Un total de 16 fiscales de sala del Tribunal Supremo, entre ellos dos ex fiscales generales del Estado, firman en estos momentos una carta en la que se dirigen a la fiscal general para que inste al PSOE a retirar una enmienda parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Los fiscales firmantes se dirigen a la Fiscalía General y se refieren a la enmienda 603 presentada por el grupo parlamentario socialista en la tramitación de la reforma de la Ley Concursal y que afecta a los supuestos en los que la Fiscalía está obligada a informar al Gobierno sobre investigaciones en curso.

La misiva está siendo firmada por pesos pesados del Ministerio Público: los fiscales del procés Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena, la fiscal de criminalidad informática Elvira Tejada o el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix, entre otros. También hay dos antiguas fiscales generales del Estado: Consuelo Madrigal y María José Segarra. La Fiscalía, tal y como explica su estatuto, está integrada en el Poder Judicial pero con autonomía funcional. El número de fiscales que van a firmar la misiva constituye casi la mitad de la junta de fiscales de sala, formada por más de 30 miembros.

El actual Estatuto del Ministerio Fiscal, vigente desde 1981, explica textualmente en su artículo 9.2 que la Fiscalía General debe informar al Gobierno “cuando éste lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia. En casos excepcionales podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros”. La enmienda del PSOE añade que la Fiscalía informará a petición del Gobierno “en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer. Esta información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia”.

Los fiscales de sala que planean enviar el documento, según ha sabido elDiario.es, cargan con dureza contra esta enmienda que se tramita en la cámara baja. “Representa inequívocamente un reforzamiento de la relación de dependencia del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno”, dicen en una misiva que también afirma que la enmienda implica “una quiebra importante de la autonomía y de la independencia” de la Fiscalía.

La enmienda, dicen estos fiscales de sala, “consagra un privilegio en virtud del cual el Poder Ejecutivo, más allá de las relaciones de política criminal que debe mantener con la institución para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, dispondría a través de la actuación que desarrolla el Ministerio Fiscal de un acceso extraprocesal que le permitiría conocer de primera mano el contenido de procedimientos judiciales e investigaciones especialmente sensibles, particularmente penales, a los que nadie que no sean las partes del proceso debe tener acceso”.

La misma enmienda del grupo socialista en el Congreso, disponible en la web de la cámara baja, propone otro cambio en su artículo 8.2 para reforzar la transparencia de estas consultas. Establece que “la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por escrito y de modo debidamente registrado en el soporte que reglamentariamente se determine por conducto del Ministro de Justicia a través del Fiscal General del Estado”. Actualmente, el Estatuto especifica que se hará a través del Ministerio de Justicia pero no por escrito ni debidamente registrado.

Dolores Delgado fue recientemente intervenida por un quiste sinovial en la columna vertebral y su agenda y actividad han quedado suspendidas hasta que se recupere.

José Luis Caro Vinagre (Bilbao, 1970) lleva a la Guardia Civil “bordada en el corazón”. Así lo dijo Francisco Granados, el cabecilla de las 'ranas' de Esperanza Aguirre, desde el banquillo de la Audiencia Nacional en 2017. Para entonces, este antiguo asesor de la Comunidad de Madrid formaba parte del fallido 'caso espías' y ese día era juzgado por participar en el chivatazo que casi da al traste con la operación Púnica contra la corrupción política. Su último encontronazo con los tribunales se ha traducido en una sanción firme de dos años por participar en el soplo que casi consigue que Francisco Granados y sus socios esquivaran a la Justicia. Una actuación que, según el instituto armado, causa “sonrojo y bochorno”.

La relación de Caro Vinagre con Francisco Granados arranca en 2007, cuando coge una excedencia en la Guardia Civil y es nombrado asesor técnico de seguridad en la Comunidad de Madrid a las órdenes del entonces consejero de la todopoderosa presidenta Esperanza Aguirre. Los dos, según la Justicia, estaban “estrechamente unidos”. Por aquel entonces la trama Púnica ya estaba en funcionamiento y David Marjaliza, supuestamente, colaboraba con Granados escondiendo sus ganancias en Suiza.

Los tres volvieron a cruzar sus caminos en septiembre de 2014. Un guardia civil, José Manuel Rodríguez Talamino, se acercó a Francisco Granados en plenas fiestas de Valdemoro y le dijo que él mismo había puesto cámaras y micrófonos en la puerta del despacho de su socio Marjaliza. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil les pisaba los talones y Granados, asustado, quiso saber más. Fue Caro Vinagre, amigo de Granados, quien consiguió más información de Talamino y se la trasladó directamente a su antiguo jefe en la Comunidad de Madrid.

El resultado es conocido y ha sido sentenciado en firme. Granados y Marjaliza aprovecharon el chivatazo para intentar borrar pruebas, el empresario quemó un carrito de la compra lleno de documentación comprometida un día de niebla y los investigadores tuvieron que ponerse manos a la obra para evitar que meses de pesquisas se fueran a la basura. Los acusados empezaron a hablar en clave por teléfono, la Guardia Civil tuvo que quitar los dispositivos de grabación fingiendo que necesitaban ir a Alicante a perseguir a un narco que no existía y, al final, se plantearon incluso adelantar las detenciones para evitar males mayores.

El soplo se tradujo en una condena firme de dos años de cárcel para Granados y para su informante Talamino, y otra de año y medio de prisión para José Luis Caro Vinagre, pena confirmada en 2019 por el Tribunal Supremo. Poco después era la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, quien firmaba una sanción de dos años de suspensión de empleo que acaba de ratificar la sala de lo militar del Tribunal Supremo después de pasar por el Tribunal Militar Central y la propia ministra de Defensa, Margarita Robles.

Los magistrados de la sala de lo militar del Supremo, según ha podido comprobar elDiario.es, acaban de rechazar el último recurso presentado por Caro Vinagre y han declarado firme la sanción, dejando caer que incluso podría haber sido suspendido durante más tiempo. El Supremo confirma que, con su participación en el chivatazo, causó “un grave daño” a la Guardia Civil, incurrió en “un desdoro incompatible con su condición de miembro de la Guardia Civil” y, añade que “se ha generado una más que relevante afección a la Benemérita”.

Fuentes de la Guardia Civil explican a elDiario.es que ninguno de los dos agentes condenados en esta sentencia siguen ejerciendo dentro del cuerpo. Talamino, explican estas fuentes, perdió su condición de guardia civil después de ser condenado a dos años de cárcel y cuatro más de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público. Caro Vinagre también está actualmente fuera de servicio.

“Suscita sonrojo y bochorno”

El expediente del caso revela los términos en los que la Guardia Civil impuso la sanción a este agente en excedencia. La resolución que intentó combatir sin éxito en los tribunales le acusaba, según dice el texto, de desarrollar “una actividad criminal que suscita sonrojo y bochorno, así como evidente escándalo ante la sociedad”. La corrupción, dice la resolución que le sanciona, es un asunto con una “especial sensibilidad social existente hacia este tipo de conductas delictivas relacionadas con asuntos relacionados con la corrupción”.

El Tribunal Militar Central desarrolló estas críticas, recordando en su sentencia ahora confirmada: “Es exigible a los miembros de la Guardia Civil, en atención a la delicada misión que les está encomendada y a la cuota de poder coactivo del Estado que les incumbe, un ”plus“ de moralidad y una ejemplaridad en su actuación social”. Además, de Caro Vinagre recuerdan: “Durante su situación de excedencia, y reiteramos sin haber sido dado de baja en el Cuerpo, ejercía de asesor técnico de seguridad para una administración pública, contratado por la Comunidad de Madrid, esto es, realizaba funciones para la administración autonómica, con lo que su conducta resulta en mayor medida reprochable”. 

Púnica, espías y Manuel Moix

El chivatazo no sentó nada bien ni en la Guardia Civil ni en la Fiscalía Anticorrupción. Durante el juicio, el antiguo jefe del agente Talamino no hizo esfuerzos por ocultar la decepción que sentía por la actuación del condenado. Ante el tribunal, lamentó: “Era uno de los míos, era una mancha muy difícil de borrar, nos ha costado mucho”. Una decepción equiparable a la que expresó una de las fiscales del caso durante el interrogatorio a Talamino en fase de instrucción.

La representante del Ministerio Público fue clara durante la comparecencia del agente. Se dirigió directamente al acusado: “¿Es consciente de lo que puede suponer pasar una información, y la decepción para la gente que lleva tantas horas trabajando?”. Talamino bajó la voz y se limitó a reconocer que se trata de “un golpe muy bajo”. Ese día Caro Vinagre desveló cómo fue su conversación con Granados al día siguiente del primer capítulo del chivatazo: “Me llama el señor Granados, y en la puerta de mi casa me comenta que 'Tala' le ha contado que han puesto unas cámaras y unas medidas de seguridad”.

En ese momento, Caro Vinagre tenía dos frentes abiertos con la Justicia. Además de la causa del chivatazo, el guardia civil en excedencia estaba pendiente de juicio por el conocido como 'caso espías' y la acusación de usar medios públicos de la Comunidad de Madrid para espiar a rivales políticos de Esperanza Aguirre: el vicepresidente Alfredo Prada y el vicealcalde Manuel Cobo.

El caso fue archivado y reabierto varias veces con José Luis Caro Vinagre acusado de formar parte de un comando de espías al servicio de la Comunidad de Madrid para vigilar a altos cargos y quedó exonerado de cualquier responsabilidad penal en 2019, mientras era condenado por el soplo de la Púnica. Un jurado popular estableció que no había ni una prueba fiable de que hubiera existido este grupo de asesores de seguridad dedicados al espionaje y fue entonces cuando José Luis Caro Vinagre pasó al ataque.

