Los exdirigentes de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García recibirán el 31 de enero un “acto de reconocimiento” por haber sido “acusados injustamente” y “víctimas durante años de una cacería política, mediática y judicial a pesar de su inocencia”. La iniciativa ha partido de “un grupo plural de ciudadanos” y a la misma “se está sumando mucha gente”, según fuentes cercanas a la comisión organizadora de este homenaje, que trasciende apenas un día después la sentencia del 'caso Fitonovo' que dio a conocer públicamente la Audiencia Nacional tras el juicio por comisiones ilegales en los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Sevilla.

Como es conocido, la Fiscalía había retirado los cargos contra García y Torrijos el pasado 30 de noviembre. Los también exportavoces municipales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla han criticado la instrucción de la causa por parte de la jueza Mercedes Alaya. La sentencia condena a penas de entre dos y nueve meses de cárcel a diez de los diecisiete acusados, entre ellos concejales, funcionarios y empresarios, y ha absuelto a las formaciones políticas PSOE e IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía como partícipes a título lucrativo.

El Ayuntamiento de Sevilla colabora con el salón del Centro Cívico Virgen de los Reyes donde se celebrará el acto, pero desde la comisión organizadora indican los gastos del salón (limpieza y servicio técnico) los asume dicha comisión, según las fuentes consultadas.

PSOE e IU han quedado absueltos por la Audiencia Nacional tras haber sido acusados como partícipes a título lucrativo en el juicio de Fitonovo de supuestos amaños comisiones ilegales en los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Sevilla. La Audiencia Nacional ha zanjado el juicio con la absolución de los exportavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, el primero de ellos además exprimer teniente de alcalde y respecto a los cuales la Fiscalía había retirado sus cargos el pasado 30 de noviembre, y la absolución del exconcejal del PP Joaquín Peña.

Por contra, han sido condenados a penas inferiores a un año el exasesor municipal socialista Domingo Enrique Castaño, el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo y el exasesor municipal de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona, quienes merced a un acuerdo alcanzado con la Fiscalía comparecieron para reconocer los hechos atribuidos por el Ministerio Público, cohecho y tráfico de influencias, según cada caso, asumiendo su “responsabilidad” y aceptando peticiones de condena más rebajadas por parte del fiscal. También han resultado condenados a las mismas penas los funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla Francisco Amores y Francisco Luis Huertas, entre otros.

Según ha informado este martes el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional, se ha condenado a penas de entre dos y nueve meses de cárcel a diez de los diecisiete acusados por las adjudicaciones en los Ayuntamientos de Sevilla y Algeciras a la empresa Fitonovo, entre ellos concejales, funcionarios y empresarios, y ha absuelto a las formaciones políticas PSOE e IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía como partícipes a título lucrativo. 

En una sentencia, de 253 páginas, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal imponen en la pieza separada relativa al Ayuntamiento de Sevilla las penas de 9 meses de prisión a Francisco Amores Carredano, Manuel Gomez Lobo, Domingo Enrique Castaño y Francisco Luis Huertas y de seis meses a Manuel Pinada Cabanilla, todos ellos por delito de cohecho cometido por funcionario público. 

A la pena de seis meses de prisión resultan condenados Juan José López Collado y Antonio Miguel Ruiz Carmona, en su caso por un delito de cohecho cometido por particular, mientras que a Juan Antonio Salas Romero de la Osa y Alfonso Lozano se les impone la pena de dos meses y siete días de cárcel por tráfico de influencias cometido por particular. 

Por el contrario, la Sala, en esta misma pieza separada del Ayuntamiento de Sevilla, absuelve por prescripción al acusado José Gutiérrez Alonso, a Antonio Rodrigo Torrijos y a José Manuel García Martínez al haber retirado el fiscal la acusación contra estos dos y a Joaquín Guillermo Peña Blanco. 

Se absuelve también a las formaciones políticas Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU-LV-CPA) de la acusación formulada por el Ministerio Fiscal en su calidad de partícipes a título lucrativo. 

En cuanto a la pieza relativa al Ayuntamiento de Algeciras, la Audiencia condena a Ángel Luis García Balcones a las penas de seis meses de prisión por delito de cohecho cometido por particular, mientras que absuelve al resto de acusados: Carlos Leces Machado, Randy Scharbertg Carrión y Diego Sánchez Rull. 

A todos los condenados la Sala les aplica las atenuantes de confesión tardía por haber reconocido los hechos y de dilaciones indebidas. 

Una infraestructura destinada a ofrecer dádivas y recompensas a funcionarios 

Según los hechos probados de la sentencia, la sociedad “Fitonovo, S.L.” creo una infraestructura tanto operativa como contable destinada a atender dádivas en consideración y recompensa a funcionarios públicos, valiéndose de la estructura comercial de la empresa estableciendo una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar dichos pagos a los funcionarios públicos. 

Al mismo tiempo, continúa, creo una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, acaparó contratos públicos. “Dicha actuación perjudicó en ocasiones a las sociedades que de forma legal pretendían participar en la contratación pública pero que no tuvieron posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama.” asegura el fallo. 

La Sala subraya que la trama criminal se sustentaba fundamentalmente en la contratación pública corrupta con diferentes Administraciones Públicas. Para ello, acudían sistemáticamente a prácticas corruptas con autoridades y funcionarios públicos, que pudieran favorecer la adjudicación de contratos públicos o la obtención de ventajas ilícitas en su ejecución, permitiendo en este último caso que se realizaran menos trabajos de los facturados o que se ejecutaran de forma distinta de la contratada. La contraprestación era la entrega periódica de dinero, regalos, pago de viajes, servicios, obras en sus casas, etc (…). 

“La trama criminal estaba integrada por la dirección de ”Fitonovo, S.L.“, así como por los empleados y asesores (ya enjuiciados en otras Piezas) que, dentro de la red comercial u operativa de la empresa, actuaban de interlocutores de la misma ante la Administración. Colaboraban con la misma las autoridades y funcionarios públicos que, a cambio de contraprestaciones, favorecían desde el ámbito público a la trama, y las distintas empresas que facilitaban a ”Fitonovo, S.L.“ la facturación falsa con la que financiar la actividad ilícita de la misma o se prestaban a concurrir fraudulentamente a adjudicaciones públicas”, añade. 

Adjudicaciones en los Ayuntamientos de Sevilla y Algeciras 

En cuanto a los hechos relativos al Ayuntamiento de Sevilla, la sentencia examina todos los contratos irregulares adjudicados, entre ellos, el concurso sobre riegos del Parque de “María Luisa” de Sevilla, el contrato de mantenimiento y otros contratos de prestación de servicios relativos al Parque periurbano “La Corchuela” o la adjudicación del macro contrato nº 400/2012 por importe de 48 millones de euros. 

Según la Sala, el mismo “modus operandi” se ha seguido por la mercantil “Fitonovo, S.L.” en relación con la contratación con el Ayuntamiento de Algeciras, concretamente, respecto a la adjudicación de la construcción de las obras del polideportivo “El Calvario” y el parking adyacente. 

La entrega de comisiones analizada en este procedimiento judicial se habría prolongado, indica la resolución, durante al menos quince años, afectando a múltiples Administraciones, tanto estatales como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. “De hecho, esta trama criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde 1995 y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias”, especifica.

Ha salido judicialmente indemne de cuatro procedimientos, el último hace apenas 15 días en el llamado caso Fitonovo, juzgado en en la Audiencia Nacional. Antonio Rodrigo Torrijos, primer teniente de alcalde en Sevilla entre 2007 y 2011 en el gobierno de coalición entre IU y PSOE que arrancó en 2003, cita a El Padrino hasta en tres ocasiones durante la conversación con elDiario.es Andalucía: “No es nada personal, son negocios”. Porque su larga trayectoria sindical y política (tiene 72 años) le permite asegurar que, en su opinión, detrás de todas esas acusaciones hubo una “cacería política”, una operación “del tea party” para desalojar a Izquierda Unida del ayuntamiento hispalense. Por eso su sensación es “ambivalente”, porque él (y su “amigo y compañero” José Manuel García) han demostrado ser inocentes pero “los malos ganaron y consiguieron su objetivo”. “Me jodió la vida, literalmente”, dice de Mercedes Alaya. Tanto la jueza instructora de dos de aquellos procedimientos (Mercasevilla y Fitonovo) como la persona que consiguió la alcaldía en 2011, Juan Ignacio Zoido, centran gran parte de una charla no exenta de ironía, centrada en las “casualidades” y el “dinero”, que tenía lugar este jueves mientras España se asomaba a una colisión entre el Tribunal Constitucional y el Congreso de los Diputados que, al menos de momento, acabó sin sobresaltos. Torrijos, en ese sentido, hace un paralelismo: “Evitaron que siguiéramos gobernando y hubo un dolor social para la ciudad y un dolor personal para nosotros, los afectados, para conseguir además un objetivo doble, igual que el que le están haciendo ahora al gobierno del PSOE y Unidos Podemos en España”.

¿Cómo se encuentra después después de haber dejado definitivamente atrás esos cuatro procesos judiciales?

Han sido 13 años de auténtico calvario, inédito en la historia del municipalismo porque, que yo sepa, nadie ha sido imputado cuatro veces en lo que fue, en mi opinión, una operación de cacería política. Y aún más inédito que de las cuatro haya salido indemne. Una vez te puedes equivocar, pero lo otro tiene otro nombre.

¿Qué nombre? 

Digamos que pudiera adjetivarse o calificarse como una persistente inquina. Vamos a dejarlo ahí. De las dos instrucciones clave de las cuatro que yo he tenido, aunque han sido todas muy duras (Sevilla Global y la Fundación de Sevilla también tenido un recorrido mediático y político muy duradero, muy escandaloso, perfectamente hiperbólicamente difundido), en Mercasevilla ni tenía que haberme sentado en el banquillo. Y no lo digo yo, lo dice una sentencia rigurosa y sólida de la magistrada Yolanda Sánchez Gucema, en comparación con una instrucción que me acusaba de nueve o diez delitos, que me puso una fianza de 33 millones de euros y que se publicitó en plena campaña electoral cuando yo me presentaba como candidato a la alcaldía por Izquierda Unida en las municipales del 2011.

Nos colocaron a José Manuel y a mí 620.000 euros de fianza, que ahora han quedado en nada porque la Fiscalía ni siquiera nos ha acusado en el juicio, pero es que en la Audencia ya se quedaron en 8.000. No es un pequeño error. Y nos jodió la vida.

De aquello resultó absuelto en 2017

Aquella instrucción acabó en una absolución mediante una sentencia tan rigurosa y tan contundente que no fue recurrida por nadie, ni por el Ministerio Fiscal siquiera, ni por las acusaciones particulares, aborda otra instrucción posteriormente, curiosamente cuando ya era público y conocido en muchos ámbitos de la ciudad que José Manuel García iba a ser el candidato de Izquierda Unida en 2015, en la que vuelve a reiterar los elementos contradictorios. Por ejemplo, nos colocaron a José Manuel y a mí 620.000 euros de fianza, que ahora han quedado en nada porque la Fiscalía ni siquiera nos ha acusado en el juicio, pero es que en la Audiencia ya se quedaron en 8.000. No es un pequeño error. Y nos jodió la vida.

Y, por otra parte, no llamó ni siquiera ni como testigos a Zoido y a Serrano, que a la sazón eran entonces alcalde y teniente de alcalde, después de que el dueño de la empresa Fitonovo le dijera a Alaya en su declaración que había tenido una reunión con ambos y que le habían pedido que hiciera un parque infantil a la Guardia Civil en Montequinto por valor de 150.000 euros que, además, la Guardia Civil, garante de la legalidad, adjudica esa obra de manera directa, transgrediendo la legalidad de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Alaya se enteró de todo y no hizo nada. Serrano lo dijo con toda naturalidad y lo reconoció diciendo aquello de 'quién no ayuda a la Benemérita'. Y fíjese qué paradoja: en Fitonovo, de los tres políticos que no llegamos en el juicio a acuerdo de conformidad porque nos negamos (José Manuel, Joaquín Peña y yo), el único condenado es Joaquín Peña, del PP.

¿A qué elementos contradictorios se refiere?

En el caso Fitonovo vuelve a tener otras intervenciones contradictorias o discutibles. Esto del parque infantil a la Guardia Civil no le sugirió a la señora Alaya ninguna irregularidad, como tampoco le sugirió a la señora Alaya que fuese irregular que la Guardia Civil adjudicara el parque infantil sin concurso, y a la misma empresa, Fitonovo. Pero la señora Alaya ahí no vio ninguna irregularidad. Sin embargo, tenía clarísimo que José Manuel García y yo éramos culpables e instigadores de nada menos la transgresión de cinco delitos gravísimos que, como en Mercasevilla en mi caso, que fueron nueve o diez, en la Audiencia se quedaron en uno.

Si el señor Zoido es juez, fue decano, jefe entre otros de la señora Alaya, fue el que pone la denuncia, la instruye Alaya, y el beneficiario es Zoido, yo si veo un escalón y después otro escalón puedo pensar que hay una escalera

En este proceso de 13 años ha intervenido el partido de la casualidad. Es un partido nuevo, que no existía, porque a mí no me cabe la menor duda de que la señora Alaya diera a conocer la instrucción del caso Mercasevilla en plena campaña electoral (aunque me citara el 20 de junio, es decir, 20 días después de las elecciones), casualmente a través de un medio de comunicación a bombo y platillo donde se informa a la opinión pública de que soy imputado y yo no había recibido ni el papel. Una casualidad, ¿no? Una casualidad también los 33 millones de fianza, o los 620.000 euros, o el que no se investigue a unos y a otros sí, etc. Todo eso puede tener un nombre, al menos, como mínimo, inquina. Y sobre todo, una valoración que desde el punto de vista judicial, siendo ya cariñoso y recuperando a Rousseau en su tesis sobre la naturaleza bondadosa del ser humano, te diría que en el mejor de los casos es una magistrada que tiene instrucciones manifiestamente mejorables. Y no lo digo yo, porque las dos instrucciones, Mercasevilla y Fitonovo, han sido, jurídicamente hablando, instrucciones fallidas. 

¿Usted sabía que Alaya y Zoido se conocían de los juzgados mucho antes de que se iniciaran esos procedimientos en los que ha estado inmerso? 

