La candidata regionalista a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha afirmado este martes que el PP ha aceptado todas las propuestas para los presupuestos de 2026 del PRC, que sale “fortalecido como partido de gobierno” de la negociación que acabó en acuerdo el pasado viernes.

Fernández ha convocado a los medios para explicar las 24 medidas que se incluirán en las cuentas después del acuerdo que firmó la semana pasada junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga y el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla.

La candidata ha subrayado que el acuerdo es “un voto de confianza” a la presidenta, que debe responder de su cumplimiento.

Ha insistido en que las medidas pactadas buscan “solucionar problemas concretos de la vida cotidiana” de los cántabros en el ámbito de la vivienda, el transporte, la sanidad pública, los servicios sociales, el apoyo al sector primario, la industria, la educación y la cultura.

Ha incidido especialmente en las medidas destinadas a retener a los jóvenes en Cantabria, como las ayudas de 600 euros en tres años en una cuenta vivienda para comprar o rehabilitar, los descuentos del 70 % en el transporte público por carretera o la gratuidad de la matrícula en la Universidad de Cantabria el curso 2026/2027 para los alumnos de primer curso de grado.

“Estamos ante un buen acuerdo para Cantabria y los cántabros”, ha reivindicado Fernández, quien ha señalado que en el pacto están también las propuestas que su partido puso sobre la mesa en la negociación de noviembre, cuando, a su juicio, se podría haber firmado ya.

Compromisos en infraestructuras

Según la candidata, el acuerdo recoge el compromiso de que las obras de infraestructuras que se incluyeron en los acuerdos con el PP para aprobar los presupuestos de 2024 y 2025 y continúan pendientes “estén en marcha a nivel de proyecto definitivo” en 2026.

El PRC, ha subrayado, va hacer desde el partido y el Parlamento “una vigilancia estrecha” del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno, que se encargará de vigilar una comisión formada por seis “expertos independientes”, de los que cada partido designará tres.

Como ha recordado, en la comisión de seguimiento del acuerdo de 2025, PP y PRC hicieron análisis distintos del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo y con esta nueva fórmula se pretende que los expertos establezcan unas reglas y hagan un análisis independiente.

La previsión es que los presupuestos se aprueben en mayo y la comisión celebrará una primera reunión en octubre.

Otro de los compromisos recogidos en el acuerdo es que el Gobierno de Cantabria solo incluirá en la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos medidas administrativas y fiscales. No podrá utilizarla, según los regionalistas, como una ley omnibus con la que reformar otras leyes sin debatirlas en el Parlamento.

Fernández ha señalado que cuantificar el impacto económico total de estas medidas es “muy difícil” aunque estima que supera los 200 millones de euros. No obstante, ha subrayado que “lo importante es el calado” de esas medidas.

De dónde se va a detraer ese dinero, ha dicho, dependerá del Gobierno de Cantabria, que tendrá que ajustar las partidas.

Cribados de cáncer en la sanidad pública

Una de las 24 medidas acordadas es reforzar los programas de cribado para la detección precoz del cáncer con una partida de 5 millones de euros y, según la candidata, el PRC va a estar muy vigilante para que ese dinero sea para la sanidad pública.

Es lo que ha respondido cuando se le ha planteado la posibilidad de que ese refuerzo se haga en el hospital Santa Clotilde, con el que el Gobierno ha suscrito un convenio singular que incluye cribados de cáncer de mama y colón.

La candidata regionalista ha señalado que el acuerdo va a permitir también poner fin al conflicto en la educación pública.

En España cada vez hay más concienciación sobre lo que supone tener un animal en casa y lo que implica su cuidado. Durante los últimos años se han establecido leyes sobre protección de los animales de compañía, como la Ley de Bienestar Animal de 2023. En este contexto, la Junta de Andalucía acaba de aprobar una nueva deducción autonómica para los propietarios de mascotas, que podrán ahorrarse un dinero cuando realicen la Declaración de la Renta del ejercicio 2025, que se presenta este 2026.

Tener un animal de compañía implica asumir un gasto fijo en vacunas, revisiones, tratamientos y posibles urgencias veterinarias. Hasta ahora, todo esto no tenía ningún reflejo en la declaración de la renta, situación está cambiando, ya que el cuidado veterinario empieza a tener reconocimiento fiscal dentro del sistema tributario andaluz.

La medida sitúa a Andalucía entre las primeras comunidades autónomas que incorporan de forma expresa el cuidado veterinario de los animales de compañía a su normativa tributaria propia. La nueva deducción permite desgravar el 30% de los gastos veterinarios pagados en el año, con un máximo de 100 euros anuales por contribuyente. Se aplica únicamente en el tramo autonómico del impuesto y solo pueden beneficiarse quienes tengan su residencia fiscal en Andalucía.

Requisitos para poder deducirse el gasto veterinario

La deducción está contemplada en la Ley 8/2025 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De este modo, se podrá declarar en la campaña de la Renta de 2025 y solo será aplicable a los gastos veterinarios realizados a partir del 1 de enero de ese año.

Quienes cumplan los requisitos necesitan guardar de forma ordenada todas las facturas veterinarias para poder incluirlas después en su declaración anual. Las facturas originales serán imprescindibles para justificar los gastos ante la Agencia Tributaria, y sin ese respaldo documental no se podrá aplicar la deducción, incluso aunque el desembolso se haya producido realmente durante el ejercicio fiscal.

Documentación que se debe presentar

No todas las rentas entran dentro de la medida ni tampoco cualquier visita al veterinario sin factura o justificante. Para que los gastos sean deducibles deben estar respaldados por una factura oficial emitida por un centro veterinario autorizado y a nombre del contribuyente. Además, la normativa fija varios requisitos adicionales que conviene revisar con detalle para evitar errores.

Por un lado, se exige tener residencia fiscal en Andalucía y haber adquirido la mascota a partir del 1 de enero de 2025. Por otro, los justificantes deben incluir todos los datos fiscales obligatorios, como el NIF o CIF del centro veterinario y el desglose claro del servicio prestado.

La deducción tampoco está disponible para todos los niveles de renta. Solo podrán aplicarla quienes tengan una base imponible general más ahorro igual o inferior a 80.000 euros en declaraciones individuales o 100.000 euros en declaraciones conjuntas. Con este límite se pretende dirigir la ayuda hacia contribuyentes de renta media y evitar que el beneficio se concentre en los tramos más altos.

Qué gastos están incluidos en la nueva deducción

En cuanto al tipo de gastos cubiertos, la ley abarca la mayoría de actuaciones habituales relacionadas con la salud de las mascotas. Se podrán incluir, siempre que estén correctamente justificados, las consultas veterinarias, las vacunaciones obligatorias o recomendadas, los tratamientos médicos, las intervenciones quirúrgicas, las pruebas diagnósticas y los servicios preventivos prescritos por un veterinario colegiado.

Quedan fuera, por tanto, los gastos meramente estéticos o aquellos que no estén vinculados a la salud del animal, como pueda ser el pienso.

Los justificantes deben ser oficiales, emitidos por un centro autorizado y con todos los datos fiscales completos. Muchos contribuyentes tendrán que acostumbrarse a pedir siempre factura completa y a conservarla durante años.

Para acceder a la deducción también es necesario que el animal tenga la consideración legal de animal de compañía o de asistencia conforme a la normativa andaluza.

En general, perros, gatos y otras especies domésticas habituales entran dentro de esta categoría. Además, todos los animales deben estar correctamente identificados mediante microchip y registrados en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), lo que refuerza el control administrativo y la trazabilidad.

Diferencia entre animales comprados y adoptados

La norma introduce además diferencias entre animales comprados y adoptados. Para los animales adquiridos mediante compra, la deducción se puede aplicar solo durante el primer año desde la adquisición.

En cambio, cuando se trata de animales adoptados de protectoras o centros de acogida, el beneficio fiscal se puede aplicar durante tres ejercicios consecutivos tras la adopción. Con ello se busca incentivar la adopción responsable frente a la compra. En el caso de los perros guía o animales de acompañamiento terapéutico, será de por vida.

Qué ocurre en otras comunidades autónomas

Andalucía no es la única región que ha empezado a avanzar en este tipo de incentivos fiscales, aunque el número de comunidades con deducciones específicas por gastos veterinarios sigue siendo todavía reducido.

En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, se contemplan beneficios fiscales que permiten deducir parte de los gastos veterinarios de animales de compañía dentro de determinados límites de renta y con importes máximos anuales fijados por la normativa autonómica.

En Illes Balears también existe una deducción autonómica destinada a estos costes, siempre que el animal esté correctamente identificado y se aporten los justificantes correspondientes.

En La Rioja, las deducciones relacionadas con el bienestar animal pueden incluir gastos veterinarios, especialmente en casos de animales adoptados o registrados oficialmente.

Por último, en la Región de Murcia se ha aprobado una deducción del 30% de los gastos veterinarios con un tope de 100 euros al año, que fue incluida en los presupuestos autonómicos y ya está en vigor para la próxima campaña de la renta.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este martes la prórroga presupuestaria para el 1 de enero de 2026 después de que ningún partido de la oposición apoyara las cuentas del PP. Esta ha sido la primera vez en Castilla y León en que el parlamento ha rechazado un proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, que estará marcado por las elecciones autonómicas, previstas para el próximo marzo.

Las Cortes aprobaron a finales de noviembre las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026, presentadas en bloque por los grupos de la oposición. 47 procuradores del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y dos de los representantes del Grupo Mixto votaron a favor de devolver las cuentas, algo que rechazaron el PP (31) y los dos procuradores no adscritos —ex de Vox— y solo el procurador de Por Ávila se abstuvo.

De esta manera, el Ejecutivo autonómico pretende garantizar novedades para el próximo año como la estrategia de lucha anti incendios y las subidas salariales de los empleados públicos.

El Decreto tiene cuatro artículos, una disposición adicional y una disposición final. Así, el artículo primero establece los créditos que se prorrogan y los que no, siguiendo lo dispuesto en el artículo 107 de la ley 2/2006. El artículo segundo establece que la disposición de los créditos prorrogados se supeditará en su cuantía al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto vigentes para este ejercicio. La Junta de Castilla y León, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de hacienda, podrá acordar la no disponibilidad de los créditos que estime necesarios para su cumplimiento.

El tercer artículo regula el orden y cómo se imputarán los gastos durante el período de prórroga para garantizar el equilibrio financiero en todo momento, de acuerdo con la Orden EYH/1125/2025, de 8 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2025 y las de apertura del ejercicio 2026.

Asimismo, se determina que los créditos financiados con recursos finalistas podrán imputarse por la totalidad del gasto elegible correspondiente y, por último, se prevé que el consejero de Economía y Hacienda podrá proponer a la Junta la no disponibilidad de los créditos necesarios para así garantizar la cobertura presupuestaria de las retribuciones del personal al servicio de la Administración General e Institucional de la Comunidad.

La disposición adicional matiza que todas las referencias efectuadas al presupuesto de 2026 en la Orden por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2025 y las de apertura del ejercicio 2026 se entienden hechas al presupuesto prorrogado de 2024 para 2026. Por último, la disposición final establece que la vigencia de las condiciones de la prórroga recogidas en el decreto se iniciará el próximo 1 de enero.

La reunión entre el presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, y el portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, clave para un eventual anticipo electoral ya que el Gobierno de Aragón necesita los votos de los diputados ultras, no ha servido para que los dos partidos avancen en la negociación. Peor aún: ha constatado que las posiciones parecen irreconciliables. Habrá una segunda reunión esta semana y de ahí no pasará: “O sí o no, esto no va a ser un trasiego de papeles”, ha zanjado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.

