Combustible, telefonía y ahora también seguros. Un nuevo informe enviado al Parlamento Vasco sobre los últimos 25 años de gestión de la sociedad portuaria autonómica EKP muestra que las contrataciones de pólizas se han realizado siempre de forma directa, sin concurso. En total, EKP ha gastado 1,73 millones de euros y, salvo en un caso, las 518 adjudicaciones han recaído en un único proveedor, al que identifica como Generali.

Euskadi asumió en 1982 la competencia de puertos que no fueran de interés general, como es el caso de Bilbao y de Pasaia. En 2000 se articuló la sociedad EKP, que controla puertos deportivos como Donostia u Hondarribia. Desde 2013 hasta hace unas semanas la directora de EKP fue la dirigente del PNV guipuzcoano Edurne Egaña, ahora recolocada como asesora por la consejera Amaia Barredo, de cuya cartera depende esta entidad. El nuevo responsable es Jon Asua.

El informe, como los anteriores sobre los suministros de combustible y telefonía, fue solicitado por la parlamentaria del PP Ana Morales a raíz de que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en sus dos últimas auditorías sobre EKP, las de los ejercicios 2022 y 2023, alertara de irregularidades en adjudicaciones. Sin embargo, la misma forma de proceder se ha mantenido durante un cuarto de siglo, desde la misma creación de EKP. El último documento, de hecho, remarca que la entidad se creó el 14 de septiembre de 2000 y que su actividad efectiva se inició ahora hace 25 años, en diciembre de ese año.

En el caso de los seguros, el documento asume que “no se han tramitado licitaciones públicas” en estos años. “Desde su inicio, EKP ha contado con el apoyo de una misma correduría de seguros”, se añade. Esa empresa es Generali, que ha realizado 517 de las 518 pólizas, según el listado que se ha hecho público. Son todas salvo la primera, realizada con Centro Asegurador en junio de 2001. Las cuantías se han disparado porque si se inició la actividad con un gasto inferior a 2 millones de pesetas, unos 12.000 euros en el cambio de entonces, desde 2021 se abonan más de 100.000 euros. En 2025 la previsión es ya de 126.185,60 euros. La cantidad máxima para contratar a una empresa de forma directa es 15.000 euros (más IVA). Desde 2004 ya se superaba ese umbral. Aquel año se abonaron casi 46.000 euros a la correduría.

Al igual que sucede con los suministros de gasóleo y de comunicaciones, la consejera Barredo indica que EKP va a sacar ahora a concurso estos proveedores, como le demandaba el Tribunal de Cuentas. De hecho, parece que es algo inmediato. Se indica que “está previsto iniciar la tramitación administrativa del expediente a comienzos de la próxima semana”. La licitación se abriría “en el mes de enero, una vez finalizado el período navideño”.

El PNV ha solicitado al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que realice una auditoría de la gestión económica del Ayuntamiento de Hondarribia en 2024. Se trata de un movimiento político muy simbólico porque ese año es el primer ejercicio completo en que el este partido, que perdió las elecciones de 2023, no controló su otrora feudo en el Bidasoa. Ahora gobierna la plataforma independiente Abotsanitz, con Igor Enparan como alcalde, que precisamente en la oposición realizó continuadas denuncias de irregularidades en el municipio, particularmente en lo tocante a las decenas de adjudicaciones directas al grupo de empresas del miembro del PNV Aitor Elorza, Montai.

Este viernes, antes de la votación de las enmiendas a los presupuestos autonómicos de 2025, la comisión de Hacienda del Parlamento Vasco ha tratado el plan de trabajo de 2026 del Tribunal de Cuentas. Antes, los partidos pueden lanzar sus planteamientos. En el caso de los socios del Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, han presentado sus escritos por separado, algo excepcional en el día a día de la Cámara. Es en el documento registrado por los nacionalistas donde figura, entre otras, la propuesta de una auditoría de la nueva etapa en Hondarribia.

A la contra, la coalición Sumar ha propuesto nuevamente que el Tribunal de Cuentas analiza las adjudicaciones a Montai, un conglomerado que ahora tienen cinco empresas, la propia Montai, Estali La Karpa, Denok, Kultur Kirol Zerbitzuak y Ekiazpi. Además de en Hondarribia, estas empresas han recibido también decenas de adjudicaciones en otras muchas instituciones gobernadas por el PNV.

El debate sobre el plan de trabajo del Tribunal de Cuentas ha durado segundos. Ni siquiera ha habido debate. El presidente de la comisión, Álvaro Gotxi, ha dado cuenta de que todas las propuestas de todos los grupos han sido aceptadas “por asentimiento”. En la lista está también el intento del PP de que se revise más a fondo la contabilidad de la sociedad EKP, los puertos deportivos vascos, después de que se haya apuntado en otros informes que ha habido adjudicaciones irregulares de combustible, entre otras anomalías.

Estas peticiones del Parlamento, sin embargo, suelen caer siempre en saco roto. El Tribunal de Cuentas no tiene obligación de asumirlas, salvo que el Parlamento las demande vía acuerdo plenario. De hecho, como ejemplo, durante años le ha solicitado una revisión de las contrataciones con Montai y nunca se ha hecho esa auditoría 'ad hoc'.

El PP ha elegido a un expresidente en Bizkaia, Antón Damborenea, como sustituto en la plaza de asesor en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que le ha quedado vacante precisamente porque su anterior inquilina, Amaya Fernández, pasó a ser presidenta de la gestora del partido en Bizkaia. Inicialmente, Fernández quiso compatibilizar ambas funciones, pero un duro informe sobre la necesidad de evitar un conflicto de intereses entre un órgano de control y el día a día de la política terminó con que se decantara por aceptar la propuesta de Génova de asumir el liderazgo de momento transitorio en un territorio en que se interpretaba que el ciclo de Raquel González estaba agotado.

Según ha informado 'El Mundo' y han confirmado fuentes internas, Damborenea ocupará el puesto de asesor o “auditor-jefe” en la jerga interna de la consejera Teresa Crespo. El tribunal tiene siete vocalías y, en 2021, al PP le correspondía una en el reparto político por el que el PNV tiene tres, el PSE-EE dos y EH Bildu la séptima. Los partidos, además, pueden designar al menos un asesor por cada uno de sus consejeros. Se pueden consultar aquí quiénes son.

Damborenea, de 65 años, fue parlamentario del PP desde 1994 hasta 2020, donde ejerció diversas funciones, aunque principalmente la portavocía económica. En paralelo, desde 2008 hasta la llegada de González, en 2017, fue también el presidente del partido en Bizkaia. En los últimos años, el PP lo había mantenido como asesor en el Parlamento y como vocal en la Junta Electoral, otro órgano de control donde los partidos hacen propuestas.

En paralelo, según explicó el presidente del PP vasco Javier de Andrés, Fernández parece mantener abierta la vía del recurso sobre su situación. Ella intentó mantenerse en el Tribunal de Cuentas ya que, por ejemplo, otra asesora, Amaia Ruiz de Viñaspre, pudo compaginar durante años esa posición y la de 'número dos' del PNV de Álava. La propia Fernández había sido autorizada en estos años a tener un papel en otros roles del PP, como el comité electoral o el congreso nacional. Ahora, los letrados del Parlamento Vasco, órgano del que depende el tribunal, entendieron que podía acceder a información confidencial y usarla en beneficio de su partido y contra sus rivales.

En paralelo, en los últimos días han emergido movimientos que cuestionan la operación de Génova en Bizkaia. El partido ha apartado a la anterior presidenta y a su equipo sin un congreso. En paralelo, según publicó 'El Correo', hay cargos que cuestionan que Fernández pueda ejercer el liderazgo de modo indefinido y abogan por un cónclave. La operación ha incluido desginar como secretario general y 'número dos' en Bizkaia a un joven con mucha proyección interna, Santiago López Céspedes, que ahora es parlamentario vasco.

Fernández llegó a ser presidenta interina también en Euskadi. Era la secretaria general de Alfonso Alonso y cuando Génova lo apartó 'de facto' antes de las autonómicas de 2020 e impuso la vía de rescatar a Carlos Iturgaiz, a ella le correspondió temporalmente la dirección del partido. Ya en otoño de 2020 Iturgaiz retomó las labores orgánicas y fue quedando relegada hasta que logró acomodo en el Tribunal de Cuentas.

