El PSOE ha tachado como un “ajuste de cuentas” entre PP y Vox los presupuestos autonómicos para 2026, que Unidas por Extremadura ve “frívolos” y llenos de “mentiras”, mientras que los partidos que sustentan el gobierno los han calificado como “los mejores” y “muy beneficiosos” para la región.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha registrado este viernes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) en la Asamblea de Extremadura para iniciar su tramitación.

Desde el Grupo Socialista, su portavoz, Isabel Gil Rosiña, ha criticado que el Ejecutivo presente unas cuentas que ascienden a 8.853 millones de euros, “755 millones más que el ejercicio anterior”, mientras que la propia Memoria General de los Presupuestos reconoce una inejecución prevista de 776 millones de euros. “¿A quién quiere engañar la señora Guardiola?, se ha cuestionado. ”No son unos presupuestos, sino un ajuste contable o, peor todavía, un ajuste de cuentas entre Guardiola y Vox“, ha dicho.

La portavoz socialista ha definido además las cuentas como “unos presupuestos de la vergüenza”, unas cuentas “radicales y nada moderadas” que, a su juicio, “castigan a las personas y, lo que es peor, las señalan”. En ese sentido, ha denunciado el recorte “a la mitad” de las partidas destinadas a sindicatos y patronal, así como el “desmantelamiento” de la cooperación internacional extremeña, de 9,4 millones a 900.000 euros.

A juicio de la dirigente socialista, los presupuestos presentados por la Junta “no responden a las necesidades reales de Extremadura”, sino que son el resultado de “las imposiciones ideológicas de Vox asumidas por Guardiola”.

“Son unas cuentas que recortan derechos, debilitan el diálogo social, castigan la cooperación y abandonan el modelo de región solidaria, moderada y cohesionada que siempre ha defendido Extremadura”, ha concluido.

Unidas por Extremadura

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha señalado que este presupuesto se parece “bastante al fallido de 2025” y que es un presupuesto “de mentiras, frívolo y que no responde a las necesidades reales de Extremadura”.

Ha advertido de que el presupuesto, que tendrá una ejecución de “dos meses”, es “un acto de propaganda para mostrar normalidad en un presupuesto bastante anormal”, pues crecen por una “estimación de los ingresos por parte del Estado”, por “el endeudamiento y por los remanentes de tesorería, es decir, por no gastar”.

González Frutos ha aludido además al “dogmatismo fiscal” de la consejera que “pretende resolver todos los problemas sociales a base de rebajas fiscales”, lo que es “inaudito”, para ironizar con que “quiere convertirnos prácticamente en los Chicago Boys del suroeste ibérico”.

Unidas por Extremadura analizará con detalle el presupuesto para saber “realmente el impacto del fanatismo de las derechas” en unas cuentas que “no hacen ninguna mención a los grandes problemas que están encima de la mesa” entre los que ha mencionado “el conflicto de las educadoras infantiles o la homologación salarial”.

PP

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha considerado que estos presupuestos son “las mejores cuentas” para la región, elaboradas en “un tiempo récord” y que demuestran “la estabilidad” del Gobierno de María Guardiola. “Un modelo basado en la bajada de impuestos, el crecimiento económico y el fortalecimiento de los servicios públicos”, ha dicho Sánchez Juliá.

A su juicio, estas cuentas permitirán que la región “no pierda oportunidades” y siga “encabezando los rankings económicos y sociales”. Así, el portavoz popular ha remarcado que el presupuesto crece en 755 millones de euros respecto al ejercicio anterior, y que el 66% del gasto está destinado a políticas sociales.

Del mismo modo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha acusado a los grupos de la oposición de mantenerse “instalados en el no por el no” y de “seguir poniendo palos en las ruedas en lugar de trabajar por mejorar la vida de los extremeños” criticando unas cuentas de las que “no se habían leído una sola coma”.

Vox

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha señalado que los presupuestos autonómicos para 2026 pactados por su partido y el PP serán “muy beneficiosos” para la región.

Ha destacado la creación de 3.500 viviendas durante toda la legislatura, la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años y el aumento de recurso de materiales y personas en el ámbito de la sanidad.

La creación de un fondo de compensación para agricultores y ganadores y la reducción de un 50% de las subvenciones a los sindicatos son otros puntos de la cuentas que ha destacado. 

PSOE y Unidas por Extremadura han rechazado el anteproyecto de presupuestos para 2026 del Gobierno de PP y Vox, al que presentarán enmiendas porque no responde a las prioridades de la región y que -advierten- tendrá escasa ejecución con apenas “dos o tres meses de vida” pues el ejercicio presupuestario se cierra en noviembre.

En rueda de prensa, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha denunciado la “anomalía” que supone la presentación de las cuentas en la sede de Presidencia en lugar de sede parlamentaria, en un nuevo “desprecio” del Gobierno a la Asamblea que merece “respeto”, así como que representantes de las dos formaciones en el Ejecutivo comparezcan por separado.

Gil Rosiña ha lamentado que el presupuesto presentado responde a un modelo político de PP y Vox que no responde a las “prioridades” de los extremeños y que no quieren los socialistas para la región, por lo que presentarán enmiendas y alternativas.

Las cuentas, a su juicio, dibujan “una Extremadura que le quita los impuestos a los ricos” en detrimento de las clases medias y trabajadores, prevén, por ejemplo, una deducción por gastos veterinarios pero al mismo tiempo esas mismas familias que pueden ser beneficiarias de ello “son las que esperan dos años para operarse de una cadera o pagan 100 euros al mes por el comedor escolar de sus hijos”.

Ha señalado que su grupo espera conocer además el detalle de la ecotasa, una cuestión que no ha sido abordada en las comparecencias del Gobierno.

Para la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, estamos ante un presupuesto “para fardar y para hacerse la foto pero no para mejorar la vida de los extremeños”, que además “no crece lo que debería”, que sería un 10%, un 5% por cada año de los dos que la región ha estado sin presupuesto.

Igualmente, ha indicado que la revolución fiscal es “un trampantojo” que beneficia “a los más privilegiados”, que son “los que más deberían aportar a la hucha común”, y ante la “varita mágica” de la rebaja fiscal para todo, ha indicado que “las cosas no se solucionan con rebajas fiscales, se solucionan invirtiendo”.

La presidenta de la confluencia de izquierdas se ha preguntado si no hay dinero para ayudas a los cereceros, a los agricultores que se han quedado fuera de las ayudas por las borrascas, para bajar las ratios de las TEI que están en huelga o para instalar aires acondicionados en las aulas de los centros educativos de la región.

Desde Unidas por Extremadura estarán “muy atentos” para ver cómo aplican la “prioridad nazi-onal” que Vox ha implantado en estas cuentas, para remarcar también que la rebaja en los dos primeros tramos del IRPF no afecta a las familias que “peor lo están pasando” pues están “exentas de tributar”, y que no es asequible pagar 140.000 euros por las viviendas protegidas que se prevé construir. 

El proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 ya es una realidad. Tras el vuelco político que supuso la retirada de las anteriores cuentas por falta de apoyos y la consecuente convocatoria de elecciones anticipadas, el Ejecutivo regional de PP y Vox ha aprobado este jueves en un Consejo de Gobierno extraordinario las nuevas cuentas, que ascienden a 8.854 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a los 8.657 millones del proyecto frustrado el pasado octubre.

La portavoz del Gobierno y consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha defendido en rueda de prensa que estas cuentas son “expansivas” —dotadas con 755,6 millones más que el presupuesto prorrogado de 2025— y pretenden dar respuesta al “bloqueo que los extremeños expresaron en las urnas”. El proyecto, que se registrará este viernes en la Asamblea de Extremadura, se ha elaborado bajo una previsión de crecimiento del PIB del 1,9% y una creación de empleo del 1,56%. La Junta confía en acelerar su tramitación para que estén plenamente en vigor a finales de julio.

Un paquete fiscal de 43 millones

El apartado tributario es uno de los pilares del proyecto y, según ha reconocido la propia Manzano, “uno de los pilares del acuerdo con Vox”. Las rebajas fiscales recogidas tendrán un impacto de 43,1 millones de euros en las arcas públicas, una cifra que la consejera defiende que no responde a “una obsesión ideológica”, sino a una “herramienta de progreso y justicia”. Entre las principales novedades fiscales destaca la bajada del IRPF en un 0,25%para los dos primeros tramos de la tarifa autonómica (situándose en el 7,75% y el 9,75%), lo que la Junta califica como “los más bajos del país”.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se introduce un nuevo supuesto de “especial vinculación”. Los sobrinos cuyos tíos fallezcan sin descendencia directa podrán acceder a las mismas bonificaciones fiscales que los familiares directos. Además, se crea una deducción por gastos de veterinario con un límite de 100 euros anuales y se eleva a 4.000 euros la deducción por gastos de pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

También se elevan sustancialmente los límites de ingresos para poder aplicarse las 19 deducciones autonómicas vigentes, pasando de los 19.000 euros actuales a los 30.000 euros en tributación individual (y 55.000 en conjunta).

Sanidad y Educación

En el desglose por departamentos, la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia se lleva la mayor partida expansiva: crece un 17,6% hasta alcanzar los 3.339 millones de euros (500 millones más que en el ejercicio anterior). De estos, 904 millones se blindarán para la Atención Primaria y 616 millones se destinarán a las políticas de dependencia.

Por su parte, Educación y Formación Profesional contará con 1.620 millones de euros. Esta partida permitirá ampliar al 100% la jornada laboral de los auxiliares técnicos educativos y de los intérpretes de signos, además de consolidar el aumento retributivo de 80 euros para los docentes que se aplica desde enero, una cantidad considerada insuficiente por los sindicatos. La Consejería y las organizaciones que representan a los docentes se reunirán en junio otra vez. También se reservan 23,7 millones de euros para garantizar la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 1 años.

El programa Aval Joven en materia de vivienda sube su dotación hasta los 6 millones de euros y se abre de forma fija también a las familias numerosas. Además, la Junta habilitará una línea especial para que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por la compra de vivienda habitual se pueda aplazar y abonar en diez años sin intereses ni comisiones.

En el plano laboral, la Consejería de Economía y Empleo incrementa sus fondos en 133 millones de euros e incluirá una ayuda de 800.000 euros para cubrir las cuotas de la Seguridad Social de aquellos autónomos que se encuentren de baja por incapacidad laboral.