Pero eso es otra consecuencia del partido de la casualidad. Es casual que el señor Zoido haya sido decano de los jueces y, por tanto, 'jefe' de la señora Alaya. Y es casual que el señor Zoido sea también juez, y que fue el que puso la denuncia, y que fue el beneficiario título político del resultado de esa operación. Qué casualidad, ¿no? Son muchas casualidades, ¿no? Por eso yo comparto lo que dice mi amigo Salido de que aquí hubo un partido: el partido de la casualidad. Y quiero ser muy prudente, para no ser un grosero y sustentarme en la lógica, pero si el señor Zoido es juez, fue decano, fue jefe entre otros de la señora Alaya, fue el que pone la denuncia, la instruye Alaya, da el resultado que da y el beneficiario es Zoido con una mayoría absoluta de 20 concejales desconocidas en la historia de la democracia, yo puedo pensar que si veo un escalón y después veo otro escalón y después veo otro escalón, puedo pensar que hay una escalera. Pero será una actitud paranoide por mi parte. Es consecuencia de la casualidad. 

José Manuel García, del que ya ha hablado, anunció recientemente en este periódico que está estudiando la posibilidad de denunciar a la jueza Alaya. ¿Qué le parece?

Desde el punto de vista de la filosofía política y de la sociología, yo soy una persona que nunca doy las batallas por perdidas, pero también he aprendido con los años que no todas las batallas hay que darlas. Hice una reclamación patrimonial, que era la única fórmula jurídica de resarcirme de lo que consideraba una instrucción y un funcionamiento bastante irregular en el caso Mercasevilla instruido por la señora Alaya. Aquella reclamación patrimonial está en curso, tiene informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, algo inédito. Sigue su curso y la voy a seguir reclamando porque consideré que había más que razonables indicios evidentes de irregularidad: nada parecido en el comienzo de la instrucción con lo que quedó con la sentencia, dilaciones indebidas, una dilatación y un acompasamiento en todas sus acciones casualmente a los tiempos electorales... Por todo eso consideré, después de estudiarlo rigurosamente, que se había agredido a mi honor y a mi hacienda, y que había razones para ello y se podían probar.

Si no fructifica la demanda, la beneficiaria sería la señora Mercedes Alaya. Y yo, que soy militante desde muy joven, he aprendido en la vida y en la lucha política que al contrario ni agua

Pero, ¿qué cree que puede pasar con la denuncia de García si al final la interpone?

Mi compañero y amigo José Manuel, al que aprecio muchísimo, está estudiando esa posibilidad que comenta y yo le alabo el gusto. No es que yo sepa más que José Manuel, ni mucho menos, peo creo que hay escasísimas posibilidades de que esa demanda fructifique. ¿Por qué? Porque la señora Alaya, con todas las presuntas interpretaciones contradictorias que se pueden hacer de la instrucción que ella planteó, elevó el caso Fitonovo a la Audiencia Nacional y el juez instructor asumió el relato jurídico de la señora Alaya. Y desde ese momento es muy difícil que haya, no tan solo contenido jurídico suficiente para reclamar a Alaya sino incluso que sea asumida o aceptada a trámite. La lectura política de eso es que, si no fructifica esa demanda, la beneficiaria sería la señora Mercedes Alaya. Y yo, que soy militante desde muy joven, he aprendido en la vida y en la lucha política que al contrario ni agua. Y se lo he explicado a mi amigo y compañero José Manuel. Él considera que sí y me parece estupendo. 

¿A qué se ha dedicado en estos años, al margen de lo judicial?

Yo estuve en la clandestinidad luchando con miles de compatriotas nuestros por las libertades que hoy disfrutamos como si hubiesen sido regaladas. Y en estos 13 años también he estado en la clandestinidad. En democracia he estado en la clandestinidad y me he ocultado. No he dejado de militar ni un solo día, mis compañeros podrán dar fe de ello, pero no he aparecido. He seguido influyendo en mi organización política y en el curso de los acontecimientos, y no aquí en Sevilla solo, pero no he aparecido para preservar la imagen pública de mi propia organización. Dimití, además, como José Manuel, en su momento procesal oportuno para no dañar a nuestra organización. Una paradoja curiosa: en la clandestinidad en plena democracia. 

No recuerdo a nadie que en un cargo público lo hayan procesado cuatro veces, curiosamente siempre a instancias de los mismos. Estoy satisfecho de que mi honor y mi honestidad hayan sido rubricadas por la justicia

¿Cuál es la sensación que le queda después de todo lo vivido?

Me encuentro muy bien. He tenido que superar enfermedades muy graves. En pleno juicio de Mercasevilla, y no me gusta hablar de esto por no aludir al plano personal, me estaban dando radioterapia y quimioterapia. Ha habido una afectación en mi hacienda, en mi honor, en mi vida pública, pero después de cuatro intentos de lo que yo llamo el tea party no han encontrado ni una sola mácula, ni un solo ilícito ni ningún reproche penal contra mí, y eso produce satisfacción. Vuelvo a reiterar: no recuerdo a nadie que en un cargo público lo hayan procesado cuatro veces, curiosamente siempre a instancias de los mismos. Por tanto, satisfecho de que mi honor y mi honestidad hayan sido rubricadas por la justicia. 

Pero también siento una tranquilidad muy curiosa que me está costando trabajo asumir. Es como los duelos, pero al contrario. Porque en el marco de una derrota cultural de la izquierda y de la sociedad civil, en el marco de una inexistencia, desgraciadamente, del pensamiento crítico en la sociedad civil, la gente se ha creído la campaña que se hizo contra mí. Parece ser que tengo el record Guinness de portadas de un periódico de la ciudad y, tanto la duración de los procesos judiciales como el que la pata mediática de ese tea party ha estado hiperbólicamente permanentemente dando caña, la gente ha percibido que yo era una persona abyecta, una persona oscura, una persona corrupta, un bruto, y te lo expresaban por la calle. Ahora la gente me está parando por la calle para darme la enhorabuena e incluso hay gente que me pregunta si voy a volver a la política.

El daño que yo no le deseo a la señora Alaya, que yo he pasado, queda para nosotros y para la familia, para el discurso político, para la imagen de la izquierda, para todo. Aquí el partido de la casualidad tuvo mucha fuerza

¿Ha notado mucho ese cambio entonces en la reacción de la gente?

Sí, porque los medios de comunicación, y no quiero parecer grosero, hace ya muchos años que se han convertido en instrumentos de opinión. Lo eran cuando decían que yo era una persona abyecta y corrupta, e instrumentos de opinión son ahora cuando dicen ahora que estoy inmaculado. Y eso tiene un efecto sobre la sociedad civil importante. La gente no te mira con una observancia mórbida, ni tangencial, sino que te mira de frente, te sonríe, y eso es muy importante para el equilibrio con uno mismo. Y después mi familia, mis amigos, que lo han pasado muy mal. El daño que yo no le deseo a la señora Alaya, que yo he pasado, queda para nosotros y para la familia, para la organización política, para el discurso político, para la imagen de la izquierda, para todo. Aquí el partido de la casualidad tuvo mucha fuerza. Yo no recuerdo en democracia que todo el grupo municipal de una corporación fuese imputado: Lola Silva, Pepa Medrano, José Manuel García, yo cuatro veces. Qué casualidad, ¿no? 

Usted ha salido indemne pero, en todo caso, ese daño del que me habla realmente se produjo, ¿no cree?

Por eso la sensación es agridulce, ambivalente, porque al final consiguieron el objetivo. Aquí, como la maravillosa obra de Coppola, El Padrino, “no había nada personal, eran negocios”. Todo esto se produce porque llegamos al gobierno unas personas que decidimos cumplir el programa con el que nos habíamos presentado a las elecciones. Y en Sevilla empezaron a aparecer viviendas públicas a precio tasado como hongos para abordar el déficit de acceso a la vivienda, sobre todo a la gente joven, y a precio asequible. En pleno boom inmobiliario, los pisos que entregábamos se vendían a un tercio menos que en el mercado libre, e hicimos 7.000. Nos convertimos en un competidor de los promotores inmobiliarios. Y eso se llama dinero. Hicimos el parque social de viviendas, una inédita y novedosa entonces iniciativa de alquiler que dio respuesta a los desahucios, con el 5% de los ingresos de la gente que accedía a esos pisos en alquiler por seis años, prorrogable otros seis años.

Los empresarios despotricaban diciendo que Torrijos estaba bolchevizando las relaciones laborales en Sevilla. Eso era un titular de periódico. Y eso es dinero, además de vida y salud

Tuvimos la decisión política de intervenir en el binomio capital-trabajo, un binomio asimétrico a favor del capital, y nosotros hicimos las cláusulas de contratación contra la siniestralidad laboral, de tal manera que en pleno boom, en los años 2007 y 2008, obligábamos a las empresas que contrataban con el Ayuntamiento, sobre todo a las constructoras, que en sus plantillas tenían que garantizar que hubiera convenios colectivos, representación sindical, aceptación de la jornada, derechos sociales. Nada revolucionario, porque yo soy muy de derechas. Era simplemente aplicar la Constitución, la ley. Y nos generamos amistades en ese mundo: los empresarios despotricaban diciendo que Torrijos estaba bolchevizando las relaciones laborales en Sevilla. Eso era un titular de periódico. Y eso es dinero, además de vida y salud.

Hicimos una inversión desde lo público desconocida en la historia de la democracia: cinco centros de formación para la inserción laboral, tres piscinas cubiertas, 23 campos de césped artificial... Situamos a Sevilla en el punto de mira europeo con la apuesta por la intermodalidad y la movilidad sostenible, sobre todo y fundamentalmente con la creación de 152 kilómetros de carriles bici, que fueron contestados de manera grosera como un intento de convertir a Sevilla en una especie de China. Y no lo digo yo, eso fue un titular otra vez. Hicimos los presupuestos participativos, vade retro satanás: ¿que los ciudadanos decidieran que una parte importante del presupuesto local tenía que ir aquí o allí democráticamente? Socialismo. O el bonobús solidario ¿que los desempleados podían ir gratis en los transportes públicos para buscar trabajo o para formarse? Y no era gratis, lo pagábamos vía presupuesto. No tan sólo fue lo que hicimos: impedimos un pequeño pelotazo urbanístico en Tablada, de 23.000 viviendas de lujo. Dinero, otra vez. O impedimos la central térmica de Punta del Verde que, de haberse aplicado y haberse hecho, hubiera afectado las patologías cardiorrespiratorias de un tercio de la ciudad. Dinero, otra vez.

Impulsaron esa cacería política por razones, como dice Coppola en 'El Padrino', no personales. Eran negocios, y había que sacarnos del gobierno, y lo consiguen, y por eso es ambivalente mi estado de ánimo

¿Cuál fue la mayor consecuencia de esas actuaciones durante aquellos años de coalición en Sevilla?

La mayor transferencia de rentas de capital a rentas sociales que se conocía, y eso exacerbó la animadversión de los promotores, del sector financiero, de los inmobiliarios y de los grandes empresarios. Y estos son, en mi opinión, los que impulsaron lo que ahora está tan de moda en la postmodernidad que se llama lawfare y que yo siempre llamé cacería política. Impulsaron esa cacería política por razones, como dice Coppola en El Padrino, no personales. Eran negocios, y había que sacarnos del gobierno, y lo consiguen, y por eso es ambivalente mi estado de ánimo, porque al final ganaron los malos. Evitaron que siguiéramos gobernando y hubo un dolor social para la ciudad y un dolor personal para nosotros, los afectados. Para conseguir además un objetivo doble, igual que el que le están haciendo ahora al gobierno del PSOE y Unidos Podemos en España. Y a ver qué sucede, porque ya hay un decurso de los golpes que ha pasado de sacar los tanques a la calle a otro tipo de cosas: Lula, Dilma, Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales y, modestamente, nosotros, con mucha anterioridad.

Consiguieron ese objetivo, sin querer ser grosero, gracias a una de las patas imprescindibles para que la operación llegara a buen puerto, que es el mercenarismo mediático. Aquí se escribieron ríos de tinta mintiendo, eso que llaman ahora fake news

Y Zoido llegó a la alcaldía aquel 2011...

Había un doble objetivo. Por un lado, sacarnos del gobierno, porque ellos, y con razón, sabían que si antes había gobernado aquí el PSOE, el PA, el PP, solos o en coalición, y no se habían hecho estas cosas que he comentado, detectaron que nosotros dimos el impulso social. Y entonces leña al mono hasta que aprenda inglés, y nos dieron la del tigre. Y el segundo objetivo era colocar a uno de los suyos, curiosamente el decano de los jueces, curiosamente el hombre que puso las denuncias y que, por cierto, no ha pedido perdón. Y consiguieron ese objetivo, sin querer ser grosero, gracias a una de las patas que fueron imprescindibles para que la operación llegara a buen puerto, que es el mercenarismo mediático. Aquí se escribieron ríos de tinta mintiendo. Eso que llaman ahora fake news. Noticias falsas. Hipérbole escandalosa de cosas. La foto del marisco. Ocultación consciente de las cosas que hacíamos en el gobierno. Porque aquí hacíamos obras de millones de euros y no se publicitaban, no fuera a ser que se contribuyera a extender lo que se estaba haciendo. Todo para conseguir que Zoido fuera alcalde, y lo consiguieron, con una mayoría histórica de concejales, para luego no hacer NA-DA.

Porque, ¿usted recuerda un solo hito, obra o infraestructura de los cuatro años del gobierno de Zoido en Sevilla? ¿Una sola? Irrelevante. Eso sí, acabó con las cosas que nosotros teníamos en marcha. Y después, como decía mi madre, es de bien nacidos ser agradecido: una vez en la alcaldía, Zoido concedió contratos de publicidad millonarios a uno de los medios que habían sido clave en la campaña de la cacería política. Y digo más: aquí se hizo una televisión local, que se llamaba Sevilla Televisión, que todas las noches durante meses nos daban caña, especialmente a mí, pero también a mi grupo y al gobierno de coalición. Eso costó un millón y medio de euros. Cuando consiguieron el objetivo, la cerraron. Y ese es otro escalón más para argumentar que en Sevilla se ensayó una operación de cacería política que se ha ido extendiendo en este país y que ya está en marcha, hoy y meses atrás, contra el Gobierno de coalición en España. Fuimos un laboratorio de ese tipo de operaciones.

Creo que son momentos históricos que exigen acuerdos sí o sí de las fuerzas de izquierda. Lo que está sucediendo en nuestro país, que comenzó en Sevilla como ensayo y está sucediendo en este país en este momento, es de una enorme gravedad

Por cerrar el círculo, ¿volvería usted a la política como le piden ahora por la calle?