El representante de la extrema derecha ha instado al PP a replicar las medidas pactadas en la Comunitat Valenciana con el nuevo presidente regional, Juanfran Pérez Llorca. “Si Azcón quiere un cheque en blanco, no lo va a tener”, ha advertido Nolasco, que ha instado a Azcón a “negociar”. Así, ha llevado a la reunión “un dosier” con propuestas y ha reclamado “un calendario ordenado por consejerías” para llegar a un “acuerdo coherente y razonable”, un pacto –ha insistido– “que no comprometa al Gobierno a nada que no haya firmado a escasos kilómetros de aquí”, en referencia a Valencia.

Entre las medidas que Vox quiere implantar también en Aragón están eliminar las ayudas “a organizaciones que facilitan la inmigración irregular”, eliminar “cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde”, “conocer datos de quienes cometen delitos” o rebajar impuestos. “Si lo pueden disfrutar los valencianos, por qué no los aragoneses”, ha mencionado en la misma línea.

Poco más. Nolasco ha reconocido que las declaraciones de los últimos días tanto del presidente aragonés como de los consejeros autonómicos muestran “una distancia” entre las intenciones en Aragón y lo acordado en la Comunitat Valenciana.

“No puede pasar de esta semana”

Desde el Ejecutivo de Jorge Azcón, su consejero de Hacienda ha constatado la distancia entre los dos partidos. “Las posturas de ambas partes están bastante o muy lejanas –ha comenzado Bermúdez de Castro–. Hay diferentes formas de ver asuntos de importancia”. Habrá una segunda reunión entre las partes esta misma semana y de ahí saldrá una decisión: “Esto va a ser un sí o un no, no va a ser un trasiego de papeles. No puede pasar de esta semana”, ha enmarcado Bermúdez de Castro.

Para los populares, muchas de las peticiones de Vox “son inasumibles”, algunas por inaplicables y otras “porque son ilegales”. Y se ha referido entre otras cuestiones al dragado de los ríos, sometido a “una clara legislación medioambiental”: “Ningún funcionario va a firmar ninguna limpieza de río sin los permisos, porque eso está penado con cárcel”. O al requisito de la extrema derecha de eliminar todas las subvenciones “a cualquier ONG que ayude a los inmigrantes”, para lo que Bermúdez de Castro –oscense– ha mencionado a la organización Hermanos de Cruz Blanca de Huesca, que con la propuesta de la extrema derecha “dejaría de recibir ayudas públicas”.

Bermúdez de Castro ha afeado a Nolasco que citara “quince o veinte veces” el acuerdo en la Comunitat Valenciana y no recordara los casos de Illes Balears o Extremadura, donde Vox tumbó el techo de gasto. “Todo lo que no es su forma de pensar es socialista, eso es el paradigma del sectarismo”, ha sentenciado.

Aragón-Teruel Existe

Por su parte, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha reprochado a Azcón que “no se ha cumplido” el acuerdo alcanzado entre su formación el PP de cara a la investidura de Azcón en 2023.

“Hoy todo van a ser buenas palabras, pero no se ha cumplido lo que nos prometieron”, se ha quejado Guitarte, quien ha mencionado acuerdos de 2023 como abrir 54 habitaciones individuales en el nuevo Hospital Obispo Polanco de Teruel o el gobierno de alternancia PP-Teruel Existe en la Comarca Comunidad de Teruel. Sobre esto último, ha expresado que Teruel Existe desconoce “las cuitas internas” del PP, pero ha exigido el cumplimiento del acuerdo de 2023.

Guitarte ha insistido en que el Gobierno remita a las Cortes el proyecto de ley de presupuestos porque es en el Parlamento “donde debe debatirse de verdad” en lugar de “opinar sobre un 'power point” porque “los ciudadanos tienen derecho a conocer los detalles”. “Si la idea es que haya elecciones, nos ponemos en modo electoral, estamos preparados, hemos estado haciendo los deberes en todo el territorio”, ha advertido el portavoz de Aragón-Teruel Existe.

Quien sí se ha mostrado dispuesto a dar su apoyo al PP ha sido el presidente del PAR y diputado autonómico Alberto Izquierdo. Los aragonesistas están, ha dicho, “dispuestos a sumar” y “pintar la cuatribarrada” a los presupuestos de Aragón de 2026. Ha sido el primero en reunirse con Jorge Azcón.

“Si somos capaces de llegar a algunos acuerdos que hemos puesto encima de la mesa, por supuesto que sí estamos predispuestos a votarlo a favor, porque nosotros apoyamos la investidura de este presidente del Gobierno”, ha refrendado, antes de poner el punto de mira en un rival directo en la provincia turolense: “Ahora hay que preguntarle a Teruel Existe, que por la mañana es oposición y por la tarde es Gobierno, si estos presupuestos le parecen bien, igual que le parecían bien los del año 24, porque estos son una versión mejorada y con más dinero que los del 24, y lo mismo habrá que preguntarle a Alejandro Nolasco”.

En un paso hasta cierto punto previsible, la secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha anunciado este lunes que los socialistas se abstendrán con el techo de gasto que lleve el Gobierno autonómico del PP a las Cortes de Aragón, lo que propiciará su aprobación. Con este movimiento, la ministra de Educación trata de ganar tiempo y, al mismo tiempo, compromete el relato del presidente Jorge Azcón, quien ha anunciado repetidas veces que adelantará las elecciones si no hay acuerdo para los Presupuestos de 2026.

“No queremos un presupuesto que esté maniatado por la ultraderecha, no queremos un presupuesto que esté dictado por Vox, queremos un presupuesto para todos y para todas, un presupuesto que atienda a los problemas del Aragón real de hoy. Y por eso ofrecemos y ofrezco la mano tendida”, ha manifestado Alegría tras la celebración de un Comité Regional del partido en Zaragoza.

Alegría ha reivindicado la “seriedad” de lo que traslada el partido. “Somos por tanto conocedores que para poder aprobar este presupuesto previamente hay que aprobar un techo de gasto. Ya les avanzo que el Partido Socialsita facilitará ese techo de gasto”, ha anunciado.

Entre los requisitos que han lanzado a cambio los socialistas están “vivienda pública sin especulación, inversiones en sanidad pública en todo el territorio, gratuidad en la educación del tramo 0-3 años, aumentar plazas públicas en las residencias para personas mayores o la ampliación de la línea 1 del tranvía y el impulso a la segunda línea en Zaragoza”.

Y a continuación ha atacado el relato de Azcón: “Si decide convocar elecciones, detrás de ese adelanto se esconde una demostración absoluta de la incapacidad de hacerse cargo de los problemas de los aragoneses”. En este punto, la secretaria general de los socialistas aragoneses ha recordado al jefe del Ejecutivo: “Cuando te votan, los ciudadanos te piden que gestiones, que gobiernes, que te hagas cargo de sus problemas, que plantees soluciones para esos problemas. Y evidentemente que tengas capacidad de dialogar con otras fuerzas políticas, máxime cuando no tienes mayoría absoluta”.

“Relativo optimismo” en Vox

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, ha asegurado también este lunes acudirá con “relativo optimismo” a la ronda de consultas con Azcón. La formación de extrema derecha está citada para el martes por la tarde.

Nolasco atribuye esa sensación a que el sábado el jefe del Ejecutivo “coincidió en el Día de la Constitución con el presidente valenciano, Pérez Llorca”. A partir de ese encuentro, el portavoz ultra interpreta que ambos dirigentes “habrán podido hablar” y que “Azcón habrá comprobado cómo el PP en la Comunidad Valenciana se ha comprometido a no financiar a las ONG que colaboran con el tráfico de personas”, así como “acometer obras de encauzamiento de barrancos en los tramos urbanos”.

“Si el PP cree que eso es bueno para la Comunidad Valenciana, ¿por qué no lo copiamos también en los presupuestos de Aragón para 2026?”, se ha preguntado. Asimismo, ha afirmado que la actitud con la que acudirá este martes al encuentro será “constructiva”, pensando “en el beneficio y la seguridad de los aragoneses, la bajada de impuestos, priorizar la vivienda para los españoles y la lucha contra la inmigración ilegal”, ha recalcado.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, llevará a cabo entre el martes y el miércoles la ronda de contactos para los Presupuestos de 2026, cuyo boceto presentó el viernes en el Edificio Pignatelli. Arrancará con los partidos que apoyaron las cuentas de 2024: Vox, Aragón-Teruel Existe y el PAR. El jefe del Ejecutivo ha pedido “responsabilidad” a las formaciones, y ha insistido en que si no encuentra apoyos suficientes “lo lógico es convocar elecciones”.

Azcón ha hecho estas afirmaciones en el Congreso de los Diputados, en el acto de conmemoración por el aniversario de la Constitución Española. “El objetivo es hablar con todos los partidos porque Aragón vive un buen momento, con inversiones como no hemos tenido nunca, y el presupuesto va a mejorar la vida de los aragoneses, con incrementos históricos en sanidad, educación y servicios sociales, pero también con proyectos que mejoran la economía de la comunidad”, ha manifestado, en línea con lo declarado en las últimas semanas.

A continuación, el jefe del Ejecutivo autonómico ha pedido “una responsabilidad suficiente como para saber que el momento que vive Aragón necesita unos presupuestos”. De lo contrario, ha añadido, “lo lógico es convocar elecciones”.

El Gobierno regional ha informado este sábado de que ya ha contactado con los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón para la ronda de contactos de cara a la negociación presupuestaria. Los turnos establecidos comienzan el martes con el PAR, Teruel Existe y Vox –este último, ya por la tarde– y siguen al día siguiente con IU, Podemos, CHA y, para cerrar por la tarde, con el PSOE.

Sin embargo, la jornada del miércoles será más corta de lo previsto: CHA e Izquierda Unida ya han confirmado que no acudirán.

El portavoz nacionalista ya manifestó el viernes que no iría al encuentro para no dejarse “utilizar en este sainete continuado de propaganda partidista”. “La política que se merece Aragón debería ser más seria”, criticó Soro. Y este sábado ha sido IU la que ha trasladado su ausencia. Fuentes de la formación indican que no participarán en lo que consideran una “farsa” y que no contribuirán a “a alimentar la irresponsabilidad del señor Azcón”.

Para IU, el acto del viernes del jefe del Ejecutivo acompañado por sus consejeros fue “el primer acto de una campaña electoral sufragada con dinero público” y no respondía a “una voluntad real de negociar y aprobar unas cuentas serias”. “La pantomima de ayer es un episodio más del circo político de los últimos meses en el que Azcón pretende esconder su minoría, su incapacidad y su disputa con la ultraderecha, secuestrando el debate presupuestario a las Cortes de Aragón, que es donde debe producirse”, añadieron desde IU.

Mientras, desde el PSOE han trasladado que “siempre” han acudido a los encuentros convocados por el presidente autonómico y en Podemos Aragón siguen valorándolo.

Este sábado, Azcón también se ha vuelto a referir a los tiempos que manejan antes de adelantar la convocatoria electoral. El dirigente popular ha aludido a la próxima semana, “un tiempo más que prudencial” para que comprueben “qué partidos están dispuestos a aprobar los presupuestos o cuáles quieren bloquear”. Aun así, ha dejado la puerta abierta a una negociación posterior: “El tiempo es importante, pero lo fundamental es saber si hay posibilidades de aprobarlos”.

Lapsus con Vox

Antes de valorar el presupuesto autonómico, Azcón también se ha manifestado respecto a la celebración del día de la Constitución. Ha asegurado que se trata de un “día de celebración” y ha analizado que la Carta Magna está entre los mejor que ha sucedido “en la historia de España”.

“En España –ha continuado–, la unión es mucho mejor que la división y que levantar muros. Hoy venimos al Congreso y los que hoy no están en el Congreso de los Diputados son los que quieren acabar con la Constitución. El problema es que los que hoy no están son los que quieren destruir nuestro régimen democrático”.

