Un juzgado abre una investigación por la cena de gala al pie de la Giralda financiada por Junta y Ayuntamiento
El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado abrir diligencias previas para investigar la polémica cena de gala que se celebró el pasado 17 de septiembre a los pies de la Giralda, contando con el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre los 400 invitados.
En un auto firmado el 29 de septiembre, la jueza ordena “oficiar a la policía a fin de que proceda a la investigación de los hechos”, según trasladan a elDiario.es fuentes judiciales.
La investigación sobre el evento privado, que obligó a cerrar al público la emblemática plaza Virgen de los Reyes, se inicia a raíz de la denuncia interpuesta por el partido Iustitia Europa, que apunta a posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación por la organización de un acto que fue financiado con 36.058 euros por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.
Instituciones señaladas en la denuncia
El evento correspondía a la celebración de la XX edición de los Premios Escaparate, organizados por la revista del mismo nombre, y que ha generado una ola de críticas ciudadanas por el uso de un espacio público y emblemático para una celebración privada.
Iustitia Europa dirige su denuncia contra el Ayuntamiento de Sevilla, Contursa —la empresa municipal de gestión turística— y la Consejería de Turismo, a las que atribuye la concesión de permisos administrativos y la aportación de fondos públicos.
La denuncia señalaba también a la Diputación de Sevilla, basándose en informaciones publicadas según las cuales cedió la Casa de la Provincia como camerino para los artistas que actuaron en la gala, extremo rotundamente desmentido por la institución provincial.
La acusación de Iustitia Europa se formuló “contra quienes resulten responsables”, solicitando así que la instrucción determine la intervención concreta de “autoridades, funcionarios y responsables públicos”.
El partido señala como una de las claves la utilización de la plaza Virgen de los Reyes, “respecto de la cual la ordenanza municipal establece una prohibición específica para determinados eventos”, a lo que se une que el Ayuntamiento asumió la condición de organizador o coorganizador y solicitó la ocupación de este espacio.
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, criticó que “el dinero público no es del PP, del PSOE ni de Vox”, sentido en el que apunta hacia las tres administraciones: Consistorio (gestionado por el PP), Consejería de Turismo (que controla Vox) y Diputación (en manos del PSOE). A su juicio, los fondos públicos “no están para mariscadas, cenas privadas o galas, es de todos los ciudadanos”, acusando a las cúpulas de las formaciones políticas de “confundir las administraciones con su patrimonio”.
El partido denunciante subrayó además que la propia delegada municipal de Turismo reconoció públicamente que una empresa privada no podía solicitar el uso de la plaza, mientras que el Ayuntamiento sí podía hacerlo. El gobierno local aportó además 14.900 euros más IVA (18.029 euros en total) y la Junta de Andalucía otros 14.900 más IVA, mediante un contrato menor de patrocinio, con lo que la suma conjunta asciende a 36.058 euros.
En cuanto a la Diputación, su inclusión en la denuncia se basa en informaciones relativas a la Casa de la Provincia, situada en la vecina plaza del Triunfo. El promotor del evento, Mario Niebla del Toro, afirmó que la corporación provincial le remitió un contrato que finalmente no llegó a aceptar. La institución provincial sostiene que dicho espacio fue solicitado por la organización, sin especificar el tipo de evento, como ocurre con otras peticiones que recibe de asociaciones e instituciones. Según la institución provincial, se solicitó la cesión de una sala para utilizarla como vestuario de los artistas y de un aseo.
Por el momento, la jueza de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha encargado a la Policía que investigue los hechos para elaborar un atestado que permita esclarecer las circunstancias del evento y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos denunciados.
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