“Si las cosas no se hubieran complicado para mi padre, yo habría nacido en Guinea”, comenta al inicio del documental Negro Limbo (2024) Món Fernández-Dans, coguionista de la película junto a David Morello y su director, Lorenzo Benítez. Món, publicista, es hijo de José Antonio Fernández-Dans, ex Fiscal General de las colonias españolas en África ecuatorial: Río Muni (actual territorio continental de Guinea Ecuatorial) y Fernando Poo (la isla de Bioko, donde se sitúa la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo).

La cinta se centra en la salida precipitada de la isla de Fernández-Dans tras la desaparición, en 1959, del líder independentista Acacio Mañé y el intento, por parte del fiscal y otras autoridades judiciales de la colonia, de investigar los hechos. Las pesquisas apuntaban al gobernador militar, el almirante Faustino Ruiz, protegido de Carrero Blanco. Este, con un poder omnímodo y molesto por las sospechas, presiona a Fernández-Dans hasta que logra su traslado a un juzgado de Puertollano, en España.

De este modo, Negro Limbo relata la nunca investigada represión a los líderes del temprano movimiento independentista guineano –a la desaparición de Mañé en Guinea se sumó la de otro líder, Enrique Nvo, en Camerún–, así como las posteriores trabas con que se toparon sus realizadores, sesenta años después, para poner en claro la historia, que en el caso Mañé todavía está amparada bajo la Ley de secretos oficiales.

Un paraíso en Super 8

“Fue en una reunión informal entre los tres [Morello, Fernández-Dans y Benítez], que somos grandes amigos, donde Món comentó que su padre tuvo que salir de Guinea, donde era una autoridad judicial, por algún problema poco claro que se convirtió en un secreto de familia”, explica Benítez en conversación telefónica desde su Cádiz natal.

“Eso a mí me despertó la curiosidad, y también a David, que es periodista”, prosigue el director de Negro Limbo, que a partir de entonces comenzó a investigar junto a sus dos amigos cuál había sido la causa de aquella salida precipitada de la familia Fernández-Dans, que había permanecido catorce años en Río Muni.

“Empezamos a contactar con gente que había estado en la colonia antes de su independencia en 1968, y el boca a oreja funcionó muy bien”, comenta Benítez, que asegura que los antiguos colonos comenzaron a llamarles para proporcionarles las películas en Super 8 que contenían sus recuerdos de la época y que consiguen dar el contexto histórico a Negro Limbo, pues reflejan cómo era la vida para los españoles en Guinea Ecuatorial.

“Era un nivel de vida impensable en la España continental, sumida todavía en la posguerra, pues una familia colona de nivel medio gozaba de coches americanos de primer nivel, vivía en una mansión y tenía todos los electrodomésticos americanos del momento”, revela Benítez. “En definitiva, una vida que todos los entrevistados echan de menos y definen como una especie de paraíso perdido”, concluye.

En las cintas cedidas, entre temblores y manchas de celuloide, pueden verse enormes coches americanos, hermosas casas coloniales, modernos televisores y mujeres fumando en bikini en la piscina del casino o en la de su casa, también acompañadas por criados negros que las llenan de flores, todo ello datado a inicios de los años sesenta. “Cada niño tenía un criado negro”, apostilla el director.

Menores de edad para el régimen franquista

Pero tras aquella realidad paradisíaca en Super 8 se escondía otra mucho más perversa y que, en cierto modo, se sitúa en el origen del problema que llevó al padre de Món Fernández-Dans a su salida, forzada, de Guinea junto a su familia. “Los africanos eran considerados por el régimen franquista como menores de edad”, explica Benítez. Asegura que a pesar del discurso oficial, que pregonaba un trato igualitario, en la mayoría de los casos no tenían ni derechos ni posesiones personales, viendo así muy limitada su libertad.

Sí existía una pequeña élite urbana, conocida como “los emancipados”, que tenían un estatus similar al de los colonos blancos: se relacionaban con ellos, tenían empleos de capataces en las haciendas y poseían tierras, además de ostentar el privilegio de poder mandar a sus hijos a estudiar a España. “Acacio Mañé pertenecía a esa élite, fue vicepresidente del Patronato de Indígenas, que era la entidad que gestionaba los asuntos de los nativos”, comenta Benítez.

Mañé era, en consecuencia, alguien bien relacionado y su vinculación a la organización independentista Cruzada Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial no era desconocida en un momento en el que toda África caminaba hacia la descolonización. “Nuestra conclusión es que Carrero Blanco, molesto con ellos, dio la orden de actuar con mano dura contra los líderes independentistas”, dice Benítez para explicar la desaparición súbita de Mañé, un hombre con estatus y que no era ajeno a los círculos blancos.

En la cinta su hijo, Joaquín Mañé, que fue educado en España, pero que vio cómo todo el patrimonio de su padre se desvanecía, apunta a los servicios secretos españoles y a que estos arrojaron a su padre al mar. También aparece el hijo de Enrique Nvo denunciando una actuación de los mismos servicios en el asesinato de su progenitor en Camerún.

Secreto de Estado

Finalmente, debido a las presiones del almirante Ruiz, la desaparición de Mañé no fue investigada y quedó silenciada hasta la llegada de la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968. “Mañé es considerado un mártir en Guinea, tiene una escuela y un barrio en Bata con su nombre, pero ni Macías ni luego Obiang [sucesivos dictadores guineanos] han querido reivindicarle como héroe nacional”, asegura el realizador.

Entre las gestas del equipo del documental está la de haber conseguido permisos para rodar en Guinea, un país muy cerrado y gobernado por una dictadura, para entrevistar a Joaquín Mañé en la antigua hacienda familiar, que perdieron tras la desaparición del padre. “Fue gracias al apoyo de un cineasta que estaba allí, bien relacionado para conseguir los permisos de rodaje”, aclara Benítez, que de todos modos deja clara esta advertencia: “En ningún momento intenté ponerme en contacto con el gobierno de Guinea ni quise saber nada de él”.

Paradójicamente, lo más difícil de estos seis largos años de investigación –a los que se sumó un parón de dos años debido a la pandemia– ha acontecido en España, concretamente en el periplo por los distintos archivos estatales para investigar las noticias de la desaparición de Mañé. La película narra así las dificultades para acceder a la información y las numerosas trabas de la administración para investigar sobre los implicados.

“Hay un documento del que nosotros hablamos en la cinta que está en el archivo de Moncloa y al que no podemos acceder porque está amparado por una ley de Secretos de Estado que viene de Franco”, se queja Benítez. “Además, hay que tener en cuenta también que aquello se declaró materia reservada hasta el año 76”, apostilla. Finalmente, la mayor victoria conseguida, gracias a las investigaciones del documental y la insistencia de Joaquín Mañé, es que a Acacio Mañé se le reconozca como víctima de la represión política y colonial franquista.

Sobre los motivos por los que la Administración se muestra opaca en el caso Mañé, Benítez apunta a oscuros intereses: “Entiendo que las relaciones hoy en día con Guinea Ecuatorial siguen siendo muy difíciles para España como ex potencia colonial, porque además es un país que tiene una de las dictaduras más largas del mundo”. “Y al mismo tiempo, es un país muy rico en petróleo, pero a la vez muy corrupto, por lo que supongo que lo que pasó entonces todavía salpica de alguna forma a gente que hoy en día está viva e incluso tiene negocios poco claros allí”, remacha.

Cristina Peñamarín tenía veinte años el día que sucedió todo. Recuerda la ropa que llevaba, el tiempo que hacía y con quien estaba cuando le llegó la noticia. Fue uno de esos momentos que se graban en la memoria por el impacto. “Era una estudiante en mis primeros años de universidad y estábamos haciendo cola en Las Salesas por el juicio del 1001 —proceso contra la cúpula clandestina de Comisiones Obreras— cuando se empezó a correr la voz: ”¡Que han matado a Carrero! ¡Que han matado a Carrero! Idos a casa“, nos decían. Porque, claro, en aquella época cuando ocurría algo siempre empezaban a detener a gente”, rememora. Pero ella no se fue a su casa sino a una librería, “creo que la Antonio Machado”. Allí estuvieron, cuchicheando en voz queda, sobre lo que acababa de ocurrir y que no terminaban de creer. “La emoción se palpaba en todas partes, era como magia potagia. De pronto, todo era posible”, revive.

Ahora, con 70 años, catedrática de Teoría de la Información en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y doctora en Historia Contemporánea de España, comenta el suceso y el impacto cultural con el que ha llegado hasta la actualidad. “En este país no había nadie más asentado que Carrero. Era el delfín, el que iba a continuar a Franco y, ¡pum!, sale volando. Es demasiado bonito y, sobre todo, chusco. Es lógico que haya inspirado, y siga inspirando, muchas otras imágenes”, opina en declaraciones a este diario.

Para Peñamarín, Carrero Blanco se convirtió en unos de los primeros chistes del post franquismo por todos los elementos que rodearon al homicidio. “Fue un golpe cinematográfico. El atentado voló por los aires, literalmente, la tapadera del franquismo”, explica para subrayar que forma y fondo confluyeron de una manera tan visual que su impronta llega hasta hoy. “Hay que recordar que, pese a lo terrible que es siempre un asesinato, aquello fue un alivio para la población en general”, añade.

Fue tan cinematográfico que, en efecto, las imágenes con las que se suele ilustrar el suceso pertenecen a una película. La cinta, ‘Operación Ogro’ (1979), es parte del legado de Emilio Ruíz del Río (Madrid,1923-2007), director de arte y uno de los mayores maestros de trucaje y maquetas del cine de su era.

Herencia en el humor gráfico

La aportación involuntaria de Carrero al panorama artístico español es ecléctica y, aparentemente, inagotable. En lo musical va desde la famosa e irreverente Carrero Blanco, publicada en el recopilatorio Estado de sitio (2001) de la banda punk-rock gallega Soak, hasta el nombre del grupo gallego de electro-pop, que aunque adaptado denota la alusión, Carrero Bianco; mientras que en el resto de las artes se ha difuminado en forma de bromas, viñetas y cómics.