Las formaciones que no acuden son ERC, Bildu, PNV, BNG, Junts, Podemos... y Vox. Cuando se le ha recordado la ausencia de la extrema derecha, Azcón ha echado balones fuera: “Vox: hoy deberíamos estar todos, y también debería estar Vox”.

A penes quatre dies després que Vox tombés el sostre de despesa balear aprovat pel PP, bloquejant d'aquesta manera els Pressupostos de 2026, l'Executiu de Marga Prohens nega que la legislatura estigui paralitzada, tanca les portes a la convocatòria d'eleccions anticipades i no descarta reprendre les negociacions amb el seu soci d'investidura per tirar endavant els comptes del proper any.

No només això. El Govern del PP ha aprovat aquest mateix divendres un dels seus decrets estrella, el que estableix un nou marc regulador dirigit a simplificar i agilitzar la tramitació de projectes estratègics, que la formació d'extrema dreta va dinamitar fa tot just dos mesos i que ara sí compta amb l'aval dels de Santiago Abascal arran d'una nova concessió dels conservadors: tal com exigia Vox, han quedat exclosos del text els projectes d'energies renovables -que hauran de tramitar-se per la via ordinària-, s'han suprimit les Zones d'Interès Autonòmic Energètic (ZIAE) i s'han retirat les al·lusions al canvi climàtic. Amb aquestes cessions, Prohens s'assegura la convalidació parlamentària de la norma.

En roda de premsa, el portaveu i vicepresident primer de l'Executiu, Antoni Costa, ha asseverat que, malgrat el 'no' de Vox al sostre de despesa i la tensió entre tots dos partits, el Govern “segueix governant i aprovant iniciatives”, com en el cas del decret de simplificació. Sobre els pressupostos de 2026, ha assegurat que intentarà tirar-los endavant si es donen les circumstàncies per a això, malgrat que els últims dies el gabinet de Prohens admetia veure's abocat a prorrogar els comptes d'aquest any.

Costa ha insistit que a Balears no hi ha un escenari de bloqueig institucional, desviant l'atenció al Govern central. “Estem en la situació oposada”, ha insinuat: “Estem temporalment en pròrroga de pressupostos, però podem seguir aprovant normes. El que està bloquejat i inundat de corrupció és el Govern central, que és el que està tardant a convocar eleccions”.

En relació amb el decret al qual el Govern ha donat llum verda aquest divendres, el text és pràcticament idèntic al que va fracassar el 30 de setembre, quan els de Bambú van votar en contra del mateix en no veure atesa una de les seves exigències lingüístiques, palesa en una Proposició de Llei amb la qual pretenien blindar l'espanyol com a llengua vehicular en l'educació però traspassant els límits marcats pels conservadors a l'acord pressupostari que tots dos partits van rubricar al maig.

Preguntat sobre si aquesta manera de treballar -que un text sigui aprovat a Consell de Govern una vegada pactat amb Vox per a assegurar la seva convalidació- contempla aplicar-se a altres futures mesures, Costa ha asseverat que aquest divendres l'Executiu ha donat llum verda a un decret llei “cent per cent pactat amb Vox i amb garantia de convalidació en el Parlament enfront dels qui parlen de bloqueig”. “Avui s'ha aprovat un text que és bo per a les illes, amb consens suficient i amb garanties de convalidació”, ha incidit, recalcant que “aquesta és la manera de treballar que té el Govern: ho hem dit per activa i per passiva, sempre negociant iniciativa a Iniciativa”.

“Avui hem demostrat que podem arribar a acords. Per tant, satisfacció total del Govern”, ha remarcat.

 Vox, per la seva banda, ha celebrat haver frenat el que defineix com una “desregulació encoberta” destinada a facilitar la instal·lació “massiva” de renovables. “Hem evitat que Balears acabi com Andalusia, on el govern del PP està talant oliveres per instal·lar camps de plaques solars”, ha asseverat la portaveu parlamentària del partit, Manuela Cañadas.

Declaració de Projectes d'Especial Interès Estratègic

En concret, el decret torna a crear la figura dels Projectes d'Especial Interès Estratègic (PEIE), amb un marc únic per agilitzar i simplificar la tramitació administrativa i acompanyar tant projectes públics com privats. També es restitueix la Unitat Acceleradora de Projectes Estratègics (UAPE), integrada a l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques, que actuarà com a finestreta única i oferirà seguiment i suport tècnic als promotors.

Els projectes podran ser declarats PEIE per volum d'inversió, creació d'ocupació o impacte transformador en el model econòmic balear. La declaració donarà accés a tramitació preferent, reducció de terminis, acompanyament tècnic, coordinació amb les diferents administracions i prioritat a l'hora d'optar a finançament.

Abans que Vox tombés al setembre el decret, el Govern va declarar com a projecte d'especial interès estratègic el nou centre universitari Beat Luis Belda, a Mallorca, adscrit a la institució catòlica privada CEU San Pablo, una decisió que atorga un tracte preferent a una iniciativa educativa confessional, situant-la en la mateixa categoria que projectes empresarials considerats essencials per a la transformació econòmica de les illes.

El Govern de Prohens intenta ara tancar la crisi oberta amb Vox arran del bloqueig pressupostari, al temps que evita projectar una imatge de paràlisi institucional. Amb la pretesa pròrroga dels comptes de 2025 i el nou acord subscrit amb l'extrema dreta, l'Executiu sosté que té marge per seguir legislant sense necessitat d'acudir anticipadament a les urnes.

Apenas cuatro días después de que Vox tumbase en sede parlamentaria el techo de gasto balear aprobado por el PP, bloqueando de este modo los Presupuestos de 2026, el Ejecutivo de Marga Prohens niega que la legislatura esté paralizada, cierra las puertas a la convocatoria de elecciones anticipadas y no descarta reanudar las negociaciones con su socio de investidura para sacar adelante las cuentas del próximo año.

No solo eso. El Govern del PP ha aprobado este mismo viernes uno de sus decretos estrella, el que establece un nuevo marco regulador dirigido a simplificar y agilizar la tramitación de proyectos estratégicos, que la formación de extrema derecha dinamitó hace apenas dos meses y que ahora sí cuenta con el aval de los de Santiago Abascal tras una nueva concesión de los conservadores: tal como exigía Vox, han quedado excluidos del texto los proyectos de energías renovables -que deberán tramitarse por la vía ordinaria-, se han suprimido las Zonas de Interés Autonómico Energético (ZIAE) y se han retirado las alusiones al cambio climático. Con estas cesiones, Prohens se asegura la convalidación parlamentaria de la norma.

En rueda de prensa, el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo, Antoni Costa, ha aseverado que, pese al veto de Vox a las cuentas públicas y la tensión entre ambos partidos, el Govern “sigue gobernando y aprobando iniciativas”, como en el caso del decreto de simplificación. Sobre los presupuestos de 2026, ha asegurado que intentará sacarlos adelante si se dan las circunstancias para ello, a pesar de que en los últimos días el gabinete de Prohens admitía verse abocado a prorrogar las cuentas de este año.

Costa ha insistido en que en Balears no existe un escenario de bloqueo institucional, desviando la atención al Gobierno central. “Estamos en la situación opuesta”, ha deslizado: “Estamos temporalmente en prórroga de presupuestos, pero podemos seguir aprobando normas. El que está bloqueado e inundado de corrupción es el Gobierno central, que es el que está tardando en convocar elecciones”.

En relación con el decreto al que el Govern ha dado luz verde este viernes, el texto es prácticamente idéntico al que fracasó el 30 de septiembre, cuando los de Bambú votaron en contra del mismo tras no ver atendida una de sus exigencias lingüísticas, plasmada en una Proposición de Ley con la que pretendían blindar el español como lengua vehicular en la educación pero traspasando los límites marcados por los conservadores en el acuerdo presupuestario que ambos partidos rubricaron en mayo.

Preguntado sobre si esta forma de trabajar -que un texto sea aprobado en Consell de Govern una vez pactado con Vox para asegurar su convalidación- contempla aplicarse a otras futuras medidas, Costa ha aseverado que este viernes el Ejecutivo ha dado luz verde a un decreto ley “cien por cien pactado con Vox y con garantía de convalidación en el Parlament frente a quienes hablan de bloqueo”. “A día de hoy se ha aprobado un texto que es bueno para las islas, con consenso suficiente y con garantías de convalidación”, ha incidido, recalcando que “esta es la forma de trabajar que tiene el Govern: lo hemos dicho por activa y por pasiva, siempre negociando iniciativa a Iniciativa.

“Hoy demostramos que podemos llegar a acuerdos. Por lo tanto, satisfacción total del Govern”, ha remarcado.

 Vox, por su parte, ha celebrado haber frenado lo que define como una “desregulación encubierta” destinada a facilitar la instalación “masiva” de renovables. “Hemos evitado que Balears acabe como Andalucía, donde el gobierno del PP está talando olivos para instalar campos de placas solares”, ha aseverado la portavoz parlamentaria del partido, Manuela Cañadas.

Declaración de Proyectos de Especial Interés Estratégico 

En concreto, el decreto vuelve a crear la figura de los Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), con un marco único para agilizar y simplificar la tramitación administrativa y acompañar tanto proyectos públicos como privados. También se restituye la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), integrada en la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas, que actuará como ventanilla única y ofrecerá seguimiento y apoyo técnico a los promotores.

Los proyectos podrán ser declarados PEIE por volumen de inversión, creación de empleo o impacto transformador en el modelo económico balear. La declaración dará acceso a tramitación preferente, reducción de plazos, acompañamiento técnico, coordinación con las distintas administraciones y prioridad a la hora de optar a financiación.

Antes de que Vox tumbara en septiembre el decreto, el Govern declaró como proyecto de especial interés estratégico el nuevo centro universitario Beato Luis Belda, en Mallorca, adscrito a la institución católica privada CEU San Pablo, una decisión que otorga un trato preferente a una iniciativa educativa confesional, situándola en la misma categoría que proyectos empresariales considerados esenciales para la transformación económica de las islas.

El Govern de Prohens intenta ahora cerrar la crisis abierta con Vox tras el bloqueo presupuestario, al tiempo que evita proyectar una imagen de parálisis institucional. Con la pretendida prórroga de las cuentas de 2025 y el nuevo acuerdo suscrito con la extrema derecha, el Ejecutivo sostiene que tiene margen para seguir legislando sin necesidad de acudir anticipadamente a las urnas.

Los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para las universidades públicas llegaron este jueves al debate de las enmiendas a la totalidad en la Asamblea de Madrid en medio de las reacciones ante el nuevo borrador de la Ley de Educación Superior de la región (LESUC). La Coordinadora de Plataformas de las seis universidades públicas y otras entidades y asociaciones están elaborando ya informes que apuntan a la “inconstitucionalidad de la ley”, según han anunciado en una concentración de docentes, personal universitario y estudiantes frente a la Asamblea este jueves. Prevén hacer “alegaciones en el proceso de la información pública” de esta norma, de la que solo se han conocido borradores hasta ahora, y añaden: “Si se aprueba, acudiremos a los tribunales”.

“Hay múltiples factores por los cuales el nuevo borrador es inconstitucional. Quizás el más grave sea que vulnera derechos fundamentales constitucionales como el derecho de reunión o la libertad de expresión”, ha asegurado Eva Aladro, miembro de la Plataforma. “Establece, por ejemplo, multas por poner una pancarta no autorizada y no dice quién tiene que autorizar la pancarta”.

Además, explica que “vulnera también la autonomía universitaria” al establecer unos “órganos de control nombrados a dedo desde la Comunidad de Madrid. Es inconstitucional porque las universidades tienen sus propios órganos de gobierno establecidos por ley orgánica”. “Toda la ley está hecha para manipular, y para teledirigir. Es ilegal”, añade. Estos órganos de gobierno son los Consejos Sociales, cuyo presidente lo nombra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, y que se ha encargado en los dos últimos años de emplazar en ellos a hombres afines al PP (o excargos) y a las universidades privadas.

