El conseller de Empresa, Santi Vila ha presentado su dimisión ante el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, este jueves una vez la sesión plenaria ha acabado en el Parlament. La salida de Vila supone el síntoma más claro de que el bloque independentista piensa aprobar este viernes una declaración de independencia. El propio entorno de Vila ha explicado que la dimisión del conseller se ha precipitado por “las decisiones que el president Puigdemont se verá obligado a tomar en las próximas horas”.

“Dimito. Mis intentos de diálogo nuevamente han fracasado. Espero haber sido útil hasta el último minuto al president Puigdemont y los catalanes”, ha escrito Vila en Twitter.

El entorno del ya exconseller ha explicado que Vila ha dimitido “por razones de consciencia personal”  ya que, añaden, cree que el “acto violento contra la democracia del 155 no justifica seguir hacia adelante”, en referencia a la declaración unilateral de independencia. Asimismo, Vila cree que sus planteamientos en favor del diálogo y la mediación “han quedado desautorizados por la realidad”.

Vila fue uno de los consellers que, al igual que Artur Mas y los dirigentes del PDeCAT, trasladaron a Puigdemont este martes que su opción era descartar por ahora la declaración de independencia y convocar elecciones anticipadas. Además, junto a la titular de Gobernación, Meritxell Borràs, fueron los dos únicos consellers neoconvergentes que, junto al titular de Territori Josep Rull, permanecieron en el Govern tras la crisis que provocaron los preparativos del referéndum en el Ejecutivo de Puigdemont. 

La salida de Vila ha provocado una crisis en el Ejecutivo catalán, a un día de que se voten la medidas del 155 en el Senado. Los consellers argumentaron que el adelanto electoral era la única opción para evitar el rodillo del 155, que comportará el cese del Govern. Puigdemont, por contra, ha descartado adelantar elecciones este jueves.

Vila está imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Borràs además, lo está por partida doble: por la fallida compra de urnas de junio y por el 1-O. Aunque haya abandonado el Govern, se seguirá enfrentando, junto a Puigdemont y al resto de consellers, a la acusación por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, este último penado con hasta ocho años de cárcel.

La Generalitat, tras anunciar un cerrazón informativo sobre cualquier paso hacia el referéndum previsto para el 1 de octubre, ha formalizado este lunes el proceso administrativo previo a la compra de papeletas y material electoral para unas elecciones al Parlament de Catalunya. El Ejecutivo catalán ha homologado a las cuatro empresas que optan a fabricar el material para los comicios autonómicos. Así lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de un acuerdo marco que ha promovido la conselleria de Governació. Está valorado en su conjunto en 897.000 euros, según indica la web de contratación pública de la Generalitat, y lo forman cuatro lotes: uno de sobres electorales; otro de papeletas; un tercero de manuales de instrucciones para miembros de mesas electorales y un último para impresos electorales.

El material para las elecciones al Parlament, del que ha informado en primer lugar la edición digital de La Vanguardia, se empezó a licitar y publicitar en marzo de este año. Por aquel entonces la Generalitat aseguró que no tiene que ver con la celebración del referéndum de independencia que ha anunciado para el 1 de octubre. La homologación de las empresas que optan al concurso se hizo el pasado 8 de junio.

Fuentes del Govern han explicado que esta publicación en el BOE no supone aún ninguna compra, sino que da cuenta de las empresas que han sido homologadas para hacerles el pedido cuando se decida formalizar la adquisición del material electoral. La ley de contratación pública da un plazo de cuatro años para formalizar un acuerdo marco como el usado por la Generalitat para adquirir papeletas.

Según la web de contratación de la Generalitat, optan a quedarse con el contrato de los sobres dos empresas, Tompla Industria Internacional del sobre S.L. y Domènech Mirabet S.A., mientras que el lote de las papeletas se lo disputarán Impresiones Transkrit S.A. y Formsystem Documentos Inteligentes S.L.U.

El contrato para el manual de instrucciones para los miembros de las mesas se lo quedarán o bien la firma Impresiones Transkrit S.A. o bien Formsystem Documentos Inteligentes S.L.U. Para el último lote, el de los impresos electorales, solo se ha habilitado una única compañía: Formsystem Documentos Inteligentes, S.L.U.

Los partidos independentistas contemplan, en el articulado de la ley del Referéndum, la convocatoria inmediata de elecciones al Parlament si el 'no' gana el referéndum. Por otro lado, dentro del soberanismo, algunas voces como el teniente de alcaldía de Barcelona (BComú), Jaume Asens, han propuesto en el pasado celebrar un referéndum de autodeterminación organizado por la Generalitat y las elecciones el mismo día.

Del que no se sabe nada todavía es del contrato para las urnas o las papeletas del referéndum después de que el primer concurso quedara desierto –lo que no frenó la querella que interpuso la Fiscalía contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y que ya investiga el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

De hecho, el pasado martes, en su primera rueda de prensa como conseller de Presidència y portavoz, Jordi Turull explicó que no se había activado la compra directa de urnas y que, en cualquier caso, informaría de la misma una vez se completara. “La administración de la información la gestionaremos nosotros en el momento en que creamos mejor para la causa”, dijo Turull.

También el pasado martes, la competencia sobre procesos electorales –que a la práctica equivale a la competencia para comprar urnas para el 1-O– pasó de las manos de Borràs (PDECat) al vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras (ERC).

La investigació per la compra fallida d'urnes pel referèndum contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, continua. Així ho ha confirmat aquest dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha desestimat el recurs que va presentar la defensa de Borràs per arxivar la querella que va interposar la Fiscalia. En una interlocutòria, la sala civil i penal del TSJC rebutja un per un els arguments exposats per la consellera per posar fi a la causa, inclòs el fet que el concurs per comprar urnes que va motivar la querella quedés desert.

Una vegada que la causa segueix endavant, el proper pas, previsiblement, serà que la jutgessa instructora, Mercedes Armas, citi a declarar com a imputats –investigats, segons la nova denominació– per desobediència, prevaricació i malversació a Borràs i al seu exnúmero dos a Governació, Francesc Esteve, ambdós del PDECat.

Borràs, en el seu recurs, va argumentar que les urnes que la Generalitat volia comprar no s'havien d'usar necessàriament pel referèndum i va al·legar que es podrien destinar a eleccions sindicals, a les dels consells escolars o les AMPA. Els arguments jurídics de Borràs van provocar l'enuig dels socis independentistes del PDECat, ERC i la CUP, en un context en què els dos partits al Govern mantenen suspicàcies mútues i s'acusen de no voler córrer riscos amb el referèndum.

