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Moix sostiene que la Guardia Civil se extralimitó en sus funciones en los informes sobre Cifuentes

El jefe de Anticorrupción argumenta que la UCO ha ido "más allá" de su función en los informes en los que acusa de prevaricación y cohecho a Cifuentes

"No es con idea de perturbar la investigación, sino con la voluntad de facilitar la labor a los jueces, pero no es su función", dice en una entrevista a El Mundo

Sobre la Operación Lezo: "Si hubiera querido parar el tema, lo hubiera hecho de otra manera"

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EFE

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ha defendido en una entrevista en El Mundo que la Guardia Civil se extralimitó en sus funciones en los dos informes sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,  en los que la acusa de prevaricación y cohecho.

En opinión del fiscal, la UCO no ha respetado la función de investigar y ha ido "más allá" al incluir una calificación jurídica de los hechos, que "corresponde a jueces y fiscales": "Cada uno tiene que jugar su papel. Podemos confundir los roles y parece que quien al final decide la calificación jurídica y la imputación de una persona es la Policía".

"Esa actuación no creo que sea con idea de perturbar o de obstaculizar la investigación, sino con la buena voluntad de facilitar la labor a jueces y fiscales, pero esa no es su función", ha señalado Moix. Los informes de la UCO recogen  supuestos delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al grupo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández.

Durante la entrevista, el jefe de Anticorrupción ha negado que intentase detener un registro del caso Lezo porque "si hubiera querido parar el tema, lo hubiera hecho de otra manera". Ha relativizado el conflicto con los fiscales del caso como una serie de "discrepancias jurídicas" que "fuimos resolviendo" y ha negado que exista ningún tipo de "rebelión".

"La Guardia Civil hizo una solicitud al juzgado sobre las entradas y registros y el volcado de los dispositivos. Era muy prospectiva porque no especificaba qué operaciones, qué expedientes y qué años de correos electrónicos había que incautar. Yo dije que había que acotar y lo admitieron", ha explicado.

Moix, contrario a la imputación por organización criminal a Ignacio González y Edmundo Rodríguez, se ha reafirmado en que "no veía conexión" entre ambos y la operación de Inassa. Añade que, a diferencia del caso Pujol, no hay indicios de que el expresidente de la Comunidad de Madrid, en prisión provisional, lidere una organización criminal.

A favor de que Rajoy declarase por videoconferencia

Por otra parte, comenta que él como fiscal hubiera informado a favor de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarase por videoconferencia en el juicio del caso Gürtel en lugar de tener que personarse en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), tal como ha acordado el tribunal.

Además, ha defendido que, aunque había elementos suficientes para hacer las entradas y registros en el caso Lezo, debía limitarse "a las operaciones que se estaban investigando" y "no entrar en el Canal de Isabel II a buscar toda la documentación correspondiente a 10 años" porque podría generar "una nulidad posterior". Moix, que durante su etapa como fiscal superior de Madrid argumentó que la difusión de los emails del caso Blesa "podía tener encaje penal", ha puesto precisamente este caso como ejemplo. 

El jefe de Anticorrupción también ha defendido el relevo de los fiscales del caso del 3%, que investiga el cobro por parte de CDC de mordidas a empresarios. Justifica que quiere optimizar el trabajo entre los fiscales de Madrid y también trasladar la idea de que "la corrupción de Barcelona se investiga con fiscales de Barcelona". 

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