Amaya Fernández ha presentado finalmente su dimisión como auditora-jefe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas después de que se dictaminara que su puesto de asesora en esa institución era incompatible con ser presidenta de la gestora del PP de Bizkaia. Esta decisión desbloquea la renovación decidida por Génova hace ya semanas en la organización territorial del partido tras la salida forzada de Raquel González.

Fernández, que en el pasado recibió dos compatibilidades para ser miembro del comité electoral nacional del PP y del comité organizador del último congreso, vio bloqueado el poder simultanear ambas funciones. Un contudente informe apeló a la “apariencia” de neutralidad de los integrantes del órgano auditor y, asimismo, alertaba de que podía acceder a información “confidencial” que podía usar contra sus rivales políticos. Se le dio un plazo para elegir entre los dos puestos que expiraba este jueves y la dirigente del PP se ha decantado por el partido y ni siquiera presentará un recurso.

Lo ha comunicado en una carta rematada con un “yo elijo Bizkaia” y en la que señala al PNV por entorpercer lo que ella consideraba un mero trámite. Otra asesora del órgano auditor lo compatibilizó durante más de dos años con ser dirigente del PNV de Álava .“Durante los últimos días he vivido con impotencia, y en primera persona, acontecimientos alejados de una democracia en la que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley”, expone.

Y añade: “Desde hace unos años he desempeñado mi labor profesional como asesora en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), entidad fundamental para la mejora continua de la gestión del sector público vasco. Hace unas semanas, el Partido Popular me propuso asumir la dirección del PP de Bizkaia, un proyecto con el que legitimamente me identifico y que considero clave para la defensa del interés general del Territorio Histórico. Por ello, trasladé al Parlamento Vasco mi voluntad de compatibilizar mi labor política orgánica con mi trabajo en el Tribunal, cuestión que consideré un mero trámite administrativo, al ser público y notorio que cargos orgánicos de otras formaciones políticas pudieron compatibilizar responsabilidades políticas de primer nivel con un puesto de asesor en el Tribunal”.

Señala expresamente que “el PNV impulsó un informe del Parlamento Vasco” para declarar el conflicto de intereses y la incompatibilidad. Se agrega que “se filtró dicho informe a los medios de comunicación días antes” de su notificación -fue este periódico el que lo adelantó- y que se “vulneraron” sus derechos. “Ante todo ello, y votes a quien votes, me siento en la obligación de exponerte que este tipo de instrumentalización pone en serio riesgo las libertades y los derechos de todos los vascos. Hoy me ha tocado a mí, pero mañana te puede tocar a ti”, escribe.

“Si antes de pedir mi compatibilidad sentía que era necesario implicarme en un proyecto que defienda los derechos de todos, ahora lo siento aún más. El poder quiere que elija entre la seguridad laboral y mi vocación de servicio público porque cree que todos los vascos somos como sus dirigentes; porque quiere al disidente en silencio. Pero no somos como ellos. Estamos al servicio de las instituciones; no las utilizamos para perjudicar a quien no piensa igual. No ponemos por delante nuestro interés personal a costa de nuestra tierra”, apunta Fernández.

Y cierra: “Por eso, y dado que la institución desde la que se filtró el informe me ha dado la oportunidad de que esta conversación se produzca primero en la esfera pública, te anuncio mi renuncia como asesora en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, decisión que comunicaré al Tribunal. Porque Bizkaia es demasiado importante, porque no somos como ellos y porque los vizcaínos y vizcaínas, cuando se nos da a elegir entre silencio remunerado o Bizkaia, elegimos Bizkaia. Yo elijo Bizkaia”.

Fernández fue edil en Barakaldo y luego secretaria general y 'número dos' en Euskadi con Alfonso Alonso. Cuando Génova, en tiempos de Pablo Casado, fulminó a Alonso, ella temporalmente asumió la presidencia del partido. Después, ya fue defenestrada en la etapa de Carlos Iturgaiz. Es en 2022 cuando accedió al Tribunal de Cuentas, donde el PP dispone de una vocalía con capacidad de nombrar a un asesor. Todos los partidos se reparten los puestos en este organismo.

La situación de Amaya Fernández, propuesta por Génova para ser la presidenta de la gestora que ha de reactivar el PP de Bizkaia, ha devuelto el foco a las cuotas que los diferentes partidos políticos disponen en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), el órgano auditor de la comunidad autónoma. Fernández es auditora-jefe en ese organismo desde 2022, un puesto de asesoría de una vocal elegida por su partido. El Parlamento Vasco, de quien depende esta institución, le ha denegado en los últimos días la compatibilidad para compaginar esa labor con la dirección de un partido. El informe recoge los riesgos de que acceda a información “confidencial” y que pueda usarla contra sus “rivales políticos”. También se alude a la importancia de la “apariencia” de “neutralidad” de los integrantes de un órgano auditor.

Fernández, desde que fue nombrada como asesora en el Tribunal de Cuentas, había recibido ya dos autorizaciones para compaginarlo con labores en el PP, primero como miembro del comité electoral nacional y después para participar en la organización del congreso de la formación de Alberto Núñez Feijóo. La tercera, sin embargo, ha sido negativa y eleva el listón sobre el papel no solamente de los vocales del plenario del Tribunal de Cuentas sino sobre sus asesores.

El actual plenario tiene siete miembros. Su composición fue pactada en la pasada legislatura vasca entre PNV y PSE-EE, los socios de Gobierno, y la ya extinta coalición PP+CS. De ese modo, entraron tres vocales a propuesta de los nacionalistas y dos nombrados por los socialistas, lo que da al bipartito el control de la mayoría, cinco de siete asientos. En las otras dos sillas, se cedió una al PP y EH Bildu, que no formó parte del acuerdo, se quedó con la séptima.

La presidenta la eligió el PNV. Es Ana Helguera. Su currículum oficial es el siguiente: “Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco. Funcionaria del TVCP-HKEE desde 1992, con anterioridad había trabajado en la firma de auditoría de Arthur Andersen, siendo miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Posee una amplia formación en los ámbitos de fiscalización y auditoría de cuentas, auditoría de eficacia y eficiencia en la gestión pública, contabilidad y gestión presupuestaria, contratación pública, subvenciones, transparencia y participación y políticas de igualdad. Euskaldun, habla además inglés y francés”. Se omite por completo que fue concejal en Getxo entre 2011 y 2015. Los otros dos vocales 'jeltzales' son Jaime Domínguez-Macaya y Josu Zubiaga, y sí indican los cargos públicos que han ocupado. Zubiaga es igualmente funcionario del tribunal. Los consejeros de cuentas del PSE-EE son Sonia Pérez Blanco e Inmaculada Anda. La del PP es María Teresa Crespo. Y Francisco Javier Txokarro fue designado por EH Bildu.

Cada vocal tiene un asesor o auditor-jefe. Según los datos recabados por este periódico, los de la cuota del PNV son José Ignacio Familiar, Haizea Orube y Álvaro Zulueta. María José García y Manuel Ríos son los auditores designados por el PSE-EE e Iñaki Penedo es el de EH Bildu. Antes era el “administrador” contable de la coalición. Todos ellos tienen el mismo rango que Amaya Fernández, que antes había ocupado varios cargos institucionales con el PP e incluso, transitoriamente, fue la presidenta en Euskadi.

Asimismo, la presidenta tiene una asistente adicional. Es Amaia Ruiz de Viñaspre. Ya dejó el cargo político en 2024, pero durante años simultaneó sus funciones en el Tribunal de Cuentas con ser la 'número dos' del PNV de Álava, la secretaria del Araba Buru Batzar. Nunca se detectó ninguna incompatibilidad, aunque las fuentes internas recalcan que no participa en la comisión de auditoría, a diferencia del resto de asesores. Sin embargo, sí trascendió que contrató como secretaria a su propia hija, Ane Miren Atín, también con diferentes responsabilidades en el partido. Fuentes de su propio partido admitieron que, siendo “legal” el movimiento, no fue muy “estético”.