Los presupuestos presentados esta mañana en la Asamblea destinarán un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, lo que se traduce en un incremento del 6,5% respecto a 2025. Sin embargo, Aladro apunta que las nuevas cuentas “no tienen en cuenta la inflación” y el incremento en gastos: “Desde el año 2008, los estudiantes de la Universidad de Madrid han perdido un 35% de poder adquisitivo”.

Sin embargo, la Plataforma por las universidades públicas madrileñas insiste en que la Comunidad destina menos del 0,5 por ciento de su PIB a los centros “cuando por Ley Orgánica debería invertir un 1%”. “Es la comunidad más rica y la que menos invierte en sus universidades públicas. Es la que menos invierte por estudiante y la que tiene los precios de matrícula más altos”, subraya Alba Lirón, miembro de la Plataforma.

La direcció nacional del PP ha deixat en mans de la presidenta de Balears, Marga Prohens, la decisió de celebrar un possible avenç electoral després que Vox i el conjunt dels grups d'esquerres tombessin el seu sostre de despesa, un pas imprescindible per poder aprovar els pressupostos de 2026. La nova crisi entre populars i el seu soci d'investidura torna a posar en risc la tramitació dels comptes i obre una nova fase d'inestabilitat per a l'Executiu regional.

En ser preguntada sobre si podrien convocar-se comicis anticipats en comunitats en les quals, com en el cas de Balears, l'extrema dreta està posant traves a l'aprovació dels pressupostos del proper any, la portaveu parlamentària del PP, Ester Muñoz, ha derivat la responsabilitat als seus presidents autonòmics, al·legant que són qui tenen la capacitat i la legitimitat jurídica per poder convocar eleccions.

Així i tot, la diputada ha deixat clar a qui responsabilitza de l'actual situació: “Vox ha de decidir què vol ser de gran: si afavorir governs que no siguin d'esquerres o jugar al joc del PSOE”.

A l'arxipèlag, la Càmara autonòmica va ser testimoni de la caiguda del sostre de despesa no financera de la comunitat autònoma, contra el que es van alçar Vox i l'esquerra entre acusacions de ser -els conservadors- “un veritable timo” i “una estafa”. Com en altres autonomies governades en minoria pel PP, al gabinet de Prohens no li estan sortint els números per tirar endavant els seus tercers pressupostos de la legislatura, un fet que el vicepresident primer de l'Executiu balear, Antoni Costa, focus dels retrets que els grups van llançar en la sessió d'ahir, va atribuir a ordres directes procedents de les seus nacionals de PSIB-PSOE i extrema dreta i no a “discrepàncies tècniques ni divergències econòmiques”.

La dirección nacional del PP ha dejado en manos de la presidenta de Balears, Marga Prohens, la decisión de celebrar un posible adelanto electoral tras el varapalo sufrido este martes por el Ejecutivo autonómico al ver tumbado su techo de gasto -un paso imprescindible para poder aprobar los presupuestos de 2026-, con los votos en contra de Vox y el conjunto de los grupos de izquierdas. La nueva crisis desatada entre populares y su socio de investidura vuelve a poner en riesgo la tramitación de las cuentas y abre una nueva fase de inestabilidad para el gobierno regional.

Al ser preguntada sobre si podrían convocarse comicios anticipados en comunidades en las que, como en el caso de Balears, la extrema derecha está poniendo trabas a la aprobación de los presupuestos del próximo año, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha derivado la responsabilidad a sus presidentes autonómicos, alegando que son quienes tienen la capacidad y la legitimidad jurídica para poder convocar elecciones.

Aun así, la diputada ha dejado claro a quién responsabiliza de la actual situación: “Vox tiene que decidir qué quiere ser de mayor: si favorecer gobiernos que no sean de izquierdas o jugar al juego del PSOE”.

En el archipiélago, la Cámara autonómica fue testigo de la caída del techo de gasto no financiero de la comunidad autónoma, contra el que se alzaron Vox y la izquierda entre acusaciones de ser -los conservadores- “un verdadero timo” y “una burda estafa”. Como en otras autonomías gobernadas en minoría por PP, al gabinete de Prohens no le están saliendo los números para sacar adelante sus terceros presupuestos de la legislatura, un hecho que el vicepresidente primero del Ejecutivo balear, Antoni Costa, foco de los reproches que los grupos lanzaron en la sesión de ayer, atribuyó a órdenes directas procedentes de las sedes nacionales de PSIB-PSOE y extrema derecha y no a “discrepancias técnicas ni divergencias económicas”.

El Parlament balear ha sido testigo este martes del acorralamiento al que Vox y la izquierda han sometido al PP a cuenta del debate del techo de gasto no financiero de la comunidad autónoma, contra el que se ha alzado -excepto la bancada del Grupo Popular- la totalidad de la Cámara entre acusaciones de ser -los conservadores- “un verdadero timo” y “una burda estafa”. Como en otras autonomías gobernadas en minoría por PP, al gabinete de Marga Prohens no le están saliendo los números para sacar adelante sus terceros presupuestos de la legislatura, un hecho que el vicepresidente primero del Ejecutivo balear, Antoni Costa, foco de los reproches que los grupos han lanzado en la sesión de hoy, ha atribuido a órdenes directas procedentes de las sedes nacionales de PSIB-PSOE y extrema derecha y no a “discrepancias técnicas ni divergencias económicas”.

Pese a que los populares comparecían en el pleno dando por perdido el techo de gasto -que ha sido rechazado con 30 votos en contra y 28 a favor- a tenor del desenlace de las negociaciones llevadas a cabo en las últimas semanas, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha aseverado que, al inicio de las mismas, dejaron “muy claras” las dos condiciones que su formación puso sobre la mesa: que las conversaciones únicamente versasen sobre cuestiones presupuestarias, rechazando así que se convirtieran en un “intercambio de cromos”, y que se desarrollasen “con la voluntad de aprobar los presupuestos”. “No queríamos negociaciones de cartón-piedra, no queríamos conversaciones disimuladas y no queríamos escenificaciones para justificar posicionamientos ideológicos que ya venían dictados desde fuera de Balears”, ha incidido. 

Costa ha subido al atril reconociendo sin paliativos que el PP no ha logrado recabar los apoyos suficientes para sacar adelante una medida indispensable para dar luz verde a los próximos presupuestos y, como ya dejó entrever en noviembre, admitiendo que el Ejecutivo deberá prorrogar las cuentas de 2025. Pese a ello, el vicepresidente ha puesto en valor el fallido límite de gasto que aprobó el Consell de Govern el pasado 17 de octubre, cifrado en 6.924 millones de euros -361 millones más respecto a este año-, lamentando en su intervención que PSIB y Vox hayan “bloqueado” unos presupuestos que, entre otras cuestiones, pretendían “responder a la realidad actual de Balears, que afronta un incremento constante de presión demográfica sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales y que necesita más profesionales, más infraestructuras y más inversión de manera inmediata”.

“Pedro Sánchez y Santiago Abascal prefieren que Balears no tenga presupuestos a que este Govern haga su trabajo”, ha criticado, deslizando que “la decisión ya estaba tomada de antemano” y que “el 'no' estaba garantizado”.

En respuesta, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, quien ha iniciado su intervención entre risas y felicitando a Costa por su “nominación a los Goya de este año como actor”, ha considerado que las cuentas autonómicas están “otra vez configuradas por la irresponsabilidad de un gobierno que ha convertido la gestión pública en una sucesión interminable de excusas, mentiras y deslealtades, pero con una diferencia [respecto a las negociaciones de las cuentas de 2025] que debe grabarse a fuego en las actas de esta Cámara”: “El escenario ha cambiado drásticamente porque la confianza se ha roto”. “Cuatro meses después de haber cerrado unos presupuestos que nacieron tardíos y con fecha de caducidad, nos encontramos en esta situación y a los ciudadanos les debemos la verdad. No olvidemos ni permitamos que se olvide que en diciembre de 2024 tuvimos la obligación ética y política de tumbar sus cuentas. No fue un capricho, fue un acto de legítima defensa de la dignidad parlamentaria”, ha remarcado.

Vox: “Nuestra posición es inamovible”

Su negativa a apoyar tanto el techo de gasto como unos eventuales futuros presupuestos se basa, ha aseverado, en una razón “demoledora y simple”: “Ustedes -dirigiéndose a la bancada del PP- han demostrado carecer del activo más valioso y fundamental para gobernar con legitimidad: la palabra, el compromiso y la lealtad con sus socios preferentes y con los ciudadanos que les dieron su confianza”. La dirigente de extrema derecha ha asegurado que desde su partido no van a “entrar más en su juego de trampas” ni a “permitir que utilicen nuestro grupo parlamentario como coartada de su mala gestión o sus directrices llegadas de la calle Génova”: “Nuestra posición es inamovible. No podemos, no debemos y no vamos a apoyar este techo de gasto ni a avalar unos futuros presupuestos”.

Pese al rechazo frontal de los de Abascal, el vicepresidente del Ejecutivo regional, en su siguiente turno de palabra, les ha tendido la mano para iniciar una nueva negociación aunque en estos momentos no se den las circunstancias para ello. “Si algún día están en disposición, de verdad, de negociar un techo de gasto y unos nuevos presupuestos, el Govern estará ahí”, ha apuntado: “Lo seguiremos intentando hasta que lo consigamos”.

El PSOE niega haber “llamado a Ferraz”

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha acusado al PP de “no querer llegar a un acuerdo” con los socialistas: “A cada negociación iba añadiendo nuevas reglas”, ha espetado, ironizando que nunca ha negociado ninguna medida “para finalmente conseguir que no se apruebe”. “Yo creo que hay que elogiar su arte de negociar para que algo no se consiga, como el techo de gasto. Le tengo que dar la enhorabuena porque ha conseguido plenamente su objetivo. No quería techo de gasto porque no quería negociar unos presupuestos de verdad”, ha continuado. En esta línea, ha expresado que llegó a “pensar que estábamos negociando y me lo tomé en serio”.

En su intervención, el socialista ha asegurado que las dos únicas condiciones “económicas” que su grupo puso sobre la mesa fueron cuestiones que el ganinete de Prohens ya había propuesto: la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y la creación de un nuevo impuesto que grave los 'rent a car' matriculados fuera de las islas. En esta línea, ha asegurado que en ningún momento se le ocurrió “hacer una llamada telefónica a Ferraz” para negociar esas medidas y, en cambio, sí optó “por escuchar a la presidenta del Govern”, cuya ausencia en la sesión de este martes ha afeado: “Ella es la que no quiere escuchar el debate del techo de gasto. Se ha ido a Madrid para participar en un congreso nacional de policías. El resto estamos aquí para debatir sobre lo que es importante para esta comunidad autónoma”.

Las negociaciones, “puro teatro”

A continuación, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, se ha referido a las discrepancias ideológicas que le separan del PP en cuanto al techo de gasto después de que Costa reprochara a la formación ecosoberanista, a Més per Menorca y a Unidas Podemos “haber descartado desde el primer momento cualquier posibilidad de acuerdo”, lo que para el vicepresidente es una “posición legítima” y una postura “coherente con su ideario”, pero no “una posición responsable ni beneficiosa, porque renuncian al diálogo y no contribuyen a la mejora del bienestar de la ciudadanía de estas islas”.

El ecosoberanista ha recriminado que el Govern no tenía intención de aprobar el techo de gasto por cálculo electoralista. “Si ahora digo que los cuatro diputados de Més per Mallorca votamos a favor, le da tal parraque que no hay quien le levante de la silla”, ha ironizado.

