El Parlamento analiza un posible conflicto de intereses de la nueva presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández

La Mesa del Parlamento Vasco ha solicitado este martes un informe jurídico para aclarar si Amaya Fernández tiene o no un conflicto de intereses para ocupar el cargo de presidenta de la gestora del PP de Bizkaia tras la decisión de Génova de intervenir el partido en esa provincia y apartar a quien ocupaba esa posición desde 2017, Raquel González. Fernández es, desde 2022, asesora del vocal propuesto por el PP en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, un órgano de control que depende del Parlamento, y ejerce labores de “auditora-jefe”, es decir, que participa en el control de instituciones públicas.

Fue el sábado cuando trascendió la operación del PP para reactivar la organización en Bizkaia. Fernández, procedente de Barakaldo, fue brevemente presidenta del PP vasco en 2020 como 'número dos' de Alfonso Alonso, que en su momento fue fulminado del cargo y como candidato a las autonómicas de ese año. Durante unos meses hasta que el elegido Carlos Iturgaiz tomó el control total, Fernández asumió la dirección hasta quedar apartada también. Después, mantuvo un escaño en las Juntas Generales hasta que pasó a ser asesora en el Tribunal de Cuentas dentro de la cuota de la que dispone el PP.

Las fuentes consultadas indican que el dictamen de compatibilidad será positivo con toda probabilidad. De hecho, existe un precedente de 2023 cuando la propia Fernández fue propuesta, también por el actual equipo de Génova, para ser vocal del comité electoral nacional del PP. Entonces, en un informe de dos folios al que ha tenido acceso este periódico y que está firmado por la propia presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, del PNV, se estimó que esa labor en su partido era “compatible” con sus funciones como auditora. Eso sí, se le pidió que comunicara cualquier cambio en su posición, como ha hecho en las últimas horas.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.3.c) de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta de Intereses de los Cargos Públicos, solicito de la Presidencia del Parlamento Vasco [que] me sea concedida la compatibilidad para la realización de la siguiente actividad: actividades privadas reguladas en el artículo 14.1.d) de la citada Ley 1/2014, en concreto, participación en los órganos de dirección del Partido Popular de Bizkaia. Esta actividad cumple con los requisitos exigidos en la normativa que le es de aplicación”, ha planteado la aludida a la Cámara.

Además, hay otra persona asesora en el Tribunal de Cuentas que fue dirigente de su partido, en este caso el PNV. Se trata de Amaia Ruiz de Viñaspre, que hasta noviembre de 2024 era la 'número dos' del partido en Álava, esto es, secretaria del Araba Buru Batzar. Su caso salió a la luz cuando contrató a su hija, Ane Miren Atín, también del PNV, para trabajar con ella en el organismo público. Eso sí, fuentes internas recalcan que Ruiz de Viñaspre nunca ha tenido funciones de auditoría.