L'enuig es va elevar quan, després de quedar desert el concurs, Borràs va ampliar el seu recurs al·legant precisament el fracàs de la compra d'urnes. A més, la consellera va acusar la Fiscalia i el TSJC de fer un “ús preventiu del dret penal” que vulnerava les convencions europees i internacionals sobre drets humans.

El TSJC ha rebutjat aquest dimarts tots els arguments de Borràs. “El fet que la Generalitat no disposi del recurs material de les urnes o de la seva eventual necessitat per a tot tipus de consultes [...]”, exposa el TSJC, no impedeix que la licitació per a les urnes “pogués estar orientada a infringir el mandat del Tribunal Constitucional” que instava a tot el Govern a no impulsar els preparatius del referèndum. En conseqüència, a criteri del TSJC, és pertinent continuar amb la investigació sobre Borràs.

A més, el TJSC respon a les crítiques de la consellera i li recorda que l'admissió a tràmit de la querella de la Fiscalia no valora la seva “responsabilitat criminal”, sinó la conveniència d'iniciar una investigació “per la qual es comprovi l'efectiva (aquesta vegada sí) comissió d'uns fets que poguessin ser constitutius de delicte”.

La investigación por la compra de urnas fallida para el referéndum contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, continúa. Así lo ha confirmado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ha desestimado el recurso que presentó la defensa de Borràs para archivar la querella que interpuso la Fiscalía. En un auto, la sala civil y penal del TSJC rechaza uno por uno los argumentos expuestos por la consellera para poner fin a la causa, incluido el hecho de que el concurso para comprar urnas que motivó la querella quedara desierto.

Una vez que la causa sigue adelante, el próximo paso, previsiblemente, será que la jueza instructora, Mercedes Armas, cite a declarar como imputados –investigados, según la nueva denominación– por desobediencia, prevaricación y malversación a Borràs y a su exnúmero dos en Governació, Francesc Esteve, ambos del PDECat.

Borràs, en su recurso, argumentó que las urnas que la Generalitat quería comprar no tenían necesariamente que usarse para el referéndum y alegó que se podrían destinar a elecciones sindicales, en los consejos escolares o las AMPAS. Los argumentos jurídicos de Borràs provocaron el enfado de los socios independentistas del PDECat, ERC y la CUP, en un contexto en que los dos partidos en el Govern mantienen suspicacias mutuas y se acusan de no querer correr riesgos con el referéndum.

El enfado se elevó cuando, tras quedar desierto el concurs, Borràs amplió su recurso alegando precisamente el fracaso de la compra de urnas. Además, la consellera acusó a la Fiscalía y al TSJC de hacer un “uso preventivo del derecho penal” que vulneraba las convenciones europeas e internacionales sobre derechos humanos.

El TSJC ha rechazado este martes de plano todos los argumentos de Borràs. “El hecho de que la Generalitat no disponga del recurso material de las urnas o de su eventual necesidad para todo tipo de consultas [...]”, expone el TSJC, no impide que la licitación para las urnas “pudiera estar orientada a infringir el mandato del Tribunal Constitucional” que instaba a todos el Govern a no impulsar los preparativos del referéndum. En consecuencia, a criterio del TSJC, es pertinente continuar con la investigación sobre Borràs.

Además, el TJSC responde a las críticas de la consellera y le recuerda que la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía no valora su “responsabilidad criminal”, sino la conveniencia de iniciar una investigación “por la que se compruebe la efectiva (esta vez sí) comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de delito”.

Que el concurs per comprar urnes quedés desert no és motiu per exculpar la consellera que el va impulsar. Així ho entén la Fiscalia, que ha fet arribar aquest divendres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un escrit on s'oposa a la petició d'arxiu de la causa que va sol·licitar la consellera de Governació, Meritxell Borràs.

A més, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha respost amb duresa a les crítiques de la defensa de Borràs i el Govern, que el van acusar de fer un ús “preventiu” del dret penal amb la seva querella. Segons el fiscal, aquestes qualificacions són “afirmacions tan gratuïtes com infundades” i “frases potser idònies per a eslògans o consignes però que no es compadeixen amb la realitat dels fets”.

En el pla jurídic, el TSJC haurà ara de decidir què fa amb la querella sobre Borràs. La defensa va demanar l'arxiu de la causa, admesa a tràmit fa deu dies, petició a la qual s'oposa la Fiscalia. Si la causa segueix endavant, Borràs i el seu exnúmero dos, Francesc Esteve, es convertiran en els primers càrrecs del Govern imputats pel referèndum. En concret, pels presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació.

La defensa de Borràs va sostenir en el seu recurs que les urnes podrien no ser pel referèndum, sinó que també estaven pensades per a eleccions sindicals, en consells escolars o AMPES. A més, aquest dimarts va ampliar el seu recurs al·legant que el concurs va quedar desert.

El fiscal rebutja que el fracàs del concurs pugui suposar un motiu per arxivar la causa. “Que no s'hagi arribat a la meta pretesa no afecta la consumació del delicte”, assenyala Romero de Tejada. “El recurrent [la defensa de Borràs] sembla desconèixer que tots els ordenaments penals sancionen la temptativa i altres formes d'execució imperfecta del delicte”, afegeix.

Tampoc accepta el fiscal l'argument de les urnes per les eleccions a les AMPES, ja que després de l'anunci que el concurs quedava desert la consellera Neus Munté va mantenir el seu compromís de comprar urnes per al referèndum.

Per a Romero de Tejada, la licitació del concurs per a comprar les urnes és el que ha de tenir en compte el TSJC per investigar a Borràs, i no el seu resultat final. “Els actes posteriors a la resolució administrativa il·legal, com la concurrència d'empreses licitadores o l'obertura de propostes, són conseqüències derivades d'un delicte ja comès”, assevera. La pilota ara està sobre la teulada del TJSC.

Que el concurso para comprar urnas quedara desierto no es motivo para exculpar a la consellera que lo impulsó. Así lo entiende la Fiscalía, que ha hecho llegar este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) un escrito en el que se opone a la petición de archivo de la causa que solicitó la consellera de Governació, Meritxell Borràs.

