El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha criticado que los presupuestos de Alfonso Fernández Mañueco para 2027 sean “barra libre para las empresas” con dinero público entregado “a fondo perdido”. En una rueda de prensa celebrada este viernes, Lobo ha calculado que casi el 20% de las ayudas directas que se recogen sirvan para apoyar la actividad empresarial.

Castilla y León tiene el quinto salario medio más bajo del país, por lo que Lobo ha calculado que esto supone una pérdida de 3.400 euros anuales respecto a la media nacional. El sindicalista ha tildado de“inaceptable” que “se riegue con dinero público a las empresas” mientras los salarios crecen por debajo de la inflación. “Crece la riqueza del conjunto de la comunidad, pero cobramos menos”, ha protestado.

Lobo, que ha negado que las cuentas planteadas por PP y Vox sean “buenas para los trabajadores” porque “no tienen en cuenta la realidad salarial y no resuelven ni corrigen la desigualdad salarial”. Por este motivo ha reclamado “ayudas directas a los trabajadores para mejorar los salarios igual que se le dan ayudas a fondo perdido a las empresas”. También ha pedido que las ayudas a las empresas se vinculen a la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores.

Óscar Lobo ha considerado que a los Presupuestos les falta “ambición” para afrontar el principal problema de Castilla y León: la despoblación y la marcha de personas en busca de “nuevas oportunidades”. “Esta comunidad necesita más gente y no vemos una política pública capaz de atraer y retener población”, ha afeado.

Vivienda

El secretario general autonómico de UGT ha considerado que no basta con las medidas planteadas por el Ejecutivo autonómico. “No es suficiente con las ayudas al alquiler, ni construir unas pocas viviendas, algunas de las cuales van al parque público”, ha manifestado Óscar Lobo, quien ha exigido el Ejecutivo de Mañueco que aplique la Ley de Vivienda y tope los precios del alquiler.

También ha rechazado que las rebajas impositivas se traduzcan en unos mejores servicios públicos y ha considerado que las rebajas a herencias y patrimonios “genera desigualdad”, mientras que las rebajas del tramo autonómico del IRPF se traduce en “unos pocos euros” para la mayoría de los trabajadores.

Lobo ha defendido la importancia del Diálogo Social como herramienta que “garantiza el progreso y la cohesión social” y ha pedido sentarse a negociar y “hablar de cómo se distribuye el dinero público” para “beneficiar al conjunto de los trabajadores”.

Las cuentas de la Xunta para el año que viene incorporan nuevas rebajas de impuestos a través de la denominada ley de acompañamiento a los presupuestos (de medidas fiscales y administrativas), entre ellas una rebaja de los primeros cuatro tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para paliar el efecto de la inflación.

Según informa Europa Press, se incorpora una reducción del tipo general del impuesto de actos jurídicos documentados, que grava los actos formalizados en escrituras públicas, y que afectan al comprador en el caso de viviendas nuevas.

El presupuesto, que ha sido aprobado este viernes en un Consello extraordinario de la Xunta, al igual que la ley de acompañamiento, se eleva para 2027 hasta los 15.158 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,4% respecto a los que están en vigor.

En el caso de la bajada de los cuatro primeros tramos autonómicos del IRPF, será de 0,25 puntos, y es, según ha destacado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la quinta que acomete el Gobierno gallego en 12 años. Tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, para “que se note desde la próxima declaración”.

En cuanto a las medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, que habían sido anunciadas tanto por Rueda como por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, finalmente será sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, que bajará tres décimas el tipo general, del 1,5% al 1,2%, para todas las operaciones que estén gravadas por este tributo.

“Si las transmisiones afectan a una vivienda protegida, el impuesto se reduce a cero”, ha resaltado el titular de la Xunta.

Por último, habrá una rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones, ya bonificado actualmente, con el objetivo de facilitar el relevo generacional a empresas familiares. “Hasta ahora (...) solo podían beneficiarse familiares que heredasen la empresa con relación de consanguineidad. Ahora ampliamos a familiares hasta tercer grado de afinidad”, ha expuesto Alfonso Rueda. Y ha agregado que también se aplicará a trabajadores de empresa que lleven 10 años o 5 en la directiva de la empresa.

“Rutinarios y raquíticos”

El avance de los presupuestos –que no llegarán al Parlamento hasta la próxima semana– ha sido recibido con críticas por parte de la oposición. Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el proyecto anticipa unas cuentas “rutinarias, cargadas de propaganda, sin soluciones para la vivienda” o para el impacto de los “precios”, pero, al tiempo, con “regalos fiscales para los más ricos”.

La líder nacionalista ha criticado la vía de la ley de acompañamiento, “la puerta de atrás que utiliza (Alfonso) Rueda para aplicar recortes” y también para “cambiar normativas a favor de los 'lobbies' y en contra de la mayoría social”.

Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha tildado de “raquíticos” los presupuestos y ha ejemplificado con que, la “medida estrella”, en relación a la rebaja del IRPF, supone “unos cinco euros al mes” de ahorro “para una pareja en la que los dos cobran 25.000 euros brutos al año”.

La socialista también ha tildado las nuevas rebajas de “regalos fiscales que acaban favoreciendo siempre a las rentas y a los patrimonios más altos”, y ha afeado “cinismo” a un Ejecutivo autonómico que, apuesta por “bajar impuestos a los que más tienen, pero pide al Gobierno que financie más el Estado del bienestar y los servicios públicos”.

La Junta de Castilla y León prevé aumentar cerca del 12% las inversiones territorializadas en las nueve provincias en sus presupuestos de 2027, aunque con diferencias importantes. Segovia encabeza el crecimiento porcentual, con un 31,59% más que en la referencia de 2024, mientras Valladolid registra el menor avance con el 1,54%. En cifras absolutas, León vuelve a situarse a la cabeza, con 240,51 millones de euros, muy por delante de Valladolid (139,77 millones), Burgos (126,59 millones) y Salamanca (125,13 millones).

En el extremo contrario, Ávila concentra el menor volumen de inversión provincializada, con 86,51 millones, por detrás de Soria (97 millones) y Zamora (98,24 millones). Los datos figuran en la documentación territorializada del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, registrada este miércoles en las Cortes por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Entre las principales partidas destacan las obras del nuevo Hospital de Aranda de Duero, que cuenta con 28,72 millones de euros, y las del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, con otros 23,02 millones. La prevención y extinción de incendios forestales suma partidas cercanas a los 123 millones de euros, mientras que la promoción de vivienda protegida para venta y alquiler cuenta con unos 61,4 millones, según el desglose presupuestario aportado.

León encabeza las inversiones con el instituto de Villaquilambre entre las principales obras

León concentra 240,51 millones de euros en inversiones provincializadas, un 4,51% más que en 2024. La provincia mantiene así la primera posición en volumen de fondos, con actuaciones que van desde la modernización de regadíos hasta las infraestructuras educativas y energéticas.

Una de las inversiones más relevantes es la construcción del nuevo instituto público de Villaquilambre, para la que se consignan 8,46 millones de euros en el presupuesto. Se trata de una de las principales actuaciones educativas previstas en la provincia y de una reivindicación que acumula años de compromisos políticos y movilización vecinal.

La primera piedra se colocó hace alrededor de un mes, después de que la Junta adjudicara las obras por 15,7 millones de euros. El contrato contempla un plazo de ejecución de 24 meses y la previsión autonómica sitúa la puesta en funcionamiento del centro en el curso 2029-2030. La infraestructura llegará así más de una década después del compromiso adquirido en 2019 por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el marco de un acuerdo político para mantener al PP en la Alcaldía de Villaquilambre.

El instituto tendrá capacidad para 690 estudiantes, repartidos entre 480 plazas de Educación Secundaria Obligatoria y 210 de Bachillerato. El proyecto, sin embargo, no incorpora la Formación Profesional que también reclamaban desde el municipio.

La inversión educativa se completa con 3,48 millones para el polideportivo del IES Eras de Renueva, en León capital. En el ámbito agrario, destacan los 12,8 millones destinados a la modernización de los regadíos de Villadangos, distribuidos entre sus dos fases, y los 8,2 millones previstos para el regadío de Valderas. La Red de Calor de León cuenta, por su parte, con una partida de 15 millones.

También figuran 3,88 millones para el edificio Incubatech del Parque Tecnológico de León y 1,42 millones para la Unidad Satélite de Radioterapia de El Bierzo. Las actuaciones en polígonos industriales suman cerca de 11,88 millones de euros.

Valladolid apenas crece un 1,54%

Valladolid es la provincia donde menos aumenta la inversión provincializada. La Junta prevé destinar 139,77 millones de euros, un 1,54% más que en 2024. La cuantía la sitúa en segundo lugar por volumen de fondos, por detrás de León, pero el crecimiento es muy inferior al de Segovia, Palencia, Burgos, Zamora o Ávila.

Entre las principales partidas figuran 11,8 millones para equipamiento hospitalario y 2,98 millones para obras en el Hospital Clínico Universitario. También se destina 9,9 millones a la concentración parcelaria en Tordehumos, Villabrágima, Morales de Campos, Medina de Rioseco y Villanueva de San Mancio.

En el ámbito educativo y deportivo, el presupuesto incluye 4,7 millones para el convenio con el Ayuntamiento de Valladolid destinado a construir el polideportivo del colegio Miguel Delibes. La provincia suma, además, 7,54 millones para urbanización de suelo industrial, con actuaciones como el polígono Alto de San Juan, en Medina de Rioseco, y el vivero de empresas de Medina del Campo.