Finalmente, el sector agrario recibirá 10,8 millones de euros para la línea de seguros agrarios y 7 millones para el relevo generacional en el campo, mientras que el Servicio de Prevención de Incendios Forestales (Infoex) sumará un millón de euros para renovación de unidades terrestres y 1,74 millones para un nuevo complemento de disponibilidad y retén.

Vox celebra la “prioridad nacional”

Tras la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Gobierno, el socio de coalición del Ejecutivo regional ha comparecido en la Asamblea de Extremadura para valorar de forma muy positiva el documento económico. El presidente del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández —quien ostenta además la vicepresidencia de la Junta y la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia—, ha afirmado que estas cuentas marcan el inicio de “un cambio real” en la comunidad.

Según Fernández, el giro político de estos presupuestos se sustenta en el concepto de “prioridad nacional”, enfocado en “el sentido común y en priorizar las necesidades de los extremeños”. Bajo esta premisa, el líder de Vox ha destacado un drástico recorte de 10 millones de euros en cooperación y en asignaciones destinadas a asociaciones y entidades que, según sus palabras, “promueven la inmigración ilegal, masiva y descontrolada”.

Entre la batería de medidas pactadas en el seno del Ejecutivo que Fernández ha puesto en valor, se encuentra la reducción a la mitad de las subvenciones dirigidas a los sindicatos, la duplicación de las ayudas a la natalidad y el blindaje al sector agropecuario mediante un fondo de compensación diseñado para que “nuestros agricultores y ganaderos puedan defenderse de las nefastas políticas de Bruselas que emanan del Pacto Verde y de la Agenda 2030”.

En clave sectorial e infraestructuras, la formación ha reivindicado que el proyecto cumple con el compromiso de arrancar “en breve” las obras del regadío de Tierra de Barros. En materia sanitaria, además de refrendar el crecimiento superior al 17% de las partidas de salud, Fernández ha anunciado el compromiso de iniciar la contratación de 1.500 profesionales del sector a lo largo de la presente legislatura.

El Presupuesto General de Extremadura para 2026, que el Ejecutivo regional aprobará esta semana, reflejará una bajada del 0,25% en los dos primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF, hasta situarlos en el 7,75% y 9,75%, con un impacto de ochos millones de euros, ha explicado la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, momentos antes de comparecer en comisión conjunta de Hacienda y Presupuestos y Administración Pública y Diálogo Social de la Asamblea para dar cuenta de las líneas generales de actuación de su departamento.

En declaraciones a los medios, ha subrayado que Extremadura era un “infierno fiscal” cuando el PP llegó al Gobierno al tener la tarifa del IRPF más alta para las rentas más bajas, con un 9,5% en el primer tramo y un 12% en el segundo, que el Ejecutivo redujo al 8% y 10%, “el más bajo de todas las regiones de nuestro país”.

Ahora se dará un paso más -cumpliendo de este modo también uno de los puntos del acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox, que establece una bajada progresiva del IRPF del 0,25% en cada año de legislatura-, impulsando de este modo una fiscalidad “más justa, más igualitaria y que atiende en realidad ese principio de capacidad económica”, ha resaltado Manzano.

Junto a ello, las nuevas cuentas autonómicas reflejarán también algunas de las deducciones ya fijadas en el presupuesto elaborado por el Ejecutivo en solitario en octubre de 2025 -que llevó a Guardiola a convocar elecciones al carecer de apoyo para sacarlo adelante- como la ampliación a 4.000 euros de la deducción para enfermos de ELA y otra por gastos veterinarios. Y todo ello, ha recordado la consejera, tras haber aplicado ya bajadas fiscales que han devuelto 120 millones de euros a los ciudadanos extremeños, 100 de ellos a quienes tienen rentas inferiores a 28.000 euros.

Manzano ha recordado, tal y como adelantó el pasado lunes la presidenta de la Junta, María Guardiola, que los presupuestos autonómicos superarán los 8.800 millones de euros, con 500 millones más para sanidad y dependencia, y 170 millones más para educación. “Superaremos esa cifra récord que presentamos en el presupuesto anterior y garantizaremos los servicios públicos en Extremadura”, ha manifestado.

Ha señalado que se aprobarán esta semana, tal y como apuntó la presidenta, y que estarán en vigor a finales de julio, dado que los tiempos parlamentarios fijan en unos dos meses su periodo de tramitación. Pese a ello, ha destacado que el Ejecutivo no podía perder la “oportunidad” de contar con unas nuevas cuentas y ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por llevar varios años sin presentar unas cuentas generales para el Estado.

“Es el único instrumento que te permite acometer las políticas públicas que necesitan los ciudadanos de nuestra región. No íbamos a perder ni un céntimo y con este presupuesto seguimos impulsando a Extremadura”, ha indicado Manzano, que ha subrayado además que ya se está trabajando también en el presupuesto autonómico de 2027.

Asimismo, ante la advertencia del PSOE del escaso tiempo con que contará el Gobierno para ejecutar el nuevo presupuesto, ha informado de que la orden de cierre de las cuentas “se va a dilatar lo máximo posible”.

La consejera, que ha apuntado que con Vox, socio de gobierno, no ha existido ningún problema para elaborar las cuentas dado que estas entraban dentro de la negociación con el partido de Abascal, ha asegurado que “este presupuesto se va a ejecutar”.

En materia de función pública, y a preguntas de los periodistas sobre si se pueden dar pasos hacia una homologación salarial en los distintos niveles de la Administración autonómica, Manzano ha contestado afirmativamente y ha expresado que “lo que hay que hacer es sentarse, hablar y negociar”.

Y en diálogo social, la nueva competencia que asume su Consejería, ha considerado “esencial” ir de la mano de los agentes sociales y ha subrayado que se seguirá impulsando un contacto directo con ellos porque “redunda en el crecimiento de nuestra tierra”. 

El Consejo de Capitalidad celebrado este martes en Mérida ha dejado dos realidades sobre la mesa: un avance cuantitativo en las inversiones regionales para la ciudad de cara a 2026 y, al mismo tiempo, la persistencia de agravios estructurales que el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha reclamado.

El regidor ha aprovechado la cita para lanzar una propuesta muy concreta al Ejecutivo de María Guardiola: que la Junta interceda ante el Gobierno de España para que Mérida albergue una sede de la Dirección General de Tráfico (DGT), ofreciendo para ello el edificio de Correos, recientemente adquirido por el consistorio.

La petición de la DGT forma parte de una batería de demandas con las que el ayuntamiento busca reforzar el peso institucional y los servicios de la ciudad. Entre ellas, Osuna también ha puesto sobre la mesa la necesidad de apoyo económico autonómico para proyectos clave como la futura piscina olímpica climatizada. Sin embargo, el principal caballo de batalla político sigue siendo el Estatuto de Capitalidad. El regidor socialista ha exigido formalmente su actualización, denunciando que la partida económica vinculada a este concepto permanece congelada desde hace una década, a pesar del notable incremento de competencias, servicios y responsabilidades que asume Mérida por su condición de sede de las instituciones extremeñas.

El “deshielo” de las cuentas tras el adelanto electoral

La reunión ha servido también para que la Junta de Extremadura concrete el escenario financiero para la ciudad tras el accidentado arranque de la legislatura. El vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha anunciado al término del encuentro que el proyecto de Presupuestos de Extremadura (PGEX) para 2026 reservará finalmente 44,8 millones de euros para Mérida.

Esta cifra supone un incremento de más de cinco millones de euros respecto al proyecto inicial del PP que fue retirado en la Asamblea por falta de apoyos, un bloqueo parlamentario que terminó desembocando en la convocatoria de elecciones anticipadas.

Según ha justificado Bautista, el hecho de encontrarse ya a finales de mayo ha permitido a los técnicos de la Junta tener los expedientes administrativos “mucho más avanzados”. Gracias a ello, se han podido incorporar nuevas partidas y actualizar las cuantías de las ya existentes en función de lo que realmente va a dar tiempo a ejecutar en el presente ejercicio de 2026.

Sanidad, regadíos y empleo concentran la inversión

El grueso de los fondos autonómicos para la capital se volcará en infraestructuras sanitarias y proyectos de desarrollo tecnológico y social. Entre las inversiones desglosadas por el vicepresidente extremeño destacan 2,5 millones de euros para el nuevo edificio de farmacia centralizada y automatizada del Hospital de Mérida, cuyas obras se recepcionarán esta misma semana, la reforma de la unidad de salud mental y la creación de una nueva unidad de salud mental infanto-juvenil en el Centro de Salud Urbano II.

Asimismo, las cuentas de 2026 contemplan 3,4 millones de euros para la construcción del futuro parque científico y tecnológico, que es una de las grandes reivindicaciones locales, el avance en el nuevo centro CADEX en la Zona Norte para la atención a personas con discapacidad, y 1,1 millones para la modernización del centro sociosanitario Adolfo Díaz Ambrona.

El sector agrario local recibirá 1,4 millones de euros para la renovación de las redes principales de la Comunidad de Regantes de Mérida, mientras que el ámbito cultural mantendrá su peso con dos millones asignados conjuntamente al Festival de Teatro, la Sala Trajano y el Teatro María Luisa.

La reunión ha dejado también un movimiento político llamativo. El vicepresidente de la Junta ha destacado positivamente que el alcalde de Mérida se haya ofrecido a ir “de la mano” con el Ejecutivo regional para reclamar de forma conjunta ante los ministerios de Madrid las inversiones estatales pendientes en la ciudad. “Es un aspecto a destacar que ambas administraciones quieran ir juntas”, ha señalado Bautista, buscando proyectar una imagen de frente común en las reivindicaciones de Extremadura ante el Gobierno central.

La candidata regionalista a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha afirmado este martes que el PP ha aceptado todas las propuestas para los presupuestos de 2026 del PRC, que sale “fortalecido como partido de gobierno” de la negociación que acabó en acuerdo el pasado viernes.

Fernández ha convocado a los medios para explicar las 24 medidas que se incluirán en las cuentas después del acuerdo que firmó la semana pasada junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga y el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla.

La candidata ha subrayado que el acuerdo es “un voto de confianza” a la presidenta, que debe responder de su cumplimiento.

Ha insistido en que las medidas pactadas buscan “solucionar problemas concretos de la vida cotidiana” de los cántabros en el ámbito de la vivienda, el transporte, la sanidad pública, los servicios sociales, el apoyo al sector primario, la industria, la educación y la cultura.

