En el verano de 2025, el juez de la Corte Penal Internacional Nicolas Guillou quedó bloqueado. Al intentar pagar un billete de tren o un café con su tarjeta, el terminal daba error. Todas sus reservas de viajes quedaron canceladas. Tampoco podía usas sus suscripciones a servicios digitales, recuperar los datos que había almacenado en la nube ni enviar correos electrónicos. El magistrado había sido sancionado por Donald Trump por investigar los crímenes de guerra de Israel en Palestina y ratificar la orden de arresto internacional contra Benjamin Netanyahu.

El veto implicó que todas las empresas estadounidenses dejaran de prestarle servicio. Sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard se convirtieron en trozos de plástico. Sus cuentas en Amazon, Microsoft o Gmail quedaron anuladas. Sus reservas de viajes con Expedia, una empresa con sede en Seattle, se cancelaron. Desde entonces Guillou, así como otros miembros de la Corte sancionados, tienen que llamar primero a los alojamientos o estaciones para saber si aceptan dinero en efectivo. El juez goza de libertad en las calles europeas, pero ha sido apartado de la sociedad digital: “Es como volver a la década de 1990”, expresa.

El de Guillou es un caso micro. Cuando esto ocurre a nivel macro, entra en juego el futuro de naciones enteras y millones de personas. Así puede atestiguarlo Volodímir Zelenski. El presidente ucraniano lo sufrió en las primeras semanas de Trump en el cargo, cuando el presidente estadounidense ordenó a la empresa de satélites Maxar que dejara de suministrar imágenes al ejército ucraniano para forzar a Kiev a negociar con Moscú.

La misma noche en la que comenzó el bloqueo, las tropas de Vladímir Putin atacaron la ciudad natal de Zelenski, Kryvyi Rih, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a más de 30. El frente de batalla ucraniano quedó a ciegas, sus pilotos de drones tuvieron que parar sus contraataques y las defensas aéreas quedaron en clara desventaja ante la aviación rusa.

Se trata de una realidad de la que numerosos especialistas han avisado durante décadas, anunciada por casos como el de Julian Assange, pero que ahora toda Europa vive en primera persona. La Casa Blanca tiene “un botón de apagado” para numerosas tecnologías y sistemas críticos del continente y bajo el mandato de Trump no duda en usarlo para forzar a los países europeos a seguir sus intereses.

El riesgo de un 'botón de apagado' por parte de Estados Unidos ya no es una discusión teórica de expertos en tecnología o simulaciones de guerra: es un riesgo inminente y genuino que Europa ya no tiene el lujo de ignorar

Cori Crider — directora del Future of Technolofy Institute

Esta es la principal conclusión del informe Defensa en la nube: un flanco europeo expuesto, elaborado por el think tank Future of Technology Institute (FOTI), con sede en Bruselas. El análisis, que se presenta este viernes y al que ha tenido acceso elDiario.es, se ha elaborado a partir de datos abiertos sobre las contrataciones públicas del continente. El resultado arroja que 23 de los 28 países analizados dependen de los gigantes tecnológicos estadounidenses para sostener sistemas críticos de sus ejércitos y agencias de seguridad.

Esto les deja a merced de bloqueos como el que sufre el juez Guillou y sus compañeros de la Corte Penal Internacional o el de Ucrania. “El riesgo de un 'botón de apagado' por parte de Estados Unidos ya no es una discusión teórica de expertos en tecnología o simulaciones de guerra”, dice Cori Crider, directora ejecutiva del instituto, “es un riesgo inminente y genuino que Europa ya no tiene el lujo de ignorar”.

“La administración Trump y sus patrocinadores de las grandes tecnológicas han convertido nuestras dependencias tecnológicas en un arma, y esto parece que solo irá a peor”, asevera.

Riesgo alto en más de la mitad de los países europeos

El mapa de riesgo que dibuja el FOTI divide al continente en dos grandes bloques de alerta. En el nivel de riesgo alto se encuentran 16 naciones, incluyendo a potencias militares como el Reino Unido, Alemania y Polonia. Los investigadores las colocan en el peldaño más alto por su política de contratación de forma directa con los hiperescaladores estadounidenses, como se conoce al grupo formado por Amazon, Google, Microsoft y Meta, por la potencia y envergadura de sus centros de datos.

España, por su parte, se ubica entre los siete países con un riesgo medio, marcado por el peligro de las “dependencias ocultas”. Esto se debe a que aunque los gobiernos de estos países han impulsado políticas para recurrir a proveedores nacionales y blindar su soberanía, estos a su vez siguen dependiendo de empresas estadounidenses para desplegar todas las capacidades del sistema. El informe destaca que España tiene una gran dependencia de Oracle, una multinacional estadounidense de centros de datos.

A los 30 días de una interrupción, como máximo, la mayoría de los servicios dejarían de funcionar. En cuanto te cortan el servicio y hay que renovar la licencia, ya no puedes seguir utilizándolo

Tobias Bacherle — coautor del estudio

Los autores del estudio reflejan como las compañías de EEUU, conscientes de esta preocupación, han empezado a ofrecer a los países europeos redes aisladas de Internet y sin conexión con Washington, lo que impediría que la Casa Blanca pudiera forzarlas a echarlas abajo en un momento dado. Sin embargo, el “botón de apagado” va más allá de esa conexión física, alertan.

“A los 30 días de una interrupción, como máximo, la mayoría de los servicios dejarían de funcionar. Esto se debe a que necesitan renovaciones de las licencias y parches de seguridad. En cuanto te cortan el servicio y hay que renovar la licencia, ya no puedes seguir utilizándolo”, avisa Tobias Bacherle, coautor del estudio.

Este poder tiene nombre y apellidos legales. La principal herramienta de la Casa Blanca para bloquear el uso de su tecnología es la legislación de sanciones de EEUU, que prohíbe a cualquier empresa estadounidense prestar servicios a las personas o entidades que Washington decida incluir en sus listas negras. Ese fue el marco que obligó a Microsoft, Expedia o Visa a cortar sus servicios a los jueces de la Corte Penal Internacional de forma instantánea.

Al paquete de bloqueo se suma la llamada CLOUD Act, que permite a las autoridades estadounidenses exigir a sus empresas tecnológicas el acceso a datos almacenados en servidores europeos, lo que llevó al ejército suizo a prohibir el uso de WhatsApp en 2022, destaca el informe. La última es la ley FISA, que habilita la vigilancia de comunicaciones incluso en sistemas teóricamente aislados. Cuando el director legal de Microsoft compareció ante el Senado francés y le preguntaron si podía garantizar que los datos europeos estaban a salvo del gobierno de EEUU, su respuesta fue: “No, no puedo”.

Logística, gestión de personal, armas

Aunque este botón de apagado se ha relacionado tradicionalmente con los servicios digitales y financieros, sobre todo desde que EEUU lo pulsó para acorralar a Assange y Wikileaks, los investigadores explican que no se circunscribe solo a estos sectores. El documento establece que la dependencia de la nube estadounidense abarca los sistemas más vitales de las fuerzas armadas europeas, incluyendo “desde armas hasta logística y gestión de personal”.

Katja Bego, investigadora de Chatham House (un think tank británico de política internacional que se encuentra entre los más influyentes del mundo) destaca que también está “directamente incrustado en los sistemas de armas” y puede, literalmente, “dejar en tierra a nuestros aviones de combate”.

Aunque no lo cita directamente, Bego evoca la gran polémica de los últimos años respecto al botón de apagado tecnológico de EEUU. Se trata del cazabombardero F35, el más moderno de los que emplea y vende EEUU. Este es un avión de combate de última generación con multitud de sistemas conectados, que dependen de software, actualizaciones y flujos de datos controlados en buena medida por empresas y autoridades estadounidenses.

En la práctica, esto significa que estos cazabombarderos necesitan acceso continuo a estos sistemas para operar con normalidad. Esta situación, que se consideraba normal en el marco de la OTAN antes del segundo mandato de Trump, ha disparado los debates sobre si el republicano podría impedir el uso de los F35 a los países que los han adquirido en uno de sus arrebatos geopolíticos.

Estas dudas han provocado que varios países, como España, Portugal, Suiza o Canadá, rechacen comprar el caza o pidan cancelar los contratos ya existentes. Sin embargo, buena parte de las principales potencias europeas ya los tiene en sus fuerzas aéreas.

Comprar europeo y código abierto: la hoja de ruta contra el apagón tecnológico

El informe del FOTI traza un plan de acción “urgente” centrado en romper la dependencia con los gigantes tecnológicos. La principal recomendación es establecer planes de migración graduales para trasladar los sistemas militares más críticos a nubes plenamente europeas antes de 2030. “La infraestructura en la nube debe tratarse como un pilar central de la estrategia de defensa de Europa”, recalca Tobias Bacherle.

El Instituto urge a los gobiernos a reformar sus normativas de contratación pública para instaurar políticas que prioricen a los actores europeos y el software de código abierto. Esto implica exigir que la informática gubernamental y de defensa sensible opere exclusivamente en infraestructuras alojadas y controladas legalmente dentro de Europa, excluyendo de las licitaciones a aquellas plataformas que se comercializan como soberanas, pero que siguen expuestas al alcance extraterritorial de Estados Unidos.

Además, los expertos advierten contra la actual fragmentación del continente, donde cada país busca parches por su cuenta. La solución, apuntan, pasa por aunar y unificar las compras entre los Estados miembros para generar la demanda suficiente que permita crecer a las empresas tecnológicas locales.

Para los autores, esta crisis de dependencia encierra una oportunidad histórica. Con el gasto militar europeo disparado hasta los 381.000 millones de euros, los investigadores piden a los gobiernos que utilicen estos colosales presupuestos como una “palanca de política industrial”. Como destaca Katja Bego, gran parte de esta tecnología en la nube y la inteligencia artificial es de “doble uso” (militar y civil), por lo que invertir en un ecosistema de defensa propio generaría un efecto dominó que impulsaría todo el sector comercial y tecnológico europeo.

Un tuit de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía hizo bastante daño entre el profesorado del Instituto de Enseñanzas a Distancia (IEDA). “Por primera vez, en Andalucía se ha apostado por contenidos educativos abiertos”, dijo la secretaria general de Educación y FP, Olaia Abadía, en la presentación de la nueva Estrategia de Transformación Digital Educativa de Andalucía, de la que tomó conocimiento el Consejo de Gobierno a primeros de junio.

La indignación tiene su origen en que, desde su creación en 2009, el profesorado del IEDA, un centro público que dejará de existir como tal en septiembre, ha ido elaborando recursos educativos abiertos, denominados REA, que se han puesto a disposición de la comunidad educativa de forma libre y gratuita desde el banco de recursos AGREGA, del Ministerio de Educación, y el repositorio CREA, de la Junta de Andalucía.

“Tenemos más de 25.000 objetos digitales educativos, la gran mayoría de ellos elaborados en el IEDA, y ahora parece que Imbroda se lo ha inventado”, comentan desconcertadas algunas fuentes del profesorado. “Nosotros llevamos más de diez años creando, actualizando y publicando REAS para el CREA”, afirman. “O es desprecio o es absoluta incompetencia”, lamentan otras fuentes. Desde la Junta no niegan ese trabajo generado durante años pero dicen que la novedad reside en que “a partir de ahora, la naturaleza de los recursos que se desarrollen por la Consejería de Educación y Deportes tendrán como características básicas, además de que éstos sean abiertos, que cumplan con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, sean inclusivos y atiendan a la diversidad del alumnado andaluz”, indican fuentes del departamento dirigido por Javier Imbroda. Además, los REA “cumplirán con las normas de accesibilidad y de calidad de los recursos educativos en vigor para el ámbito educativo”, detallan las fuentes.

El modelo de producción del IEDA, explicado aquí, ha trabajado con herramientas de software libre Moodle y eXeLearning, con unas “apuesta clara” por los materiales libres. Ha supuesto “un caso de éxito”, como se dijo desde la página oficial de eXeLearning, el programa libre y abierto para crear contenidos educativos. De hecho, en la Junta insisten en que el “cambio de modelo” se hace “aprovechando la experiencia acumulada con el IEDA”. “Las novedades que presentan los contenidos educativos abiertos que se desarrollan en el ámbito del proyecto REA Andalucía, a través de Resolución de 20 de Noviembre de 2020 de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa por la que se efectúa convocatoria de selección y nombramiento de profesorado para la elaboración de recursos educativos abiertos de enseñanzas no universitarias y se establece la naturaleza de éstos”. “El diseño de esos recursos digitales se ha hecho a través de una convocatoria pública abierta para 185 profesores andaluces”, insisten las fuentes de la Consejería.

Lo cierto es que en el IEDA siguen trabajando en este curso que agoniza en virtud de una nueva guía de estilo de los materiales didácticos publicada antes de navidades. En ese sentido, el profesorado del IEDA ha comenzado un proyecto de migración de materiales, con una duración prevista de tres años. “A día de hoy, no sabemos qué va a pasar con este proyecto que implicaba el cambio de estilo y actualización de todos los contenidos curriculares del IEDA. Desconocemos qué va a pasar con el resto de materiales. ¿Se van a migrar? ¿quién lo hará?”, se pregunta el profesorado, que duda de que siga en pie el repositorio CREA y que puede que se publique un nuevo repositorio con todos esos materiales “para volver a ponerse la medalla”.

“El mismo modelo pedagógico del IEDA”, pero sin el IEDA

En este punto, la Consejería argumenta que dicho proceso de migración de materiales se corresponde con “la actualización a una nueva versión de la herramienta de autor de contenidos educativos digitales eXeLearning” y “la adaptación a las nuevas plantillas que se han diseñado teniendo en cuenta el Diseño Universal para el Aprendizaje”. “Este proceso ya se ha realizado anteriormente en el IEDA, por ejemplo en la adaptación de los materiales de la LOE a la LOMCE”, apuntan. Los nuevos materiales “se usarán en la educación a distancia y semipresencial en los centros autorizados para impartir estas enseñanzas”, dicen las fuentes, que abundan en que utilizan “el mismo modelo pedagógico del IEDA”, como ya dijo la Junta el pasado mes de marzo.