Su impacto principal, a ojos de Peñamarín —quien es autora del trabajo El humor gráfico del franquismo y la formación de un territorio translocal de identidad democrática—, se puede ver en el chiste y, sobre todo, en el humor gráfico de figuras como Forges, El Roto o Peridis Peridis —que aún no había empezado a dibujar cuando sucedió el atentado—, entre otros. “El humor del franquismo tiene algo de eterno, pero además fue una fuente de muy notables viñetistas, alguno de los cuales sigue dibujando hoy. Humoristas fantásticos que, como no podían decir las cosas a derechas, las decían sin decirlas”, continúa la catedrática para aducir que el humor actual, especialmente el gráfico, bebe “muchísimo” de estas influencias.

Un ejemplo es el de Unbrained Comics, una editorial underground proveedora de servicios de autoedición que lanzará en 2023 el título ¿Quién pensará en el águila de los fieles?, los devaneos con el psicólogo del último gran héroe ibérico: un tal Luis Carreño Branco.

Un antihéroe para conquistar los cielos

Jota García, Ogre y Jota Medina son los seudónimos de los tres artífices de un superhéroe particular, El águila de los fieles. Un héroe derrotado, cansado de salvar a España y que, en su última sesión con el terapeuta, le dice que lo deja. Que sabe que el S.C.E (Sindicato Criminal Español) planea un atentado y ahora no piensa evitarlo.

Se trata de una parodia que parte de los estereotipos, que pueblan el inconsciente colectivo español, englobados en el personaje del último jefe de Gobierno de la dictadura: “Creo que ha sido siempre un meme antes incluso de la existencia de los memes, una especie de comodín o chascarrillo recurrente pero eclipsado por otras coñas españolas, algunas más bestias, por supuesto”, explica Ogre a este periódico. “Últimamente estaba cayendo en el olvido para las nuevas generaciones del cachondeo histórico y para eso hemos llegado nosotros, para revitalizar dicha figura desde nuestra óptica cáustica y pendenciera, pero llena de cariño y bonhomía”, continúa.

Así, escogieron la figura de Carrero porque, según desarrolla Medina, a nivel popular siempre ha sido parte del archivo del humor negro español ya que, a juicio de los autores, un magnicidio es razón suficiente como para grabar a fuego una figura en la cultura popular. “En España somos grandes para este tipo de humor, otra cosa es que sea aceptado y consumido por todo el mundo”, valora.

“Veníamos de publicar mi anterior cómic Pequeña y Galana, una historia ficticia sobre la virgen de Covadonga. De manera local generamos mucho revuelo. Cuando pruebas la sangre de la controversia ya no puedes parar. Ver a la gente como se ofende puede llegar a resultar muy divertido”, apunta, por su parte, García. Sin embargo, sostienen que el arquetipo protagonista es apenas un punto de partida en una historia que “va más allá”. De Carrero, afirman, “solo tiene las cejas”.

Las distintas caras del humor político

El humor político es una actividad social compartida. Por eso, para tener éxito, necesita la complicidad de una comunidad con unas mismas características —códigos y hábitos culturales, registros lingüísticos, estilos de vida o referencias simbólicas— que le den cohesión y unidad. Es decir, un público que lo entienda y comparta. “Siempre es necesario posicionarse respecto, por un lado, con uno mismo y, por otro, con los grupos sociales que sostienen diferentes visiones del asunto o motivo que es objeto de risa”, expone Jordi Manel Monferrer, profesor de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), miembro del Grupo de Estudios sobre Sociedad y Política.

De este modo, y según Monferrer, cuando la mayoría recurre al humor político lo hace para hablar únicamente de aquello que les hace sonreír. O que creen que hace reír a su grupo social de referencia. Y, al mismo tiempo, ignoran o desprecian aquello que, de forma consciente o inconsciente, no les hace gracia.

Así, para analizar las manifestaciones del humor en torno al franquismo, es importante examinar el contexto sociopolítico subyacente en que se produjeron. “Este refleja la visión y las cuestiones propias de un periodo histórico”, desvela el profesor quien aduce que, habitualmente, se ha considerado que el humor político está asociado, en cierta medida, a grupos sociales que plantean ideas progresistas. “Se argumenta que las personas con esta ideología son más proclives a realizar y aceptar prácticas humorísticas corrosivas o críticas hacia el status quo político, con el objetivo de promover cambios sociales que puedan mejorar las condiciones de una vida democrática”, continúa.

En la misma línea, los grupos ubicados en el espectro ideológico más conservador serían más reacios al recurso de prácticas humorísticas porque suponen un contrasentido peligroso para la continuidad, mantenimiento del orden y de los valores tradicionales. “Esta hipótesis se sustenta en la experiencia de los movimientos de oposición a las dictaduras y países autoritarios y represivos, donde el desarrollo del humor político contra el régimen puede considerarse un acto de heroicidad en la lucha por las libertades públicas y los derechos civiles”, argumenta Monferrer.

Eso es lo que pasó en España, el humor político contra el régimen se convirtió, progresivamente, en una manifestación más de la contienda política que compartieron los movimientos sociales y políticos de la oposición. Sin embargo, en la actualidad, la pervivencia de ciertos códigos humorísticos pasados, a ojos de Monferrer, se debe en primer lugar al hecho de pertenecer a una cultura común aprehendida y a que, con respecto de los años ochenta, ha aumentado la diversidad de ideologías y de opciones políticas existentes en la sociedad española, con sus respectivos discursos y pluralidad de valores, que mantienen diferencias sustanciales sobre ideas, actitudes e incluso sobre el propio valor del humor. “Y no hay que olvidar que algunas de estas opciones políticas realizan un proselitismo de la dictadura franquista”, matiza.

Libertad de expresión y represión política en la actualidad

Cassandra Vera, César Strawerry, los titiriteros del ‘Gora Alka-Eta’. Tres ejemplos de de humoristas que se han sentado en el banquillo en los últimos años por la ejecución del artículo 578 del actual código penal. Los tres, tras procesos mediáticos, quedaron absueltos por el Tribunal Constitucional. Según Carlos Sánchez Almeida, abogado del bufete Almeida y actual director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), “tenemos un código penal pensado para cuando ETA mataba”.

“Hay una propuesta de ley para derogar todos los delitos de opinión, incluyendo las injurias a la corona, las ofensas a los sentimientos religiosos, las injurias contra España, las comunidades autónomas y sus símbolos, etc, pero está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso”, ironiza Almeida para subrayar que se ha prolongado la fase de enmiendas “desde hace varios años” y, de momento, ocurre “lo mismo que con la Ley Mordaza”: “se prometió derogarla y ahí está”, sentencia.

Todo esto viene desde 2015 y el endurecimiento del citado artículo 578, el referente al delito del enaltecimiento del terrorismo. “Ese año se hizo la última y más exagerada modificación del texto, que aumentaba la pena si se producía a través de internet”, explica Almeida. Entonces comenzaron las denominadas Operaciones Araña (2014-2016), una investigación prospectiva de los cuerpos y fuerzas del Estado, que buscaban palabras clave como “Carrero” en las redes sociales, sobre todo en Facebook e Instagram, y que se saldó con más de 70 detenidos, refiere el letrado. “La persecución comenzó en serio en los momentos más fuertes de la crisis, cuando la gente se estaba manifestando en internet. Tenía una clara intencionalidad política”, critica Almeida.

Entre esos detenidos hubo más de 40 condenas, entre las que destaca la aplicada al rapero Valtonyc en 2018 por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales en sus canciones. Un hito que hizo que la propia Cassandra Vera —entonces estudiante de 22 años— pensara que era imposible que la absolvieran por sus 12 tuits de humor negro. “Son chistes, que pueden ser de peor o mejor gusto, pero que simplemente son eso”, defendía en declaraciones a este periódico cuando conoció que el Tribunal Supremo fallaba a su favor.

Ponerle puertas al campo

Es internet, la viralidad de las redes sociales, el poder difundir cualquier mensaje en cuestión de minutos lo que avivó la ristra de detenciones y juicios. Eso cuenta Daniel Canales, portavoz de Amnistía Internacional (AI), “El delito de enaltecimiento del terrorismo, que se introduce en el código penal a principios de los 2000, es una respuesta a actos de homenaje a presos de ETA que salían de prisión”, explica para continuar que con la entrada en juego de las redes sociales observaron una reforma del código penal “centrado en internet”. Así, Canales insiste en que en España se aplicó la legislación antiterrorista a personas que, de manera pública, difundían este tipo de chistes. “Y es ahí donde Amnistía Internacional vimos un elemento de denuncia claro”, subraya.

“La primera jurisprudencia que empieza a generarse por parte de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo consideraba enaltecimiento del terrorismo y humillación para las víctimas absolutamente todo; la clave de humor, expresiones artísticas, todo”, continúa el portavoz de AI. Del mismo modo, Canales señala que han observado como, tras el pico de aquellos años, las sentencias se han reducido considerablemente, “ha habido una delimitación mucho más clara de su aplicación”, comenta. Aseveración que refrenda el informe de la Fiscalía, publicado en septiembre de 2022 (pág, 428), en el que se explica que desisten de formular acusaciones de enaltecimiento del terrorismo cuando tienen que ver con estos grupos inactivos, como ETA o los GRAPO, puesto que “ha devenido en un delito de casi imposible condena ante las exigencias jurisprudenciales de riesgo”. “El problema es que ese artículo, antidemocrático, sigue ahí y puede volver a aplicarse en cualquier momento”, finaliza Canales.

Cámaras de eco

Se puede no estar de acuerdo con un chiste, que sea feo, de mal gusto o, simple, malo. Todo es susceptible de crítica legítima, asegura el total de los entrevistados. “El humor, para serlo, debe atentar contra cualquier cuestión porque está por encima de la realidad. Aunque, evidentemente, no todo valga”, opina Ogre, a lo que añade su compañero, Jota Medina, que reírse de una figura pública del siglo pasado no es algo malo, “meterse con su familia y su vida privada es otra cosa totalmente distinta”, apunta para continuar con que “el moralismo y la autocensura siempre han existido”. “Lo que difiere”, explica, “es que en estos tiempos tienes un sector en internet que bombardea tu trabajo o vida privada simplemente porque está en desacuerdo. Miles de personas que tienen poco que hacer y su mayor problema es que le acepten en la red o conseguir que alguien diferente sea expulsado de su trabajo o consiga ser rechazado popularmente”. Un fenómeno que ha ocurrido siempre, pero al que la vastedad de internet da un mayor alcance. Sobre todo, si se trata de algún tema de calado político.