Quedaron cosas por hacer, pero que las hagan los que vienen detrás. Yo no he dejado de militar ni un solo día en esta clandestinidad segunda que he tenido, y sigo influyendo en política, y tengo mis resortes de intervención. No es conocido porque estaba en la clandestinidad, pero quien ha puesto en marcha las redes de activistas de Izquierda Unida he sido yo. Pero creo que segundas partes no fueron buenas. Yo racionalizo, desde el punto de vista del materialismo y la dialéctica racional, las batallas se ganan y se pierden y esta la ganaron los malos. Esto puede parecer un derrotismo, pero en ningún caso, simplemente es el análisis correcto y asumo que ganaron ellos en esta pelea.

Voy a ayudar a mi fuerza política, a la izquierda. Creo que son momentos históricos que exigen acuerdos sí o sí de las fuerzas de izquierda. Lo que está sucediendo en nuestro país, que comenzó en Sevilla como ensayo y está sucediendo en este país en este momento, es de una enorme gravedad. Y no está en cuestión si una ley es más avanzada o menos avanzada, o si el salario mínimo tiene que tener un duro más o un duro menos. Lo que está en cuestión es la democracia, las libertades, aunque parezca apocalíptico, pero en este país poca gente se da cuenta de ello.

Y por eso voy a seguir trabajando para defender un discurso integrador, de síntesis, de encuentro, de concurso y de consenso de las fuerzas transformadoras. Voy a seguir haciendo política, y de hecho no lo he dejado de hacerla en este tiempo, pero no voy a volver a la política institucional. Creo que segundas partes no fueron buenas. Creo que la gente de mi organización lo va a hacer bien, y ojalá se llegue a un acuerdo político unitario de la izquierda transformadora. Yo he sido derrotado en esta pelea, pero no vencido. Puede parecer igual, pero no es idéntico, y voy a seguir dando la pelea, que no quepa la menor duda. No es una amenaza, ni una chulería, sino la constatación en una entrevista de mi compromiso ideológico y político que viene desde que tengo 18 años.

Para muchos la Justicia es un sentimiento más que un vericueto de leyes y jurisprudencia tramposa. Y como todo sentimiento, fácil de manipular por las emociones. Hay un caso paradigmático de esto que digo: el de Dolores Vázquez, condenada por el asesinato en 1999 de Rocío Wanninkhof, crimen que no cometió, pero que nadie, ni familiares de la víctima, ni policías, ni fiscales, ni jueces, ni jurado popular dudó en creer que, pese a la falta de pruebas, sí la mató, sostenida su culpabilidad por el clamor mediático y el carácter “frío y calculador” de la acusada. Parece un desvarío, pero así fue. Un año y siete meses estuvo Dolores Vázquez en la cárcel hasta que otro crimen, el de Sonia Carabantes, dio con el asesino de ambas niñas, el británico Tony King. La Justicia llegó a hacer justicia, pero el sufrimiento de Dolores Vázquez es indeleble y cabe la posibilidad de que Sonia hoy estuviera viva. ¿Quién responde y paga por los errores de la Justicia?

Esa misma pregunta se la han debido hacer en los últimos días los exconcejales de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, después de que tras ocho años de pena de banquillo por el caso de mordidas de Fitonovo, por la adjudicación de once campos de césped artificial, la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que les juzgaba les instara a levantarse del banquillo después de que el fiscal retirase la acusación. Pese a lo sostenido por la instrucción judicial durante años, los exediles no habían participado en la licitación. Después de ocho años de calvario, de renuncia a la vida política, personal y los ahorros, ¿todo se queda en un “ya no son ustedes acusados, pueden abandonar la sala?”, se pregunta José Manuel en una entrevista con elDiario.es. El absurdo elevado al absurdo por respuesta. De esto es de lo que deberían preocuparse los apoltronados en el Poder Judicial y Constitucional, pero no.

El mismo José Manuel García considera que lo de Antonio Rodrigo Torrijos es peor. Para el exdirigente de IU de Sevilla era el cuarto proceso judicial al que se enfrentaba y del que salía absuelto o sin acusación. Trece años estuvo penando con el sambenito de corrupto el edil que contribuyó, junto al alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, a la dotación de viviendas sociales, servicios públicos y la modernización de Sevilla. Esta ciudad siempre le recordará como el edil pionero en los carriles bici que luego copiaron otras urbes.

Hijo de la primera alcaldesa de España, Amalia Torrijos (en la República, en 1933), el exdirigente de IU sufrió un varapalo cuando a 16 días de las elecciones municipales de 2011, justo al comienzo de la campaña, la jueza Mercedes Alaya (la del caso de los ERE) dicta un auto de imputación en su contra por el caso Mercasevilla. Torrijos era candidato a la Alcaldía por IU; y por el PP, el juez en excedencia Juan Ignacio Zoido, que gana por mayoría absoluta. Cuatro años después, la misma jueza también dicta auto de imputación por el caso Fitonovo contra José Manuel García, entonces candidato él a la Alcaldía por IU, en víspera a su vez de las municipales. Juan Espadas, ahora líder del PSOE andaluz, se hace con la Alcaldía en minoría, pero IU ya no tiene la fuerza y representatividad que en el periodo que cogobernó con los socialistas la capital andaluza.

Las investigaciones judiciales contra Torrijos, de las que de todas ellas ha sido absuelto, fueron un instrumento político despiadado en manos del PP en Andalucía

El caso del comunista Antonio Rodrigo Torrijos de hace una década podría entenderse como un precedente de persecución política a través de la Justicia contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Unidas Podemos; así lo ven algunos izquierdistas. Las investigaciones judiciales contra Torrijos, de las que de todas ellas ha sido absuelto, fueron un instrumento político despiadado en manos del PP en Andalucía. Este partido aireó sin escrúpulos una fotografía manipulada, la de Torrijos y un directivo de Mercasevilla ante una mariscada en la feria del pescado de Bruselas (había otras personas en la comida cuyas imágenes fueron pixeladas) como escándalo de corrupción. Aquella foto, junto a las acusaciones judiciales, sirvieron de munición para hundir el honor y la carrera política de Torrijos de una forma vergonzosa. “¿Dónde está escrito que un comunista no pueda comerse una mariscada?”, pregunta Torrijos con toda lógica en Diario de Sevilla.

La imagen maldita de la mariscada suplantó durante mucho tiempo a la del concejal verde del carril bici, que podría ser la intención de los adversarios políticos. Las sucesivas investigaciones judiciales sin sentido, como luego ha quedado acreditado, alimentaron el monstruo de la persecución hasta dejar en la cuneta, sin futuro político y en el paro, a Torrijos. La justicia como un cúmulo de emociones fáciles de manipular, insisto. No ha sido el único caso. La instrumentalización de la justicia o investigaciones policiales como arma arrojadiza contra el adversario es un vicio oculto de la política en España. Todos los partidos han jugado a ello, pero ninguno con tanto éxito como el PP. Y no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción. Esta se persigue con mejores medios y profesionales para que un proceso no dure ocho años y dé pie a que pueda ser munición de los partidos para la destrucción de sus adversarios.

Ante casos como el de Torrijos y otros tirados a la cuneta política, el sentimiento final, que es el que cuenta, es el de que la Justicia también puede ser injusta y solo cabe, como en Matar a un ruiseñor, “llorar por el infierno puro y simple en que unas personas hunden a otras, sin detenerse a pensarlo tan solo”.

El pasado miércoles, la Fiscalía retiraba su acusación contra José Manuel García, que con IU fue concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla entre 2007 y 2014 en el Gobierno municipal de coalición con el PSOE. Se ha juzgado en la Audiencia Nacional un presunto amaño de contratos municipales adjudicados a la empresa Fitonovo que está a la espera de fallo. En la sentencia, tanto él como Antonio Rodrigo Torrijos, también exconcejal y exportavoz de IU como él, no aparecerán ni como absueltos porque ya no están acusados. Un “escándalo” desde el punto de vista jurídico, según sus abogados, y también para ellos desde el punto de vista “personal y político” por todo lo vivido.

Sin ánimo de revancha pero con ganas de hablar, García, de 68 años, ha estado investigado desde noviembre de 2014 en esta causa y fue interrogado en la Audiencia Nacional el pasado 18 de octubre. Después de ocho años, la acusación a la que se ha enfrentado durante este tiempo ha quedado en nada. Torrijos ya sabe lo que es, en este caso, como absuelto tras sendos juicios, ya que es la tercera vez que le ocurre algo similar, siempre con la misma jueza instructora. García dimitió de todos sus cargos al ser imputado “para no perjudicar” a su organización, y ahora echa un poco la vista atrás, y adelante para disfrutar de sus nietos, mientras atiende a elDiario.es Andalucía en la sede local de IU.

¿Se siente usted liberado?

Claro. Es que yo nunca había estado delante de un tribunal en mi vida, ni siquiera como testigo. Verse como acusado, considerando que yo no he cometido ningún tipo de delito ni siquiera irregularidad, sabiendo que eres una persona inocente, y de pronto estar acusado de corrupción por cinco delitos muy graves que implicaban muchos años de cárcel en la acusación inicial de Alaya, que te pidan 620.000 euros de fianza, que yo no sabía de dónde podía sacar ese dinero, es algo muy grave. De ser una persona medianamente reconocida como eficaz en mi trabajo como concejal, pasé de pronto a ser públicamente un corrupto.

¿Por qué cree que acabó imputado en esta causa?

Por un lado, evidentemente, hubo una campaña de sectores económicos y financieros muy importantes para desalojar a Izquierda Unida del Gobierno municipal, porque le estábamos haciendo daño a sus enormes negocios y porque habíamos impulsado y realizado políticas de transformación en la ciudad a favor de la mayoría de la gente y de los barrios. Por ejemplo, en Sevilla, durante los ochos años del mandato municipal de Izquierda Unida, entre 2003 y 2011 en coalición con el PSOE, se construyeron más de 7.000 viviendas protegidas a un precio tasado. Ahí le quitamos mucho negocio a las grandes constructoras. Esos sectores que le digo, esos que mandan mucho pero que no se presentan a las elecciones, vieron perjudicados sus privilegios y sus enormes negocios, e iniciaron una campaña de acoso y derribo contra Izquierda Unida con un doble objetivo: echar a Izquierda Unida del Gobierno municipal y llevar al PP y a Zoido a la alcaldía de Sevilla. Para esa campaña contra Izquierda Unida utilizaron todo tipo de instrumentos e importantes recursos, mentiras y difamaciones contra los concejales y dirigentes locales de Izquierda Unida, campañas de desinformación y manipulación, etc.

En qué condiciones afronta a IU la campaña, con el candidato a la alcaldía imputado 16 días antes de las elecciones, con una campaña fortísima de algunos medios, de la órbita de la derecha política y mediática sevillana

¿Y en ese tiempo coincidieron las imputaciones?

En 2011, cuando el candidato de Izquierda Unida, el compañero Torrijos, es imputado por el caso Mercasevilla el día anterior al inicio de la campaña, imagínese usted en qué condiciones afronta Izquierda Unida la campaña, con el candidato a la alcaldía imputado 16 días antes de las elecciones, con una campaña fortísima de algunos medios, de la órbita de la derecha política y mediática sevillana contra nuestro candidato y contra IU. Cuatro años después, con Zoido gobernando la ciudad desde ese 2011, afrontamos las elecciones de 2015 conmigo imputado cinco días antes de ser proclamado candidato a la alcaldía por Izquierda Unida.

¿Cree que hubo una campaña específica contra IU?

La campaña contra Izquierda Unida fue atroz. Destrozaron a la organización, nos cortaron la cabeza a los candidatos, a los dirigentes de Izquierda Unida, y consiguieron su objetivo. Aquellas elecciones de 2015 las ganó el PSOE con Espadas, pero se impidió que IU tuviera buenos resultados y pudiera volver a formar coalición con el PSOE. La campaña consiguió su objetivo de echar a Izquierda Unida del Gobierno municipal y de llevar al PP y a Zoido a la alcaldía de Sevilla. Y lo que es peor, se desarticularon todas las políticas de progreso que habíamos hecho. Durante los cuatro años de mandato del PP con Zoido no se construyó ni una sola vivienda pública municipal. Ni una sola. Se privatizaron los servicios municipales, y todas las políticas públicas a favor de la mayoría de la gente en Sevilla fueron desarticuladas en cuatro años por el PP. En el caso Mercasevilla, por cierto, años después, una sentencia clarificadora y rotunda absolvió de cualquier culpa a Antonio Rodrigo Toriijos.

Y en lo que respecta al caso Fitonovo, ¿qué pasó con ustedes?

Hubo una investigación que dirigía la jueza Alaya sobre presuntas dádivas y entregas de dinero de la empresa Fitonovo, y al final resultó implicada mucha gente, y también nos implican a Torrijos y a mí, en mi opinión sin ninguna prueba y sin ningún indicio. Yo vengo diciendo eso desde hace ocho años, pero es que el fiscal de la Audiencia Nacional, cuando retira la acusación en el inicio de su informe de conclusiones este pasado miércoles, dice literalmente que no hay ni pruebas ni ningún indicio sobre que nosotros hayamos tenido ningún tipo de actuación delictiva, ni siquiera irregularidades administrativas. Eso que ha dicho el fiscal lo dije yo hace años. Hace ocho años le expliqué a Alaya que me estaba acusando sin pruebas como ahora ha dicho el fiscal.

¿Qué le explicó exactamente a la jueza cuando le tomó declaración como investigado en noviembre de 2014?

Yo no conozco el mundo judicial, pero me sorprendió mucho porque yo expliqué en mi declaración que la acusación se basaba fundamentalmente en la adjudicación de 11 campos de césped artificial a la empresa Fitonovo. Expliqué con claridad que la obra de los famosos 11 campos estaba en el marco del llamado Plan 8000 del Gobierno Zapatero y que su adjudicación la realizó conforme a lo regulado en la norma estatal de este plan: una mesa de contratación única del Ayuntamiento, formada exclusivamente por altos funcionarios de la corporación municipal y por tanto, ni el Instituto Municipal de Deportes (IMD) que dirigía, ni yo como concejal de Deportes, ni Antonio Torrijos, primer teniente de alcalde, habíamos tenido ninguna intervención ni directa o indirecta en dicha adjudicación y que eso era fácilmente comprobable simplemente revisando cualquiera de los expedientes de los 11 campos, donde constaba claramente quiénes formaban la mesa de contratación del Ayuntamiento. Al parecer no lo hizo, mantuvo las imputaciones, en las que nos acusaba de cinco delitos graves, que implicaban muchos años de cárcel, y nos pidió 620.000 euros de fianza a cada uno. Simplemente abriendo un papel y mirando en uno de los 11 expedientes para ver quiénes formaban la mesa de contratación, se hubiera resuelto todo y se hubiera archivado hace ocho años. La jueza no lo consideró y siguió con el relato para adelante.