El hospital de Aranda concentra la principal inversión sanitaria de Burgos

Burgos recibirá 126,59 millones de euros, un 18,59% más. La construcción del nuevo Hospital de Aranda de Duero sobresale entre las partidas, con 28,72 millones, dentro de un bloque sanitario provincial que ronda los 39,39 millones.

En la capital burgalesa se destinan 6,48 millones al aulario del IES Diego de Siloé. También destacan los 4,8 millones para la variante de Salas de los Infantes y otros cuatro millones para conectar el abastecimiento de agua de la Vecindad de Burgos Norte con la capital. El Parque Tecnológico de Burgos recibirá 1,1 millones.

Salamanca: cerca de 16 millones para el equipamiento hospitalario

La inversión en Salamanca asciende a 125,13 millones, un 10,38% más. El equipamiento hospitalario absorbe 15,9 millones, a los que se suman 2,21 millones para el Plan Director del Complejo Hospitalario. En materia ambiental, la provincia contará con ocho millones para medios aéreos de lucha contra los incendios forestales y otros 6,42 millones para tratamientos selvícolas preventivos. La Red de Calor Salamanca Oeste recibe cuatro millones.

Palencia y Segovia registran los mayores incrementos

Palencia protagoniza el segundo mayor incremento provincial, con un 24,89%, hasta alcanzar los 111,53 millones. El grueso de las principales actuaciones sanitarias se concentra en la construcción y equipamiento del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, que dispone de 23,02 millones.

Entre las inversiones económicas destacan los 5,4 millones para la incubadora de empresas de Magaz de Pisuerga, los 4,9 millones para el polígono industrial de Villamuriel de Cerrato y otros cuatro millones para modernizar el regadío del Bajo Carrión.

Segovia es la provincia donde más crece la inversión en términos relativos, con un 31,59%, hasta los 100,72 millones. Entre las principales actuaciones figura el centro de salud de Cuéllar, con 5,77 millones, además de 4,58 millones para nuevas infraestructuras hospitalarias en la capital. El polígono industrial de Los Hitales, en Bernuy de Porreros, recibirá cinco millones, mientras que otros 4,4 millones se destinan a un vial de conexión entre la CL-601 y la estación del AVE Segovia-Guiomar.

La vivienda pública también tiene un peso destacado en las cuentas segovianas: se consignan casi siete millones para promociones de alquiler y otros 3,56 millones para vivienda destinada a la venta. Entre los proyectos singulares figura, además, una partida de 525.000 euros para construir un puente tibetano con accesos y senda en San Miguel de Bernuy.

Ávila, Zamora y Soria: incendios, patrimonio y centros sanitarios

Ávila contará con 86,51 millones de euros, un 18,11% más. La actuación con mayor dotación individual es la nueva residencia de personas mayores y centro de día de la capital, con 11,5 millones. El presupuesto contempla otros 6,5 millones para urbanizar el polígono industrial de Vicolozano y 5,3 millones para construir una nave en este espacio. Los tratamientos selvícolas preventivos suman casi nueve millones.

Zamora dispondrá de 98,24 millones, un 18,53% más. Entre las partidas de mayor cuantía figuran los cinco millones para equipamiento hospitalario, los 3,5 millones para mejorar la carretera ZA-321 entre la N-122 y Moralina y los 2,3 millones para rehabilitar el Museo de Semana Santa. El Conservatorio Profesional de Música contará con otros 2,25 millones. En materia de prevención de incendios, destacan los 9,1 millones para tratamientos selvícolas y los 3,79 millones para cuadrillas helitransportadas.

Soria, por su parte, eleva la inversión un 9,13%, hasta los 97 millones. La construcción del centro de salud Soria Norte cuenta con 5,52 millones y la adquisición de equipamiento hospitalario, con otros 7,5 millones. En educación, la ampliación del CIFP La Merced recibe 4,67 millones, mientras que la modernización del Canal Inés Eza dispone de algo más de cinco millones. El polígono industrial Vega de Alcozar, en Langa de Duero, contará con 4,5 millones.

La Junta de Castilla y León, que integran PP y Vox, ha presentado este martes sus presupuestos para 2027, que prevé aprobar en el parlamento tras tres años prorrogados, después de que el partido de extrema derecha abandonara los gobiernos autonómicos de coalición con el PP en 2024, lo que había derivado en un gobierno en minoría de Alfonso Fernández Mañueco, que no pudo sacar adelante sus proyectos de Presupuesto de 2025 y 2026.

El presidente autonómico, su número 2, Carlos Pollán (Vox) y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, han presentado las cuentas del próximo ejercicio, previstas para una Castilla y León “más eficiente y menos burocrática” y que permiten seguir con el cumplimiento del pacto de gobierno, rubricado en junio de este año. “Son unos Presupuestos útiles con muchas novedades, que buscan mejorar la calidad de vida y que dan cumplimiento al acuerdo de gobierno”, ha defendido el líder del Ejecutivo autonómico.

Alfonso Fernández Mañueco ha subrayado que se trata de los Presupuestos más altos (16.472 millones de euros) y con menores impuestos, puesto que la Ley de Acompañamiento de Medidas Tributarias incluyen una rebaja fiscal estimada de 920 millones de euros. Entre estas disminuciones impositivas se encuentran la reducción del tipo mínimo del 9% al 8,75%, el impulso de la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, la deducción por gasto en gimnasios (hasta 150 euros) o la exención impositiva en el medio rural.

Los líderes de PP y Vox se han negado a profundizar en los principales escollos y el presidente ha defendido el “trabajo intenso y codo con codo” de un gobierno “que tiene las ideas claras”. Fernández Mañueco ha sostenido que es posible este aumento de la recaudación con menos impuestos porque “la economía crece”, una idea que también ha reforzado el consejero de Economía, con buenas previsiones para los próximos ejercicios. “La fase de crecimiento económico de Castilla y León nos permite que aumenten las bases imponibles aunque bajen los tipos de gravamen”, ha explicado a los medios.

Recorte de un 33% a las partidas para sindicatos y patronal

El vicepresidente autonómico ha anunciado que está prevista una reducción de un 33% (cuatro millones de euros) en las partidas para los sindicatos y organizaciones empresariales —como en las Cortes de Castilla y León—, aunque ha garantizado que se seguirá cumpliendo con la Ley, tras un primer gobierno PP-Vox salpicado de condenas judiciales derivadas de la supresión de fondos para estas entidades.

Además, se está estudiando cómo se utiliza el dinero público que la Junta de Castilla y León entrega a las ONG. Pollán ha explicado que se valorarán los nuevos convenios a medida que concluyan los convenios en 2027.

Según el desglose proporcionado por el presidente autonómico, la Vivienda es el capítulo “que más crece” respecto a la inversión de 2024, seguida de Suelo industrial para creación de empleo y la Agricultura y Ganadería.

Prioridad nacional

Preguntado sobre la aplicación de la prioridad nacional, el líder de Vox ha explicado que en estas cuentas no se puede detallar la aplicación de este nuevo criterio, aunque ha garantizado su aplicación en el próximo año, incluso a pesar de las dudas presentadas después de las advertencias presentadas por la Comisión Europea de que el número máximo de años de empadronamiento que se pueden pedir es de cinco años, y no de diez como pretende Vox. “Lo vamos a mantener”, ha avanzado Alfonso Fernández Mañueco, respecto a los diez años que, como mínimo, se quieren pedir como empadronados para algunas ayudas.

El pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles, con los votos favorables de PP y Vox, el rechazo del PSOE, UPL y Por Ávila y la abstención de Soria Ya, un Límite de Gasto No Financiero -techo de gasto- para 2027 que asciende un 6,5% respecto al anterior y que deja ese umbral en 15.104,54 millones.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido esta propuesta de la Junta ante el pleno, donde ha asegurado que este primer paso presupuestario para 2027 se asienta en un “escenario realista” de la macroeconomía y con muestras de crecimiento económico en la Comunidad, que se moderará en el próximo ejercicio pero permitirá seguir disminuyendo el paro, según su cálculo.

En concreto, en materia de empleo, este techo de gasto prevé que en 2027 la tasa de paro descendería al 8,1 por ciento, frente al 8,3 por ciento con el que la Junta piensa cerrar el actual ejercicio; en consonancia con la previsión de que el crecimiento económico ascienda el 2,7 por ciento al terminar 2026 -medio punto por encima de la previsión inicial- y que el crecimiento quede limitado al 2,3% en 2027.

Tras desgranar las cifras y reivindicar un cambio en la propuesta de modificación de la financiación autonómica, Carriedo ha pedido el respaldo de la Cámara a este techo de gasto, que en su opinión genera “estabilidad, seguridad y confianza al conjunto de la sociedad” y que es lo que los ciudadanos “esperan” de sus representantes.

Los grupos fijan posición

Tras escuchar al consejero, los grupos parlamentarios han fijado posición al respecto y en el caso del Grupo Popular ha sido la procuradora Marta Arroyo quien ha defendido la bondad de este techo de gasto porque “tras esos millones hay mucho más”, en referencia a una situación económica en crecimiento, unas previsiones de ingresos, una fiscalidad y una “decisión política” de afrontar 2027 con “ambición”.

Este límite de gasto permitirá a la Junta, según Arroyo, una “mejor y mayor disposición para hacer política pública, desde la responsabilidad, sin gastar por gastar”, pero para que Castilla y León “siga siendo una de las mejores comunidades de España”, con unos presupuestos “serios”.