“La diferencia actual entre grupos y colectivos ideológicamente opuestos muestra como el humor político es una construcción social (re)elaborada con una finalidad política y, en suma, que la percepción del humor político, especialmente contra el franquismo, ha dejado de ser igual para todo el mundo”, zanja, al respecto, Monferrer. El debate sobre quién puede decir qué, hasta la fecha, sigue siendo eterno.

El 9 de junio de 1973 Franco dejaba de ser presidente del Gobierno y entregaba el relevo a quien llevaba siendo su mano derecha desde hacía varias décadas. El almirante Luis Carrero Blanco se convertía en el sucesor político del dictador. El nuevo presidente tenía un mandato para el que se sentía plenamente capacitado: garantizar la continuidad de aquel régimen totalitario tras la muerte del tirano. Nada más jurar su cargo ante el todavía pero ya decrépito Jefe del Estado, Carrero se reunió durante 45 minutos con el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, el hombre que estaba llamado a jugar el papel de marioneta en el franquismo sin Franco. El veterano marino tenía 69 años y estaba convencido de que el futuro de España pasaba por una monarquía de corte autoritario que él tutelaría como siempre había hecho, con mano de hierro. Aquel plan se vio frustrado siete meses después, cuando ETA acabó con su vida en Madrid. 

¿Cómo habría sido aquel postfranquismo dirigido por Carrero? Es imposible saber la respuesta, pero repasando su carrera, su ideología y sus discursos podemos entender mejor por qué la figura del almirante suponía una seria preocupación para los sectores sociales y políticos que deseaban el regreso de la democracia a nuestro país. Una preocupación que también se respiraba en la mismísima Casa Blanca y que provocó dudas sobre la participación directa o indirecta de la CIA en el atentado que le eliminó de la ecuación.

El golpe de Estado

La sublevación de una parte del Ejército contra la República sorprendió a Luis Carrero Blanco en Madrid. El entonces capitán de corbeta y profesor de la Escuela de Guerra Naval había coincidido con Franco en uno de los episodios de la guerra de Marruecos: el desembarco de Alcazarseguer, en abril de 1925. Posteriormente, a comienzos de los años 30, volvió a tratar con el futuro dictador mientras este ocupaba la Comandancia General de Baleares. A pesar de ello y de no comulgar con el régimen republicano, no hay constancia de que participara directamente en la sublevación. Aun así, tras el rápido fracaso del golpe en la capital, Carrero se refugió sucesivamente en las embajadas de México y Francia. En el verano de 1937 logró escapar a la zona controlada por los golpistas y se sumó a su ejército, combatiendo al mando de buques como el submarino General Sanjurjo o el crucero Canarias. 

Consejos a Franco sobre entrar en la II Guerra Mundial

Tras la victoria franquista, de la mano de un destacado líder falangista, Carrero entró a formar parte del Consejo Nacional de la FET y de las JONS. El 12 de junio de 1940 España expresó su apoyo implícito a Hitler y Mussolini en la II Guerra Mundial, dejando de considerarse “neutral” y pasando a declararse estado “no beligerante”.

En noviembre de ese año, Carrero Blanco redactó para Franco el primero de una serie de informes sobre política internacional. En él, a diferencia de lo que han mantenido algunos historiadores e investigadores, Carrero no hizo una defensa a ultranza de la neutralidad de España en el conflicto. Tal y como destacan otros académicos como Antonio Téllez Molina, lo que hizo es aconsejar al dictador que retrasara su entrada en la guerra hasta que Berlín y Roma controlaran el Mediterráneo para así garantizar el abastecimiento de alimentos, materias primas y armamento: “En resumen —escribió Carrero— todo parece indicar que, antes de la caída del Canal de Suez, España no entrará en la guerra, pero que tan pronto como dicho Canal pase a poder de las potencias del Eje, cambiarán fundamentalmente los aspectos de la cuestión y cabe pensar en que V.E. decida nuestra intervención en el conflicto”.

Tiene claro cuál es su bando en la guerra

Impresionado por sus informes, Franco nombró a Carrero Jefe del Estado Mayor y le incluyó en su círculo de confianza al otorgarle el cargo de subsecretario de la Presidencia. Ocupando ya ambos puestos, el cada vez más influyente militar continuó desgranando sus preferencias en los informes que entregaba al dictador. En ellos explicaba por qué nazis alemanes y fascistas italianos merecían todo el apoyo de nuestro país: “Porque el Eje lucha hoy contra todo lo que es el fondo anti-España”. Y esa “anti-España”, para Carrero, la representaban las democracias occidentales y la URSS: “Ha llegado a constituirse por una acción personal de Roosevelt, al servicio de las logias y de los judíos, es realmente el frente del poder judaico, donde alzan sus banderas todo el complejo de democracias, masonería, liberalismo, plutocracia y comunismo, que han sido las armas clásicas de que el Judaísmo se ha valido para provocar una situación de catástrofe que pudiera cristalizar en el derrumbamiento de la Civilización Cristiana”. 

El antisemita

El odio visceral a los judíos del futuro almirante no solo quedó reflejado en informes como el anteriormente citado. En 1941 publicó el libro España y el mar en el que realizaba una auténtica oda antisemita: “España, paladín de la Fe de Cristo, está otra vez en pie contra el verdadero enemigo: el Judaísmo. Se trata de una fase más de la lucha que secularmente sacude al Mundo. Porque el Mundo, aunque no lo parezca, aunque en apariencia sus contiendas tengan su origen en causas muy distintas, vive una constante guerra de tipo esencialmente religioso. Es la lucha del Cristianismo contra el Judaísmo. Guerra a muerte, como tiene que ser la lucha del Bien contra el Mal, de la verdad contra la mentira, de la luz contra la oscuridad”.

El represor

El consejero de Franco empezó a ser consciente a finales de 1942 de que la guerra no iba como “su España” esperaba y deseaba. Siguió defendiendo el compromiso del régimen franquista con Hitler: “Es evidente que España tiene una decidida voluntad de intervención al lado del Eje, por cuanto este combate a nuestros enemigos naturales que son ese complejo de democracias, masonería, liberalismo, plutocracia y comunismo, armas con las que el poder judaico trata de aniquilar la Civilización Cristiana…”, pero ahora insistía especialmente en que “la situación actual” del país impedía una “intervención normal” en la contienda. Por lo que pudiera pasar en la contienda, aconsejaba a Franco que estuviera prevenido para endurecer todavía más la represión interna: “Cortando en seco cualquier intento de perturbación y disidencia a que los posibles vaivenes de la marcha de la guerra puedan dar pábulo”.

Empieza a cambiar de chaqueta y apela a “la hegemonía blanca”

Las sucesivas derrotas de sus camaradas alemanes llevaron a Carrero a ir cambiando el tono y el fondo de sus informes. En 1944 ya no culpaba a los judíos ni a las democracias del conflicto bélico, sino a “la astucia soviética” y al “plan Lenin”. Aun así, seguía despreciando abiertamente el sistema democrático: “Utopía es, y enorme, el suponer que todos los hombres (y hasta las mujeres) de una nación están capacitados para exponer su opinión, en sufragio universal, sobre cómo debe gobernarse su país”. Viendo imposible el triunfo de Hitler, Carrero sugirió a Franco buscar un acuerdo con Estados Unidos y Gran Bretaña al que se pudiera incorporar la Alemania nazi. Un acuerdo basado en lo que llamó “Plan de hegemonía de la raza blanca”. Su apuesta era una “comunidad europea” para hacer frente al comunismo y repartirse áreas de influencia con EEUU. El objetivo, según él, debía ser que “los blancos civilicen cristianamente a los pueblos de su zona de influencia” y apelar a la “ayuda mutua de los blancos para combatir a la URSS y al Japón”. 

Guarda las esvásticas en un cajón

La derrota alemana empujó al subsecretario a buscar la supervivencia de su dictadura congraciándose con Estados Unidos y Gran Bretaña: “De momento y con urgencia es el catolicismo y el anticomunismo lo que conviene esgrimir y a lo que hay que sacar todo el partido posible”, aconsejó a su “Caudillo”. Carrero sabía que el catolicismo les distanciaba del nazismo y el anticomunismo les alineaba con los Aliados: “Inglaterra y los EEUU nos necesitan para luchar contra el imperialismo ruso”. Entre 1945 y 1947 su lema fue “orden, unidad y aguantar”.

Defensor y protector de los líderes nazis

Ese cambio de estrategia era puro maquillaje. Carrero, como el resto de dirigentes del régimen, trató de proteger a los nazis que se habían refugiado en nuestro país. De los más de 700 alemanes cuya repatriación fue exigida por los Aliados, la España franquista entregó a poco más de 200. “La mayoría eran de segunda y tercera categoría”, aclaraba el periodista José María Irujo, que investigó a fondo el tema: “Los más importantes, en cambio, esto es, los de primera categoría, recibieron el apoyo de la policía española, de la Iglesia y de los altos cargos del gobierno de Franco”.

Carrero Blanco impidió la extradición de, al menos, tres de estos hombres: Alfred Menzell, Joaquim von Knobloch y Kurt Meyer. El consejero de Franco justificó así, ante el ministro de Asuntos Exteriores, la necesidad de salvar a uno de ellos: “Su inclusión en la lista debe ser un error de funcionarios y creo que procede en justicia rectificarlo, máxime cuando se trata de una persona que combatió por nosotros en nuestra guerra”. Carrero mantuvo buenas relaciones, durante décadas, con estos y otros nazis afincados en España como el célebre coronel de las Waffen-SS Otto Skorzeny. 