El anterior presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas fue José Luis Bilbao. Llegó al cargo en medio de la polémica porque saltó directamente de ser diputado general de Bizkaia con el PNV a dirigir un órgano de control que emite informes sobre todas las instituciones. En la anterior etapa fue el PP el que propuso al máximo responsable de la institución, José Ignacio Martínez Churiaque. Fue uno de los puestos que el PSE-EE cedió a este partido a cambio del apoyo a la investidura de Patxi López.

Un informe jurídico recibido por la Mesa del Parlamento Vasco decreta que Amaya Fernández no podrá continuar como auditora-jefe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) si pretende ser la presidenta del PP de Bizkaia, como le ha planteado Génova en una operación para reflotar esta organización tras la etapa de Raquel González. La Cámara, después de pedir un dictamen adicional al órgano auditor con las funciones detalladas de Fernández, enmienda así la decisión que adoptó en 2023 cuando no vio conflicto de intereses para que la asesora entrase a formar parte del comité electoral nacional. Ahora entiende que podría acceder a “información confidencial” de sus “rivales políticos” en caso de simultanear ambas labores.

La operación de Génova para reorientar el PP de Bizkaia con una gestora encabezada por Fernández y con el parlamentario Santiago López Céspedes como 'número dos', se ha encontrado con un obstáculo no previsto. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es un órgano auditor externo que depende del Parlamento Vasco. Sus siete vocales son designados por la Cámara y responden a cuotas de los partidos. Desde finales de 2021, son tres del PNV, dos del PSE-EE y uno de PP y EH Bildu. A su vez, estos vocales pueden designar un número acotado de asesores. Así es como, en el arranque de 2022, Fernández entró en la institución una vez alejada de la primera línea tras una convulsa etapa anterior en la que tuvo que ser presidenta interina del PP tras la abrupta salida de Alfonso Alonso por decisión expresa de Pablo Casado, entonces líder de los 'populares'.

Fernández pidió la compatibilidad para sus nuevas funciones en el PP el 11 de septiembre. Dos días después, un sábado por la tarde, se hizo público que Génova la iba a plantear para liderar una gestora en Bizkaia tras apartar a la presidenta desde 2017. El 16 de septiembre ya se pidió un primer informe jurídico pero, días después, se solicitaron más datos al propio Tribunal de Cuentas. Ese documento llegó el 26. Antes, el 22, la aludido presentó “información adicional” para intentar lograr la compatibilidad.

El dictamen final, al que ha tenido acceso este periódico, remarca que Fernández asesora a una vocal que audita a la Diputación de Gipuzkoa y otros consorcios. Y apunta que también forma parte de la comisión técnica de auditores, que revisa los documentos “principales” de “todas” las fiscalizaciones. El informe menciona que, internacionalmente, hay un estándar “ético” que incluye la “independencia política” como un factor determinante para los miembros de órganos auditores. “El deber de imparcialidad o independencia profesional también comprende el deber de apariencia de imparcialidad”, se puede leer también de un órgano cuyo anterior presidente, José Luis Bilbao, por ejemplo, acaba de dejar de ser diputado general de Bizkaia.

La ley es clara al vetar la compatibilidad a los vocales electos pero no tanto con los asesores. Hay un precedente: la ex 'número dos' del PNV alavés, Amaia Ruiz de Biñaspre, simultaneó el ser asesora con su cargo orgánico en su partido. Sin embargo, en este caso se estima que las labores de Fernández comportan que podría acceder a “información estratégica confidencial” sobre sus “rivales políticos” mientras ocupa la “dirección activa” del PP de Bizkaia. Eso “compromete gravemente la credibilidad del TVCO y la confianza pública en su trabajo”.

No bastaría con que se abstuviera en los temas más ligados a su labor partidaria porque su nueva función en el PP “genera un perjuicio intrínseco a la independencia y objetividad institucional”. Así, se le dan “diez días hábiles” para su “cese definitivo” en el PP o bien que “renuncie” a ser asesora en el Tribunal de Cuentas autonómico.

La operación de Génova para reorientar el PP de Bizkaia con una gestora encabezada por Amaya Fernández se está encontrando con más trámites de los previstos en el camino. Fernández, expresidenta del PP vasco en el interregno tras la salida de Alfonso Alonso y la ratificación como líder de Carlos Iturgaiz, en 2020, es asesora en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, con labores de “auditora-jefe”, según la documentación oficial. Hace dos años logró un dictamen de compatibilidad para ser miembro del comité electoral nacional del PP, pero ahora se ha requerido un segundo informe para detallar sus funciones y analizar si hay o no un conflicto de intereses a la luz de su futuro cargo.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es un órgano auditor externo que depende del Parlamento Vasco. Sus siete vocales son designados por la Cámara y responden a cuotas de los partidos. Desde finales de 2021, son tres del PNV, dos del PSE-EE y uno de PP y EH Bildu. A su vez, estos vocales pueden designar un número acotado de asesores. Así es como, en el arranque de 2022, Fernández entró en la institución una vez alejada de la primera línea tras la convulsa etapa anterior que acabó con casi todo el equipo de Alonso fuera por decisión expresa de Pablo Casado, entonces líder de los 'populares'.

En 2023, ya con Alberto Núñez Feijóo a los mandos, Fernández empezó a ser rehabilitada y entró en un puesto en el comité electoral. En aquel momento, los letrados del Parlamento emitieron un informe y, mediante una resolución de la presidenta, Bakartxo Tejeria, del PNV, se estableció que no se apreciaban elementos de incompatibilidad entre sus labores en el órgano auditor y en el partido. Eso sí, se le pidió que comunicara cualquier cambio en su posición para volver a valorar su situación.

Esto ocurrió el 11 de septiembre, jueves. Dos días después, un sábado por la tarde, trascendió que Génova prescindía de la presidenta en Bizkaia desde 2017, Raquel González, y de su 'número dos', Eduardo Andrade. Seguirán en sus cargos institucionales pero ya sin responsabilidades orgánicas. Tras una etapa de diferencias y pugnas internas, se optó por una gestora para cambiar el rumbo del PP en el territorio vasco con más población. La propuesta pasaba por una presidencia interina con Fernández y con Santiago López Céspedes, parlamentario autonómico, como secretario general.

En la primera reunión de la Mesa tras ser pública esta noticia, el martes 16, se acordó solicitar a los letrados de la Cámara un nuevo dictamen de compatibilidad, como recogió este periódico. Sin embargo, fuentes parlamentarias y del Tribunal de Cuentas indican que lo que parecía un mero trámite no lo ha sido tanto. De momento, se ha solicitado un segundo dictamen. En concreto, los letrados han pedido al propio órgano auditor que emita un informe detallando en qué consisten exactamente esas funciones de “auditora-jefe”.

Las fuentes consultadas indican que, actualmente, participa en las labores de apoyo a la confección de las auditorías de instituciones públicas. La ley de Tribunal de Cuentas veta expresamente a los vocales que puedan simultanear su labor con otros cargos en partidos e instituciones, pero no es tan precisa con los asesores. En este mismo mandato del Tribunal de Cuentas ha habido otra asesora con un puesto dirigente en un partido, en su caso en el PNV. Se trata de Amaia Ruiz de Viñaspre, que fue 'número dos' de los nacionalistas en Álava hasta la reciente renovación del Araba Buru Batzar, de finales de 2024. Su caso saltó a la palestra por haber contratado a su propia hija, la también 'jeltzale' Ane Miren Atín. No obstante, en su caso no realiza labores de auditoría, ya que es personal auxiliar del gabinete de la presidenta, Ana Helguera.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), en su última auditoría publicada, ha vuelto a poner encima de la mesa las relevantes anomalías en la adjudicación de contratos por parte del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Suman, al menos, 101,9 millones de euros. Se trata de la revisión de las cuentas del ejercicio 2023, con Gotzone Sagardui del PNV como consejera y Rosa Pérez Esquerdo como directora general y sigue exactamente los mismos términos que las de 2021 (114,8 millones en contratos señalados) y 2022 (129,2 millones). Otra auditoría más, esta vez de un órgano interno, la Oficina de Control Económico (OCE), controlada directamente por el Ejecutivo, se ha venido pronunciando en términos muy similares.