La Fiscalía retiró la acusación contra nosotros de forma firme y contundente, dejando muy claro que ninguno de los dos habíamos tenido nada que ver en la adjudicación de los 11 campos sobre los que se basaba la acusación

¿Qué relato?

El relato judicial de Alaya, en un cuando menos sorprendente copia y pega, siguió avanzando hasta llegar a la Audiencia Nacional por estar imputados en el caso Fitonovo personas de varias provincias. Bien es verdad que el caso se fue desinflando en el procedimiento judicial y los cinco delitos y los 620.000 euros de Alaya, la Fiscalía de la Audiencia Nacional los redujo en una acusación de cohecho y cuatro años de cárcel. Y en relación a la fianza, 8.000 euros. El proceso judicial ha durado 2.931 días, algo más de ocho años, y ha finalizado en el juicio en la Audiencia Nacional del 24 de octubre al 1 de noviembre pasado. En las numerosas sesiones del juicio, con muchos testigos de las distintas partes, no se ha presentado ni una sola prueba ni indicios de que tanto Torrijos como yo mismo hubiésemos cometido algún tipo de delito, insisto. La Fiscalía retiró la acusación contra nosotros de forma firme y contundente, dejando muy claro que ninguno de los dos habíamos tenido nada que ver en la adjudicación de los 11 campos sobre los que se basaba la acusación y que esto se ha podido comprobar en la revisión de los expedientes de los 11 campos. Eso fue lo que yo le expliqué a Alaya hace ocho años, así como en los testimonios de los numerosos testigos que han declarado en el juicio. 

Volvamos al principio. Han pasado ocho años ya, pero ¿cómo fue aquella declaración judicial? ¿Qué le dijo la jueza? ¿Qué le dijo ella a usted? 

La declaración ante Alaya para mí fue sorprendente en sentido negativo. Yo nunca había declarado ante un juez y mucho menos como imputado. Mi abogado me dijo que lo normal de los imputados era que no declaraban en su declaración inicial puesto que no se conocía el sumario ni las acusaciones, y que era lo habitual en el 95% de los casos. Yo le dije a mi abogado que yo no tenía nada que ocultar y que, por lo tanto, por qué no iba a declarar. Me sorprendió la actitud de la jueza Alaya, primero por un detalle curioso. Yo soy una persona muy puntual. La cita era a las 10.00, yo llegué a las 9.45 y ella llegó una hora y 40 minutos más tarde. No sé si eso es normal, pero a mí me sorprendió que un funcionario público tuviera una hora y 40 minutos esperando a un ciudadano. 

Ya eso me extrañó, pero después la actitud de la jueza Alaya fue una actitud muy fría, muy distante, muy dura. La voy a calificar de dura, no la voy a calificar como quizá me gustaría calificarla. Fue un interrogatorio duro, donde yo le expliqué claramente que la supuesta prueba sobre lo que se basaba la acusación, es decir, la adjudicación de los 11 campos, no tenía ninguna base, puesto que yo no había participado ni de forma directa ni indirecta en ese tema. Y eso consta en mi declaración, aunque es verdad que consta de forma muy parcial o muy curiosa.

Tuve que decirle a mi abogado que yo no firmaba ese acta mientras no pusiera determinadas cosas importante que yo había dicho

¿A qué se refiere?

Pues otra sorpresa fue que el funcionario que recogía mi declaración no lo hacía directamente, es decir, la jueza preguntaba, yo respondía y el funcionario no recogía mi respuesta sino que esperaba a que la jueza dijera cuál era mi respuesta, lo que debía recoger de lo que yo había respondido. La verdad es que me quedé absolutamente sorprendido de eso. Después mi abogado me dijo que eso ocurre en algunos casos. Hasta tal punto que, una vez terminada mi declaración y levantada el acta, tuve que decirle a mi abogado que yo no firmaba ese acta mientras no pusiera determinadas cosas importante que yo había dicho. Y la jueza tuvo que rectificar, efectivamente, y finalmente se recogieron algunas de las cosas que yo había dicho. Otras cosas que consideraba importantes no se recogieron en mi declaración.

¿Le pudo trasladar cómo se había producido esa licitación y adjudicación por la que ha venido siendo acusado?

Sí, eso sí, pude explicarle cómo se había producido la licitación y adjudicación de los 11 campos, que era en el marco de un fondo estatal de inversión local, a través de una norma publicada, elaborada y publicada por el Gobierno central, donde se fijaban claramente cómo se tenía que producir la licitación, cuáles eran los pliegos de cláusulas administrativas, cuáles eran los criterios de adjudicación y cuál era la mesa de contratación que tenía que adjudicar esos campos. Le expliqué que, simplemente, acudiendo a la norma estatal y acudiendo a los expedientes de los 11 campos, claramente se podía ver de forma muy directa que yo no había tenido nada que ver con con esa licitación ni con esa adjudicación. Y es más, creo recordar que le dije a la jueza que se había producido un hecho muy curioso, y es que en ese mandato municipal, en 2009 y 2010, el IMD bajo mi dirección licita y adjudica otros nueve campos más de césped artificial, ninguno de ellos adjudicados a Fitonovo, sino a cuatro o cinco empresas distintas, y dejé constancia de ello. Sinceramente, salí de la declaración ante la jueza Alaya pensando que se iba a archivar el caso porque estaba claramente que no había ninguna base, ninguna prueba, ningún indicio. Mi sorpresa, y la de mi abogado, fue que continuara adelante el procedimiento y la imputación.

¿Todo se queda en un "ya no son ustedes acusados, pueden abandonar la sala", como dijo la presidenta del tribunal. ¿Ahí se queda todo? Hemos sufrido unos años muy duros. Antonio, 13 años y yo ocho. Un calvario personal, político, mediático y económico

¿Qué piensa de todo esto después de lo que ha pasado?

Pues pienso justamente eso, ¿y ahora qué? ¿Todo se queda en un “ya no son ustedes acusados, pueden abandonar la sala”, como dijo la presidenta del tribunal. ¿Ahí se queda todo? Hemos sufrido unos años muy duros. Antonio, 13 años y yo ocho. Un calvario personal, político, mediático y económico. En mi caso, ocho años en lo que pasé de ser concejal y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla al paro, por cierto, sin derecho a prestaciones, ya que mi renuncia al cargo público fue voluntaria. Pasé de la dirección de Izquierda Unida y de candidato a la Alcaldía a dar un paso al lado para no perjudicar a mi organización. Pasé de ser una persona reconocida y valorada al desprestigio social provocado por campañas indignas. Y pasé también de tener un puesto de trabajo al paro, teniendo que hacer frente a importantísimos gastos que suponen un proceso penal de ocho años. Esto no puede quedar así, y no debe quedar así. El reconocimiento y la reparación personal y social es muy importante, pero debe haber algo más. Debe haber justicia. Mi abogado, José María Núñez y su despacho, están estudiando la posibilidad de iniciar acciones penales contra Alaya, por si alguna de sus actuaciones pudiera ser constitutivas de delitos, entre otros, prevaricación. Sólo exijo lo que vengo exigiendo desde hace ocho años: Justicia.

¿Existe algún ánimo de revancha después de todo lo vivido?

Cuando la Fiscalía en Madrid retiró la acusación, Antonio Rodrigo Torrijos y yo nos quedamos en shock. Cuando pasaron unas horas estábamos en una cafetería esperando a los abogados y demás, y ambos tuvimos una conversación muy larga y estábamos, bueno... Hablamos del calvario que habíamos pasado, de qué podíamos hacer ahora, etc. y en ningún momento de esa conversación de más de tres horas salió la palabra “revancha” u “odio”. Ni siquiera molestia respecto a nadie. Lo único que sí consideramos, y yo consideré, y por eso le he dicho a mi abogado y a su despacho que inicie los estudios para posible acciones, era que esto no se podía quedar así. Es decir, un ciudadano que se supone que es honesto, que se supone que es inocente, es imputado por una jueza, pasa un calvario de ocho años, se ve en la Audiencia Nacional, y habiendo soportado durante ocho años unos gastos importantísimos, porque yo no sabía los gastos tan enormes que conlleva un procedimiento penal y los honorarios profesionales de los abogados que cobran lo que tienen que cobrar, evidentemente. Después de ese proceso, esto no se puede quedar en nada. Fundamentalmente no por por mí, sino por otras personas. Si conmigo se ha hecho esto, se puede haber hecho con otras personas, o en el futuro se pueda seguir haciendo con otras personas. Por defensa de la justicia, no ya por defensa de mi honestidad o de mi inocencia, que ya ha quedado demostrada con la retirada de los cargos en la Audiencia Nacional, sino simplemente por defensa de la dignidad de la justicia española y por defensa de que ningún otro ciudadano se pueda ver en esta situación por la actuación de ningún juez, de ninguna jueza. Por un mínimo de dignidad democrática me considero en la obligación de no irme a mi casa y esto se acabó. Nada de revancha, en absoluto. El único criterio es el de justicia.

La Fiscalía ha retirado su acusación contra los exportavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, el primero de ellos exprimer teniente de alcalde y el segundo otrora concejal de Juventud y Deportes en el marco del juicio celebrado por la Audiencia Nacional por las supuestas comisiones ilegales que habrían mediado en los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Sevilla a la empresa Fitonovo.

En un escrito elevado a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, recogido por Europa Press, la Fiscalía modifica su escrito inicial de acusación respecto a esta pieza de la macrocausa de Fitonovo, en cuyo auto de apertura de juicio oral figura que el exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos, José Manuel García como portavoz municipal de IU y edil de Deportes y el que fuese asesor municipal de dicho partido Antonio Miguel Ruiz Carmona “recibieron 155.000 euros de Fitonovo para IU a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron, significativamente en relación con los expedientes relativos a once campos de fútbol”.

Después de que Antonio Miguel Ruiz Carmona reconociese en el juicio los hechos atribuidos, merced a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que dado el caso rebajaba la petición de pena para él a sólo seis meses de cárcel y multas inferiores a las iniciales; Rodrigo Torrijos prestaba declaración como acusado exponiendo que “ninguna” de las delegaciones municipales bajo su mando había “suscrito o adjudicado” contrato alguno con Fitonovo.

Además, señalaba que “en ningún caso” le consta que Fitonovo entregara dos partidas de 70.000 y 85.000 euros para financiar la campaña electoral de IU y que no recuerda “haber despachado” con Antonio Miguel Ruiz Carmona.

“NO CONSTA” QUE TORRIJOS Y GARCÍA CONOCIESEN LOS PAGOS

En ese sentido, la Fiscalía indica en el citado escrito de fecha 29 de noviembre que “no consta” que Torrijos y José Manuel García “conocieran la entrega de dinero realizada por los responsables de Fitonovo” al acusado Antonio Miguel Ruiz Carmona, quien de su lado ha reconocido los hechos atribuidos; “para la formación IU” a la que todos ellos pertenecían, “ni que participaran o consintieran esos pagos como retribución a su intervención en las actividades de las que eran responsables en el Ayuntamiento” hispalense.

“Los expedientes relativos a la adjudicación a Fitonovo para la instalación de césped artificial en campos de fútbol de Sevilla no fueron adjudicados por el Instituto Municipal de Deportes (encuadrado en el área de gobierno de García), sino por un procedimiento tramitado por la mesa de contratación, adjudicados por la junta de gobierno del Ayuntamiento y firmados por el director general de Hacienda, Patrimonio y Contratación” del Consistorio, agrega el nuevo escrito del Ministerio Público.

Así, la Fiscalía declara que “se retira la acusación” con relación a los acusados José Manuel García y Antonio Rodrigo Torrijos, a quienes inicialmente atribuía un presunto delito continuado de prevaricación más otro delito continuado de cohecho.

En cuanto al exconcejal del PP y ex director general de Medio Ambiente del Consistorio Joaquín Peña, quien durante el juicio negaba que tratase como “favorita” a una empresa cuyo comercial era un “amigo” suyo también miembro del PP, asegurando que pagó “hasta el último euro” de un coche que compró y que según la investigación inicial habría abonado parcialmente la sociedad Fitonovo; la Fiscalía modifica su acusación en el sentido de atribuirle un único presunto delito continuado de tráfico de influencias, con lo que retira los cinco delitos continuados de cohecho activo que le achacaba inicialmente.

Según la Fiscalía, Peña pagó el citado vehículo “con sus propios fondos” y no consta que recibiese comisiones o dádivas de Fitonovo o que “hiciese gestiones” en favor de dicha empresa “pese a las presiones y solicitudes de los representantes de Albaba S.L., en la que trabajaba como comercial un amigo suyo, según dijo él mismo.

La Fiscalía sí mantiene su “relato” inicial respecto a Peña con relación a cuatro contratos adjudicados a Albaba S.L., reclamando para él 20 meses de prisión, una multa por valor del 150 por ciento del importe de los contratos y cinco años de inhabilitación especial.

PETICIÓN DE CONDENA PARA EL PSOE E IU

En el auto de apertura de juicio oral, recordémoslo, el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional atribuía la condición de partícipes a título lucrativo al PSOE y a IU, por beneficiarse supuestamente de 159.839,36 y 155.000 euros, respectivamente, ya que ambas formaciones políticas, con las maniobras de los acusados, “consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron (PSOE) o percibieron directamente distintas cantidades (ambas organizaciones)”, según el juzgado.

En ese sentido, en este nuevo escrito, la Fiscalía pide “condenar como partícipes a título lucrativo” al PSOE “por la cantidad pagada por las obras de reforma de la sede de la agrupación socialista de La Macarena que pagó Fitonovo, ascendiendo a 9.9998 euros”; y a IU en 155.000 euros.

Recordemos que en ese contexto en el que según el juzgado instructor el PSOE se habría beneficiado de dinero de la trama de comisiones ilegales y dádivas promovida por Fitonovo, así como de bienes y servicios proporcionadas por distintas empresas relacionadas con dicha entidad, al comienzo del juicio, en la fase de cuestiones previas, el fiscal del caso anunciaba una serie de acuerdos de conformidad alcanzados con las representaciones de varios acusados, entre ellos el exasesor municipal socialista Domingo Enrique Castaño y el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo.