En cuanto al resto de recursos y materiales existentes, señalan las fuentes de la Consejería que la migración “se hará en función de las necesidades pedagógicas que vayan demandándose en cada curso académico” y que la encomienda de ese trabajo “será diseñada por los centros directivos con competencia en las enseñanzas”. En cuanto al repositorio, “está previsto alojar todos los recursos educativos digitales que actualmente están en el Banco de Recursos AGREGA en lo que será el nuevo Banco de Recursos de Andalucía a partir del curso 2021/2022 dentro de las actuaciones contempladas en la Transformación Digital de Andalucía”.

Esa migración de recursos educativos abiertos “no supondrá impacto alguno en el uso de los mismos por parte del profesorado andaluz que contendrá, entre otros, los materiales que se han ido elaborando por el profesorado del IEDA”. Esta actuación, según apunta la Junta, “está muy avanzada” y espera que esté “a disposición de la comunidad educativa a partir del próximo curso”. “Cuando nos lo encargaron, nos prohibieron que el logo del IEDA apareciera en los contenidos migrados. No sabíamos entonces lo que esto iba a significar”, apuntan al respecto fuentes del profesorado del IEDA, que señalan que “los contenidos están bastante más modernizados, pero como tenían prisas no todos han podido introducir modificaciones de fondo”. Así quedan los contenidos, por ejemplo, de un tema de Griego bajo el nuevo modelo.

Cabe recordar que el profesorado del IEDA, el alumnado y hasta la Federación Andaluza de Municipios y Provincias han puesto en cuestión la desaparición de este centro público. Un reciente informe del propio IEDA señalaba que su tasa de éxito académico es superior a la media en las enseñanzas presenciales convencionales y defiende que su modelo de gestión y atención docente está muy bien valorado por el alumnado, instando a la Junta a “poner en contexto” la alta tasa de abandono escolar.

Por su parte, FASE CGT, el sindicato de enseñanza de la Confederación General de Trabajadores, considera respecto a esta cuestión que “los materiales didácticos elaborados por el profesorado del IEDA han servido para la formación de otras decenas de miles de personas adultas en la modalidad de Enseñanza Semipresencial, atendida en muchos centros ordinarios de Andalucía. Pero, además, la versatilidad de estos materiales, unida a su distribución libre y a su fácil adaptación en diferentes entornos de la plataforma Moodle, ha sido un colchón de aire ante la caída al vacío que supuso el confinamiento de la educación ordinaria y el recurso forzoso a mecanismos de teleenseñanza”.

Convenios con Google y Microsoft

Desde la Junta de Andalucía inciden en otro punto. El hecho de que en el IEDA se hayan elaborado recursos digitales abiertos, tanto contenidos como actividades y tareas, y que su labor docente se haya desarrollado en una plataforma como Moodle, “no guarda ninguna relación con la expansión de la enseñanza a distancia a las distintas provincias andaluzas ni con los convenios firmados con Google y Microsoft”, recordando que el principal objetivo es “lograr una mejora en la atención del alumnado prestando una asistencia y una tutorización más directa”.

Desde el propio profesorado, y desde el sindicato CGT, se había criticado la convocatoria de licitación del pasado 17 de marzo para el “mantenimiento adaptativo y la gestión de la explotación de las distancias plataformas de gestión del aprendizaje en modalidad semipresencial y a distancia”. En la memoria justificativa de la nueva contratación se exponía que “la Consejería de Educación y Deporte no dispone de los medios personales y materiales que requiere las tareas y actividades que comportan este servicio (…)” pero el profesorado del IEDA denunció que “es un trabajo que hasta ahora desarrollaba el IEDA y que va a asumir la empresa que firme el contrato con la Consejería”.

Pero desde la Consejería insisten en que esa nueva contratación “en ningún caso subyace relación alguna con la licitación para la gestión de plataformas ni con los recursos abiertos, así como tampoco guarda relación con los convenios de colaboración con las corporaciones Google o Microsoft”.

El superordenador MareNostrum 4 es muy bonito. Está instalado en el interior de una capilla propiedad de la Universitat Politècnica de Catalunya, construida en los años 40 del pasado siglo. Frente a ella hay una réplica de una cabeza monumental de la civilización olmeca, cedida por una universidad mexicana. “Ha ganado todos los concursos de belleza de supercomputadores”, presume el director del Centro Nacional de Supercomputación, Mateo Valero. Que reciba visitas guiadas por ser digno de admirar es uno de los rasgos particulares del buque insignia de la computación española, puesto que lo que suele primar en este tipo de instalaciones es su velocidad para hacer cálculos.

No es que el MareNostrum 4 no sea rápido. Pero se montó en 2017 y se está aproximando al final de su vida útil, que en los superordenadores está en torno a los cuatro o cinco años. La solución será el MareNostrum 5, que será unas 30 veces más potente. El organismo que dirige Valero, más conocido como Barcelona Supercomputing Center (BSC), ganó el pasado verano un concurso de la Unión Europea para ayudar a financiarlo. Uno de sus proyectos de investigación que llamó la atención de Bruselas es el conocido como “chip europeo”, un desarrollo tecnológico con capacidad para revolucionar no solo el sector de los supercomputadores sino también otros como el de los coches autónomos.

El “chip europeo” es un intento de aplicar la lógica del código abierto, muy avanzada en lo relativo a programas digitales (software), al mundo de los chips (hardware). “La cosa es: ¿Por qué no creamos un juego de instrucciones que sea de todos y para todos, que sirva para que cualquiera pueda hacer sus chips y que no dependamos de empresas que cobran más de 50 veces lo que vale desarrollarlos?”, explica el director del BSC en entrevista con elDiario.es. La iniciativa, denominada RISC-V, surgió en la Universidad de Berkeley en 2010 pero ha ganado un nuevo impulso en Europa en los últimos años, que no cuenta con ningún gran fabricante de chips.

El software abierto se basa en facilitar el acceso al código bajo una licencia que permite utilizarlo, reescribirlo, mejorarlo y redistribuirlo sin el permiso expreso de su autor original. Surgió como respuesta a los programas privativos que impedían a sus usuarios incorporar mejoras o funcionalidades adicionales, impidiendo explotar al máximo las posibilidades de la tecnología. La mayoría de supercomputadores realizan labores de investigación, “como los buques oceanográficos o los Observatorios de Canarias”, expone Valero, y utilizan versiones de Linux –la nave nodriza del código abierto– como sistema operativo. Sin embargo, siguen atados a las lógicas privativas y a las condiciones de venta que establecen unos pocos fabricantes de chips.

Europa no siempre ha carecido de esa capacidad estratégica. Hasta 2016 contaba con la multinacional británica ARM, pero tras el Brexit esta fue vendida a Softbank, una compañía japonesa. Los chips de ARM se usaron para crear el Fugaku, el supercomputador que ocupa el primer puesto en el prestigioso top500 de los computadores más rápidos del mundo. Está instalado en Kobe (Japón). “Llevamos tres años coordinando una iniciativa para intentar hacer procesadores que compitan con los Intel, Nvidia, ARM...”, explica el director del BSC. “Las posibilidades de colaborar, optimizar, de tomar diseños de uno, adaptarlos a tus necesidades, mejorarlos, son enormes a nivel mundial”.

“Estamos avanzando. Hoy por hoy no son comparables con los de los competidores, pero estoy convencido que si no se para la financiación, el MareNostrum 6, de aquí a cinco o seis años, podrá tener chips europeos, abiertos. Actualmente no hay ningún supercomputador que los tenga”, pide Valero, que recalca la importancia de que las instituciones apoyen esta carrera en un capítulo de Faster than the Future, editado por Digital Future Society. En el libro, el director del BSC y otros 10 expertos internacionales apuntan algunos de los retos inmediatos de la tecnología. En su presentación participaron tanto la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, como la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.

“No habrá tecnología ética en Europa sin soberanía”

Unos 600 investigadores del BSC utilizan el MareNostrum 4 como instrumento de trabajo. Su función es realizar las simulaciones necesarias en sus experimentos. Se organizan en torno a cuatro departamentos: ciencias de computación, donde se estudian cuestiones como el big data o la inteligencia artificial; ciencias de la vida, centrada en modelización molecular del ser humano o medicina personalizada; ciencias de la tierra, que analiza el cambio climático, la calidad del aire, etc.; e ingeniería, cuya misión es “desarrollar software científico para explotar de manera más eficiente las capacidades de la supercomputación”.

Existen centros de investigación con superordenadores por todo el mundo, pero Europa se ha quedado descolgada. Ninguno de los cinco más potentes se encuentra en el viejo continente. Los primeros representantes, según el top500, son el Juwels (Alemania, 7º más rápido) y el HPC5 (Italia, 8º). El MareNostrum 4 es el número 42 de la lista. El plan europeo que cofinanciará a su sucesor tiene como objetivo revertir la situación y que los superordenadores europeos rivalicen por los primeros puestos. Es el primero que se organiza en este campo y también ayudará a construir otras dos instalaciones punteras en Finlandia e Italia.

Aunque de momento Japón se queda con la primera posición y además del Fugaku tiene otro par de superordenadores además entre las 20 más rápidas, es EEUU quien domina el sector. Su posición se consolidó aun más tras una nueva venta de ARM, que el pasado septiembre pasó de SoftBank a la estadounidense Nvidia. China, que ha realizado una gran inversión en los últimos años, se le acerca cada vez más, aunque aún existe distancia entre las dos superpotencias.

La iniciativa del chip abierto está enfocada a los superordenadores de los centros de investigación, pero puede repercutir en toda la sociedad. “Europa tiene que tener tecnología soberana, primero porque a nivel económico va a generar un rendimiento, pero segundo, porque si quieres hacer una internet ética, tienes que dominar la tecnología que la sostiene”, expone Mateo Valero. “En Europa defendemos que somos los que tenemos las mejores regulaciones éticas. Pero si no eres tú quien desarrolla la tecnología, el problema te vendrá dentro”.

En Europa defendemos que somos los que tenemos las mejores regulaciones éticas. Pero si no eres tú quien desarrolla la tecnología, el problema te vendrá dentro

El problema que define el director del Centro Nacional de Supercomputación se da tanto a la parte física de las tecnologías de la información como al código informático que las rige. En medio del debate sobre el poder de multinacionales digitales como Google o Facebook, Valero recuerda que la situación es similar en lo relativo a los chips, con empresas como Intel o Nvidia dominando el sector. “¿Por qué enfocarnos en los procesadores? Porque son los elementos que procesan toda la información”.

En cualquier caso y pese a que su campo de especialización es el hardware, Valero no ahorra críticas sobre las multinacionales digitales. “Nos han hecho esclavos sin haber habido ninguna guerra”, asevera en su conversación con este medio. “Lo que están haciendo estas empresas es inmoral, aunque sea legal. Te hacen firmar una serie de consentimientos para poder comunicarte con tus familiares y amigos, para luego hacer negocio con tus datos. Y lo que es mucho peor, para tratar de cambiar la forma en la que piensas”.

“La situación tiene que cambiar”, sentencia el experto, ganador de numerosos premios como el Eckert-Mauchly, considerado el más prestigioso en arquitectura de computadores. “Europa tiene que intentar que los datos sean de los que los producen, de que no se puedan extraer sin más, jugar con ellos y, sobre todo, mandarte consignas en cada segundo sobre qué tienes que hacer. Yo no tengo redes sociales. Tuve Facebook hasta hace ocho años. Lo dejé porque vi que se puede vivir sin él y no tengo por qué nutrir con mis datos ese gran negocio”.

El Gobierno ha abierto este miércoles el capó de Radar COVID para permitir que todo el que quiera se asome dentro y compruebe cómo se mueven sus engranajes: qué funciones del teléfono utiliza, cómo detecta los contactos próximos o verificar que no almacena ni los datos personales de sus usuarios ni su ubicación. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha seguido la hoja de ruta trazada en julio y ha publicado el código de la app este 9 de septiembre, como había anunciado.

La liberación del código se considera un proceso clave para la transparencia de esta herramienta, como recordaron al Gobierno este sábado más de 200 académicos en una carta abierta. Tanto Google y Apple, que proporcionan la base de la tecnología, como los países europeos que han construido sobre ella sus apps de rastreo de contagios, han liberado ya el código de sus respectivas aplicaciones para permitir su auditoría externa. En el caso de España, se trata de la primera vez que la administración pública abre el código que utiliza una herramienta digital de esta envergadura.

Dada la gran sensibilidad de la información que van a manejar estas apps y la importancia de lograr una gran adopción por parte de la población, la transparencia y la publicidad sobre el uso que hacen de los datos personales han sido vitales desde el minuto uno de su desarrollo. De hecho, el código de Radar COVID se ha publicado bajo licencia Mozilla Public License 2.0, la misma que utilizó el consorcio de investigadores europeos que diseñó el embrión de las aplicaciones de rastreo, el protocolo DP-3T, cuando liberó el código que mostraba cómo utilizar el bluetooth para detectar los teléfonos cercanos sin que interviniera el GPS u otras tecnologías más invasivas con la privacidad.

El DP-3T diseñó un innovador sistema de intercambios de claves generadas de forma aleatoria entre los teléfonos. Cuando tienen una app basada en el protocolo DP-3T instalada y activada, los teléfonos emiten constantemente claves generadas de forma aleatoria mediante bluetooth, una tecnología de radiofrecuencia que no requiere antenas de telefonía u otros equipamientos de terceros. A su vez, escuchan y almacenan las claves que les llegan desde otros teléfonos cada pocos minutos, pero solo si están a dos metros o menos, un aspecto que se detecta midiendo la intensidad de la señal bluetooth. El funcionamiento es similar al del radar de un submarino, explicaron a elDiario.es los miembros del equipo diseñador del DP-3T.