Primero, tal y como explicó la agencia Europa Press, exigió a la Audiencia Provincial de Madrid que tanto la Comunidad como el PSOE, acusaciones en el caso, fueran condenadas a pagar las costas del proceso después de ser absueltos. Después cargó contra Manuel Moix, en ese momento fiscal jefe de Madrid y posteriormente fiscal jefe Anticorrupción. Se querelló contra él acusándole de falsear datos del caso para favorecer los intereses políticos del PP, pero el Supremo rechazó la denuncia. La acción judicial fallida, incluso, acusaba a Moix de pertenecer a una organización criminal.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado las actuaciones que inició a raíz de la querella que la asociación Contratrama presentó contra el ex fiscal Anticorrupción Manuel Moix por ignorar en 2007 una denuncia sobre el campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II cuya gestión se concedió a familiares del expresidente autonómico Ignacio González, en prisión por el caso Lezo.

En un auto conocido este lunes, el Supremo señala que dichos decretos de archivo no pueden ser calificados como prevaricadores porque no son resoluciones manifiestamente injustas ni arbitrarias, ya que el querellado se limitó a seguir la normativa legal y la jurisprudencia . Así, recuerda que la denuncia presentada por los vecinos, que resultó archivada por Moix, “era puramente formal y sin estar sustentada en documentación adicional”.

Para la Sala, la actuación llevada a cabo por el fiscal fue “absolutamente legal en el fondo y en la forma, y por ello la circunstancia de que ambos decretos no sean acordes o no acojan las denuncias de los vecinos no puede traer consigo la criminalización de tales resoluciones”.

Los magistrados, en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Monterde, recuerdan que “no puede tener acogida en el ordenamiento jurídico la pretensión de derivar al circuito de justicia penal cualquier decisión adoptada por el Ministerio Fiscal dentro del ejercicio de su actividad, porque no coincida con las opiniones, ideas o creencias de los que no las compartan, sean personas físicas o jurídicas”.

El auto descarta también que tenga fundamento la acusación de encubrimiento, que castiga a quien oculta un delito tras tener conocimiento de su comisión, ya que en este caso no se aportó elemento de prueba o indicio alguno de la propia comisión del delito, por lo que no puede hablarse de conocimiento del delito.

Y, por último, rechaza que Moix cometiera omisión del deber de perseguir delitos. “El Ministerio Fiscal tiene un discurso propio desde el respeto a la legalidad que inspira su actuación, legalidad que no aparece vulnerada por el exclusivo hecho de haber acordado el archivo de las denuncias ante él presentadas, por no ser los hechos constitutivos de delito, sin perjuicio del derecho que asiste a los denunciantes de reproducir sus denuncias ante la Autoridad Judicial”, indica el Supremo.

El alto Tribunal actúa en consonancia con la petición del Ministerio Público, quien en su informe rechazó a existencia de los delitos de prevaricación, omisión de perseguir delitos y encubrimiento en la conducta de Moix, quien se encuentra actualmente destinado en la Fiscalía de este órgano con categoría de Fiscal de Sala. Por ello, pide a la Sala de lo Penal que proceda “al archivo de las actuaciones al no revestir los hechos el carácter de delito”.

Dos denuncias y una querella

Los hechos denunciados se remontan a 2002, cuando el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II suscribieron un acuerdo para que en un terreno del barrio madrileño de Chamberí se construyera el denominado “tercer depósito”, un parque público de acceso libre que incluía 80.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. Tras las elecciones de 2003, cuando González ascendió a la vicepresidencia de la Comunidad, el proyecto se varió y parte de dicho parque se sustituyó por un campo de golf.

Para ello, González tuvo que anular la declaración de interés general del proyecto inicial. Además, se subcontrataron parte de las obras y parte de ellas recayeron en Tecnoconcret Proyectos e Ingenieria S.L., controlada por el hermano y el cuñado del propio González; a lo que se suma que la explotación de las instalaciones deportivas se adjudicó a un consorcio en el que participaba también la citada compañía.

En relación con estos hechos se interpusieron dos denuncias en 2007 y en 2009 ante la Fiscalía de Madrid y una querella en 2010 instadas por 400 vecinos de Chamberí que terminaron constituyéndose en una asociación.

En los dos primeros casos Moix decretó el archivo de las denuncias mediante sendos escritos firmados por él mismo, mientras que sobre la querella la Fiscalía evacuó informe oponiéndose a su admisión a trámite.

Según la asociación denunciante, el pronto archivo de estas iniciativas evitó la realización de diligencias elementales que habrían servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción que se investigan desde el pasado mes de abril en la Audiencia Nacional dentro del denominado 'caso Lezo'.

Los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo seguirán investigando el caso conocido como 3% sobre la presunta financiación irregular de la antigua CDC. Así lo ha acordado el nuevo fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en un decreto que corrige otro anterior de su antecesor, Manuel Moix.

Una de las primeras decisiones de Moix fue apartar a Grinda y Bermejo del caso, a pesar de lo voluminoso del caso y del conocimiento que tenían del mismo. El motivo que argumentó fue poner el caso en manos de dos fiscales Anticorrupción locales por cuestiones de redistribución operativa. También dijo Moix que lo haría en otros casos, pero eso nunca ocurrió.

Ahora Luzón antepone otros motivos a esos de Moix. Según informa la Fiscalía General del Estado, Luzón considera que es más relevante “la antigüedad del procedimiento, el tiempo y esfuerzo ya dedicado a la preparación y estudio por los Fiscales encargados, que han continuado a cargo del procedimiento durante los meses transcurridos desde que en abril se adoptó la decisión de sustitución”.

Luzón también argumenta la “dificultad” a la que se enfrentarían de los nuevos fiscales “para afrontar tan complejos procedimientos en curso partiendo de cero, razones que están en la base del principio general de vinculación del Fiscal al procedimiento informado anteriormente que preside con carácter general la organización de trabajo de las Fiscalías, conforme a la Instrucción 1/2003 de la FGE”. Luzón ha informado al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien ha apoyado su decisión.

Moix también atacó a los citados fiscales con un segundo movimiento. Como jefe de Anticorrupción les ordenó investigar por coacciones a un imputado, el empresario Rafael Pallardó, algo que los fiscales negaron alegando que éste les exigió dinero de los fondos reservados para inculpar al expresidente catalán Jordi Pujol. El Tribunal Superior de Justicia archivó la denuncia de plano.

La Policía investiga un robo en el domicilio del fiscal Alejandro Luzón, ocurrido el pasado miércoles por la mañana, en momentos próximos a su toma de posesión como nuevo jefe de Anticorrupción. Los ladrones se llevaron una colección de 18 relojes, algunos de un importante valor, joyas y alrededor de 900 euros en metálico, informaron a eldiario.es fuentes policiales.

Los intrusos no tuvieron que forzar la cerradura. La empleada del hogar fue la última en abandonar la casa, en el barrio de Chamberí, sobre las 12:15 de la mañana. La mujer no echó la llave. Fue el propio Luzón quien se encontró la casa revuelta cuando regresó por la tarde al domicilio.

Las fuentes consultadas aseguran que los ladrones no se llevaron documentación. El fiscal Luzón denunció los hechos en la comisaría del distrito y agentes de la Policía Científica se personaron en el lugar para practicar una inspección ocular.

A la hora que se cometió el robo, Alejandro Luzón se disponía o ya estaba tomando posesión en el Tribunal Supremo como nuevo fiscal jefe de Anticorrupción en presencia de los principales representantes de la cúpula judicial, incluido el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Luzón llega al puesto después de que su antecesor, Manuel Moix, apenas aguantara tres meses en el cargo. Moix dimitió tras conocerse que era propietario, junto a sus hermanos, de una sociedad radicada en Panamá que tenía como único activo un chalet de lujo, heredado de los padres, a las afueras de Madrid. Su corto mandato estuvo protagonizado por continuas polémicas y enfrentamientos con sus subordinados por el empuje en investigaciones contra la corrupción.

Luzón es un fiscal de dilatada carrera. Su padre, José María Luzón, también fue un destacado fiscal y de él heredó la afición por coleccionar relojes de época. Alejandro Luzón estuvo destinado en la Fiscalía Anticorrupción desde su creación en los noventa. En los últimos años fue ascendido a la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado. Entre los casos más destacados en los que ha participado figuran Gescartera, Roldán, Tabacalera y más recientemente el caso Bankia y su pieza separada de las tarjetas ‘black’.

Lo intentó en febrero pero el Gobierno tenía otro candidato con el que quería imponer su control. Tras la caída de Manuel Moix se presentó ante Alejandro Luzón (Madrid, 1964) la oportunidad perfecta para convertirse en jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Lo ha conseguido. El apoyo de los fiscales conservadores le ha permitido imponerse a Pedro Crespo, el aspirante de mayor rango en esa carrera, que ha recibido los tres votos de los progresistas. Luzón se enfrenta ahora a la tarea de cerrar la crisis abierta en Anticorrupción, una plaza que conoce desde hace dos décadas.

Su elección este miércoles por el Consejo Fiscal confirma que el Gobierno ha perdido la batalla por el control de Anticorrupción. El fiscal General del Estado, José Manuel Maza, aupó a Moix cuando ya sabía que su nombre aparecía en las conversaciones grabadas a dos investigados por corrupción. Le sostuvo hasta las últimas consecuencias y trató de evitar que dimitiese cuando su continuidad era ya imposible.

Ahora el PP ya sabe que al frente de Anticorrupción estará un fiscal al que no puede dirigir. Lleva más años que nadie allí, conoce su funcionamiento al detalle y se ha enfrentado a políticos y grandes empresarios, siempre con el sustento de sus sólidos conocimientos y una rigurosidad jurídica que reconocen sus compañeros. Quienes han compartido dependencias con Luzón hacen hincapié también en su independencia, el rasgo principal que descarta que al frente de una fiscalía tan especial se haya colocado a una marioneta del Gobierno.

En el “equipo fundador” de Anticorrupción

Hijo y hermano de fiscales, Luzón tiene una experiencia acreditada. Lleva casi 30 años en la carrera fiscal, 20 de ellos en la Anticorrupción. Es uno de los integrantes del “equipo fundador” de esta Fiscalía en 1995, durante el final del Gobierno de Felipe González, cuando tan solo tenía una decena de efectivos. Permaneció en ella durante su expansión bajo el mandato de Antonio Salinas, periodo en el que se ha ocupado de casos como la salida a Bolsa de Bankia o la utilización de las tarjetas Black por parte de los consejero de Caja Madrid.