Tales acusados comparecieron para reconocer los hechos recogidos en el acuerdo de conformidad alcanzado con el fiscal, cohecho y tráfico de influencias, según cada caso; asumiendo su “responsabilidad” y aceptando peticiones de condena más rebajadas.

Cobraba especial interés la comparecencia de Manuel Gómez Lobo, que reconocía que junto con Domingo Enrique Castaño recibió una partida de 30.000 euros por parte de Fitonovo, un dinero que “entró” en las arcas del PSOE porque ambos lo entregaron al mismo, según decía asegurando después, por contra, que no entregaron cantidad alguna. “Tengo 80 años. Hace 19 años de eso, no lo puedo recordar todo”, se encogía de hombros, toda vez que el PSOE ha negado que tales afirmaciones sean ciertas.

El ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla entre 2003 y 2011, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), ha asegurado que no tuvo “ninguna relación” con Fitonovo y ha negado tener conciencia de que su formación política pudiese haber recibido de esta empresa a cambio de beneficiarse de contratos. “En ningún caso”, ha señalado al respecto, durante su declaración en la Audiencia Nacional en el juicio en el que se investiga si Fitonovo pagó comisiones ilegales a trabajadores municipales a cambio de la adjudicación de contratos por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

Rodrigo Torrijos ha declarado como acusado y ha asegurado también que no recuerda “haber despachado” con Antonio Miguel Ruiz Carmona, por entonces asesor municipal de IU y que en la sesión del lunes reconoció los hechos atribuidos tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, merced al cual ha reducido la petición de pena contra él a seis meses de cárcel y también ha rebajado la cuantía de las multas exigidas. En este sentido, el exconcejal ha reiterado que no le consta que Carmona hubiese pedido o recibido dinero para IU, porque en tal caso habría propuesto “su cese” inmediato.

Según el auto de apertura de juicio oral de esta pieza de la macro causa, Antonio Rodrigo Torrijos, José Manuel García (ex portavoz municipal de IU y edil de Deportes del Ayuntamiento hispalense) y Antonio Miguel Ruiz Carmona “recibieron 155.000 euros de Fitonovo para IU a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron”. El concreto, se apunta “significativamente” a los expedientes relacionados con 11 campos de fútbol.

Funciones “muy reducidas”

Rodrigo Torrijos, en respuesta a preguntas del fiscal y de su abogada defensora, ha apuntado que Ruiz Carmona trabajaba en el distrito Sur, un distrito bajo su responsabilidad, pero sus funciones eran “muy reducidas” y se limitaban a “vigilar” la ejecución de obras de pequeña envergadura, dando cuenta de ello al director del distrito o al subdirector del mismo. “No recuerdo haber despachado con él”, ha asegurado, negando que le constase que se le encomendase “solicitar recursos” económicos para IU.

Preguntado sobre si le consta que Fitonovo entregara dos partidas de 70.000 y 85.000 euros para financiar la campaña de IU, el que fuera candidato de dicha fuerza a la Alcaldía de Sevilla ha asegurado que “en ningún caso” le consta tal extremo. “En ningún caso, no me consta”, ha insistido, defendiendo que IU nunca contó con “grandes recursos” para las campañas electorales y recurría más “al trabajo militante que al gasto económico”.

Del mismo modo, ha negado constancia alguna de que Ruiz Carmona estuviese autorizado por IU para recabar fondos para la “organización”. Tampoco le consta, según ha defendido, que su partido contase con dinero entregado en forma de donación ni que IU autorizase a alguien de la organización para solicitar fondos a Fitonovo, una empresa a la que por aquel entonces no conocía, según ha dicho. Es más, ha asegurado que “ninguna” de las delegaciones municipales bajo su mando ha “suscrito o adjudicado” contrato alguno con Fitonovo.

Mesa de contratación con funcionarios

Antonio Rodrigo Torrijos ha defendido además que no tuvo “ninguna intervención” en la adjudicación de los contratos relativos a la instalación de 11 campos de fútbol de césped artificial, señalando al igual que José Manuel García que al tratarse de inversiones financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) del Gobierno central, estos expedientes de licitación fueron tramitados a través de una “mesa única de contratación con funcionarios muy cualificados”, como el secretario general y el interventor general del Ayuntamiento, órgano que “determinaba las adjudicaciones”.

Estos expedientes de contratación, así, “no pasaron” por la Primera Tenencia de Alcaldía que él ostentaba, meramente porque “no tenían por qué pasar” por dicha instancia. Firmemente, ha asegurado que “en ningún caso” le “consta” que se hiciesen entregas de dinero a Ruiz Carmona por la adjudicación de estos contratos.

Sin “potestad” para intervenir

Del mismo modo, ha asegurado que no tuvo “ninguna intervención” en otras de las contrataciones investigadas, como la instalación de aparatos de gimnasia para personas mayores en el paseo de Juan Carlos I u obras en los centros deportivos Ifni y Tiro de Línea. “No tenía potestad alguna para intervenir”, ha insistido.

Así, ha asegurado que él no tuvo “ninguna relación” con Fitonovo y que “en absoluto” solicitó dinero a dicha empresa para IU, agregando que no conocía al empresario creador de Fitonovo y primer presidente de la entidad, Rafael González Palomo, ni al adjunto a la dirección de Fitonovo Ángel Manuel Macedo Gajete. Aunque ha declarado que habría podido “coincidir” en algún acto institucional con el hijo del primero y también responsable de la empresa, José Antonio González Baró, ha insistido en que no podría reconocer a esa persona a día de hoy.

El exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Manuel Gómez Lobo ha reconocido que, junto con Domingo Enrique Castaño, exasesor socialista, recibió una partida de 30.000 euros por parte de la empresa Fitonovo que “entró” en las arcas del PSOE porque ambos lo entregaron. Después ha asegurado, por contra, que no entregaron cantidad alguna: “Tengo 80 años. Hace 19 años de eso, no lo puedo recordar”. Gómez Lobo ha asumido nueve meses de prisión, más una multa e inhabilitación especial, en virtud de un acuerdo de conformidad previo al juicio. Una decena de personas ha reconocido los hechos de los que vienen siendo acusados.

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes, según lo previsto, el juicio derivado de la investigación de las supuestas comisiones ilegales que habrían mediado en los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Sevilla a la empresa Fitonovo, causa en la que figuran como acusados los exportavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, el exconcejal del PP Joaquín Peña, el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo, el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño y funcionarios municipales como el ya exjefe del servicio municipal de Parques y Jardines Francisco Amores.

En febrero de 2019, el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación de los contratos adjudicados a Fitonovo por el presunto reparto de comisiones por parte de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales; acordó abrir juicio en esta pieza separada de la macro causa contra el mencionado funcionario municipal Francisco Amores; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa Francisco Luis Huertas; el capataz del servicio de Parques y Jardines Manuel Pineda Cabanilla; el exconcejal del PP Joaquín Peña; los exportavoces municipales de IU José Manuel García y Antonio Rodrigo Torrijos, este último otrora primer teniente de alcalde; el antiguo asesor de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona; y los empresarios o representantes de empresas José Gutiérrez Alonso, Alfonso Lozano, Juan Antonio Salas y Juan José López Collado.

En el auto de apertura de juicio oral, atribuía un presunto delito continuado de prevaricación más otro delito continuado de cohecho a los tres citados miembros de IU, cinco delitos continuados de cohecho activo cometido por funcionario a Amores, Castaño, Gómez Lobo, Peña y Huertas, un solo delito de esta misma naturaleza a Pineda Cabanilla, dos delitos de cohecho activo cometido por particular a Gutiérrez Alonso y López Collado; cinco delitos de tráfico de influencias cometido por funcionario a Amores, Castaño, Gómez Lobo, Peña y Huertas, y dos delitos de tráfico de influencias cometido por un particular a los empresarios Lozano Pastrana y Juan Antonio Salas Romero.

El instructor atribuía la condición de partícipes a título lucrativo al PSOE y a IU, por beneficiarse supuestamente de 159.839,36 y 155.000 euros, respectivamente, ya que ambas formaciones políticas, con las maniobras de los imputados, “consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron (PSOE) o percibieron directamente distintas cantidades (ambas organizaciones)”.

Acuerdos de conformidad

Al comienzo del juicio, en la fase de cuestiones previas, el fiscal del caso ha anunciado una serie de acuerdos de conformidad alcanzados con las representaciones de los acusados Francisco Amores, Domingo Enrique Castaño, Manuel Gómez Lobo, Francisco Luis Huertas, Antonio Ruiz Carmona, Manuel Pineda Cabanilla, Alfonso Lozano, Juan Antonio Salas, Juan José López Collado y José Gutiérrez Alonso, retirando la acusación en este último caso y apreciando respecto a los demás las atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y de reparación del daño e incluyendo la suspensión de las condenas.

Ello, según el fiscal, “en aras a evitar que la solución” del caso derivase en recursos de casación y que la Justicia “responda más de 20 años después de los hechos”.

Así, todos estos acusados han comparecido para reconocer los hechos recogidos en el acuerdo de conformidad alcanzado con el fiscal, cohecho y tráfico de influencias, según cada caso; asumiendo su “responsabilidad” y aceptando las condenas, con lo que por ejemplo Amores, Huertas y Gómez Lobo han asumido nueve meses de prisión, más una multa e inhabilitación especial, o Antonio Ruiz Carmona seis meses de cárcel, si bien como ha sido señalado, el pacto implica la suspensión de tales condenas.

También en la fase de cuestiones previas, la defensa de José Manuel García ha alegado la supuesta prescripción de los hechos, argumentando que la “fecha cierta” y objetiva de los hechos es la del 13 de abril de 2009 como día de la adjudicación a Fitonovo de la instalación de césped artificial en once campos municipales de fútbol, toda vez que no fue hasta el 20 de noviembre de 2014 cuando comenzó la “acción penal” contra este exedil de IU, en un contexto en el que en abril de ese año habría “transcurrido ya el plazo de cinco años” de prescripción del delito de cohecho.

Además, ha solicitado incorporar certificados de que García “nunca ha ostentado responsabilidad de financiación” en IU ni tenía “firma autorizada” en las cuentas del partido, salvo en el caso del Grupo municipal, en el que no obstante “no firmó” documento alguno.

La defensa de Torrijos alega prescripción

La abogada defensora de Rodrigo Torrijos ha expuesto la “inocencia” de este encartado, alegando igualmente la presunta prescripción de los supuestos hechos, considerando que “la legislación aplicable” en un presunto delito de cohecho como el sujeto a juicio implicaría “un delito menos grave que prescribiría a los tres años”, toda vez que “el último contrato” con Fitonovo investigado fue formalizado en julio de 2011 y el que fuera primer teniente de alcalde no fue citado por la Guardia Civil y la juez instructora Mercedes Alaya hasta noviembre de 2014, con lo que “el tiempo (de prescripción) se habría rebasado y la ”responsabilidad penal“ debe ser declarada como ”extinguida“.

También ha pedido incorporar certificados municipales según los cuales Antonio Rodrigo Torrijos “no fue miembro de la mesa de contratación” encargada de la adjudicación de los contratos investigados; así como documentos de IU según los cuales tampoco tenía “responsabilidad en las finanzas” del partido.

La representación de IU ha participado también en la fase de cuestiones previas, negando que la formación recibiese “cantidad alguna procedente” de Fitonovo ni tuvo “beneficio ninguno”, agregando que dado que los supuestos pagos se habrían producido en marzo de 2010 y febrero de 2011 y el partido no fue incorporado a la causa hasta 2019, los hechos también habrían prescrito con relación a la organización de izquierdas.

El fiscal del caso ha manifestado por su parte que no comparte los “criterios de prescripción” alegados por las partes ya mencionadas, avisando de que hay elementos en la investigación “posteriores a 2011” y que aunque un contrato sea adjudicado en una fecha, tiene un “desarrollo” posterior y una ejecución a lo largo del tiempo.

La presidenta del tribunal, finalmente, ha manifestado que el mismo debe “ser cauto”, con lo que ha declinado pronunciarse sobre la supuesta prescripción en esta fase de cuestiones previas, anunciando así que el asunto será resuelto en la sentencia. Y es que según ha precisado, el delito de cohecho también prevé un “recorrido penal” para la inhabilitación especial que “supera con creces el instituto de la prescripción” esgrimido durante esta sesión.

Nueve años después de aquella Operación Madeja de adjudicaciones bajo sospecha en el Ayuntamiento de Sevilla, con la jueza Mercedes Alaya investiga si el exdirector del área de Vía Pública y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño pudieron recibir dádivas por conceder contratos de mantenimiento a dos empresas, la Audiencia Nacional sienta desde este lunes en el banquillo a 13 personas, entre ellas exconcejales de PSOE, Izquierda Unida (IU) y PP acusados de tráfico de influencias y cohecho activo en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Fitonovo.

La Fiscalía pide penas a partir del año y medio de cárcel y multas como mínimo de 4.200 euros para los exconcejales Manuel Gómez (PSOE), Antonio Rodrigo (IU), José Manuel García (IU)y Joaquín Peña (PP y ex director general de Medio Ambiente). También acusa a Domingo Enrique Castaño, exasesor socialista y exdirector de Vía Pública, y a Antonio Miguel Ruiz, exasesor de Izquierda Unida.

Del mismo modo, la Audiencia Nacional va a juzgar a funcionarios municipales como Francisco Amores, que fuera jefe del servicio de Parques y Jardines; al capataz Manuel Pineda; a Francisco Luis Huertas, jefe de mantenimiento del Parque María Luisa; y a empresarios o representantes de empresas como Carlos Alfonso Lozano, Juan Antonio Salas, Juan José López y José Gutiérrez.

En su escrito de conclusiones provisionales, recogido por Europa Press, la Fiscalía señala que los socialistas Domingo Enrique Castaño y Manuel Gómez consiguieron que Fitonovo, “a cambio de las adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor hacia la empresa”, asumiera pagara al partido alrededor de 160.000 euros, entre otras cosas para unas obras en la Agrupación Local Macarena.

Respecto a IU, el Ministerio Público detalla que José Manuel García, Antonio Rodrigo y Antonio Miguel Ruiz recibieron de Fitonovo 155.000 euros --de los que 70.000 se le habrían entregado a uno de ellos en una caja de zapatos-- por numerosas adjudicaciones, como once contratos para poner césped artificial en campos de fútbol.