El órgano de control externo, en cuya composición los vocales propuestos por los partidos del Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, tienen una mayoría de cinco de siete en el plenario, alerta en la página 92 de un informe de 169 folios relativo a 2023 que se han tramitado por sistema como contratos menores (sin concurso) adquisiciones de suministros que superan con claridad el máximo legal permitido, de 15.000 euros más IVA. Añade que, para ello, se recurrió a “fraccionamientos”, esto es, a trocear el contrato para hacerlo encajar con las cuantías permitidas para las adjudicaciones directas, una práctica prohibida. En las alegaciones presentadas por Osakidetza, se asume la necesidad de “corregir” algunas cuestiones señaladas por el Tribunal de Cuentas y se admite un caso concreto de mala gestión, pero se rechaza la existencia de irregularidades generalizadas.

En concreto, el dictamen señala que las OSI de Osakidetza, que son las organizaciones comarcales en que se divide el Servicio Vasco de Salud desde su última reestructuración, “han tramitado como contratos menores diversos suministros de productos y bienes muebles e inversiones, fraccionando el objeto del contrato, que hubieran requerido la tramitación del correspondiente procedimiento abierto”. Detalla que “este incumplimiento se ha detectado en adquisiciones de medicamentos por 27,7 millones de euros, en otros suministros por 73 millones de euros y en inversiones por 1,2 millones de euros”. Se cita expresamente que los datos proceden de los informes de control de la OCE.

Además de esos 101,9 millones, se indica también que en 2023 hubo 57 expedientes por valor de 46 millones prorrogados “más allá del período máximo contemplado en la legislación aplicable”, que unas obras de Basurto han incurrido en sobrecostes que deberían haber motivado una nueva licitación y que se han hecho otras 31 obras pequeñas por cerca de 0,5 millones también con fraccionamientos y sin concurso. Los anexos de la auditoría detallan que el 11,8% del gasto total en compra de medicamentos se hace vía contratos menores y que, en un 65,3% de los casos, se produce un “incumplimiento” de la legalidad. El porcentaje sube al 69,5% de los casos con otros suministros.

Osakidetza ha enviado al Tribunal de Cuentas un largo escrito con alegaciones que aparece adjunto a la auditoría. Sobre los 27,7 millones en compra de fármacos, se indica que en un porcentaje muy alto (casi el 70%) son medicamentos “de comercialización exclusiva y/o de naturaleza biológica y no química”. Si solamente hay un proveedor, hacer un concurso no tendría sentido, argumenta el Servicio Vasco de Salud. Enumera una larguísima lista de productos que estarían en esas circunstancias. Recalca, además, que los precios los fija “el Ministerio de Sanidad”, por lo que no cabría tampoco imputar fraude o mala gestión. Indica, en todo caso, se han tomado “medidas de corrección”.

Se incide, con todo, en que son productos “de alta complejidad técnica, indicados para patologías graves, incapacitantes, de gran dificultad diagnóstica e impredecibles”. Y “de coste muy elevado”. “No es posible que la prestación se vea interrumpida en tanto en cuanto se procede a la preparación y licitación del oportuno expediente de contratación [...]. Existen circunstancias particulares del mercado que obligan a las organizaciones de servicios a acudir a la compra directa, al ser los medicamentos suministros esenciales”, explica Osakidetza. Revela también que hay “proveedores” que “no atienden” a las licitaciones. Ha pasado con un nuevo fármaco para la AME (atrofia muscular espinal) y para la acondroplasia, por ejemplo. Osakidetza apela también a “tensiones en el mercado” tras la pandemia y a casos de servicios contratados que no son atendidos por “desabastecimiento absoluto” y que obligan a buscar nuevos proveedores. “Estas circunstancias son intrínsecas al propio procedimiento de compra de medicamentos y ajenas a Osakidetza, a pesar de sus esfuerzos en la contratación”, alega.

En cuanto a otras irregularidades, según Salud, “la situación de premura que sufre el entorno asistencial puede haber requerido la toma de decisiones rápidas” pero, subraya, siempre “dentro del marco legal”. “La necesidad de montar y habilitar áreas asistenciales en un tiempo récord es vital para garantizar la continuidad de la atención sanitaria. [...] Los contratos menores permiten agilizar los procesos y reducir los plazos de ejecución, asegurando que las instalaciones estén operativas lo antes posible”, señala Osakidetza. Eso sí, asume el “compromiso” de “evolucionar hacia modelos de gestión más eficientes y transparentes, con el fin de fortalecer el cumplimiento de la normativa en materia de contratación pública”.

Ahora bien, “se acepta” que las obras concretas de Basurto revisadas por el Tribunal de Cuentas no se tramitaron correctamente, por ejemplo. Según la auditoría, eran unos trabajos de “adecuación de espacios” que fueron adjudicados en 2022 por 4 millones de euros para dos años y que se ampliaron luego a 7 millones de euros en 2023, por encima del tope legal para modificaciones, del 50% del importe inicial. “Debiera haber sido objeto de una nueva licitación”, se apunta.

La Mesa del Parlamento Vasco ha solicitado este martes un informe jurídico para aclarar si Amaya Fernández tiene o no un conflicto de intereses para ocupar el cargo de presidenta de la gestora del PP de Bizkaia tras la decisión de Génova de intervenir el partido en esa provincia y apartar a quien ocupaba esa posición desde 2017, Raquel González. Fernández es, desde 2022, asesora del vocal propuesto por el PP en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, un órgano de control que depende del Parlamento, y ejerce labores de “auditora-jefe”, es decir, que participa en el control de instituciones públicas.

Fue el sábado cuando trascendió la operación del PP para reactivar la organización en Bizkaia. Fernández, procedente de Barakaldo, fue brevemente presidenta del PP vasco en 2020 como 'número dos' de Alfonso Alonso, que en su momento fue fulminado del cargo y como candidato a las autonómicas de ese año. Durante unos meses hasta que el elegido Carlos Iturgaiz tomó el control total, Fernández asumió la dirección hasta quedar apartada también. Después, mantuvo un escaño en las Juntas Generales hasta que pasó a ser asesora en el Tribunal de Cuentas dentro de la cuota de la que dispone el PP.

Las fuentes consultadas indican que el dictamen de compatibilidad será positivo con toda probabilidad. De hecho, existe un precedente de 2023 cuando la propia Fernández fue propuesta, también por el actual equipo de Génova, para ser vocal del comité electoral nacional del PP. Entonces, en un informe de dos folios al que ha tenido acceso este periódico y que está firmado por la propia presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, del PNV, se estimó que esa labor en su partido era “compatible” con sus funciones como auditora. Eso sí, se le pidió que comunicara cualquier cambio en su posición, como ha hecho en las últimas horas.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.3.c) de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta de Intereses de los Cargos Públicos, solicito de la Presidencia del Parlamento Vasco [que] me sea concedida la compatibilidad para la realización de la siguiente actividad: actividades privadas reguladas en el artículo 14.1.d) de la citada Ley 1/2014, en concreto, participación en los órganos de dirección del Partido Popular de Bizkaia. Esta actividad cumple con los requisitos exigidos en la normativa que le es de aplicación”, ha planteado la aludida a la Cámara.

Además, hay otra persona asesora en el Tribunal de Cuentas que fue dirigente de su partido, en este caso el PNV. Se trata de Amaia Ruiz de Viñaspre, que hasta noviembre de 2024 era la 'número dos' del partido en Álava, esto es, secretaria del Araba Buru Batzar. Su caso salió a la luz cuando contrató a su hija, Ane Miren Atín, también del PNV, para trabajar con ella en el organismo público. Eso sí, fuentes internas recalcan que Ruiz de Viñaspre nunca ha tenido funciones de auditoría.