Además, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha respondido con dureza a las críticas de la defensa de Borràs y el Govern, que le acusaron de hacer un uso “preventivo” del derecho penal con su querella. Según el fiscal, estas calificaciones son “afirmaciones tan gratuitas como infundadas” y “frases quizá idóneas para 'slogans' o consignas pero que no se compadecen con la realidad de los hechos”.

En el plano jurídico, el TSJC tendrá ahora que decidir qué hace con la querella sobre Borràs. La defensa pidió el archivo de la causa, admitida a trámite hace diez días, petición a la que se opone la Fiscalía. En caso de que la causa siga adelante, Borràs y su exnúmero dos, Francesc Esteve, se convertirán en los primeros cargos del Govern imputados por el referéndum. En concreto, por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

La defensa de Borràs sostuvo en su recurso que las urnas podrían no usarse para el referéndum, sino que también estaban pensadas para elecciones sindicales, en consejos escolares o AMPAS. Además, este martes amplió su recurso alegando que que el concurso quedó desierto.

El fiscal rechaza que el fracaso del concurso pueda suponer un motivo para archivar la causa. “Que no se haya alcanzado la meta pretendida no afecta a la consumación del delito”, señala Romero de Tejada. “El recurrente [la defensa de Borràs] parece desconocer que todos los ordenamientos penales sancionan la tentativa y otras formas de ejecución imperfecta del delito”, añade.

Tampoco acepta el fiscal el argumento de las urnas para las elecciones en las AMPAS, ya que tras el anuncio de que el concurso quedaba desierto la consellera Neus Munté mantuvo su compromiso de comprar urnas para el referéndum.

Para Romero de Tejada, la licitación del concurso para compras las urnas es lo que debe tener en cuenta el TSJC para investigar a Borràs, y no su resultado final. “Los actos posteriores a la resolución administrativa ilegal, como la concurrencia de empresas licitadoras o la apertura de propuestas, son consecuencias derivadas de un delito ya cometido”, asevera. El balón ahora está sobre el tejado del TJSC.

La Generalitat no té urnes quan falten 96 dies pel referèndum que va anunciar per l'u d'octubre. L'Executiu català ha declarat desert el concurs per comprar 8.000 urnes després de no homologar les dues empreses que s'havien presentat a la licitació. Immediatament després d'anunciar la suspensió del concurs, la consellera de Presidència i portaveu, Neus Munté, ha emplaçat la Fiscalia a retirar “de manera immediata” la querella que va interposar contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, per l'anunci de la compra de urnes ara fallit.

De fet, la defensa de la consellera presentarà davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l'acta que declara desert el concurs de les urnes per demanar a la sala civil i penal que arxivi la querella que va presentar la Fiscalia arran d'aquest procés de licitació.

Malgrat les dificultats tècniques i la nova incògnita que ha sumat aquest dimarts, la Generalitat manté “intacte” l'objectiu del referèndum, segons ha dit Munté en roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern. Ara l'Executiu “analitzarà les vies legals” per portar a terme la compra d'urnes pel referèndum, que Munté no ha concretat.

Al concurs per proporcionar les urnes, valorat en 200.000 euros, s'havien presentat dues empreses: Plastic Express i la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per Espai World i Subministraments Integrals Futbida. Segons ha explicat Munté, les empreses no han pogut acreditar prou solvència econòmica per fer-se amb l'adjudicació. Aquest diari s'ha posat en contacte amb les empreses per demanar la seva versió però no han volgut fer cap comentari al respecte.

La licitació fracassada per la compra d'urnes va motivar la querella de la Fiscalia contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i el seu número dos, Francesc Esteve. Munté s'ha encarregat d'emfatitzar que, un cop paralitzat el concurs que va motivar la querella, no té sentit continuar amb el procés judicial. Està per veure la reacció del ministeri públic i del TSJC, que va admetre a tràmit la querella i està pendent de resoldre el recurs que va presentar la defensa de Borràs.

Més enllà del recorregut judicial que tingui la compra d'urnes, dins de l'Executiu català han aflorat les tensions entre els partits que el conformen, ERC i el PDECat: tots dos s'acusen mútuament de no voler córrer riscos amb la preparació del referèndum.

Ampliació del recurs de Borràs

El fracàs del concurs serà utilitzat pels advocats de Borràs, representada pel despatx Molins & Silva. La defensa de la consellera ampliarà en les properes hores el recurs de súplica que aquest dilluns va presentar davant el TSJC per demanar l'arxiu de la causa.

En l'ampliació del recurs, la defensa Borràs i d'Esteve adjuntarà l'acta on el departament declara desert el concurs i acorda no homologar cap de les dues empreses que aspiraven a subministrar urnes a la Generalitat, informa EFE.

L'equip jurídic que defensa Borràs creu que el concurs desert reforça la seva tesi que el procés per a la compra d'urnes és legal. En el recurs que van presentar aquest dilluns, els advocats de Borràs van al·legar que les urnes es podrien utilitzar en contextos “diversos”, com eleccions sindicals, en consells escolars i AMPES, i van criticar a la Fiscalia i al TSJC per fer un ús “preventiu” del dret penal.

La Generalitat no tiene urnas cuando faltan 96 días para el referéndum que anunció para el uno de octubre. El Ejecutivo catalán ha declarado desierto el concurso para comprar 8.000 urnas tras no homologar a las dos empresas que se habían presentado a la licitación. Nada más anunciar la suspensión del concurso, la consellera de Presidencia y portavoz, Neus Munté, ha emplazado a la Fiscalía a retirar “de forma inmediata” la querella que interpuso contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, por el anuncio de la compra de urnas ahora fallido.

De hecho, la defensa de la consellera presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el acta que declara desierto el concurso de las urnas para pedir a la sala civil y penal que archive la querella que presentó la Fiscalía a raíz de este proceso de licitación.

Pese a las dificultades técnicas y la nueva incógnita que ha sumado este martes, la Generalitat mantiene “intacto” el objetivo del referéndum, según ha dicho Munté en rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern. Ahora el Ejecutivo “analizará las vías legales” para llevar a cabo la compra de urnas para el referéndum, que Munté no ha concretado.

Al concurso para proporcionar las urnas, valorado en 200.000 euros, se habían presentado dos empresas: Plastic Express y la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Espai World y Suministros Integrales Futbida. Según ha explicado Munté, las empresas no han podido acreditar suficiente solvencia económica para hacerse con la adjudicación. Este diario se ha puesto en contacto con las empresas para recabar su versión pero no han querido hacer ningún comentario al respecto.