En esta línea, Josep Castells, de Més per Menorca, ha criticado la forma de conducir las negociaciones por parte del Ejecutivo del PP y el hecho de que, a su juicio, éste nunca ha tenido intención de materializar acuerdo alguno. Para el menorquinista, las negociaciones han sido “puro teatro”, recordando que el Govern “no aceptó absolutamente ninguna” de las medidas que propuso a cambio de apoyar el techo de gasto. “Ahora yo le pregunto: ¿qué estaba dispuesto a ceder en las negociaciones? Nos dijo que los impuestos son intocables. ¿Qué quería usted negociar?”. En su réplica, Costa ha aseverado que lo citó a las negociaciones “por el respeto” que le debe “como diputado de esta Cámara y como portavoz del grupo parlamentario”, espetando a continuación al ecosoberanista: “A la próxima me lo pensaré dos veces”.

El portavoz de Unidas Podemos, José María García, por su parte, ha lamentado las políticas fiscales del Ejecutivo, justificando su rechazo al techo de gasto en el hecho de que las políticas del Govern “no se hacen por el bien de la ciudadanía”. El parlamentario de la formación morada ha apuntado que, en el marco de las negociaciones con el grupos, mantuvo una “cordial y breve charla” en la que emplazó al Ejecutivo a recuperar el impuesto de sucesiones “para que al menos no se repitiera la indecencia” de que los tres mayores herederos de las islas “hayan escatimado a las arcas públicas 55 millones de euros cada uno, que suponemos que no habrán ido a la economía productiva del país”.

“Seguramente se lo estén gastando en ladrillo o a lo mejor son de esos que compran las cosas con ese dinero”, ha señalado García, quien ha abundado en que la intención de su partido pasa por recuperar las figuras fiscales que suprimió el Govern de Prohens nada más arrancar la legislatura “para que pague más el que más tiene”.

Desde el PP, su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, ha reconocido que confiaba en una sorpresa de última hora, aunque ha lamentado que se ha confirmado que PSIB y Vox “no iban en serio y que solo lanzaban envites para ganar tiempo”. Respecto a los de Abascal, los ha acusado, en línea de Costa, de no apoyar el techo de gasto porque “no cuentan con la autorización de Bambú”, mientras que ha achacado el 'no' del PSOE a la “debilidad” del partido a nivel nacional y del Gobierno central. “La pregunta que tendríamos que hacernos es por qué en todas las comunidades en las que el PP gobierna en minoría, Vox ha votado en contra de los presupuestos”, ha abundado después el vicepresidente, quien ha defendido que el Govern ha cumplido “al pie de la letra” todos los acuerdos rubricados con la formación de extrema derecha. “No sé si Vox puede decir lo mismo”, ha sentenciado.

El PP dóna per perduda, “excepte sorpresa d'última hora”, l'aprovació del sostre de despesa de Balears, la convalidació del qual serà aquest dimarts sotmesa a debat al Parlament. Com ha posat de manifest el seu portaveu, Sebastià Sagreras, els conservadors no han aconseguit reunir els suports suficients per tirar endavant la mesura, tot i haver assenyalat Vox com el seu “soci prioritari” a les negociacions. La formació d'extrema dreta ha confirmat que votarà en contra de la convalidació, acusant els populars de “mentir” quan assenyalen que més del 90% del seu programa de govern ja ha estat complert i quan neguen conèixer les exigències dels de Santiago Abascal: “Saben perfectament el que volem, que no ens contin històries”.

Amb tot, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha eludit enumerar aquestes condicions davant els mitjans que li han preguntat per això, i ha sortit al pas asseverant: “Vostès, que no són a les reunions, saben perfectament el que Vox ha exigit. Per tant, imaginin els que són a les reunions i ho saben”, insinuant que les demandes formen part d'un marc comú que el PP no està complint. Malgrat que els populars van donar resposta a una de les condicions que el partit d'extrema dreta va posar sobre la taula -el lliurament d'un calendari de compliment dels acords subscrits amb Vox-, els de Bambú no es donen per satisfets i acusen els de Prohens de desinterès negociador: “Estem a l'espera que el PP ens pugui dir alguna cosa que per a nosaltres sigui seriosa, no mentides ni estafes com ens han fet en altres moments d'aquesta legislatura”.

El PP, per la seva banda, assumeix que el sostre de despesa està pràcticament perdut. “En aquests moments no tenim els vots necessaris per aprovar aquest sostre de despesa”, ha reconegut Sagreras, qui ha recordat que, en les trobades mantingudes la setmana passada amb Vox i PSIB-PSOE per abordar aquest assumpte, “ja pràcticament es va descartar”. “El Partit Socialista seguia demanant el mateix que en la primera ronda de negociacions i va deixar ben clar que, tot i que només parlaven del sostre de despesa, en cap cas sumarien els seus vots a l'aprovació dels Pressupostos, que és una de les premisses del PP”, ha assenyalat. Respecte als d'Abascal, ha apuntat que “es van comprometre amb nosaltres a fer un intercanvi de documents amb noves propostes que en aquests moments encara no ens han arribat”.

En qualsevol cas, ha subratllat que la seva formació “compleix amb el sostre de despesa en el Parlament” i ha fet “una última crida” a Vox per a “rectifiqui”, s'abstingui i permeti que el sostre de despesa sigui convalidat per a iniciar la tramitació dels comptes autonòmics de 2026. En aquest sentit, ha expressat que “lamentaria” que tant PSIB com la formació d'extrema dreta “tornin anteposar els interessos partidistes nacionals de [Pedro] Sánchez i Abascal als interessos de Balears”.

El passat 17 d'octubre, el Consell de Govern va aprovar el sostre de despesa no financera -pas previ a la redacció dels pressupostos-, que, en paraules del vicepresident primer, Antoni Costa, és “el més alt de la història”: 6.924 milions d'euros, 361 milions més respecte a enguany, i gairebé 1.000 milions més que quan els populars van assumir el poder a l'estiu de 2023.

Per part seva, el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, ha recriminat que el Govern mai ha tingut intenció de tirar endavant el sostre de despesa. “El PSIB ha intentat arribar a un acord perquè hi hagués sostre de despesa, però el PP no ha negociat. Es veuen les formes d'un Govern que el que cerca és un 'no' al seu sostre de despesa i que algú ens haurà d'explicar. Ha estat una negociació per a no arribar a un acord”, ha etzibat. El socialista ha subratllat que prova de la seva voluntat d'arribar a un acord han estat les seves exigències en qüestions en matèria econòmica que el mateix Executiu havia proposat, com la pujada de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) i del cànon de l'aigua i la creació d'un nou impost que gravi els 'rent a car' matriculats fora de les illes. 

Mentrestant, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, qui ha estat més gràfic, ha considerat que el debat que tindrà lloc aquest dimarts serà “un teatre”: “No sé quin serà el gènere que es representarà, si serà comèdia o tragèdia, però en qualsevol cas serà un teatre”, ha incidit. Al seu parer, cap de les tres parts implicades en les negociacions ha tingut mai una intenció real de treure la mesura endavant per motius principalment electoralistes. “Sospito que aquest dimarts omplirem les notícies de titulars, però farem un escàs servei a la ciutadania”, ha lamentat.

En aquesta línia, ha confiat que el fet que es tombi el sostre de despesa i -com ja va avançar el Govern en cas que així succeeixi- es prorroguin els pressupostos d'enguany “no afecti els serveis per a la ciutadania”. “La major part d'aquest increment de capacitat de despesa es podrà fer via incorporació extraordinària de crèdit. I hi ha una cosa que tal vegada no és molt habitual en l'esquerra, però tenir més despesa pública no és 'per se' un element positiu: depèn d'en què ho gasti. Si és per a més segregació lingüística, més promoció turística o modificacions fiscals per als rics, no seria positiu”, ha conclòs el ecosoberanista.

Finalment, el diputat no adscrit Xisco Cardona ha demanat Vox, el seu antic partit, que “tingui la decència d'abstenir-se” per a evitar un bloqueig.

El PP da por perdida, “salvo sorpresa de última hora”, la aprobación del techo de gasto de Balears, cuya convalidación será este martes sometida a debate en el Parlament. Como ha puesto de manifiesto su portavoz, Sebastià Sagreras, los conservadores no han logrado reunir los apoyos suficientes para sacar adelante la medida, a pesar de haber señalado a Vox como su “socio prioritario” en las negociaciones. La formación de extrema derecha ha confirmado que votará en contra de la convalidación, acusando a los populares de “mentir” cuando señalan que más del 90% de su programa programa de gobierno ya ha sido cumplido y cuando niegan conocer las exigencias de los de Santiago Abascal: “Saben perfectamente lo que queremos, que no nos cuenten historias”.

Con todo, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha eludido enumerar esas condiciones ante los medios que le han preguntado por ello, y ha salido al paso aseverando: “Ustedes, que no están en las reuniones, saben perfectamente lo que Vox ha exigido. Por lo tanto, imagínense los que están en las reuniones y lo saben”, insinuando que las demandas forman parte de un marco común que el PP no está cumpliendo. Pese a que los populares dieron respuesta a una de las condiciones que el partido de extrema derecha puso sobre la mesa -la entrega de un calendario de cumplimiento de los acuerdos suscritos con Vox-, los de Bambú no se dan por satisfechos y acusan a los de Prohens de desinterés negociador: “Estamos a la espera de que el PP pueda decirnos algo que para nosotros sea serio, no mentiras ni estafas como nos han hecho en otros momentos de esta legislatura”.

El PP, por su parte, asume que el techo de gasto está prácticamente perdido. “En estos momentos no tenemos los votos necesarios para aprobar este techo de gasto”, ha reconocido Sagreras, quien ha recordado que, en los encuentros mantenidos la semana pasada con Vox y PSIB-PSOE para abordar este asunto, “ya prácticamente se descartó”. “El Partido Socialista seguía pidiendo lo mismo que en la primera ronda de negociaciones y dejó bien claro que, aunque solo hablaban del techo de gasto, en ningún caso sumarían sus votos a la aprobación de los Presupuestos, que es una de las premisas del PP”, ha señalado. Respecto a los de Abascal, ha apuntado que “se comprometieron con nosotros a hacer un intercambio de documentos con nuevas propuestas que en estos momentos todavía no nos han llegado”.  

En cualquier caso, ha subrayado que su formación “cumple con el techo de gasto en el Parlament” y ha hecho “un último llamamiento” a Vox para “rectifique”, se abstenga y permita que el techo de gasto sea convalidado para iniciar la tramitación de las cuentas autonómicas para 2026. En este sentido, ha expresado que “lamentaría” que tanto PSIB como la formación de extrema derecha “vuelvan anteponer los intereses partidistas nacionales de [Pedro] Sánchez y Abascal a los intereses de Balears”.

El pasado 17 de octubre, el Consell de Govern aprobó el techo de gasto no financiero, paso previo a la redacción de los Presupuestos, que, en palabras del vicepresidente primero del Ejecutivo, Antoni Costa, es “el más alto de la historia”: 6.924 millones de euros, 361 millones más respecto a este año, y casi 1.000 millones más que cuando los populares asumieron el poder en verano de 2023.

Por su parte, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha recriminado que el Govern nunca ha tenido intención de sacar adelante el techo de gasto. “El PSIB ha intentado llegar a un acuerdo para que hubiese techo de gasto, pero el PP no ha negociado. Se ven las formas de un Govern que lo que busca es un 'no' a su techo de gasto y que alguien nos tendrá que explicar. Ha sido una negociación para no llegar a un acuerdo”, ha espetado. El socialista ha subrayado que prueba de su voluntad de llegar a un acuerdo han sido sus exigencias en cuestiones en materia económica que el mismo Ejecutivo había propuesto, como la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y del canon del agua y la creación de un nuevo impuesto que grave los 'rent a car' matriculados fuera de las islas. 