El verdadero Carrero habla a través de Juan de la Cosa

Teniendo que guardar las formas ante las victoriosas democracias occidentales, Carrero recurrió a numerosos pseudónimos para trasladar sus opiniones más radicales en el diario Arriba o en Radio Nacional de España: Hispanus, Ginés de Buitrago, Juan Español y, el más célebre de todos, Juan de la Cosa. Bajo esas falsas identidades arremetió contra las naciones democráticas, los judíos e incluso cuestionó las condenas impuestas en Núremberg a los líderes nazis, tachándolas de “crimen” y de “venganza”. 

La monarquía totalitaria

En 1947 la Guerra Fría ya era una realidad y había terminado dando la razón al perspicaz marino. Estados Unidos y Gran Bretaña ya veían al dictador como un posible aliado frente al enemigo soviético y relegaron a un aspecto secundario la situación de opresión y represión que sufrían los españoles. Ese mismo año Carrero convenció a Franco para aprobar la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado que debía garantizar la continuidad del régimen más allá de la muerte de su creador. El futuro pasaba por una monarquía que perpetuara todos y cada uno de los principios del “Movimiento”.

Más franquista que Franco

Su peso político y su responsabilidad en los crímenes perpetrados por el régimen no pararon de crecer. El dictador le nombró vicepresidente del Gobierno en 1967. Desde ese momento y hasta el día de su muerte, pasando por su breve etapa como presidente, mantuvo su determinación de mantener inalterable el régimen dictatorial.

Así lo resumió en una intervención pública en 1968: “Que nadie, ni desde fuera ni desde dentro, abrigue la más mínima esperanza de poder alterar en ningún aspecto el sistema institucional porque, aunque el pueblo no lo toleraría nunca, quedan en último extremo las fuerzas armadas”. La teoría la llevó a la práctica con la durísima represión ejercida sobre los movimientos estudiantiles, obreros y nacionalistas que no paraban de crecer desde finales de los años 60. Una represión que se tradujo en decenas de muertes y en torturas y penas de prisión para centenares de hombres y mujeres. 

Durante muchos meses de 1973, varios militantes de ETA pulularon por Madrid sin que nadie les diera el alto. Hasta una treintena de ellos se juntó en Getafe para celebrar una reunión del comité ejecutivo. Pocos los sabían, pero por aquel entonces se fraguaba una operación que acabaría con el almirante Luis Carrero Blanco, llamado a suceder a Francisco Franco a la muerte del dictador. “Era impensable, inimaginable, por todo lo que suponía”, sostiene Antonio Rivera, que este miércoles ha presentado en Vitoria su libro '20 de diciembre de 1973. Asesinato de Carrero Blanco', en el que repasa cómo se fraguó una operación que abocó al franquismo a un final sin sucesor y que granjeó a ETA una legitimidad social “extraordinaria”.

Rivera hace una distinción importante entre las dos fases que atravesó lo que se dio en conocer como Operación Ogro. En un primer momento, ETA se propuso secuestrar al almirante para demandar la puesta en libertad de los presos políticos y, además, exigir que Televisión Española, el medio de comunicación oficial, emitiese un comunicado en el que se explicase la acción. Con el ascenso de Carrero Blanco a presidente del Gobierno, el proyecto quedó en un impás. “Finalmente se resuelve en términos de proceder a un asesinato. Esta era una idea que ya había estado en la mente de la gente de ETA anteriormente”, señala Rivera. “Más allá del asesinato de un presidente del Gobierno, que no es poca cosa, lo que ETA quería de alguna forma era tirar una piedra en el estanque, alterar la situación de estabilidad incierta que había en el momento final del franquismo y generar una conmoción que alterara el estado de las cosas”, añade.

Las consecuencias que tendría el asesinato eran tan inciertas para ETA como para cualquier observador externo, pero Rivera sostiene que desempeñó un papel fundamental en el final del régimen. “Lo que consigue, sobre todo, es desatar la confrontación interna entre las diferentes familias dentro del régimen. Carrero servía de fiel de la balanza, de las presiones encontradas de los grupos de interés”, explica. Ya sin él, no les resultó posible hilvanar un nuevo proyecto y se encaminaron hacia lo que Rivera denomina como “los minutos de la basura”: los dos gobiernos de Arias, el último de la dictadura y el primero de la democracia, que se caracterizan, desde el punto de vista del historiador, por la incapacidad del régimen. “El atentado de Carrero acaba con el franquismo, pone el punto final del franquismo, pero no es el punto de partida de la transición hacia la democracia”, apostilla.

El éxito de la operación también tuvo un gran impacto en el devenir de la banda, que se debatía entre el sector militar y el político-militar, con la violencia en medio del debate. “Había unos sectores que entendían que la violencia podía ser un instrumento para la acción política y había otros sectores que, partiendo de lo mismo, acaban considerando finalmente que el activismo violento es el alfa y el omega, la columna vertebral que articula esa cultura política que está creando ETA”, explica. En una época en la que esta concepción se enfrentaba a la de dos fuerzas contrarias a la violencia —el Partido Comunista y el Partido Nacionalista Vasco—, este atentado sirvió a la banda para mostrarles que la acción violenta sí podía cambiar las cosas. “En adelante, la violencia va a ser el santo y seña, la referencia fundamental de ese mundo hasta su desaparición en 2011”, añade Rivera. “El atentado no resuelve el final de la dictadura y lo que la va a sustituir, pero sí resuelve su propio acertijo interno, y lo resuelve dándose vida a través de la violencia”, cree.

Ese lustro 'dorado' —antes del atentado de Carrero la respuesta ante el Proceso de Burgos había sido multitudinaria y después vendría también la contestación ante las últimas ejecuciones de la dictadura— le sirvió a ETA para apropiarse del patrimonio del antifranquismo y para imbuirse de legitimidad social, según apunta Rivera. “Esta legitimidad social, extraordinaria, la va a ir administrando a lo largo de los años, conforme la va perdiendo con atentados y con acciones cada vez más incomprensibles para el conjunto social y progresivamente hasta para su propia parroquia”, abunda.

La sombra de la sospecha se cernió desde el primer momento sobre el atentado, y desde varios sectores se agitó la posibilidad de que Estados Unidos e incluso el KGB hubieran podido estar implicados en su organización. Rivera, sin embargo, espanta esos fantasmas, que carecen de sentido, en su opinión. “Salió todo tan bien habiéndolo organizado tan mal que resulta hasta increíble. Cuando los seres humanos no sabemos o no podemos esclarecer la verdad, una buena mentira resulta un recurso magnífico”, concede, pero insiste en que no existe ningún argumento sólido para sostener tal postura. “Hay una certeza muy clara, y es que tanto los servicios de inteligencia como los diversos cuerpos de policía españoles fueron incapaces de advertir el peligro emergente que tenían unos jóvenes, una organización que, aunque ya tenía unos años, iba a saltar de un activismo doméstico a un activismo a nivel nacional y que lo hicieran nada menos que con un presidente del Gobierno”, zanja.

Los chistes sobre Carrero Blanco en Twitter son eso, chistes. El Tribunal Supremo ha anulado la condena de la Audiencia Nacional a Cassandra Vera al considerar que solo hizo humor negro en Twitter y no se dedicó a humillar a una víctima que falleció 22 años antes de que ella naciese. La joven murciana comenta, en conversación con eldiario.es poco después de conocer el fallo, que no se lo esperaba.

La sentencia es clara: Cassandra solo tuiteó comentarios que se han repetido durante años, desde que se perpetró el atentado, y “en casi todos ellos la clave de humor recaía en el hecho de que el vehículo surcara el espacio y acabara cayendo dentro de un edificio”. Se incidía en la “forma singular” del atentado y no en la víctima. Esa interpretación de los 12 tuits de esta joven murciana la han librado de una condena de un año de cárcel y siete de inhabilitación que le impedía opositar a profesora, para lo que se estaba preparando.

“La verdad es que no esperaba la absolución después de la condena a Valtonyc y otras sentencias sobre libertad de expresión, no me esperaba ser absuelta, la verdad. Me ha sorprendido, estoy muy contenta no tengo adjetivos para describir lo contenta que estoy ahora”, comenta. La sentencia, dice, ha supuesto “un varapalo” a la Audiencia Nacional porque viene a aceptar sus argumentos durante el juicio: “Son chistes, que pueden ser de peor o mejor gusto, pero que simplemente son eso”.

“El Supremo ha visto que Cassandra es mi nombre”

Han sido dos años de proceso judicial en el que, además de las acusaciones penales, Cassandra ha visto como la Fiscalía utilizaba su condición de transexual para buscar la condena por parte del Supremo. En el recurso, consideraron que su nombre, Cassandra, no era más que un pseudónimo tras el que se escondía para lanzar los mensajes contra Carrero Blanco.

“Me sentó bastante mal. Otro patético argumento que no le ha servido de nada al fiscal, el Supremo ha visto que Cassandra es mi nombre, con el que me identifico en cualquier acción de la vida, el fiscal buscaba faltarme al respeto e intentar sacar un argumento donde no lo había”, asegura.

Además, durante este tiempo ha sufrido acoso a través de las redes sociales desde que se convirtió en un personaje público. A las campañas de trolls en redes sociales se sumó el PP de Madrid y su presidenta, Cristina Cifuentes, que durante los días posteriores al juicio rescataron sus tuits antiguos e incluso cuestionaron su deseo de ser profesora.

Cassandra lamenta esta actitud pero cree que “demuestra de qué pasta está hecho el PP”. “Se lanzaron a rescatar supuestos tuits míos, que ni siquiera sabían si eran verdad o no, y simplemente a lanzar esos comentarios contra mí”, añade.

“Mi sueño de la docencia vuelve a estar en pie”

Durante el periodo que ha transcurrido entre la condena y la absolución Cassandra también ha tenido más cuidado en las redes sociales. Como comentan otros tuiteros investigados por la Operación Araña de la Guardia Civil, el proceso ha llevado a la autocensura: “En estos dos años he tenido mucho más cuidado a la hora de expresar mis opiniones, aunque sean totalmente legítimas, porque podría acabar con otra condena”.