Sin embargo, la representante del PP ha puntualizado que ese será un debate posterior, en el que ha dado por hecho que se plasmará el acuerdo de gobierno alcanzado por su partido y Vox.

En el caso del PSOE, ha tomado la palabra la procuradora María Isabel Fernández, crítica con que la Junta sea “optimista con el dinero de todos”, pero sea “parca en las explicaciones”, en un año en que recibirá un 7,8 por ciento más de recursos procedentes de la financiación autonómica.

La portavoz socialista ha esgrimido el informe del CES sobre las cuentas y las medidas fiscales previstas por la Junta para 2027, que en su opinión dibujan un “techo antisocial en vivienda y juventud”, con críticas a herramientas como la cuenta ahorro vivienda para jóvenes, ya que obvian que quienes están de alquiler no tienen capacidad de ahorro para ingresar en esa cuenta.

Además, ha alertado de la modificación de hasta 13 leyes autonómicas por la vía de la Ley de Medidas y en este punto ha afeado a Vox que ahora apoye esa dinámica tras criticarla en el ejercicio anterior.

En el caso de Vox, ha tomado la palabra el exconsejero y actual portavoz adjunto del Grupo, Mariano Veganzones, quien ha comparado el “fracaso socialista” en materia presupuestaria tras años sin aprobar cuentas a nivel nacional y lo que ocurre en Castilla y León, “gracias a Vox”, al estar convencido de que presentarán las cuentas a tiempo y serán aprobadas.

No obstante, Veganzones ha avisado de que el apoyo de hoy al techo de gasto “no es un cheque en blanco” sino un “contrato con 324 cláusulas”, en referencia a las medidas incluidas en el pacto de gobierno de PP y Vox.

En este sentido, Veganzones ha presumido de que Vox ha propuesto y sacado adelante recortes del 25 por ciento en la publicidad institucional de las Cortes y del 35 por ciento en las aportaciones del Consejo Económico y Social a sindicatos, patronal, organizaciones agrarias y consumidores. “Hay que dar ejemplo”, ha indicado, sobre lo que puede ocurrir en el presupuesto autonómico.

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que “ni tiene techo ni tiene casa” porque es “un desahuciado de la Moncloa”.

El Grupo Mixto, reticente

En el caso de la portavoz de UPL, Alicia Gallego, ha defendido que su partido no puede apoyar este límite de gasto porque llega “tarde”, contiene “mentirijillas” respecto a la realidad de las provincias y PP y Vox no han tenido la “cortesía parlamentaria” de contactar con los grupos para hablar de su contenido, por lo que ha quedado a la espera para “conversar” sobre el futuro proyecto de presupuestos.

El representante de Por Ávila, Pedro Pascual, ha pedido “respeto” y consideración hacia todos los grupos cuando se presenten enmiendas a los presupuestos, que es donde espera comprobar si “vuelven a poner a Ávila a la cola de las inversiones”.

Por último, el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, se ha preguntado por qué la Junta en esta ocasión no ha llamado a los pequeños partidos para hablar sobre el techo de gasto, algo que sí hizo el consejero el pasado año, cuando no tenía garantizado el apoyo: “No es revolucionario llamarnos”, ha ironizado, convencido de que no puede dar un “cheque en blanco” con la aprobación.

El Gobierno de Aragón ha aprobado este lunes, en un Consejo de Gobierno extraordinario, el límite máximo de gasto no financiero para 2027, que asciende a 8.398,1 millones de euros, la cifra más elevada de la historia de la Comunidad Autónoma y un 11,6% superior al límite vigente, fijado en 2024 y prorrogado durante los ejercicios 2025 y 2026.

El incremento alcanza los 874,6 millones de euros, lo que permitirá afrontar la elaboración de las próximas cuentas autonómicas con una mayor capacidad de gasto para atender las prioridades de la Comunidad Autónoma. El límite de gasto se ha calculado a partir de una previsión de ingresos no financieros de 8.039,9 millones de euros. De ellos, 6.016,8 millones proceden del sistema de financiación autonómica y 715,9 millones corresponden a tributos propios y cedidos de la Comunidad Autónoma. El resto procede de fondos finalistas, enajenaciones reales, tasas y otros ingresos.

A esa previsión de ingresos se añaden 57,9 millones de euros asociados a la tasa de referencia de déficit del 0,1 % del PIB y 300,4 millones correspondientes a los ajustes de contabilidad nacional, hasta situar el límite máximo de gasto no financiero en los 8.398,1 millones de euros.

El acuerdo se adopta en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución económica internacional, el sistema de financiación autonómica y la futura aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que las cuentas se elaborarán bajo criterios de prudencia y responsabilidad fiscal.

La aprobación del techo de gasto constituye el primer paso formal en el proceso de elaboración de las cuentas. Ahora el Ejecutivo deberá remitirlo a las Cortes de Aragón, el órgano que debe aprobarlo conforme a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Siguientes pasos

Una vez validado ese límite, la Dirección General de Presupuestos del Gobierno autonómico elaborará los estados de gastos del anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2027, un trabajo técnico que traducirá el techo global en partidas concretas por departamentos y políticas: la aprobación de este lunes no determina todavía cuánto recibirá cada Departamento ni qué inversiones concretas se incluirán en los presupuestos.

Con el anteproyecto cerrado, el Gobierno deberá aprobar el proyecto de ley de Presupuestos y remitirlo formalmente a la Cámara legislativa autonómica para su debate y tramitación parlamentaria, que constituye un nuevo paso en el proceso de elaboración de las cuentas y precede a la remisión a las Cortes del mencionado proyecto de ley.

Según ha avanzado la vicepresidenta Mar Vaquero, se prevé que se apruebe en la Cámara a finales de este mes, lo que marca el calendario inmediato antes de que arranque la negociación y tramitación parlamentaria del proyecto de ley de presupuestos propiamente dicho.

El Govern aprovarà aquest mes l'ordre per iniciar l'elaboració dels pressupostos autonòmics de 2027. Ho farà, segons ha assegurat aquest divendres el vicepresident primer i portaveu, Antoni Costa, amb “absoluta normalitat i tranquil·litat” i sense intenció de vincular la negociació dels comptes públics a acords polítics més amplis amb Vox.

A la roda de premsa posterior al Consell de Govern, el també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha assegurat que les negociacions amb la formació d'extrema dreta es limitaran exclusivament als pressupostos, rebutjant d'entrada la possibilitat de tancar acords globals que incloguin altres iniciatives legislatives. “Llei a llei”, ha remarcat Costa.

El vicepresident ha afirmat, a més, que fins ara no s'ha produït cap contacte amb els de Santiago Abascal per negociar els pressupostos de 2027. Les declaracions arriben després que l'aprovació dels comptes de 2025 quedàs condicionada per un acord entre PP i Vox que va permetre al Govern tirar endavant els pressupostos després de mesos de bloqueig polític.

Entre les exigències que l'Executiu de Marga Prohens va haver d'assumir s'hi incloïen la derogació de la llei de memòria democràtica, el compromís de reforçar la presència del castellà a l'escola i l'aplicació de mesures restrictives en matèria migratòria.

El Govern aprobará este mes la orden para iniciar la elaboración de los presupuestos autonómicos de 2027. Lo hará, según ha asegurado este viernes el vicepresidente primero y portavoz, Antoni Costa, con “absoluta normalidad y tranquilidad” y sin intención de vincular la negociación de las cuentas públicas a acuerdos políticos más amplios con Vox.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha aseverado que las negociaciones con la formación de extrema derecha se limitarán exclusivamente a los presupuestos, rechazando de antemano la posibilidad de cerrar acuerdos globales que incluyan otras iniciativas legislativas. “Ley a ley”, ha remarcado Costa.

El vicepresidente ha afirmado, además, que hasta la fecha no se ha producido ningún contacto con los de Santiago Abascal para negociar los presupuestos de 2027. Las declaraciones se producen después de que la aprobación de las cuentas de 2025 quedara condicionada por un acuerdo entre PP y Vox que permitió al Govern sacar adelante los presupuestos tras meses de bloqueo político.

Entre las exigencias que el Ejecutivo de Marga Prohens tuvo que asumir se incluyeron la derogación de la ley de memoria democrática, el compromiso de reforzar la presencia del español en la escuela y la aplicación de medidas restrictivas en materia migratoria.

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha justificado la enmienda a la totalidad de su grupo al presupuesto de 2026 por “la obligación moral y ética de desvelar el alma”, “muy fea”, de unas cuentas que tienen “un corazón de piedra” y que “se inventan problemas que no existen para ocultar los intereses que defienden”.

En el debate de totalidad del anteproyecto de presupuestos, González Frutos ha destacado que estas cuentas se presentan con la estrategia de “dientes, dientes, que es lo que les jode”, como dijo Isabel Pantoja, para disimular que “nacen del acuerdo de la vergüenza” con Vox y ocultar que el PP “ha metido el fascismo en las instituciones”.

El parlamentario de Unidas ha recordado al Papa León XIV, que dijo el lunes que uno “no se puede arrodillar ante Dios y despreciar al hermano”, para criticar la 'prioridad nacional' que recogen los presupuestos, “que no se conmueven con el dolor ajeno” al contemplar medidas como la eliminación de 10 millones en las ayudas a la cooperación al desarrollo, lo que ha considerado una “auténtica canallada”.