La entidad EKP (Euskadiko Kirol Portuak, el gestor autonómico de los puertos deportivos) asegura que “no es cierta” la referencia realizada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en sus dos últimas auditorías sobre las sociedades públicas de la Administración vasca en torno a irregularidades en la adquisición de combustible (por un valor de 2,5 millones en dos ejercicios, 2022 y 2023). Ahora bien, se admite que el procedimiento seguido “no es el más adecuado” y anuncian la licitación de un concurso.

“En caso de necesidad de compra de combustible para un puerto, el responsable de Explotación solicita precios a varios proveedores, resultando seleccionada en todo caso la mejor oferta, esto es, la que ofrece un precio más bajo. Prueba de ello es la diversidad de proveedores seleccionados durante el ejercicio 2023”, indican fuentes del área de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, el departamento del Gobierno al que está adscrito ahora EKP y que dirige Amaia Barredo.

Añaden que “en el momento en el que se puso de manifiesto por parte del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que el procedimiento seguido no era el más adecuado, desde EKP se ha procedido a realizar las actuaciones oportunas para dar cumplimiento a lo indicado”. Así, “actualmente” están en marcha los pliegos para una licitación. Están “elaborados” y “pendientes únicamente de ser publicados”.

“En relación -abundan- con la pretendida adjudicación directa de los contratos de seguros, [hay que] indicar que se gestionan a través de un intermediario especializado en seguros marítimos (contratación por razones técnicas). Él es quien, conocedor de lo sumamente específico del sector y sus riesgos, solicita periódicamente distintas ofertas a las compañías de seguros más reputadas de acuerdo a los riesgos específicos habidos en cada periodo y selecciona la mejor de las ofertas de póliza a contratar, siguiendo criterios estrictamente técnicos”.

Finalmente, EKP, cuya directora desde 2013 es la dirigente del PNV de Gipuzkoa Edurne Egaña, responde al Tribunal de Cuentas sobre no disponer “de una relación valorada de los bienes y derechos adscritos afectos al servicio público portuario deportivo”. Sostiene que “esto se debe a que en las actas de adscripción de los puertos, cuya gestión se nos ha ido encomendando a lo largo de los años, no se encuentran valoradas las instalaciones objeto de adscripción”. “Por lo tanto, no asignamos ningún valor contable al no disponer de dicha información”, inciden. “Posteriormente, todas las inversiones que EKP realiza en cada uno de los puertos que gestiona sí son registradas como inmovilizado en balance, registrándose asimismo la dotación a la amortización correspondiente y las correcciones valorativas por deterioro, si las hubiera”, explican estas fuentes.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha denunciado en su última auditoría de las sociedades públicas del Gobierno autonómico que una de ellas, EKP (Euskadiko Kirol Portua, la entidad que gestiona los puertos transferidos), ha contratado combustible y otros suministros de forma directa, sin concurso, y por cantidades elevadas. Es el segundo año consecutivo en que da esa voz de alerta. En total, el gasto realizado es de 2,5 millones en combustible, unos 220.000 euros en seguros y otros alrededor de 56.000 en telefonía.

El dictamen no recoge el proveedor con el que se realizaban esas contrataciones ni ofrece más detalles. No obstante, es una cantidad muy elevada la que se escapó a la legalidad contable teniendo en cuenta que, en 2023, el presupuesto de EKP fue de 7,36 millones de euros y en 2022 aún un 5% inferior. El tope legal para hacer adjudicaciones directas es de 15.000 euros más IVA.

Añade el tribunal, además, que “las cuentas anuales de EKP no reflejan los bienes y derechos adscritos afectos al servicio público portuario deportivo, que son titularidad de la Administración General de la CAE, al no disponer de una relación valorada de dichos bienes y derechos”. Y sigue: “En consecuencia, no podemos determinar el efecto que pudiera tener en las cuentas anuales del ejercicio 2023 el registro contable de dichas instalaciones portuarias”.

El denominado 'Informe de fiscalización de la Administración institucional y entes instrumentales de la CAE' es el último publicado por el Tribunal de Cuentas. Se refiere al ejercicio 2023. Sus conclusiones sobre EKP son idénticas del conocido en 2024 relativo al ejercicio 2022. EKP es una sociedad pública que gestiona los puertos deportivos vascos.

En Euskadi, los de Bilbao y Pasaia son gestionados por el Estado por ser de interés general y el resto está transferido. En concreto, esta entidad controla Molla-Hondarribia, Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria, Deba, Mutriku, Lekeitio, Mundaka, Bermeo, Armintza y Plentzia, según sus propios datos.

En 2022 y 2023, los años recogidos en la auditoría, EKP estaba encuadrada en el organigrama de la consejera Arantxa Tapia y ahora lo está en el de Amaia Barredo. Sin embargo, la directora es la misma, Edurne Egaña. Ocupa el cargo desde 2013. Es también dirigente del PNV de Gipuzkoa. Su figura saltó a la palestra por varias denuncias judiciales por presuntas irregularidades en la asignación de amarres en los pueblos. Llegó a tener que comparecer como investigada, aunque la Comisión de Ética remarcó que solamente en caso de juicio es preceptiva la dimisión, algo que no se ha producido.

El pacto entre PNV, PSE-EE y PP+Cs para reformar el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) y también para el reparto de las nuevas vocalías para el siguiente mandato ha soliviantado a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. El acuerdo no impide el salto desde la política hasta este órgano auditor -el caso del dirigente del PNV José Luis Bilbao en 2015- y relega a repartirse uno de los siete asientos en la institución a estas dos formaciones, que tienen 27 de 75 parlamentarios.

En un comunicado, la coalición abertzale considera que la reforma es “contraria a la higiene democrática” y ha votado en contra del informe de la ponencia legislatura. El parlamentario Josu Estarrona ha aseverado que EH Bildu propuso hace seis años modificar esta ley, con el fin de dotar al TVCP de “la máxima transparencia, objetividad e independencia”. El objetivo de los cambios propuestos en su día por la coalición era “evitar casos” como el de Bilbao, quien “de un día para otro” pasó de ser diputado general de Bizkaia a presidir un organismo que se encarga de “controlar y fiscalizar las cuentas de las administraciones públicas”, incluida la propia Diputación Foral de Bizkaia.

Estarrona ha denunciado que la reforma acordada por los dos partidos que integran el Gobierno vasco y PP+Cs “es lamentable”, ya que convertirá el proceso de renovación del TVCP “en un intercambio de puestos para unos y otros” sin que, además, se respete la “proporcionalidad” de la representación de fuerzas en el Parlamento autonómico. “En un momento en que la sociedad reclama cada vez más medidas, más firmeza, más transparencia y una gestión impoluta de los recursos públicos, la respuesta de PNV, PSE y PP+Cs es un mero maquillaje”, ha subrayado.

“Es una oportunidad perdida”, ha señalado, de su lado, el portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, David Soto. Este grupo deseaba que se fijara un período de tiempo que impidiera el salto de la política al Tribunal. “A efectos prácticos supone permitir las puertas giratorias”, ha considerado Soto, que se pregunta si lo que ocurrió en 2015 se podría volver a repetir en 2021. Denuncia, asimismo, que no se tienen en cuenta otras propuestas de “vital importancia” como la revisión de las cuentas del Parlamento Vasco o de asociaciones o fundaciones vinculadas a partidos políticos, así como la introducción de impactos de género o medioambientales en las auditorías.

Mientras tanto, la Comisión de Economía del Parlamento Vasco ha aprobado este miércoles, con el aval del PNV, PSE-EE y PP+Cs, el informe de la ponencia para la reforma de la ley que regula el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). La modificación de ley que se tramita en el Parlamento incorporará, según recoge Europa Press, varias propuestas del PNV para que los miembros del TVCP sean elegidos con el voto de las tres quintas partes de la Cámara y para que se respete la igualdad de mujeres y hombres, según ha informado la formación 'jeltzale' en un comunicado.

El informe de la ponencia para la reforma de la ley que regula el TVCP, que cuenta con el aval de PNV, PSE-EE y PP+Cs, será elevado a pleno para su aprobación definitiva en las próximas semanas. Los cambios introducidos en el texto “aumentan la pluralidad” en la representación, al exigir consensos más amplios entre las diferentes fuerzas políticas, según ha explicado la parlamentaria Itxaso Berrojalbiz. La propuesta recoge que los miembros de este órgano deberán obtener el voto favorable de las tres quintas partes del Parlamento Vasco, frente a la mayoría absoluta de la regulación actual. Además, los integrantes del TVCP deberán acreditar una experiencia profesional de al menos doce años, dos más que en la actualidad.