En este sentido, considera que, a pesar de que el Supremo haya confirmado que no ha cometido un delito de humillación a las víctimas, en los últimos tiempos se está dando una recorte al derecho de libertad de expresión en España, y pone como ejemplo el secuestro del libro Fariña o la censura en Arco. “Se está viendo que en España la libertad de expresión esta siendo muy atacada”, concluye.

Ahora el proceso judicial ha acabado. La condena de la Audiencia Nacional le supuso la pérdida de una beca de estudios que ahora podrá retomar: “Ahora que no tengo la condena encima puedo volver a opositar, y retomo mis estudios con mucho énfasis y mucha ilusión, porque ahora mi sueño de la docencia vuelve a estar en pie”.

El proceso le ha supuesto un coste económico por los traslados a Madrid, aunque se ha ahorrado el pago de su defensa, que han llevado de forma gratuita. El portavoz de BGD abogados, Cristóbal Gázquez, para quien el fallo del Supremo origina una nueva doctrina que sostiene que no hay enaltecimiento o humillación a las víctimas “sin un odio concreto, sin un daño real”.

“Cassandra es una estudiante de 22 años que ha escuchado las bromas sobre Carrero Blanco toda la vida, que no son de una gravedad extrema. Además, hemos conseguido que el Supremo hable de humor negro”, comenta, e incide en que eso crea una doctrina que, en su opinión, debería llevar el nombre de su bufete de abogados.

El Tribunal Supremo ha revocado por unanimidad la condena a Cassandra Vera por sus chistes sobre Carrero Blanco en Twitter y la ha absuelto. Frente al argumento de la Audiencia Nacional de que los tuits suponían un “desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta” a las víctimas del terrorismo, el Supremo señala que los comentarios de la joven en Twitter no van más allá de unos chistes fáciles y de mal gusto sobre un atentado ocurrido hace 44 años y que, por tanto, no merecen una condena penal.

Estos son los 13 tuits que le valieron a Cassandra una condena de cárcel ahora revocada:

El Tribunal Supremo ha revocado la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a la tuitera Cassandra Vera a un año de cárcel por hacer chistes de Carrero Blanco. El alto tribunal la absuelve después de que la Audiencia Nacional considerase que sus comentarios en Twitter suponían “una actitud irrespetuosa y humillante”.

“Venía de comprar y cuando he visto el móvil encima del sofá lleno de notificaciones he pensado que algo raro pasaba”, nos ha comentado Cassandra, que se enteró de la revocación de la condena tras coger una llamada de un medio a primera hora de la mañana.

La sentencia entiende que sus 12 tuits fueron  chistes fáciles y de mal gusto sobre un atentado ocurrido hace ya 44 años, sin ningún comentario ultrajante hacia la víctima, son reprochables “social e incluso moralmente en cuanto mofa de una grave tragedia humana”, pero no resulta proporcionada una sanción penal.

“He recibido la noticia con muchísima alegría. Me he quitado dos años de peso y calvario judicial”, ha confesado la absuelta, que aún no ha recibido notificación de ningún tipo por parte de la administración.

La Audiencia Nacional condenó a un año de cárcel y siete de inhabilitación a Cassandra por delito de humillación a las víctimas del terrorismo. El tribunal consideró que sus comentarios suponían “desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta” a personas que han sufrido “el zarpazo del terrorismo”,  y demostraban una actitud irrespetuosa y humillante.

Vera se ha sentido aliviada al conocer su situación sobre todo después de la sentencia del Tribunal Supremo a tres años de cárcel al rapero Valtonyc, con la que creía que sentarían jurisprudencia y ya no habría nada que hacer. “No sé si una forma de rebajar la tensión respecto a Valtonyc o simplemente el Tribunal ha visto lo absurdo de las acusaciones que se me hacían”, ha indicado.

De una u otra forma, Cassandra tiene que claro que “hay que luchar por la absolución de todos los encausados en este tipo de delitos, tanto Valtonyc como Strawberry, como quien sea. Hay que acabar con esta lacra”. Ahora solo le queda esperar la sentencia por escrito y confirmarla.

El Tribunal Supremo ha revocado por unanimidad la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a la tuitera Cassandra Vera a un año de cárcel por hacer chistes de Carrero Blanco. El alto tribunal la absuelve después de que la Audiencia Nacional considerase que sus comentarios en Twitter suponían “una actitud irrespetuosa y humillante”.

La sentencia entiende que sus 12 tuits fueron chistes fáciles y de mal gusto sobre un atentado ocurrido hace ya 44 años, sin ningún comentario ultrajante hacia la víctima, son reprochables “social e incluso moralmente en cuanto mofa de una grave tragedia humana”, pero no resulta proporcionada una sanción penal.

La Audiencia Nacional condenó a un año de cárcel y siete de inhabilitación a Cassandra por delito de humillación a las víctimas del terrorismo. El tribunal consideró que sus comentarios suponían “desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta” a personas que han sufrido “el zarpazo del terrorismo”,  y demostraban una actitud irrespetuosa y humillante.

Chistes sobre la “forma singular” del atentado

Sin embargo, el Supremo argumenta que Cassandra solo repitió en su perfil de Twitter “chistes ya conocidos en los que se juega en clave de humor con la forma singular, mediante la voladura del vehículo de Carrero, en la que se perpetró el atentado”. Entre los comentarios que motivaron ese proceso judicial estaban “Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella” o “¿Carrero Blanco también regresó al futuro con su coche?”.

En total 12 tuits, todos comentarios irónicos y chistes. Se han inventado innumerables chistes desde que se perpetró el atentado, recuerdan los jueces, y “en casi todos ellos la clave de humor recaía en el hecho de que el vehículo surcara el espacio y acabara cayendo dentro de un edificio”.

Los tuits, sostiene el Supremo, “no contienen ningún comentario ácido contra la víctima del atentado ni expresan frases o comentarios hirientes, lacerantes o ultrajantes contra su persona o cualquier aspecto concreto de su vida pública o privada”. Explica que era objeto de mofa o sarcasmo el dato “muy trillado y agotado” de que el coche alcanzó una gran altura.

Los jueces también inciden en que el tiempo transcurrido tras el atentado es ·más que suficiente para considerarlo como un suceso histórico cuyo comentario en clave de humor no puede tener la misma trascendencia que un acontecimiento reciente“. ”Máxime si se pondera que los hechos ya han sido objeto de toda clase de comentarios burlones sin que se activara la mayor parte de las veces una respuesta judicial penal“, añaden.

“Un personaje de la historia”

Además, aseguran que hay que tener en cuenta que cuando Cassandra nació, en 1995, Carrero Blanco llevaba ya 22 años muerto. “Era un personaje de la historia que le quedaba muy lejos en el tiempo” y además la joven no dio muestras con su conducta “de que estaba pretendiendo incitar a la violencia abusando de un ejercicio ilícito de la libertad de expresión, ni provocaba al odio hacia grupos determinados”.

Durante el juicio en la Audiencia Nacional, Cassandra defendió que todos sus comentarios sobre Carrero Blanco eran en clave de humor, simples chistes que no tenían otra intención. “Eran expresiones que se llevan haciendo a lo largo y ancho de toda España durante muchísimo tiempo”, explicó. Aunque la Fiscalía pedía inicialmente una condena de más de dos años, rebajó esa petición a uno durante el juicio.

Esta joven murciana de 21 años insistió en los chistes que tuiteó se hacen habitualmente: “En multitud de sitios de internet, en el día a día, o por figuras de autoridad como mi profesor de Historia”. En la sentencia, la Audiencia Nacional señaló que esa línea de defensa no resultaba creíble: “Sus frases, adicionadas la mayoría de las veces con elocuentes imágenes, refuerzan aún más su carácter de descrédito, burla y mofa a una víctima del terrorismo”.

Cassandra recurrió al Supremo al considerar que el fallo suponía “una infracción al derecho de la libertad de expresión”. La Fiscalía presentó un escrito defendiendo que el Supremo debía confirmar la pena de un año, entre otras cosas, porque la tuitera sabía que cometía un delito porque “se escondía bajo el pseudónimo de Cassandra”. 

En su perfil de Twitter, la joven ha expresado su alegría: “Muy contenta a nivel personal por el fin de un calvario judicial por el que nadie debería pasar.

Pero muy preocupada por otras condenas como la de Valtonyc y otros raperos y tuiteros“, ha dicho.

—Y a este ¿dónde lo metemos? —pregunta el funcionario.

—Ponlo con el viejo — contesta su jefe, guardando en una bolsa mi cinturón y los cordones de mis zapatos. Poco después el primer funcionario cierra una reja a mi espalda, dejándome en una celda en compañía de un anciano trajeado, de aspecto respetable.

—Buenos días —digo, aprovechando cobardemente que es por la mañana, sin estar muy seguro de cuál es la etiqueta aplicable a la situación. El anciano devuelve el saludo. A partir de ahí nos vamos apañando para que la conversación avance, aunque a trompicones. El hombre está muy dispuesto a charlar: le gusta la música, conoció al maestro Guerrero, al que admiraba mucho…

La fluidez acostumbra mejorar cuando se establece cierta intimidad entre recién conocidos. Y para lograrlo no hay nada mejor que las preguntas directas:

—Oiga, y usted ¿por qué está aquí?

Con expresión contrita:

—Yo, es que le pegué dos tiros a la hermana de Carrero.

¡La virgen! ¡Me han encerrado con un paisano que le ha disparado a la hermana del presidente del Gobierno! Y no un presidente de Gobierno cualquiera, no, ¡el almirante Carrero Blanco, nada menos! Menos mal que está desarmado y tampoco lleva corbata, cinturón ni cordones en los zapatos.

Obviamente, ahora está autorizado a devolverme la pregunta. Le cuento que me han detenido porque encontraron unos papeles en mi casa.

—Y ¿de qué ideología eran esos papeles?

—Pues… un poco comunistas —respondo: asesino o no, el anciano tiene toda la pinta de una persona de orden, a quien probablemente los comunistas no le caigan bien. Igual suavizándolo un poco…

—Lo persiguen mucho ahora, eso de las ideologías. Ah, los comunistas… los rusos. A mí me caen muy bien los rusos. Fíjese si me caen bien que si no fuera porque no creen en Dios, yo… ¡me hacía ruso! ¡Vamos, hombre! ¡Mira que no creer en Dios! ¡Habiéndole visto yo, como le he visto!