Sus grandes causas han sido casi siempre económicas. Investigó el caso Gescartera, el escándalo financiero que dejó un agujero de más de 100 millones de euros en esa agencia de valores y acabó afectando al Gobierno. Fue la primera vez que se cruzaba en el camino con Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía, salpicado por el caso al haber firmado el ascenso de Gescartera a agencia de valores y haberse rodeado de cargos que debían haber supervisado e impedido la estafa.

Volvieron a encontrarse años después, ya con Rato como acusado. Luzón ha conseguido que la Audiencia Nacional le condene a cuatro años de cárcel como uno de los responsables del sistema opaco de retribución que eran las tarjetas Black. “Pillaje y rapiña”, fueron los adjetivos utilizados por Luzón en su informe final, en el que reprochó a Rato que no hubiese acabado con los plásticos repartidos por su predecesor, Miguel Blesa.

La etapa en Bankia del expresidente del FMI le ha vuelto a enfrentar a Luzón en el caso de la salida a Bolsa de la entidad. Luzón defiende que Rato, como responsable de la operación bursátil, estafó a los inversores ocultando “de forma consciente” que Bankia no era viable. Ese escrito lo remata una petición de cárcel que asciende a los cinco años. El nuevo jefe de Anticorrupción también ha pedido que en ese juicio se siente como testigo el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, pero defiende que no debe juzgarse ni al Banco de España ni a la CNMV, un argumento que ha chocado contra el criterio de la Sala de lo Penal.

Contra Roldán y Alierta

Además de las grandes causas económicas, entre las que también están Tabacalera o Forum y Afinsa, en su currículum hay una línea dedicada al caso Roldán. Probó ante un tribunal que el exdirector de la Guardia Civil se había enriquecido ilícitamente y consiguió que le condenase a 31 años de cárcel, aunque solo cumplió la mitad. Roldán salió de prisión sin haber devuelto lo que robó, unos 10 millones de euros, una espina que Luzón tiene clavada. “La localización del dinero fue imposible. La culpa, como siempre, de los paraísos fiscales”, lamentó entonces.

“Hizo un trabajo muy eficiente”, comenta Carlos Jiménez Villarejo, su primer jefe en Anticorrupción, que destaca su conocimiento en temas económicos y, sobre todo, su independencia. Pone como ejemplo el proceso contra el poderoso presidente de Telefónica, César Alierta, al que Luzón acusó de lucrarse gracias a información privilegiada en contra del criterio de la Fiscalía General del Estado, más partidaria de no perseguir al empresario. Finalmente fue absuelto porque los delitos habían prescrito, pero Jiménez Villarejo insiste en el trabajo “riguroso y serio” que desempeñó sin reparos en cuestionar el criterio de sus superiores.

Añade que ha seguido su trayectoria estos últimos años y que le ha felicitado por su trabajo en las Black. Pero Jiménez Villarejo aclara que, siendo una buena opción, competía con otros candidatos que estaban, al menos, a su mismo nivel. Menciona a Pedro Crespo y en especial a Belén Suárez, teniente fiscal en Anticorrupción -lo que equivale a ser número dos- durante los últimos 15 años.

Sacar a la Fiscalía del telediario

Para la UPF, el nombramiento de Luzón es un mal menor. Su candidato era Crespo, miembro de su asociación, pero dos de sus vocales ya apoyaron a Luzón en febrero, cuando el Gobierno colocó a Moix. Entonces, miembros de la UPF intentaron pactar con los fiscales conservadores su nombramiento al frente de Anticorrupción, pero estos últimos optaron por votar al candidato de Maza.

El portavoz de los progresistas, Emilio Fernández, destaca que apoyaron a Luzón en febrero porque tienen una gran opinión de él. “Tenía un proyecto muy bien elaborado, nos daba buenas garantías y eso no ha cambiado”, señala. Si ahora han votado a Crespo es porque consideran que su mayor rango en la carrera le hacía un mejor candidato.

Fernández insiste en que Luzón es “una buena opción” para dirigir Anticorrupción y que su mayor tarea será “sacar a la Fiscalía del telediario”. “Hay que cerrar este paréntesis”, comenta, y volver a la situación de normalidad que saltó por los aires con el nombramiento de Moix. El fiscal predilecto de Ignacio González abrió una grieta con sus propios subordinados, que se revelaron ante sus injerencias, y con los ciudadanos, que vieron cómo actuaba en contra de los principios de la Fiscalía que dirigía. Luzón tiene por delante el reto de cerrar la crisis que la injerencia del Gobierno ha abierto en la que es su casa desde hace más de 20 años.

Alejandro Luzón ha sido elegido por el Consejo Fiscal como nuevo jefe de Anticorrupción. El fiscal del caso Bankia y las tarjetas Black sustituirá a Manuel Moix, que abandonó el cargo el pasado 1 de junio, tras ganar por ocho votos a tres al fiscal de Sala del Tribunal Supremo Pedro Crespo. Su nombramiento tendrá que ser ratificado ahora por el Consejo de Ministros.

Al puesto aspiraban un total de siete candidatos, pero Luzón ha obtenido el respaldo de los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF), conservadora y mayoritaria, frente al apoyo que han prestado los tres miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a Crespo. Los dos fiscales natos del Consejo también han votado a Luzón.

La votación no es vinculante, así que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tendrá que decidir si lleva su nombre al Consejo de Ministros o elige otro. Lo tradicional es que proponga al Gobierno el candidato respaldado por sus compañeros y a eso se comprometió Maza cuando fue nombrado.

La elección final de los fiscales conservadores no estaba clara. Uno de los aspirantes pertenece a esta asociación, el ex fiscal jefe de Andalucía Jesús García Calderón, pero algunos de sus miembros no veían en él a un buen candidato. Apuntaban que su falta de experiencia en Anticorrupción le descartaba como candidato, a pesar de que esta asociación aupó a Moix, el único aspirante de la anterior convocatoria que no trabajaba en la fiscalía que quería dirigir.

Luzón se ha impuesto entre los fiscales conservadores a la candidatura de Crespo, que contaba con la simpatía de algunos integrantes de esta asociación. Su elevado rango en la carrera y su buena reputación entre sus compañeros -algunos le veían como fiscal general del Estado o Ministro de Justicia- le habían colocado entre los favoritos. Sin embargo, la AF ha optado finalmente por un miembro no asociado y con experiencia en Anticorrupción.

Luzón era ya uno de los principales favoritos para la convocatoria del pasado febrero. Lleva en Anticorrupción desde que se fundó a finales del Gobierno de Felipe González y durante las dos últimas décadas se ha ocupado de casos de enorme relevancia como Gescartera, la investigación al exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, el de Tabacalera, las estafas de Fórum y Afinsa, o más recientemente el caso Bankia.

Normalmente fuera del foco, su papel en el caso de las tarjetas Black le dio varios titulares. Acusó a la élite política y económica que tenía sentada en el banquillo de “pillaje y rapiña”, les reprochó una actitud “primitiva y depredadora” y pronunció una frase que ligaba el rescate bancario con el fraude de los plásticos: “Todos los españoles tenemos vela en este entierro”. Al final, la Audiencia Nacional condenó a Rodrigo Rato, Miguel Blesa y el resto de acusados a las penas que pedía Luzón.

Ahora, este fiscal centrado en casos económicos tiene que enfrentarse al reto de cerrar la herida abierta en Anticorrupción. Moix ha sumido a la Fiscalía en una crisis con sus injerencias en en la investigación de las irregularidades del Canal y sus intentos por apartar a Carlos Yáñez, uno de los fiscales del caso. También quiso cambiar a los investigadores del caso del 3% de Cataluña, una decisión que frenó el propio Maza.

Su mayor reto será el caso Lezo y uno de sus tentáculos, el que alcanza al expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Moix intentó evitar el registro en las oficinas de Inassa, la filial que el Canal compró en época de Gallardón por mucho más de lo que costaba realmente, y utilizando una sociedad con base en Panamá. Los fiscales del caso consiguieron sortear ese veto y ahora rastrean los ingresos del expresidente madrileño en busca de indicios que le vinculen con ese pelotazo.

Como fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix rechazó acusar a Esperanza Aguirre por un delito de desobediencia cuando se fugó de los agentes de movilidad tras estacionar irregularmente en la Gran Vía. También evitó que Rodrigo Rato durmiese en el calabozo y se le retirase el pasaporte cuando fue detenido. Fue, además, el fiscal jefe de Madrid que impulsó la acusación contra el juez Elpidio Silva tras enviar a prisión a Miguel Blesa. El mismo jefe cuya Fiscalía intentó archivar el caso de los espías pagados con dinero público por el Gobierno de la Comunidad de Madrid e ignoró las primeras denuncias sobre el campo de golf del Canal de Isabel II.

A todos estos casos, a los cuales se debe incluir la decisión de querer abrir un proceso penal contra los medios que investigaron los correos de Blesa, hay que sumarle uno más: el archivo de las denuncias interpuestas por el PSOE e Izquierda Unida en 2005 en el marco de las obras de la M30, como han desvelado las concejalas de PSOE Mercedes González y Ahora Madrid Inés Sabanés este martes durante la comisión de investigación de la M30. 

Izquierda Unida, como indica el propio Moix en su escrito el 16 de febrero de 2006 al que ha tenido acceso eldiario.es, denunció el fraccionamiento de las obras en varios proyectos “eludiendo de modo intencionado la declaración de impacto ambiental”. Para IU, el cambio de naturaleza de la vía fue “meramente formal” y no debía utilizarse “como excusa para eludir la normativa medioambiental”.