Los mandatos tendrán una duración de seis años, pero se fija un límite, dado que solo se podrán renovar por un mandato. Berrojalbiz ha destacado los avances conseguidos en materia de igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. El nuevo texto introducirá la necesidad de una designación equilibrada de mujeres y hombres. “Se trata de asumir como prioridad y principio rector, también en este tribunal, la igualdad de género”, ha indicado la parlamentaria.

El Parlamento Vasco ha confirmado tácitamente este jueves la continuidad de José Luis Bilbao como presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) al menos hasta el mes de octubre. El motivo es que la Cámara trabaja desde hace años y también en esta legislatura en una reforma de la normativa reguladora de los nombramientos de los miembros del órgano auditor que todavía tardará en ver la luz a pesar del final del mandato actual. Precisamente este viernes se constituirá una ponencia para elaborar el dictamen que luego será votado por el pleno.

La oposición había demandado cambios legales para evitar lo que ocurrió en 2015, que Bilbao, dirigente del PNV, saltara directamente de su cargo como diputado general de Bizkaia a presidente de un órgano de control. Actualmente, se trabaja en dos textos, uno de EH Bildu y otro de PP+Cs, que persiguen poner coto a lo que consideran una 'puerta giratoria'. La coalición abertzale plantea que sea imposible ese salto hasta que pasen dos años mientras que 'populares' y naranjas lo elevan a seis años. Sea como fuere, no saldrá adelante ni lo uno ni lo otro a tenor de las enmiendas presentadas por los partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, que suprimen esa cautela.

Sí aceptan algunos ajustes en el régimen de incompatibilidades y que los vocales salgan con el apoyo de tres quintos del Parlamento y no con mayoría absoluta, lo que obligaría al Ejecutivo a consensuar los nombramientos con alguno de los otros partidos. “Haremos todo lo posible para arañar algo más”, apuntan fuentes de PP+Cs en puertas de que arranque la redacción definitiva en la ponencia.

Mientras, la Cámara ha rechazado este jueves una proposición de ley de EH Bildu para crear una oficina anticorrupción ya que PNV y PSE-EE han votado en contra. Uno de los argumentos principales de estos partidos es que precisamente ya existen otros órganos de control, entre los que se ha incluido el Tribunal de Cuentas. “Están inhabilitados actualmente, por su absoluta falta de independencia”, ha criticado Josu Estarrona, parlamentario abertzale, que ha añadido que, “como organismos de lucha contra la corrupción o prácticas irregulares, su aportación es muy limitada”. “¿Cuántos casos de prácticas irregulares o de corrupción en todos estos años de existencia del Ararteko han comenzado tras una queja en el Ararteko? ¿Cuántos?”, se ha preguntado a modo de ejemplo.

Se da la circunstancia de que el Gobierno había mostrado un criterio favorable a tramitar esta iniciativa cuando se planteó por vez primera en la pasada legislatura, aunque ahora se ha tornado en desfavorable. “¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿La mayoría absoluta?”, ha lanzado Estarrona, que ha ironizado que entre un debate y otro ha salido, entre otros casos, la sentencia de la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi, el conocido como 'caso De Miguel', con elevadas penas de prisión para exdirigentes del PNV de Álava y excargos públicos como Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Ochandiano o Xabier Sánchez Robles.

El socialista Ekain Rico ha denunciado la “estrategia” de EH Bildu por sacar ahora una propuesta que ya llevaba meses redactada. “No podemos compartir la sombra de sospecha que se quiere lanzar continuamente sobre todo este tipo de órganos. Es innegable que en ocasiones existen negligencias, errores e incluso ilícitos. Pero de ahí a plantear que la generalidad de la actuación de las administraciones es ésa o que la actuación general de esos órganos de control previo y de control posterior es la de mirar para otro lado es decir que están cometiendo delitos los cientos y miles de funcionarios, técnicos y gestores públicos que ahí están”, ha replicado.

Desde la bancada del PNV, Jon Andoni Atutxa ha añadido justo después: “En nuestra opinión, defiende la propuesta un modelo más represivo que preventivo y nosotros entendemos que la dimensión preventiva ha de ser la predominante, ya que es el aspecto más importante a desarrollar. Y es precisamente este aspecto el que el Gobierno vasco lleva años implementando. Es por ustedes bien conocido que el modelo por el que apostamos pone el acento en la construcción de sistemas de integridad institucional. Y no sólo pensando en los cargos públicos, sino también para el empleo público y para aquellos agentes que operan con la Administración”.

El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, José Luis Bilbao, podrá defender próximamente en las Juntas Generales de Bizkaia que en 2014 la Diputación, dirigida por el propio Bilbao, y sus entes públicos mejoraron en su situación económica merced a unos mayores ingresos y un menor endeudamiento. Se da la circunstancia de que hace un año, cuando el presidente del órgano auditor era José Ignacio Martínez Churiaque, el gran titular de su comparecencia en el Parlamento vizcaíno fue precisamente el crecimiento desmesurado de la deuda, sobre todo en el período 2009-2011.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha hecho público hoy su primer informe de auditoría sobre Bizkaia desde que el exdiputado general hasta hace pocos meses, el nacionalista José Luis Bilbao, saltara a esa institución a propuesta del Parlamento, aunque él no puede ser el ponente. Como es habitual, el informe concluye que se cumplió de modo “razonable” con la legalidad en el ejercicio analizado, en este caso 2014, aunque pone algunos ‘peros’, algo también dentro de lo ordinario.

Cita como ejemplo el abono en ese año de 6,8 millones en concepto de devolución a los funcionarios forales de la paga extraordinaria de Navidad retirada en toda España en 2012 por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy. El Tribunal de Cuentas afea a Bizkaia que “incumpliera” el real decreto estatal, aunque reconoce que en 2015 y 2016 sí se han habilitado fórmulas en los presupuestos generales para proceder a su reintegro. Con relación a los funcionarios, igualmente, se pide que se revisen los abonos de IRPF correspondientes a determinadas prejubilaciones, que no tendrían que estar exentas.

El dictamen incorpora también otra “salvedad”, aunque sin efectos en el balance económico general de la provincia. Alude a un mal reflejo contable de la “onerosa” operación del vertedero de Artigas, cedido al ayuntamiento de Bilbao. “El saldo de inmovilizado y de las periodificaciones a largo plazo de la Diputación deben aumentar en 25,1 y 44,4 millones de euros, respectivamente, y el saldo de beneficios por operaciones de inmovilizado debe disminuir en 19,3 millones de euros”, señalan los auditores.

En cuanto a la sociedad Azpiegiturak, el Tribunal duda de que sus activos estén tasados en 117 millones, la cifra que pone la institución foral, debido a la “crisis del mercado inmobiliario”. Y añade que “existe una incertidumbre sobre la valoración de unos inmuebles incluidos en inversiones inmobiliarias de la citada sociedad por 15 millones de euros, puesto que la empresa que alquilaba el inmueble no ejerce actividad alguna, estando en concurso de acreedores”.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), en el informe de fiscalización del ejercicio 2014 de EiTB, apunta que la radiotelevisión y sus empresas tienen cuatro “altos cargos” y 72 personas como “personal directivo”, de los que 41 -22 están incluidos en el organigrama y 19 fuera del mismo- fueron contratados con criterios de “profesionalidad” sin relación previa con el ente público. En el citado informe, aprobado por unanimidad, censura que en 2014 se realizó un contrato en base al criterio de “profesionalidad” para una persona que no era “alto cargo” ni “tenía relación contractual previa” con el grupo EiTB, “no pudiéndose aplicar en consecuencia dicho criterio”.