La licitación fracasada para la compra de urnas motivó la querella de la Fiscalía contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y su número dos, Francesc Esteve. Munté se ha encargado de enfatizar que, una vez paralizado el concurso que motivó la querella, no tiene sentido continuar con el proceso judicial. Está por ver la reacción del ministerio público y del TSJC, que admitió a trámite la querella y está pendiente de resolver el recurso que presentó la defensa de Borràs.

Más allá del recorrido judicial que tenga la compra de urnas, dentro del Ejecutivo catalán han aflorado las tensiones entre los partidos que lo conforman, ERC y el PDECat: ambos se acusan mutuamente de no querer correr riesgos con la preparación del referéndum.

Ampliación del recurso de Borràs

El fracaso del concurso será utilizado por los abogados de Borràs, representada por el despacho Molins & Silva. La defensa de la consellera ampliará en las próximas horas el recurso de súplica que este lunes presentó ante el TSJC para pedir el archivo de la causa.

En la ampliación del recurso, la defensa de Borràs y de Esteve adjuntará el acta en la que el departamento declara desierto el concurso y acuerda no homologar a ninguna de las dos empresas que aspiraban a suministrar urnas a la Generalitat, informa EFE.

El equipo jurídico que defiende a Borràs cree que el concurso desierto refuerza su tesis de que el proceso para la compra de urnas es legal. En el recurso que presentaron este lunes, los abogados de Borràs alegaron que las urnas se podrían usar en contextos “diversos”, como elecciones sindicales, en consejos escolares y AMPAS, y criticaron a la Fiscalía y al TSJC por hacer un uso “preventivo” del derecho penal.

L'objectiu de la compra d'urnes per la que la Fiscalia es va querellar contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, pot no ser el referèndum. Així ho sosté la defensa de la consellera en el recurs que ha presentat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pel qual sol·licita a la sala que revoqui l'admissió a tràmit de la querella que va acordar la setmana passada.

En un escrit d'alt contingut polític en alguns trams, la defensa de Borràs, exercida pels lletrats Pau Molins –advocat de la infanta Cristina en el cas Nóos– i Juan Segarra, puntualitza, però, que les urnes “poden arribar a ser necessàries en situacions molt diverses”, no necessàriament relacionades amb el referèndum.

Així, la defensa argumenta que les urnes que la Generalitat vol adquirir es podrien fer servir en de tot tipus de comicis (locals, autonòmics o estatals) o també en eleccions sindicals de l'administració catalana, els consells escolars, AMPAS, claustres universitaris o cambres agràries. “Els usos als quals es destinaran les urnes són hipòtesis futures”, remarca la defensa de Borràs.

L'escrit dedica un apartat a negar el delicte de malversació –que eventualment podria comportar penes de presó– i que, juntament amb el de desobediència i prevaricació, va incloure la Fiscalia en la seva querella. Segons la seva opinió, en la licitació d'urnes no hi pot haver malversació perquè adquirir-les no suposa un perjudici al patrimoni de la Generalitat. A més, els lletrats de Borràs repten la Fiscalia a querellar-se “immediatament” contra la resta de governs autonòmics, com l'andalús, que han obert concursos públics similars per comprar urnes.

L'escrit també conté una referència a Podemos, encara que no l'esmenta expressament. La defensa al·lega que la consulta “ara suposadament il·legal” es podria celebrar “algun dia dins el marc constitucional” si acaben governant partits polítics favorables a la mateixa que ara compten “amb important representació parlamentària”.

“En quina posició quedarà l'Administració de Justícia si processa penalment a la Sra. Borràs per comprar unes urnes que finalment s'acaben utilitzant en una consulta autoritzada dins el marc constitucional?”, es pregunten els lletrats Molins i Segarra.

La línia de defensa adoptada, de moment, per Borràs, s'assembla a l'empleada per Artur Mas en la causa del 9-N. En resum, consisteix a negar la responsabilitat penal dels fets que li atribueix la Fiscalia però al mateix temps reivindicar-los políticament.

“Ús preventiu del dret penal”

El contingut més polític del recurs es troba en la crítica que es realitza contra la Fiscalia per presentar la querella i contra el TSJC per admetre-la. Tots dos fets són, segons la defensa, “absolutament prematurs i precipitats”, i constitueixen un “ús preventiu del dret penal” que vulnera el Conveni Europeu de Drets Humans.

De fet, l'escrit considera que, si el TSJC acaba instruint la causa, l'Estat s'exposa a una condemna similar a la del cas Atutxa, per la qual la justícia europea va considerar que la justícia espanyola havia vulnerat el dret a la legalitat penal del Conveni Europeu de Drets Humans.

“Seria trist que el TSJC, per al qual aquesta representació sent el màxim dels respectes –conclou l'escrit– passés a formar part de les pàgines menys brillants dels repertoris de jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans”. El TSJC decidirà sobre el recurs en els pròxims dies.

La subida de los precios del alquiler en Barcelona y otras ciudades de su área metropolitana es uno de los problemas que escala posiciones en la agenda de prioridades de las instituciones catalanas. Este miércoles el Govern de la Generalitat ha presentado un índice de precios de referencia para el arrendamiento de vivienda, con el objetivo de moderar las subidas abusivas en 27 municipios. El índice puede consultarse en la dirección www.agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer.

La web, presentada por la consellera de Governació, Meritxell Borràs, está elaborada con base en cerca de 200.000 contratos de alquiler en vigor, a través de los cuales la herramienta ofrece una estimación de precios medios para la zona, midiendo también parámetros como los metros de la vivienda o su estado. Con esta información el arrendatario puede saber si le están pidiendo un precio por encima de la media de referencia y, en teoría, pueda negociar con el propietario.

Según ha explicado Borràs, el objetivo de la medida, prometida el pasado enero, será aportar transparencia y seguridad al sector. “Se acabó ir a ciegas, ahora tendremos una referencia clara y real del precio medio del alquiler”, se ha felicitado, añadiendo que la prioridad de su departamento es convertir el alquiler en una opción “real”. Con todo, la web no contempla el precio del piso turístico, uno de los sectores que ejercen una mayor presión al alza en los inmuebles por la canalización de oferta de vivienda hacia el mercado turístico ilegal.