Sobre este asunto, Manuel Moix afirmó en su escrito que no le competía a él como fiscal “ordenar al ayuntamiento la paralización de las obras o exigir la declaración de impacto ambiental” porque el Ministerio Fiscal carecía de facultades “para intervenir en los procesos administrativos”. Según Moix, “únicamente” podía actuar por la “vía penal” si existiera “un indicio  de infracción penal” por la fracción de las obras con las que se evitó el informe de impacto ambiental, indicio que, concluyó, “no se daba”. 

Apenas cinco meses después del archivo del entonces fiscal jefe de Madrid, la Comisión Europea abrió en 2006 un expediente sancionador contra España por las obras de soterramiento de la M-30 al considerar que vulneraban la legislación medioambiental comunitaria. Para Bruselas, era “irrelevante” que las autoridades españolas calificasen la M-30 como una vía urbana y consideró que las obras deberían haberse sometido a una evaluación global de impacto medioambiental al tratarse de un proyecto de “grandísima envergadura”. El tribunal europeo sentenció que la evaluación de impacto “no podía eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto”.

Finalmente, en 2007, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió no sancionar a España después de que el Ejecutivo comunitario llegara a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para realizar una evaluación de impacto 'a posteriori'. Además, el Tribunal Europeo señaló que correspondía al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid, que fue quien consultó al Tribunal de Luxemburgo, determinar si en el caso concreto de la M-30 se vulneró la normativa de la UE.

Este juzgado declaró un año después ilegales las obras respondiendo a la denuncia de Ecologistas en Acción, una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El TSJM, como ya hizo antes el Juzgado de lo Contencioso nº 22, concluyó que era imprescindible la realización previa de un estudio de impacto ambiental, y que “trocear” la obra en diversos proyectos y el hecho de que sea una vía urbana era irrelevante. 

Izquierda Unida también denunció las quejas vecinales sobre las obras y la desaparición de zonas verdes, además de la “tala injustificada” de 155 árboles en la ribera del Manzanares. A esto hay que sumarle las denuncias del PSOE, que llegó a pedir la suspensión de la obra. Los socialistas denunciaron ante la Fiscalía el impacto de las obras en el tramo de la Casa de Campo y su transtorno paisajístico, la tala de árboles en el parque de la Ermita del Santo, sobre el que había una protección que el Ayuntamiento no había retirado, así como otra tala de 400 árboles para hacer el intercambiador de plaza Elíptica.

Sobre todos estas denuncias, Moix concluyó que no quedaba “acreditada” la existencia de un “peligro grave” para el bien jurídico protegido. Para el entonces fiscal jefe de Madrid, se trataban de denuncias “más propias del ámbito administrativo que del penal”. 

Moix y Gallardón

La gestión de Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción acabó con su dimisión después de que descubriera su sociedad en Panamá, como desveló en exclusiva Infolibre. Antes, su puesto al frente Anticorrupción se había visto cuestionado tras su actuación en el caso Lezo, hasta el punto de que llegó a ser reprobado por el Congreso de los Diputados.

Moix trató de frenar varias actuaciones de los fiscales de Anticorrupción y aparecía citado en unas escuchas al cabecilla de la trama, Ignacio González, como “un tipo cojonudo” al que el expresidente madrileño quería colocar al frente de Anticorrupción. Entre estas actuaciones, estaba la de intentar dejar fuera de una investigación la gestión de Alberto Ruiz Gallardón al frente del Canal de Isabel II que, entre los delitos atribuidos a los imputados, incluye el de organización criminal. En la época de Gallardón se decidió comprar el 75% de Inassa y que comenzara la etapa de la empresa pública de aguas madrileña en Latinoamérica.

La Fiscalía Anticorrupción busca nuevo jefe tan solo cuatro meses después de haber nombrado al anterior. Manuel Moix dimitió el 1 de junio asediado por sus injerencia en la investigación del caso Lezo, sus enfrentamientos con los fiscales a su cargo y, sobre todo, por su participación junto a sus hermanos en una empresa radicada en un paraíso fiscal, propietaria de un chalet de lujo en Madrid.

El viernes se cerró el plazo para presentar las candidaturas y un total de siete fiscales optan a sucederle con la tarea de recuperar la credibilidad perdida durante el breve paso de Moix.

El Consejo Fiscal del próximo 5 de julio votará y elegirá quién es su candidato para ese puesto después de haber analizado sus propuestas. Con ese resultado, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, elegirá un nombre de esos siete –la votación no es vinculante, aunque lo normal es que elija al más votado– y pedirá al Consejo de Ministros que le nombre.

Maza se enfrenta a una decisión que no quiere tomar. Respaldó a Moix tras cada escándalo, le defendió de las críticas de los portavoces en sus comparecencias en el Congreso e intentó que no abandonase el cargo cuando su continuidad era insostenible. Tras su dimisión, siguió defendiéndole y aseguro que le volvería a nombrar para el cargo, a pesar de su empresa en Panamá de la que nunca informó a la Inspección Fiscal.

Su apuesta era Moix, pero se ha abrasado antes de tiempo dejando Anticorrupción con la credibilidad por los suelos, una crisis a la que deberá enfrentarse su sucesor. Maza tiene ahora una tiene una lista de siete aspirantes, cuatro de los cuales ya optaron a esa plaza el pasado mes de febrero y trabajan en esa Fiscalía especial.

Repite, por ejemplo, Alejandro Luzón, uno de los favoritos en la anterior convocatoria de la plaza y que obtuvo el voto de los vocales progresistas, que no fueron suficientes. Sus 20 años ligados a la Fiscalía Anticorrupción, desde su fundación, le convierten en uno de los aspirantes con más experiencia. Cuenta con un currículum en el que están casos como Gescartera, la investigación al exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, el de Tabacalera o las estafas de Fórum y Afinsa.

En la actualidad es el fiscal de los escándalos de Caja Madrid. En el proceso de las tarjetas black consiguió que el tribunal de la Audiencia Nacional se adhiriese por completo a sus tesis y condenase a los 64 acusados a las penas que él consideraba necesarias para que pagasen por el delito de apropiación indebida. Ahora, en el juicio sobre la salida a Bolsa de Bankia, intenta mantener su postura de que ni el Banco de España ni la CNMV tuvieron un papel clave en la ruinosa operación. Por el momento, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no ha compartido su criterio.

Junto a él, Belen Suárez también engrosaba la lista de favoritos para el puesto hace cuatro meses y vuelve a hacerlo en esta ocasión. Desde 2003 es teniente fiscal de Anticorrupción, lo que equivale a ser la número dos de la Fiscalía, por lo que asumió su jefatura en funciones cuando dimitió Antonio Salinas. Con Moix siguió en su puesto de número dos, aunque discrepó de él cuando este intentó parar unos registros de la Operación Lezo. Antes, había acudido al despacho de Maza para exponerle que Moix, que ya sonaba como candidato para Anticorrupción, aparecía como el predilecto por el principal acusado del caso, Ignacio González.

Suárez es ahora la fiscal del caso Pujol, que investiga el origen de la fortuna de la familia. Entre sus decisiones más recientes, la petición de prisión incondicional que llevó a a Jordi Pujol Jr. a Soto del Real el pasado 25 de abril como responsable de gestionar y distribuir entre sus hermanos la herencia familiar desde los bancos de Andorra. Además, le acusó de haber evadido capitales con la investigación ya en marcha.

Junto a ellos repiten también Teresa Gálvez, fiscal del caso Púnica que se enfrentó a Maza por la acusación al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, y Antonio Romeral, el fiscal que ha accedido a reabrir la causa de los papeles de Bárcenas a petición de las acusaciones populares. No repiten esta vez los fiscales Carlos Alba y José Miguel Alonso.

Los tres nombres que completan la lista de aspirantes son nuevas incorporaciones. Han presentado su candidatura María Ángeles Montes, actual fiscal en el Tribunal Supremo. No pertenece a ninguna asociación y ha desarrollado casi toda su carrera en el País Vasco. También opta Jesús García Calderón, de la conservadora Asociación de Fiscales, que perdió con la remodelación de febrero su plaza de fiscal jefe de Andalucía.

La lista de aspirantes la cierra Pedro Crespo, actual fiscal de sala de la Sección de lo Contencioso del Tribunal Supremo, y cuya candidatura ha causado sorpresa en la carrera fiscal. Sus compañeros pensaban que su intención era aspirar a un puesto de mayor rango, como el de fiscal general del Estado, y algunos le veían como posible ministro de Justicia.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que está asociado, ya le ha mostrado su apoyo público para que opte a esa plaza. El nuevo presidente de la asociación, Emilio Fernández García, le ha definido en una entrevista con eldiario.es como “un fiscal con una formación jurídica y una capacidad de trabajo y un prestigio en la carrera difícil de igualar”. “Si no se designa a Pedro Crespo se obligará a poner a una persona al menos de su misma valía, algo que hoy por hoy es muy muy difícil”, añadía.

Una votación que no obliga

Los nombres de estos aspirantes se pondrán sobre la mesa del próximo Consejo Fiscal. Los 12 miembros de ese órgano votarán, pero la decisión que tomen no será vinculante. Maza presentará al candidato que considere al Consejo de Ministros, aunque lo tradicional es que presente a quien cuenta con el respaldo de haber sido el más votado.

Por eso, el fiscal general del Estado se presentó al anterior Consejo Fiscal con un pacto con la Asociación de Fiscales, la conservadora y mayoritaria, que le garantizase que Manuel Moix iba a salir elegido. Los votos de los seis vocales de la AF se impusieron cuatro que recibió Luzón, apoyado por dos miembros de la UPF y los dos fiscales natos. La AF consiguió a cambio que su portavoz, Jesús Alonso, se hiciese con la plaza de la Audiencia Nacional.

De hecho, la asociación que preside Alonso fue el principal sustento de Moix cuando comenzaron las polémicas por sus injerencias en la Operación Lezo. Durante las semanas en la que su continuidad se ponía en cuestión, lo que le valió incluso ser reprobado por el Congreso, los fiscales conservadores hicieron una defensa cerrada de su actuación.