Además, el órgano fiscalizador cuestiona que no exista “ningún criterio objetivo” para decidir sobre las jefaturas, que quedan al albur de la dirección “sin dejar evidencia de las características del puesto y valoraciones realizadas”. A su juicio, es “necesario definir las necesidades y características de los puestos de jefatura y asignar unos criterios de valoración objetivos de los mismos como titulación, conocimientos técnicos, dificultad, responsabilidad y disponibilidad.

Por contra, EITB considera que sí ha cumplido sus obligaciones al aplicar el criterio de profesionalidad y notificarlo previamente al Consejo de Administración. Y recuerda que aunque la ley establece “con carácter general” el cumplimiento de “los principios de mérito y capacidad en la selección de personal de EITB”, existe también “una excepción a dicha regla general”: cuando se trate de personal con carácter de “especial confianza”, con la obligada notificación al Consejo de Administración. “Ambos requisitos”, añade EITB en sus alegaciones, “se han cumplido por parte el ente público EITB en los cuatro nombramientos de personal directivo” realizados en 2014.

“Profesionalidad”

Para solucionar el problema de los “directivos” contratados de fuera del ente, el organismo fiscalizador recomienda a la dirección general de EiTB que proponga al Consejo de Administración una modificación del organigrama para establecer un “número razonable” de altos cargos, a los que sí se les puede contratar en base a la “profesionalidad”.

Este asunto como el de las retribuciones no es pacífico -ya se planteó en 2009 con el Ejecutivo de Patxi López- y como ha recordado EITB en sus alegaciones “no es nuevo este debate”. A su juicio, “tiene su origen en la laguna legal sobre la definición del concepto de 'personal directivo'”. Básicamente, a juicio de ente público de la radiotelevisión vasca, el Tribunal de Cuentas comete un error y se equivoca al equiparar alto cargo con personal directivo. Y recuerda que quien tiene potestad para una modificación legal sobre la figura del “personal directivo” es el legislador. En todo caso, refleja que esos cuatro directivos (“altos cargos”) fueron designados mediante decreto del 7 de marzo de 2000.

Sobre las cuentas del año auditado, el órgano fiscalizador ha emitido una “opinión favorable” sin “señalar salvedad alguna” y apunta también que el ente y sus sociedades dependientes “han cumplido razonablemente en 2014 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera”. Pero se apunta que se ha “incumplido el límite presupuestario” sobre inversiones, “superando el presupuesto en 1 millón de euros”, y el de gastos de personal, superado en 709.675 euros.

El exdiputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha sido elegido presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para los próximos cinco años, en sustitución de José Ignacio Martínez Churiaque. Es decir, se ha cumplido el guión previsto desde que se conoció que el PNV designaba a Bilbao para ocupar un puesto de consejero en el órgano fiscalizador. Bilbao ha sido designado en una reunión mantenida por los siete nuevos vocales del órgano fiscalizador, que han jurado o prometido sus cargos en un acto en el Parlamento vasco.

Tras ser elegido, Bilbao se ha limitado a asegurar que ha sido designado “para cumplir la ley”. Junto con el exdiputado general vizcaíno, que fue designado vocal con el apoyo de PNV y PSE-EE, ha sido nombrado vicepresidente del TVCP, José Ángel Quintanilla, uno de las dos personas propuestas por los socialistas.

En las vocalías del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, acompañarán a Bilbao y a Quitanilla los también candidatos del PNV Begoña Marijuán y Eusebio Melero; Xabier Txokarro, a propuesta de EH Bildu; Jesús Mariano García, presentado por el PSE-EE, y Teresa Crespo, por el PP.

Se da la circunstancia de que Eusebio Melero vuelve a tener como 'jefe' a José Luis Bilbao, ya que ejerció como diputado de Obras Públicas de Bizkaia de 2003 a 2007, cuando Bilbao era el diputado general. Fue el único diputado del equipo de Bilbao que no volvió a repetir en la legislatura de 2007 a 2011.

Durante el acto de toma de posesión, la presidenta del Parlamento, Bkartxo Tejeria, ha enfatizado que la recuperación de la confianza de la ciudadanía pasa por “ofrecer la mayor transparencia posible”.

La candidatura de Bilbao ha estado rodeada por la polémica y ha sido criticada por EH Bildu, PP y UPyD, partidos que entienden que su trabajo al frente de la institución foral vizcaína le invalida como miembro de un tribunal que tiene como tarea auditar las cuentas de las instituciones públicas.

“José Luis Bilbao es un candidato idóneo para ocupar un puesto de consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas”. Así se ha manifestado el portavoz del Gobierno vasco, Josu erkoreka, para quien el exdiputado general de Bizkaia reúne las condiciones necesarias para trabajar en el Tribunal de Cuentas, tal y como ha propuesto el PNV.

“Por su formación académica, por su trayectoria institucional, por su conocimiento de las cuentas públicas y por el rigor con que ha desempeñado todos sus anteriores cargos es un candidato idóneo”, ha remachado Erkoreka. Además, el portavoz ha recordado que el Tribunal cuenta con los mecanismos de seguridad suficientes para que José Luis Bilbao se inhiba y no fiscalice nada que haya tenido que ver con sus anteriores responsabilidades.

Ahora tendrá que ser el Parlamento vasco el que refrende las propuestas de los diferentes partidos para ocupar los siete cargos del Tribunal de Cuentas.

El PNV ha esperado hasta el último día para desvelar el futuro de José Luis Bilbao, el que ha sido en los últimos 12 años diputado general de Bizkaia, ahora en funciones tras las elecciones del pasado 24-M. No ha sido fácil, según confirman diversas fuentes políticas, buscar un acomodo acorde con el peso político que su partido le ha reconocido. Pero, finalmente, la conocida salida del exalcalde de Bilbao José Mari Gorordo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha allanado el camino iniciado el pasado mes de septiembre, cuando Bilbao anunció que tiraba la toalla y renunciaba a seguir en la primera línea política.

El proceso, sin embargo, no ha terminado. Todavía hay que demostrar que el candidato José Luis Bilbao cumple los requisitos para acceder a ser miembro del tribunal fiscalizador vasco, cuyos consejeros son nombrados por el Parlamento vasco, en virtud de los acuerdos políticos a los que llegan los partidos políticos.

La Ley por la que se creó el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el 5 de febrero de 1985, señala en su artículo 15 lo siguiente:

“Para ser elegido miembro del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, será necesario estar en posesión del título superior y disponer de reconocida competencia en relación al ámbito funcional del Tribunal, garantizada en todo caso con una experiencia profesional de 10 años”. La titulación de Bilbao es la de licenciado en Ciencias Económicas por la UPV. Además, ha desempeñado diversas responsabilidades en el área de gestión y control económico, entre ellas la de director general de Gasto Público Foral y de Finanzas (1983-87), secretario general del diputado general de Bizkaia (1987-91), director foral de Promoción Económica (1991-95) y, desde 2003 hasta ahora diputado general del citado territorio.

Algunos expertos en la materia consideran que solo con la licenciatura de Económicas y su trayectoria, Bilbao podría no reunir los requisitos para ser miembro del tribunal, porque carecería de una “reconocida competencia” ni en fiscalización, ni en enjuiciamiento de la responsabilidad contable, que es el ámbito funcional del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. No es descartable que algún grupo de la Cámara pida previamente a su nombramiento como consejero un informe jurídico para confirmar la idoneidad y legalidad para accecer al cargo del diputado general de Bizkaia en funciones.

Además, no ha pasado desapercibido el hecho de que Bilbao tendrá que abstenerse en la fiscalización de las Cuentas de la Diputación de Bizkaia y de todos los contratos forales con sociedades o empresas privadas que vaya a supervisar el TVCP en ese territorio en su programa anual de trabajo.