—¿Usted ha visto a Dios? —le pregunto, con una admiración fingida solo a medias: quién sabe el tiempo que me queda de compartir residencia con este señor, vamos a aprovecharlo y quizá me entere de cosas desconocidas.

Me enteré, ya lo creo. Había visto a Dios dos veces, que me describió detalladamente. Tuvo tiempo de hablar de eso,  de Manuel de Falla, de cómo hacía caldo con pastillas compradas en el supermercado y filtraba el producto: a veces había trozos de hueso…

Un par de veces la conversación se interrumpió porque traían algún compañero. Para entonces, yo ya estaba cómodo y hacía las presentaciones, muy formal:

—Mira, Maté, este señor le ha pegado dos tiros a la hermana de Carrero Blanco.

Maté pegaba un bote, y el señor volvía a poner su cara de contrición.

—En la cárcel se convierte mucha gente —reflexionaba, imaginando su futuro inmediato—. Quién sabe, igual Dios ha querido que hiciera esto para que convierta presos a la religión verdadera.

En fin, tuvo tiempo hasta de contarnos cómo le había disparado a la hermana de Carrero Blanco. Vivían en pisos enfrentados de la misma planta, en la Avenida Reina Victoria, una zona cara de Madrid. Según él, su vecina era del Opus, y maquinaba con el resto de la Obra echarlo de su piso para quedárselo. De día y de noche había agentes del Opus rondando su casa. Él, que era cazador aficionado, tenía una escopeta. En previsión de que un día tuviera que defenderse de doña Dolores Carrero y sus secuaces, había cargado algunos cartuchos con sal, de modo que no causaran mayor daño.

Una mañana oyó salir a su vecina al rellano, diciéndole a su hija algo sobre «ese viejo de mierda», lo que obviamente se refería a él. Perdió los estribos, fue corriendo al armario de la escopeta, ahí estaban en primera línea los cartuchos cargados con sal, pero los tiró de un manotazo y cargó los de perdigones, salió al rellano donde la vecina estaba a punto de entrar al ascensor, se echó la escopeta a la cara y ¡pum! ¡pum! descargó los dos cañones contra ella…

Volvió a entrar en casa hasta que lo sacó un policía que se conoce pasaba por allí y le avisaron los vecinos. Lo obligó a caminar delante de él a punta de pistola hasta la comisaría («Porque no sabía quién era yo; en cuanto se lo dijeron se acercó a disculparse»).

Vinieron a la celda a buscarlo. Se despidió de nosotros dándonos la mano uno por uno (por entonces ya éramos cuatro allí dentro), recogió un filete que había guardado de la comida sobre la estantería metálica, lo enrolló, se lo metió en el bolsillo de la americana y se lo llevaron, nadie dijo adónde.

No supe más de él, salvo por la prensa días más tarde, que relataba el suceso con su nombre completo: Pedro Campos Cea. La hermana de Carrero fue por su propio pie al hospital, dice la nota del ABC del 22 de junio de 1973, donde le extrajeron decenas de perdigones que habían penetrado superficialmente: debió agradecer muchas veces que su vecino no practicara la caza mayor.

Poco más de un año después, el juzgado de primera instancia número 2 de Madrid dicta sentencia sobre una demanda de doña Dolores Carrero Blanco, mayor de edad, sin profesión especial, contra «todos los demandados incomparecidos en autos y declarados en rebeldía», a los que obliga a pagarle a la demandante 300.000 pesetas. Los demandados son «los ignorados herederos de don Pedro Campos Cea».

Y no queda, que yo sepa, otro recuerdo de su paso por este mundo.

Cassandra, la joven transexual condenada a un año de prisión por publicar chistes sobre Carrero Blanco en Twitter, ha sido acusada por la Fiscalía de utilizar un seudónimo para ocultar su identidad.

La Fiscalía habría rechazado el recurso de los abogados de Cassandra, en el cual se alega que esta habría escrito los tuits sin saber que podría estar cometiendo un delito.

“Existen datos para sostener que el sujeto sabía que estaba realizando hechos patentemente ilícitos. Entre otros, ¿por qué si era tan legal lo que hacía se escondía bajo el seudónimo de Cassandra?” dice el escrito de impugnación de la Fiscalía, según la Cadena Ser.

Sin embargo, Cassandra, es el nombre que la joven murciana utiliza para identificarse, y cuya formalización se está tramitando desde que comenzó el proceso para cambiar su género.

“Me he sentido humillada por la Fiscalía, pero me lo esperaba” ha manifestado Cassandra al diario Público sobre los hechos, “era difícil superarse y lo han conseguido. Se han lucido. Muestra lo bajo y lo ridículo que ha caído el fiscal de mi caso”.

Además, Cassandra ha acusado a las instituciones de “transfobas y rancias” a través de su cuenta de twitter. Y ha lamentado que la fiscalía “no se dedique a investigar quién está detrás del pseudónimo M.Rajoy.

Un año más la localidad cántabra de Santoña ha acogido un acto fascista de homenaje y reconocimiento al que fuera presidente del Gobierno en los últimos años de la dictadura y militar franquista, Luis Carrero Blanco, con motivo del 44 aniversario de su muerte en el atentado de la banda terrorista ETA el 20 de diciembre de 1973.

Cerca de una veintena de personas, convocadas por el Movimiento Falangista y ataviadas con banderas preconstitucionales, se concentraron este domingo frente al monumento en recuerdo a Carrero Blanco ubicado en el paseo marítimo de la villa y realizaron un ofrenda floral que acompañaron con 24 salves.

Este homenaje viene realizándose año tras año en Satoña -localidad natal del almirante franquista- pese a que incumple la Ley de Memoria Histórica, tal y como ha denunciado el alcalde, Sergio Abascal (PSOE). En ediciones anteriores, el regidor ya intentó impedir sin éxito que se celebrara un acto de este tipo en el municipio, solicitando a la Delegación del Gobierno que lo prohibiera, pero el departamento dirigido por Samuel Ruiz (PP) no lo estimó y ha podido celebrarse siempre con normalidad. 

Además de una misa y una ofrenda floral, es habitual que la conmemoración de esta fecha por parte del Movimiento Falangista incluya un desfile por las calles del municipio en el que lucen banderas preconstitucionales y entonan cánticos de enaltecimiento a la Dictadura. 

En esta ocasión el acto estuvo presentado por el responsable del Movimiento Falangista de Santoña, Valeriano Pérez, y contó con la intervención de Salvador Sarabia, de Alternativa Española. El mismo concluyó con el lanzamiento de una corona de laurel al mar acompañado por los acordes de la Salve Marinera y el himno nacional. 

Un monumento polémico

El monumento a Luis Carrero Blanco, que está situado en un lugar destacado de Santoña, ha sido cuestionado reiteradamente por diversos colectivos sociales, que han reclamado su retirada al considerar que no se puede mantener en democracia un homenaje a la persona que estuvo al mando del destructor 'Huesca' o fue jefe de Estado Mayor de la división de cruceros durante la Guerra Civil. 

Fruto de estas habituales protestas, el monolito en honor a Carrero Blanco apareció el pasado mes de abril con la inscripción “Más cultura. Monumento a la ignorancia. Fascismo” pintado sobre las piedras que sostienen el monumento.

La defensa de Cassandra Vera ha presentado este viernes recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que recoge la condena de un año de prisión por 13 tuits contra el almirante Luis Carrero Blanco constitutivos de delito de humillación a las víctimas.

Según fuentes jurídicas, el tribunal de la Audiencia Nacional no precisó qué agravamiento se le hizo a la víctima con la difusión de esos tuits y, por tanto, no queda probado que la intención de la joven murciana fuera la de humillar a la víctima de ETA.

El escrito presentado ante el alto tribunal concreta que esta sentencia, “por el mero hecho de existir, consiste en una infracción al derecho de la libertad de expresión” en tanto si el Supremo establece que la resolución es firme, cualquier sujeto que realice comentarios similares sobre Carrero Blanco podría exponerse a recibir la misma pena.

El pasado 29 de marzo, el tribunal compuesto por los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel impuso, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la pena de un año de cárcel al entender que estas publicaciones suponían una “deshonra” y “burla” a las víctimas y le recordó que la lacra del terrorismo persiste.

La tuitera murciana, por su parte, defendió en la vista oral que la intención de estas publicaciones era “simplemente hacer humor” enmarcadas en el debate existente en marzo de 2015 por la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Condena mediática

No obstante la Sala determinó que sus explicaciones “para nada” fueron “convincentes” y que algunos de los mensajes publicados iban acompañados de “elocuentes imágenes”, que reforzaban “aún más su carácter de descrédito burla y mofa” a una víctima del terrorismo “por más que el atentado contra el expresidente del Gobierno del régimen franquista tuviera lugar en 1973”.

Los 13 tuits se publicaron en la red social 2013 y 2016 y entre ellos se encuentran algunos como “Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella”, “Spiderman vs Carrero Blanco” o “ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial”.“Película: 'A tres metros sobre el cielo'. Producción: ETA films. Director: Argala. Protagonista: Carrero Blanco. Género: Carrera espacial” es otro de los mensajes que publicó.

La condena de la tuitera abrió un debate social sobre una hipotética reforma del Código Penal, propuesta que lanzó la formación de Podemos que pidió suprimir del mismo el delito de enaltecimiento del terrorismo. Otros grupos parlamentarios, como el socialista, mostró su disposición a modificar la tipología del delito recogido en el artículo 578 del Código Penal.

En uno de los lugares más destacados del municipio cántabro de Santoña, la localidad natal del militar franquista Luis Carrero Blanco, permanece erigido un enorme monolito de homenaje a la figura del que fuera presidente del Gobierno en los últimos años de la dictadura, que fue asesinado por la banda terrorista ETA el 20 de diciembre de 1973.

El monumento, ubicado en la zona de El Pasaje, congrega todos los años una concentración promovida por el Movimiento Falangista de Santoña, que desde la Corporación municipal han intentado impedir sin éxito en base a la Ley de Memoria Histórica al entender que supone un “acto de exaltación” de grupos de ultraderecha, aún con presencia en el municipio.