Sin embargo, tras la aparición de las informaciones sobre su sociedad en Panamá, la AF le pidió explicaciones y, por primera vez, consideraron que no podía continuar en su puesto, al que había ascendido ocultando su empresas en un paraíso fiscal. El movimiento tuvo consecuencias automáticas: Moix dimitió al día siguiente. Sus nueve votos serán cruciales para elegir al nuevo jefe de Anticorrupción.

La coalición Elkarrekin Podemos había elevado al pleno del Parlamento una iniciativa contra la corrupción en el PP y el debate, celebrado este jueves en la Cámara vasca, ha concluido con la aprobación de un texto alternativo planteado por PNV y PSE-EE y con Elkarrekin Podemos como única formación que ha votado ‘no’ a esa resolución junto con el PP. Y eso que el parlamentario de IU y de la coalición Jon Hernández ha llamado “trama criminal”, “mafia organizada” y “chorizos de guante blanco” a unos ‘populares’ que han encajado con enfado esta intervención así como la redacción definitivamente aprobada, que censura “todo comportamiento corrupto” y pide explicaciones al presidente Mariano Rajoy.

Hernández ha sido precisamente quien, nada más iniciarse el debate, ha abierto fuego dialéctico contra el PP por tratarse de una “organización criminal”. “No lo digo yo, lo dice la Guardia Civil”, ha argumentado. Para Elkarrekin Podemos la corrupción ha alcanzado tal nivel que era oportuno que Euskadi debatiera sobre la ‘operación Lezo’ y sus derivadas en forma de politización de la Justicia. Además, ha asegurado que es “especialmente sangrante” que el PNV haya apuntalado al Gobierno de Mariano Rajoy merced al reciente acuerdo presupuestario en las Cortes Generales.

Elkarrekin Podemos ha encontrado en EH Bildu un aliado y, de hecho, habían consensuado una contundente resolución en la que se reprobaba la “corrupción estructural” de España y la “actitud permisiva” de los “poderes del Estado” con esta lacra. El texto incluía también referencias concretas a Rajoy, al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al fiscal general, José Manuel Maza, y al ya dimitido Manuel Moix, exresponsable de Anticorrupción.

Miren Larrion (EH Bildu) ha empleado versos de Quevedo para denunciar los “1.300” imputaciones por corrupción en España. “Poderoso caballero es Don Dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado”, ha recitado la parlamentaria abertzale, que ha hecho una larga listas de causas abiertas entre las que no se incluía ninguna vasca a pesar de que la coalición ha sido especialmente beligerante con el PNV en este sentido. “Podría haber sacado [casos vascos] pero no he querido. No es donde he entrado ni quiero entrar, porque hoy hablábamos aquí de la corrupción del Partido Popular”, ha justificado después.

Desde las bancadas de PNV y PSE-EE han afeado a Elkarrekin Podemos que haya convertido el Parlamento Vasco en una suerte de Cámara de segunda lectura de las Cortes Generales, que próximamente debatirán la moción de censura encabezada por Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy por estos motivos. José Antonio Pastor (PSE-EE) ha citado como antecedente un debate sobre los presupuestos generales del Estado. Ambos partidos, integrantes del Gobierno, han presentado un texto que seguía la línea de una resolución del Congreso sobre el particular y en la que se rechaza “todo comportamiento corrupto” así como la “justificación” de esos comportamientos y el “uso partidista de la justicia”.

La enmienda, que ha sido aprobada merced a la abstención de EH Bildu a pesar de que Elkarrekin Podemos se ha unido al PP en el ‘no’, incorpora una petición de que Rajoy “dé cuenta” de “todas aquellas actuaciones y hechos sobre los que tenga conocimiento” en relación a la “presunta financiación ilegal del PP” y, asimismo, una “reprobación” de Catalá, Maza y Moix. Según EH Bildu y Elkarrekin Podemos, esta redacción alternativa ha sido un “capote” de PNV y PSE-EE al partido con el aprobaron los presupuestos autonómicos, si bien el PP, desde luego, lo ha interpretado igualmente como parte del “linchamiento” que, según ha dicho Borja Sémper, han sufrido este jueves sus siglas.

Sémper, a quien han aplaudido algunos de sus compañeros de partido tras su intervención, ha asegurado que en Euskadi hay quien ve lo que sucede “a 500 kilómetros” pero “no lo que sucede aquí”. El portavoz ‘popular’ ha matizado que no iba a encender el “ventilador” para atacar a otros partidos con sus propios casos abiertos si bien se ha encarado con Larrion para reprocharle que la izquierda abertzale “no tiene ninguna legitimidad” para “juzgar” al PP porque “la mayor corrupción es quitar la vida” y ese sector político nunca condenó el terrorismo de ETA.

Sobre el tema de fondo, Sémper ha reconocido que “el sistema tiene grietas” pero ha rechazado que exista corrupción estructural. Ha defendido las medidas impulsadas por el Gobierno de Rajoy para prevenir la corrupción y ha asegurado que el PP vasco combate esta lacra en todo caso y más cuando afecta al propio partido. Ha matizado, eso sí, que muchas de las investigaciones siguen abiertas y que adelantar condenas sería “fascista” y “antidemocrático”. “No vale ser muy honesto cuando sucede en otros lugares y laxo cuando la hacen los míos”, ha remachado Sémper sin un destinatario concreto.

Tras presentar su dimisión como fiscal jefe de Anticorrupción tras tan solo 87 días en el cargo, Manuel Moix ha insistido este viernes en que su participación en una sociedad radicada en Panamá heredada de sus padres no suponía “ningún tipo de ilegalidad, irregularidad o incompatibilidad”. Según ha explicado, su renuncia fue “voluntaria” pero “obligada por las circunstancias” para proteger a su familia y la imagen de la Fiscalía.

En una entrevista esta mañana en Cope, Moix ha incidido en que, a su juicio, no existían razones para que notificase la copropiedad a su superior jerárquico, José Manuel Maza. “Cualquier persona con sentido común y mínimos conocimientos sabe que tener un bien heredado en una sociedad, sea en el país que sea, en este caso Panamá, que está inactiva y está todo declarado y, por tanto, con pleno conocimiento de Hacienda y pagados los impuestos, no supone una ilegalidad o irregularidad”.

“Dicho esto, es razonable pensar que no tenía que poner en conocimiento de mi superior jerárquico una cuestión privada que no afectaba a la función como fiscal, y eso es evidente y de sentido común”, ha continuado. “¿Qué razón había para que yo pusiera en conocimiento que tenía una propiedad heredada en esas condiciones?”

El exfiscal anticorrupción justifica así por qué nunca comunicó al órgano de inspección interno de la Fiscalía su participación en la sociedad. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es restrictivo con las actividades privadas que pueden desempeñar los miembros de la carrera. El régimen de incompatibilidades prohíbe a los fiscales “el ejercicio directo o mediante persona interpuesta de toda actividad mercantil. Se exceptúa la transformación y venta de productos obtenidos de los bienes propios, operaciones que podrán realizarse, pero sin tener establecimiento abierto al público”.

Moix ha explicado que la decisión de presentar su renuncia al cargo fue “voluntaria” pero “obligada por las circunstancias”. Los motivos que refiere Moix para explicar su dimisión son la protección de su familia -“que no tiene por qué estar sometida a la presión de los medios”, ha argumentado- y la imagen del Ministerio Fiscal. Quería evitar, según ha asegurado, que la Fiscalía estuviera “en boca de todo el mundo por cuestiones que exceden a sus funciones. En una entrevista previa en La Razón, el exfiscal aseguró que se había puesto ”en tela de juicio“ a su familia: ”Me inmolo para proteger a mi familia y a la institución“.

Finalmente, Moix ha agradecido su apoyo al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que lo respaldó durante su comparecencia este jueves e intentó convencerle para no presentar su renuncia. Según ha afirmado, también ha contado con el apoyo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del Gobierno.

Si yo fuera el acorralado ministro de Justicia, me defendería del escándalo Moix usando el único argumento que le queda: el recurso a la inverosimilitud de lo demasiado obvio. Saldría en rueda de prensa y diría, sonriente: “Oigan, si quisiéramos controlar la Justicia lo haríamos con un poco más de disimulo, ¿no creen? Habríamos buscado un fiscal que no diera tanto el cante, y que actuase con discreción, no como un elefante en la cacharrería judicial. ¿De verdad piensan que lo íbamos a hacer con tanto descaro?”.

Y muchos darían la razón al ministro, porque es verdad que tanto descaro resulta hasta inverosímil. Todo en Moix, su currículum y su breve paso por la fiscalía, da el cante a kilómetros. Tanto, que cuesta creer que de verdad pretendiesen controlar procesos judiciales con un tipo que llevaba en el pecho un cartel de “hola, soy Manuel Moix, trabajo para el PP y estoy muy loco, cuidao conmigo”. Y además pretender que no nos diésemos cuenta.

Su currículum ya era una declaración de intenciones nada más llegar: el único candidato que no tenía experiencia en anticorrupción; muy cercano al PP y especialmente a Ignacio González; con una trayectoria llena de actuaciones dudosas siempre en beneficio del PP madrileño; mencionado en una grabación policial como favorito de los corruptos, ¡y hasta con una empresa familiar en Panamá! Lo tenía todo, no creo que pudiesen encontrar otro fiscal en toda la carrera que acumulase tantos méritos.

A su trayectoria se suma su breve pero meteórico paso por Anticorrupción: en solo tres meses le ha dado tiempo a frenar actuaciones policiales, apartar a fiscales en mitad de procesos cruciales, intentar librar de cárcel a González, filtrar información, atacar a la prensa, poner en sucesivos aprietos al ministro, cuestionar a la Guardia Civil y hasta defender que Rajoy declare por videoconferencia. Para tres meses, no está mal.

Por si necesitásemos más pruebas, ha sido apoyado hasta el último minuto por todos los que tienen las manos encallecidas de tanto ponerlas en el fuego: el PP al completo, Rajoy, la prensa conservadora, la tertulianada de derecha, y ¡hasta Celia Villalobos con su chispa habitual!