Por el momento la informativa esta será la única función del índice, aunque la consellera ha anunciado medidas futuras más coercitivas, sin ponerles fecha. Así, según ha indicado, uno de los compromisos del Govern es redactar un decreto que prevea incentivos fiscales, por ejemplo en el tramo autonómico del IRPF, para los propietarios que alquilen su piso por debajo del precio de referencia que marque el índice. Según indica la consellera, la herramienta también posibilitaría incentivos del mismo a los ayuntamientos, que podría aplicar rebajas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Sin embargo desde el departament se ha evitado poner fecha a los incentivos fiscales señalados, considerando que primero el índice debe “consolidarse”. El decreto que la consellería asegura estar preparando conllevaría además obligaciones en materia de información, con cláusulas obligatorias como el deber de incluir en los contratos que el precio pactado está por encima de la media de la referencia.

Barcelona se felicita pero lo considera insuficiente

El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Maria Montaner, ha valorado el anuncio de la Generalitat hecho este martes como positivo pero insuficiente. “Creemos que es una medida necesaria, un paso imprescindible para la regulación de los alquileres”, ha considerado el representante municipal de Barcelona. Montaner ha aprovechado la ocasión para recordar que el Ayuntamiento planteó la necesidad de la regulación de los precios del alquiler hace un año y medio “y todo el mundo se nos tiró encima”.

Con todo, Montaner considera que el índice de precios presentado por la Generalitat no será suficiente para resolver los problemas con el alquiler. Por este motivo ha pedido que la Ley de Arrendamientos Urbanos, prevista para el mes de setiembre, tenga en cuenta una limitación de los precios del alquiler. El concejal se ha felicitado del cambio legislativo sobre los alquileres que se pretende introducir con la nueva ley autonómica, pese a lo cual ha recordado que podría ser impugnada en el Tribunal Constitucional. Montaner ha defendiendo además la necesidad de que los precios de alquiler tengan en cuenta el poder adquisitivo de cada barrio.

Otra de las dudas que ha planteado el concejal se refiere a la capacidad para limitar los precios de los alquileres en zonas con “una presión inmobiliaria creciente. ”Se puede enfriar el mercado, pero dudamos que sea suficiente“, ha dicho el responsable municipal de la Vivienda de Barcelona que considera necesario analizar ”zonas críticas“ del alquiler.

Primera consellera del Govern imputada pel referèndum. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès aquest dimarts la querella de la Fiscalia contra la titular del departament de Governació de la Generalitat, Meritxell Borràs (PDECat), i el seu exnúmero dos, Francesc Esteve, per la compra d'urnes.

La Fiscalia es va querellar el passat 16 de maig contra Borràs i Esteve per la licitació de les 8.000 urnes pel referèndum. El ministeri públic creu que els dos alts càrrecs independentistes podrien haver comès els delictes de desobediència, prevaricació i malversació –aquest últim, penat amb la presó– al posar en marxa la compra d'urnes per un “referèndum vinculant secessionista” tot i saber “la falta de legitimitat de la Generalitat i al Parlament” per convocar-lo.

Així mateix, sosté la Fiscalia que la licitació de la compra d'urnes evidència la “pertinaç, inequívoca i irreversible” voluntat de Borràs i Esteve de dur a terme el seu projecte independentista “per la via dels fets consumats, amb total menyspreu a la Constitució”.

En una interlocutòria d'aquest mateix dimarts, la sala civil i penal del TSJC acorda per unanimitat l'admissió de la querella. La magistrada Mercedes Armas assenyala en l'escrit que, després d'estudiar la petició de la Fiscalia, “es desprèn l'existència d'indicis suficients” per obrir una investigació contra els dos alts càrrecs. El proper pas serà que el TSJC anunciï les primeres diligències a practicar, entre les quals hi ha la citació perquè Borràs i Esteve declarin com a imputats.

A més, el TSJC també accepta l'ampliació de querella que va realitzar el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, a finals de maig, per la qual va incloure en la mateixa l'anunci de data i pregunta referèndum de Puigdemont. Segons el fiscal, tant aquest anunci com la manifestació independentista de suport del diumenge 11 de juny “reforcen” la seva tesi que la licitació per comprar urnes “no té altra finalitat” que el “referèndum per la secessió”.

Primera consellera del Govern imputada por el referéndum. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido este martes la querella de la Fiscalía contra la titular del departament de Governació de la Generalitat, Meritxell Borràs (PDECat), y su exnúmero dos, Francesc Esteve, por la compra de urnas.

La Fiscalía se querelló el pasado 16 de mayo contra Borràs y Esteve por la licitación de las 8.000 urnas para el referéndum. El ministerio público cree que los dos altos cargos independentistas podrían haber cometido los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación –este último, penado con la cárcel– al poner en marcha la compra de urnas para un “referéndum vinculante secesionista” a sabiendas de “la falta de legitimidad de la Generalitat y el Parlament” para convocarlo.

Asimismo, sostiene la Fiscalía que la licitación de la compra de urnas evidencia la “pertinaz, inequívoca e irreversible” voluntad de Borràs y Esteve de llevar a cabo su proyecto independentista “por la vía de los hechos consumados, con total desprecio a la Constitución”.

En un auto de este mismo martes, la sala civil y penal del TSJC acuerda por unanimidad la admisión de la querella. La magistrada Mercedes Armas señala en el auto que, tras estudiar la petición de la Fiscalía, “se desprende la existencia de indicios suficientes” para abrir una investigación contra los dos altos cargos. El próximo paso será que el TSJC anuncie las primeras diligencias a practicar, entre las que está la citación para que Borràs y Esteve declaren como imputados.

Además, el TSJC también acepta la ampliación de querella que realizó el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejado, a finales de mayo, por el que incluyó en la misma el anuncio de fecha y pregunta referéndum de Puigdemont. Según el fiscal, tanto este anuncio como la manifestación independentista de apoyo del domingo 11 de junio “refuerzan” su tesis de que la licitación para comprar urnas “no tiene otra finalidad” que el “referéndum para la secesión”.

El departament de Governació, l'àrea clau de la Generalitat en la preparació del referèndum anunciat per a l'1 d'octubre, està vivint en els últims mesos canvis i relleus de noms rellevants. Aquest dimarts, el Govern ha anunciat que el fins ara secretari general de la conselleria, Francesc Esteve, qui a més està sent investigat per la compra d'urnes, passarà a formar part del Gabinet Jurídic, un altre lloc sensible.