Mientras tanto, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sido más gráfico al considerar que el debate que tendrá lugar este martes será “un teatro”: “No sé cuál será el género que se representará, si será comedia o tragedia, pero en cualquier caso será un teatro”, ha incidido. A su parecer, ninguna de las tres partes implicadas en las negociaciones ha tenido nunca una intención real de sacar la medida adelante por motivos principalmente electoralistas. “Sospecho que este martes llenaremos las noticias de titulares, pero haremos un escaso servicio a la ciudadanía”, ha lamentado.

En esta línea, ha confiado en que el hecho de que se tumbe el techo de gasto y -como ya adelantó el Govern en caso de que así suceda- se prorroguen los presupuestos de este año “no afecte a los servicios para la ciudadanía”. “La mayor parte de este incremento de capacidad de gasto se podrá hacer vía incorporación extraordinaria de crédito. Y hay una cosa que tal vez no sea muy habitual en la izquierda, pero tener más gasto público no es 'per se' un elemento positivo: depende de en qué lo gaste. Si es para más segregación lingüística, más promoción turística o modificaciones fiscales para los ricos, no sería positivo”, ha zanjado el ecosoberanista.

Finalmente, el diputado no adscrito Xisco Cardona también ha pedido a Vox, su antiguo partido, que “tenga la decencia de abstenerse” para evitar un bloqueo.

Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y Mixto) han presentado conjuntamente 215 enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2026 que suponen cambiar el destino de 95,5 millones de euros.

El presupuesto, con un gasto no financiero de 12.491,4 millones, será aprobado de forma definitiva el 16 de diciembre, tras el debate de las enmiendas parciales, una vez que el pleno del Parlamento ha rechazado las tres enmiendas a la totalidad, presentadas por PSOE, NC y Vox.

De las enmiendas presentadas por los grupos del Gobierno de Canarias, 181 corresponden a las partidas económicas y 34 al articulado, según han detallado en un comunicado.

Entre las enmiendas al articulado, anuncian un aumento de financiación a las universidades públicas para incrementen las retribuciones para el personal.

Plantean además “agilizar la contratación de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), de forma que se pueda actuar con mayor eficacia en la cobertura de las plazas necesarias”.

Otras propuestas incluyen “garantizar la correcta gestión y el establecimiento de medidas que permitan agilidad para la concesión del las prestaciones” en cuanto a la Renta Canaria de Ciudadanía y la dependencia.

“Autorizar las rentas al sector platanero afectado por la erupción volcánica, de forma que se puedan destinar ayudas para compensar lo perdido” es otra de las enmiendas, según señala el comunicado.

Para el Servicio Canario de Salud hay tres enmiendas “para la mejora de lo gestión de los proyectos y el Plan de Salud” y en el caso de la Policía Canaria hay enmiendas que “tienen que ver” con “la mejora del sistema de nombramiento de las brigadas móviles del Cuerpo General de la Policía Canaria, así como de los agentes en prácticas”.

Explican los grupos del Gobierno que en el área de personal hay enmiendas para “el reconocimiento de los servicios previos al personal laboral de la Administración Pública” y hay otra enmienda “relacionada con el gravamen de las bebidas refrescantes con azúcares añadidos”.

En cuanto a las enmiendas con contenido económico, los cuatro grupos afirman que buscan reforzar las políticas sociales, la generación de empleo, el fomento de la productividad y el apoyo a la diversificación económica.

Mencionan enmiendas para becas complementarias NEAE, la estrategia para hacer frente a enfermedades raras de Canarias y la inversión en salud mental.

También hay enmiendas en infraestructuras y cohesión territorial, como la proyección de carreteras como la de El Hervidero en Lanzarote.

Las enmiendas incluyen políticas fiscales para adquisición de vivienda, e inversiones en agua, energía, sostenibilidad, reto demográfico o la gestión de emergencias.

El Govern de Marga Prohens (PP) ha reivincado este martes su “plena estabilidad” mientras el Parlament se convertía de nuevo en testigo del clima de tensión entre populares, PSIB y Vox a cuenta del techo de gasto de 2026, para cuya aprobación los conservadores no cuentan con suficientes apoyos. El Ejecutivo ha vuelto a afrontar un nuevo golpe de la formación de extrema derecha, que ha endurecido sus críticas y ha advertido al PP de que no respaldará las próximas medidas si continúa tratando a los de Santiago Abascal “como si tuvieran mayoría absoluta y fuéramos su enemigo”.

Lejos de rebajar la crispación que ha acompañado a los últimos plenos, la discusión presupuestaria ha reavivado los reproches cruzados entre los tres grupos, especialmente en torno a la incertidumbre que planea sobre el techo de gasto, imprescindible para sacar adelante los presupuestos de 2026. El PP necesita los votos del PSIB o de Vox para aprobarlo: mientras la formación de extrema derecha mantiene un pulso abierto con Prohens y en las últimas semanas bloqueó una de las iniciativas clave del Govern, éste ha cerrado las puertas a un posible acuerdo con los socialistas si para ello debe aceptar medidas que, en palabras del vicepresidente primero, Antoni Costa, suponen cruzar “líneas rojas como la propiedad privada”.

Durante su intervención, Costa ha recordado que “el señor Negueruela [portavoz parlamentario del PSIB] dijo en rueda de prensa que no pedirían exigencias imposibles para acordar la aprobación del techo de gasto”, para acto seguido “animar” a los socialistas “a seguir en esta senda”: “Desde el primer momento hemos dejado muy claro que tenemos líneas rojas, como el respeto total y absoluto a la propiedad privada y al diálogo social”, ha incidido el también conseller de Economía Hacienda e Innovación.

Lo ha señalado en respuesta a la pregunta formulada por el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, quien ha acusado al vicepresidente de “no haber hecho nada” para lograr sacar adelante el techo de gasto. “La semana pasada usted decía, poniendo el contador a cero, que se había registrado el techo de gasto y que quedaban dos semanas de negociación por delante. Ya ha pasado una. ¿Nos puede decir qué ha hecho esta semana? ¿Ha telefoneado a los portavoces, ha hecho llegar alguna propuesta, ha intentado hablar con algún grupo parlamentario para ver si es posible algún tipo de negociación. Ha pasado una semana y no ha hecho nada”, ha incidido.

El vicepresidente ha insistido en que no traspasarán sus “líneas rojas”: “No lo haremos si nos lo pide Vox, pero tampoco si nos lo piden ustedes”, ha aseverado Costa, haciendo alusión a las medidas puestas sobre la mesa por los socialistas para facilitar el acceso a la vivienda y otras planteadas por el propio Govern como la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) o la creación de un impuesto a los coches de alquiler.

“Respetamos nuestros principios y valores”, ha abundado, recalcando que, para negociar el techo de gasto, deben “negociarse medidas económicas y no otras”. “Todavía tenemos tiempo, señor Pons. ¿Llegaremos a un acuerdo? No lo sé. Depende de ustedes”, ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha preguntado a Prohens si cree que todavía cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara, lo que ha utilizado la líder del Govern para cuestionarle por sus apoyos y la confianza dentro de su formación. Su tono le ha valido el posterior reproche de Negueruela, quien le ha emplazado a “no hacer de oposición a la oposición”: “Una presidenta debe hablar de su gobierno, no de cómo está la oposición o cómo estamos el resto de partidos”.

Més per Mallorca, a Prohens: “Quien temblaría ante unas nuevas elecciones es usted”

El dirigente ecosoberanista ha tomado de nuevo la palabra para afear al Govern su falta de intención de cara a aprobar el techo de gasto y los presupuestos de 2026 dado que “no tiene la mayoría suficiente” para ello, como tampoco “para aprobar su propuesta de incrementos del ITS, su propuesta de modificación del canon del agua y la creación de un impuesto a los rent a car, y así un largo etcétera”. En esta línea, y después de que Prohens insinuase la semana pasada la posibilidad de anticipar elecciones en Balears -“Lo que temblarían si las convoco”, deslizó-, Apesteguia ha espetado que “quien quizás tiemble ante la posibilidad de unas nuevas elecciones, sean ahora o aquí a un año, es usted, señora presidenta, porque sabe que su potencial socio [en alusión a Vox], al que eligió y ha fiado en el fondo la gobernabilidad de esta tierra, miren la silla del señor Vera con mucho deseo”. “Y yo le digo que los que no temblamos con unas elecciones somos nosotros, que nos aseguraremos de que en esa silla no estén ni ellos ni ustedes”, ha remarcado.

La presidenta autonómica ha respondido finalmente a Apesteguia que su Ejecutivo continúa siendo estable, pese a gobernar en solitario y en minoría: “Tengo un gobierno en solitario y en minoría por voluntad propia y que, para aprobar en el Parlament, tiene que negociar y llegar a acuerdos. Solo en el último medio año hemos aprobado cinco leyes y se han admitido a trámite tres”, ha recalcado, subrayando, asimismo, que su gabinete ha puesto en marcha “más del 90%” de su programa de gobierno.

Mientras tanto, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha reprochado a la líder balear que, a pesar de escuchar al PP decir que los de Abascal son “sus socios naturales y prioritarios, por sus actos, tono y declaraciones no parece que sea así”. “Les recuerdo que su gobierno ha sido posible gracias a nuestro apoyo, como usted muchas veces reconoce, gracias a Vox, pero somos oposición y como tal nuestro deber es hacer control a su gobierno y pedir que los acuerdos firmados y las leyes o decretos que han salido adelante con nuestro voto se cumplan. Nuestra responsabilidad es hacer cumplir lo que ustedes prometen”, ha incidido Cañadas, quien ha advertido de que retirará su apoyo al Govern “si nos sigue tratando como si tuvieran mayoría absoluta y fuéramos su enemigo”.

“Me gustaría que se respetara cada uno de nuestros votos, cada acuerdo y cada palabra dada, y se dejasen de ataques gratuitos para hundir al adversario, que no somos nosotros, sino la otra bancada”, ha espetado dirigiéndose a los escaños del PSIB.

El PSIB critica que el Govern “no negocie”

Tras la intervención de Vox, el portavoz del Grupo Socialista se ha dirigido a Prohens para señalar que “si toda la oposición que suma mayoría le hace preguntas por su estabilidad es porque no tiene estabilidad y se lo la acaban de demostrar: se ha olvidado de las leyes que no ha conseguido aprobar. De las más importantes, el decreto ley de Proyectos Estratégicos, que no es capaz de aprobar, al igual que el techo de gasto, porque no quiere negociar”. Negueruela ha recordado que el Govern ha rechazado negociar con el PSIB medidas que el propio Ejecutivo presentó como herramientas de gestión económica, como la subida del ITS y la creación del impuesto a los coches de alquiler. “Eso creo que son medidas económicas, hasta donde sé, señor Costa”, ha apostillado dirigiéndose al vicepresidente.

En esta línea, ha criticado que Prohens insinúe la posibilidad de convocar elecciones anticipadas para después rectificar, lo que considera una muestra de improvisación y debilidad interna: “No frivolice con elecciones ni con la situación actual. Usted habla de tener acuerdos, pero no negocia. No es capaz ni de ejecutar su presupuesto: más de 600 millones sin ejecución”, ha recriminado.

Prohens ha aprovechado su respuesta para considerar “osado” que los socialistas hablen de “estabilidad y frivolidad” mientras el Fiscal General del Estado ha sido “condenado e inhabilitado”. La presidenta ha criticado, en este sentido, “la reacción furibunda de su partido -dirigiéndose a Negueruela- y del Gobierno de España en contra de jueces y fiscales, propio de una extrema izquierda reaccionaria y muy peligrosa, que es aquello en lo que se ha convertido el Partido Socialista”, ha sentenciado.