Este lugar suscita una gran controversia y, mientras que estos colectivos de ideología fascista lo reclaman como un lugar de homenaje y memoria al almirante y capitán general de la Armada, distintos movimientos sociales han reclamado insistentemente su retirada al considerar que no se puede mantener en democracia un homenaje a la persona que estuvo al mando del destructor 'Huesca' o fue jefe de Estado Mayor de la división de cruceros durante la Guerra Civil.

Fruto de estas habituales protestas en Santoña, el monolito en honor a Carrero Blanco ha aparecido esta semana con la inscripción “Más cultura. Monumento a la ignorancia. Fascismo” pintado sobre las piedras que sostienen el monumento.

Polémico aniversario

El alcalde de Santoña, Sergio Abascal (PSOE), intentó impedir sin éxito el pasado año que se celebrara un homenaje a Carrero Blanco, que suele incluir una marcha por las calles más transitadas con la exhibición pública de forma constante y permanente de banderas y símbolos franquistas, así como de cánticos que lo enaltecen.

El regidor socialista trasladó incluso un escrito a la Delegación del Gobierno en Cantabria para que se prohibiera el acto convocado por el Movimiento Falangista de Santoña al considerar que se vulneraba el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica con una concentración de este tipo, pero el departamento dirigido por Samuel Ruiz (PP) no lo estimó y pudo celebrarse con normalidad, igual que ocurrió este pasado 16 de diciembre.

Actualidad judicial

Carrero Blanco ha vuelto a ser foco de la polémica como consecuencia de la ofensiva judicial contra Cassandra Vera. La Audiencia Nacional condenó a la tuitera a un año de cárcel por hacer chistes en la red social sobre el militar franquista.

Los tres magistrados que firman la sentencia apreciaron esos comentarios como humillantes para las víctimas del terrorismo, mientras otros jueces del mismo tribunal consideraron que este tipo de manifestaciones están amparadas por la libertad de expresión.

El fallo señaló que chistes como “ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial” suponen “desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta” a las víctimas del terrorismo. El resultado es una condena a un año de cárcel, que previsiblemente no cumplirá. La Fiscalía solicitaba inicialmente dos años de prisión.

Es bien sabido que, cuando Hannah Arendt llegó a Jerusalén en 1961 y asistió como reportera voluntaria para The New Yorker a las sesiones del juicio contra Adolf Eichmann, no se encontró al monstruo de maldad y perversión que esperaba: tan solo a un funcionario probo, un burócrata, muy poco hábil para la mayor parte de las cosas y muy dotado para unas pocas. Entre estas últimas se hallaba su meticulosidad para coordinar los transportes de cientos de miles de personas a los campos de exterminio del Tercer Reich. La capacidad de mandar matar de Eichmann tenía, de alguna manera, un algo de lógica administrativa y aburrida normalidad que sirvió para inspirar el concepto de la “banalidad del mal” de Arendt. Lo inquietante de la figura de Eichmann residía, según esta visión, en la aparente normalidad del verdugo, en el potencial genocida que anida en nuestras sociedades entre sus gentes corrientes.

No podemos evitar asociar a esto el carácter gris de quien fue mano derecha de Franco durante treinta y cinco años, con un deje de asombro de resonancias arendtianas ante la “banalidad de su mal”. Sin embargo, nada de estas honduras ontológicas hay en la visita que Luis Carrero Blanco ha hecho recientemente a la Audiencia Nacional. Visita que no ha venido de la mano, tampoco, de la toma en consideración de la responsabilidad (máxima) ejercida por Carrero personalmente en la violación sistemática y masiva de los derechos humanos en España, además de su responsabilidad (la más alta) en la humillación continuada a las víctimas de esa violación, o de la contumacia que acompañó al antedicho sujeto en la defensa del régimen que propició todos esos hechos.

No, la visita de Carrero a la Audiencia Nacional ha venido de la mano de su condición de víctima, para ser más exactos, de víctima del terrorismo. No nos equivoquemos entonces, el debate sustancial que hay detrás de la sentencia que ha condenado a una persona por mofarse de la muerte de Carrero no concierne solo a la libertad de expresión ni mucho menos al decoro. El debate tiene que ver con la condición de víctima de Carrero, y no es la primera vez que se produce.

En 2001 se concedió la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo al inspector de la policía política Melitón Manzanas. Hubo de aprobarse una reforma (2003) de la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo (1999) para evitar que algo así pudiese volver a pasar, pero era evidente que el problema seguiría estando presente. La ley de 1999 introducía un preámbulo en el que se exaltaba la fundamentación de la democracia española sobre la base de una Transición que habría afirmado “un proyecto de convivencia decidido a superar los viejos conflictos de nuestra historia”.

Y eso nos devuelve exactamente al problema de fondo de la consideración de Carrero como víctima, que no es otro que el reconocimiento hecho por la Transición de la equiparación entre víctimas y verdugos. La Ley de Amnistía de 1977 no es excepcional por ser una medida de gracia en un proceso transicional, sino precisamente porque en su contenido se erige como una amnistía de los verdugos a las víctimas, que a su vez consintieron en amnistiar a unos verdugos que nunca habían sido juzgados y nunca lo serían.

Nuestro sistema político e institucional descansa sobre medidas como la Ley de Amnistía que consagraron la idea de “reconciliación nacional”. El significado exacto de esta medida es que Carrero Blanco no sería ya más un sujeto potencialmente expuesto a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad al que solo la muerte le habría salvado de una segura condena. No. Carrero Blanco yacía junto a sus víctimas en un mismo lugar de la memoria y del olvido.

Lo que conocemos de la sentencia que ha condenado a Cassandra Vera en 2017 viene a recordarnos, además, que las víctimas y los verdugos del franquismo siguen siendo legalmente lo mismo. Y eso ya no se debe solo a 1977, sino a lo que estamos haciendo en este tiempo presente. Así que la conclusión de este Carrero Blanco en la Audiencia Nacional puede hacer suyas las palabras de Arendt cuando decía que Eichmann, en su larga carrera de maldad, nos ha enseñado la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes.

Lo cierto es que este caso viene a evidenciar que la idea de reconciliación que articuló la Transición se convirtió en su principal motor ideológico y definió hasta hoy la relación de la sociedad con el pasado, ha ido modificándose imperceptiblemente hasta desfigurarse, como es perfectamente normal después de 40 años. De modo que de la igualación entre víctimas y verdugos que determinó la Ley de Amnistía, y que M. Fraga le recordó en los años noventa a X.M. Beiras en un debate parlamentario con la frase: aquella ley nos amnistió a todos, a usted y a mí, se ha pasado a una asimetría en la que algunos tienen más derechos que otros por haber sido declarados ellos mismos víctimas a posteriori. Así la familia de Puig Antich o la de Moncho Reboiras no pueden ver revisados sus casos de 1974 y 1975, que en su diferencia encierran las grandes verdades del régimen de principio a fin, pero la Audiencia Nacional atiende de oficio a Carrero Blanco.

Lo que ha ocurrido de hecho es que la idea de la reconciliación se ha ido reinterpretando a la luz del presente y sus disputas y necesidades políticas. Y se han ido introduciendo correcciones, matices, enmiendas... De hecho, aquel principio se ha escorado tanto que ha pasado en cuarenta años de ser una propuesta política del PCE, asumida por toda la oposición y finalmente por el franquismo que hizo la Transición desde el poder, a convertirse en un mantra ideológico de los sectores más centrales de la derecha española. Lo extraño sería que todo permaneciese igual después de cinco presidentes de gobierno posteriores a Adolfo Suárez, como algunos pretenden hacernos creer. Como si siguiésemos en el acto fundacional, en la presentación del libro de Carrillo por Fraga en el club que anunciaba este siglo. Una banalidad con consecuencias jurídicas. Pero lo cierto es que Carrero es historia, anterior al triunfo de la idea de reconciliación.

El chiste bomba. El chiste definitivo, el combo que te garantiza cárcel, multa y linchamiento mediático. Un chiste donde mezcles monarquía, Iglesia católica y ETA, con un par de toques de franquismo disfrazados de humillación a las víctimas (Carrero) y ofensa a los creyentes (el Valle de los Caídos). Lo salteas con gracia y consigues un chiste que reúne en una sola frase lo más top del Código Penal: el artículo 510 (odio), el 525 (ofensa a sentimientos religiosos), el 578 (enaltecimiento del terrorismo) y el 491 (injurias a la corona). “Esto van Carrero, el rey, la Virgen y un etarra por el Valle de los Caídos, cuando de pronto…”. A ver quién se atreve a terminar el chiste.

Se acumulan las denuncias o condenas por bromear con esos mismos ingredientes: Cassandra y Carrero, El Intermedio con el Valle de los Caídos, el cartel del carnaval gallego, el “santísimo coño insumiso”, el rapero y sus rimas sobre el rey, y hasta la bandera republicana denunciada en Cádiz… Si ampliamos a los últimos años, la hemeroteca está llena de actuaciones judiciales y/o linchamientos mediáticos por bromear con los cuatro pilares de la derecha hispánica: monarquía, iglesia, franquismo y ETA.

Casi siempre bromas, porque hemos asumido que el humor es la única coartada para decir ciertas cosas. “Sólo era una broma”, repetimos. ¿Y si hubiera sido en serio? ¿Sólo en broma puedo decir que el Valle de los Caídos, cruz incluida, me parece “una mierda”?

Hay quien piensa que no deberíamos gastar tinta y saliva, que son casos aislados, anecdóticos; que detrás solo hay cuatro zumbados ultras; y siempre quedan en nada. Pero no es cierto. A menudo la denuncia viene de la Guardia Civil (apatrullando las redes), la Fiscalía o el propio Gobierno. Y las consecuencias: multas, cárcel, linchamiento, y cada vez más miedo y autocensura.