En el seu lloc ascendirà Meritxell Masó, qui fins ara ocupava una de les secretaries del departament, la de Adminitració i Funció Pública. Masó és una veterana de l'administració catalana, amb una llarga carrera d'exercici, i com a alt càrrec els darrers 4 anys. A partir d'ara serà la mà dreta de la consellera Borràs, sobre qui també pesa una querella per la licitació d'un concurs per comprar 8.000 urnes al maig passat.

El pas d'Esteve al Gabinet Jurídic soluciona dos assumptes d'importància davant les turbulències que poden comportar la preparació del referèndum. D'una banda, es posa al capdavant del cos d'advocats de la Generalitat a un jurista de total confiança de l'equip de govern, el nom ja havia sonat per fer-se càrrec d'aquesta cartera al principi de la legislatura. Per altra banda, es col·loca a una número dos de Governació sobre la qual no hi ha cap advertència judicial.

La cadena de relleus afecta a més a qui fins ara havia estat la titular del Gabinet Jurídic, Margarida Gil, que ara s'incorporarà al Consell de Garanties Estatutàries. De l'organisme assessor que vetlla per l'adequació de les decisions de la Generalitat a l'Estatut i la Constitució sortirà qui fins ara n'era el president, Joan Egea. El jurista havia exhaurit el mandat el 2015.

Els moviments de noms anunciat aquest dimarts avancen una probable estratègia del Govern en la preparació del referèndum, consistent en un moviment constant d'alts càrrecs davant de possibles querelles i inhabilitacions. L'Executiu de Puigdemont té confiança on la majoria dels membres dels més alts nivells de comandament administratiu seran fidels al compromís signat amb el referèndum, pel que intentarà que la preparació del referèndum quedi en aquest àmbit el major temps possible.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no va fer constar l'anunci de la data i la pregunta del referèndum en un document oficial, però la Fiscalia sí que ha pres nota. La Fiscalia Superior de Catalunya ha ampliat la seva querella per la compra d'urnes contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, per incloure-hi l'anunci de la data i la pregunta del referèndum independentista per al pròxim dia 1 d'octubre.

En la seva redacció, dirigida al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la Fiscalia considera que encara que l'anunci de Puigdemont no “ha estat acompanyat de cap resolució jurídicament valorable” és “indubtable” que demostra que la compra d'urnes està vinculada a la celebració del referèndum.

La Fiscalia constata que des que va presentar la querella el 16 de maig passat “s'han succeït determinats esdeveniments” que, al seu parer, “reforcen” les tesis del ministeri públic, és a dir, que la licitació per comprar urnes “no té altra finalitat” que la d'utilitzar-les per realitzar “un referèndum per a la secessió”.

El primer d'aquests elements és l'anunci que divendres passat Puigdemont i el Govern van fer sobre la data i la pregunta del referèndum. Però a més, assenyala la Fiscalia, la querellada i la resta del Govern van participar en l'acte soberanista d'aquest diumenge “en què van reafirmar la decisió presa divendres”. Així mateix, la Fiscalia afegeix que dues empreses s'han presentat al concurs per fabricar les urnes, amb el que podrien “facilitar la realització d'una despesa il·legal [per al referèndum]”.

Per altra banda, en el seu escrit, la Fiscalia també apremia al TSJC per decidir si accepta o no la querella. “Interessem una resolució amb promptitud a la vista dels esdeveniments”, demana el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no hizo constar el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum en ningún documento oficial, pero la Fiscalía sí ha tomado nota. La Fiscalía Superior de Catalunya ha ampliado su querella por la compra de urnas contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, para incluir en la misma el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum independentista para el próximo 1 de octubre.

En su escrito, dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Fiscalía considera que aunque el anuncio de Puigdemont no ha “venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable” es “indudable” que demuestra que la compra de urnas está vinculada a la celebración del referéndum.

La Fiscalía constata que desde que presentó la querella el pasado 16 de mayo “se han sucedido determinados acontecimientos” que, a su parecer, “refuerzan” las tesis del ministerio público, es decir, que la licitación para comprar urnas “no tiene otra finalidad” que la de usarlas para realizar un “referéndum para la secesión”.

El primero de esos elementos es el anuncio que el pasado viernes Puigdemont y el Govern hicieron sobre la fecha y la pregunta del referéndum. Pero además, señala la Fiscalía, la querellada y el resto del Govern participaron en el acto soberanista de este domingo “en el que reafirmaron la decisión tomada el viernes”. Asimismo, la Fiscalía añade que dos empresas se han presentado al concurso para fabricar las urnas, con lo que podrían “facilitar la realización de un gasto ilícito [para el referéndum]”.

Por otro lado, en su escrito la Fiscalía también apremia al TSJC para que decida si acepta o no la querella. “Interesamos una pronta resolución a la vista de los acontecimientos”, pide el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada.

Primera querella de la Fiscalia contra un membre del Govern de Carles Puigdemont pel referèndum. El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha ordenat aquest dimarts al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, la presentació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) d'una querella contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs (PDECat), per la licitació de les 8.000 urnes pel referèndum. La querella ja s'ha presentat davant el TSJC, que ara haurà de decidir si l'accepta.

La denuncia de la Fiscalia puja un graó en la judicialització del procés sobiranista. A més dels delictes de desobediència i prevaricació –pels que va ser jutjat Artur Mas i està imputada Carme Forcadell–, la querella també inclou el presumpte delicte de malversació. Aquest delicte, d'arribar a una condemna, podria implicar penes de presó.

Els querellats són Borràs i el secretari general de la conselleria, Francesc Esteve. Així mateix, s'adverteix que la querella es podria ampliar “contra els que durant la instrucció resultin igualment responsables”.

En concret, el text de la querella acusa Borràs i a Esteve d'iniciar els tràmits per fer un “referèndum vinculant secessionista” sabent “la falta de legitimitat de la Generalitat i el Parlament” per convocar-lo i que és contrari a la llei. La Fiscalia afegeix que la licitació de la compra d'urnes evidència la “pertinaç, inequívoca i irreversible” voluntat dels querellats de dur a terme el seu projecte independentista “per la via dels fets consumats, amb total menyspreu a la Constitució”.

Sobre el presumpte delicte de malversació, el ministeri públic subratlla que si la Generalitat acaba comprant les urnes generaria una despesa pública “orientada a dur a terme actuacions delictives” per ser contràries al Constitucional, “i per tant, ontològicament alienes a la funció pública”.