Ha incidido especialmente en las medidas destinadas a retener a los jóvenes en Cantabria, como las ayudas de 600 euros en tres años en una cuenta vivienda para comprar o rehabilitar, los descuentos del 70 % en el transporte público por carretera o la gratuidad de la matrícula en la Universidad de Cantabria el curso 2026/2027 para los alumnos de primer curso de grado.

“Estamos ante un buen acuerdo para Cantabria y los cántabros”, ha reivindicado Fernández, quien ha señalado que en el pacto están también las propuestas que su partido puso sobre la mesa en la negociación de noviembre, cuando, a su juicio, se podría haber firmado ya.

Compromisos en infraestructuras

Según la candidata, el acuerdo recoge el compromiso de que las obras de infraestructuras que se incluyeron en los acuerdos con el PP para aprobar los presupuestos de 2024 y 2025 y continúan pendientes “estén en marcha a nivel de proyecto definitivo” en 2026.

El PRC, ha subrayado, va hacer desde el partido y el Parlamento “una vigilancia estrecha” del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno, que se encargará de vigilar una comisión formada por seis “expertos independientes”, de los que cada partido designará tres.

Como ha recordado, en la comisión de seguimiento del acuerdo de 2025, PP y PRC hicieron análisis distintos del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo y con esta nueva fórmula se pretende que los expertos establezcan unas reglas y hagan un análisis independiente.

La previsión es que los presupuestos se aprueben en mayo y la comisión celebrará una primera reunión en octubre.

Otro de los compromisos recogidos en el acuerdo es que el Gobierno de Cantabria solo incluirá en la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos medidas administrativas y fiscales. No podrá utilizarla, según los regionalistas, como una ley omnibus con la que reformar otras leyes sin debatirlas en el Parlamento.

Fernández ha señalado que cuantificar el impacto económico total de estas medidas es “muy difícil” aunque estima que supera los 200 millones de euros. No obstante, ha subrayado que “lo importante es el calado” de esas medidas.

De dónde se va a detraer ese dinero, ha dicho, dependerá del Gobierno de Cantabria, que tendrá que ajustar las partidas.

Cribados de cáncer en la sanidad pública

Una de las 24 medidas acordadas es reforzar los programas de cribado para la detección precoz del cáncer con una partida de 5 millones de euros y, según la candidata, el PRC va a estar muy vigilante para que ese dinero sea para la sanidad pública.

Es lo que ha respondido cuando se le ha planteado la posibilidad de que ese refuerzo se haga en el hospital Santa Clotilde, con el que el Gobierno ha suscrito un convenio singular que incluye cribados de cáncer de mama y colón.

La candidata regionalista ha señalado que el acuerdo va a permitir también poner fin al conflicto en la educación pública.

En España cada vez hay más concienciación sobre lo que supone tener un animal en casa y lo que implica su cuidado. Durante los últimos años se han establecido leyes sobre protección de los animales de compañía, como la Ley de Bienestar Animal de 2023. En este contexto, la Junta de Andalucía acaba de aprobar una nueva deducción autonómica para los propietarios de mascotas, que podrán ahorrarse un dinero cuando realicen la Declaración de la Renta del ejercicio 2025, que se presenta este 2026.

Tener un animal de compañía implica asumir un gasto fijo en vacunas, revisiones, tratamientos y posibles urgencias veterinarias. Hasta ahora, todo esto no tenía ningún reflejo en la declaración de la renta, situación está cambiando, ya que el cuidado veterinario empieza a tener reconocimiento fiscal dentro del sistema tributario andaluz.

La medida sitúa a Andalucía entre las primeras comunidades autónomas que incorporan de forma expresa el cuidado veterinario de los animales de compañía a su normativa tributaria propia. La nueva deducción permite desgravar el 30% de los gastos veterinarios pagados en el año, con un máximo de 100 euros anuales por contribuyente. Se aplica únicamente en el tramo autonómico del impuesto y solo pueden beneficiarse quienes tengan su residencia fiscal en Andalucía.

Requisitos para poder deducirse el gasto veterinario

La deducción está contemplada en la Ley 8/2025 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De este modo, se podrá declarar en la campaña de la Renta de 2025 y solo será aplicable a los gastos veterinarios realizados a partir del 1 de enero de ese año.

Quienes cumplan los requisitos necesitan guardar de forma ordenada todas las facturas veterinarias para poder incluirlas después en su declaración anual. Las facturas originales serán imprescindibles para justificar los gastos ante la Agencia Tributaria, y sin ese respaldo documental no se podrá aplicar la deducción, incluso aunque el desembolso se haya producido realmente durante el ejercicio fiscal.

Documentación que se debe presentar

No todas las rentas entran dentro de la medida ni tampoco cualquier visita al veterinario sin factura o justificante. Para que los gastos sean deducibles deben estar respaldados por una factura oficial emitida por un centro veterinario autorizado y a nombre del contribuyente. Además, la normativa fija varios requisitos adicionales que conviene revisar con detalle para evitar errores.

Por un lado, se exige tener residencia fiscal en Andalucía y haber adquirido la mascota a partir del 1 de enero de 2025. Por otro, los justificantes deben incluir todos los datos fiscales obligatorios, como el NIF o CIF del centro veterinario y el desglose claro del servicio prestado.

La deducción tampoco está disponible para todos los niveles de renta. Solo podrán aplicarla quienes tengan una base imponible general más ahorro igual o inferior a 80.000 euros en declaraciones individuales o 100.000 euros en declaraciones conjuntas. Con este límite se pretende dirigir la ayuda hacia contribuyentes de renta media y evitar que el beneficio se concentre en los tramos más altos.

Qué gastos están incluidos en la nueva deducción

En cuanto al tipo de gastos cubiertos, la ley abarca la mayoría de actuaciones habituales relacionadas con la salud de las mascotas. Se podrán incluir, siempre que estén correctamente justificados, las consultas veterinarias, las vacunaciones obligatorias o recomendadas, los tratamientos médicos, las intervenciones quirúrgicas, las pruebas diagnósticas y los servicios preventivos prescritos por un veterinario colegiado.

Quedan fuera, por tanto, los gastos meramente estéticos o aquellos que no estén vinculados a la salud del animal, como pueda ser el pienso.

Los justificantes deben ser oficiales, emitidos por un centro autorizado y con todos los datos fiscales completos. Muchos contribuyentes tendrán que acostumbrarse a pedir siempre factura completa y a conservarla durante años.

Para acceder a la deducción también es necesario que el animal tenga la consideración legal de animal de compañía o de asistencia conforme a la normativa andaluza.

En general, perros, gatos y otras especies domésticas habituales entran dentro de esta categoría. Además, todos los animales deben estar correctamente identificados mediante microchip y registrados en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), lo que refuerza el control administrativo y la trazabilidad.

Diferencia entre animales comprados y adoptados

La norma introduce además diferencias entre animales comprados y adoptados. Para los animales adquiridos mediante compra, la deducción se puede aplicar solo durante el primer año desde la adquisición.

En cambio, cuando se trata de animales adoptados de protectoras o centros de acogida, el beneficio fiscal se puede aplicar durante tres ejercicios consecutivos tras la adopción. Con ello se busca incentivar la adopción responsable frente a la compra. En el caso de los perros guía o animales de acompañamiento terapéutico, será de por vida.

Qué ocurre en otras comunidades autónomas

Andalucía no es la única región que ha empezado a avanzar en este tipo de incentivos fiscales, aunque el número de comunidades con deducciones específicas por gastos veterinarios sigue siendo todavía reducido.

En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, se contemplan beneficios fiscales que permiten deducir parte de los gastos veterinarios de animales de compañía dentro de determinados límites de renta y con importes máximos anuales fijados por la normativa autonómica.

En Illes Balears también existe una deducción autonómica destinada a estos costes, siempre que el animal esté correctamente identificado y se aporten los justificantes correspondientes.

En La Rioja, las deducciones relacionadas con el bienestar animal pueden incluir gastos veterinarios, especialmente en casos de animales adoptados o registrados oficialmente.

Por último, en la Región de Murcia se ha aprobado una deducción del 30% de los gastos veterinarios con un tope de 100 euros al año, que fue incluida en los presupuestos autonómicos y ya está en vigor para la próxima campaña de la renta.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este martes la prórroga presupuestaria para el 1 de enero de 2026 después de que ningún partido de la oposición apoyara las cuentas del PP. Esta ha sido la primera vez en Castilla y León en que el parlamento ha rechazado un proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, que estará marcado por las elecciones autonómicas, previstas para el próximo marzo.

Las Cortes aprobaron a finales de noviembre las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026, presentadas en bloque por los grupos de la oposición. 47 procuradores del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y dos de los representantes del Grupo Mixto votaron a favor de devolver las cuentas, algo que rechazaron el PP (31) y los dos procuradores no adscritos —ex de Vox— y solo el procurador de Por Ávila se abstuvo.

De esta manera, el Ejecutivo autonómico pretende garantizar novedades para el próximo año como la estrategia de lucha anti incendios y las subidas salariales de los empleados públicos.

El Decreto tiene cuatro artículos, una disposición adicional y una disposición final. Así, el artículo primero establece los créditos que se prorrogan y los que no, siguiendo lo dispuesto en el artículo 107 de la ley 2/2006. El artículo segundo establece que la disposición de los créditos prorrogados se supeditará en su cuantía al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto vigentes para este ejercicio. La Junta de Castilla y León, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de hacienda, podrá acordar la no disponibilidad de los créditos que estime necesarios para su cumplimiento.

El tercer artículo regula el orden y cómo se imputarán los gastos durante el período de prórroga para garantizar el equilibrio financiero en todo momento, de acuerdo con la Orden EYH/1125/2025, de 8 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2025 y las de apertura del ejercicio 2026.

Asimismo, se determina que los créditos financiados con recursos finalistas podrán imputarse por la totalidad del gasto elegible correspondiente y, por último, se prevé que el consejero de Economía y Hacienda podrá proponer a la Junta la no disponibilidad de los créditos necesarios para así garantizar la cobertura presupuestaria de las retribuciones del personal al servicio de la Administración General e Institucional de la Comunidad.