Se ha preguntado también qué entienden PP y Vox por “gasto político o chiringuitos” cuando su proyecto de presupuesto recoge una subida salarial del 9% para altos cargos y del 13% para eventuales contratados por el Gobierno, mientras el aumento es cero para partidas como la renta básica, los mínimos vitales o el complemento a las pensiones no contributivas.

González Frutos ha lamentado también el mensaje de “disciplinamiento” que recogen los presupuestos con medidas como el recorte en un 50% de las ayudas a los sindicatos, lo que ha atribuido “al sueño húmedo de la derecha de acabar con la autorganización de los trabajadores”.

Igualmente, el parlamentario de Unidas ha criticado la “política fiscal frívola y ridícula” que inspiran, nuevamente, las cuentas de 2026, con el “fanatismo ideológico” de atraer, sin éxito, a los ricos de otras regiones.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha acusado a Unidas por Extremadura de presentar una enmienda a la totalidad poco trabajada, fanática y sectaria, “una auténtica pesadilla política de terror que podría titularse 'clasismo infernal' o 'apocalipsis privada'”.

A su juicio, presenta “una realidad totalmente distorsionada”, en la que se critica hasta la gratuidad de la educación cero a tres años, con argumentos inventados sobre “una fiscalidad para ricos” o que alertan de la “privatización absoluta de todos los servicios”, lo que, en su opinión, pone de relieve que este grupo “está instalado en el bloqueo y en el odio”.

Más tajante aún ha sido el diputado del PP Hipólito Pacheco, quien ha considerado trasnochada la enmienda de Unidas y ha acusado a los integrantes de esta formación de haberse quedado en hace 30.000 años, en la etapa de los cromañones, “la más oscura de la historia”.

“Soberbia académica” de Elena Manzano

En esa misma línea se ha manifestado el diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo al considerar que la alternativa propuesta por el grupo liderado por Irene de Miguel es “una apelación permanente el pesimismo, al miedo y al desánimo”. A su juicio, se ve como “una amenaza lo que constituye una esperanza”, que es el gobierno de coalición entre su partido y el PP.

Pelayo Gordillo ha dejado claro que han sido los extremeños y no María Guardiola quien los ha puesto en la Junta de Extremadura, y ha defendido la 'prioridad nacional' y la bajada de impuestos, “el eje de nuestro discurso político que defendemos con orgullo” y que está contemplado en un pacto de gobierno que, según ha defendido, se va a cumplir en su totalidad.

La diputada socialista Isabel Gil Rosiña, que junto a José Antonio González Frutos ha criticado la “soberbia académica desmedida” con la que Elena Manzano trata a la Cámara, ha apoyado la enmienda de Unidas por Extremadura por compartir con ella su filosofía, la de un presupuesto que recoge “la imposición ideológica de la extrema derecha”, prioriza a los privilegiados, no protege los servicios sociales y debilita la democracia en la región. 

Finalmente, las enmiendas a la totalidad de PSOE y Unidas por Extremadura han sido rechazada por los 40 diputados de PP y Vox. El viernes se abrirá el plazo para las enmiendas parciales y el 30 de junio se celebrará el pleno en el que se aprobarán las cuentas de 2026.

El PSOE ha tachado como un “ajuste de cuentas” entre PP y Vox los presupuestos autonómicos para 2026, que Unidas por Extremadura ve “frívolos” y llenos de “mentiras”, mientras que los partidos que sustentan el gobierno los han calificado como “los mejores” y “muy beneficiosos” para la región.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha registrado este viernes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) en la Asamblea de Extremadura para iniciar su tramitación.

Desde el Grupo Socialista, su portavoz, Isabel Gil Rosiña, ha criticado que el Ejecutivo presente unas cuentas que ascienden a 8.853 millones de euros, “755 millones más que el ejercicio anterior”, mientras que la propia Memoria General de los Presupuestos reconoce una inejecución prevista de 776 millones de euros. “¿A quién quiere engañar la señora Guardiola?, se ha cuestionado. ”No son unos presupuestos, sino un ajuste contable o, peor todavía, un ajuste de cuentas entre Guardiola y Vox“, ha dicho.

La portavoz socialista ha definido además las cuentas como “unos presupuestos de la vergüenza”, unas cuentas “radicales y nada moderadas” que, a su juicio, “castigan a las personas y, lo que es peor, las señalan”. En ese sentido, ha denunciado el recorte “a la mitad” de las partidas destinadas a sindicatos y patronal, así como el “desmantelamiento” de la cooperación internacional extremeña, de 9,4 millones a 900.000 euros.

A juicio de la dirigente socialista, los presupuestos presentados por la Junta “no responden a las necesidades reales de Extremadura”, sino que son el resultado de “las imposiciones ideológicas de Vox asumidas por Guardiola”.

“Son unas cuentas que recortan derechos, debilitan el diálogo social, castigan la cooperación y abandonan el modelo de región solidaria, moderada y cohesionada que siempre ha defendido Extremadura”, ha concluido.

Unidas por Extremadura

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha señalado que este presupuesto se parece “bastante al fallido de 2025” y que es un presupuesto “de mentiras, frívolo y que no responde a las necesidades reales de Extremadura”.

Ha advertido de que el presupuesto, que tendrá una ejecución de “dos meses”, es “un acto de propaganda para mostrar normalidad en un presupuesto bastante anormal”, pues crecen por una “estimación de los ingresos por parte del Estado”, por “el endeudamiento y por los remanentes de tesorería, es decir, por no gastar”.

González Frutos ha aludido además al “dogmatismo fiscal” de la consejera que “pretende resolver todos los problemas sociales a base de rebajas fiscales”, lo que es “inaudito”, para ironizar con que “quiere convertirnos prácticamente en los Chicago Boys del suroeste ibérico”.

Unidas por Extremadura analizará con detalle el presupuesto para saber “realmente el impacto del fanatismo de las derechas” en unas cuentas que “no hacen ninguna mención a los grandes problemas que están encima de la mesa” entre los que ha mencionado “el conflicto de las educadoras infantiles o la homologación salarial”.

PP

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha considerado que estos presupuestos son “las mejores cuentas” para la región, elaboradas en “un tiempo récord” y que demuestran “la estabilidad” del Gobierno de María Guardiola. “Un modelo basado en la bajada de impuestos, el crecimiento económico y el fortalecimiento de los servicios públicos”, ha dicho Sánchez Juliá.

A su juicio, estas cuentas permitirán que la región “no pierda oportunidades” y siga “encabezando los rankings económicos y sociales”. Así, el portavoz popular ha remarcado que el presupuesto crece en 755 millones de euros respecto al ejercicio anterior, y que el 66% del gasto está destinado a políticas sociales.

Del mismo modo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha acusado a los grupos de la oposición de mantenerse “instalados en el no por el no” y de “seguir poniendo palos en las ruedas en lugar de trabajar por mejorar la vida de los extremeños” criticando unas cuentas de las que “no se habían leído una sola coma”.

Vox

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha señalado que los presupuestos autonómicos para 2026 pactados por su partido y el PP serán “muy beneficiosos” para la región.

Ha destacado la creación de 3.500 viviendas durante toda la legislatura, la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años y el aumento de recurso de materiales y personas en el ámbito de la sanidad.

La creación de un fondo de compensación para agricultores y ganadores y la reducción de un 50% de las subvenciones a los sindicatos son otros puntos de la cuentas que ha destacado. 

PSOE y Unidas por Extremadura han rechazado el anteproyecto de presupuestos para 2026 del Gobierno de PP y Vox, al que presentarán enmiendas porque no responde a las prioridades de la región y que -advierten- tendrá escasa ejecución con apenas “dos o tres meses de vida” pues el ejercicio presupuestario se cierra en noviembre.

En rueda de prensa, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha denunciado la “anomalía” que supone la presentación de las cuentas en la sede de Presidencia en lugar de sede parlamentaria, en un nuevo “desprecio” del Gobierno a la Asamblea que merece “respeto”, así como que representantes de las dos formaciones en el Ejecutivo comparezcan por separado.

Gil Rosiña ha lamentado que el presupuesto presentado responde a un modelo político de PP y Vox que no responde a las “prioridades” de los extremeños y que no quieren los socialistas para la región, por lo que presentarán enmiendas y alternativas.

Las cuentas, a su juicio, dibujan “una Extremadura que le quita los impuestos a los ricos” en detrimento de las clases medias y trabajadores, prevén, por ejemplo, una deducción por gastos veterinarios pero al mismo tiempo esas mismas familias que pueden ser beneficiarias de ello “son las que esperan dos años para operarse de una cadera o pagan 100 euros al mes por el comedor escolar de sus hijos”.

Ha señalado que su grupo espera conocer además el detalle de la ecotasa, una cuestión que no ha sido abordada en las comparecencias del Gobierno.

Para la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, estamos ante un presupuesto “para fardar y para hacerse la foto pero no para mejorar la vida de los extremeños”, que además “no crece lo que debería”, que sería un 10%, un 5% por cada año de los dos que la región ha estado sin presupuesto.

Igualmente, ha indicado que la revolución fiscal es “un trampantojo” que beneficia “a los más privilegiados”, que son “los que más deberían aportar a la hucha común”, y ante la “varita mágica” de la rebaja fiscal para todo, ha indicado que “las cosas no se solucionan con rebajas fiscales, se solucionan invirtiendo”.