“Funcionarios corruptos”

La Fiscalía describe que Fitonovo creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a lograr “contratos públicos irregulares”. Mediante la estructura comercial de la empresa, armó una red de contactos con “funcionarios corruptos” que les facilitaban la contratación y estableció una “contabilidad paralela” que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar los “sobornos” a funcionarios públicos.

La continuidad de las prácticas corruptas entre 1995 y 2013, el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados “llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”, asegura.

Según la Fiscalía, Fitonovo puso en marcha una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, usó “medios ilícitos” para conseguir las contrataciones, “causando grave daño al interés público”, ya que “pervirtieron” numerosos concursos “en detrimento” de las arcas e interés públicos, causando un “grave daño socioeconómico” a las empresas que participaban de forma legal, “al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama”, señala, coincidiendo con el juez instructor José de la Mata, que en 2019 abrió juicio oral a 88 personas por las siete piezas del caso.

Una caja 'b'

El Ministerio Fiscal puntualiza que la entrega de comisiones se prolongó durante al menos quince años, por lo que acabó afectando a múltiples administraciones estatales, autonómicas y locales, e involucró en todo el país a un “elevado número de funcionarios y autoridades” de lugares como Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias.

Como el pago de comisiones a funcionarios no podía justificarse de forma lícita, añade, Fitonovo tenía una 'caja B' que se nutría de facturación falsa con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.

El juez instructor atribuyó tanto a PSOE como a IU la condición de partícipes a título lucrativo en la investigación que afecta al Ayuntamiento de Sevilla por beneficiarse de la trama corrupta.

La Sección Primera de la Audiencia Nacional ha emitido su sentencia del juicio correspondiente a la pieza principal de la macro investigación del presunto reparto de comisiones por parte de los directivos de la empresa sevillana Fitonovo a funcionarios y responsables institucionales a cambio de contratos públicos, con penas de entre casi dos años de cárcel y tres años de prisión para los principales responsables de la entidad, tras el acuerdo alcanzado entre ellos y la Fiscalía.

En su sentencia, emitida este pasado martes y recogida por Europa Press, dicha instancia judicial se pronuncia respecto al juicio comenzado a mediados de enero contra una treintena de personas, entre ellos el empresario creador de Fitonovo y primer presidente de la entidad, Rafael González Palomo, representado por el abogado Miguel Salas; su hijo y también empresario José Antonio González Baró; el adjunto a la dirección de Fitonovo, Ángel Manuel Macedo Gajete; el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye; la administradora de dicha empresa Pilar Baró Álvarez; el técnico de Fitonovo Ramón Perza o el también comercial Jesús Ávila; así como responsables de otras sociedades relacionadas con la ya mencionada.

El juicio estuvo marcado por un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas de la totalidad de las personas acusadas por el Ministerio Público, pesando además la personación en la causa de la Abogacía del Estado, de la sociedad Campusport y de la Diputación de Sevilla, en el papel de acusaciones.

Fruto de dichos acuerdos, la Fiscalía admitió las atenuantes de dilaciones indebidas, de confesión y de reparación del daño, retirando el delito de blanqueo de capitales inicialmente apreciado en su escrito de acusación al considerar que el dinero ilícitamente obtenido por la trama fue “ennegrecido” y no blanqueado.

La sentencia da cuenta de dicho acuerdo, declarando probado que Fitonovo “realizó una actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos públicos desde 1995 a 2013”, creando “una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios o empleados públicos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de dádivas a funcionarios o empleados públicos”.

Caja B

Para ello, la empresa contaba con “una caja B que se nutría fundamentalmente de facturación falsa de empresas suministradoras o proveedoras, que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios” y “asimismo, existían facturas por servicios prestados a particulares que pasaban directamente a la caja B de manera íntegra”. “Incluso habían acudido a personas que cobraban una comisión por conseguir facturas a dicha empresa”, se declara probado.

Así, se declara probado que la empresa incurrió “en el pago de comisiones, en forma de entregas de efectivo o regalos, a funcionarios o autoridades para lograr la adjudicación de los contratos públicos o para, una vez adjudicados, ejecutarlos, con mejor trato de dichos funcionarios o sin que éstos pusieran inconvenientes a Fitonovo, o abiertamente incumpliendo los términos del contrato en beneficio de la empresa y perjudicando a la administración, a la que en ocasiones se facturaban servicios o trabajos no realizados”.

“Información privilegiada”

En los contratos restringidos, según la sentencia, que precisa que para ellos las administraciones consultan al menos con tres empresas, “se establecía, en connivencia con el funcionario, una concurrencia ficticia en la que formalmente aparecían tres empresas distintas pero que en realidad actuaban en unidad de dirección con Fitonovo, fijando unas ofertas de las que siempre salía adjudicataria esta empresa”.

Además, se declara probado que pesó la “obtención de información privilegiada de los contratos, conociendo de antemano los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas por otras empresas” o la “falsificación de las certificaciones por los trabajos realizados, facturando trabajos no realizados o imputando un coste superior al real para de ese modo obtener un beneficio ilícito o para financiar la cantidad que se entregaba al funcionario”, entre otras prácticas.

La sentencia también señala “fraudes en la ejecución del contrato, sobre todo cuando Fitonovo concurría como subcontratista de otra empresa adjudicataria, pagando comisiones a los representantes de la contratista y a los funcionarios para realizar menos trabajo del contratado o para no tener problemas con los trabajos realizados”.

Una trama de “15 años”

“La entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos 15 años, afectando a múltiples administraciones, tanto estatales como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades”, indica la sentencia, zanjando que la “trama” se ocupaba de “acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas”.

Dado el caso, el tribunal condena a dos meses de prisión por un delito de grupo criminal a José Antonio González Baró, Juan Andrés Brugueras Foye y Ángel Manuel Macedo Gajete; condenando a Rafael González Palomo, a González Baró y a Brugueras Foye a diez meses de cárcel y sendas multas de 900 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y a Macedo Gajete a 15 meses de prisión y la misma multa por el mismo delito.

Además, González Palomo, su hijo y Brugueras Foyé son condenados a un año y medio de prisión por un delito continuado de cohecho activo por acto injusto; siendo impuesta además una “multa del tanto del valor de la dádiva de 150.751,62 euros” a los tres mismos por un delito continuado de cohecho activo en recompensa por acto propio del cargo y multas de 600 euros por un delito continuado de cohecho activo, en consideración a su función.

Indemnización

Igualmente, González Palomo, su hijo, Brugueras Foyé y Macedo Gajete son condenados a seis meses más de cárcel por un delito de fraude a las administraciones públicas, delito sostenido por la Abogacía del Estado de manera adicional al acuerdo entre los acusados y la Fiscalía, siéndoles impuesta una indemnización de 111.822 euros en favor de la Diputación de Sevilla.

“Los acusados Rafael González Palomo, José Antonio González Baro y Juan Andrés Brugueras Foye responderán conjunta y solidariamente del importe total de las dádivas entregadas, 2.293.334,78 euros”, indica además la sentencia, que absuelve a todos ellos y a Pilar Baro de un posible delito de blanqueo de capitales y absuelve a González Palomo del delito de grupo criminal.

Así, González Palomo resulta condenado a 34 meses de cárcel, algo menos de tres años, y las cuantías ya señaladas; mientras su hijo, José Antonio González Baró, resulta condenado a 36 meses de cárcel (3 años); Brugueras Foye a otros 36 meses y Macedo Gajete a 23 meses de prisión, casi dos años; toda vez que en principio la Fiscalía pedía 19 años y medio de cárcel para ellos.

Durante el juicio, recordémoslo, el fiscal instó a la suspensión de las penas de cárcel para todos estos acusados, bajo la premisa de que las condenas de prisión individualizadas respecto a cada uno de los delitos no superan los dos años.

En el marco del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Nacional por la pieza principal de la macro investigación de los contratos adjudicados a la empresa sevillana Fitonovo, por el presunto reparto de comisiones por parte de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales a cambio de tales contratos públicos, el agente de la Guardia Civil instructor de las primeras diligencias ha testificado señalando varios vehículos entregados como “dádiva” por dicha empresa al que fuera responsable del Ayuntamiento hispalense Domingo Enrique Castaño.

La sesión de este martes ha contado con la declaración como testigo de un agente de la Guardia Civil que instruyó “los primeros atestados” de la investigación hasta poco después de ser acometidos los registros policiales en las sedes Fitonovo y su filial Fiverde, rememorando que su unidad fue requerida por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, entonces comandado por la juez Mercedes Alaya, actualmente en la Sección Séptima de la Audiencia provincial, que en aquellos momentos estaba indagando al que fuera director del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y asesor del PSOE en dicha entidad Domingo Enrique Castaño.

Dicha investigación, según ha precisado, se encuadraba en las diligencias promovidas entonces por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en torno al procedimiento seguido por la sociedad Mercasevilla, participada por el Consistorio hispalense, para la venta de sus terrenos, un procedimiento saldado finalmente con una sentencia del Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla absolutoria respecto a las diez personas juzgadas, entre ellas Domingo Enrique Castaño.

El “primer requerimiento” de Alaya

Según este agente de la Guardia Civil, el “primer requerimiento” de la juez Mercedes Alaya consistía en un “estudio de posibles relaciones societarias” entre Domingo Enrique Castaño y empresas contratadas por el Ayuntamiento de Sevilla, dado el papel del citado investigado como responsable del área municipal de Vía Pública.

Las primeras indagaciones, según el agente, pusieron de relieve la “adquisición de varias viviendas” por parte de Domingo Enrique Castaño, en “un periodo relativamente corto”, por lo que los investigadores de la Guardia Civil optaron por una “investigación patrimonial” de Castaño y su familia.

Un “análisis de la vida económica” del matrimonio de Castaño contenido en el “informe patrimonial” derivado de tales pesquisas, según este agente, puso de manifiesto “el tándem entre Fitonovo y Fiverde” respecto a la adquisición “sospechosa” de varios vehículos que obraban en poder del citado matrimonio.

Fruto de ello, según ha dicho, pesó la “conclusión policial” de que dichos vehículos “fueron regalados” como “una dádiva” de Fitonovo y Fiverde a Castaño, tratándose estas empresas de sociedades “contratistas” del Ayuntamiento de Sevilla y específicamente de tareas competencia del área municipal de “responsabilidad directa” de Castaño.

Es más, ha expuesto que los registros de las sedes de las citadas empresas arrojaron la localización de “documentación de esos vehículos”, así como prolijos documentos que “apuntaban a una contabilidad B” en tales entidades, en las cuales pesaba una “unidad de dirección total” por parte del acusado Rafael González Palomo, creador de Fitonovo y primer presidente de la entidad, quien figura como acusado en este caso.

“Contabilidad paralela”

Este mismo investigador, en ese sentido, ha señalado “el celo contable” seguido por la trama en esa “auténtica contabilidad paralela”, detallando diversas de las anotaciones descubiertas respecto a dicha práctica.

También ha señalado, rememorando las pesquisas acometidas entonces, que los investigadores detectaron que tras ser cesado Domingo Enrique Castaño como responsable del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense, habría “bajado” la contratación con las empresas Fitonovo y Fiverde.

El juicio, recordémoslo, se dirige contra el empresario creador de Fitonovo, Rafael González Palomo; su hijo y también empresario José Antonio González Baró; el adjunto a la dirección de Fitonovo, Ángel Manuel Macedo Gajete; el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye; el técnico de Fitonovo Ramón Perza o el también comercial Jesús Ávila; así como diferentes responsables de otras sociedades relacionadas con la ya mencionada, hasta sumar más de 30 personas.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a cinco personas en Canarias en la instrucción del caso Fitonovo, dividida en una pieza principal en la que se encuentra entre los 45 investigados el apoderado de la empresa en las Islas, Adolfo José de la Torre García, y en una pieza separada sobre “Administraciones autonómicas e insulares” en la que están los otros cuatro imputados: el exconsejero del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín, el funcionario en excedencia del Cabildo de Gran Canaria Ulises Pérez, y los comerciales Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez.

Además, en el auto se nombra al exjefe de Carreteras del Gobierno de Canarias José María Maya Cáceres, ya fallecido, por haber recibido 53.000 euros en efectivo y el pago de la mudanza de su hija por parte de De la Torre como contraprestación por su actuación en la adjudicación y ejecución de contratos públicos a favor de la empresa entre 2003 y 2011.

De la Torre García, según el juez De la Mata, era el responsable de Fitonovo en Canarias y el encargado de “todas las contrataciones corruptas” con las que la empresa se hizo en las Islas, es decir, las que tuvieron que ver con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Cabildo de Gran Canaria. Según recalca De la Mata, Fitonovo creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, “habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”. Los distintos delitos que aprecia el magistrado a los diferentes procesados en la trama son los de organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude de las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales.

Según recoge el auto, De la Torre habría pagado al por entonces consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín (Coalición Canaria) determinadas dádivas, denominado internamente en la empresa como “impuesto revolucionario”, por su condición de autoridad responsable del departamento donde se producía la adjudicación y dirección de la implementación de contratos que tenía adjudicados Fitonovo. La facturación de la empresa con la Corporación conejera ascendió entre los años 2004 y 2006 a cerca de 700.000 euros. A cambio de estos contratos el consejero Machín recibió 24.000 euros en dos comisiones en metálico, una en 2004 por importe de 6.000 euros, y la otra en 2005 por importe de 18.000 euros.

Mientras, el funcionario en excedencia del Cabildo de Gran Canaria Ulises Pérez era el Coordinador de Obras Públicas en la isla cuando Miguel Jorge Blanco dirigía la Consejería durante el mandato de José Manuel Soria. Según consta en el auto, Pérez habría facilitado la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos en la Corporación insular por valor de 150.000 euros. El primer pago que recibió Pérez de De la Torre tuvo lugar en marzo de 2005 por 5.058 euros a cambio de otorgar la reparación de un muro en la GC-851, un trabajo que la empresa nunca hizo porque el muro ya se había arreglado cuando se adjudicó la obra. El otro pago, de 5.322,90 euros, fue realizado en noviembre de 2005 y correspondía a la parte de Fitonovo de un viaje de despedida de soltero del exfuncionario a Marbella y que también fue sufragado por otras dos empresas, Api y Elsamex. En total el viaje llegó a costar más de 15.900 euros y en él se incluyeron todos los gastos. Las tres empresas volvieron a recobrar esa cantidad mediante certificaciones de obras falsas en el Cabildo de Gran Canaria validadas por Pérez.