Los códigos que emite cada teléfono se renuevan cada 10 minutos. De esta forma, cuando dos personas usuarias de la app están a menos de dos metros durante treinta minutos, sus teléfonos se intercambiarán varias claves, pero sus dispositivos no podrán saber si esos códigos que han guardado pertenecen a una sola persona o a varias. Cuando una persona da positivo y desea comunicarlo al resto de usuarios de la app –previa validación de los servicios sanitarios– el sistema sube todas las claves aleatorias que ha generado su teléfono a un servidor donde se juntan con las del resto de usuarios que han dado positivo. La app se conecta a este servidor periódicamente y contrasta esa lista de claves con las que ha escuchado y registrado en los últimos días. Si detecta que tiene guardadas claves que suman más de 15 minutos con personas que han resultado infectadas, envía una notificación a su usuario.

Todo el protocolo es descentralizado, ya que la lista de claves que ha escuchado cada teléfono no sale nunca de este. Ni los gobiernos ni los fabricantes de los dispositivos pueden tener acceso a ella. No obstante, para comprobar que una app de rastreo concreta utiliza exactamente este protocolo y no se separa de él en ningún momento es necesario que los países liberen el código de sus respectivas aplicaciones. Cuando Google y Apple tomaron el código publicado por DP-3T para enseñar a sus teléfonos (Android e iPhone) a comunicarse de esta forma y pusieron el sistema a disposición de los países, procedieron a abrir el código de su desarrollo para permitir que cualquiera pudiera comprobar que no habían introducido ninguna función más al protocolo original. Además, pusieron como requisito a todos los estados que quisieran utilizarlo que hicieran lo mismo para asegurar la confiabilidad de todo el sistema.

Países como Alemania o Suiza diseñaron y lanzaron sus apps de rastreo basadas en el DP-3T inmediatamente después de que el código fuera liberado por Google y Apple, haciendo lo propio después. El Gobierno español, en cambio, esperó a un “escenario de salida de la pandemia” para empezara probarla. La hoja de ruta fijó un proyecto piloto entre junio y julio y un proceso de integración en los sistemas sanitarios de las comunidades que iba a concluir en octubre, aunque la aceleración de los contagios obligó a apurar los plazos de la app: trece comunidades han completado ya esa integración técnica y el Ejecutivo espera que las cuatro restantes se sumen en los próximos días.

Con Radar COVID disponible para su descarga para más del 70% de la población española, el Gobierno ha liberado por fin su código este miércoles. En su carta, los académicos pidieron al Ejecutivo que publique también “el historial desde el inicio del desarrollo, detallando los cambios desde que la primera versión” de la app o un “informe detallado de los mecanismos de monitorización de la aplicación y mecanismos asociados para asegurar la privacidad y el cumplimiento de la normativa de protección de datos”. “Sin un procedimiento abierto que posibilite la implicación de toda la comunidad y de los destinatarios de la app, esta no gozará de la confianza necesaria para su adopción masiva”, recordaron.

Radar COVID está integrada ya en los sistemas sanitarios de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra. Sin embargo, completar la integración técnica no significa que la app esté plenamente operativa en la comunidad. Madrid –que ya ha finalizado la integración– y Catalunya –que lo hará próximamente– han informado que realizarán sus propias “pruebas piloto” con Radar COVID y llevarán a cabo una implantación “progresiva” en sus respectivas comunidades cuando concluyan esos test.

“El código abierto no es ‘software’ gratuito”. Esta afirmación repetida hasta la saciedad por Richard Stallman, padre de la filosofía ‘open source’, se ha convertido en todo un lema y, a la vez, representa uno de los principales problemas y motivos de división en la activa comunidad del ‘software’ libre: aunque algunas cuestiones varíen en función de la licencia que rija su uso, el código abierto puede ser modificado, construido de forma colaborativa y distribuido libremente, lo cual no quiere decir que sus creadores no tengan derecho a ver retribuido su trabajo.

Mientras algunas empresas ya han logrado hacer de la venta de ‘software’ de código libre su rentable modelo de negocio (Red Hat es, con más de 2.000 millones de dólares en ventas, el mejor ejemplo), aún hay voces dentro del propio mundo del ‘open source’ que se muestran contrarias a cobrar por los programas. Sin ir más lejos la Open Source Initiative (OSI), el organismo que revisa y aprueba las distintas licencias en base a su propia definición, lo deja bien claro al desgranar el concepto de código libre: “La licencia no requerirá un canon ni ninguna otra tarifa por su venta”, sentencian.

Sin embargo, también hay irreductibles desarrolladores que no se dan por vencidos ni renuncian a la posibilidad de ver los frutos económicos de su trabajo, aunque este forme parte de ese universo libre. Es el caso de Fredrik Norén, antiguo ingeniero en Spotify y creador de Faircode, una nueva licencia ‘open source’ con la que pretende conseguir que los profesionales del código puedan ganar dinero.

“¿No sería fantástico si no fuera simplemente divertido trabajar en un proyecto, sino que también pudiera sustentar parcialmente a las personas que trabajaron en él?”, plantea Norén al presentar en sociedad Faircode (que originalmente nació con el nombre de License Your Code, LYC). “La idea principal es cambiar las licencias ‘open source’: de gratuitas para todos a gratuitas para usuarios y pequeños negocios, pero con fines de lucro en el caso de grandes compañías”, explica el desarrollador.

Así, cualquier desarrollador que recurra a Faircode como licencia para su proyecto de código libre estará dando permiso a cualquier usuario para utilizar sin coste ni restricciones su ‘software’, pudiendo copiarlo, modificarlo, distribuirlo o incluso venderlo. Pero hay una excepción: “Si se trata de una organización comercial con ingresos superiores a un millón de dólares [cerca de 850.000 euros al cambio actual] en el año fiscal anterior y/o una organización con un presupuesto superior a un millón de dólares, debe adquirir una concesión de licencia comercial”, se puede leer en la licencia creada por Norén, en la que se indica claramente quién debe pasar por caja.

¿Un ejemplo? El propio Norén predica ha puesto a prueba su licencia en Ungit, una herramienta para desarrolladores de su propia creación y que ahora es de obligado pago para aquellas compañías millonarias que deseen utilizarla: por 90 dólares al mes (poco más de 75 euros) habrán adquirido legalmente una concesión de la licencia.

“Creo que, para un proyecto como Ungit, un sistema de donaciones nunca funcionaría”, explica el desarrollador. “Tendríamos que convencer a miles de personas para que se desprendieran de pequeñas sumas de dinero, y no somos lo suficientemente grandes para eso”, argumenta.

Very happy to announce that @ungitui has its first paying customer through Faircode! https://t.co/WIiJpY41Gi

Para poner las cosas más fáciles tanto a desarrolladores como a las empresas, Norén ha creado una plataforma que, bajo el mismo nombre, aspira a convertirse en la tienda en la que adquirir ‘software’ con licencia Faircode. Eso sí, la plataforma cobra un 5 % de cada transacción a cambio de poner en contacto a programadores y grandes compañías.

Aunque la compra del 'software' no implica ningún tipo de soporte técnico por parte del creador, indica Norén, “al pagar por el producto, las empresas aumentan las posibilidades de que los desarrolladores puedan respaldar y mejorar los productos a largo plazo”. Si cobran, será más probable que sigan trabajando en ello que si lo hacen de forma totalmente desinteresada.

Por ahora, el desarrollador que pasó por las oficinas neoyorquinas de Spotify ha puesto en marcha una campaña de ‘crowdfunding’ en Kickstarter. Con un modesto objetivo (10.000 coronas suecas, poco más de 1.000 euros), Norén pretende recaudar lo suficiente como para pagar las dos o tres horas que un abogado de propiedad intelectual necesitaría para estudiar y limar el texto legal de la propia licencia Faircode, que estará en revisión hasta el próximo mes de febrero, cuando el programador espera que esté disponible la versión definitiva.

¿Y las demás licencias?

De las más de 80 licencias ‘open source’ recogidas por la OSI, Norén ha recurrido a una de las más populares como inspiración. La licencia MIT, una de las más laxas debido a sus escasas condiciones de uso, ha sido la elegida para construir sobre ella Faircode, añadiéndole ese matiz del precio que han de pagar ciertas compañías.

De hecho, la MIT (surgida, como su propio nombre indica, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts) es el ejemplo perfecto del problema que debe afrontar la comunidad del ‘software’ libre para lograr que los programadores puedan desarrollar su actividad profesional en torno a ella. En esta licencia se estipula claramente que, con ella, se otorga permiso para usar o modificar “de forma gratuita”. A decir verdad, lo único que exige es que se reconozca la autoría.

No es ese el caso de todas las demás licencias de ‘software’ libre. Sin ir más lejos, las distintas versiones de la licencia GNU (cuyo desarrollo ha estado liderado desde los años 80 por Stallman) sí dejan abierta la posibilidad de cobrar por el código. “Cuando hablamos de ‘free software’, nos referimos a la libertad, no al precio”, se explica en la propia licencia para evitar la confusión que suele producir la polisemia del término ‘free’ (que significa tanto “gratis” como “libre”). 

“Faircode no es un reemplazo del ‘open source’, es una alternativa: hay ocasiones en las que el código abierto tiene más sentido y momentos en los que Faircode tiene más sentido”, aclara su creador. “Creo que también es prometedor para las empresas ya que, al aportar sumas comparativamente pequeñas de dinero, pueden permitir que las personas que proporcionan sus herramientas básicas inviertan más tiempo y energía en ellas”.

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Faircode  y Wikimedia Commons (y 2)

Aunque en inglés ‘free’ tenga ambas acepciones, que algo sea “libre” no quiere decir que sea “gratis”. Richard Stallman, el padre del movimiento por el ‘software’ libre, lo ha repetido hasta la saciedad, y algunas compañías se han empeñado en demostrarlo: desarrollar una herramienta ‘open source’ no implica una renuncia a ingresar dinero por el trabajo realizado.

A día de hoy, el mejor ejemplo de lo que podría parecer la gran paradoja del ‘software’ libre es la empresa estadounidense Red Hat. Nacida en 1993, se autoproclama “líder mundial del código abierto” y tiene motivos para ello. No en vano, la compañía está valorada ya en más de 2.000 millones de dólares, cerca de 1.800 millones de euros al cambio actual.

En realidad, Red Hat y compañías similares no se dedican simplemente a vender ‘software’ libre, sino que van un paso más allá para ofrecer un soporte de calidad por el que los clientes sí están dispuestos a pagar. Al fin y al cabo, el código fuente está disponible, y en función de la licencia cualquiera puede hacer uso de él o incluso mejorarlo libremente. Nadie en su sano juicio pagaría por algo que puede obtener de forma gratuita, a menos que se ofrezca junto a un servicio de mantenimiento y de actualizaciones por el que sí merezca la pena pasar por caja.

“Casi el 95 % de las aplicaciones que tenemos nosotros son ‘software’ libre”, explica a HojaDeRouter.com Daniel López, cofundador y CEO de Bitnami, una compañía española con sede en San Francisco que sigue los pasos de Red Hat en lo que a hacer dinero con el ‘software’ libre se refiere.

La empresa, creada por el sevillano junto a Erica Brescia en 2004, ofrece aplicaciones de servidor para desarrollar servicios y plataformas en la nube. El peso de Bitnami es cada vez mayor: más del 50% de las aplicaciones disponibles en el mercado de Amazon Web Services las han desarrollado ellos, tal y como explica López. Eso sí, todas son completamente gratuitas.

“El 99 % de la gente no nos paga ni nos pagará nunca, y nos parece perfecto”, reconoce el CEO de la compañía. “Pero hay un porcentaje a los que les ofrecemos como servicio la posibilidad de monitorizar su aplicación, de hacer copia de seguridad y de administrarla de una forma sencilla”. Y es ahí donde toca hacer caja.

Bitnami ya cuenta con más de 70 empleados (un tercio en España, otro en San Francisco y otro repartido por lugares como Gran Bretaña, Polonia o India) y López vaticina que, antes de final de año, serán más de un centenar. La empresa lleva tres años duplicando su facturación y en 2013 consiguió cerrar una ronda de financiación de más de un millón de euros que dicen no haber utilizado. “Fue simplemente para tener dentro de la compañía a algunos inversores con los que teníamos ganas de trabajar. Entre ellos, Eric Hahn, uno de los primeros inversores de Red Hat”, cuenta López.

Pero no es necesario cruzar el charco para encontrar empresas que hayan hecho de la venta de ‘software’ libre un negocio. Según explica el presidente de la Federación de Asociaciones de Software Libre (ASOLIF), David Olmos, se estima que “los ingresos provenientes directa o indirectamente de las tecnologías abiertas suponen más de un 30 % de la facturación del sector TIC” en España.

Sin embargo, la mayoría de los clientes de pago de este tipo de servicios se encuentran en Estados Unidos y en el norte de Europa. Nuestro país no parece haberse acostumbrado aún a pagar por 'software' libre. Irónicamente, desde ASOLIF afirman conocer casos de grandes grupos empresariales españoles que acuden a Estados Unidos en busca de una solución de código abierto “porque dicen que no lo encuentran en España, cuando sí que existen empresas que prestan ese servicio”.

El CEO de Bitnami llega a asegurar que su compañía apenas tiene clientes en España. “Ni queremos tenerlos”, sentencia, “porque el modelo que hay aquí en realidad no es el de vender ‘software’ libre, sino que se venden consultorías: en muchísimos casos la Administración o los clientes lo que quieren es que sea gratis”. La situación es distinta en Estados Unidos.

De los 14 clientes de Bitergia, 12 son estadounidenses. Desde Leganés, la compañía ofrece analíticas de los procesos de ‘software’, sobre todo de los relacionados con el ‘software’ libre. Trabajan para instituciones como Wikimedia Foundation o la propia Red Hat y las herramientas con las que realizan sus métricas son también de código abierto. A pesar de ello, Bitergia ya factura en su cuarto año de vida cerca de 400.000 euros.