La presidenta de la confluencia de izquierdas se ha preguntado si no hay dinero para ayudas a los cereceros, a los agricultores que se han quedado fuera de las ayudas por las borrascas, para bajar las ratios de las TEI que están en huelga o para instalar aires acondicionados en las aulas de los centros educativos de la región.

Desde Unidas por Extremadura estarán “muy atentos” para ver cómo aplican la “prioridad nazi-onal” que Vox ha implantado en estas cuentas, para remarcar también que la rebaja en los dos primeros tramos del IRPF no afecta a las familias que “peor lo están pasando” pues están “exentas de tributar”, y que no es asequible pagar 140.000 euros por las viviendas protegidas que se prevé construir. 

El proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 ya es una realidad. Tras el vuelco político que supuso la retirada de las anteriores cuentas por falta de apoyos y la consecuente convocatoria de elecciones anticipadas, el Ejecutivo regional de PP y Vox ha aprobado este jueves en un Consejo de Gobierno extraordinario las nuevas cuentas, que ascienden a 8.854 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a los 8.657 millones del proyecto frustrado el pasado octubre.

La portavoz del Gobierno y consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha defendido en rueda de prensa que estas cuentas son “expansivas” —dotadas con 755,6 millones más que el presupuesto prorrogado de 2025— y pretenden dar respuesta al “bloqueo que los extremeños expresaron en las urnas”. El proyecto, que se registrará este viernes en la Asamblea de Extremadura, se ha elaborado bajo una previsión de crecimiento del PIB del 1,9% y una creación de empleo del 1,56%. La Junta confía en acelerar su tramitación para que estén plenamente en vigor a finales de julio.

Un paquete fiscal de 43 millones

El apartado tributario es uno de los pilares del proyecto y, según ha reconocido la propia Manzano, “uno de los pilares del acuerdo con Vox”. Las rebajas fiscales recogidas tendrán un impacto de 43,1 millones de euros en las arcas públicas, una cifra que la consejera defiende que no responde a “una obsesión ideológica”, sino a una “herramienta de progreso y justicia”. Entre las principales novedades fiscales destaca la bajada del IRPF en un 0,25%para los dos primeros tramos de la tarifa autonómica (situándose en el 7,75% y el 9,75%), lo que la Junta califica como “los más bajos del país”.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se introduce un nuevo supuesto de “especial vinculación”. Los sobrinos cuyos tíos fallezcan sin descendencia directa podrán acceder a las mismas bonificaciones fiscales que los familiares directos. Además, se crea una deducción por gastos de veterinario con un límite de 100 euros anuales y se eleva a 4.000 euros la deducción por gastos de pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

También se elevan sustancialmente los límites de ingresos para poder aplicarse las 19 deducciones autonómicas vigentes, pasando de los 19.000 euros actuales a los 30.000 euros en tributación individual (y 55.000 en conjunta).

Sanidad y Educación

En el desglose por departamentos, la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia se lleva la mayor partida expansiva: crece un 17,6% hasta alcanzar los 3.339 millones de euros (500 millones más que en el ejercicio anterior). De estos, 904 millones se blindarán para la Atención Primaria y 616 millones se destinarán a las políticas de dependencia.

Por su parte, Educación y Formación Profesional contará con 1.620 millones de euros. Esta partida permitirá ampliar al 100% la jornada laboral de los auxiliares técnicos educativos y de los intérpretes de signos, además de consolidar el aumento retributivo de 80 euros para los docentes que se aplica desde enero, una cantidad considerada insuficiente por los sindicatos. La Consejería y las organizaciones que representan a los docentes se reunirán en junio otra vez. También se reservan 23,7 millones de euros para garantizar la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 1 años.

El programa Aval Joven en materia de vivienda sube su dotación hasta los 6 millones de euros y se abre de forma fija también a las familias numerosas. Además, la Junta habilitará una línea especial para que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por la compra de vivienda habitual se pueda aplazar y abonar en diez años sin intereses ni comisiones.

En el plano laboral, la Consejería de Economía y Empleo incrementa sus fondos en 133 millones de euros e incluirá una ayuda de 800.000 euros para cubrir las cuotas de la Seguridad Social de aquellos autónomos que se encuentren de baja por incapacidad laboral.

Finalmente, el sector agrario recibirá 10,8 millones de euros para la línea de seguros agrarios y 7 millones para el relevo generacional en el campo, mientras que el Servicio de Prevención de Incendios Forestales (Infoex) sumará un millón de euros para renovación de unidades terrestres y 1,74 millones para un nuevo complemento de disponibilidad y retén.

Vox celebra la “prioridad nacional”

Tras la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Gobierno, el socio de coalición del Ejecutivo regional ha comparecido en la Asamblea de Extremadura para valorar de forma muy positiva el documento económico. El presidente del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández —quien ostenta además la vicepresidencia de la Junta y la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia—, ha afirmado que estas cuentas marcan el inicio de “un cambio real” en la comunidad.

Según Fernández, el giro político de estos presupuestos se sustenta en el concepto de “prioridad nacional”, enfocado en “el sentido común y en priorizar las necesidades de los extremeños”. Bajo esta premisa, el líder de Vox ha destacado un drástico recorte de 10 millones de euros en cooperación y en asignaciones destinadas a asociaciones y entidades que, según sus palabras, “promueven la inmigración ilegal, masiva y descontrolada”.

Entre la batería de medidas pactadas en el seno del Ejecutivo que Fernández ha puesto en valor, se encuentra la reducción a la mitad de las subvenciones dirigidas a los sindicatos, la duplicación de las ayudas a la natalidad y el blindaje al sector agropecuario mediante un fondo de compensación diseñado para que “nuestros agricultores y ganaderos puedan defenderse de las nefastas políticas de Bruselas que emanan del Pacto Verde y de la Agenda 2030”.

En clave sectorial e infraestructuras, la formación ha reivindicado que el proyecto cumple con el compromiso de arrancar “en breve” las obras del regadío de Tierra de Barros. En materia sanitaria, además de refrendar el crecimiento superior al 17% de las partidas de salud, Fernández ha anunciado el compromiso de iniciar la contratación de 1.500 profesionales del sector a lo largo de la presente legislatura.

El Presupuesto General de Extremadura para 2026, que el Ejecutivo regional aprobará esta semana, reflejará una bajada del 0,25% en los dos primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF, hasta situarlos en el 7,75% y 9,75%, con un impacto de ochos millones de euros, ha explicado la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, momentos antes de comparecer en comisión conjunta de Hacienda y Presupuestos y Administración Pública y Diálogo Social de la Asamblea para dar cuenta de las líneas generales de actuación de su departamento.

En declaraciones a los medios, ha subrayado que Extremadura era un “infierno fiscal” cuando el PP llegó al Gobierno al tener la tarifa del IRPF más alta para las rentas más bajas, con un 9,5% en el primer tramo y un 12% en el segundo, que el Ejecutivo redujo al 8% y 10%, “el más bajo de todas las regiones de nuestro país”.

Ahora se dará un paso más -cumpliendo de este modo también uno de los puntos del acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox, que establece una bajada progresiva del IRPF del 0,25% en cada año de legislatura-, impulsando de este modo una fiscalidad “más justa, más igualitaria y que atiende en realidad ese principio de capacidad económica”, ha resaltado Manzano.

Junto a ello, las nuevas cuentas autonómicas reflejarán también algunas de las deducciones ya fijadas en el presupuesto elaborado por el Ejecutivo en solitario en octubre de 2025 -que llevó a Guardiola a convocar elecciones al carecer de apoyo para sacarlo adelante- como la ampliación a 4.000 euros de la deducción para enfermos de ELA y otra por gastos veterinarios. Y todo ello, ha recordado la consejera, tras haber aplicado ya bajadas fiscales que han devuelto 120 millones de euros a los ciudadanos extremeños, 100 de ellos a quienes tienen rentas inferiores a 28.000 euros.

Manzano ha recordado, tal y como adelantó el pasado lunes la presidenta de la Junta, María Guardiola, que los presupuestos autonómicos superarán los 8.800 millones de euros, con 500 millones más para sanidad y dependencia, y 170 millones más para educación. “Superaremos esa cifra récord que presentamos en el presupuesto anterior y garantizaremos los servicios públicos en Extremadura”, ha manifestado.

Ha señalado que se aprobarán esta semana, tal y como apuntó la presidenta, y que estarán en vigor a finales de julio, dado que los tiempos parlamentarios fijan en unos dos meses su periodo de tramitación. Pese a ello, ha destacado que el Ejecutivo no podía perder la “oportunidad” de contar con unas nuevas cuentas y ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por llevar varios años sin presentar unas cuentas generales para el Estado.

“Es el único instrumento que te permite acometer las políticas públicas que necesitan los ciudadanos de nuestra región. No íbamos a perder ni un céntimo y con este presupuesto seguimos impulsando a Extremadura”, ha indicado Manzano, que ha subrayado además que ya se está trabajando también en el presupuesto autonómico de 2027.

Asimismo, ante la advertencia del PSOE del escaso tiempo con que contará el Gobierno para ejecutar el nuevo presupuesto, ha informado de que la orden de cierre de las cuentas “se va a dilatar lo máximo posible”.

La consejera, que ha apuntado que con Vox, socio de gobierno, no ha existido ningún problema para elaborar las cuentas dado que estas entraban dentro de la negociación con el partido de Abascal, ha asegurado que “este presupuesto se va a ejecutar”.