Así mismo, el escrito de De la Mata apunta que el 14 de noviembre de 2007, ya durante el mandato en el Cabildo de Gran Canaria del socialista José Miguel Pérez junto a Nueva Canarias, De la Torre realizó un pago de más de 8.284 euros a un funcionario de la Corporación cuya identidad no se ha determinado.

En cuanto a Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez, comerciales de Api Movilidad y Elsamex, respectivamente, el juez constata que organizaron, participaron y financiaron el viaje a Marbella en consideración de su cargo de funcionario público “y más concretamente porque se ocupaba de dirigir y controlar la ejecución de proyectos adjudicados a estas empresas”. Además, Gómez fue quien ocupó directamente la organización del viaje a un amigo suyo.

Elsamex es una empresa que se dedicaba al mantenimiento de 177 de carreteras en general, de edificios, infraestructuras y construcción y Fitonovo era una subcontratista de ella. Elsamex fue adjudicataria del Cabildo de distintos contratos de obra pública relacionados con mantenimiento de carreteras en los que intervino en distintas fase de su preparación y adjudicación el funcionario del Cabildo Ulises Pérez. Por su parte, Api Movilidad fue adjudicataria de distintos contratos de obra pública relacionados con mantenimiento de carreteras en los que intervino también el funcionario investigado.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha finalizado la instrucción de la pieza principal del caso Fitonovo y propone sentar en el banquillo de los acusados a 45 personas por su implicación en un presunto sistema de pago de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos a través de una organización que tendría como centro esta empresa.

Se trata de una causa que también tiene implicados en Canarias, ya que la empresa fue adjudicataria de más de una decena de contratos por parte del Cabildo de Gran Canaria, aunque las adjudicaciones le fueron retiradas en 2014. En Lanzarote está imputado el exconsejero Sergio Machín, portavoz de Coalición Canaria, al que se le atribuye un presunto delito de cohecho.

En el auto, el juez señala a 32 entidades como responsables civiles subsidiarios y dice que los hechos investigados en esta pieza son constitutivos de los presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales.

De la Mata explica que la dirección de Fitonovo creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.

El juez señala que la prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, llevan a concluir que “las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”.

En este auto advierte de que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos 15 años, afectando a múltiples administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades.

Esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas en las ciudades de Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias.

La comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos puesta en marcha en el Senado español, que discurre paralela a la investigación parlamentaria sobre la financiación irregular del PP en el Congreso, se ha dirigido al Ayuntamiento de Sevilla para solicitarle “todos los contratos realizados con la empresa Fitonovo, desde el año 2003 hasta la actualidad” y la “relación de todos los pagos” a dicha entidad en estos catorce años y medio. Justo este viernes trascendía que el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional ha procesado a 66 empresarios y funcionarios en cinco piezas separadas por una presunta trama corrupta en varias provincias y que tenía como epicentro a la consultora medioambiental Fitonovo radicada en Sevilla.

Cabe recordar que, en noviembre de 2014, la Guardia Civil desarrolló una espectacular operación con una treintena de detenciones por adjudicaciones irregulares de contratos públicos. Era la 'Operación Enredadera', correspondiente con la tercera fase de la 'Operación Madeja'. Según la investigación, esta empresa había habilitado “una red de contactos con funcionarios corruptos” y así lograba contratos públicos, mediante regalos y 'mordidas' camufladas en una contabilidad paralela. Según De la Mata, los implicados en la trama recibieron pagos que oscilaban entre los 2.000 y los 24.000 euros en calidad de “impuesto revolucionario” por la adjudicación de contratos.

El caso lo investiga actualmente la Audiencia Nacional, ya que fueron varias las provincias donde la empresa actuaba, después de que la jueza sevillana Mercedes Alaya, antes de inhibirse, pidiera en el arranque de la investigación todas las obras adjudicadas a Fitonovo de los últimos hace 15 años, en la misma línea que ahora procede la comisión de investigación del Senado.

En el plan de trabajo de la comisión

La comunicación del Senado, a la que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, está firmada por la presidenta de la comisión, María Rosa Vindel, y fechada este pasado 10 de julio. La peticion se acuerda “en el plan de trabajo” de la comisión y “con el ruego de su remisión a la mayor brevedad posible”. La solicitud abarca principalmente la relación contratual y los abonos a Fitonovo durante los mandatos de Alfredo Sánchez Monteseirín (1999-2011) y del actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (2011-2015).

La llegada a la alcadía de Juan Espadas se produjo mediado 2015, varios meses después de la operación policial, si bien algún contrato ha tenido continuidad. De hecho, la junta del gobierno local aprobó el pasado junio la tercera prórroga respecto a seis contratos por lote adjudicados en 2012 para el servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado, uno de los cuales se adjudicó a la UTE Fitonovo-Limpiezas Lorca.

Este 'macrocontrato' se realizó tras un concurso celebrado poco más de un año después de que Zoido alcanzara la alcaldía de Sevilla. A día de hoy, no obstante, este lote de servicios de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado está a cargo de la UTE formada entre Aceinsa Movilidad e Ingeniería de Recursos Naturales.

Los exalcaldes negaron irregularidades

Monteseirín y Zoido tuvieron que declarar en abril de 2016 en la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Sevilla para tratar de depurar responsabilidades políticas en el presunto fraude. Ambos dijeron que que nunca advirtieron adjudicaciones irregulares a Fitonovo durante sus mandatos. En dicha comisión también intervino días antes el ahora director general de Tráfico, Gregorio Serrano, exconcejal del PP, quien narró así el “favor” que hizo a Fitonovo al hacer de intermediario para facilitar la instalación de un “parquecito infantil” en el acuartelamiento de Montequinto de Dos Hermanas.

Entre los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Sevilla estarían varios aprobados con cargo al Plan 8.000, en el marco del cual Fitonovo resultó adjudicataria, por ejemplo, de once de los doce campos de césped artificial propuestos por el Consistorio. El exconcejal de IU José Manuel García, el exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos y el entonces asesor de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona recibieron supuestamente un total de 115.00 euros de Fitonovo  por este motivo.

También deberá constar la obra de urgencia en el centro deportivo Ifni que el Instituto Municipal de Deportes (IMD) adjudicó directamente a Fitonovo, en un área que entonces gestionaba IU, socio de gobierno del PSOE. También se encuentran numerosos contratos y pagos vinculados al servicio municipal de Parques y Jardines. Uno de sus funcionarios aseguró que el exjefe del servicio Francisco Amores y el exdirector del área de Medio Ambiente Joaquín Peña (destituido por Zoido) usaban dicho departamento como “un cortijillo”.

Según la investigación del juez De la Mata, en la tercera de las cinco piezas en las que ha dividido el caso, relativa toda ella al Ayuntamiento de Sevilla, hay 15 personas procesadas. Los también acusados Domingo Enrique Castaño, director de Vía Pública, y el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo consiguieron a cambio de un “permanente trato de favor” a Fitonovo que ésta asumieron el pago de las obras que se hicieron en la agrupación del PSOE del distrito Macarena.

Ahora, todas esas actuaciones relacionadas con Fitonovo se estudiarán en la comisión de investigación en el Senado, una iniciativa del PP que la oposición abandonó hace unos días por considerarla una “farsa”. Según recuerda el presidente del Senado, Pío García-Escudero, en la comunicación enviada al Ayuntamiento hispalense, la comisión no sólo sirve para investigar la financiación de las fuerzas políticas sino también para estudiar medidas que “permitan avanzar en el compromiso de transparencia adoptado y que, a su vez, impidan supuestos de financiación ilegal en el futuro”.

Los exalcaldes de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y Juan Ignacio Zoido (PP) han negado cualquier tipo de responsabilidad o conocimiento sobre los contratos presuntamente irregulares adjudicados a Fitonovo y su grupo de empresas, cuyos directivos habrían repartido presuntamente dádivas y comisiones a funcionarios municipales y políticos a cambio de contratos públicos con el Ayuntamiento. En noviembre de 2014, la Guardia Civil detuvo a 32 personas de 13 provincias distintas por dichas adjudicaciones, que investiga la Audiencia Nacional.

Tanto Monteseirín (2000-2011) como Zoido (2011-2015), citados en la última sesión de la comisión de investigación creada en el consistorio sevillano para tratar de depurar responsabilidades políticas en el presunto fraude, han coincidido en explicar que, durantes sus mandatos, no supieron ni tuvieron sospechas de que en la Delegación de Vía Pública se estuviera cometiendo algún tipo de irregularidad y que, de haberlo conocido, hubieran actuado inmediatamente.

En ese sentido, han defendido la labor de sus delegados y su “buena fe” en su actuación, así como su “vocación de servir”, según ha relatado Zoido. “En mi época, en ningún momento tuvo sospecha”, ha dicho Monteseirín. Ambos también han coincidido en señalar que, desde su posición, no les era posible controlar todas las gestiones de sus delegados o de comprobar todos los contratos menores que se suscribían con unas u otras empresas. También han defendido su gestión, han negado que recibieran regalos o que tuvieran conocimiento de “favores” a la empresa Fitonovo.

Acerca de la actuación en concreto del exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, uno de los principales investigados, Monteseirín ha negado que fuera su asesor o que tuviera una relación de confianza con él. Asimismo, ha enfatizado que Castaño “respondía” ante su delegado, el exconcejal Manuel Gómez Lobo.

“Cuando tuve actuar, lo hice, ese era el compromiso. Si llego a saber antes que ocurren, hubiera actuado”, ha comentado Zoido respecto a la destitución del exdirector del área de Medio Ambiente durante su mandato y exedil del PP Joaquín Peña. Como Monteseirín, ha afirmado que tampoco conoció la instalación de un parque infantil en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Montequinto de Dos Hermanas, una cuestión sobre la que se les ha preguntado a ambos.

“El PSOE no se financia ilegalmente”, ha insistido un par de veces Monteseirín, que ha dicho que no mantuvo reunión alguna con directivos de Fitonovo aunque supone que pudo coincidir en alguna inauguración, así como que no le constó que alguno de sus concejales mantuviera contacto con la empresa investigada. Gregorio Serrano, miembro de la comisión, le ha echado en cara al exalcalde que tras la experiencia del caso de las facturas falsas del Distrito Macarena no hubiera tomado nota y hubiera añadido otros mecanismos correctores de concurrencia, exponiendo siete casos de supuesta corrupción durante los mandatos de Monteseirín, quien le ha reprendido que metiera “todo en el mismo saco”.

Sanz recuerda la “presunción de inocencia” de Peña

Antes que los exalcades ha comparecido ante la comisión el expresidente del PP de Sevilla, expresidente del PP andaluz y alcalde de Tomares, José Luis Sanz, quien ha recordado la “presunción de inocencia” de la que goza Joaquín Peña, a quien ha definido como un hombre “honesto y honrado”, toda vez que “ningún dato objetivo” le lleva a “pensar lo contrario”.

Durante su breve comparecencia, Sanz ha negado “rotundamente” que los presuntos pagos económicos de los directivos de Fitonovo a la búsqueda de contratos públicos del Ayuntamiento mientras éste estaba gobernado por el PP fuesen destinados a la financiación del propio Partido Popular.

La ausencia de Viera

El que fuera consejero de Empleo en la Junta y exsecretario general del PSOE de Sevilla José Antonio Viera, que había sido citado por la comisión de investigación, presentó el martes un escrito ante el registro del Ayuntamiento de Sevilla donde manifiestó rehusar comparecer físicamente “al no tener obligación”. Viera asegura que la fuente de financiación del partido en el periodo que comprende sus dos mandatos (2004-2008 y 2008-2011) fue la aportación de los militantes y que las obras de la agrupación Macarena fueron pagadas por el PSOE.

Según el documento, al que tuvo acceso Europa Press y que adelantó la Cadena Ser, Viera manifiesta desconocer “cualquier relación” con Fitonovo y concluye que “en el momento actual no tengo la condición de militante del PSOE, ni empleado del mismo. No teniendo obligación de comparecer en la citada comisión, sí es mi voluntad contribuir con el conocimiento que tengo de los hechos mediante este escrito”.

Los cinco imputados en el caso Madeja a los que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha tomado este miércoles declaración han negado haber cobrado comisiones de la empresa Fitonovo a cambio de adjudicaciones públicas y han rechazado haber tenido responsabilidad directa en las contrataciones investigadas.

En este sentido, uno de los imputados, Javier Isidoro Gómez Garcimartín, funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, ha explicado al juez y al fiscal Daniel Campos que no tenía capacidad de decisión en esos contratos y que él se limitaba a evaluar una pequeña parte del proyecto para después remitir su dictamen a la mesa de contratación, han informado fuentes jurídicas.

En el auto en el que De la Mata acordó llamarle a declarar, sostenía que este funcionario estuvo vinculado directamente con contratos administrativos del Ayuntamiento de Sevilla sobre los que existen sospechas de irregularidades en su adjudicación, como un “macrocontrato” para la conservación y mantenimiento de zonas verdes.

En el mismo sentido, negando responsabilidades en esas contrataciones, se han pronunciado también este miércoles el resto de los imputados que han declarado en esta causa, que asumió en septiembre De la Mata después de que comenzara a instruirla la juez de Sevilla Mercedes Alaya, y que acumula 96 imputados.

Ninguno de los cinco, para los que el fiscal Daniel Campos no ha pedido medida cautelar alguna, habían declarado hasta ahora ante un juez, ya que sólo habían sido interrogados en dependencias de la Guardia Civil.

Además de Gómez Garcimartín, han comparecido ante De la Mata José María Maya Cáceres, exjefe de Carreteras del Gobierno de Canarias, al que supuestamente Fitonovo pagó 57.024 euros entre 2003 y 2011 “por su actuación en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos” para dicha empresa.

También ha prestado declaración José Ulises Pérez González, ingeniero del Cabildo de Gran Canaria que habría recibido de Fitonovo 10.381 euros en dádivas por facilitar la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos a la empresa, según relataba De la Mata en el auto en el que aceptó la competencia de este caso.

Asimismo, han sido interrogados los empresarios Rubens Coba Falcón, gerente en Canarias de la empresa API Movilidad, adjudicataria de distintos contratos públicos supuestamente irregulares, y Gustavo Adolfo Jiménez, representante en Canarias de Elsamex, empresa que subcontrató a Fitonovo en varias adjudicaciones del Cabildo de Gran Canaria.