La disposición adicional matiza que todas las referencias efectuadas al presupuesto de 2026 en la Orden por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2025 y las de apertura del ejercicio 2026 se entienden hechas al presupuesto prorrogado de 2024 para 2026. Por último, la disposición final establece que la vigencia de las condiciones de la prórroga recogidas en el decreto se iniciará el próximo 1 de enero.

La reunión entre el presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, y el portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, clave para un eventual anticipo electoral ya que el Gobierno de Aragón necesita los votos de los diputados ultras, no ha servido para que los dos partidos avancen en la negociación. Peor aún: ha constatado que las posiciones parecen irreconciliables. Habrá una segunda reunión esta semana y de ahí no pasará: “O sí o no, esto no va a ser un trasiego de papeles”, ha zanjado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.

El representante de la extrema derecha ha instado al PP a replicar las medidas pactadas en la Comunitat Valenciana con el nuevo presidente regional, Juanfran Pérez Llorca. “Si Azcón quiere un cheque en blanco, no lo va a tener”, ha advertido Nolasco, que ha instado a Azcón a “negociar”. Así, ha llevado a la reunión “un dosier” con propuestas y ha reclamado “un calendario ordenado por consejerías” para llegar a un “acuerdo coherente y razonable”, un pacto –ha insistido– “que no comprometa al Gobierno a nada que no haya firmado a escasos kilómetros de aquí”, en referencia a Valencia.

Entre las medidas que Vox quiere implantar también en Aragón están eliminar las ayudas “a organizaciones que facilitan la inmigración irregular”, eliminar “cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde”, “conocer datos de quienes cometen delitos” o rebajar impuestos. “Si lo pueden disfrutar los valencianos, por qué no los aragoneses”, ha mencionado en la misma línea.

Poco más. Nolasco ha reconocido que las declaraciones de los últimos días tanto del presidente aragonés como de los consejeros autonómicos muestran “una distancia” entre las intenciones en Aragón y lo acordado en la Comunitat Valenciana.

“No puede pasar de esta semana”

Desde el Ejecutivo de Jorge Azcón, su consejero de Hacienda ha constatado la distancia entre los dos partidos. “Las posturas de ambas partes están bastante o muy lejanas –ha comenzado Bermúdez de Castro–. Hay diferentes formas de ver asuntos de importancia”. Habrá una segunda reunión entre las partes esta misma semana y de ahí saldrá una decisión: “Esto va a ser un sí o un no, no va a ser un trasiego de papeles. No puede pasar de esta semana”, ha enmarcado Bermúdez de Castro.

Para los populares, muchas de las peticiones de Vox “son inasumibles”, algunas por inaplicables y otras “porque son ilegales”. Y se ha referido entre otras cuestiones al dragado de los ríos, sometido a “una clara legislación medioambiental”: “Ningún funcionario va a firmar ninguna limpieza de río sin los permisos, porque eso está penado con cárcel”. O al requisito de la extrema derecha de eliminar todas las subvenciones “a cualquier ONG que ayude a los inmigrantes”, para lo que Bermúdez de Castro –oscense– ha mencionado a la organización Hermanos de Cruz Blanca de Huesca, que con la propuesta de la extrema derecha “dejaría de recibir ayudas públicas”.

Bermúdez de Castro ha afeado a Nolasco que citara “quince o veinte veces” el acuerdo en la Comunitat Valenciana y no recordara los casos de Illes Balears o Extremadura, donde Vox tumbó el techo de gasto. “Todo lo que no es su forma de pensar es socialista, eso es el paradigma del sectarismo”, ha sentenciado.

Aragón-Teruel Existe

Por su parte, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha reprochado a Azcón que “no se ha cumplido” el acuerdo alcanzado entre su formación el PP de cara a la investidura de Azcón en 2023.

“Hoy todo van a ser buenas palabras, pero no se ha cumplido lo que nos prometieron”, se ha quejado Guitarte, quien ha mencionado acuerdos de 2023 como abrir 54 habitaciones individuales en el nuevo Hospital Obispo Polanco de Teruel o el gobierno de alternancia PP-Teruel Existe en la Comarca Comunidad de Teruel. Sobre esto último, ha expresado que Teruel Existe desconoce “las cuitas internas” del PP, pero ha exigido el cumplimiento del acuerdo de 2023.

Guitarte ha insistido en que el Gobierno remita a las Cortes el proyecto de ley de presupuestos porque es en el Parlamento “donde debe debatirse de verdad” en lugar de “opinar sobre un 'power point” porque “los ciudadanos tienen derecho a conocer los detalles”. “Si la idea es que haya elecciones, nos ponemos en modo electoral, estamos preparados, hemos estado haciendo los deberes en todo el territorio”, ha advertido el portavoz de Aragón-Teruel Existe.

Quien sí se ha mostrado dispuesto a dar su apoyo al PP ha sido el presidente del PAR y diputado autonómico Alberto Izquierdo. Los aragonesistas están, ha dicho, “dispuestos a sumar” y “pintar la cuatribarrada” a los presupuestos de Aragón de 2026. Ha sido el primero en reunirse con Jorge Azcón.

“Si somos capaces de llegar a algunos acuerdos que hemos puesto encima de la mesa, por supuesto que sí estamos predispuestos a votarlo a favor, porque nosotros apoyamos la investidura de este presidente del Gobierno”, ha refrendado, antes de poner el punto de mira en un rival directo en la provincia turolense: “Ahora hay que preguntarle a Teruel Existe, que por la mañana es oposición y por la tarde es Gobierno, si estos presupuestos le parecen bien, igual que le parecían bien los del año 24, porque estos son una versión mejorada y con más dinero que los del 24, y lo mismo habrá que preguntarle a Alejandro Nolasco”.

En un paso hasta cierto punto previsible, la secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha anunciado este lunes que los socialistas se abstendrán con el techo de gasto que lleve el Gobierno autonómico del PP a las Cortes de Aragón, lo que propiciará su aprobación. Con este movimiento, la ministra de Educación trata de ganar tiempo y, al mismo tiempo, compromete el relato del presidente Jorge Azcón, quien ha anunciado repetidas veces que adelantará las elecciones si no hay acuerdo para los Presupuestos de 2026.

“No queremos un presupuesto que esté maniatado por la ultraderecha, no queremos un presupuesto que esté dictado por Vox, queremos un presupuesto para todos y para todas, un presupuesto que atienda a los problemas del Aragón real de hoy. Y por eso ofrecemos y ofrezco la mano tendida”, ha manifestado Alegría tras la celebración de un Comité Regional del partido en Zaragoza.

Alegría ha reivindicado la “seriedad” de lo que traslada el partido. “Somos por tanto conocedores que para poder aprobar este presupuesto previamente hay que aprobar un techo de gasto. Ya les avanzo que el Partido Socialsita facilitará ese techo de gasto”, ha anunciado.

Entre los requisitos que han lanzado a cambio los socialistas están “vivienda pública sin especulación, inversiones en sanidad pública en todo el territorio, gratuidad en la educación del tramo 0-3 años, aumentar plazas públicas en las residencias para personas mayores o la ampliación de la línea 1 del tranvía y el impulso a la segunda línea en Zaragoza”.

Y a continuación ha atacado el relato de Azcón: “Si decide convocar elecciones, detrás de ese adelanto se esconde una demostración absoluta de la incapacidad de hacerse cargo de los problemas de los aragoneses”. En este punto, la secretaria general de los socialistas aragoneses ha recordado al jefe del Ejecutivo: “Cuando te votan, los ciudadanos te piden que gestiones, que gobiernes, que te hagas cargo de sus problemas, que plantees soluciones para esos problemas. Y evidentemente que tengas capacidad de dialogar con otras fuerzas políticas, máxime cuando no tienes mayoría absoluta”.

“Relativo optimismo” en Vox

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, ha asegurado también este lunes acudirá con “relativo optimismo” a la ronda de consultas con Azcón. La formación de extrema derecha está citada para el martes por la tarde.

Nolasco atribuye esa sensación a que el sábado el jefe del Ejecutivo “coincidió en el Día de la Constitución con el presidente valenciano, Pérez Llorca”. A partir de ese encuentro, el portavoz ultra interpreta que ambos dirigentes “habrán podido hablar” y que “Azcón habrá comprobado cómo el PP en la Comunidad Valenciana se ha comprometido a no financiar a las ONG que colaboran con el tráfico de personas”, así como “acometer obras de encauzamiento de barrancos en los tramos urbanos”.

“Si el PP cree que eso es bueno para la Comunidad Valenciana, ¿por qué no lo copiamos también en los presupuestos de Aragón para 2026?”, se ha preguntado. Asimismo, ha afirmado que la actitud con la que acudirá este martes al encuentro será “constructiva”, pensando “en el beneficio y la seguridad de los aragoneses, la bajada de impuestos, priorizar la vivienda para los españoles y la lucha contra la inmigración ilegal”, ha recalcado.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, llevará a cabo entre el martes y el miércoles la ronda de contactos para los Presupuestos de 2026, cuyo boceto presentó el viernes en el Edificio Pignatelli. Arrancará con los partidos que apoyaron las cuentas de 2024: Vox, Aragón-Teruel Existe y el PAR. El jefe del Ejecutivo ha pedido “responsabilidad” a las formaciones, y ha insistido en que si no encuentra apoyos suficientes “lo lógico es convocar elecciones”.

Azcón ha hecho estas afirmaciones en el Congreso de los Diputados, en el acto de conmemoración por el aniversario de la Constitución Española. “El objetivo es hablar con todos los partidos porque Aragón vive un buen momento, con inversiones como no hemos tenido nunca, y el presupuesto va a mejorar la vida de los aragoneses, con incrementos históricos en sanidad, educación y servicios sociales, pero también con proyectos que mejoran la economía de la comunidad”, ha manifestado, en línea con lo declarado en las últimas semanas.

A continuación, el jefe del Ejecutivo autonómico ha pedido “una responsabilidad suficiente como para saber que el momento que vive Aragón necesita unos presupuestos”. De lo contrario, ha añadido, “lo lógico es convocar elecciones”.

El Gobierno regional ha informado este sábado de que ya ha contactado con los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón para la ronda de contactos de cara a la negociación presupuestaria. Los turnos establecidos comienzan el martes con el PAR, Teruel Existe y Vox –este último, ya por la tarde– y siguen al día siguiente con IU, Podemos, CHA y, para cerrar por la tarde, con el PSOE.