En materia de función pública, y a preguntas de los periodistas sobre si se pueden dar pasos hacia una homologación salarial en los distintos niveles de la Administración autonómica, Manzano ha contestado afirmativamente y ha expresado que “lo que hay que hacer es sentarse, hablar y negociar”.

Y en diálogo social, la nueva competencia que asume su Consejería, ha considerado “esencial” ir de la mano de los agentes sociales y ha subrayado que se seguirá impulsando un contacto directo con ellos porque “redunda en el crecimiento de nuestra tierra”. 

El Consejo de Capitalidad celebrado este martes en Mérida ha dejado dos realidades sobre la mesa: un avance cuantitativo en las inversiones regionales para la ciudad de cara a 2026 y, al mismo tiempo, la persistencia de agravios estructurales que el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha reclamado.

El regidor ha aprovechado la cita para lanzar una propuesta muy concreta al Ejecutivo de María Guardiola: que la Junta interceda ante el Gobierno de España para que Mérida albergue una sede de la Dirección General de Tráfico (DGT), ofreciendo para ello el edificio de Correos, recientemente adquirido por el consistorio.

La petición de la DGT forma parte de una batería de demandas con las que el ayuntamiento busca reforzar el peso institucional y los servicios de la ciudad. Entre ellas, Osuna también ha puesto sobre la mesa la necesidad de apoyo económico autonómico para proyectos clave como la futura piscina olímpica climatizada. Sin embargo, el principal caballo de batalla político sigue siendo el Estatuto de Capitalidad. El regidor socialista ha exigido formalmente su actualización, denunciando que la partida económica vinculada a este concepto permanece congelada desde hace una década, a pesar del notable incremento de competencias, servicios y responsabilidades que asume Mérida por su condición de sede de las instituciones extremeñas.

El “deshielo” de las cuentas tras el adelanto electoral

La reunión ha servido también para que la Junta de Extremadura concrete el escenario financiero para la ciudad tras el accidentado arranque de la legislatura. El vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha anunciado al término del encuentro que el proyecto de Presupuestos de Extremadura (PGEX) para 2026 reservará finalmente 44,8 millones de euros para Mérida.

Esta cifra supone un incremento de más de cinco millones de euros respecto al proyecto inicial del PP que fue retirado en la Asamblea por falta de apoyos, un bloqueo parlamentario que terminó desembocando en la convocatoria de elecciones anticipadas.

Según ha justificado Bautista, el hecho de encontrarse ya a finales de mayo ha permitido a los técnicos de la Junta tener los expedientes administrativos “mucho más avanzados”. Gracias a ello, se han podido incorporar nuevas partidas y actualizar las cuantías de las ya existentes en función de lo que realmente va a dar tiempo a ejecutar en el presente ejercicio de 2026.

Sanidad, regadíos y empleo concentran la inversión

El grueso de los fondos autonómicos para la capital se volcará en infraestructuras sanitarias y proyectos de desarrollo tecnológico y social. Entre las inversiones desglosadas por el vicepresidente extremeño destacan 2,5 millones de euros para el nuevo edificio de farmacia centralizada y automatizada del Hospital de Mérida, cuyas obras se recepcionarán esta misma semana, la reforma de la unidad de salud mental y la creación de una nueva unidad de salud mental infanto-juvenil en el Centro de Salud Urbano II.

Asimismo, las cuentas de 2026 contemplan 3,4 millones de euros para la construcción del futuro parque científico y tecnológico, que es una de las grandes reivindicaciones locales, el avance en el nuevo centro CADEX en la Zona Norte para la atención a personas con discapacidad, y 1,1 millones para la modernización del centro sociosanitario Adolfo Díaz Ambrona.

El sector agrario local recibirá 1,4 millones de euros para la renovación de las redes principales de la Comunidad de Regantes de Mérida, mientras que el ámbito cultural mantendrá su peso con dos millones asignados conjuntamente al Festival de Teatro, la Sala Trajano y el Teatro María Luisa.

La reunión ha dejado también un movimiento político llamativo. El vicepresidente de la Junta ha destacado positivamente que el alcalde de Mérida se haya ofrecido a ir “de la mano” con el Ejecutivo regional para reclamar de forma conjunta ante los ministerios de Madrid las inversiones estatales pendientes en la ciudad. “Es un aspecto a destacar que ambas administraciones quieran ir juntas”, ha señalado Bautista, buscando proyectar una imagen de frente común en las reivindicaciones de Extremadura ante el Gobierno central.

La candidata regionalista a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha afirmado este martes que el PP ha aceptado todas las propuestas para los presupuestos de 2026 del PRC, que sale “fortalecido como partido de gobierno” de la negociación que acabó en acuerdo el pasado viernes.

Fernández ha convocado a los medios para explicar las 24 medidas que se incluirán en las cuentas después del acuerdo que firmó la semana pasada junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga y el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla.

La candidata ha subrayado que el acuerdo es “un voto de confianza” a la presidenta, que debe responder de su cumplimiento.

Ha insistido en que las medidas pactadas buscan “solucionar problemas concretos de la vida cotidiana” de los cántabros en el ámbito de la vivienda, el transporte, la sanidad pública, los servicios sociales, el apoyo al sector primario, la industria, la educación y la cultura.

Ha incidido especialmente en las medidas destinadas a retener a los jóvenes en Cantabria, como las ayudas de 600 euros en tres años en una cuenta vivienda para comprar o rehabilitar, los descuentos del 70 % en el transporte público por carretera o la gratuidad de la matrícula en la Universidad de Cantabria el curso 2026/2027 para los alumnos de primer curso de grado.

“Estamos ante un buen acuerdo para Cantabria y los cántabros”, ha reivindicado Fernández, quien ha señalado que en el pacto están también las propuestas que su partido puso sobre la mesa en la negociación de noviembre, cuando, a su juicio, se podría haber firmado ya.

Compromisos en infraestructuras

Según la candidata, el acuerdo recoge el compromiso de que las obras de infraestructuras que se incluyeron en los acuerdos con el PP para aprobar los presupuestos de 2024 y 2025 y continúan pendientes “estén en marcha a nivel de proyecto definitivo” en 2026.

El PRC, ha subrayado, va hacer desde el partido y el Parlamento “una vigilancia estrecha” del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno, que se encargará de vigilar una comisión formada por seis “expertos independientes”, de los que cada partido designará tres.

Como ha recordado, en la comisión de seguimiento del acuerdo de 2025, PP y PRC hicieron análisis distintos del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo y con esta nueva fórmula se pretende que los expertos establezcan unas reglas y hagan un análisis independiente.

La previsión es que los presupuestos se aprueben en mayo y la comisión celebrará una primera reunión en octubre.

Otro de los compromisos recogidos en el acuerdo es que el Gobierno de Cantabria solo incluirá en la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos medidas administrativas y fiscales. No podrá utilizarla, según los regionalistas, como una ley omnibus con la que reformar otras leyes sin debatirlas en el Parlamento.

Fernández ha señalado que cuantificar el impacto económico total de estas medidas es “muy difícil” aunque estima que supera los 200 millones de euros. No obstante, ha subrayado que “lo importante es el calado” de esas medidas.

De dónde se va a detraer ese dinero, ha dicho, dependerá del Gobierno de Cantabria, que tendrá que ajustar las partidas.

Cribados de cáncer en la sanidad pública

Una de las 24 medidas acordadas es reforzar los programas de cribado para la detección precoz del cáncer con una partida de 5 millones de euros y, según la candidata, el PRC va a estar muy vigilante para que ese dinero sea para la sanidad pública.

Es lo que ha respondido cuando se le ha planteado la posibilidad de que ese refuerzo se haga en el hospital Santa Clotilde, con el que el Gobierno ha suscrito un convenio singular que incluye cribados de cáncer de mama y colón.

La candidata regionalista ha señalado que el acuerdo va a permitir también poner fin al conflicto en la educación pública.

En España cada vez hay más concienciación sobre lo que supone tener un animal en casa y lo que implica su cuidado. Durante los últimos años se han establecido leyes sobre protección de los animales de compañía, como la Ley de Bienestar Animal de 2023. En este contexto, la Junta de Andalucía acaba de aprobar una nueva deducción autonómica para los propietarios de mascotas, que podrán ahorrarse un dinero cuando realicen la Declaración de la Renta del ejercicio 2025, que se presenta este 2026.

Tener un animal de compañía implica asumir un gasto fijo en vacunas, revisiones, tratamientos y posibles urgencias veterinarias. Hasta ahora, todo esto no tenía ningún reflejo en la declaración de la renta, situación está cambiando, ya que el cuidado veterinario empieza a tener reconocimiento fiscal dentro del sistema tributario andaluz.

La medida sitúa a Andalucía entre las primeras comunidades autónomas que incorporan de forma expresa el cuidado veterinario de los animales de compañía a su normativa tributaria propia. La nueva deducción permite desgravar el 30% de los gastos veterinarios pagados en el año, con un máximo de 100 euros anuales por contribuyente. Se aplica únicamente en el tramo autonómico del impuesto y solo pueden beneficiarse quienes tengan su residencia fiscal en Andalucía.

Requisitos para poder deducirse el gasto veterinario

La deducción está contemplada en la Ley 8/2025 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De este modo, se podrá declarar en la campaña de la Renta de 2025 y solo será aplicable a los gastos veterinarios realizados a partir del 1 de enero de ese año.