“Ellos pueden repetir el análisis y eso es un valor añadido”, explica el responsable de desarrollo de negocio y 'marketing' de Bitergia, José Manrique. “Por eso creemos que debemos seguir diferenciándonos en el servicio y no en el código”.

Desde la compañía señalan que la principal diferencia entre los contratos estadounidenses y los potenciales clientes españoles es la velocidad de adopción de la tecnología. Mientras que en América todo se reduce a que el precio del servicio se ajuste al presupuesto y a probar su utilidad durante los primeros meses, en España “el proceso es mucho más burocrático”, comenta Manrique.

Independencia

Más allá de las dificultades del mercado patrio a la hora de hacer dinero con el ‘software’ libre, cabe preguntarse qué ganan los clientes que deciden poner su dinero en el ‘open source’. “Las empresas son conscientes de que contratar licencias de ‘software’ sin servicio asociado no les aporta valor añadido”, corrobora David Olmos. Además, contar con herramientas de código abierto les permite disfrutar de algo más: la independencia.

“Básicamente, el mejor argumento viene relacionado con que no tienes ninguna atadura tecnológica con el proveedor”, cuenta Manrique. “Si dentro de dos años Bitergia no existe, la tecnología que hemos hecho estará ahí para que la gente la use”.

Así, quienes hayan pagado por las métricas de la empresa española no se encontrarán con una herramienta obsoleta y desprovista de actualizaciones, sino que tendrán entre sus manos un código gratuito que podrán utilizar siempre que quieran y mejorar a su antojo. “Es un doble riesgo, pero también es una baza con la que juegas: alguien muy bueno puede llegar y mejorar lo tuyo. Es una ventaja que tiene el comprador: no está atado a nadie en concreto”, concluye el portavoz de Bitergia.

Mirando al futuro, todo apunta hacia un prometedor panorama en el que el ‘open source’ no solo no sea un bicho raro (desde ASOLIF Olmos explica que “más del 90 % de las ‘startups’ tecnológicas que se crean lo hacen en torno a tecnologías abiertas”), sino en el que pagar por él sea habitual. “Eso a lo mejor era un problema hace una década”, rememora Daniel López. “A día de hoy, yo lo veo al revés: la gente a nivel de infraestructuras quiere ‘software’ libre”.

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Las imágenes de este artículo son propiedad de Wikimedia Commons (y 2), Bitnami (y 2) y Bitergia

Los sesgos de género en el campo de la ciencia y la tecnología se han documentado en distintos estudios. Recientemente, un análisis sobre el proceso de selección para un puesto de laboratorio demostró que, ante un mismo currículum, tanto hombres como mujeres evalúan las habilidades del candidato más positivamente si el solicitante es varón. Las mujeres obtienen puntuaciones más bajas por currículums con exactamente las mismas características que las de sus compañeros hombres y tienen menos posibilidades de ser contratadas porque son percibidas como “menos competentes”.

Por desgracia, parece que estos sesgos de género también están presentes en la comunidad de código abierto, en la que el primer indicador de discriminación es el dato de la baja presencia femenina: solo un 11,2 % de los programadores son mujeres11,2 % de los programadores.

Github, una plataforma de desarrollo colaborativo que facilita el alojamiento de 'software', la reutilización de código y la participación en proyectos de terceros, se caracteriza por un supuesto espíritu de solidaridad y colaboración. A pesar de ello, un estudio reciente sobre esta página indica que las contribuciones de mujeres tienden a ser rechazadas por los creadores de las iniciativas con más frecuencia. Eso sí, solo cuando su género es reconocible.

“Nuestro análisis indica que las contribuciones de las mujeres suelen ser más aceptadas que las de los hombres. Sin embargo, cuando su género es identificable, son rechazadas más a menudo”, explica a HojaDeRouter.com Emmerson Murphy-Hill, investigador de la universidad de Carolina del Norte (EE.UU.)

Este contraste entre el nivel de aceptación cuando publican desde el anonimato y el de rechazo cuando se identifican como mujeres ha llamado especialmente la atención de los investigadores. Entre las posibles causas, señalan que las desarrolladoras que han logrado vencer todos los obstáculos podrían ser especialmente competentes.

“Estamos sorprendidos de que las peticiones sean mucho más aceptadas en el caso de las mujeres”, afirma el científico. “Sospechamos que tiene que ver con la autoselección: las mujeres que están en GitHub son más competentes, quizás porque otras fueron desanimadas por una gran variedad de razones y no llegaron a conseguirlo”.

El estudio sobre esta comunidad basada en 'software' libre es uno de los primeros que se han llevado a cabo en este campo, pero un reflejo de lo que es habitual en internet. “Trabajos previos habían documentado de forma cualitativa los sesgos de género en la comunidad de código abierto. Y conocíamos casos personales, así que era una buena oportunidad para examinar estos sesgos con una gran base de datos y asignar cifras a los resultados anteriores”, destaca Murphy-Hill.

Internet, un lugar inhóspito para las mujeres

En su libro 'Unspeakable things', la periodista británica Laurie Penny explica que, desde los comienzos de internet, la retórica imperante ha defendido que la Red derribaría las barreras de género: ser hombre o mujer no tendría importancia 'online'. Sin embargo, la activista señala la trampa: para ser tratada como una igual hay que ocultar que eres mujer, en una especie de “armario del género”, un término acuñado por Clay Shirky, autor de 'Here Comes Everybody' y teórico de internet.

La autora profundiza además en la narrativa del 'geek' como triunfador del siglo XXI, una historia en la que las mujeres solo representan un papel secundario. Aunque con variaciones, la estructura siempre es la misma: chico 'geek' que lo pasa fatal en el colegio, no tiene amigos —o pocos— y sufre el acoso de parte de sus compañeros. Nadie le comprende y la chica popular pasa de él. Sin embargo, es realmente inteligente. Al final usa su ingenio para conseguir un montón de dinero y a la chica sin tener que renunciar siquiera a su camiseta con eslogan. La chica solo es el objeto a conseguir, no la protagonista.

Según Penny, la cultura de internet se crea sobre esta narrativa 'geek', sobre la idea de que los hombres que construyeron la Red eran los marginados de la pirámide social tradicional, en el sentido del orden social de cafetería de instituto. Esto implica que muchos de estos jóvenes que construyeron el mundo 'online' tenían una incapacidad para conectar con las mujeres o eran ignorados por ellas. Por ello, la Red aún actúa bajo la premisa de que las chicas son invasoras, el enemigo.

Otras voces en la Red, como la de Bruce Perens, uno de los fundadores de la comunidad del código abierto, también apuntan a la falta de empatía como el motivo para esta brecha de género 'online'. En su web, el fundador y primer líder de los proyecto Linux Standard Base y UserLinux explica que a los chicos no se les enseña a trabar amistades sanas con las mujeres ni a buscar interacciones socialmente respetuosas, lo que les conduce a tener muy poca empatía.

“Si el ambiente escolar no segregaba a los chicos y las chicas de manera activa, se segregaban de manera natural, y no está bien. Hemos terminado teniendo otra generación de chicos que no han pasado mucho tiempo al lado de compañeras mujeres, no las entienden y no sienten empatía por ellas. Además, cuando la atracción sexual se convierte en un factor, la falta de empatía hace que los chicos tiendan a cosificarlas”, defiende.

El informático señala también las características poco habituales de esta comunidad como otro de los factores que contribuyen a crear un clima particular, adecuado para aquellos que no están cómodos en el mundo ‘offline’ y que prefieren las interacciones a través de un ordenador. “Se trata de un ambiente que atrae a gente con problemas sociales, que quizá les conducen a una falta de empatía con las mujeres, y también tenemos a hombres que no tienen ninguna patología pero que no han sabido socializar con las mujeres de la forma adecuada”.

Luchando por cerrar la brecha

Gobiernos y organizaciones siguen trabajando para que la brecha de género en el campo de la ciencia y la tecnología disminuya. En el sector de la programación, en Estados Unidos hay organizaciones como Girls who Code que intentan inspirar a las jóvenes para que persigan vocaciones en el campo de la informática.

Por su parte, Black Girls Code pretende aumentar el número de afroamericanas en el espacio digital, ofreciendo herramientas a mujeres negras de entre 7 y 17 años para que puedan convertirse en líderes innovadoras que sirvan de modelo a sus comunidades.

Sin embargo, estos esfuerzos aún no tienen un reflejo claro en las estadísticas, que siguen mostrando las dificultades que tienen las mujeres para acceder a las carreras técnicas. El documental 'CODE, Debugging the gender gap' busca concienciar sobre este problema. La directora y productora, Robin Hauser, decidió rodarlo cuando su hija le llamó para decirle que iba a dejar la ingeniería informática que estaba cursando. “Soy muy mala, soy la peor de la clase, no encajo”, comentó a su madre. En la web del documental, Hauser explica que su confianza estaba bajo mínimos y que era una de las dos únicas mujeres en una clase de 25 personas. Dejó la carrera, pero hasta su abandono estaba sacando notable en todas sus asignaturas.

A través de entrevistas, animaciones y 'flashblacks', CODE trata de entender por qué las mujeres y la población negra no reciben oportunidades suficientes en la ciencia, y el papel que los estereotipos, el sexismo y los obstáculos educacionales juegan en esta crisis. Puede que la respuesta sea que, tal y como se decía en los comienzos de la Red,“no hay chicas en internet”. O, simplemente, que puede que internet no quiera reconocerlas.

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Las imágenes de este artículo son propiedad de Ray_LAC, United States Mission Geneva y Donnie Ray Jones

No está bien visto entrar en un 'sex shop'. En España, si alguien te descubre a las puertas de una tienda erótica, se te cae la cara de vergüenza. Vibradores, consoladores o bolas chinas forman parte de la larga lista de productos que jamás admitiríamos tener delante de familia o amigos.

Para los más cautelosos, que no conservadores, la solución se encuentra en la tecnología: ¿por qué arriesgarte a comprar un juguete si puedes fabricarlo tú mismo? Sólo necesitas una placa de Arduino, unos cuantos cables y un par de sensores. Es más fácil que acabar con los prejuicios.

Así lo han pensado los fundadores de Comingle, la 'startup' estadounidense que pretende enseñar a sus clientes a fabricar juguetes sexuales sin salir de casa. La clave está en el código abierto.

Juguetes 'hazlo tú mismo'

Comingle es el proyecto de tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Georgia que decidieron, a consecuencia de un reto, animar a las personas a crear sus propios juguetes sexuales.

Un reto y un par de hormigas, para ser más específicos. Todo comenzó cuando Andrew Quitmeyer, uno de los fundadores, trabajó como informático para la expedición de un grupo de biólogos del Smithsonian Tropical Research Institute en la jungla de Panamá.

Los científicos necesitaban un programa que les ayudara a monitorizar el comportamiento de las hormigas, y Quitmeyer, que tenía conocimientos de robótica, fue el encargado de desarrollarlo. Durante el viaje, el ingeniero se dio cuenta de que los biólogos, como casi todo el mundo, no estaban acostumbrados a fabricar las cosas por sí mismos. De ahí que recogiera el guante que le lanzó, hace un año, uno de los investigadores.

“En uno de esos momentos en los que estaba trabajando con los dispositivos, una de las personas que trabajaba allí vino a mi mesa y me dijo: 'oye, ¿crees que podemos construir juguetes sexuales con estas cosas?' Aquello fue el impulso para que mis amigos y yo decidiéramos seguir con la idea, porque pensamos que mucha gente podría estar interesada en el tema”, explica Quitmeyer a HojaDeRouter.com

Puede que no les falte razón. Según la cadena de tiendas eróticas SexPlace, en España, ocho de cada diez mujeres admiten utilizar algún juguete en sus relaciones íntimas, y los tabús en torno al sexo parecen ir desapareciendo poco a poco. Al menos, así lo ha percibido el equipo de Comingle en Estados Unidos.

“Ahora la gente se ha vuelto menos tímida y se impresiona menos a la hora de comprar juguetes eróticos”, aseguran. “No es que la gente vaya diciendo por la calle 'oye, yo compro juguetes eróticos', pero ya se habla, se hacen revisiones de los juguetes y se ven en lugares tan normales como las farmacias”.

Las ventajas del código abierto

El primer producto que esta joven empresa ha puesto en el mercado se llama “anguila eléctrica”. Se trata de una especie de calcetín, con múltiples conductores, que aplica pequeñas descargas al miembro masculino sin peligro alguno. Sin embargo, lo que más llama la atención son sus componentes: una placa de Arduino, un par de sensores y tres vibradores. Simples y no muy difíciles de encontrar.

“Lo chulo es que con Arduino puedes programarlo tú mismo y contiene sensores extra que puedes conectar con otros sensores”, explica el ingeniero. “Además, al tener tres vibradores, puedes encenderlos a la vez y tener una mayor sensación”.

Esa es una, pero hay al menos otras tres razones por las que el proyecto resulta interesante. La primera es que se basa en código abierto y todo, tanto el 'hardware' como el 'software', es libre: “sabes qué tipos de recursos vas a usar, qué tipo de electrónica tiene, que no estamos poniendo químicos raros”. La segunda es que, por el mismo motivo, cualquiera suficientemente 'manitas' puede modificar el diseño y mejorarlo, o hacerlo mucho más original.

“Y la tercera razón tiene que ver con la sensibilidad. Si por alguna razón tu cuerpo es diferente, y no te van los modelos de los juguetes eróticos que se venden, si tienes un diseño de código abierto, puedes poner tus propios cables, hacer tus propias extensiones, o hacerlo por control remoto”.