La Fiscalia General de l'Estat justifica la interposició de la querella perquè l'anunci de licitació per a la compra d'urnes “suposa una posada en marxa dels tràmits per dur a terme la convocatòria d'un referèndum vinculant secessionista” a Catalunya, una cosa contrari als “expressos mandats” del Tribunal Constitucional.

La compra de 8.000 urnes per part de la Generalitat es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el passat 9 de maig. L'anunci de la conselleria de Governació –d'aquí que la querella vagi dirigida contra Borràs i Esteve– va detallar que es tractava de dos lots als quals es destinaran 200.000 euros públics: 184.000 euros per a “urnes electorals transparents” i 16.000 per a “urnes de cartró ”. Les empreses que vulguin optar al concurs tenen de termini fins al dia 30 d'aquest mes per presentar-se.

La Fiscalia concreta els “expressos mandats” del Constitucional contraris al referèndum que els futurs querellats haurien vulnerat, com ara l'anul·lació de les resolucions sobre el referèndum aprovades per JxSí i la CUP en l'últim Debat de Política General.

El primer dels mandats constitucionals presumptament desobeïts és l'anul·lació de la resolució independentista del 9 de novembre de 2015, text que segons el ministeri públic és “d'impossible encaix en l'àmbit competencial” català i suposa “una pura via de fet” cap a la independència. No obstant això, en aquesta resolució no apareix cap referència al referèndum, que va ser afegit al pla sobiranista deu mesos més tard, en la qüestió de confiança que va superar Puigdemont.

Primera querella de la Fiscalía contra un miembro del Govern de Carles Puigdemont por el referéndum. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado este martes al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) de una querella contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs (PDECat), por la licitación de las 8.000 urnas para el referéndum. La querella ya se ha presentado ante el TSJC, que ahora deberá decidir si la acepta.

La denuncia de la Fiscalía sube un escalón en la judicialización del proceso soberanista. Además de los delitos de desobediencia y prevaricación –por los que fue juzgado Artur Mas y está imputada Carme Forcadell–, la querella también incluye el presunto delito de malversación. Este delito, de llegar a una condena, podría implicar penas de cárcel.

Los querellados son Borràs y el secretario general de la conselleria, Francesc Esteve. Asimismo, se advierte de que la denuncia podría ampliarse “contra quienes durante la instrucción resulten igualmente responsables”.

En concreto, el texto de la querella acusa a Borràs y a Esteve de iniciar los trámites para hacer un “referéndum vinculante secesionista” a sabiendas de “la falta de legitimidad de la Generalitat y el Parlament” para convocarlo y de que es contrario a la ley. La Fiscalía añade que la licitación de la compra de urnas evidencia la “pertinaz, inequívoca e irreversible” voluntad de los querellados de llevar a cabo su proyecto independentista “por la vía de los hechos consumados, con total desprecio a la Constitución”.

Sobre el presunto delito de malversación, el ministerio público subraya que si la Generalitat termina comprando las urnas generaría un gasto público “orientado a llevar a cabo actuaciones delictivas” por ser contrarias al Constitucional, “y por consiguiente, ontológicamente ajenas a la función pública”.

La Fiscalía General del Estado justifica la interposición de la querella porque el anuncio de licitación para la compra de urnas “supone una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista” en Catalunya, algo contrario a los “expresos mandatos” del Tribunal Constitucional.

La compra de 8.000 urnas por parte de la Generalitat se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el pasado 9 de mayo. El anuncio de la conselleria de Gobernación –de ahí que la querella vaya dirigida contra Borràs y Esteve– detalló que se trataba de dos lotes a los que se destinarán 200.000 euros públicos: 184.000 euros para “urnas electorales transparentes” y 16.000 para “urnas de cartón”. Las empresas que quieran optar al concurso tienen de plazo hasta el día 30 de este mes para presentarse.

La Fiscalía concreta los “expresos mandatos” del Constitucional contrarios al referéndum que los futuros querellados habrían vulnerado, como por ejemplo la anulación de las resoluciones sobre el referéndum aprobadas por JxSí y la CUP en el último Debate de Política General.

El primero de los mandatos constitucionales presuntamente desobedecidos es la anulación de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015, texto que según el ministerio público es “de imposible encaje en el ámbito competencial” catalán y supone “una pura vía de hecho” hacia la independencia. Sin embargo, en esta resolución no aparece ninguna referencia al referéndum, que fue añadido al plan soberanista diez meses más tarde, en la cuestión de confianza que superó Puigdemont.

Cuando el Tribunal Constitucional impugnó la ley contra los desahucios, impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC, y aprobada por unanimidad en el Parlamento de Catalunya, el presidente Carles Puigdemont anunció el impulso de una nueva ley fruto del amplio acuerdo que generaba la ley impugnada. Dos meses después, la consellera Meritxell Borràs ha anunciado en TV3 un acuerdo en un texto para la nueva ley con los municipios, pero sin el apoyo de las entidades que impulsaron la ley que pretenden sustituir.

Borràs ha asegurado que la falta de acuerdo se debe a que los impulsores de la ley “querían ir más allá” de la sustitución de la ley impugnada. En cambio, la PAH ha emitido un comunicado en el que destaca varias carencias en la propuesta de ley y prevé que “tendrá pocos resultados”. Por ejemplo, las medidas de segunda oportunidad son sustituidas por un proceso de mediación, que la PAH destaca que es voluntario para las entidades bancarias y que “no conduce de forma clara a la cancelación de la deuda hipotecaria”.

Una de las medidas con las que la ley más presionaba los grandes propietarios y a la vez permitía ampliar el parque de alquiler social era la cesión obligatoria de viviendas vacías en la administración. La nueva ley apuesta por la expropiación de usufructo, una medida que estaba presente en la Ley del Derecho a la Vivienda y fue eliminada por el primer ejecutivo de Artur Mas. Esta medida se aplicará sólo a los pisos propiedades de entidades financieras y fondos de inversión, dejando de lado muchos grandes propietarios de vivienda –como por ejemplo inmobiliarias y constructoras– que sí estaban contemplados en la ley impulsada por la PAH.

Además, la aplicación de esta medida, así como la obligación de realojamiento en caso de desahucio por motivos económicos, sólo se aplica a los pisos inscritos en el registro de pisos vacíos de la Generalitat que es de carácter voluntario. La PAH considera que con estas medidas no se dará respuesta a la gran mayoría de casos de impago de alquiler.

