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El magistrado José de la Mata propone sentar en el banquillo a 66 personas por el caso Madeja

Divide la causa en cinco piezas, con implicados de las diputaciones de Sevilla, Jaén y Córdoba, y los consistorios de la capital hispalense, La Carolina y Algeciras

También apunta a técnicos del Ministerio de Fomento por las actividades de la empresa Fitonovo con funcionarios y proveedores de estos organismos

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EFE

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha terminado la instrucción de la operación Madeja y propone sentar en el banquillo de los acusados a 66 supuestos implicados en el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos a través de una organización criminal que tendría como centro la empresa Fitonovo.

En cinco autos separados el juez determina que esta empresa creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares y en la que intermediaron funcionarios de la administración. Los procesados crearon además una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa, para entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios.

La operación se compone de cinco piezas, la primera relativa a Delegaciones Territoriales y Administraciones Locales I, en la que el juez propone juzgar a 12 personas por los delitos de cohecho, fraude, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos por las actividades de Fitonovo con funcionarios y proveedores de las diputaciones de Sevilla, Jaén, Córdoba y el Ayuntamiento de La Carolina, además de técnicos del Ministerio de Fomento.

Según apunta el juez en su auto, los doce procesados se habrían beneficiado de comisiones ilícitas por valor de 254.089 euros para lo cual modificaron el contenido de las facturas no solo alterando "la verdad de una operación real", sino incluso reflejando unas intervenciones que no habrían tenido lugar así como servicios que no se llegaron a prestar.

El juez procesa a nueve personas en la segunda pieza por los mismos delitos cometidos en el Ayuntamiento de Algeciras. En esta pieza apunta al delegado de Contratación y Urbanismo del mismo, Diego Jesús Sánchez Rull, por su intervención en el concurso "fraudulento" de 2010 para la construcción del Polideportivo El Calvario de la ciudad que le valió el cobro de comisiones.

En la tercera pieza se procesan a 15 personas por los mismos delitos cometidos en el Ayuntamiento de Sevilla. El exconcejal de IU José Manuel García; el exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos; y Antonio Miguel Ruiz Carmona recibieron supuestamente un total de 115.00 euros de Fitonovo para la formación a cambio de las adjudicaciones de los expedientes relativos a 11 campos de fútbol.

Los también acusados Domingo Enrique Castaño y el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo consiguieron a cambio de un "permanente trato de favor" a Fitonovo que ésta asumieron el pago de las obras que se hicieron en la agrupación del PSOE del distrito Macarena.

Otra de las piezas que ahora pasa al trámite de procedimiento abreviado es la relativa a ADIF, en la que el juez propone sentar en el banquillo a otras 15 personas por las actividades que la empresa Fitonovo llevó a a cabo con distintas autoridades, funcionarios y proveedores relacionados con el ente público.

La empresa de la trama tuvo una importante facturación con ADIF destacando la del 2008 que coincide con un macro contrato por la prevención de incendios en líneas convencionales y de alta velocidad. Como recompensa ordenaron el pago al entonces gerente de mantenimiento en Córdoba Enrique José Finch Ramos, de 1.035.609 euros entre los años 2003 y 2012 "en concepto de dádivas por su conducta de favorecimiento".

En la quinta y última pieza denominada Administraciones Autonómicas e Insulares, procede contra 13 personas por delitos de prevaricación, cohecho, fraude, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos en Canarias, Extremadura y Andalucía.

Los implicados en la trama reciben, según sus conclusiones, pagos que oscilan entre los 2.000 y los 24.000 euros en calidad de "impuesto revolucionario" por la adjudicación de contratos. En otros casos las compensaciones no eran sólo económicas sino que consistían en regalos como el pago de un viaje de placer por importe de cerca de 16 millones de euros a otro de los procesados.

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