Para octubre, los fundadores desean lanzar tres o cuatro productos más y poner en marcha un modelo de negocio bastante peculiar. Aunque Comingle vende el juguete entero, la empresa también ofrece al consumidor la posibilidad de comprar sólo las piezas que necesite o el kit, en el que ya vienen todos los componentes. Y todo ello, además, con las instrucciones de fabricación y montaje.

Este modelo ya lo practican Adafruit y Sparkfun, dos empresas que venden componentes electrónicos más baratos que en otras tiendas, y otorgan a los 'bricomaníacos' las pautas para desarrollar sus inventos.

Fabricar de forma responsable

De acuerdo con los datos de SexPlace, el sector erótico factura en España unos 400 millones de euros. Y entre los productos más vendidos, las bolas chinas y los vibradores ocupan las dos primeras posiciones.

Unos gustos que bien conocen los dos principales fabricantes europeos de juguetes eróticos, la alemana Fun Factory y la sueca LELO, cuyos productos podemos encontrar en cualquier 'sex shop' de nuestro país. Dos empresas que parece no asustarles la amenaza del código abierto.

Según Fun Factory, la clave para hacer frente a Comingle está en la relación que la compañía mantiene con sus clientes. “Estamos muy en contacto con nuestros consumidores. Cuando lanzamos un nuevo producto, antes lo pasamos a un grupo de prueba para que nos den sus opiniones”, señala Simone Kalz, directora del departamento de desarrollo de producto. “Cuando algo no es muy bueno, lo cambiamos inmediatamente y lo probamos y modificamos hasta que nuestros clientes estén contentos”.

A LELO, por su parte, le gusta la idea del código abierto, pero advierte de que la fabricación tiene ser responsable y de calidad. “Todos los que estamos en esta industria tenemos la responsabilidad de asegurar que los juguetes eróticos no sean sólo un intento de una idea nueva, sino también darnos cuenta de que con materiales baratos y recursos abiertos, sin un control de calidad adecuado, estamos poniendo en riesgo la salud de las personas”, señala desde el departamento de marketing y comunicación Katryn Catney.

La aventura de los estadounidenses acaba de comenzar, pero, como en todo, también en el sexo, los consumidores serán los que tengan la última palabra. Clientes a los que podría cautivar el ya famoso “hazlo tú mismo” y su potencial para acabar con el innecesario miedo a entrar en un 'sex shop'.

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Las imágenes que ilustran este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Kevin Hutchinson, blorgggg, Eliazar Parra Cardenas, Jean Baptiste Paris, Ivana, y FUN Factory (imagen cedida por la empresa)

Clark Kent era afortunado. El redactor del Daily Planet estaba en las dos caras de la moneda: era el periodista y la fuente. Sin embargo, nunca aprovechó su baza. Podía haber escrito sobre las proezas de Superman con información de primera mano e incluso con declaraciones inéditas del protagonista. Nadie le hubiera robado una exclusiva, pero, en aras del amor, le cedió el protagonismo a Lois.

Ya fuera por una cuestión de humildad, cariño o intelecto, el caso es que le funcionó para que no descubrieran su identidad oculta. Y eso que, según algunas versiones de la historia, solía saltar por la ventana de la oficina luciendo la ‘ese’ en el pecho. Hoy en día no hubiera corrido la misma suerte: cualquier mínima pista le hubiera delatado, incluso si los trabajadores del periódico no hubieran reparado en sus tendencias suicidas.

Como asegura Claudio Agosti a HojaDeRouter.com, “el número de huellas digitales que dejan las interacciones en ordenadores y teléfonos móviles permiten rastrear fácilmente a los informantes”. Este desarrollador y experto en seguridad informática preside Hermes, el Centro para la Transparencia y los Derechos Humanos Digitales. La organización sin ánimo de lucro mantiene la plataforma GlobaLeaks, que facilita herramientas de 'software' libre para garantizar la libertad de expresión 'online' y la protección de los derechos de los internautas. El sistema puede ser utilizado por cualquier organización, ya sea pública o privada, o ciudadano para enviar datos de forma segura en la Red. Muchos de sus usuarios son activistas y, del otro lado, medios de comunicación.

No es de extrañar que los agentes periodísticos se decanten por una forma más discreta de manejar la información porque, más allá de suspicacias y conspiraciones, que los espías informáticos les acechan es una realidad. Para comprobarlo, basta con remontarse al pasado mes de marzo, cuando un equipo de investigadores de Google revelaba que de las 25 grandes agencias de noticias mundiales, 21 han sufrido ataques informáticos. Según los mismos expertos, la mayoría de estas incursiones digitales habrían sido conducidas por agencias gubernamentales y dirigidas específicamente a acceder a los datos de ciertos periodistas, uno de los mayores objetivos de este tipo de investigaciones ilegítimas.

Medios como Forbes, Financial Times y The New York Times daban la señal de alarma en 2013, después de sucumbir a las armas tecnológicas del Ejército Electrónico Sirio, el mismo que en junio penetraba en el sistema informático de los diarios británicos The Sun y The Sunday Times, cuyas web mostraron durante unos minutos el mensaje “¡Parad de publicar artículos falsos sobre Siria!”. Afortunadamente, sus técnicos solventaron el problema con rapidez, pero se ignora a qué cantidad de datos tuvo acceso la infantería digital del país de Oriente Próximo.

La pregunta es, además de los casos de amenazas directas y extorsiones, ¿para qué querrían los miembros de una organización acceder al ordenador de los periodistas? En ocasiones, el objetivo final no está entre los que se sientan en ninguna redacción.

Se buscan guardaespaldas

“Proteger a las fuentes es una obligación de los comunicadores”, afirma Agosti. El desarrollador dice que la importancia de velar por su seguridad no se ha incrementado en los últimos años, pero que la aparición de internet ha marcado un antes y un después en este sentido. “La Red hace que sea necesario no solo en un caso global como un documento del Pentágono o las filtraciones de Edward Snowden, también a efectos locales o en un contexto muy específico”, añade.

Si alguien ha sufrido una lluvia de críticas tras las revelaciones del excolaborador de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés), ese ha sido Google. PRISM, uno de los programas de vigilancia desvelados, permitía recabar información sobre ciudadanos extranjeros (la ley no les permite espiar a los estadounidenses) alojada en los servidores de diferentes plataformas de internet, entre las que se incluye el gigante tecnológico, junto con Facebook, YouTube, Microsoft y la omnipresente Apple.

Desde aquel momento, la multinacional se puso manos a la obra: en marzo anunciaba que iba a cifrar el contenido de los correos de Gmail y los resultados de todas las búsquedas. Hasta ahora, cuando en China hacían una consulta con los términos “plaza de Tian'anmen” – el centro de las protestas por la democracia de 1989 -, el Gobierno recibía una alerta automática.

Claro que lo seguirá haciendo siempre que los usuarios utilicen otros buscadores (Google cuenta con un escaso 5% de cuota de mercado), como el del gigante asiático Baidu o el Explorer de Microsoft, que continúan cumpliendo con las exigencias de los dirigentes chinos. No obstante, y a pesar de los aparentes esfuerzos de la empresa por proteger a sus clientes (quizá por ser solo aparentes), los mensajes siguen siendo accesibles.

“El cifrado es muy importante para los informadores. Es una de las pocas estrategias en las que podemos confiar para proteger nuestra privacidad”, dice Bill Franklin, uno de los fundadores de Lavaboom, una plataforma de correo que utiliza claves criptográficas para proteger los mensajes y evitar que algún interesado, incluyendo las propias empresas proveedoras del servicio, se haga con los datos de los usuarios. Compañías como Google, Microsoft y Yahoo! rastrean la información de los clientes para personalizar la publicidad que se les muestra. Son las manos que mecen la cuna del 'big data'.

Los encargados de salvaguardar los documentos aportados por Snowden, y también por otras fuentes (algunos de ellos están en la lista de 'whistleblowers' de Wikipedia), han sido los expertos en seguridad informática de First Look Media, una ‘startup’ periodística fundada por Pierre Omidyar, creador y actual presidente de la página de subastas online eBay. El medio ha sido uno de los principales escaparates para mostrar al mundo los secretos de la NSA.

La veda también está abierta en España

“Gracias a proyectos como Wikileaks y filtraciones como las de Snowden y Manning, las revelaciones por vía digital son cada vez más abundantes”, dice Pedro Noel, un periodista brasileño que forma parte de los impulsores de Fíltrala. Esta plataforma independiente de denuncia ciudadana es el brazo español de la Asociación de Prensa de Denuncia (AWP, por sus siglas en inglés), una red que integra iniciativas digitales en distintos países para garantizar la transparencia, el periodismo de investigación y la libertad de expresión e información. De momento, la AWP funciona en Islandia (con Ljost) y, desde abril, también en nuestro país.

Ambas organizaciones utilizan las herramientas digitales de código abierto que ofrece GlobaLeaks para hacer llegar a los medios asociados la información de las fuentes confidenciales. El uso de un 'software' accesible y modificable ayuda a incrementar los niveles de seguridad ya que, como dice Agnosti, “facilitan su revisión”. Noel coincide con él: “pueden ser analizados por especialistas para detectar fallos, puertas traseras y agujeros”. El miembro de Fíltrala aclara que, en el caso del 'software' privativo, no puede saberse exactamente qué se está usando, por lo que es más inseguro y poco transparente.

Aparte de las que integran la AWP, hay otras plataformas que también hacen uso de los recursos de GlobaLeaks: Publeaks en Holanda, Nawaat en Túnez, el Irpileaks italiano, Whistleblower-net en Alemania y en Estados Unidos hay hasta un Centro Nacional para informadores. Y las previsiones de crecimiento no son malas porque, como asegura Noel, la transparencia “es una tendencia global y alimentada por la Red, no solo de activistas y 'hackers', sino de la población en general”.

Para iniciarse en la tarea de señalar a los culpables, puede resultar bastante útil echarle un vistazo a una especie de manual que GlobaLeaks pone a disposición de sus usuarios. En el documento aconsejan al posible informante que, antes de nada, considere los riesgos que corre al “revelar la verdad” sobre terceras partes a las que posiblemente no les haga mucha gracia. Por eso, plantea algunas posibles trabas: “¿Hay alguien más que tenga acceso a la información que vas a enviar? Si se hace pública, ¿es posible que te pregunten por ello? ¿Estás listo para lidiar con una investigación interna o externa sobre tu envío?”.

Las vulnerabilidades tecnológicas son más serias que las sociales porque, como advierten las mismas páginas, cualquier persona deja un rastro importante en internet, incluso mientras consulta la web de las plataformas. “La fuente debe instalar el navegador Tor, ejecutarlo y volver a acceder a Fíltrala a través de él para utilizar a la herramienta de envío anónimo”, explica Noel. El sistema Tor conecta el ordenador de origen mediante un circuito cifrado con cuatro servidores diferentes por los que pasa la información antes de llegar a su destino final, lo que hace muy difícil interceptarla e identificar al emisor. Los equipos que utiliza integran una red mantenida de forma descentralizada por individuos y colectivos que también dedican sus esfuerzos a promover la neutralidad y la privacidad en internet.

“Tor ha sufrido muchas críticas desde su creación, pero después del fenómeno Snowden, es considerada por la mayoría de analistas e investigadores como la herramienta más eficaz para asegurar el anonimato en la Red”, afirma Noel. Efectivamente, Tor no es todopoderosa y parece tener muchos puntos débiles. El propio líder de la iniciativa, Roger Digledine, admitía esta semana que el servicio ha identificado algunos intrusos que desde febrero han estado tratando de identificar a los usuarios del sistema.

Las pruebas señalan a investigadores del Instituto de Ingeniería Software de la Universidad de Carnegie-Mellon, que sospechosamente es financiada por el Departamento de Defensa de los EE.UU. Por si esto fuera poco, según información filtrada a la prensa alemana, la misma NSA habría registrado la dirección IP de varios usuarios de Tor e incluso interceptado emails (como es habitual, de los que viven más allá de las fronteras estadounidenses).

Estas estrategias subrepticias son las únicas que pueden aplicar los que, como la NSA, están muy interesados en conocer qué pasa en Tor, porque ni siquiera en las propias plataformas conocen el origen de las filtraciones. “Saberlo solo podría traer problemas a cualquier fuente que quiera mantenerse anónima, aunque nos comprometamos a no revelar su identidad”, asevera el responsable de Fíltrala.

Cómo pasar desapercibido

Todos los miembros del equipo siguen unas pautas para proteger a los informantes: “Solo nos comunicamos a través de canales cifrados, debemos tener cuidado en nuestro comportamiento en la calle e incluso en las relaciones interpersonales”, añade Noel, y tacha de “ilusión” la creencia de que es necesario conocer la fuente para comprobar que el material es verídico. “Según nuestro punto de vista, el proceso debe basarse en el contenido de los propios documentos”. En la plataforma, para asegurar la autenticidad de los hechos se realiza una profunda investigación.

La sede de Fíltrala no está en ninguna cueva de una montaña remota, pero tampoco en nuestro país. Para encontrarla hay que irse a Bélgica. La elección se ha basado en cuestiones legales. “Las leyes belgas nos permiten proteger a nuestras fuentes”, afirma Noel. “Es algo previsto en muy pocas legislaciones y es esencial para una actividad periodística libre e independiente”.

Mientras que en España no existe ninguna ley que regule específicamente el secreto profesional de los periodistas - es decir, su derecho a no desvelar la identidad de sus informantes -, aunque la constitución apele a su necesidad, desde 2005 el derecho belga protege las comunicaciones entre ambas partes. En Islandia, donde se ubica uno de los análogos de Fíltrala, se aplican ya en este ámbito algunas de las medidas legislativas recogidas en la Iniciativa Islandesa para Medios de Comunicación Modernos (IMMI, por sus siglas en inglés), que garantiza la protección de fuentes anónimas y de las que revelan información de interés público. De todas formas, Agosti se muestra escéptico: “las leyes son inútiles si alguien de tu red consigue interceptar la actividad y exponerte”.