El PP veu “difícil” acordar el sostre de despesa amb el PSIB-PSOE i ha assenyalat Vox com el seu “soci prioritari” malgrat el creuament de retrets entre tots dos pel bloqueig de les negociacions. En aquest sentit, els conservadors han reclamat a la formació d'extrema dreta “no utilitzar excuses” per assolir un acord.

Així s'ha pronunciat el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, qui ha asseverat que, atès que els populars són conscients que tenen un govern en solitari i en minoria, “totes les lleis i proposicions es negocien amb tots els grups parlamentaris”, com “així s'ha vingut fent des que el Consell de Govern va aprovar el sostre de despesa”. No obstant això, ha recordat que després de la primera ronda de negociacions es va descartar seguir negociant amb Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem, al·legant que “ells mateixos van dir que no estaven disposats a arribar a cap acord”, mentre el PSIB-PSOE i Vox sí que es van mostrar disposats a seguir parlant.

Per aquest motiu, durant aquesta setmana, com va anunciar el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, es continuarà negociant amb els socialistes i amb els de Santiago Abascal, encara que Sagreras ha reconegut que amb els primers “sembla ben difícil arribar a un acord” per les condicions que en matèria d'habitatge van exigir la setmana passada: que el Govern de Marga Prohens aprovi topar 0el preu dels lloguers, quan, ha remarcat, es tracta d'una mesura que “ha fracassat a Catalunya” atès que “ha fet encarir els lloguers i reduir l'oferta”.

D'aquesta manera, Sagreras ha considerat que “amb qui cal intensificar les negociacions és amb el grup parlamentari de Vox” i espera que “aquesta vegada no tinguin el calendari com a excusa” perquè “el mateix grup parlamentari va reconèixer durant la setmana passada que el PP havia complert un 90 per cent de les mesures acordades per aprovar els pressupostos i, segons ells, la mesura que encara faltava era la vehicularitat de les llengües oficials de les Balears a la llei d'educació”, la qual cosa “només pot ser una excusa” perquè “també, des de fa unes setmanes, el PP va registrar una llei” en aquest sentit.

Per tant, “desitgem que Vox vulgui negociar de debò”, ha incidit el 'popular', qui no obstant això ha apuntat que “aquesta setmana es descobrirà” si això és així o si, per contra, “el que tenen és una ordre directa del senyor Abascal, que no permet que es negociïn els pressupostos amb les comunitats autònomes, i que aquí la senyora Cañadas poc té a fer o dir, més que callar i obeir el senyor Abascal”.

El PSIB: “Estan frivolitzant”

Per la seva banda, el portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha acusat el Govern d'estar “frivolitzant” amb el sostre de despesa i de “voler, com sigui, que no hi hagi acord”, en asseverar que “a una setmana de votar-se al Parlament no està encaminat per aprovar-se”.

En aquesta línia, ha abundat que els socialistes saben que se'ls cridarà per negociar “perquè ho diuen en rodes de premsa”, però, de moment, “ningú ha cridat per negociar cap sostre de despesa des de l'última reunió”. “He estat vuit anys en un govern i, quan he dit que anava a negociar, negociava fins que s'arribava a un acord. Mai he vist un vicepresident, en aquest cas a dos vicepresidents, Antoni Costa i Antònia Maria Estarellas, amb tant interès en no arribar a un acord. Si tenen la més mínima intenció d'assolir-lo, estan fent tot el contrari”, ha lamentat.

“Mai no he vist una negociació així, mai, intentant per tots els mitjans que no s'acordi encara que t'ho posin fàcil, encara que et diguin que s'aprovaran lleis que va prometre la presidenta Prohens, com l'increment de l'Impost de Turisme Sostenible, la pujada del cànon de sanejament o l'impost al 'rent a car', però és que ni així. El que volen és, com sigui, que no hi hagi acord, la qual cosa és com a mínim curiós”, ha afegit Negueruela.

El socialista ha tornat a més a denunciar, una setmana més, la que al seu judici és una situació d'“inestabilitat” del Govern, al qual ha definit com un “Executiu frívol amb els pressupostos públics, inestable per la seva incapacitat de tirar endavant les negociacions en les quals participa i amb la sanitat i l'habitatge sense solucions”. En concret, el portaveu ha criticat que “la presidenta presumeix d'estabilitat, però ha demostrat que no la té”. L'últim exemple es troba a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, on han cessat el gerent “després d'un desastre de gestió i amb un alt nombre de caps de servei demanant la seva dimissió”.

“Amb aquest cessament”, en paraules de Negueruela, “ja són més d'un 60 per cent els alts càrrecs del Govern que han anat canviant des de l'inici de la legislatura”, la qual cosa ha considerat “una mostra més de la inestabilitat en la qual es troba immersa Prohens”.

Mentrestant, ha lamentat que “el que no és estable és el preu de l'habitatge, que continua pujant sense fre”. En aquest sentit, ha reiterat que el Govern “no té cap solució per pal·liar la dificultat per accedir a un habitatge”, per la qual cosa ha demanat la dimissió del conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, perquè “no és capaç de gestionar aquest problema i ara insisteix a tornar a presentar el programa 'Lloguer Segur', malgrat que se sap que ha fracassat”.

Vox: “El PP vol fer-se la víctima”

Finalment, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha recriminat al PP que busqui un acord de sostre de despesa i pressupostos “amb el mateix PSOE que ha governat Balears durant vuit anys i ha destrossat econòmicament les Illes”. “Si els ciutadans de Balears van votar canvi és perquè volen canvi, no perquè es busquin els acords amb els mateixos que han fet fora del govern a les urnes”.

Per això, ha assegurat que a Vox “es continua amb la mà estesa al PP per seguir parlant i poder seguir treballant pel bé de tots els ciutadans d'aquestes illes” malgrat que, després del que ha passat aquests dies i aquestes setmanes, el partit té la sensació que el PP “no vol arribar a un acord i prefereix fer-se la víctima, seguint amb la 'performance' i el discurs de precampanya”. “Allà ells”, ha sentenciat la portaveu, “perquè això els ciutadans ho veuen i prenen nota”.

El PP ve “difícil” acordar el techo de gasto con el PSIB-PSOE y ha señalado a Vox como su “socio prioritario” pese al cruce de reproches entre ambos por el bloqueo de las negociaciones. En este sentido, los conservadores han reclamado a la formación de extrema derecha “no utilizar excusas” para alcanzar a un acuerdo.

Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, quien ha aseverado que, dado los populares son conscientes de que tienen un gobierno en solitario y en minoría, “todas las leyes y proposiciones se negocian con todos los grupos parlamentarios”, como “así se viene haciendo desde que el Consell de Govern aprobó el techo de gasto”. No obstante, ha recordado que tras la primera ronda de negociaciones se descartó seguir negociando con Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, alegando que “ellos mismos dijeron que no estaban dispuestos a llegar a ningún acuerdo”, mientras el PSIB-PSOE y Vox sí se mostraron dispuestos a seguir hablando.

Por este motivo, durante esta semana, como anunció el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se continuará negociando con los socialistas y con los de Santiago Abascal, aunque Sagreras ha reconocido que con los primeros “parece bien difícil llegar a un acuerdo” por las condiciones que en materia de vivienda exigieron la semana pasada: que el Govern de Marga Prohens apruebe topar el precio de los alquileres, cuando, ha remarcado, se trata de una medida que “ha fracasado en Catalunya” dado que “ha hecho encarecer los alquileres y reducir la oferta.

De este modo, Sagreras ha considerado que “con quien hay que intensificar las negociaciones es con el grupo parlamentario de Vox” y espera que “esta vez no tengan el calendario como excusa” porque “el mismo grupo parlamentario reconoció durante la semana pasada que el PP había cumplido un 90 por ciento de las medidas acordadas para aprobar los presupuestos y, según ellos, la medida que aún faltaba era la vehicularidad de las lenguas oficiales de Baleares, en la ley de educación”, lo cual “solo puede ser una excusa” por que “también, desde hace unas semanas el PP registró una ley” en este sentido.

Por tanto, “deseamos que Vox quiera negociar en serio”, ha incidido el 'popular', quien no obstante ha apuntado que “esta semana se descubrirá” si esto es así o si, por el contrario, “lo que tienen es una orden directa del señor Abascal, que no permite que se negocien los presupuestos con las comunidades autónomas, y que aquí la señora Cañadas poco tiene que hacer o decir, más que callar y obedecer al señor Abascal”.

El PSIB: “Están frivolizando”

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha acusado al Govern de estar “frivolizando” con el techo de gasto y de “querer, como sea, que no haya acuerdo”, al aseverar que “a una semana de votarse en el Parlament no está encaminado para aprobarse”.

En esta línea, ha abundado que los socialistas saben que se les llamará para negociar “porque lo dicen en ruedas de prensa”, pero, de momento, “nadie ha llamado para negociar ningún techo de gasto desde la última reunión”. “He estado ocho años en un gobierno y, cuando he dicho que iba a negociar, negociaba hasta que se llegaba a un acuerdo. Nunca he visto a un vicepresidente, en este caso a dos vicepresidentes, Antoni Costa y Antònia Maria Estarellas, con tanto interés en no llegar a un acuerdo. Si tienen la más mínima intención de alcanzarlo, están haciendo todo lo contrario”, ha lamentado.

“Jamás he visto una negociación así, jamás, intentando por todos los medios que no se acuerde aunque te lo pongan fácil, aunque te digan que se aprobarán leyes que prometió la presidenta Prohens, como el incremento del Impuesto de Turismo Sostenible, la subida del canon de saneamiento o el impuesto al 'rent a car', pero es que ni así. Lo que quieren es, como sea, que no haya acuerdo, lo cual es cuanto menos curioso”, ha añadido Negueruela.

El socialista ha vuelto además a denunciar, una semana más, la que a su juicio es una situación de “inestabilidad” del Govern, al que ha definido como un “Ejecutivo frívolo con los presupuestos públicos, inestable por su incapacidad de sacar adelante las negociaciones en las que participa y con la sanidad y la vivienda sin soluciones”. En concreto, el portavoz ha criticado que “la presidenta presume de estabilidad, pero ha demostrado que no la tiene”. El último ejemplo se encuentra en el Área de Salud de Ibiza y Formentera, donde han cesado al gerente “después de un desastre de gestión y con un alto número de jefes de servicio pidiendo su dimisión”.

“Con este cese”, en palabras de Negueruela, “ya son más de un 60 por ciento los altos cargos del Govern que han ido cambiando desde el inicio de la legislatura”, lo cual ha considerado “una muestra más de la inestabilidad en la que se encuentra inmersa Prohens”.

Mientras tanto, ha lamentado que “lo que no es estable es el precio de la vivienda, que continúa subiendo sin freno”. En este sentido, ha reiterado que el Govern “no tiene ninguna solución para paliar la dificultad para acceder a una vivienda”, por lo cual ha pedido la dimisión del conseller de Vivienda, José Luis Mateo, porque “no es capaz de gestionar este problema y ahora insiste en volver a presentar el programa 'Alquiler Seguro', a pesar de que se sabe que ha fracasado”.

Vox: “El PP quiere hacerse la víctima”

Finalmente, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha recriminado al PP que busque un acuerdo de techo de gasto y presupuestos “con el mismo PSOE que ha gobernado Balears durante ocho años y ha destrozado económicamente las Islas”. “Si los ciudadanos de Balears votaron cambio es porque quieren cambio, no para que se busquen los acuerdos con los mismos que han echado del gobierno en las urnas”.

Por ello, ha asegurado que en Vox “se continúa con la mano tendida al PP para seguir hablando y poder seguir trabajando por el bien de todos los ciudadanos de estas islas” pese a que, tras lo ocurrido estos días y estas semanas, el partido tiene la sensación de que el PP “no quiere llegar a un acuerdo y prefiere hacerse la víctima, siguiendo con la 'performance' y el discurso nacional precampaña”. “Allá ellos”, ha sentenciado la portavoz, “porque esto los ciudadanos lo ven y toman nota”.