Es todo tan obsceno, que cuesta creer que, si el Gobierno quería controlar los procesos judiciales eligiese a un fiscal tan descaradamente afín, tan lleno de sombras y tan torpe en sus manejos. Es todo tan obvio que hasta te hace dudar si no será todo un gran malentendido. Porque de las mentes criminales siempre se espera una inteligencia a la altura de su maldad, no tanta torpeza.

Salvo que pensemos que en el PP andan tan desesperados y están tan acostumbrados a la impunidad que ya todo les da igual y solo piensan en salvar el culo como sea. A lo loco y sin frenos.

Hemos visto estos días cómo el periodismo, cuando hace bien su trabajo de control al poder –¡felicidades, compañeros de Infolibre!–, es tremendamente útil a la sociedad. También hemos sido testigos de cómo el poder intenta usar desvergonzadamente a los medios para defender sus intereses: el ya dimitido Moix no dio explicaciones al periodista que le interpelaba por su sociedad panameña y prefirió filtrarle el asunto a otro medio para que le hiciese un trabajito defensivo.

Vivimos desde hace ya muchos años en un estado de sospecha permanente. La corrupción ha minado la credibilidad de los políticos, pero también la de muchos medios y periodistas que en vez de buscarle las cosquillas a los corruptos se han dedicado a disculparlos o protegerlos. Esa falta de credibilidad afecta de manera sobresaliente a los medios más poderosos, los que históricamente han conformado el panorama informativo en España desde la Transición.

Y esa pérdida ha coincidido con una dura crisis económica que ha puesto al borde de la quiebra a casi todos esos diarios y ha dado lugar a un círculo vicioso de decisiones erráticas o equivocadas que están siendo la puntilla a sus posibilidades de recuperación.

Hace unos días Unidad Editorial decidió relevar en su cargo de director de El Mundo a Pedro García Cuartago, un tipo decente y muy buen periodista, que llegó al puesto de manera provisional y abrupta tras la fulminante destitución de David Jiménez, que a su vez había sustituido a Casimiro García Abadillo, que asumió la dirección para sustituir a Pedro J. Ramírez, el fundador del periódico. Todo esto en menos de cuatro años. En vez de un periódico, estarán de acuerdo conmigo, parece el banquillo del Valencia Club de Fútbol. Y ese es el problema. Ni en los clubes de fútbol ni en los periódicos se marchan, dimiten o despiden a los que más mandan, los presidentes o consejeros delegados, que son los auténticos responsables de los errores.

Algo similar ha venido ocurriendo desde hace años en el otrora gran periódico español, El País, en el que tuve la fortuna de trabajar en dos épocas de mi vida profesional, como también lo hice, por cierto, en El Mundo.

En El País los cambios no han sido tanto de director, que también, sino de posicionamiento editorial. Muchas veces da la sensación de que el periódico se ha olvidado de su historia y de sus lectores. Han roto el hilo fino que les unía con su audiencia y así es muy difícil que puedan construir un futuro.

Hoy, más que nunca, un medio, más concretamente un diario (y aquí ya hablamos fundamentalmente del mundo digital, no nos despistemos) depende de su comunidad. Hay dos ejemplos fantásticos. Uno lo tienen frente a ustedes, este humilde sitio, eldiario.es, existe fundamentalmente gracias al apoyo de sus más de 20.000 socios, que lo son, sobre todo, porque piensan que merece la pena pagar para que todos puedan disfrutar de su información. El otro ejemplo es de un hermano mayor y lejano, el New York Times, que después de la victoria de Donald Trump recibió un aluvión de suscripciones de ciudadanos que confían en que la fortaleza de ese periódico les pueda proteger de las arbitrariedades del poder.

En España no tenemos a Trump, pero el PP y Mariano Rajoy han dado sobradas pruebas de su desprecio por la democracia, la transparencia, la libertad de expresión y la libertad en general. Han cambiado las leyes para intentar amordazar la disidencia. Y ahora intentan atropellar la independencia de la justicia para ocultar el fango de corrupción con el que han construido su poder.

Y para pararles necesitamos periodismo, mucho periodismo independiente y decente. No charlatanes televisivos, no poderosos editores que quieren construir la realidad a la medida de sus intereses (y cuando no lo consiguen regañan o insultan a los lectores en los editoriales), no medios públicos controlados por el gobierno central o autonómico de turno. Por eso ha sido un problema para los ciudadanos y la democracia que los medios más grandes no hayan estado a la altura. Ni en el arranque de la crisis, ni en la valoración del 15M, ni en el tratamiento del nacimiento de Podemos, ni en la llegada al poder en las ciudades más importantes de España de agrupaciones políticas de nuevo cuño.

Y digo ha sido, porque la buena noticia es que una vez que parece que los viejos han rendido sus armas ante los poderosos, aquí estamos los nuevos, con los ojos abiertos y los oídos atentos, dispuestos a defender el fuerte de la libertad hasta las últimas consecuencias.

La apuesta más arriesgada de cuantas ha hecho el Gobierno para la cúpula judicial se le ha vuelto contra a los 87 días. Ese es el tiempo que Manuel Moix ha sido jefe de la Fiscalía Anticorrupción, una institución a la que apenas habían rozado las críticas en el pasado y cuyos conflictos internos han competido por primera vez en los titulares con los escritos de acusación que firman sus integrantes. De los siete candidatos que se presentaron al puesto, solo Moix hacía fruncir realmente el ceño a los que iban a ser sus subordinados, pero el Partido Popular tenía claro cuál era su candidato y no se echó atrás. Este jueves pagó las consecuencias.

El Gobierno se desentiende ahora de la elección de Moix y el Partido Popular esquiva el asunto de su dimisión por carecer de “connotación política”. El propio Mariano Rajoy, con el jefe de Anticorrupción recién dimitido, pidió este viernes centrarse en lo “verdaderamente importante”, es decir, la buena marcha de la economía y la gestión del problema catalán. Para el presidente del Gobierno, atender a la polémica de Moix es “ocuparse por los chismes, que es algo a lo que desgraciadamente estamos acostumbrados en los últimos tiempos”.

El ‘caso Moix’ es, sin embargo, una cuestión política desde antes incluso de que se votara su nombramiento. Consuelo Madrigal no repitió como fiscal general del Estado porque no cedió a los cambios que Rafael Catalá le quiso imponer en puestos claves de la Fiscalía, entre ellos las jefaturas de Anticorrupción y la Audiencia Nacional.

Con el nuevo fiscal general del Estado, el nombramiento venía asegurado. José Manuel Maza quiso dar a la elección el barniz del Consejo Fisal y la asociación mayoritaria y conservadora votó en bloque al candidato Moix. La crítica no es que fuera un “fiscal del PP”. El problema es que era percibido como un fiscal “cómodo” para el poder. Entre los fiscales ya se había difundido que Ignacio González decía en una grabación de la Operación Lezo que Moix era “un tío serio” y su candidato para Anticorrupción. A Maza le habían informado desde la propia fiscalía especializada y por la Unión Progresista de Fiscales.

El ministro de Justicia, por su parte, resaltó ayer que no hay “ningún motivo de legalidad para promover su cese más allá de la renuncia personal”. Catalá explicó que Moix le comunicó que sufría “una presión personal que le impedía continuar ejerciendo sus funciones” momentos antes de poner su cargo a disposición del Fiscal General.

Se va Moix, persiste la estrategia

La marcha de Moix no implica necesariamente el fin de los conflictos en Anticorrupción. La estrategia de control de la fiscalía especializada es incluso anterior a la llegada del que ahora ha renunciado. Las fiscales del caso Púnica se negaron a firmar el escrito en el que Anticorrupción exculpaba al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. El fiscal general, con el apoyo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, les impuso su criterio, facultado como está para ello. Pero no sirvió de nada. El juez Eloy Velasco propuso finalmente al Tribunal Superior de Justicia de Murcia investigar a Sánchez, hoy ya imputado.

El juez Velasco también se puso del lado de los fiscales del caso Lezo cuando éstos, por indicación de Moix, no acusaron a Ignacio González y al resto de detenidos el 19 de abril de organización criminal. El juez los envió a la cárcel por ese delito, entre otros. Pero Velasco ya no está. El magistrado insistía en dejar el juzgado, según él, por no contar con medios suficientes para perseguir la corrupción. Después de un primer amago con un puesto mejor remunerado, finalmente ha sido elegido para la Sala de Apelaciones, a través de un concurso organizado por el CGPJ, de mayoría conservadora, que al final revisara el Tribunal Supremo.

A Velasco le va a sustituir el titular de la plaza del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien no ha querido ni oír hablar de su juzgado en los 16 años que lleva como juez de enlace en París y Roma, puestos ansiados por su remuneración y escasa carga de trabajo.

García Castellón decide volver a los 64 años. Así, el juez que pidió Ignacio González para sustituir a Velasco en las grabaciones del caso Lezo, evita que la plaza salga a concurso y lo gane el más antiguo de los jueces que aspire a ella. Cuando el CGPJ sacó a concurso la plaza de Ruz, el magistrado de la caja B del PP, lo acabó ganando un juez que había sido director general con el PSOE.

PP: “Asunto completamente zanjado”

El PP ha querido pasar página rápidamente del 'caso Moix'. “Es un asunto completamente zanjado”, aseguró el vicesecretario general de Coordinación del PP, Fernando Martínez Maillo. El dirigente popular insistió en que “no hay connotación política” en la decisión de Moix y la situó en el ámbito de la judicatura.

Existe la posibilidad de que el próximo jefe de Anticorrupción no ponga las trabas que Moix a la investigación a la etapa de Alberto Ruiz Gallardón en el Canal. El siguiente dique será entonces el juez de instrucción, García Castellón. En segunda instancia, la Sala de lo Penal, de mayoría conservadora y nueva presidenta, Concepción Espejel, elegida la pasada semana a pesar de haber sido apartada de los juicios de Gürtel. El otro magistrado recusado por el mismo motivo es Enrique López, elegido junto a Velasco para la Sala de Apelaciones, la que revisará todas las sentencias de los casos que se instruyan a partir de su creación. El caso Lezo queda fuera.