En la página de la AWP pueden leerse las últimas denuncias. La más reciente es del 7 de julio (“Estudio secreto sobre fracking del Ministerio de Medio Ambiente de España”), pero hay bastantes anteriores, como las últimas del mes de junio: “Irregularidades y filtraciones en el examen de oposiciones para enseñanza secundaria de inglés en Madrid” y “Listas negras de contratación en el Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC)”.

Noel se lamenta de que “desgraciadamente” no son muchos los medios que recurren a este tipo de plataformas. “Los colaboradores de Fíltrala son algunos de los pioneros en la utilización de cifrado y prácticas seguras en la Red”, afirma. Eldiario.es, la revista Mongolia, el periódico Diagonal y La Marea son esos pocos que, de momento, han adoptado este sistema. El brasileño espera que las cosas cambien, porque “cada día se hace más patente que estas herramientas son esenciales para la actividad periodística”.

Sin embargo, aunque las iniciativas y denuncias crezcan en número, la capacidad de los 'hackers' para encontrar vías de acceso a la información en internet y romper las barreras de seguridad parece infinita, independientemente de quien mueva sus hilos. En los tiempos que corren, Clark Kent seguiría saltando por la ventana, pero seguramente se lo pensaría dos veces antes de enviar un correo desde la redacción del Daily Planet.

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Las fotografías de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Marina Caprara, Sea.sy, mlcastle, filtrala.org y Nicola

Cada vez son más las empresas que apuestan por sistemas operativos de código abierto. El éxito de Android y la llegada de Firefox OS y Ubuntu Phone podrían dar lugar a un mercado con verdadera competencia del que se beneficiasen tanto los usuarios como los fabricantes. Pero aún queda un pez gordo en subirse a este carro, lleva más tiempo en desarrollo que ninguno, y podría venir de la mano de un grande como Samsung. Estamos hablando de Tizen.

Para hablar de Tizen primero tenemos que hablar de tres proyectos paralelos que acabaron sembrando las semillas de este sistema operativo móvil. Se trata de Maemo, desarrollado por Nokia; Moblin, desarrollado por Intel y LiMo, de la Linux Foundation y Samsung.

Maemo, el Android de Nokia

En los años en los que Nokia reinaba y no tenía rival en la tecnología móvil, los finlandeses comenzaron a dar pasos para avanzar hacia un sistema operativo de código abierto que sustituyera en los móviles más avanzados a Symbian , un sistema que había resultado excelente en los noventa pero resultaba muy limitado para los 'smartphones' que estaban por venir. Así nació el sistema operativo Maemo, que apareció por primera vez en las entrañas del N900, una máquina capaz de realizar un 'jailbreak' a una PS3, de conectarse a multitud de dispositivos para ejecutar emuladores o ser usado incluso como mando de consola. Pese a las increíbles capacidades de este móvil y lo versátil que demostró ser Maemo, Nokia no quedó convencida, y este proyecto se quedó prácticamente en nada. Symbian ganó la batalla. Luego apareció Android y empezó la caída de Nokia. Apostar por Symbian en lugar de Maemo o el sistema operativo de Google podría explicar las causas de la caída de Nokia en la era de los 'smartphones', una caída que ni siquiera Windows Phone ha podido parar.

Moblin: Intel se atreve con los 'netbooks'

Hubo una época en la que lo más 'guay' era tener un 'netbook'. Todo el mundo pensaba que estos pequeños ordenadores eran lo más genial que se había inventado y que eran la solución definitiva en materia de portabilidad. Luego llegaron el iPad y el resto de tabletas... y los netbooks murieron. Fue bonito mientras duró. Muchas compañías estaban apostando por sistemas especiales para este tipo de equipos, como JoliCloud, Ubuntu Netbook Remix, EasyPeasy o el proyecto más llamativo de todos: el Moblin de Intel.

Este sistema operativo de código abierto rompía con todos los esquemas de diseño de escritorio preestablecidos. Se centraba en la simplicidad y en una interfaz visualmente atractiva que entrase por los ojos al usuario. Pese a sus grandes limitaciones y lo escasa que era su oferta de 'apps', Moblin era una solución fantástica para los usuarios que solo necesitaban estos dispositivos para navegar y ver el correo. Sin embargo, tampoco consiguió hacerse un hueco y el proyecto se acabó cancelando.

LiMo, la alternativa de la Linux Foundation

Esta fue la primera carta que jugó la Linux Foundation para llevar la filosofía del software libre a los dispositivos móviles. LiMo surgió con fuerza gracias al apoyo de empresas como Motorola, NEC, Samsung, o Panasonic. El objetivo era crear un sistema de código abierto que pudiera utilizar cualquier compañía, con el fin de que cada una añadiera sus elementos diferenciadores para competir en el mercado. Es prácticamente la misma idea que está detrás de Android. Sin embargo, duró poco. Cuatro años más tarde de la creación del proyecto, acabaría evolucionando en un nuevo sistema, Tizen.

Unidos para crear algo único

De la unión de Maemo y Moblin surgió MeeGo MeeGo, un sistema operativo bastante desarrollado que, auspiciado por Intel, Nokia y la Linux Foundation, consiguió tener incluso algún terminal de la compañía plenamente operativo. Se trata del N9, que en 2011 se las prometía muy felices para competir con los grandes 'smartphones' del mercado.

El entusiasmo de los usuarios con este dispositivo era general. Todos calificaban este sistema operativo como una apuesta seria para que Nokia empezara a competir de verdad en el mercado de los teléfonos inteligentes y dejara de una vez de tener a Symbian como referencia. Lo que ocurrió después es ya historia: los directivos de Nokia pasaron de MeeGo y decidieron jugársela con Windows Phone. Los finlandeses nunca han vuelto a ser lo que eran. Su tardanza en apostar por los teléfonos con pantalla completamente táctil, su obcecamiento con Symbian y el no apostar por Android o MeeGo han hecho que Nokia pase por uno de sus peores momentos, en el que solo se mantiene gracias a sus terminales de gama media y media-baja.

MeeGo y LiMo no estaban en posición de competir, con lo que basándose en estos dos proyectos (aunque mayoritariamente en LiMo) se decidió crear Tizen. El proyecto cuenta con el apoyo de la Linux Foundation, Intel y el ahora líder mundial en telefonía móvil, Samsung. Sin embargo, todas estas vueltas no han desembocado aún en un proyecto real con el que competir en el mercado.

Todo el mundo espera que, el día menos pensado, los coreanos den la sorpresa al anunciar un dispositivo con Tizen. En principio se parecería más a lo que proponen Firefox OS, Ubuntu Phone u otros sistemas como WebOS que a Android: aplicaciones basadas en HTML 5 y apuesta por los estándares libres. Si Samsung lo hace, podría tener un sistema avanzado para sus modelos de gama alta (Android) y apostar por un sistema más ligero (Tizen) para competir con Firefox OS y quién sabe qué otros sistemas en los modelos menos potentes.

Actualmente Tizen va por su versión 2.2, pero ningún fabricante vende terminales con este sistema. Actualmente solo está disponible el kit para desarrolladores, pero nada de un nuevo terminal a la vista. Samsung lleva meses anunciando un 'próximamente' que nunca llega. Quizá a finales de 2013 veamos algo. Su éxito con Android y los Galaxy hace que no tenga tanta prisa por embarcarse en nuevos proyectos y, sin embargo, ¿qué mejor que la compañía número uno en 'smartphones' para impulsar un nuevo sistema operativo móvil?

Tenemos 'smartphones', portátiles, 'tablets', coches, televisores, equipos de sonido... Todo ello está equipado con la más alta tecnología, pero: ¿qué pasa con nuestra casa?

La domótica es el conjunto de sistemas y dispositivos que automatizan una vivienda. El termómetro de la calefacción, el del aire acondicionado, las puertas del garaje... Sin embargo, parece que, pese a todos los avances que ha habido en los últimos años, la tecnología integrada en el hogar no acaba de despegar. Quizá un sistema barato y sencillo de instalar como WigWag solucione el problema.

“Un coche tiene más de 100 sensores, una casa normal apenas llega a diez”. Para paliar este déficit de tecnología ha venido WigWag, un sistema que permite informatizar y automatizar ciertas partes de la casa, de manera que los que vivan en ella no tengan que molestarse en apagar las luces, cerrar las puertas o desconectar la cafetera. La casa lo hará por nosotros. Pese a que ya existen muchas empresas que se dedican a esto, aún no existe un sistema simple que podamos instalar por nuestra cuenta, y que además sea fácil de usar. WigWag usa un sistema de órdenes extremadamente sencillo: si se abre la puerta, avísame con un correo electrónico; si no detectas movimiento, apaga la luz; si percibes calor, enciende el aire acondicionado. No hace falta tener conocimientos de programación ni usar dispositivos complicados, el 'When-Then' simplifica todo eso a una orden de entrada y otra de salida.

¿Cómo funciona?

WigWag cuenta con varios dispositivos identificados por un código QR que hay que escanear con el móvil y la aplicación correspondiente. Una vez identificado el dispositivo, podemos empezar a usarlo. El dispositivo principal dispone de sensores de temperatura, humedad, sonido, vibración, movimiento y luz ambiental. Combinando estos sensores se pueden programar pautas que faciliten las tareas domésticas. Desde encender una luz tenue cuando nos levantamos en mitad de la noche para ir al baño, hasta conocer vía email si alguien ha abierto la puerta de casa. Las posibilidades son infinitas.

Todo ello está construido mediante hardware libre (Arduino) y software de código abierto, con lo que técnicamente cualquiera podría construirse estos aparatos en su propia casa.

Con la aplicación se podrá controlar no solo el comportamiento de los sistemas, sino la información de la que queremos que nos provea (email, SMS, Twitter...) haciendo así que nuestra casa sea más autosuficiente y cómoda para sus habitantes.

¿por qué es buena idea?

Muchos creen que tener el control manual de las cosas es más sencillo y práctico, y es posible que no estén equivocados, pero cosas como el limpiaparabrisas y las luces automáticas de los coches, o el regulador de temperatura del aire acondicionado, son imprescindibles a día de hoy. Es posible que en unos años nadie entienda por qué hay que pulsar un interruptor para encender la luz de una habitación o por qué hay que revisar si todas las puertas de la casa están cerradas si lo puedo saber tan solo echando un vistazo a mi móvil. La domótica podría ser la siguiente revolución tecnológica que cambie definitivamente nuestras vidas.

Este proyecto de Kickstarter ya ha recaudado más de 200.000 dólares cuando aún quedan 19 días para que termine la campaña y el objetivo eran solo 50.000. WigWag ya es un éxito. Parece que a los usuarios les atrae la idea de tener el control de su casa en su 'smartphone'.

Eunate Ramírez (1978, Barakaldo) es la encargada de ejecutar la estrategia de ESLE, asociación de empresas de ‘software libre’ de Euskadi. Profesional del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desde el año 2002, cuando entró en el grupo Versia como directora de varios proyectos, en 2009 se incorporó a ESLE como gerente. Las empresas de esta organización han multiplicado su número de empleados por seis en los últimos 8 años y su perspectiva para el futuro cercano es la de seguir creciendo. Empezaron representando a sociedades cuyo negocio estaba en los programas, pero ya han dado el salto a toda la industria en torno a la transferencia del conocimiento abierto, como el ‘open-data’, la ‘open-innovation’ o los bufetes especializados este mundo. “El siguiente paso es que queremos ser un cluster”, adelanta Ramírez.

Pregunta: Como sector en pleno crecimiento…

Respuesta: Es verdad que somos un sector emergente, pero también estamos ya muy consolidados, aunque parezca paradójico. Las empresas de ‘software libre’ son una realidad en el mercado desde hace ya muchos años. Lo que sí es cierto es que es un tejido tremendamente innovador y tremendamente joven, que a pesar de estar consolidado sigue generando muchas empresas.

P: Estará consolidado, pero como máximo, ¿qué tiene? ¿una década?

R: Para los ciclos económicos e industriales actuales eso ya es un peso importante. Hoy en día cinco años es mucho tiempo en la economía.

P: ¿Esperan mantener la perspectiva de crecimiento más allá del corto plazo?

R: Estamos en el comienzo de esta era. Nos hemos alineado con las estrategias tecnológicas no sólo del Gobierno vasco, sino las estatales y también las que marca Europa 2020. Son unas políticas que tocan sensibilidades y conceptos que hasta hace poco no se tenían y que nos van a servir para crecer más.

P: ¿Podría concretar a qué tipo de políticas se refiere?

R: Los ciudadanos pagan sus impuestos y la administración tiene la obligación de facto de ser eficiente con este dinero. Por ejemplo: no tiene ningún sentido que Osakidetza e Industria paguen por el mismo desarrollo de ‘software’ porque sus proveedores les han vendido un producto que desconocen. En este sentido, el código abierto garantiza que la administración no pague dos veces por lo mismo. Además una vez que se libera, ese código vuelve a estar a disposición del ciudadano.

P: ¿Y eso para qué sirve?

R: Pues yo como ciudadano lo puedo coger, lo puedo mejorar y lo puedo vender a un tercero. Con ese dinero público se genera un círculo virtuoso que genera riqueza. Eso es lo que se pretendió con el decreto de liberalización y reutilización de aplicaciones que se puso en marcha el año pasado. El ‘opendata’ es el mismo concepto, liberar un dato por el que los ciudadanos han pagado.

P: También es una forma de monitorizar a los políticos con la que está cayendo, ¿no?

R: Es que el político tiene la obligación ética y moral de sacar el mayor partido posible al dinero de todos y, sobre todo, de devolver a la ciudadanía lo que la ciudadanía le está pidiendo. Por eso le digo que el ‘software libre’ y todo lo que gira a su alrededor son conceptos que van más allá de la tecnología.

P: Los datos indican que el sector público vasco está un paso por detrás en el uso de ‘software libre’ frente a los hogares y las empresas. ¿A qué se debe?

