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El TSJC admite la querella contra Puigdemont, Junqueras y todos los consellers por el referéndum

La magistrada Mercedes Armas debe decidir ahora si impone una fianza a Puigdemont para que no se celebre el referéndum, tal y como ha pedido la Fiscalía

El ministerio público también ha reclamado que Mossos, Guardia Civil y Policía puedan requisar urnas y sobres y cerrar la web de la Generalitat del referéndum

Solicita al alto tribunal la autorización para practicar entradas y registros en domicilios "u otros lugares que exijan autorización judicial"

Reclama instar a los directores de los medios, ya sea públicos o privados, a que retiren los anuncios sobre el referéndum

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Parlament de Catalunya 7 de setembre. Carles Puigdeont

Puigdemont y Junqueras, en sus escaños del Parlament este jueves ©SANDRA LÁZARO

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido este viernes la querella de la Fiscalía contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras; y los doce consellers del Govern por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, este último castigado con penas de prisión, por la firma del decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre.

En su escrito, el fiscal superior de Catalunya, José María de Tejada, acusa a Puigdemont y a los consellers no solo de infringir la ley, sino de impulsar "una derogación abierta y deliberada" del ordenamiento constitucional.

El alto tribunal catalán también ha aceptado la querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa, que incluye los mismos delitos, por no frenar la votación de la ley del referéndum y la de transitoriedad. 

El TSJC, además de admitir a trámite la querella contra el Govern, la ha acumulado a la causa que ya tiene abierta contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs por la compra fallida de urnas, que instruye la magistrada Mercedes Armas. Su colega de la sala civil y penal Maria Eugènia Alegret ha acumulado la querella de este viernes contra Forcadell a la causa que mantiene imputada desde casi un año a la presidenta del Parlament por no frenar votaciones soberanistas.

Será la magistrada instructora Armas, que antes de formar parte del TSJC compartía sección de la Audiencia de Barcelona con el ahora presidente del alto tribunal catalán, Jesús María Barrientos, quien decida sobre las cinco medidas cautelares que ha solicitado la Fiscalía, que incluyen la imposición a Puigdemont y los consellers de una fianza, aunque no de su importe (no se sabe concretamente cuánto ha costado el referéndum).

Y es que la novedad principal de la querella contra Puigdemont y el Govern son precisamente las medidas cautelares solicitadas por el ministerio público, algo inédito en los distintos casos judiciales que se han sucedido durante el proceso soberanista. Su objetivo no es otro que impedir el referéndum. Argumenta el fiscal que la conducta de Puigdemont y los consellers "no deja lugar a dudas que tiene por finalidad desmontar todo el orden constitucional".

La medida cautelar solicitada que Armas ya tiene sobre la mesa y que más afecta a los dirigentes catalanes es la fianza "y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fije" a Puigdemont y sus consellers para garantizar que puedan afrontar las multas en caso de que finalmente sean condenados. También reclama la autorización para practicar entradas y registros "en domicilios u otros lugares que exijan autorización judicial".

También pide al TSJC que mande un oficio a Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra para que los cuerpos policiales adopten "las medidas necesarias para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal". Y especifica que el tribunal reclame a los agentes "requisar urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, impresos electorales, elementos informáticos y análogos".

Asimismo, el fiscal pide cerrar ya la web de la Generalitat para inscribir voluntarios para el referéndum, así como el portal de JxSí en que se detallan aspectos de la votación. Y, al igual que hiciera en la noche de este jueves el Constitucional, el fiscal solicita apercibir personalmente mediante un oficio a los alcaldes para que no faciliten "ningún tipo de recurso personal o material, incluyendo locales" para el 1-O. Antes de esta querella, 560 alcaldes han asegurado que lo harán.

La última medida cautelar solicitada es el aviso a los directores de los medios, ya sea públicos o privados, para que retiren los anuncios sobre el referéndum

Querella contra Forcadell

Pese a ser la tercera querella de la Fiscalía contra Carme Forcadell por no frenar votaciones sobre el proceso soberanista, en esta ocasión la Fiscalía ha incluido también el presunto delito de malversación. Las dos denuncias anteriores solo fueron por desobediencia y prevaricación.

El ministerio público acusa a Forcadell y a los cuatro miembros de JxSí y CSQP de la Mesa –Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet– de actuar bajo una  "contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales". En especial, añade el fiscal, porque rechazaron las peticiones de reconsideración que hizo la oposición y siguieron adelante con la tramitación de las leyes del referéndum y de tranistoriedad jurídica.

La malversación, posible cárcel

De los tres delitos por los que la Fiscalía se ha querellado contra Puigdemont y los consellers, el de malversación es el único que implica penas de cárcel en caso de condena. En concreto, de dos a seis años, así com una inhabilitación de seis a diez años. No obstante, si se causa "un grave daño o entorpecimiento al servicio público" la pena podría llegar a los ocho años de cárcel y a los ocho años e inhabilitación.

La prevaricación –dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su ilegalidad– y la desobediencia –en este caso, al Tribunal Constitucional– están castigadas con penas máximas de quince y dos años de inhabilitación, respectivamente, así como la prohibición de ser candidato a unas elecciones por el mismo plazo y el pago de multa.

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