Sin embargo, la jornada del miércoles será más corta de lo previsto: CHA e Izquierda Unida ya han confirmado que no acudirán.

El portavoz nacionalista ya manifestó el viernes que no iría al encuentro para no dejarse “utilizar en este sainete continuado de propaganda partidista”. “La política que se merece Aragón debería ser más seria”, criticó Soro. Y este sábado ha sido IU la que ha trasladado su ausencia. Fuentes de la formación indican que no participarán en lo que consideran una “farsa” y que no contribuirán a “a alimentar la irresponsabilidad del señor Azcón”.

Para IU, el acto del viernes del jefe del Ejecutivo acompañado por sus consejeros fue “el primer acto de una campaña electoral sufragada con dinero público” y no respondía a “una voluntad real de negociar y aprobar unas cuentas serias”. “La pantomima de ayer es un episodio más del circo político de los últimos meses en el que Azcón pretende esconder su minoría, su incapacidad y su disputa con la ultraderecha, secuestrando el debate presupuestario a las Cortes de Aragón, que es donde debe producirse”, añadieron desde IU.

Mientras, desde el PSOE han trasladado que “siempre” han acudido a los encuentros convocados por el presidente autonómico y en Podemos Aragón siguen valorándolo.

Este sábado, Azcón también se ha vuelto a referir a los tiempos que manejan antes de adelantar la convocatoria electoral. El dirigente popular ha aludido a la próxima semana, “un tiempo más que prudencial” para que comprueben “qué partidos están dispuestos a aprobar los presupuestos o cuáles quieren bloquear”. Aun así, ha dejado la puerta abierta a una negociación posterior: “El tiempo es importante, pero lo fundamental es saber si hay posibilidades de aprobarlos”.

Lapsus con Vox

Antes de valorar el presupuesto autonómico, Azcón también se ha manifestado respecto a la celebración del día de la Constitución. Ha asegurado que se trata de un “día de celebración” y ha analizado que la Carta Magna está entre los mejor que ha sucedido “en la historia de España”.

“En España –ha continuado–, la unión es mucho mejor que la división y que levantar muros. Hoy venimos al Congreso y los que hoy no están en el Congreso de los Diputados son los que quieren acabar con la Constitución. El problema es que los que hoy no están son los que quieren destruir nuestro régimen democrático”.

Las formaciones que no acuden son ERC, Bildu, PNV, BNG, Junts, Podemos... y Vox. Cuando se le ha recordado la ausencia de la extrema derecha, Azcón ha echado balones fuera: “Vox: hoy deberíamos estar todos, y también debería estar Vox”.

A penes quatre dies després que Vox tombés el sostre de despesa balear aprovat pel PP, bloquejant d'aquesta manera els Pressupostos de 2026, l'Executiu de Marga Prohens nega que la legislatura estigui paralitzada, tanca les portes a la convocatòria d'eleccions anticipades i no descarta reprendre les negociacions amb el seu soci d'investidura per tirar endavant els comptes del proper any.

No només això. El Govern del PP ha aprovat aquest mateix divendres un dels seus decrets estrella, el que estableix un nou marc regulador dirigit a simplificar i agilitzar la tramitació de projectes estratègics, que la formació d'extrema dreta va dinamitar fa tot just dos mesos i que ara sí compta amb l'aval dels de Santiago Abascal arran d'una nova concessió dels conservadors: tal com exigia Vox, han quedat exclosos del text els projectes d'energies renovables -que hauran de tramitar-se per la via ordinària-, s'han suprimit les Zones d'Interès Autonòmic Energètic (ZIAE) i s'han retirat les al·lusions al canvi climàtic. Amb aquestes cessions, Prohens s'assegura la convalidació parlamentària de la norma.

En roda de premsa, el portaveu i vicepresident primer de l'Executiu, Antoni Costa, ha asseverat que, malgrat el 'no' de Vox al sostre de despesa i la tensió entre tots dos partits, el Govern “segueix governant i aprovant iniciatives”, com en el cas del decret de simplificació. Sobre els pressupostos de 2026, ha assegurat que intentarà tirar-los endavant si es donen les circumstàncies per a això, malgrat que els últims dies el gabinet de Prohens admetia veure's abocat a prorrogar els comptes d'aquest any.

Costa ha insistit que a Balears no hi ha un escenari de bloqueig institucional, desviant l'atenció al Govern central. “Estem en la situació oposada”, ha insinuat: “Estem temporalment en pròrroga de pressupostos, però podem seguir aprovant normes. El que està bloquejat i inundat de corrupció és el Govern central, que és el que està tardant a convocar eleccions”.

En relació amb el decret al qual el Govern ha donat llum verda aquest divendres, el text és pràcticament idèntic al que va fracassar el 30 de setembre, quan els de Bambú van votar en contra del mateix en no veure atesa una de les seves exigències lingüístiques, palesa en una Proposició de Llei amb la qual pretenien blindar l'espanyol com a llengua vehicular en l'educació però traspassant els límits marcats pels conservadors a l'acord pressupostari que tots dos partits van rubricar al maig.

Preguntat sobre si aquesta manera de treballar -que un text sigui aprovat a Consell de Govern una vegada pactat amb Vox per a assegurar la seva convalidació- contempla aplicar-se a altres futures mesures, Costa ha asseverat que aquest divendres l'Executiu ha donat llum verda a un decret llei “cent per cent pactat amb Vox i amb garantia de convalidació en el Parlament enfront dels qui parlen de bloqueig”. “Avui s'ha aprovat un text que és bo per a les illes, amb consens suficient i amb garanties de convalidació”, ha incidit, recalcant que “aquesta és la manera de treballar que té el Govern: ho hem dit per activa i per passiva, sempre negociant iniciativa a Iniciativa”.

“Avui hem demostrat que podem arribar a acords. Per tant, satisfacció total del Govern”, ha remarcat.

 Vox, per la seva banda, ha celebrat haver frenat el que defineix com una “desregulació encoberta” destinada a facilitar la instal·lació “massiva” de renovables. “Hem evitat que Balears acabi com Andalusia, on el govern del PP està talant oliveres per instal·lar camps de plaques solars”, ha asseverat la portaveu parlamentària del partit, Manuela Cañadas.

Declaració de Projectes d'Especial Interès Estratègic

En concret, el decret torna a crear la figura dels Projectes d'Especial Interès Estratègic (PEIE), amb un marc únic per agilitzar i simplificar la tramitació administrativa i acompanyar tant projectes públics com privats. També es restitueix la Unitat Acceleradora de Projectes Estratègics (UAPE), integrada a l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques, que actuarà com a finestreta única i oferirà seguiment i suport tècnic als promotors.

Els projectes podran ser declarats PEIE per volum d'inversió, creació d'ocupació o impacte transformador en el model econòmic balear. La declaració donarà accés a tramitació preferent, reducció de terminis, acompanyament tècnic, coordinació amb les diferents administracions i prioritat a l'hora d'optar a finançament.

Abans que Vox tombés al setembre el decret, el Govern va declarar com a projecte d'especial interès estratègic el nou centre universitari Beat Luis Belda, a Mallorca, adscrit a la institució catòlica privada CEU San Pablo, una decisió que atorga un tracte preferent a una iniciativa educativa confessional, situant-la en la mateixa categoria que projectes empresarials considerats essencials per a la transformació econòmica de les illes.

El Govern de Prohens intenta ara tancar la crisi oberta amb Vox arran del bloqueig pressupostari, al temps que evita projectar una imatge de paràlisi institucional. Amb la pretesa pròrroga dels comptes de 2025 i el nou acord subscrit amb l'extrema dreta, l'Executiu sosté que té marge per seguir legislant sense necessitat d'acudir anticipadament a les urnes.

Apenas cuatro días después de que Vox tumbase en sede parlamentaria el techo de gasto balear aprobado por el PP, bloqueando de este modo los Presupuestos de 2026, el Ejecutivo de Marga Prohens niega que la legislatura esté paralizada, cierra las puertas a la convocatoria de elecciones anticipadas y no descarta reanudar las negociaciones con su socio de investidura para sacar adelante las cuentas del próximo año.

No solo eso. El Govern del PP ha aprobado este mismo viernes uno de sus decretos estrella, el que establece un nuevo marco regulador dirigido a simplificar y agilizar la tramitación de proyectos estratégicos, que la formación de extrema derecha dinamitó hace apenas dos meses y que ahora sí cuenta con el aval de los de Santiago Abascal tras una nueva concesión de los conservadores: tal como exigía Vox, han quedado excluidos del texto los proyectos de energías renovables -que deberán tramitarse por la vía ordinaria-, se han suprimido las Zonas de Interés Autonómico Energético (ZIAE) y se han retirado las alusiones al cambio climático. Con estas cesiones, Prohens se asegura la convalidación parlamentaria de la norma.

En rueda de prensa, el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo, Antoni Costa, ha aseverado que, pese al veto de Vox a las cuentas públicas y la tensión entre ambos partidos, el Govern “sigue gobernando y aprobando iniciativas”, como en el caso del decreto de simplificación. Sobre los presupuestos de 2026, ha asegurado que intentará sacarlos adelante si se dan las circunstancias para ello, a pesar de que en los últimos días el gabinete de Prohens admitía verse abocado a prorrogar las cuentas de este año.

Costa ha insistido en que en Balears no existe un escenario de bloqueo institucional, desviando la atención al Gobierno central. “Estamos en la situación opuesta”, ha deslizado: “Estamos temporalmente en prórroga de presupuestos, pero podemos seguir aprobando normas. El que está bloqueado e inundado de corrupción es el Gobierno central, que es el que está tardando en convocar elecciones”.

En relación con el decreto al que el Govern ha dado luz verde este viernes, el texto es prácticamente idéntico al que fracasó el 30 de septiembre, cuando los de Bambú votaron en contra del mismo tras no ver atendida una de sus exigencias lingüísticas, plasmada en una Proposición de Ley con la que pretendían blindar el español como lengua vehicular en la educación pero traspasando los límites marcados por los conservadores en el acuerdo presupuestario que ambos partidos rubricaron en mayo.