R: Es una cuestión de inseguridad, de miedo al cambio. Lo peor de la tecnología es que no se queda quieta, le pides a los trabajadores públicos, a los funcionarios, que se reciclen constantemente. ¿Cómo le pides a una persona que lleva trabajando 30 años con lo mismo que cambie todo de la noche a la mañana? Es muy complicado.

P: ¿Y cómo se vence esta resistencia?

R: Con voluntad política.

P: Con la crisis y con la idea de que la administración ahorre dinero, ahora mismo verán una oportunidad, ¿no?

R: El ‘software libre’ supone un ahorro a medio largo plazo, pero a corto plazo no. Migrar todos los sistemas que actualmente usa la administración manteniendo el nivel de servicio requiere una inversión importante. No es lo mismo que empezar de 0, en ese caso sí sería mucho más barato.

Conocimiento local

Conocimiento localP: Teniendo en cuenta que sus clientes se ahorran el pago de licencias, ¿cómo genera dinero una empresa de software libre?

R: La mejor forma de entenderlo es con un ejemplo. Pongamos el caso de una PYME, una carpintería con cinco empleados. Necesitan llevar la contabilidad y quieren comprar un programa que les facilite la tarea. Pueden recurrir a un paquete cerrado que le venta un proveedor y esa aplicación le dará un servicio ajustado a sus necesidades de ese momento, pero si necesita ampliarlo porque la empresa crece estará obligado a seguir recurriendo una y otra vez a los mismos y sin saber muy bien lo que le venden. También puede tomar la decisión de instalar una aplicación abierta que le va a permitir adaptarse al futuro. Si tiene conocimientos técnicos él mismo podrá desarrollar sobre la base y si carece de ellos podrá contratar a cualquier empresa para que adapte sus programas a sus nuevas necesidades.

P: ¿Entonces las empresas de código abierto sacan sus beneficios de adaptar los programas a medida?

R: Sí y también venden formación para utilizar las aplicaciones que instalan, el mantenimiento de esos programas y otro tipo de servicios, como la consultoría de las herramientas que puede llegar a necesitar un cliente. Todo ello con la ventaja de que en el momento en el que no está satisfecho, el cliente puede cambiar de proveedor tecnológico y aprovechar todo lo que tenía instalado.

P: Cuando se habla de ustedes, se pone en valor que sus empresas trabajan a nivel local…

R: Tenga en cuenta que Microsoft no tributa en Euskadi, con lo que cuando se compra una de sus licencias se genera riqueza en Alabama, Wisconsin o donde quiera que tributen. Nuestras empresas, sin embargo, están aquí y todo el empleo y riqueza que generen repercuten directamente en nuestras haciendas. Y no sólo eso, también generan conocimiento aquí. Eso permite crear un tejido referente en Euskadi que podría vender en otras partes.

P: ¿Qué tipo de servicios cubre el ‘software libre’ en Euskadi y qué le queda por cubrir?

R: Tenemos muchas empresas especializadas en la capa alta, herramientas de gestión, portales de Internet, pero nadie se está metiendo en los procesos productivos de las empresas industriales. Por ejemplo, los programas que controlan las fresadoras y otros aparatos de máquina-herramienta. Si nuestras industrias estratégicas no tuvieran que comprar a una multinacional alemana y pudieran recurrir a un proveedor local ganarían muchísima competitividad.

Recuperar la labor del artesano, aquel que trabajando con las manos se convertía en el ideólogo y creador de sus propias propuestas. Ese es el espíritu bajo el que ha nacido ‘Hirikilabs’, un laboratorio ciudadano impulsado por ‘Tabakalera’ y ‘Donostia 2016’ y que promueve la creación colaborativa para avanzar hacia un sistema de producción más solidario.

El antiguo edificio de bomberos de San Sebastián se ha convertido en la sede de este programa, pero también en su primer proyecto. Se trata de acondicionar el espacio en el que van a trabajar y para ello han puesto en marcha un taller de diseño abierto que busca compartir los procesos de creación, distribución y fabricación de objetos, ideas o sistemas, para que otros puedan usarlos para adaptar, reformular, producir o distribuir esos diseños o contenido según sus necesidades. Así profundizan en la filosofía de la cultura libre y el código abierto a la vez que montan los locales que utilizan para dar sus talleres. “Queremos que todo ese ejercicio quede documentado, con los prototipos accesibles a todo el mundo, tal y como hemos hecho nosotros con proyectos que se encontraban disponibles”, explica Joxean Llorente, uno de los tres componentes del equipo de ‘Hirikilabs’.

Esta filosofía de creación colaborativa trasciende a todos los talleres que ofrece este programa. Estos días se centran en el diseño y elaboración de impresoras 3D, “en una mesa se pueden juntar un diseñador de joyas, un ingeniero, un arquitecto o un diseñador amateur”, cuenta Llorente, “cada uno tiene algo que ofrecer y todos se benefician de los conocimientos de los demás”, explica.

“Todos los talleres son de grado de iniciación básico, aquí les enseñamos a realizar el producto completo y así pueden ser capaces de comprender cómo funciona la máquina que están creando” apunta Llorente. Así los participantes pueden recibir nociones de soldadura para comenzar a montar la máquina en la que luego aplicarán los más avanzados sistemas de programación. “Nos gusta el concepto de artesano digital” dice Llorente, “con la creación completa logramos un sentimiento de empoderamiento ciudadano muy positivo para fomentar el espíritu creador”.

Entre las actividades que promueve ‘Hirikilabs’ hay propuestas como un taller de construcción de mobililario, cartografía ciudadana, construcción de scanner de libros, o de una fresadora CNC. “Escanear libros por ejemplo puede servir para recuperar la memoria histórica” apunta Llorente que cree profundamente en la aportación individual para el conseguir un sistema de producción más solidario.

La asociación ‘Basqueose’ trabaja en la primera máquina realizada con una técnica que permite desarrollar y distribuir información libremente.

El objetivo es crear maquinaria para diferentes sectores que puedan ser mejorada entre toda la comunidad y construida en destino.

El ‘opensource’ o código abierto es un sistema de trabajo pero también una filosofía: es la manera de desarrollar y distribuir información libremente, sin restricciones. La asociación ‘Basque Open Source Ecology’ (Basqueose) aplica fielmente esta forma de trabajar porque se ha dado cuenta de que “debido a varios factores, la producción se está deslocalizando, se está perdiendo gran capacidad de producción a nivel local”, explican sus promotores. Lo que persiguen desde esta plataforma es crear máquinas para diferentes sectores como el industrial, el de alimentación o el de la construcción, en código abierto para “que entre toda la comunidad puedan ser mejoradas y construidas en destino”.

En Estados Unidos se trata de un sistema muy extendido. “Cuando se estropeaba una máquina agrícola, un tractor o una herramienta, muchas veces no había tiempo de enviarla a reparar y costaba mucho dinero”, explica Aitor Etxeberria, uno de los promotores de ‘Basqueose’. “por eso trataron de hacer maquinaria fácil de construir con documentación accesible que contiene todos los pasos para el desarrollo de la maquinaria”. ‘Basqueose’ quiere trasladar esa forma fabricación distribuida al País Vasco porque “podrá ser una manera de volver a traer la industrialización a países en los que se ha producido desindustrialización”, explica Etxeberria. “no hay patente, la información es libre y todo el mundo puede encontrar el manual” añade.

‘Basqueose’ ha desarrollado ya una máquina y se centra ahora en el ‘powercube’, un módulo básico de energía hidraúlica, o como explica Etxeberría “el corazón de cualquier máquina”. Para ello han puesto en marcha una campaña de financiación por ‘crowdfunding’ con el que esperan conseguir los 1.265 euros que necesitan.

Desde la asociación están convencidos de que el futuro va por ese camino y de hecho algunos talleres ya se han ofrecido a colaborar. “Lo que construyan se podrá compartir, es una manera de que todos nos beneficiemos de todos porque se ahorra muchísimo en costes”, explica Etxeberría, además de “explorar nuevos modelos de negocio que beneficien a toda la comunidad”, añade.

El controlador de movimiento Kinect tiene desde ahora parte de su código accesible a todos. Microsoft lo ha publicado en la página CodePlex, con el fin de que los desarrolladores puedan descargarlo e investigar para propiciar mejoras. El dispositivo nació destinado a su uso con la videoconsola Xbox 360, pero posteriormente el fabricante ha permitido que se utilizara con Windows.

Kinect registra el movimiento del cuerpo y lo interpreta como comandos para un sistema informático. Microsoft ha publicado 22 muestras de código, entre las que se encuentran algunas relativas a la detección del movimiento de la cara o los gestos de deslizamiento. Toda la información está disponible bajo una licencia Apache 2.0.

Aunque Microsoft lanzó Kinect para Xbox 360, no tardó mucho en ofrecer un programa para que el dispositivo se pudiera utilizar en Windows, así como un SDK (software development kit). La compañía fue espoleada por los proyectos paralelos que surgieron a continuación del lanzamiento, que trataban de permitir el uso del controlador en ordenadores.

La empresa Adafruit había anunciado un concurso en el que se premiaría con 3.000 dólares al primero que fuera capaz de abrir la experiencia de Kinect a otros equipos distintos de la Xbox. Apenas unos días después de la salida al mercado del controlador se comunicó un ganador, el español Héctor Martín.

Unos meses más tarde Microsoft lanzó su opción oficial para utilizar Kinect con Windows. Sin embargo, el programa que proporciona esconde el código del dispositivo. Así se limitan las opciones para experimentar, sobre todo por parte de los desarrolladores.

Código abierto para impulsar aplicaciones con Kinect

El potencial de Kinect se basa en su tecnología para detectar el movimiento y en la capacidad de distribución comercial de Microsoft. Otros sensores que reconocen gestos 3D, como el preciso Leap Motion, no cuentan con un alcance tan extenso.

Pero Microsoft, a pesar de haber vendido 25 millones de unidades de su controlador, necesita animar a los desarrolladores a crear aplicaciones que se sirvan de Kinect. Si el lanzamiento del SDK en el pasado fue un primer acercamiento, ahora la publicación del código es un paso más. Algunas compañías, como Telefónica, Toyota o American Express, ya han construido programas que se integran con el dispositivo.

El surgimiento de aplicaciones creadas específicamente para Kinect es una forma de popularizar el dispositivo y hacerlo poco a poco necesario, integrándolo en las costumbres de los usuarios. Trasladar la experiencia del controlador a los ordenadores constituye un paso decisivo para asegurar su éxito o en el futuro. Sobre todo teniendo en cuenta que otras tecnologías – más nuevas y más precisas – están por llegar.

El sensor de Leap Motion está descrito oficialmente como “200 veces más preciso que cualquier otro en el mercado”. Su salida a la venta está prevista para mayo a un precio de 80 euros. Es compatible con los sistemas operativos mayoritarios y ya ha empezado a impulsar su tienda de aplicaciones Airspace, que cuenta con software adaptado de Autodesk o Disney Interactive.

Imagen: openexhibits

Hablar de 'periodismo libre' es algo así como compartir una especie de chicle mil y una veces masticado. De puro romántico el término se nos quedó vacío, como la transparencia a los políticos o el 'te quiero' a tantas parejas. Y, sin embargo, me resisto a aparcar la palabra, como me resisto a dejar de creer en la democracia o en el amor. El periodismo al que me quiero aproximar en este artículo tiene algo de los tres ingredientes: es -un poco- más libre, -algo- más transparente y es idealista e irracional como un enamorado. Pero es una realidad que empieza a hacerse corpórea en la forma de una infinidad de proyectos sacados adelante por osados emprendedores -muchos les llamarían locos-. La arquitectura de su 'alma' tiene mucho que ver con la de las llamadas comunidades de software libre.

Existen ciertas tendencias que, de formas diversas, apuntan a la redefinición del periodismo en la línea marcada por estas comunidades (apertura, accesibilidad, edición y libre difusión). Raramente, sin embargo, todos estos puntos confluyen a la vez en el caso del periodismo -las palabras no son software-. Sea como sea, la moraleja del cuento es clara: los espacios cerrados -podríamos llamarlos espacios profesionalizados- se están abriendo, y no por casualidad. Las masas silentes se han transformado en públicos activos, comprometidos y participativos. Los consumidores han dejado paso a los 'usuarios'. En algunos casos la apertura llega a tal punto que pone en cuestión la figura misma del 'periodista' tal y como la veníamos entendiendo hasta ahora. La apertura y el consiguiente diálogo entre prosumidores -todos producen, todos consumen- genera comunidades de usuarios dispuestos a pagar no a cambio de un 'bien' sino porque desean involucrarse en aquello que consideran que se hace bien y 'hace bien'. En los siguientes párrafos trataré de reflejar la reflexión que sobre estos aspectos se ha desencadenado en ciertos círculos de la 'profesión'. La cuestión esencial es: ¿Cuál es el código del periodismo?

¿Por qué un periodismo libre? ¿Qué significa libre?

“Las producciones 'nobles' del ser humano” (como el conocimiento, los conceptos o las ideas), proclamaba David Boyle en 'El Dominio Público', deben ser “libres como el aire”. “La información”, nos decía McKenzie en 'Un manifiesto Hacker', “es el potencial del potencial”. Una fuerza que “cuando es desencadenada, libera las capacidades latentes de todas las cosas y de la gente (…) cuando la información no es libre la clase que la posee controla o revierte su capacidad hacia sus propios intereses”. Desde esta perspectiva el periodismo -entendido como el relato veraz e independiente de los hechos en pro de la igualdad y la democracia- es un derecho fundamental de las sociedades que no debería ser gestionado, o al menos no solo, en 'espacios cerrados' (grandes empresas o estados). Relegar su ejercicio a esos espacios implicaría colmarlos de un poder tan inmenso que, como nos advertía McKenzie, podría volverse en contra del 'bien común', como efectivamente está pasando.