Quienes cumplan los requisitos necesitan guardar de forma ordenada todas las facturas veterinarias para poder incluirlas después en su declaración anual. Las facturas originales serán imprescindibles para justificar los gastos ante la Agencia Tributaria, y sin ese respaldo documental no se podrá aplicar la deducción, incluso aunque el desembolso se haya producido realmente durante el ejercicio fiscal.

Documentación que se debe presentar

No todas las rentas entran dentro de la medida ni tampoco cualquier visita al veterinario sin factura o justificante. Para que los gastos sean deducibles deben estar respaldados por una factura oficial emitida por un centro veterinario autorizado y a nombre del contribuyente. Además, la normativa fija varios requisitos adicionales que conviene revisar con detalle para evitar errores.

Por un lado, se exige tener residencia fiscal en Andalucía y haber adquirido la mascota a partir del 1 de enero de 2025. Por otro, los justificantes deben incluir todos los datos fiscales obligatorios, como el NIF o CIF del centro veterinario y el desglose claro del servicio prestado.

La deducción tampoco está disponible para todos los niveles de renta. Solo podrán aplicarla quienes tengan una base imponible general más ahorro igual o inferior a 80.000 euros en declaraciones individuales o 100.000 euros en declaraciones conjuntas. Con este límite se pretende dirigir la ayuda hacia contribuyentes de renta media y evitar que el beneficio se concentre en los tramos más altos.

Qué gastos están incluidos en la nueva deducción

En cuanto al tipo de gastos cubiertos, la ley abarca la mayoría de actuaciones habituales relacionadas con la salud de las mascotas. Se podrán incluir, siempre que estén correctamente justificados, las consultas veterinarias, las vacunaciones obligatorias o recomendadas, los tratamientos médicos, las intervenciones quirúrgicas, las pruebas diagnósticas y los servicios preventivos prescritos por un veterinario colegiado.

Quedan fuera, por tanto, los gastos meramente estéticos o aquellos que no estén vinculados a la salud del animal, como pueda ser el pienso.

Los justificantes deben ser oficiales, emitidos por un centro autorizado y con todos los datos fiscales completos. Muchos contribuyentes tendrán que acostumbrarse a pedir siempre factura completa y a conservarla durante años.

Para acceder a la deducción también es necesario que el animal tenga la consideración legal de animal de compañía o de asistencia conforme a la normativa andaluza.

En general, perros, gatos y otras especies domésticas habituales entran dentro de esta categoría. Además, todos los animales deben estar correctamente identificados mediante microchip y registrados en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), lo que refuerza el control administrativo y la trazabilidad.

Diferencia entre animales comprados y adoptados

La norma introduce además diferencias entre animales comprados y adoptados. Para los animales adquiridos mediante compra, la deducción se puede aplicar solo durante el primer año desde la adquisición.

En cambio, cuando se trata de animales adoptados de protectoras o centros de acogida, el beneficio fiscal se puede aplicar durante tres ejercicios consecutivos tras la adopción. Con ello se busca incentivar la adopción responsable frente a la compra. En el caso de los perros guía o animales de acompañamiento terapéutico, será de por vida.

Qué ocurre en otras comunidades autónomas

Andalucía no es la única región que ha empezado a avanzar en este tipo de incentivos fiscales, aunque el número de comunidades con deducciones específicas por gastos veterinarios sigue siendo todavía reducido.

En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, se contemplan beneficios fiscales que permiten deducir parte de los gastos veterinarios de animales de compañía dentro de determinados límites de renta y con importes máximos anuales fijados por la normativa autonómica.

En Illes Balears también existe una deducción autonómica destinada a estos costes, siempre que el animal esté correctamente identificado y se aporten los justificantes correspondientes.

En La Rioja, las deducciones relacionadas con el bienestar animal pueden incluir gastos veterinarios, especialmente en casos de animales adoptados o registrados oficialmente.

Por último, en la Región de Murcia se ha aprobado una deducción del 30% de los gastos veterinarios con un tope de 100 euros al año, que fue incluida en los presupuestos autonómicos y ya está en vigor para la próxima campaña de la renta.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este martes la prórroga presupuestaria para el 1 de enero de 2026 después de que ningún partido de la oposición apoyara las cuentas del PP. Esta ha sido la primera vez en Castilla y León en que el parlamento ha rechazado un proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, que estará marcado por las elecciones autonómicas, previstas para el próximo marzo.

Las Cortes aprobaron a finales de noviembre las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026, presentadas en bloque por los grupos de la oposición. 47 procuradores del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y dos de los representantes del Grupo Mixto votaron a favor de devolver las cuentas, algo que rechazaron el PP (31) y los dos procuradores no adscritos —ex de Vox— y solo el procurador de Por Ávila se abstuvo.

De esta manera, el Ejecutivo autonómico pretende garantizar novedades para el próximo año como la estrategia de lucha anti incendios y las subidas salariales de los empleados públicos.

El Decreto tiene cuatro artículos, una disposición adicional y una disposición final. Así, el artículo primero establece los créditos que se prorrogan y los que no, siguiendo lo dispuesto en el artículo 107 de la ley 2/2006. El artículo segundo establece que la disposición de los créditos prorrogados se supeditará en su cuantía al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto vigentes para este ejercicio. La Junta de Castilla y León, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de hacienda, podrá acordar la no disponibilidad de los créditos que estime necesarios para su cumplimiento.

El tercer artículo regula el orden y cómo se imputarán los gastos durante el período de prórroga para garantizar el equilibrio financiero en todo momento, de acuerdo con la Orden EYH/1125/2025, de 8 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2025 y las de apertura del ejercicio 2026.

Asimismo, se determina que los créditos financiados con recursos finalistas podrán imputarse por la totalidad del gasto elegible correspondiente y, por último, se prevé que el consejero de Economía y Hacienda podrá proponer a la Junta la no disponibilidad de los créditos necesarios para así garantizar la cobertura presupuestaria de las retribuciones del personal al servicio de la Administración General e Institucional de la Comunidad.

La disposición adicional matiza que todas las referencias efectuadas al presupuesto de 2026 en la Orden por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2025 y las de apertura del ejercicio 2026 se entienden hechas al presupuesto prorrogado de 2024 para 2026. Por último, la disposición final establece que la vigencia de las condiciones de la prórroga recogidas en el decreto se iniciará el próximo 1 de enero.

La reunión entre el presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, y el portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, clave para un eventual anticipo electoral ya que el Gobierno de Aragón necesita los votos de los diputados ultras, no ha servido para que los dos partidos avancen en la negociación. Peor aún: ha constatado que las posiciones parecen irreconciliables. Habrá una segunda reunión esta semana y de ahí no pasará: “O sí o no, esto no va a ser un trasiego de papeles”, ha zanjado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.

El representante de la extrema derecha ha instado al PP a replicar las medidas pactadas en la Comunitat Valenciana con el nuevo presidente regional, Juanfran Pérez Llorca. “Si Azcón quiere un cheque en blanco, no lo va a tener”, ha advertido Nolasco, que ha instado a Azcón a “negociar”. Así, ha llevado a la reunión “un dosier” con propuestas y ha reclamado “un calendario ordenado por consejerías” para llegar a un “acuerdo coherente y razonable”, un pacto –ha insistido– “que no comprometa al Gobierno a nada que no haya firmado a escasos kilómetros de aquí”, en referencia a Valencia.

Entre las medidas que Vox quiere implantar también en Aragón están eliminar las ayudas “a organizaciones que facilitan la inmigración irregular”, eliminar “cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde”, “conocer datos de quienes cometen delitos” o rebajar impuestos. “Si lo pueden disfrutar los valencianos, por qué no los aragoneses”, ha mencionado en la misma línea.

Poco más. Nolasco ha reconocido que las declaraciones de los últimos días tanto del presidente aragonés como de los consejeros autonómicos muestran “una distancia” entre las intenciones en Aragón y lo acordado en la Comunitat Valenciana.

“No puede pasar de esta semana”

Desde el Ejecutivo de Jorge Azcón, su consejero de Hacienda ha constatado la distancia entre los dos partidos. “Las posturas de ambas partes están bastante o muy lejanas –ha comenzado Bermúdez de Castro–. Hay diferentes formas de ver asuntos de importancia”. Habrá una segunda reunión entre las partes esta misma semana y de ahí saldrá una decisión: “Esto va a ser un sí o un no, no va a ser un trasiego de papeles. No puede pasar de esta semana”, ha enmarcado Bermúdez de Castro.

Para los populares, muchas de las peticiones de Vox “son inasumibles”, algunas por inaplicables y otras “porque son ilegales”. Y se ha referido entre otras cuestiones al dragado de los ríos, sometido a “una clara legislación medioambiental”: “Ningún funcionario va a firmar ninguna limpieza de río sin los permisos, porque eso está penado con cárcel”. O al requisito de la extrema derecha de eliminar todas las subvenciones “a cualquier ONG que ayude a los inmigrantes”, para lo que Bermúdez de Castro –oscense– ha mencionado a la organización Hermanos de Cruz Blanca de Huesca, que con la propuesta de la extrema derecha “dejaría de recibir ayudas públicas”.

Bermúdez de Castro ha afeado a Nolasco que citara “quince o veinte veces” el acuerdo en la Comunitat Valenciana y no recordara los casos de Illes Balears o Extremadura, donde Vox tumbó el techo de gasto. “Todo lo que no es su forma de pensar es socialista, eso es el paradigma del sectarismo”, ha sentenciado.