Preguntado sobre si esta forma de trabajar -que un texto sea aprobado en Consell de Govern una vez pactado con Vox para asegurar su convalidación- contempla aplicarse a otras futuras medidas, Costa ha aseverado que este viernes el Ejecutivo ha dado luz verde a un decreto ley “cien por cien pactado con Vox y con garantía de convalidación en el Parlament frente a quienes hablan de bloqueo”. “A día de hoy se ha aprobado un texto que es bueno para las islas, con consenso suficiente y con garantías de convalidación”, ha incidido, recalcando que “esta es la forma de trabajar que tiene el Govern: lo hemos dicho por activa y por pasiva, siempre negociando iniciativa a Iniciativa.

“Hoy demostramos que podemos llegar a acuerdos. Por lo tanto, satisfacción total del Govern”, ha remarcado.

 Vox, por su parte, ha celebrado haber frenado lo que define como una “desregulación encubierta” destinada a facilitar la instalación “masiva” de renovables. “Hemos evitado que Balears acabe como Andalucía, donde el gobierno del PP está talando olivos para instalar campos de placas solares”, ha aseverado la portavoz parlamentaria del partido, Manuela Cañadas.

Declaración de Proyectos de Especial Interés Estratégico 

En concreto, el decreto vuelve a crear la figura de los Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), con un marco único para agilizar y simplificar la tramitación administrativa y acompañar tanto proyectos públicos como privados. También se restituye la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), integrada en la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas, que actuará como ventanilla única y ofrecerá seguimiento y apoyo técnico a los promotores.

Los proyectos podrán ser declarados PEIE por volumen de inversión, creación de empleo o impacto transformador en el modelo económico balear. La declaración dará acceso a tramitación preferente, reducción de plazos, acompañamiento técnico, coordinación con las distintas administraciones y prioridad a la hora de optar a financiación.

Antes de que Vox tumbara en septiembre el decreto, el Govern declaró como proyecto de especial interés estratégico el nuevo centro universitario Beato Luis Belda, en Mallorca, adscrito a la institución católica privada CEU San Pablo, una decisión que otorga un trato preferente a una iniciativa educativa confesional, situándola en la misma categoría que proyectos empresariales considerados esenciales para la transformación económica de las islas.

El Govern de Prohens intenta ahora cerrar la crisis abierta con Vox tras el bloqueo presupuestario, al tiempo que evita proyectar una imagen de parálisis institucional. Con la pretendida prórroga de las cuentas de 2025 y el nuevo acuerdo suscrito con la extrema derecha, el Ejecutivo sostiene que tiene margen para seguir legislando sin necesidad de acudir anticipadamente a las urnas.

Los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para las universidades públicas llegaron este jueves al debate de las enmiendas a la totalidad en la Asamblea de Madrid en medio de las reacciones ante el nuevo borrador de la Ley de Educación Superior de la región (LESUC). La Coordinadora de Plataformas de las seis universidades públicas y otras entidades y asociaciones están elaborando ya informes que apuntan a la “inconstitucionalidad de la ley”, según han anunciado en una concentración de docentes, personal universitario y estudiantes frente a la Asamblea este jueves. Prevén hacer “alegaciones en el proceso de la información pública” de esta norma, de la que solo se han conocido borradores hasta ahora, y añaden: “Si se aprueba, acudiremos a los tribunales”.

“Hay múltiples factores por los cuales el nuevo borrador es inconstitucional. Quizás el más grave sea que vulnera derechos fundamentales constitucionales como el derecho de reunión o la libertad de expresión”, ha asegurado Eva Aladro, miembro de la Plataforma. “Establece, por ejemplo, multas por poner una pancarta no autorizada y no dice quién tiene que autorizar la pancarta”.

Además, explica que “vulnera también la autonomía universitaria” al establecer unos “órganos de control nombrados a dedo desde la Comunidad de Madrid. Es inconstitucional porque las universidades tienen sus propios órganos de gobierno establecidos por ley orgánica”. “Toda la ley está hecha para manipular, y para teledirigir. Es ilegal”, añade. Estos órganos de gobierno son los Consejos Sociales, cuyo presidente lo nombra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, y que se ha encargado en los dos últimos años de emplazar en ellos a hombres afines al PP (o excargos) y a las universidades privadas.

Los presupuestos presentados esta mañana en la Asamblea destinarán un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, lo que se traduce en un incremento del 6,5% respecto a 2025. Sin embargo, Aladro apunta que las nuevas cuentas “no tienen en cuenta la inflación” y el incremento en gastos: “Desde el año 2008, los estudiantes de la Universidad de Madrid han perdido un 35% de poder adquisitivo”.

Sin embargo, la Plataforma por las universidades públicas madrileñas insiste en que la Comunidad destina menos del 0,5 por ciento de su PIB a los centros “cuando por Ley Orgánica debería invertir un 1%”. “Es la comunidad más rica y la que menos invierte en sus universidades públicas. Es la que menos invierte por estudiante y la que tiene los precios de matrícula más altos”, subraya Alba Lirón, miembro de la Plataforma.

La direcció nacional del PP ha deixat en mans de la presidenta de Balears, Marga Prohens, la decisió de celebrar un possible avenç electoral després que Vox i el conjunt dels grups d'esquerres tombessin el seu sostre de despesa, un pas imprescindible per poder aprovar els pressupostos de 2026. La nova crisi entre populars i el seu soci d'investidura torna a posar en risc la tramitació dels comptes i obre una nova fase d'inestabilitat per a l'Executiu regional.

En ser preguntada sobre si podrien convocar-se comicis anticipats en comunitats en les quals, com en el cas de Balears, l'extrema dreta està posant traves a l'aprovació dels pressupostos del proper any, la portaveu parlamentària del PP, Ester Muñoz, ha derivat la responsabilitat als seus presidents autonòmics, al·legant que són qui tenen la capacitat i la legitimitat jurídica per poder convocar eleccions.

Així i tot, la diputada ha deixat clar a qui responsabilitza de l'actual situació: “Vox ha de decidir què vol ser de gran: si afavorir governs que no siguin d'esquerres o jugar al joc del PSOE”.

A l'arxipèlag, la Càmara autonòmica va ser testimoni de la caiguda del sostre de despesa no financera de la comunitat autònoma, contra el que es van alçar Vox i l'esquerra entre acusacions de ser -els conservadors- “un veritable timo” i “una estafa”. Com en altres autonomies governades en minoria pel PP, al gabinet de Prohens no li estan sortint els números per tirar endavant els seus tercers pressupostos de la legislatura, un fet que el vicepresident primer de l'Executiu balear, Antoni Costa, focus dels retrets que els grups van llançar en la sessió d'ahir, va atribuir a ordres directes procedents de les seus nacionals de PSIB-PSOE i extrema dreta i no a “discrepàncies tècniques ni divergències econòmiques”.

La dirección nacional del PP ha dejado en manos de la presidenta de Balears, Marga Prohens, la decisión de celebrar un posible adelanto electoral tras el varapalo sufrido este martes por el Ejecutivo autonómico al ver tumbado su techo de gasto -un paso imprescindible para poder aprobar los presupuestos de 2026-, con los votos en contra de Vox y el conjunto de los grupos de izquierdas. La nueva crisis desatada entre populares y su socio de investidura vuelve a poner en riesgo la tramitación de las cuentas y abre una nueva fase de inestabilidad para el gobierno regional.

Al ser preguntada sobre si podrían convocarse comicios anticipados en comunidades en las que, como en el caso de Balears, la extrema derecha está poniendo trabas a la aprobación de los presupuestos del próximo año, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha derivado la responsabilidad a sus presidentes autonómicos, alegando que son quienes tienen la capacidad y la legitimidad jurídica para poder convocar elecciones.

Aun así, la diputada ha dejado claro a quién responsabiliza de la actual situación: “Vox tiene que decidir qué quiere ser de mayor: si favorecer gobiernos que no sean de izquierdas o jugar al juego del PSOE”.

En el archipiélago, la Cámara autonómica fue testigo de la caída del techo de gasto no financiero de la comunidad autónoma, contra el que se alzaron Vox y la izquierda entre acusaciones de ser -los conservadores- “un verdadero timo” y “una burda estafa”. Como en otras autonomías gobernadas en minoría por PP, al gabinete de Prohens no le están saliendo los números para sacar adelante sus terceros presupuestos de la legislatura, un hecho que el vicepresidente primero del Ejecutivo balear, Antoni Costa, foco de los reproches que los grupos lanzaron en la sesión de ayer, atribuyó a órdenes directas procedentes de las sedes nacionales de PSIB-PSOE y extrema derecha y no a “discrepancias técnicas ni divergencias económicas”.

El Parlament balear ha sido testigo este martes del acorralamiento al que Vox y la izquierda han sometido al PP a cuenta del debate del techo de gasto no financiero de la comunidad autónoma, contra el que se ha alzado -excepto la bancada del Grupo Popular- la totalidad de la Cámara entre acusaciones de ser -los conservadores- “un verdadero timo” y “una burda estafa”. Como en otras autonomías gobernadas en minoría por PP, al gabinete de Marga Prohens no le están saliendo los números para sacar adelante sus terceros presupuestos de la legislatura, un hecho que el vicepresidente primero del Ejecutivo balear, Antoni Costa, foco de los reproches que los grupos han lanzado en la sesión de hoy, ha atribuido a órdenes directas procedentes de las sedes nacionales de PSIB-PSOE y extrema derecha y no a “discrepancias técnicas ni divergencias económicas”.

Pese a que los populares comparecían en el pleno dando por perdido el techo de gasto -que ha sido rechazado con 30 votos en contra y 28 a favor- a tenor del desenlace de las negociaciones llevadas a cabo en las últimas semanas, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha aseverado que, al inicio de las mismas, dejaron “muy claras” las dos condiciones que su formación puso sobre la mesa: que las conversaciones únicamente versasen sobre cuestiones presupuestarias, rechazando así que se convirtieran en un “intercambio de cromos”, y que se desarrollasen “con la voluntad de aprobar los presupuestos”. “No queríamos negociaciones de cartón-piedra, no queríamos conversaciones disimuladas y no queríamos escenificaciones para justificar posicionamientos ideológicos que ya venían dictados desde fuera de Balears”, ha incidido. 

Costa ha subido al atril reconociendo sin paliativos que el PP no ha logrado recabar los apoyos suficientes para sacar adelante una medida indispensable para dar luz verde a los próximos presupuestos y, como ya dejó entrever en noviembre, admitiendo que el Ejecutivo deberá prorrogar las cuentas de 2025. Pese a ello, el vicepresidente ha puesto en valor el fallido límite de gasto que aprobó el Consell de Govern el pasado 17 de octubre, cifrado en 6.924 millones de euros -361 millones más respecto a este año-, lamentando en su intervención que PSIB y Vox hayan “bloqueado” unos presupuestos que, entre otras cuestiones, pretendían “responder a la realidad actual de Balears, que afronta un incremento constante de presión demográfica sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales y que necesita más profesionales, más infraestructuras y más inversión de manera inmediata”.