Este jueves cerrarán esta ronda de declaraciones otros tres empresarios: Francisco Javier Amieva, administrador de Klevin, una empresa que se dedica al control de plagas urbanas y que “simuló realizar distintos trabajos de acondicionamiento de suelos, aseos y pintura” para la sede del PSOE de la calle Monederos de Sevilla.

Tras él, serán interrogados también como imputados Juan Francisco Naranjo, administrador de suministros agrícolas Naranjo, que supuestamente hizo facturas falsas o infladas para nutrir la caja B de Fitonovo, y Fernando Rodríguez Blanco, administrador de la entidad Reyes y Donlas, que presuntamente también falseó facturas.

En el caso Madeja se investigan comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos, que habrían causado perjuicios a instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, y también al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif.

La Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que asume la competencia para investigar la red de pago de comisiones ilegales a cambio de contratos que la empresa Fitonovo había tejido por varias comunidades autónomas. La investigación también toca al Cabildo de Lanzarote, que formalizó diversos contratos con Fitonovo.

En un auto del martes de la semana pasada, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional también ratifica “todas las actuaciones” practicas por la juez Mercedes Alaya, que en noviembre pasado ordenó la detención de Sergio Machín, ex consejero del Cabildo de Lanzarote y titular de Obras Públicas cuando se adjudicaron los contratos a Fitonovo.

La Audiencia Nacional sostiene que Machín habría recibido “dádivas o comisiones” que ascienden a 24.000 euros, una de 6.000 euros percibida el 25 de octubre de 2004 y otra el 9 de diciembre de 2005 por importe de 18.000 euros “presuntamente por la adjudicación de dos contratos” a Fitonovo.

Según el auto de la Audiencia Nacional están bajo sospechas sendos contratos para el “servicio de jardinería y limpieza de zonas de dominio público y carreteras del Cabildo insular de Lanzarote” por importe de 174.150 y 236.088 euros, formalizados en los años 2004 y 2005.

El segundo de los contratos, subraya la Audiencia Nacional, se efectuó “veinte días después” de que Machín recibiera 18.000 euros, según las anotaciones del delegado de Fitonovo en Canarias, Adolfo de la Torre. En la causa hay un total de 96 imputados.

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La juez María Núñez Bolaños ha confirmado la decisión de su antecesora, Mercedes Alaya, de enviar a la Audiencia Nacional el sumario de la denominada operación Madeja, en la que se encuentra la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura entre las administraciones “afectadas”.

La causa cuenta con 88 imputados -40 de los cuales eran funcionarios públicos- y donde se investiga el pago de hasta 4,3 millones de euros en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos a través de una “organización criminal jerarquizada que tendría como centro” a la empresa Fitonovo.

En un auto fechado el 18 de junio, la magistrada rechaza el recurso interpuesto por uno de los imputados en la causa, en concreto el administrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo, contra el auto del 9 de junio en el que Mercedes Alaya decretó “la inhibición del conocimiento de las presentes actuaciones a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción” de la Audiencia Nacional, tal y como le había solicitado la Fiscalía.

Al hilo de ello, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acoge “en su integridad” el argumento sostenido por el Ministerio Público en su escrito de 26 de enero de 2015, ya que “el fraude investigado tiene un notorio alcance, con grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional”, por lo que confirma “en su integridad” el auto de 9 de junio en el que Alaya elevó a la Audiencia Nacional el caso.

En su auto, Alaya asevera que, en virtud de las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, “se puso de manifiesto la existencia de un entramado que giraba en torno a la empresa matriz Fitonovo y a sus directivos Rafael González Palomo, posteriormente a su hijo José Antonio González Baró, quien comienza en el año 2007 a compartir la dirección, asumiéndola en el año 2011, el cuñado del primero y tío del segundo, Juan Andrés Brugueras, encargado de una gran parcela de la contratación de esta empresa con numerosos comerciales a su cargo, y el adjunto a la dirección Ángel Manuel Macedo”.

“Dádivas” y “regalos” a funcionarios públicos

Al hilo de ello, la instructora señala que esta empresa, “a través de medios ilícitos, reconocidos por los anteriores en sus respectivas declaraciones judiciales, obtuvo continuadamente durante años la adjudicación de contratos públicos en distintas administraciones, bien mediante tráfico de influencias, mediante el pago de dádivas o regalos a funcionarios públicos, o bien mediante concurrencias ficticias con otras empresas, bien instrumentales con el conocimiento de los funcionarios encargados, bien ajenas mediante convenios entre ellas para repartirse el mercado, siendo el pago de dádivas el intrumento básico y esencial que los directivos de esta empresa utilizaban para contratar con la Administración”.

“El fraude, además, no solo se encontraba en la concesión sino en la ejecución del contrato, sobre todo cuando Fitonovo concurría, como así sucedía en muchos casos, como subcontratista de otra empresa adjudicataria, pagando comisiones a los representantes de la contratista y a los funcionarios para realizar menos metros de los trabajos pactados”, pone de manifiesto la juez en este auto.

La juez añade que “no se ha podido determinar aún el ilícito beneficio que habría obtenido Fitonovo de dicha contratación y ejecución fraudulenta, si bien en virtud del esfuerzo investigador de la UCO no sólo se han detectado los numerosos cohechos, sino la contratación que habría tenido lugar en virtud de los mismos”, punto en el que señala que “resta, entre otras diligencias, como acertadamente señala el Ministerio Fiscal, practicar una o varias periciales que pueden determinar el beneficio aludido”.

4,3 millones en dádivas entre 1995 y 2013

En este sentido, Alaya explica que, “para el pago de las ilícitas comisiones que se remontan al año 1995, y que alcanzan hasta el año 2013, se articuló en la empresa la creación de una caja B de la que salían las diferentes dádivas que ascendieron aproximadamente a los 4,3 millones de euros, y que se nutría mediante el pago de facturas falsas giradas por un número importante de empresas que a su vez recibían bonificaciones por estos servicios”.

En el auto, Alaya precisa que, “de la organización de la caja B, la cual especifica todos los pagos realizados con el máximo detalle, y de pedir las facturas falsas, se encargaba el hombre de confianza, Ángel Manuel Macedo”.

De este modo, las administraciones públicas “afectadas” fueron el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Sevilla, la Consejería de Obras Públicas de la Junta, el Ministerio de Fomento en las direcciones provinciales de Jaén, Huelva y Cádiz, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), el Consistorio de La Carolina (Jaén), la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, la empresa pública Adif, en las gerencias de Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona, o la Administración autonómica de Canarias.

El número de imputados asciende a 88, de los que 40 “eran funcionarios públicos”, indica la instructora, que añade que, de todo lo expuesto, “puede concluirse que las actuaciones fraudulentas llevadas a cabo, que pueden constituir múltiples ilícitos penales”, como cohecho, prevaricación, malversación, fraude y exacciones ilegales, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias, blanqueo de capital, falsedad documental, y asociación ilícita, “han tenido una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, tanto por su extensión geográfica, abarcando múltiples administraciones, como por su continuidad en el tiempo, y por el número de personas implicadas en esta trama”.

Entre estos 88 imputados en la operación 'Madeja', que se inició en el mes de julio de 2013 y que se extendió finalmente a 12 provincias españolas, se encuentran los ex portavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García; el exconcejal de Vía Pública en el Ayuntamiento de Sevilla y expresidente de 'Unidad' Manuel Gómez Lobo, o el ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento hispalense Joaquín Peña (PP).

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha elevado a la Audiencia Nacional el sumario de la Operación Madeja, relativa al cobro de comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de servicios y contratos públicos y que acumula 88 imputados, cuarenta de ellos funcionarios.

En un auto dictado este martes, la juez alude a “múltiples” posibles delitos por parte de los acusados y subraya que la actividad continuada durante varios años de todos ellos ha tenido una repercusión “grave” en la seguridad del tráfico mercantil y además afecta a varias administraciones del país.

Aunque aún no se ha podido determinar el beneficio ilícito que habría obtenido Fitonovo, la juez destaca que para el pago de las comisiones confirmadas entre 1995 y 2013, la empresa creó una caja B de la que salían las diferentes dádivas, que ascendieron a 4,3 millones de euros.

Esa caja B se nutría mediante el pago de facturas falsas giradas por un número importante de empresas que a su vez recibían bonificaciones por esos servicios, según la instructora.

Los sobornos afectaron al Ayuntamiento de Sevilla, a las diputaciones de Córdoba y Sevilla, a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, a las direcciones provinciales del Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, y a los ayuntamientos de Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén).

También se vieron afectadas la jefatura de conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, las gerencias de la empresa pública Adif de Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona y a la Administración Autonómica de Canarias, aunque la juez no precisa a qué departamentos de esta comunidad.

Según el auto de inhibición a la Audiencia Nacional, extremo que pidió en febrero la Fiscalía, entre los 88 imputados cometieron los delitos de cohecho, prevaricación, malversación, fraude y exacciones ilegales, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias, blanqueo de capital, asociación ilícita y falsedad documental.

Esos delitos “han tenido una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, tanto por su extensión geográfica abarcando múltiples administraciones, como por su continuidad en el tiempo, y por el número de personas implicadas en esta trama”, explica la juez para justificar el envío del sumario a la Audiencia Nacional.

Según Alaya, los directivos de Fitonovo, a través de medios ilícitos que ellos mismos reconocieron en sus declaraciones, obtuvieron durante años la adjudicación de contratos públicos de distintas administraciones mediante tráfico de influencias, pago de dádivas o regalos a funcionarios públicos.

También los lograban a través de concurrencias ficticias con otras empresas, bien instrumentales con el conocimiento de los funcionarios encargados o también ajenas mediante un acuerdo entre las empresas para repartirse el mercado, indica la juez.

Para ello, el pago de dádivas era “el instrumento básico y esencial que los directivos de esta empresa utilizaba para contratar con la Administración”, precisa el auto judicial.

El fraude no estaba solo en la concesión sino en la ejecución del contrato, sobre todo cuando concurría Fitonovo como subcontratista de otra adjudicataria, “pagando comisiones a los representantes de la contratista y a los funcionarios para realizar menos metros de los trabajos pactados”, apunta Alaya.

La juez señala que en las investigaciones del juzgado y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se determinó que la red de soborno la dirigían los directivos Rafael González Palomo, su hijo José Antonio González Baro (que asumió la dirección en 2011), el cuñado del primero y tío del segundo Juan Andrés Bruguera y el adjunto a la dirección Ángel Manuel Macedo, encargado de la caja B.

“Nunca le ha pedido en nombre del PSOE ni le ha ofrecido, ni tampoco lo habría consentido, pago alguno para el partido”. Así consta en la declaración judicial del que fuera concejal de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Gómez Lobo, imputado por la jueza Alaya en las presuntas adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos a cambio de sobornos, que tenía supuestamente como centro la empresa Fitonovo y que se destapó con la reciente Operación Enredadera desarrollada el 11 de noviembre, derivada de la Operación Madeja.

No es el primer responsable político sevillano que pasa por el despacho de Alaya por esta causa. Los dos últimos portavoces de IU en el Consistorio hispalense también están imputados. Incluso José Manuel García se vio forzado a dimitir tras acudir al juzgado junto a su antecesor, Antonio Rodrigo Torrijos, y el propio Gómez Lobo, que este jueves ha declarado a petición propia, después de negarse a ello hace mes y medio.

El exedil ha negado el cobro de comisiones y el hecho de que pudiera haber actuado para favorecer contratos con la citada empresa. La jueza Alaya sostiene que Fitonovo habría pagado comisiones tanto al PSOE como a IU a cambio de la adjudicación de contratos públicos en Sevilla, donde gobernaron en coalición hasta 2011. Concretamente, según la jueza, “como compensación por el incremento importante de Fitonovo en la facturación” con el Ayuntamiento, la empresa pagó entre 2006 y 2009 a los socialistas cantidades “que oscilan entre 30.000 y 60.000 euros”.

En su declaración judicial, el también dirigente de la agrupación socialista Macarena, a quien la jueza imputa un delito continuado de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, y un delito de asociación ilícita, ha argumentado que “Fitonovo era una de las entidades que concurrían a los procesos de concurso del Ayuntamiento y, cuando el informe era favorable, los técnicos le pasaban el informe para la firma”.

Gómez Lobo, que ha aludido a Fitonovo como “la responsable” de parques y jardines de la zona Centro y Macarena (aclarando que así se refería a ella “por los distintos contratos que le fueron adjudicados por la mesa de contratación en ambas zonas”), ha dicho ante Alaya que “esos años firmó cientos de contratos” y que “no tuvo nunca nada que ver en dar ninguna orientación para que se adjudicaran dichos contratos a esta entidad”. Alaya le acusa de favorecer contratos a la empresa por valor de unos 1,5 millones de euros en al menos cuatro expedientes de los investigados en 2004, 2005 y 2006. “Siempre iban con el visto bueno de la comisión de contratación del Ayuntamiento, nunca por decisión propia”, ha añadido.

La jueza también le ha preguntado por las comidas en el establecimiento Langostinos Maera, en cuyas reuniones se abonarían las comisiones al PSOE y cuyo nombre se le daría a la 'caja B' de Fitonovo, según la tesis de Alaya, aludiendo a un encuentro mensual a la que acudirían Gómez Lobo y Rafael González Palomo de Fitonovo. En ese sentido, el exconcejal ha dicho que solo acudió una vez al lugar con Fitonovo pero fue para tratar un tema de naranjos. La jueza considera que, “como compensación por el incremento importante de Fitonovo en la facturación” con el Ayuntamiento “por la adjudicación creciente de contratos”, a requerimiento de Manuel Gómez Lobo “se abonó por Fitonovo al PSOE en fecha 9 de mayo de 2007 la suma de 30.000 euros”.

Ante la prensa a la salida del juzgado, y como expone en su declaración también, ha resaltado que si se hubiera enterado de que Domingo Castaño hubiera cobrado de Fitonovo, lo hubiera denunciado ante la autoridad“ y que él ”jamás firmó un contrato que no fuera con el visto bueno de los técnicos jurídicos del Ayuntamiento de Sevilla“, concluyendo que no recibió a título personal ninguna comisión por parte de Fitonovo” y que lo que recibiera Castaño, que estuvo unos meses en prisión por esta causa, “lo sabrá él”.