De anecdótico, nada: lo que vemos es un contraataque en toda regla, la ofensiva de la derecha más ultramontana, que se lanza a por raperos, humoristas, títeres o protestas festivas, para que quede claro que no van a pasar ni una. Que están en pie de guerra y no les importa ni el “efecto Streisand” (rebautizado como “efecto Carrero”). Que no cederán un milímetro de terreno. Que pretenden ampliar sus dominios.

¿Queríais “guerras culturales”? Pues ahí las tenéis: la derecha cavernícola lanzada en tromba. En los tribunales, con jueces afines y leyes a medida. En los medios, ganando espacio (con un conquistador-evangelizador en la tele pública). Y una y otra vez marcando agenda, consiguiendo que aceptemos su marco de discusión y caigamos en sus trampas.

Estaba la izquierda tan ufana cambiando el traje de los reyes magos, rebautizando calles y pidiendo sacar la misa de TVE, y ¿qué esperaba? ¿Que la derecha se iba a quedar mirando? No. Se han lanzado al ataque. Al contraataque. Saben bien (lo saben mejor que la izquierda) que la batalla de los símbolos puede ser la primera escaramuza para posteriores batallas más materiales. Que uno empieza quitando la misa de la tele, y acaba derogando el concordato; y el que llama mierda al hiperprotegido Valle de los Caídos puede luego sacar la piqueta.

Por eso la primera trinchera está ahí, en lo cultural, en lo simbólico. Y para que Iglesia, monarquía, herencia franquista y nacionalismo españolista estén a salvo, no se puede consentir ni una broma.

¿Dios es hombre o mujer? La revista satírica Mongolia ha decidido tratar esta cuestión en su nuevo número. “Dios tiene pene”, dice en su portada, a la izquierda. “Dios tiene vagina”, dice también, a la derecha.

La contraportada de la revista también habla de religión, pero en relación con Carrero Blanco. “Al cielo con él”, se puede ver junto a la imagen del dirigente franquista convertido en un curioso paso de Semana Santa.

El grupo municipal de Participa, convergencia electoral de la agrupación de electores promovida por Podemos, versionea una chirigota denunciando que "los chistes sobre Carrero aquí los jueces los pillan volando"

Cantan que "es un delito cachondearse de alguien que llegó tan alto" mientras "los jueces aquí por robar no mueven un deo", defendiendo que #TodosSomosCassandra

Amparo Císcar, concejal popular en Paiporta (Valencia), alega a la "libertad de expresión" contra las críticas a sus mensajes "transfóbicos"

Los ataques del PP a Cassandra Vera, la tuitera condenada a un año de prisión por sus tuits sobre Carrero Blanco, continuan. Una concejal del partido en Paiporta (Valencia) se ha valido de una noticia sobre comentarios antiguos de la joven de Murcia para referirse a ella con el siguiente comentario en Facebook: “Pero esta cosa con bigote de dónde ha salido...? Que hartazgo por Dios!”

El comentario de Amparo Ciscar Navarro ha sido criticado tanto en la red social como por fuerzas como Compromís por su tono despectivo hacia Cassandra y la comunidad transexual. Los valencianistas lo han calificado de “transfóbico”, aunque la concejal del PP lo niega. Y alega a la libertad de expresión.

El PP de la Comunidad de Madrid ya recuperó tuits de Cassandra -en los que la joven expresaba opiniones críticas sobre los niños como “cuantos más niños veo, más asco me dan”- para arremeter contra su deseo de ser profesora. La tuitera y su defensa habían señalado en varias ocasiones que la condena, que incluye siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, le impediría ejercer la docencia en centros públicos.

En casos como los de Cassandra o Strawberry es donde más claramente se refleja lo que es el problema más grave: pretenden que asumamos una línea de continuidad entre dictadura y democracia y, sobre esa base, que aceptemos a Carrero Blanco como víctima del terrorismo

Las cada vez más abundantes condenas por delitos de enaltecimiento y/o menosprecio a las víctimas del terrorismo, junto con ser auténticas aberraciones jurídicas, lo que realmente reflejan es una serie de problemas de mucho mayor calado que, sin duda, no se solucionarán por la vía del desahogo en redes sociales ni a través de diversos y bienintencionados artículos de opinión (el mío incluido); lo que se necesita es, primero, identificar los problemas y, después, buscar soluciones claras y consistentes que impidan que esta forma de actuar se transforme en la antesala de un sistema represivo irreversible.

Partiré por los problemas, tratando de resumirlos en aquellos que parecen más evidentes.

En primer lugar, tenemos una legislación creada en un momento histórico diferente y que muchos justificaron por razones de seguridad, tal cual en USA se justificaron los recortes de libertades y las bestialidades cometidas en lo que Bush denominó “la guerra contra el terror”. Este tipo de legislaciones, que muchos aplauden cuando a ellos no se las aplican, son las tierras de las que provienen los lodos actuales.

En segundo lugar tenemos una jurisdicción, la de la Audiencia Nacional, que no se justifica ni ahora ni nunca, pero que por iguales razones se ha tendido a respaldar atribuyéndole una suerte de especialización que, realmente, no es tal como está quedando en evidencia en la actualidad. La verdad es que se trata de un Tribunal especial y no especializado porque la especialización implica un trabajo previo y constante de formación en aquellas áreas sobre las que tiene competencia, requisito no cumplido por muchos de los que allí ejercen la función jurisdiccional.

En tercer lugar, en casos como los de Cassandra o Strawberry –por poner solo algunos ejemplos– es donde más claramente se refleja lo que, a mi juicio, es el problema más grave: pretenden que asumamos una línea de continuidad entre dictadura y democracia y, sobre esa base, que aceptemos a Carrero Blanco como víctima del terrorismo. Tal planteamiento no solo es una reescritura de la historia sino la negación de la necesaria ruptura que ha de existir entre dictadura y democracia, matar a un tirano no puede ser considerado un acto terrorista, lo cometa quien lo cometa.

Las soluciones, como siempre, parecen más difíciles que la concreción de los problemas, en todo caso para cada mal siempre hay un remedio.

Ante el enjambre legislativo creado ad hoc para luchar contra ETA, lo que corresponde es un trabajo de derogación de muchas de esas normas, de la adaptación de otras a un sistema y cultura democrática y, sobre todo, a la asunción de un marco jurídico-penal de largo recorrido que sepa colocar al Derecho Penal donde le corresponde como última ratio del poder punitivo del Estado. Es inaceptable que en nuestro Código Penal existan, al menos, 7 tipos penales que repriman aquello que no es más, pero tampoco menos, que libertad de expresión.

Desmontar este andamiaje legal no es técnicamente sencillo, pero es muy difícil llevar a la práctica porque se requiere de un consenso político que permita la aprobación de una Ley Orgánica mediante la cual se pueda reformar, por vía de derogación y/o reubicación sistemática, aquellas normas que a un conjunto amplio de la ciudadanía nos resultan odiosas y que, en términos generales, no son más que normas carentes de espíritu democrático que se están usando para reprimirnos.

En cuanto a la Audiencia Nacional, no me cabe duda de que es un órgano sin sentido constitucional y que debería dejar de existir, no hay razones técnicas que obliguen a mantenerlo en el organigrama jurisdiccional y basta una mirada a nuestro entorno para comprender que un Tribunal de estas características no es necesario ni para luchar contra el terrorismo, ni contra la corrupción ni contra el crimen organizado.

Lo que realmente se necesita para luchar contra aquellas formas más graves y complejas de la criminalidad es justamente lo que ya tenemos: fiscales especializados y jueces independientes allí donde los delitos son cometidos. No resulta lógico ni natural, desde una perspectiva constitucional, la existencia de un órgano supuestamente especializado que ha servido y sirve como correa de transmisión de una visión pre-democrática del Estado.

La Audiencia Nacional lleva años, desde el fin de la actividad terrorista de ETA, intentando atraer competencias llegando hasta extremos tan absurdos como investigar a bandas de ladrones de casas, con el único propósito de justificar su propia existencia; sin embargo, y a través de las aberraciones jurídicas que estamos viendo en materia de libertad de expresión, queda en evidencia que la pervivencia de este órgano jurisdiccional es dañina para nuestra democracia y, en muchos caso, un autentico impedimento para romper definitivamente con la dictadura y adentrarnos en el proceso de construcción de una auténtica democracia.

En cuanto al tercero de los problemas, la línea de continuidad entre dictadura y democracia, el problema es mucho más complejo porque refleja la perpetuación del franquismo sociológico al que están adscritos muchos de aquellos que han dictado las normas que se usan para reprimirnos y han creado y mantienen un órgano jurisdiccional como la Audiencia Nacional y, especialmente, muchos de los que están dictando las resoluciones que tan aberrantes nos parecen y con las cuales se construye y refuerza ese relato continuista.

Considerar a Carrero Blanco como una víctima del terrorismo no es más que un síntoma de ese franquismo sociológico del que hablo porque a muchos nos resulta evidente que “por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”, como decía Cervantes por boca de Don Quijote y que “cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes” como se establecía en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 porque si los derechos humanos no son protegidos por un régimen de Derecho los ciudadanos se ven compelidos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, tal cual reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Carrero Blanco fue parte importante de una atroz dictadura y un auténtico represor que no merece la protección que el Derecho Penal le da a las víctimas del terrorismo. Que su asesinato lo haya cometido ETA no le convierte, automáticamente, en víctima del terrorismo porque el contexto siempre ha sido y es relevante. La actividad de ETA, y de cualquier grupo armado, durante una dictadura no puede ni debe ser evaluada con los mismos parámetros que la que se cometa en democracia, la diferencia no se le escapaba a San Agustín pero sí, interesadamente, a los de misa diaria o semanal. No ignorar quién fue Carrero Blanco y cuál fue su “obra” es imprescindible a la hora de enjuiciar dichos, que no hechos, como son las expresiones contenidas en diversos tuits.

En cualquier caso, mientras no superemos esa concepción continuista de nuestra historia reciente, relegando el franquismo sociológico a la marginalidad, dará lo mismo las reformas legales que emprendamos tanto para reformar el Código Penal como para suprimir la Audiencia Nacional. El problema no son, únicamente, las normas, sino el uso y la interpretación que de ellas se hace por parte de aquellos que, sociológicamente, siguen siendo franquistas.