Posteriormente, el pasado mes de febrero, hizo la petición al Gobierno para la cesión “directa y gratuita” de la titularidad de tres parcelas que suman 278.233 metros cuadrados con una calificación urbanística como suelo urbano no consolidado.

El proyecto prevé la creación de tres nuevas calles, dos de las cuales ya tienen nombre avanzado por el propio alcalde: Juan Antonio Ruiz Espartaco y Morante de la Puebla, en sintonía con que los viales de la Feria están bautizados con nombres de toreros. La zona de atracciones –la Calle del Infierno– crecerá un 10%, se reubicarán 27 casetas y habrá 220 de nuevo cuño, aunque el Ayuntamiento calcula que al final se llegará a las 228. Esto supone un 5% sobre una lista de espera de 4.149 peticionarios, con la previsión de que muy pocas sean públicas.

Aunque la iniciativa la hayan presentado tres empresas sevillanas, a la hora de la verdad tendrá que salir a concurso público con libre concurrencia, no puede haber una adjudicación directa por parte del gobierno local del PP. Los impulsores defienden que se trata de “un proyecto anhelado por Sevilla”, que el contrato de concesión de obras propuesto es la fórmula “más eficaz y eficiente”, además de una “herramienta de alto interés” para el Consistorio, y que la gestión privada permitirá “repercutir positivamente en la calidad del servicio”. “Mejorará toda la ciudad, con más puestos de trabajo y más turistas”, apostilla.

“Puede haber sobrecostes”

Eso sí, el Ayuntamiento mantendrá la propiedad de las instalaciones, “reservándose las decisiones estratégicas, la tutela del servicio, la protección de los derechos de los usuarios y la supervisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones del gestor privado”. En cuanto a las ventajas que supone para el gobierno local, “representa una considerable liberación de necesidades adicionales de aportación de medios humanos” y reduce la “estructura administrativa necesaria”, además de una “ventaja adicional”: no se computará la financiación vinculada al proyecto en la contabilidad pública a efectos de la normativa sobre estabilidad presupuestaria.

Eso sí, los proponentes y aspirantes a la adjudicación del contrato se guardan las espaldas en varios frentes, el primero de los cuales es con respecto a los terrenos necesarios, sentido en el que se recuerda que “no hace falta expropiar, pero la Administración es responsable de aportar los suelos”. Asimismo, los precios propuestos –30 millones la ampliación y un punto de partida de 325.000 euros anuales para el mantenimiento– toman como referencia el 1 de enero de 2025 y “puede haber sobrecostes”.