Cuotas de poder y sueldos

El acuerdo cerrado entre socialistas y peneuvistas para el reparto del próximo TVCP, que será renovado este mismo mes si se cumplen los plazos, deja una mayoría para ambos partidos en el seno del órgano fiscalizador vasco. Pero falta aún por definir cómo queda definido el resto de formaciones. El Parlamento vasco podría elegir el 25 de junio a los siete nuevos representantes del tribunal, que podría quedar formado por tres vocales de PNV (junto a Bilbao, Begoña Marijuán y Eusebio Melero, que continúan en el cargo) dos de PSE (José Ángel Quintanilla, en sustitución del actual vicepresidente, José Miguel Bonilla, y Mariano García). En el caso de populares y soberanistas no está claro cuántos miembros tendrán, ya que los grupos reclaman diferentes cuotas de poder. Por ejemplo, EH Bildu, segunda fuerza en la Cámara, ha exigido dos representantes y ha presentado como candidatos a José Manuel Altolagirre y Xabier Txokarro. Y el PP también ha presentado a dos candidatos: Teresa Crespo y Jon Inchaurraga.

Las retribuciones de los altos cargos del TVCP, según el acuerdo de Pleno del 5 de abril de 1989 y del 16 de octubre de 1989, están equiparados a determinados altos cargos del Gobierno vasco. En concreto

El pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas tampoco ha aprobado este jueves el informe sobre las ayudas y subvenciones de la Administración vasca al proyecto Hiriko (coche eléctrico) 2010-2013, un fiasco empresarial que de nuevo sale de las catacumbas tras la querella criminal interpuesta por el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, contra seis empresarios acusados de idear un plan para expoliar dinero público de las ayudas institucionales y “conseguir distraer parte de dichos fondos en su propio beneficio”. En este proyecto de coche eléctrico las instituciones, sobre todo el Gobierno central, han visto como se iban por el sumidero más de 16 millones de euros.

El documento forma parte de la fiscalización que el tribunal ha realizado de la Cuenta Genral de la Comunidad Autónoma Vasca de 2013, en concreto el apartado número seis. Cuando se produjo la discusión en el pleno sobre el plan de trabajo para el pasado año, el ambiente en el tribunal ya estaba enrarecido. Su presidente, José Ignacio Martínez Churiaque, quiso elaborar un informe específico, pero la mayoría del pleno (formada por los consejeros nombrados a propuesta del PNV y del PSE-EE) impusieron que el tema de Hiriko fuese incluido en la Cuenta General.

El órgano fiscalizador vivió antes de verano uno de los momentos más tormentosos y de crisis interna que se recuerdan en el tribunal a raíz del informe sobre las ayudas a Epsilon, otro proyecto fallido en el que se dilapidaron más de 48 millones de euros. Un documento final que el presidente Churiaque denunció que había sido “censurado” por los cinco consejeros nombrados a propuesta del PNV (3) y del PSE-EE (2). Los consejeros socialistas y peneuvistas negaron entonces la mayor e incluso el peneuvista José María Gorordo, en su voto concurrente, acusó a Churiaque de haber pretendido de manera “caprichosa” en su borrador de informe “modificar conclusiones de otros informes anteriores sin aportar hechos ni datos nuevos, lo que vulnera el principio de cosa juzgada y la práctica habitual del tribunal desde su creación”. El tribunal estuvo meses con sus trabajos paralizados por el boicot de los cinco consejeros, que condicionaron su vuelta a la normalidad a una retractación de las palabras del presidente.

Bronca sin precedentes

Tras el verano, el pleno del órgano fiscalizador vasco retomó sus trabajos y su agenda. Pero antes incluso de la etapa de parón, se planteó la posibilidad de aprobar el informe de Hiriko para enviarlo a la comisión parlamentaria de investigación que entonces, entre mayo y junio del pasado, estaba en plena ebullición final de comparecencias sobre Epsilon e Hiriko. En la segunda quincena de junio, estalló la bronca interna en el TVCP. ¿Por qué no se ha elevado a pleno el documento? “Eso hay que preguntárselo al presidente del tribunal, porque es una potestad que solo él tiene”, afirma una fuente del órgano fiscalizador.

El pleno del tribunal se ha reunido el 19 de diciembre, el pasado 19 de enero y este jueves 19 de febrero. Y Churiaque no ha elevado el informe a pleno para su aprobación. De hecho, la mayoría de los consejeros, en un pleno bronco celebrado en diciembre, ya exigieron que se diera salida a otros cinco o seis informes de fiscalización redactados y pendientes únicamente de la luz verde plenaria.

En la reunión de este jueves todo ha ido como la seda, según fuentes del pleno, y el tema del informe de Hiriko ni se ha tocado. “Ni una palabra sobre el tema”, han apuntado las mismas fuentes.

Los cinco consejeros críticos con el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) -nombrados a instancias del PNV (3) y del PSE-EE (2)- volvieron a hacer valer este lunes su mayoría frente a José Ignacio Martínez Churiaque, que pretendía que el pleno aprobara las Normas Internacionales de Auditoría del Sector Público. Por contra, los críticos -que actúan en bloque desde que decidieron volver a asistir a los plenos del órgano fiscalizador- indicaron que no tenía sentido la propuesta llevada al pleno por su presidente y propusieron que la Comisión Técnica del tribunal estudiara previamente esas normas y definiera en qué afectan al funcionamiento actual del órgano fiscalizador.

Churiaque mantuvo su propuesta para obligar a que se votara, que fue rechazada por cinco votos a dos. Sin embargo, tanto él como el otro consejero nombrado a instancias del PP votaron a favor del planteamiento de la mayoría crítica, que obtuvo así la unanimidad del pleno. Estas normas han sido aprobadas en una reunión reciente por los presidentes de los tribunales de cuentas de toda España, pero Churiaque las remitió al resto de consejeros el pasado jueves. Los cinco consejeros mantienen que, tras una lectura “somera” y apresurada, las citadas normas internacionales no implican modificaciones en el manual del procedimiento del tribunal vasco, pero que en cualquier caso deben ser estudiadas por la comisión técnica. Será este órgano el encargado de proponer al pleno lo que considere oportuno en relación a este asunto.

Se da la circunstancia de que hace menos de tres semanas los cinco consejeros críticos con las acusaciones vertidas por su presidente en la comisión de investigación parlamentaria de Epsilon -que ha motivado este enfrentamiento interno inédito en el tribunal- remitieron una carta a la presidenta del Parlamento vasco en la que explicaban los “incumplimientos” sobre la normativa de confidencialidad que ha realizado el presidente al remitir a la Cámara determinada información y documentación interna relacionada con Epsilon del órgano fiscalizador.

Al enviar esa información, a espaldas de lo aprobado por el pleno del tribunal, Churiaque habría incumplido la ley de funcionamiento del tribunal en materia de confidencialidad, el manual de fiscalización y todo lo relacionado con la norma que preserva la confidencialidad de los materiales y el secreto de las deliberaciones en el órgano fiscalizador. Churiaque ha defendido su actuación -la comisión había solicitado más información- en aras a la transparencia, política de la que ha hecho bandera en esta última etapa convulsa del tribunal.

Confidencialidad

Las citadas normas internacionales de auditoría, en el apartado dedicado a la documentación y confidencialidad (punto 30), especifican que “los auditores deberán mantener y garantizar la confidencialidad sobre la información obtenida en el curso de sus actuaciones”. Y añade: “Los datos relativos a los entes fiscalizados obtenidos por los auditores en el ejercicio de sus funciones no deberán ser utilizados para fines distintos de la propia fiscalización. La información obtenida no deberá ser facilitada a terceros ni utilizado en provecho propio. En concreto, y salvo que una Ley establezca expresamente lo contrario, no se facilitará acceso a los papeles de trabajo ni a la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos”.

En la reunión de ayer -la última antes de las vacaciones- la mayoría crítica mantuvo su decisión de garantizar solo la función fiscalizadora del tribunal mientras no se discuta sobre la reprobación de la actuación de Churiaque en la comisión de investigación de Epsilon. En un escrito firmado por los cinco consejeros -y al que se dio lectura en la reunión anterior-, los consejeros ya habían anunciado que acudirían a los plenos “exclusivamente para garantizar el ejercicio de la función fiscalizadora” del tribunal y que “no trataremos ningún otro asunto que no responda estrictamente a la misma”.

En lo relacionado con el resto de puntos del orden del día hicieron valer su mayoría. No aprobaron el acta anterior, aprobaron el reparto del control de calidad con algunos cambios y pidieron al presidente que motive las razones de su propuesta de convenio con la entidad Transparencia Internacional.