“Siguen prefiriendo salvar a las lechugas antes que a las personas”. Esta es una de las frases más repetidas por responsables del Gobierno valenciano del aún presidente en funciones, Carlos Mazón, así como del PP y de Vox para tratar de poner de manifiesto una supuesta negativa por parte del Gobierno a eliminar especies invasoras como las cañas de cauces y barrancos. Aunque se trata de un bulo más para tratar de derivar responsabilidades tras la dana, lo cierto es que la propia Generalitat Valenciana tiene competencias en esta materia y no parece que esté siendo muy ágil a tenor de los datos de ejecución presupuestaria del presente ejercicio.

Y es que, según la documentación recabada por elDiario.es, la conselleria de Medio Ambiente tan solo ha ejecutado a 30 de septiembre un 1,08% de los 7,8 millones presupuestados para el presente ejercicio en actuaciones de eliminación de vegetación en cauces. De ellos, 125.000 euros se corresponden con actuaciones bajo el epígrafe “reforma del barranco del Poyo” (ver imagen) de los que no se ha ejecutado ni un solo euro. El pasado año, la cuantía para este mismo concepto fue de 426.000 euros, de los que tampoco se ejecutó cuantía alguna. Así, tan solo se ha hecho efectiva una partida de 58.237 euros para “restauración de paisajes y hábitats” y 13.000 euros de una partida de 3 millones para “eliminación de árboles y vegetación de cauces”.

Al respecto, fuentes de la conselleria que dirige el vicepresidente Vicente Martínez Mus han comentado que “por parte de la Generalitat se actúa en entornos de barrancos y ramblas de espacios naturales, pero no en dominio público hidráulico que es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)”. Al mismo tiempo han explicado que “este año había programados trabajos con fondos propios pero también con otros que transfería el Gobierno, por tanto hay parte de la inversión que no depende exactamente de la Generalitat” y han añadido: “El problema que se ha dado es que estos fondos tenían que estar ejecutados en la primera parte del año pero la demanda de maquinaria era muy elevada y las empresas los destinaban a otras zonas y se dilataban plazos, lo que implica que algunos no se pudieron terminar en plazo para acceder a fondos”.

En este sentido, han puesto como ejemplo el barranco del Carraixet en términos como Marines y Gàtova. Al respecto, han explicado que “se está negociando con el Gobierno una posible prórroga para ejecutarlos”. Por otro lado, otros recursos propios “sí están en curso y se podrá certificar ejecución en la recta final del año”. Por último, “en el caso del barranco del Poyo es un proyecto que viene de años anteriores de restauración de hábitats fluviales en la desembocadura de l’Albufera” y han comentado que “es una reivindicación que se ha negociado con el Gobierno en el marco de los fondos que van a destinar a l’Albufera y se ha llegado a un acuerdo y los van a asumir finalmente ellos, tal y como acordaron el conseller y la ministra en un encuentro”.

En cuanto a la Conselleria de Agricultura, a través de la dirección general del Agua y Desarrollo Rural, tiene presupuestadas para este ejercicio inversiones por valor de 23,6 millones de euros en concepto de “nuevas infraestructuras, encauzamiento de ramblas y barrancos” (ver imagen). Posteriormente, en virtud de una modificación de crédito, la partida se incrementó a 49,8 millones. Sin embargo, a 30 de septiembre tan solo ha ejecutado un 3,58%.

Entre las partidas más llamativas destaca la destinada a reducción del riesgo de inundaciones en núcleos urbanos, dotada con 21,1 millones de euros, de los que solo se ha ejecutado el 2,81% o la de 14,6 millones de euros, de los que se han hecho efectivos 850.000 euros, un 5,8%. En el caso de la presa de Buseo, la única de titularidad de la Generalitat que sufrió graves daños con motivo de la dana, se presupuestaron 7,8 millones y solo se ha ejecutado un 2,34% (ver Imagen).

Al respecto, desde la Conselleria de Agricultura que dirige Miguel Barrachina han explicado que para cuestiones relacionadas exclusivamente con la dana, para este año se han presupuestado 14,6 millones de los que se han ejecutado un 26%: “En algunos casos, la CHJ ha demorado los permisos lo que ha retrasado el inicio de las obras. Hay que recordar que estas intervenciones en el dominio público hidráulico, titularidad del Gobierno central. Sin embargo, la Generalitat hace un esfuerzo máximo de colaboración, acudiendo a créditos bancarios, para cooperar con el ejecutivo central y los municipios”.

En el capítulo de inversiones en infraestructuras hidráulicas han informado de que el presupuesto es de 68 millones euros, “de los cuales ya van ejecutados 22,8 millones, es decir, un 33,53%”, al tiempo que han recordado que “el presupuesto se aprobó casi en junio, y los meses de mayor ejecución son estos últimos”. Así, han vaticinado que a final de año estarán “en cifras récord”.

Críticas del PSPV

La portavoz de Agua del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Ana Belén Juárez, ha denunciado la “desastrosa gestión” del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, y del de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, “incapaces de ejecutar los recursos económicos de que disponen para adecuar los barrancos y proteger a los valencianos y valencianas”, a la luz de los datos oficiales de ejecución presupuestaria de la propia Generalitat: “A falta de tres meses para acabar el año, Barrachina y Martínez Mus solo han ejecutado el 3,2% de su presupuesto para reparar cauces, barrancos y reducir el riesgo de inundaciones”, ha censurado Juárez, quien muestra su alarma porque, “para colmo, ahora han premiado a Martínez Mus dándole las competencias de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana”.

Según Juárez, “estos datos confirman que el problema no es Mazón, es todo el Consell manchado por la negligente gestión del 29 de octubre de 2024 que nos ha costado 229 vidas por la frivolidad, incompetencia e irresponsabilidad de unos cargos que se pensaban que gobernar es disfrutar de las poltronas y no servir a los valencianos y valencianas”, ha lamentado la diputada, que ha recordado que la tarde de la tragedia Barrachina se fue tan tranquilo a su casa, siendo responsable de la presa de Buseo, mientras que Martínez Mus tuvo la desvergüenza de irse a un copetín empresarial mientras se anegaban las carreteras y la estación de FGV de Paiporta“.

La CHJ autoriza 179 actuaciones en cauces

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha otorgado durante el último año (en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025) un total de 179 autorizaciones para realizar actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces, que se han sumado al resto de resoluciones favorables vigentes hasta alcanzar un total de 325 autorizaciones activas.

Los trabajos autorizados consisten en diferentes acciones enmarcadas en el mantenimiento y adecuación de los cauces públicos, tales como la retirada de elementos obstructivos, desbroces de vegetación y eliminación de especies invasoras y otros trabajos menores, y son ejecutados principalmente por las administraciones locales. Se trata, pues, de pequeñas actuaciones que tienen como objetivos básicos la conservación y mejora, en la medida de lo posible, del estado de nuestra red fluvial y, a su vez, minimizar el riesgo de inundaciones.

La Confederación Hidrográfica del Júcar, con el fin de preservar y mejorar la calidad de las aguas y de los entornos fluviales, realiza durante todo el año actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces, así como de restauración fluvial, en todo el ámbito de su competencia, siempre según las disponibilidades presupuestarias.

En tanto las competencias en esta materia no son exclusivas de la Confederación Hidrográfica, sino compartidas, se considera esencial la coordinación entre las distintas Administraciones para que el dominio público hidráulico de la Demarcación del Júcar esté en buen estado. Esta coordinación se sustenta en una legislación específica que delimita, sin lugar a dudas, las competencias y responsabilidades que tiene cada Administración.

Tanto en zonas no urbanas como en tramos urbanos, estas actuaciones también pueden ser realizadas por terceros, con la preceptiva autorización administrativa de los organismos de cuenca, necesaria para asegurar que todo se haga conforme a unos criterios técnicos adecuados y sin causar afecciones al cauce (artículo 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico) que ha de ser debidamente salvaguardado.

El secretario general el PSOE de Castilla y León y candidato a las próximas elecciones, Carlos Martínez, ha criticado este viernes la “desidia”, la “holgazanería” y el “pasotismo” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ante la tramitación de los presupuestos, que le ha dejado “absolutamente aislado” y evidenciado sus “modos autoritarios”.

En declaraciones a los periodistas en Soria, Martínez se ha referido al escenario de “atomización” que prevé para después de las elecciones de marzo en Castilla y León y ha visto a Mañueco incapaz de afrontar procesos de diálogo porque es “un presidente de otra época, que viene con esos modos autoritarios” con los que “ha gobernado siempre la derecha esta Comunidad”: “No sabe moverse en la realidad actual”, ha zanjado.

El líder socialista ha afirmado que Mañueco es hoy un “presidente esperpéntico”, que “como alma en pena deambula por las Cortes de Castilla y León absolutamente solo, absolutamente aislado”, en referencia a la votación que ayer tumbó el proyecto de ley de Presupuestos de la Junta con 47 votos sumados por PSOE, Vox, UPL, Soria Ya, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea.

El PP únicamente consiguió el apoyo de los dos procuradores no adscritos -ex de Vox- a que siguiera la tramitación de las cuentas, con lo que sumaron únicamente 33 votos, mientras que el representante de Por Ávila se abstuvo.

Ante esta situación, el dirigente del PSOE ha sostenido que Mañueco “ha bajado los brazos” a la hora de defender los intereses de la Comunidad: “Estamos con un Gobierno que lleva agonizando tanto tiempo, que está inmerso en una inercia de inoperancia, de incapacidad, de falta de voluntad”, ha añadido.

Martínez ve a Mañueco como un presidente “aferrado únicamente al sillón del poder, pero que no es capaz de ejercerlo con una mínima responsabilidad, con una mínima coherencia, con el mínimo voluntad de entenderla”.

Carriedo, sobre los presupuestos: “Cuando alguien quiere crear bloqueo, cualquier excusa es buena”

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha acusado este viernes a la oposición de buscar excusas para rechazar el proyecto de Presupuestos y ha afirmado al respecto que “cuando alguien quiere crear bloqueo, cualquier excusa es buena”.

El consejero ha considerado que “es más fácil usar un botón y destruir todo ello”, en referencia a las partidas presupuestarias diseñadas por la Junta, por lo que ha lamentado que la oposición haya caído en “esa tentación”.

“En la vida, es más fácil destruir que construir y varios grupos parlamentarios han preferido anteponer los intereses del partido a los generales y el escenario electoral por encima de lo que necesita Castilla y León”, ha argumentado en declaraciones a los periodistas, antes de presidir la Mesa de la Seguridad y la Defensa.

Con estas palabras, Carriedo se ha referido al rechazo de las Cortes de Castilla y León, con los votos de PSOE, Vox, UPL, Soria Ya, Unidas Podemos y el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, al proyecto de ley de Presupuestos presentado por la Junta, que ahora tendrá que prorrogar nuevamente las cuentas para 2026.

“Creemos que estamos ante un buen presupuesto, y el presidente de la Junta comprometió que se aprobará con una nueva mayoría parlamentaria el próximo año, porque son iniciativas que mejoran la vida de agricultores, ganaderos, autónomos, pymes, de personas mayores, jóvenes y familias, en general, y confiamos que se aprueben en el futuro inmediato”, ha explicado, en referencia a la expectativa del PP de poder formar una nueva mayoría tras las elecciones.

En opinión de Carriedo, se han encontrado “muchas excusas y muy poco ánimo de buena voluntad por parte de algunos grupos políticos”: “En el caso de PSOE y Vox, son dos partidos que pueden, inicialmente, estar en posiciones contrarias, pero han coincido en la votación, y a la hora de bloquear, parar y destruir lo que estamos construyendo en esta Comunidad”, ha añadido.