“Pedro Sánchez y Santiago Abascal prefieren que Balears no tenga presupuestos a que este Govern haga su trabajo”, ha criticado, deslizando que “la decisión ya estaba tomada de antemano” y que “el 'no' estaba garantizado”.

En respuesta, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, quien ha iniciado su intervención entre risas y felicitando a Costa por su “nominación a los Goya de este año como actor”, ha considerado que las cuentas autonómicas están “otra vez configuradas por la irresponsabilidad de un gobierno que ha convertido la gestión pública en una sucesión interminable de excusas, mentiras y deslealtades, pero con una diferencia [respecto a las negociaciones de las cuentas de 2025] que debe grabarse a fuego en las actas de esta Cámara”: “El escenario ha cambiado drásticamente porque la confianza se ha roto”. “Cuatro meses después de haber cerrado unos presupuestos que nacieron tardíos y con fecha de caducidad, nos encontramos en esta situación y a los ciudadanos les debemos la verdad. No olvidemos ni permitamos que se olvide que en diciembre de 2024 tuvimos la obligación ética y política de tumbar sus cuentas. No fue un capricho, fue un acto de legítima defensa de la dignidad parlamentaria”, ha remarcado.

Vox: “Nuestra posición es inamovible”

Su negativa a apoyar tanto el techo de gasto como unos eventuales futuros presupuestos se basa, ha aseverado, en una razón “demoledora y simple”: “Ustedes -dirigiéndose a la bancada del PP- han demostrado carecer del activo más valioso y fundamental para gobernar con legitimidad: la palabra, el compromiso y la lealtad con sus socios preferentes y con los ciudadanos que les dieron su confianza”. La dirigente de extrema derecha ha asegurado que desde su partido no van a “entrar más en su juego de trampas” ni a “permitir que utilicen nuestro grupo parlamentario como coartada de su mala gestión o sus directrices llegadas de la calle Génova”: “Nuestra posición es inamovible. No podemos, no debemos y no vamos a apoyar este techo de gasto ni a avalar unos futuros presupuestos”.

Pese al rechazo frontal de los de Abascal, el vicepresidente del Ejecutivo regional, en su siguiente turno de palabra, les ha tendido la mano para iniciar una nueva negociación aunque en estos momentos no se den las circunstancias para ello. “Si algún día están en disposición, de verdad, de negociar un techo de gasto y unos nuevos presupuestos, el Govern estará ahí”, ha apuntado: “Lo seguiremos intentando hasta que lo consigamos”.

El PSOE niega haber “llamado a Ferraz”

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha acusado al PP de “no querer llegar a un acuerdo” con los socialistas: “A cada negociación iba añadiendo nuevas reglas”, ha espetado, ironizando que nunca ha negociado ninguna medida “para finalmente conseguir que no se apruebe”. “Yo creo que hay que elogiar su arte de negociar para que algo no se consiga, como el techo de gasto. Le tengo que dar la enhorabuena porque ha conseguido plenamente su objetivo. No quería techo de gasto porque no quería negociar unos presupuestos de verdad”, ha continuado. En esta línea, ha expresado que llegó a “pensar que estábamos negociando y me lo tomé en serio”.

En su intervención, el socialista ha asegurado que las dos únicas condiciones “económicas” que su grupo puso sobre la mesa fueron cuestiones que el ganinete de Prohens ya había propuesto: la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y la creación de un nuevo impuesto que grave los 'rent a car' matriculados fuera de las islas. En esta línea, ha asegurado que en ningún momento se le ocurrió “hacer una llamada telefónica a Ferraz” para negociar esas medidas y, en cambio, sí optó “por escuchar a la presidenta del Govern”, cuya ausencia en la sesión de este martes ha afeado: “Ella es la que no quiere escuchar el debate del techo de gasto. Se ha ido a Madrid para participar en un congreso nacional de policías. El resto estamos aquí para debatir sobre lo que es importante para esta comunidad autónoma”.

Las negociaciones, “puro teatro”

A continuación, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, se ha referido a las discrepancias ideológicas que le separan del PP en cuanto al techo de gasto después de que Costa reprochara a la formación ecosoberanista, a Més per Menorca y a Unidas Podemos “haber descartado desde el primer momento cualquier posibilidad de acuerdo”, lo que para el vicepresidente es una “posición legítima” y una postura “coherente con su ideario”, pero no “una posición responsable ni beneficiosa, porque renuncian al diálogo y no contribuyen a la mejora del bienestar de la ciudadanía de estas islas”.

El ecosoberanista ha recriminado que el Govern no tenía intención de aprobar el techo de gasto por cálculo electoralista. “Si ahora digo que los cuatro diputados de Més per Mallorca votamos a favor, le da tal parraque que no hay quien le levante de la silla”, ha ironizado.

En esta línea, Josep Castells, de Més per Menorca, ha criticado la forma de conducir las negociaciones por parte del Ejecutivo del PP y el hecho de que, a su juicio, éste nunca ha tenido intención de materializar acuerdo alguno. Para el menorquinista, las negociaciones han sido “puro teatro”, recordando que el Govern “no aceptó absolutamente ninguna” de las medidas que propuso a cambio de apoyar el techo de gasto. “Ahora yo le pregunto: ¿qué estaba dispuesto a ceder en las negociaciones? Nos dijo que los impuestos son intocables. ¿Qué quería usted negociar?”. En su réplica, Costa ha aseverado que lo citó a las negociaciones “por el respeto” que le debe “como diputado de esta Cámara y como portavoz del grupo parlamentario”, espetando a continuación al ecosoberanista: “A la próxima me lo pensaré dos veces”.

El portavoz de Unidas Podemos, José María García, por su parte, ha lamentado las políticas fiscales del Ejecutivo, justificando su rechazo al techo de gasto en el hecho de que las políticas del Govern “no se hacen por el bien de la ciudadanía”. El parlamentario de la formación morada ha apuntado que, en el marco de las negociaciones con el grupos, mantuvo una “cordial y breve charla” en la que emplazó al Ejecutivo a recuperar el impuesto de sucesiones “para que al menos no se repitiera la indecencia” de que los tres mayores herederos de las islas “hayan escatimado a las arcas públicas 55 millones de euros cada uno, que suponemos que no habrán ido a la economía productiva del país”.

“Seguramente se lo estén gastando en ladrillo o a lo mejor son de esos que compran las cosas con ese dinero”, ha señalado García, quien ha abundado en que la intención de su partido pasa por recuperar las figuras fiscales que suprimió el Govern de Prohens nada más arrancar la legislatura “para que pague más el que más tiene”.

Desde el PP, su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, ha reconocido que confiaba en una sorpresa de última hora, aunque ha lamentado que se ha confirmado que PSIB y Vox “no iban en serio y que solo lanzaban envites para ganar tiempo”. Respecto a los de Abascal, los ha acusado, en línea de Costa, de no apoyar el techo de gasto porque “no cuentan con la autorización de Bambú”, mientras que ha achacado el 'no' del PSOE a la “debilidad” del partido a nivel nacional y del Gobierno central. “La pregunta que tendríamos que hacernos es por qué en todas las comunidades en las que el PP gobierna en minoría, Vox ha votado en contra de los presupuestos”, ha abundado después el vicepresidente, quien ha defendido que el Govern ha cumplido “al pie de la letra” todos los acuerdos rubricados con la formación de extrema derecha. “No sé si Vox puede decir lo mismo”, ha sentenciado.

El PP dóna per perduda, “excepte sorpresa d'última hora”, l'aprovació del sostre de despesa de Balears, la convalidació del qual serà aquest dimarts sotmesa a debat al Parlament. Com ha posat de manifest el seu portaveu, Sebastià Sagreras, els conservadors no han aconseguit reunir els suports suficients per tirar endavant la mesura, tot i haver assenyalat Vox com el seu “soci prioritari” a les negociacions. La formació d'extrema dreta ha confirmat que votarà en contra de la convalidació, acusant els populars de “mentir” quan assenyalen que més del 90% del seu programa de govern ja ha estat complert i quan neguen conèixer les exigències dels de Santiago Abascal: “Saben perfectament el que volem, que no ens contin històries”.

Amb tot, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha eludit enumerar aquestes condicions davant els mitjans que li han preguntat per això, i ha sortit al pas asseverant: “Vostès, que no són a les reunions, saben perfectament el que Vox ha exigit. Per tant, imaginin els que són a les reunions i ho saben”, insinuant que les demandes formen part d'un marc comú que el PP no està complint. Malgrat que els populars van donar resposta a una de les condicions que el partit d'extrema dreta va posar sobre la taula -el lliurament d'un calendari de compliment dels acords subscrits amb Vox-, els de Bambú no es donen per satisfets i acusen els de Prohens de desinterès negociador: “Estem a l'espera que el PP ens pugui dir alguna cosa que per a nosaltres sigui seriosa, no mentides ni estafes com ens han fet en altres moments d'aquesta legislatura”.

El PP, per la seva banda, assumeix que el sostre de despesa està pràcticament perdut. “En aquests moments no tenim els vots necessaris per aprovar aquest sostre de despesa”, ha reconegut Sagreras, qui ha recordat que, en les trobades mantingudes la setmana passada amb Vox i PSIB-PSOE per abordar aquest assumpte, “ja pràcticament es va descartar”. “El Partit Socialista seguia demanant el mateix que en la primera ronda de negociacions i va deixar ben clar que, tot i que només parlaven del sostre de despesa, en cap cas sumarien els seus vots a l'aprovació dels Pressupostos, que és una de les premisses del PP”, ha assenyalat. Respecte als d'Abascal, ha apuntat que “es van comprometre amb nosaltres a fer un intercanvi de documents amb noves propostes que en aquests moments encara no ens han arribat”.

En qualsevol cas, ha subratllat que la seva formació “compleix amb el sostre de despesa en el Parlament” i ha fet “una última crida” a Vox per a “rectifiqui”, s'abstingui i permeti que el sostre de despesa sigui convalidat per a iniciar la tramitació dels comptes autonòmics de 2026. En aquest sentit, ha expressat que “lamentaria” que tant PSIB com la formació d'extrema dreta “tornin anteposar els interessos partidistes nacionals de [Pedro] Sánchez i Abascal als interessos de Balears”.