La marcha de Moix, por tanto, supone solo un retroceso, al menos momentáneo, en la apuesta clara de un Gobierno asediado por la corrupción, de controlar la cúpula judicial. El próximo episodio aguarda en los próximos meses, con la renovación de tres plazas en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que se encarga de investigar a los aforados. De mayoría conservadora, el rodillo del PP en el CGPJ puede decantar todavía más el tradicional objeto de deseo para los partidos mayoritarios dentro de la alta esfera judicial.

En público, el Partido Popular se desvincula de cualquier estrategia. “Hay que dar libertad a los fiscales para que hagan su equipo”, aseguró Martínez Maillo. El de Moix, añadió, “es un tema que afecta exclusivamente a la Fiscalía y donde el Gobierno no tiene nada que decir”. El exministro José Manuel García-Margallo declaró: “Parece evidente que, por el bien de la imagen y la credibilidad de la institución, no había otra salida que la Moix ha tomado”.

El relevo de Moix

Es previsible que Maza vuelva a buscar el apoyo del Consejo Fiscal para el nombramiento del sustituto de Moix. Este fue elegido con los votos de los seis vocales de la Asociación de Fiscales, mayoritaria y conservadora, y el de Maza. Los otros dos miembros natos del Consejo Fiscal se decantaron por Alejandro Luzón, quien, como todos los candidatos a excepción de Moix, tenía experiencia en la Fiscalía Anticorrupción.

Luzón también consiguió el voto de dos vocales de la progresista UPF; el tercero se decantó por el veterano Antonio Romeral. Así las cosas, Luzón, el fiscal del caso Bankia, el de Gescartera y el que encarceló a Luis Roldán fue el segundo más votado. Habrá que esperar a que en la situación actual los candidatos vuelvan a optar al puesto y a cómo se reparten los apoyos que tuvo Moix. Por el momento vuelve a hacer cargo de la jefatura de Anticorrupción, de forma interina, otra de las candidatas en ese concurso, la teniente fiscal, Belén Suárez.

“Creo que el fiscal Anticorrupción es un profesional con una amplia y exitosa trayectoria, como usted a buen seguro conoce, que actúa con total independencia y con plena personalidad y creo que está funcionando muy bien la Fiscalía Anticorrupción, usted debería alegrarse”. Con estas palabras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendía durante una sesión de control al Gobierno al fiscal anticorrupción Manuel Moix, que este jueves ha presentado la dimisión.

No ha sido el único miembro del Gobierno que claramente se ha situado junto al dimitido fiscal. En la misma sesión de control del 10 de mayo, cuando se acusaba al fical Moix de haber trabado las investigaciones alrededor de la operación Lezo,  el ministro de Justicia, Rafael Catalá, argumentó que “si algo está haciendo haciendo el señor Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción es promover la acción de la Justicia. Estamos a tiempo de parar esto, la sociedad española no se merece un uso tan zafio de esta institución. Dejemos de levantar insidias que no tienen ni un solo fundamento”.

Antes, en la sesión de control al Gobierno en el Senado del 25 de abril Catalá amparó a Moix al apuntar que “se está enturbiando la labor de un magnífico profesional de muchas décadas de servicio al derecho y a la ley. Me parece intolerable que diga que el fiscal Anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones”. En este caso se la disputa respondía a que la mayoría del seno de la Fiscalía Anticorrupción se puso en contra de Moix por la orden dada por el fiscal jefe de “desvincular cronológicamente” el registro en el domicilio de uno de los imputados en la investigación sobre el presunto desfalco del Canal Isabel II.

Dos dias después Catalá situaba la aparición de informaciones sobre los tejemanejes de Moix entre “teorías conspirativas” y “barbaridades” sobre la supuesta obstaculización a la investigación del caso Lezo. “No sé si los que hablan o escriben saben lo que dicen, porque no es cierto y hacen un flaco servicio a las instituciones”, insistía el ministro.

“Respecto a las actividades y funciones del fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción en la lucha contra la criminalidad organizada, es una persona a la que conozco por su desempeño profesional hace muchos años. Es un fiscal de más de 30 años de experiencia, de compromiso con el Derecho con la Justicia y con la institución y, por lo tanto, creo que se merece todo el reconocimiento y todo el respeto. Cuando además uno conoce y escucha lo que ha podido pasar precisamente lo que hace es reforzar su cualificación y su independencia”, comentaba entonces Catalá.    

Todos los partidos del Congreso de los diputados, salvo el Partido Popular, votaron a favor el pasado 16 de mayo de la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, además de reprobar y reclamar al Gobierno los ceses del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del jefe de Anticorrupción, Manuel Moix.

Este martes, durante la rueda de prensa conjunta con el primer ministro portugués, António Costa, el presidente del Gobierno llegó a responder un lacónico “Sí, mantengo la confianza” cuando se le preguntó si todavía respaldaba a Moix cuando ya se sabía que tenía una empresa en un paraíso fiscal.

Catalá fue más comedido esta semana en sus halagos al fiscal respecto a su compañía 'offshore'. “No conozco el fondo de la cuestión. No sé si las circunstancias por las que el señor Moix parece que es propietario de una parte del accionariado, si eso es totalmente transparente para la Agencia Tributaria española no tiene visos de fraude fiscal”, se escabullía el ministro solo un día antes de la dimisión del fiscal.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, acaba de anunciar la dimisión de Manuel Moix, el jefe más nefasto que nunca antes ha tenido la Fiscalía Anticorrupción. Lo ha hecho en una rueda de prensa sin preguntas, un formato pensado para evitar ratos incómodos al máximo responsable de la Fiscalía, que aún tiene muchas cosas que explicar. Ha sido breve pero intenso. En menos tiempo, es difícil mentir más.

Falso. Desde luego es más que irregular lo que ha pasado esta semana con Manuel Moix. Primero filtró la noticia al diario de Pedro J. Ramírez y evitó responder al periodista de Infolibre que había destapado la investigación. Después se enredó en una cadena de mentiras públicas. Dijo que no sabía nada de la sociedad offshore y era falso. Dijo que no sabía por qué sus padres habían recurrido a un paraíso fiscal y era falso. Dijo que no había cerrado la compañía en más de cinco años porque no podían afrontar los costes de disolución y también era falso. Dijo mentira tras mentira, probablemente porque él mismo era consciente del escándalo que supone tener un jefe anticorrupción con una empresa en un paraíso fiscal.

Falso. Lo que contamos en eldiario.es –debemos de ser “algunos”– es que Moix ocultó a la inspección fiscal, el órgano que regula estas compatibilidades, que mantenía una empresa en un paraíso fiscal. Según las fuentes que hemos consultado, no está tan claro como asegura el fiscal general que esté permitida esa compatibilidad –hay quien dice que sí y quien dice que no–, pero el problema es que Manuel Moix ni siquiera permitió ese debate a la inspección porque nunca la informó.

Falso. No es normal ni regular que los Moix utilizasen una sociedad pantalla en Panamá para intentar no pagar al constructor que levantó el chalé familiar. Tampoco es normal que Moix mienta y diga que no sabía nada del tema hasta que heredó, cuando estuvo en el juicio donde sus padres intentaron colar que no sabían quiénes eran los verdaderos dueños de su empresa pantalla. Y es bastante impresentable que un fiscal, al heredar esta empresa, siendo consciente de por qué sus padres lo hicieron así, no disuelva de forma inmediata la sociedad y traiga a España la propiedad del chalé de Collado Villalba, aunque le cueste un 10% en impuestos que prefirió no pagar.

Falso. Claro que los había. El problema para el fiscal general del Estado es que son los mismos motivos por los que él mismo debería dimitir. José Manuel Maza también ha mentido en reiteradas ocasiones. Esta misma semana lo volvió a hacer, cuando negó conocer el caso panameño de Moix y después descubrimos que le había avisado el propio afectado el día antes. Y José Manuel Maza, al igual que Manuel Moix, también ha sido reprobado por la mayoría del Parlamento.

Falso. Ojalá fuese así. Pero decir que la Fiscalía española bajo el Gobierno de Mariano Rajoy es autónoma es tanto como creer que los niños vienen de París.

Falso. No han sido motivos personales. Manuel Moix ha presentado su dimisión porque se ha quedado sin apoyos y porque sabía que si se encastillaba mucho más en el puesto podía poner aún más en riesgo su carrera, que ahora probablemente le llevará a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Desde el momento en que le dio la espalda la Asociación de Fiscales –la mayoritaria en la Fiscalía, de perfil conservador, la única que hasta esta semana aún le apoyaba– , era evidente que no podía continuar.

Falso. Bien sabe el fiscal general hasta qué punto influye en sus decisiones lo que diga el Partido Popular. Y por eso la antecesora de José Manuel Maza, Consuelo Madrigal, no continuó en el puesto: porque se negó a nombrar a Manuel Moix, el fiscal preferido por los corruptos, al frente de la Fiscalía Anticorrupción.

Falso. En poco más de dos meses, Moix ha confirmado todas las sospechas que provocaba el nombramiento de un fiscal Anticorrupción al que el corrupto Ignacio González elogiaba como “muy profesional”. Ha intentado parar la investigación del Canal que afectaba a Alberto Ruiz-Gallardón. Ha querido apartar a los fiscales que investigaban el 3% de Convergencia y los Pujol. Ha provocado un inédito motín en su fiscalía, que además perdió. Ha filtrado información bajo secreto de sumario. Ha intentado parar escuchas telefónicas contra Ignacio González. Ha sido reprobado por el Parlamento y ha mentido sobre su sociedad familiar en Panamá.

Ha favorecido al PP desde el primer día hasta el último. Hoy mismo, horas antes de dimitir, ha cargado en una entrevista contra la Guardia Civil por sus acusaciones contra Cristina Cifuentes.