Pero, ¿qué significa exactamente 'ser libre como el aire'? El término, tal y como ha sido acuñado en las comunidades de software libre (SL) tiene un carácter último y absoluto e implica que para que algo sea genuinamente libre debe ser -en términos generales- abierto, accesible, versionable y difundible. Llevada a su grado máximo la libertad abarcaría también el derecho del usuario a comercializar versiones modificadas (o no) de los bienes libres. Este punto es determinante ya que, como insiste Richard Stallman -padre del sistema operativo GNU y del movimiento de SL- “libre no es [necesariamente] igual a gratis” (“free as in freedom, not as in free beer”). Según Stallman un programa es SL sí:

¿Qué ocurre cuando trasladamos estas prácticas al ámbito del periodismo? El ejercido bajo copyright queda automáticamente excluido del campo de la libertad -no es ninguna sorpresa-, pero el 'periodismo Creative Commons' (bajo licencias copyleft) tampoco sale mucho mejor parado. Como veremos, no todas las licencias CC contemplan los derechos citados por Stallman. Ni siquiera las más abiertas -como la CC BY SA- garantizan que los cuatro puntos anteriores serán respetados. Los aspectos más conflictivos son la accesibilidad y la apertura: en el software estos conceptos están muy claros, pero en el periodismo no tanto. ¿Qué es un periodismo 'accesible? ¿Y uno abierto?

Periodismo abierto

Resulta enormemente interesante analizar de qué formas tan diferentes han entendido el concepto de 'apertura' (tanto de dentro hacia afuera como a la inversa) los proyectos periodísticos más innovadores de nuestro país. Si hablamos de apertura 'desde dentro'-es decir, de transparencia y accesibilidad- debemos hablar del semanario digital Vía52. Vía52 expone públicamente –y en formatos accesibles- los datos cosechados por sus periodistas para elaborar los diferentes reportajes. La información la publican en la red social de datos 'Buzzdata' que “permite almacenar y compartir bases de datos con gran facilidad entre personas y entidades especializadas en el mundo de la investigación y comunicación”, explican en su web. Así lo han hecho en numerosas ocasiones como, por ejemplo, a lo largo de una profusa investigación sobre los bebés robados en España: “Nosotros hacemos un trabajo, pero si cualquiera quiere continuarlo, cree que puede mejorarlo o le va a ser útil para cualquier cosa, ahí está. Se trata de aplicar el creative commons de forma proactiva sobre materiales que no se suelen facilitar. El sentido es la reutilización”, me contaba David Rojo, impulsor de la iniciativa. “No somos los que más sabemos sobre nada, así que pedimos ayuda y consejo (…): pedimos en Facebook que se nos dijeran qué temas querían que tratásemos. Y así surgió el número que estamos preparando sobre gasto militar y también el periodista que lo está coordinando, que no colaboraba con nosotros y fue el que lo propuso”, exponía. Otras iniciativas, como 'The Reset Project', navegan en esta misma dirección: en este último caso proponiendo la creación una 'Red-acción', una red abierta de periodistas independientes (ciudadanos o no, no importa el carné sino aquello que cada uno puede contar) en la que el trabajo se realizaría de forma abierta y cooperativa. Los 'periodistas' propondrían temas que se desarrollarían con el apoyo otros miembros interesados de la red. Si el asunto propuesto tuviese la suficiente acogida, la comunidad podría costear colectivamente la financiación del reportaje.

La invitación a la cooperación puede venir en sobres muy diferentes: en Fixmedia.org, por ejemplo, se invita a los lectores-usuarios a que corrijan las informaciones elaboradas por los periodistas. En la cooperativa MásPúblico -editora del Diario La Marea- no se publican las bases de datos, como en Vía52, pero a cambio se ha concebido un proyecto '100% propiedad de sus trabajadores y lectores'. Los socios -denominados 'socios usuarios'- cuentan con derecho de voto en la asamblea general, en la que se decide sobre aspectos cruciales para el medio. Además, los socios usuarios se han autoorganizado en diferentes nodos locales desde los que han gestionado por su cuenta la difusión y promoción del diario, llevándolo en tiempo récord a más de 20 ciudades. Otras iniciativas, como la #pizarradigital20m, de 20 minutos, abren la redacción a la calle y brindan a los usuarios la oportunidad de participar en los debates editoriales.

Periodismo accesible

¿Qué es una información accesible? Volviendo a Mckenzie, es aquella que no sólo nos ofrece una representación mediada de la realidad, sino que además se nos revela en toda su desnudez: es decir, un reportaje periodístico no es accesible (y, por lo tanto, no es libre) si no nos muestra el 'código' que se oculta tras el relato, lo que en términos periodísticos equivaldría -quizás- a abrir los datos y los testimonios, imágenes o grabaciones completas (el 'bruto') que conforman una historia.

La cuestión, sin embargo, no se queda ahí: para que una serie de datos pueda ser considerada accesible debe presentarse en un formato estandarizado y 'procesable'. Los movimientos de Open Data, OpenGovernment y Data Journalism han insistido en este punto: cuando se les reclama a los diputados españoles, por ejemplo, que liberen la información relativa a sus patrimonios se les pide que lo hagan de forma que esa información pueda sea procesable, requisito que no se ajusta a formatos como el PDF, mucho menos si se trata de copias de escritos torticeramente caligrafiados. Precisamente este tipo de 'chapuzas' en la Administración son las que han motivado el trabajo de ciudadanos organizados de forma autónoma como los que, tras la plataforma 'Qué hacen los Diputados', recogen la maraña de datos (malamente) vertida por el Congreso, la procesan y la traducen en informaciones y visualizaciones que nos permiten saber qué hacen efectivamente nuestros representantes.

Actualmente no se aprecian en nuestro país indicios -al margen de honrosas excepciones, como el semanario Vía52- que permitan adivinar el surgimiento de una tendencia encaminada a incentivar el periodismo accesible. El debate, que fomentan organizaciones como Civio y los grupos de periodismo de datos, se ha centrado en exigir a las administraciones una ley de transparencia y acceso a la información pública que permita su análisis y reutilización, pero apenas ha considerado la aplicación de estos estándares a los datos generados por el propio trabajo periodístico.

Merece la pena pararse a pensar, sin embargo, en la importancia que en este sentido tienen fenómenos como Wikileaks o las retransmisiones en streaming de protestas, que tanto se han popularizado últimamente. La singularidad de ambos radica en que la información se ofrece 'en bruto', sin mediación de ningún tipo. En el caso del streaming cualquiera con un smartphone y una aplicación gratuita como la popular Bambuser puede retransmitir, en directo y en sin interrupciones, un evento. La larga duración de estas retransmisiones (las que acompañaban a las asambleas o manifestaciones suelen durar horas), su abundancia y la ausencia de filtrado previo las ha transformado en una opción decididamente fiable para informarse que compite con las coberturas parciales generadas por los medios.

Licencias y nuevos modelos de negocio: el valor del periodismo comprometido

Apertura porque todos sumamos, accesibilidad por un mundo legible y editable colectivamente y licencias libres para que la inteligencia colectiva beba de sí misma, crezca y se expanda sin barreras de por medio. Estas tres condiciones nos permitirían hablar de un efectivo periodismo libre. Una utopía circunscrita, sin embargo, a los estrechos márgenes del dinero. En los círculos periodísticos a menudo se recuerda, con cierta sorna, que “los periodistas también comen”. Por otra parte, no hay que olvidar que los periodistas compartimos 'representaciones' de la realidad, no datos: son cosas diferentes. Nos resistimos a desvelar el 'código' y tenemos poderosas razones para hacerlo: la más obvia, que no vamos a servir en bandeja nuestro trabajo a la competencia.

Este comprensible miedo parte de la falta de definición de modelos alternativos y, sobre todo, del razonamiento que nos dice que la única forma de obtener ingresos es intercambiar un bien 'exclusivo' por dinero. En este contexto, la lógica del copyright es la de crear una 'murallla' que asegure que el intercambio se produce sin incidencias, un proceso que se ha hecho extremadamente difícil en el ámbito digital. Las opciones son sencillas: resistir o dejarse llevar por la marea.

Las comunidades de software libre han optado por la última opción y los resultados son, cuando menos, sorprendentes: merece la pena reflexionar sobre ellos teniendo en cuenta, como hemos dicho, que el software no es periodismo. En vez de usar una licencia para levantar una barrera e impedir el acceso de los usuarios al código fuente (que se oculta como la fórmula de la Coca Cola para obtener los máximos beneficios a través de la comercialización en exclusiva del software), han apostado por conceder libertad y control absolutos al usuario, cualidad que han convertido en su valor añadido por antonomasia y de la que beben los modelos de negocio que han surgido en este contexto. Estas libertades han permitido que las comunidades de software libre generen una cantera pública de innovación y conocimiento de la que se han nutrido infinidad de iniciativas, empresas (como por ejemplo, IBM o Apple) y organizaciones del carácter de la NASA, para las que el software opaco y privativo se queda muy pequeño y que necesitan acceder al código para adaptarlo a sus propias necesidades. La apertura, en definitiva, crea comunidades y las comunidades oportunidades de negocio compatibles, a priori, con el bien común.

¿Hasta qué punto es aplicable esta 'filosofia' al periodismo? Se trata de un terreno poco explorado en el que, sin embargo, ya existen algunas iniciativas interesantes. La comunidad que surgió en torno a la cooperativa MásPúblico, por ejemplo, permitió la actual existencia del diario La Marea (CC By SA). El proyecto cooperativo continúa abierto: cualquiera puede convertirse en socio-usuario con una aportación de 1.000 euros. Eldiario.es, por otra parte, ofrece sus contenidos en abierto en su web (CC BY SA). El proyecto se financia -en parte- gracias a las aportaciones de sus socios (3.100 en la actualidad), que gozan de ciertos privilegios, como la oportunidad de participar en el desarrollo del proyecto a través de reuniones fuera de la red con el personal de la redacción etc. Evidentemente, ni las cooperativas ni las suscripciones son nada nuevo. La novedad aquí estriba en que el que paga no lo hace a cambio de un producto del que ya puede disponer gratis, sino más bien como forma de compromiso con algo en lo que se siente implicado. Cuando nos suscribimos a eldiario.es no estamos comprando un periódico (no se vende, es 'gratis'), sino una forma de hacer periodismo.

Las suscripciones no son la única vía de ingresos posible para proyectos periodísticos abiertos. Son numerosos los casos de iniciativas que se han lanzado a buscar financiación a través de la red, como Vía 52 o la revista local catalana Café amb Llet. El caso de esta última es muy significativo. Los editores lograron un hito inimaginable para un medio que ellos mismos definen como “de pueblo”: recaudar más de 14.000 euros con los que seguir investigando sobre corrupción en el ámbito de la sanidad pública catalana. El dinero, que obtuvieron en menos de 24h a través de la plataforma de crowfunding Verkami, servirá a Marta Sibina y Albano Dante, (ninguno de los dos periodista, por cierto) para afrontar la demanda de Josep Mª Vía, alto cargo de Sanidad, asesor de Artur Mas y amigo de Bagó –uno de los implicados en la trama de corrupción destapada por la revista- por vulneración de su “derecho al honor”.

¿Tiene futuro este modelo? Sí, en la medida en la que exista una comunidad comprometida dispuesta a sostener una iniciativa. Hoy por hoy es interesante apuntar que la principal fuente de financiación de Eldiario.es continúa siendo la clásica publicidad, lo que no significa que no exista compromiso sino que -probablemente- es necesario que esta nueva forma de concebir el mundo cale más.

Además de las microdonaciones, ya sean en forma de suscripción o aportación aislada, existen otras iniciativas interesantes inspiradas en los modelos de negocio propios del SL, como la de Nxtmdia. Nxtmdia es una consultora que se define a sí misma como especialista en 'comunicación horizontal y nuevos medios'. La plantilla está formada por profesionales de los campos del periodismo, la tecnología y el diseño, que trabajan juntos para ofrecer servicios tecnológicos a terceros (diseño, usabilidad y creación de contenidos). Su fundador (Pau Llop) la describe como una 'fundación' porque los beneficios que genera (en 2010 facturó 33.600 euros) se reinvierten en los proyectos del equipo (Bottup.com y Fixmedia.org son los más populares). Nxtmdia funciona como paraguas de todos ellos y es su única fuente de ingresos.

Todos estos esfuerzos redundan, sin lugar a dudas, en una ampliación de un espacio hasta ahora muy acotado. El lienzo, sin embargo, es caótico. Si somos fieles a la definición de libertad que he plasmado en este artículo la mayoría de estas iniciativas quedarían fuera de ella por no respetar principios básicos que sí se siguen a rajatabla en las comunidades de software libre: no se garantiza la accesibilidad, no se ofrece el material bruto y a menudo se restringen derechos como el de modificación o difusión. Sin embargo, los retazos de un lado y del otro permiten remendar -muchas veces desde el ámbito privado- un procomún que la comunidad de usuarios recoge, analiza y alimenta como buenamente puede.

El caos emerge de la propia naturaleza del periodismo. Nada tiene que ver éste con el código de los programas de software libre y, por eso, no encaja en sus premisas. Forzar ese encaje nos llevaría a cuestionarnos por completo nuestra interpretación actual acerca de qué es periodismo. El periodismo como interpretación de la realidad, como mediación entre el intelecto del periodista y los hechos, el periodismo de las 'representaciones', quedaría fuera del modelo: los datos (¿el 'código'?) cobrarían el protagonismo. Datos en abierto, datos para construir historias cooperativamente, datos para conquistar la verdad colectivamente, datos accesibles, datos editables y difundibles. ¿Es el genuino periodismo de 'código abierto' un periodismo de datos? La Historia aún está por escribir.

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Susana López-Urrutia (@Su_Urruti) es periodista e investigadora del máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital de Medialab Prado. Su blog personal.

La ilustración que acompaña a este texto es de Carla Boserman, que la ha cedido al dominio público.