Aragón-Teruel Existe

Por su parte, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha reprochado a Azcón que “no se ha cumplido” el acuerdo alcanzado entre su formación el PP de cara a la investidura de Azcón en 2023.

“Hoy todo van a ser buenas palabras, pero no se ha cumplido lo que nos prometieron”, se ha quejado Guitarte, quien ha mencionado acuerdos de 2023 como abrir 54 habitaciones individuales en el nuevo Hospital Obispo Polanco de Teruel o el gobierno de alternancia PP-Teruel Existe en la Comarca Comunidad de Teruel. Sobre esto último, ha expresado que Teruel Existe desconoce “las cuitas internas” del PP, pero ha exigido el cumplimiento del acuerdo de 2023.

Guitarte ha insistido en que el Gobierno remita a las Cortes el proyecto de ley de presupuestos porque es en el Parlamento “donde debe debatirse de verdad” en lugar de “opinar sobre un 'power point” porque “los ciudadanos tienen derecho a conocer los detalles”. “Si la idea es que haya elecciones, nos ponemos en modo electoral, estamos preparados, hemos estado haciendo los deberes en todo el territorio”, ha advertido el portavoz de Aragón-Teruel Existe.

Quien sí se ha mostrado dispuesto a dar su apoyo al PP ha sido el presidente del PAR y diputado autonómico Alberto Izquierdo. Los aragonesistas están, ha dicho, “dispuestos a sumar” y “pintar la cuatribarrada” a los presupuestos de Aragón de 2026. Ha sido el primero en reunirse con Jorge Azcón.

“Si somos capaces de llegar a algunos acuerdos que hemos puesto encima de la mesa, por supuesto que sí estamos predispuestos a votarlo a favor, porque nosotros apoyamos la investidura de este presidente del Gobierno”, ha refrendado, antes de poner el punto de mira en un rival directo en la provincia turolense: “Ahora hay que preguntarle a Teruel Existe, que por la mañana es oposición y por la tarde es Gobierno, si estos presupuestos le parecen bien, igual que le parecían bien los del año 24, porque estos son una versión mejorada y con más dinero que los del 24, y lo mismo habrá que preguntarle a Alejandro Nolasco”.

En un paso hasta cierto punto previsible, la secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha anunciado este lunes que los socialistas se abstendrán con el techo de gasto que lleve el Gobierno autonómico del PP a las Cortes de Aragón, lo que propiciará su aprobación. Con este movimiento, la ministra de Educación trata de ganar tiempo y, al mismo tiempo, compromete el relato del presidente Jorge Azcón, quien ha anunciado repetidas veces que adelantará las elecciones si no hay acuerdo para los Presupuestos de 2026.

“No queremos un presupuesto que esté maniatado por la ultraderecha, no queremos un presupuesto que esté dictado por Vox, queremos un presupuesto para todos y para todas, un presupuesto que atienda a los problemas del Aragón real de hoy. Y por eso ofrecemos y ofrezco la mano tendida”, ha manifestado Alegría tras la celebración de un Comité Regional del partido en Zaragoza.

Alegría ha reivindicado la “seriedad” de lo que traslada el partido. “Somos por tanto conocedores que para poder aprobar este presupuesto previamente hay que aprobar un techo de gasto. Ya les avanzo que el Partido Socialsita facilitará ese techo de gasto”, ha anunciado.

Entre los requisitos que han lanzado a cambio los socialistas están “vivienda pública sin especulación, inversiones en sanidad pública en todo el territorio, gratuidad en la educación del tramo 0-3 años, aumentar plazas públicas en las residencias para personas mayores o la ampliación de la línea 1 del tranvía y el impulso a la segunda línea en Zaragoza”.

Y a continuación ha atacado el relato de Azcón: “Si decide convocar elecciones, detrás de ese adelanto se esconde una demostración absoluta de la incapacidad de hacerse cargo de los problemas de los aragoneses”. En este punto, la secretaria general de los socialistas aragoneses ha recordado al jefe del Ejecutivo: “Cuando te votan, los ciudadanos te piden que gestiones, que gobiernes, que te hagas cargo de sus problemas, que plantees soluciones para esos problemas. Y evidentemente que tengas capacidad de dialogar con otras fuerzas políticas, máxime cuando no tienes mayoría absoluta”.

“Relativo optimismo” en Vox

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, ha asegurado también este lunes acudirá con “relativo optimismo” a la ronda de consultas con Azcón. La formación de extrema derecha está citada para el martes por la tarde.

Nolasco atribuye esa sensación a que el sábado el jefe del Ejecutivo “coincidió en el Día de la Constitución con el presidente valenciano, Pérez Llorca”. A partir de ese encuentro, el portavoz ultra interpreta que ambos dirigentes “habrán podido hablar” y que “Azcón habrá comprobado cómo el PP en la Comunidad Valenciana se ha comprometido a no financiar a las ONG que colaboran con el tráfico de personas”, así como “acometer obras de encauzamiento de barrancos en los tramos urbanos”.

“Si el PP cree que eso es bueno para la Comunidad Valenciana, ¿por qué no lo copiamos también en los presupuestos de Aragón para 2026?”, se ha preguntado. Asimismo, ha afirmado que la actitud con la que acudirá este martes al encuentro será “constructiva”, pensando “en el beneficio y la seguridad de los aragoneses, la bajada de impuestos, priorizar la vivienda para los españoles y la lucha contra la inmigración ilegal”, ha recalcado.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, llevará a cabo entre el martes y el miércoles la ronda de contactos para los Presupuestos de 2026, cuyo boceto presentó el viernes en el Edificio Pignatelli. Arrancará con los partidos que apoyaron las cuentas de 2024: Vox, Aragón-Teruel Existe y el PAR. El jefe del Ejecutivo ha pedido “responsabilidad” a las formaciones, y ha insistido en que si no encuentra apoyos suficientes “lo lógico es convocar elecciones”.

Azcón ha hecho estas afirmaciones en el Congreso de los Diputados, en el acto de conmemoración por el aniversario de la Constitución Española. “El objetivo es hablar con todos los partidos porque Aragón vive un buen momento, con inversiones como no hemos tenido nunca, y el presupuesto va a mejorar la vida de los aragoneses, con incrementos históricos en sanidad, educación y servicios sociales, pero también con proyectos que mejoran la economía de la comunidad”, ha manifestado, en línea con lo declarado en las últimas semanas.

A continuación, el jefe del Ejecutivo autonómico ha pedido “una responsabilidad suficiente como para saber que el momento que vive Aragón necesita unos presupuestos”. De lo contrario, ha añadido, “lo lógico es convocar elecciones”.

El Gobierno regional ha informado este sábado de que ya ha contactado con los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón para la ronda de contactos de cara a la negociación presupuestaria. Los turnos establecidos comienzan el martes con el PAR, Teruel Existe y Vox –este último, ya por la tarde– y siguen al día siguiente con IU, Podemos, CHA y, para cerrar por la tarde, con el PSOE.

Sin embargo, la jornada del miércoles será más corta de lo previsto: CHA e Izquierda Unida ya han confirmado que no acudirán.

El portavoz nacionalista ya manifestó el viernes que no iría al encuentro para no dejarse “utilizar en este sainete continuado de propaganda partidista”. “La política que se merece Aragón debería ser más seria”, criticó Soro. Y este sábado ha sido IU la que ha trasladado su ausencia. Fuentes de la formación indican que no participarán en lo que consideran una “farsa” y que no contribuirán a “a alimentar la irresponsabilidad del señor Azcón”.

Para IU, el acto del viernes del jefe del Ejecutivo acompañado por sus consejeros fue “el primer acto de una campaña electoral sufragada con dinero público” y no respondía a “una voluntad real de negociar y aprobar unas cuentas serias”. “La pantomima de ayer es un episodio más del circo político de los últimos meses en el que Azcón pretende esconder su minoría, su incapacidad y su disputa con la ultraderecha, secuestrando el debate presupuestario a las Cortes de Aragón, que es donde debe producirse”, añadieron desde IU.

Mientras, desde el PSOE han trasladado que “siempre” han acudido a los encuentros convocados por el presidente autonómico y en Podemos Aragón siguen valorándolo.

Este sábado, Azcón también se ha vuelto a referir a los tiempos que manejan antes de adelantar la convocatoria electoral. El dirigente popular ha aludido a la próxima semana, “un tiempo más que prudencial” para que comprueben “qué partidos están dispuestos a aprobar los presupuestos o cuáles quieren bloquear”. Aun así, ha dejado la puerta abierta a una negociación posterior: “El tiempo es importante, pero lo fundamental es saber si hay posibilidades de aprobarlos”.

Lapsus con Vox

Antes de valorar el presupuesto autonómico, Azcón también se ha manifestado respecto a la celebración del día de la Constitución. Ha asegurado que se trata de un “día de celebración” y ha analizado que la Carta Magna está entre los mejor que ha sucedido “en la historia de España”.

“En España –ha continuado–, la unión es mucho mejor que la división y que levantar muros. Hoy venimos al Congreso y los que hoy no están en el Congreso de los Diputados son los que quieren acabar con la Constitución. El problema es que los que hoy no están son los que quieren destruir nuestro régimen democrático”.

Las formaciones que no acuden son ERC, Bildu, PNV, BNG, Junts, Podemos... y Vox. Cuando se le ha recordado la ausencia de la extrema derecha, Azcón ha echado balones fuera: “Vox: hoy deberíamos estar todos, y también debería estar Vox”.