Ojalá. Pero no fue el criterio del mérito y la capacidad el que siguió cuando nombró a Manuel Moix. De todos los candidatos que se presentaron en esa ocasión, él era el único sin experiencia alguna en la lucha contra la corrupción. Más bien al contrario: Moix era el fiscal especialista en no ver delitos en todos los asuntos de corrupción que afectaban al PP y llegaban a la Fiscalía de Madrid. A pesar de ese expediente, Moix fue el que ganó.

Y yo le pido al fiscal general del Estado que se lea el artículo 20 de la Constitución, donde se recoge el derecho de todos los españoles a recibir una información veraz. Quien ha dañado el sosiego y el prestigio de la Fiscalía Anticorrupción no han sido los periodistas por cumplir con su obligación: ha sido Manuel Moix y el fiscal general del Estado que le nombró.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cree que la dimisión de Manuel Moix de su puesto de fiscal jefe de Anticorrupción “llega tarde y mal” y recuerda que fue reprobado por el Congreso de los Diputados debido a su intervención en el caso Lezo hace dos semanas, junto al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El líder del PSOE ha criticado en declaraciones a los periodistas en la Feria del Libro que el Gobierno de Mariano Rajoy no defienda las instituciones y la “ejemplaridad”. “Con las decisiones del presidente se están dañando la salud de las instituciones”, ha asegurado el secretario general socialista, para quien las instituciones atraviesan “una etapa negra”. También ha recriminado a Rajoy que no ponga en marcha las medidas necesarias para la regeneración.

Así, ha criticado que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, haya defendido que no existen motivos para el cese de Moix: “Es una declaración de intenciones”. Sánchez ya había pedido la destitución del fiscal el pasado martes, tras conocerse su participación junto a sus hermanos en una empresa domiciliada en Panamá.

En la misma línea, el portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, en declaraciones en el Congreso también ha asegurado que la dimisión “llega tarde” y debió producirse “de manera inmediata” a que se conociera que tenía intereses en una sociedad radicada en Panamá.

Asimismo, ha denunciado el “daño” causado a la conciencia fiscal de los españoles porque, a su juicio, los intereses de Moix en Panamá y los precedentes de la amnistía fiscal y de políticos con cuentas en paraísos fiscales hacen daño a la lucha contra el fraude. “No es algo novedoso”, ha lamentado.

Unidos Podemos-En Comú-En Marea no se conforman con la dimisión del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix. El grupo confederal sostiene que su caída no puede servir de “cortafuegos” para evitar que las responsabilidades políticas asciendan hasta alcanzar al Gobierno de Mariano Rajoy.

Nada más conocerse la renuncia de Moix, acorralado por sus injerencias en las investigaciones judiciales contra el PP y por haber ocultado una sociedad en Panamá, los portavoces han salido en tromba a exigir la renuncia de su superior jerárquico, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

La diputada de En Marea, Yolanda Díaz, ha defendido ante los medios que “el PP colocó las piezas para amortiguar la enorme trama de corrupción en la que se hayan inmersos”, en referencia a los nombramientos de Maza y Moix, muy del gusto del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, hoy detenido en el marco de la Operación Lezo. “No hay operación cortafuegos”, ha defendido Díaz tras una reunión de la comisión de investigación parlamentaria que investiga el rescate financiero.

El diputado Rafael Mayoral, por su parte, ha apelado al PSOE para que se sume a la moción de censura presentada contra el presidente del Gobierno. En declaraciones a los medios en el Congreso, Mayoral ha asegurado que “las fuerzas democráticas deben asumir si lo son o no; y si están dispuestos a desalojar al PP” del Ejecutivo.

Mayoral, que ha asegurado que no se han producido nuevos contactos con el PSOE, ha conminado a “abrir una etapa de recuperación de las instituciones” que sirva para “dar un mensaje a los españoles de que no habrá más impunidad”.

El diputado ha considerado que la actuación del PSOE servirá para saber “si se ha roto la triple alianza”, en la que Unidos Podemos incluye a socialistas, PP y Ciudadanos, y ha mostrado su “preocupación” por el “acuerdo” que se alcanzó el miércoles en la comisión que investiga el uso partidista del Ministerio de Interior por parte del PP: “Llegaron a un acuerdo oscuro para evitar que esa comisión pueda llegar a sus últimas consecuencias”.

Otros portavoces de Unidos Podemos se han pronunciado en redes sociales. Irene Montero ha asegurado en un tuit que “dejan caer una pieza para que siga La Trama”, con un vídeo que explica las relaciones de Moix con algunos de los casos de corrupción que se investigan en Madrid, donde ejerció como fiscal superior antes de ser ascendido a Anticorrupción.

Una idea en la que ha incidido Pablo Iglesias, quien ha considerado a Moix “sólo una pieza en el engranaje de la trama”.

Por su parte, Íñigo Errejón ha asegurado que “En un país serio el Ministro de Justicia Catalá debería asumir su responsabilidad”.

También el eurodiputado y dirigente de Podemos, Miguel Urbán, ha dicho en su canal de Telegram que Moix “no es una manzana podrida”. “Han hecho de la corrupción y el expolio su forma de gobierno, enriqueciéndose con cajas B, fraudes y empresas off shore en paraísos fiscales mientras aplicaban austeridad y recortes. Moix es a quien dejan caer hoy, pero solo es una pieza”.

La corrupción en España, y no solo en España, invade nuestras vidas, las portadas de nuestros periódicos y los medios de comunicación. Es un virus global, un efecto contagioso, un fantasma que recorre el mundo en alusión a las primeras palabras del Manifiesto comunista. El fenómeno de la corrupción va mas allá de los países y de los gobiernos. El mercado, la globalización, el crecimiento y el lucro como parámetros de la civilización occidental acentúan la sensación de que todo se desarrolla en una dialéctica entre la honradez y el descaro del aprovechamiento de lo público, entre la probidad y la duda de si la honestidad tiene un precio.

Alrededor de los partidos políticos, en el ejercicio del poder se suceden desde hace años escándalos de corrupción. En España, quizá por la necesidad de fortalecer las formaciones políticas en una democracia que en su tiempo fue joven, y carecía de unos partidos estructurados y sólidos, las formas paralegales o directamente delictivas de financiación fueron y son casi una evidencia. Sin duda, en el convencimiento y la aceptación, incluso social, de que las urnas legitimaban cada cuatro años conductas reprobables pero banalizadas por la falta de consecuencias de reproche social o jurídico, por la ausencia de controles… En definitiva, por la falta de castigo, o por la inacción de la justicia, unas veces inducida, otras veces provocada por sus protagonistas y las circunstancias.

Los tiempos transcurren, los países evolucionan, y de la euforia democrática y del desarrollismo y vertiginoso crecimiento económico, hemos pasado al desencanto de la modernidad y a una profunda crisis social y económica. De la tolerancia y la asunción de la corrupción como algo inmutable, inherente al hombre o al sistema, frente al pasotismo o la dejadez, nos encontramos ahora ante el reto de combatir social, política y culturalmente la corrupción, que socava el sistema y pone en peligro nuestra propia credibilidad como sociedad.

El panorama está cambiando, y poco a poco, del clamor social, de la realidad de un país inmerso en el pesimismo existencial, en una grave deriva económica compartida con los países de nuestro entorno, y gracias en particular a la iniciativa de la justicia, fundamentada en muchos casos en el voluntarismo de jueces y fiscales, estamos consiguiendo, con dificultad y esfuerzo, pero también con tenacidad y empeño, acabar con la impunidad y perseguir el delito.

Es cierto que la sociedad demanda más celeridad y eficacia, y que todavía en el imaginario popular está la idea de un poder judicial tan contaminado como el poder que trata de controlar, pero la realidad es que de manera casi implacable, poco a poco, van desapareciendo las barreras que impidieron en el pasado el control de determinados grupos de poder político, económico, social o cultural.

Es cierto que un sistema procesal inadecuado, la falta de medios estructurales, y el desapego de la clase política a la hora de resolver los problemas de la justicia están ralentizando este camino, pero el recorrido es imparable. La sociedad lo demanda, los pactos de silencio entre los poderosos y el encubrimiento sistemático se desmontan con los nuevos medios y técnicas de investigación. También con la inestimable labor de los medios de comunicación. La tolerancia cero que los agentes sociales y los ciudadanos proclaman acaba dando lentamente sus frutos y la sociedad, en apariencia, es implacable con los corruptos.

Algo ha cambiado y está cambiando también, eso se ha hecho evidente en estos días, entendemos que de manera saludable, en entornos de poder hasta hace poco inescrutables. Algo cambia y está cambiando en una sociedad, que por vez primera de una manera tan firme exige, cuestiona, analiza y sobre todo critica una institución como es la Fiscalía. 

Este fenómeno, que socialmente es positivo, va a obligar por pura supervivencia social, sin necesidad de cambiar las normas, a que seamos más transparentes, a que adoptemos todo eso que se nos pide a través de los grupos de trabajo del Consejo de Europa, a que democraticemos la institución, a que de hecho la elevemos a los estándares comunes a los países de nuestro entorno.

Es posible que adelantándose al perezoso legislador, el fiscal general, que es quien toma las decisiones en la Fiscalía, tenga que dejar de pensar que goza de un poder absoluto, y es posible también que quien nombra a ese poder absoluto, el Gobierno, no piense que con esa designación controla a toda una institución, y con ello a todos los profesionales cuyo empeño es el respeto de la ley, la promoción de la justicia.

La dimisión del fiscal jefe Anticorrupción no es una buena noticia, nunca tendríamos que haber llegado hasta aquí, pero es un síntoma de nuevos tiempos y de que la responsabilidad de los fiscales no solamente se exige y decide en los despachos.  

De eso la sociedad, los ciudadanos y los medios de comunicación ya están convencidos. Ahora solo nos queda convencer a quienes hacen las leyes y a quienes se sienten cómodos pensando que manejan todos los resortes del poder. Quizá lo hagan, quizá todavía los controlen, pero solo de  manera temporal.

Seamos optimistas, pensemos que un fantasma recorre también ahora este país: transparencia, motivación y control público y en definitiva, democracia. También, por qué no, en la Fiscalía.