La consellera Meritxell Borràs considera que con la nueva ley no se invade ninguna competencia del Estado y por lo tanto no puede ser impugnada. El texto irá al Parlament el próximo curso para comenzar su trámite parlamentario. La PAH, aunque encontrarlo insuficiente, asegura que velará para sacar el máximo provecho a las herramientas que dé la ley que se apruebe.

Quan el Tribunal Constitucional va impugnar la llei contra els desnonaments, impulsada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l'Observatori DESC, i aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, el president Carles Puigdemont va anunciar l'impuls d'una nova llei fruit de l'ampli acord que generava la llei impugnada. Dos mesos després, la consellera Meritxell Borràs ha anunciat a TV3 un acord en un text per la nova llei amb els municipis, però sense el suport de les entitats que van impulsar la llei que pretenen substituir.

Borràs ha assegurat que la manca d'acord es deu a que els impulsors de la llei “volien anar més enllà” de la substitució de la llei impugnada. En canvi, la PAH ha emès un comunicat en què destaca diverses mancances en la proposta de llei i preveu que “tindrà pocs resultats”. Per exemple, les mesures de segona oportunitat són substituïdes per un procés de mediació, que la PAH destaca que és voluntari per a les entitats bancàries i que “no condueix de forma clara a la cancel·lació del deute hipotecari”.

Una de les mesures amb què la llei més pressionava els grans propietaris i alhora permetia ampliar el parc de lloguer social era la cessió obligatòria d'habitatges buits a l'administració. La nova llei aposta per l'expropiació d'usdefruit, una mesura que estava present a la Llei del Dret a l'Habitatge i va ser eliminada pel primer executiu d'Artur Mas. Aquesta mesura s'aplicarà només als pisos propietats d'entitats financeres i fons d'inversió, deixant de banda molts grans propietaris d'habitatge –com per exemple immobiliàries i constructores– que sí que estaven contemplats a la llei impulsada per la PAH.

A més, l'aplicació d'aquesta mesura, així com l'obligació de reallotjament en cas de desnonament per motius econòmics, només s'aplica als pisos inscrits en el registre de pisos buits de la Generalitat que és de caràcter voluntari. La PAH considera que amb aquestes mesures no es donarà resposta a la gran majoria de casos d'impagament de lloguer.

La consellera Meritxell Borràs considera que amb la nova llei no s'envaeix cap competència de l'Estat i per tant no pot ser impugnada. El text anirà al Parlament el curs vinent per començar el seu tràmit parlamentari. La PAH, tot i trobar-lo insuficient, assegura que vetllarà per treure el màxim profit a les eines que doni la llei que s'aprovi.

L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han fixat en 90 milions d'euros el deute que ha de ser retornat al consistori barceloní. Aquesta ha estat la xifra que han fet públics els dos ens després de la reunió interdepartamental —la segona des de que Ada Colau és alcaldessa— que han mantingut aquest dimecres i que s'ha allargat prop de tres hores. Tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat han reconegut el bon to de les converses i han pronosticat una reunió en les properes setmanes on s'acabarà de delimitar el calendari pel retorn d'aquest deute.

“A l'anterior reunió ni tan sols se sabia la xifra del deute: amb Mas ja es va intentar aclarir, i amb Puigdemont igual. Ara, per fi, hi ha un reconeixement d'aquest deute i és de 90 milions”, ha aclarit l'alcaldessa Ada Colau després de la reunió. 

La xifra de 90 milions d'euros ha arribat després de la feina entre tècnics de les dues administracions. El deute per part de la Generalitat amb l'Ajuntament, a més, s'ha vist rebaixat en els últims mesos, respecte als 106 milions que s'havien de retornar al consistori barceloní fa un any. Tot i que un calendari concret determinarà els terminis de retorn del deute, no es preveu que sigui abans de gener del 2017.

Les dues administracions també han acordat que a partir d'aquesta data, a principis de l'any que ve, qualsevol nou deute emès, s'haurà de retornar en 180 dies. “A partir de 2017 no es tindran deutes de pagament amb més antiguitat d'un any. Aquest és un acord molt important per tenir un horitzó de treball regular”, ha destacat Colau.

L'alcaldessa també s'ha referit amb urgència a un altre tipus de deute, sobre el que hi ha hagut menys concreció després de la reunió, l'anomenat pel govern municipal com a “deute ciutadà”. Fent servir aquest terme, l'Ajuntament es refereix al deute que no és comptable però té a veure amb les retallades i que afecta a serveis bàsics dels que “no es poden prescindir”. És el cas de serveis socials, educació o habitatge.

L'alcaldessa ha recordat que entre 2011 i 2015 s'han deixat de posar 58 milions d'euros anuals de despesa corrent en aquests serveis bàsics. “A les beques menjador, per exemple... De 22 milions, l'Ajuntament n'està posant setze, i la Generalitat només sis. Hem de treballar per recuperar les proporcions. L'objectiu és anar recuperant les xifres però no s'ha expressat calendari, en el marc dels consorcis s'aniran prenent decisions”, ha recordat Colau.

Barcelona reclama la taxa turística

Un altre dels punts claus de la reunió ha estat el de la reclamació per part de l'Ajuntament de Barcelona a la Generalitat de Catalunya de la gestió del 100% de la taxa turística. Ara mateix en rep una tercera part del que es recapta.

“La taxa turística és el dret de la ciutat a governar el turisme a Barcelona, per a no posar la ciutat al servei del turisme. Sinó a l'inrevés. I això vol dir controlar la fiscalitat”, ha matisat el segon tinent d'alcaldia, i també present a la reunió, Jaume Collboni, que ha recordat que l'Ajuntament vol seguir fent del turisme un motor per a la ciutat, però per això necessita recaptar-ne els diners que se'n deriven. 

La consellera de Governació, Meritxell Borràs, ha deixat clar que la Generalitat no es despendrà de la seva gestió, tot i que es posarà en marxa un grup de treball sobre el tema que ha de tenir resultat en sis mesos. “El grup de treball és obert i no hi ha prejudicis a l'hora d'escoltar cap proposta. El punt de partida sabem quin és i hi ha un grup de treball per parlar-ne”, ha dit Borràs sobre la intenció de l'Ajuntament respecte la taxa turística.