El passat 17 d'octubre, el Consell de Govern va aprovar el sostre de despesa no financera -pas previ a la redacció dels pressupostos-, que, en paraules del vicepresident primer, Antoni Costa, és “el més alt de la història”: 6.924 milions d'euros, 361 milions més respecte a enguany, i gairebé 1.000 milions més que quan els populars van assumir el poder a l'estiu de 2023.

Per part seva, el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, ha recriminat que el Govern mai ha tingut intenció de tirar endavant el sostre de despesa. “El PSIB ha intentat arribar a un acord perquè hi hagués sostre de despesa, però el PP no ha negociat. Es veuen les formes d'un Govern que el que cerca és un 'no' al seu sostre de despesa i que algú ens haurà d'explicar. Ha estat una negociació per a no arribar a un acord”, ha etzibat. El socialista ha subratllat que prova de la seva voluntat d'arribar a un acord han estat les seves exigències en qüestions en matèria econòmica que el mateix Executiu havia proposat, com la pujada de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) i del cànon de l'aigua i la creació d'un nou impost que gravi els 'rent a car' matriculats fora de les illes. 

Mentrestant, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, qui ha estat més gràfic, ha considerat que el debat que tindrà lloc aquest dimarts serà “un teatre”: “No sé quin serà el gènere que es representarà, si serà comèdia o tragèdia, però en qualsevol cas serà un teatre”, ha incidit. Al seu parer, cap de les tres parts implicades en les negociacions ha tingut mai una intenció real de treure la mesura endavant per motius principalment electoralistes. “Sospito que aquest dimarts omplirem les notícies de titulars, però farem un escàs servei a la ciutadania”, ha lamentat.

En aquesta línia, ha confiat que el fet que es tombi el sostre de despesa i -com ja va avançar el Govern en cas que així succeeixi- es prorroguin els pressupostos d'enguany “no afecti els serveis per a la ciutadania”. “La major part d'aquest increment de capacitat de despesa es podrà fer via incorporació extraordinària de crèdit. I hi ha una cosa que tal vegada no és molt habitual en l'esquerra, però tenir més despesa pública no és 'per se' un element positiu: depèn d'en què ho gasti. Si és per a més segregació lingüística, més promoció turística o modificacions fiscals per als rics, no seria positiu”, ha conclòs el ecosoberanista.

Finalment, el diputat no adscrit Xisco Cardona ha demanat Vox, el seu antic partit, que “tingui la decència d'abstenir-se” per a evitar un bloqueig.

El PP da por perdida, “salvo sorpresa de última hora”, la aprobación del techo de gasto de Balears, cuya convalidación será este martes sometida a debate en el Parlament. Como ha puesto de manifiesto su portavoz, Sebastià Sagreras, los conservadores no han logrado reunir los apoyos suficientes para sacar adelante la medida, a pesar de haber señalado a Vox como su “socio prioritario” en las negociaciones. La formación de extrema derecha ha confirmado que votará en contra de la convalidación, acusando a los populares de “mentir” cuando señalan que más del 90% de su programa programa de gobierno ya ha sido cumplido y cuando niegan conocer las exigencias de los de Santiago Abascal: “Saben perfectamente lo que queremos, que no nos cuenten historias”.

Con todo, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha eludido enumerar esas condiciones ante los medios que le han preguntado por ello, y ha salido al paso aseverando: “Ustedes, que no están en las reuniones, saben perfectamente lo que Vox ha exigido. Por lo tanto, imagínense los que están en las reuniones y lo saben”, insinuando que las demandas forman parte de un marco común que el PP no está cumpliendo. Pese a que los populares dieron respuesta a una de las condiciones que el partido de extrema derecha puso sobre la mesa -la entrega de un calendario de cumplimiento de los acuerdos suscritos con Vox-, los de Bambú no se dan por satisfechos y acusan a los de Prohens de desinterés negociador: “Estamos a la espera de que el PP pueda decirnos algo que para nosotros sea serio, no mentiras ni estafas como nos han hecho en otros momentos de esta legislatura”.

El PP, por su parte, asume que el techo de gasto está prácticamente perdido. “En estos momentos no tenemos los votos necesarios para aprobar este techo de gasto”, ha reconocido Sagreras, quien ha recordado que, en los encuentros mantenidos la semana pasada con Vox y PSIB-PSOE para abordar este asunto, “ya prácticamente se descartó”. “El Partido Socialista seguía pidiendo lo mismo que en la primera ronda de negociaciones y dejó bien claro que, aunque solo hablaban del techo de gasto, en ningún caso sumarían sus votos a la aprobación de los Presupuestos, que es una de las premisas del PP”, ha señalado. Respecto a los de Abascal, ha apuntado que “se comprometieron con nosotros a hacer un intercambio de documentos con nuevas propuestas que en estos momentos todavía no nos han llegado”.  

En cualquier caso, ha subrayado que su formación “cumple con el techo de gasto en el Parlament” y ha hecho “un último llamamiento” a Vox para “rectifique”, se abstenga y permita que el techo de gasto sea convalidado para iniciar la tramitación de las cuentas autonómicas para 2026. En este sentido, ha expresado que “lamentaría” que tanto PSIB como la formación de extrema derecha “vuelvan anteponer los intereses partidistas nacionales de [Pedro] Sánchez y Abascal a los intereses de Balears”.

El pasado 17 de octubre, el Consell de Govern aprobó el techo de gasto no financiero, paso previo a la redacción de los Presupuestos, que, en palabras del vicepresidente primero del Ejecutivo, Antoni Costa, es “el más alto de la historia”: 6.924 millones de euros, 361 millones más respecto a este año, y casi 1.000 millones más que cuando los populares asumieron el poder en verano de 2023.

Por su parte, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha recriminado que el Govern nunca ha tenido intención de sacar adelante el techo de gasto. “El PSIB ha intentado llegar a un acuerdo para que hubiese techo de gasto, pero el PP no ha negociado. Se ven las formas de un Govern que lo que busca es un 'no' a su techo de gasto y que alguien nos tendrá que explicar. Ha sido una negociación para no llegar a un acuerdo”, ha espetado. El socialista ha subrayado que prueba de su voluntad de llegar a un acuerdo han sido sus exigencias en cuestiones en materia económica que el mismo Ejecutivo había propuesto, como la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y del canon del agua y la creación de un nuevo impuesto que grave los 'rent a car' matriculados fuera de las islas. 

Mientras tanto, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sido más gráfico al considerar que el debate que tendrá lugar este martes será “un teatro”: “No sé cuál será el género que se representará, si será comedia o tragedia, pero en cualquier caso será un teatro”, ha incidido. A su parecer, ninguna de las tres partes implicadas en las negociaciones ha tenido nunca una intención real de sacar la medida adelante por motivos principalmente electoralistas. “Sospecho que este martes llenaremos las noticias de titulares, pero haremos un escaso servicio a la ciudadanía”, ha lamentado.

En esta línea, ha confiado en que el hecho de que se tumbe el techo de gasto y -como ya adelantó el Govern en caso de que así suceda- se prorroguen los presupuestos de este año “no afecte a los servicios para la ciudadanía”. “La mayor parte de este incremento de capacidad de gasto se podrá hacer vía incorporación extraordinaria de crédito. Y hay una cosa que tal vez no sea muy habitual en la izquierda, pero tener más gasto público no es 'per se' un elemento positivo: depende de en qué lo gaste. Si es para más segregación lingüística, más promoción turística o modificaciones fiscales para los ricos, no sería positivo”, ha zanjado el ecosoberanista.

Finalmente, el diputado no adscrito Xisco Cardona también ha pedido a Vox, su antiguo partido, que “tenga la decencia de abstenerse” para evitar un bloqueo.

Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y Mixto) han presentado conjuntamente 215 enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2026 que suponen cambiar el destino de 95,5 millones de euros.

El presupuesto, con un gasto no financiero de 12.491,4 millones, será aprobado de forma definitiva el 16 de diciembre, tras el debate de las enmiendas parciales, una vez que el pleno del Parlamento ha rechazado las tres enmiendas a la totalidad, presentadas por PSOE, NC y Vox.

De las enmiendas presentadas por los grupos del Gobierno de Canarias, 181 corresponden a las partidas económicas y 34 al articulado, según han detallado en un comunicado.

Entre las enmiendas al articulado, anuncian un aumento de financiación a las universidades públicas para incrementen las retribuciones para el personal.

Plantean además “agilizar la contratación de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), de forma que se pueda actuar con mayor eficacia en la cobertura de las plazas necesarias”.

Otras propuestas incluyen “garantizar la correcta gestión y el establecimiento de medidas que permitan agilidad para la concesión del las prestaciones” en cuanto a la Renta Canaria de Ciudadanía y la dependencia.

“Autorizar las rentas al sector platanero afectado por la erupción volcánica, de forma que se puedan destinar ayudas para compensar lo perdido” es otra de las enmiendas, según señala el comunicado.

Para el Servicio Canario de Salud hay tres enmiendas “para la mejora de lo gestión de los proyectos y el Plan de Salud” y en el caso de la Policía Canaria hay enmiendas que “tienen que ver” con “la mejora del sistema de nombramiento de las brigadas móviles del Cuerpo General de la Policía Canaria, así como de los agentes en prácticas”.

Explican los grupos del Gobierno que en el área de personal hay enmiendas para “el reconocimiento de los servicios previos al personal laboral de la Administración Pública” y hay otra enmienda “relacionada con el gravamen de las bebidas refrescantes con azúcares añadidos”.

En cuanto a las enmiendas con contenido económico, los cuatro grupos afirman que buscan reforzar las políticas sociales, la generación de empleo, el fomento de la productividad y el apoyo a la diversificación económica.

Mencionan enmiendas para becas complementarias NEAE, la estrategia para hacer frente a enfermedades raras de Canarias y la inversión en salud mental.

También hay enmiendas en infraestructuras y cohesión territorial, como la proyección de carreteras como la de El Hervidero en Lanzarote.

Las enmiendas incluyen políticas fiscales para adquisición de vivienda, e inversiones en agua, energía, sostenibilidad, reto demográfico o la gestión de emergencias.