Cabezón de Etxauri Bizirik, plataforma creada para la “defensa del medio ambiente, el territorio y la soberanía popular” en la Sierra de Etxauri ante el “macroproyecto fotovoltaico” previsto en el territorio, han acudido a la sede del Departamento de Medio Ambiente a entregar un millar de alegaciones para paralizar la instalación por considerarla un “despropósito” para la fauna y flora de la zona. Además, los integrantes denuncian una “gestión irresponsable” por parte del Ayuntamiento de Etxauri, que consideran que “ha ocultado información” y ha roto “la cohesión social entre los vecinos”.

Antes de entrar al Departamento, varias personas se han concentrado en señal de protesta con una ruidosa cacerolada durante varios minutos este viernes al mediodía.

Tal y como trasladan desde el colectivo, junto con las “miles de alegaciones” de los vecinos y ayuntamientos de los municipios de la Sierra de Etxauri, también se ha presentado un amplio informe con unas conclusiones “demoledoras y contundentes” sobre el “impacto ambiental de distinto tipo”. “Es un sitio de alto valor ambiental donde no tiene sentido hacer una actividad industrial con altos impactos medioambientales”, afirman desde la organización.

Además “de los vecinos y vecinas”, también se han sumado a la queja “ayuntamientos y concejos” como Salinas de Oro, Vidaurreta, Cendea de Oza, Otxobi, Sarasate, Azanza, Valle de Goñi, que han “presentado alegaciones y mociones pidiendo la paralización del proyecto”.

“No somos pocos y seguiremos creciendo con el objetivo único de proteger el entorno natural de quienes quieren especular y enriquecerse con él”, trasladan desde el colectivo ciudadano. Y remarcan que no es solo el daño visual al entorno natural, “que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, sin necesidad de conocimientos técnicos, ya solo con ver la ubicación física se escandalizarían”, sino también el peligro de salud del terreno y de los ciudadanos de la cuenca de Pamplona.

“Aparte de ser un espacio de alto valor ambiental: muy sensible, rodeado de especies protegidas y sin actuación humana en el entorno; es una zona kárstica, el suelo es como un queso gruyer y toda el agua se filtra. Si haces algo en su superficie, se esparce por toda la zona. No tiene sentido [que se construyan sobre ese terreno] nueve centros de transformación, con aceite y refrigeración, y [circulen diariamente] camionetas para hacer mantenimiento durante 30 años, además de las personas [que trabajen], cableados, PVC, hormigón... El agua que se filtra de ese terreno luego se recoge en Arteta para el consumo de agua potable en Pamplona”, explican. Y por eso remarcan que “aparte de la ruptura visual, para las propias especies” y los habitantes de los municipios “es un impacto terrible”.

Según explican, la ideación del proyecto fotovoltaico comenzó en 2022, cuando estaba prevista “una instalación en la parte alta del monte Sarbil a unos 800 metros de altitud”. En este terreno, de titularidad privada, se pretendía instalar 80.000 paneles solares, una inversión de 40.000.000 de euros. Sin embargo, la empresa promotora no pudo continuar con la iniciativa, pues “en aquel momento hubo una respuesta social de los ayuntamientos de la zona, incluido el Ayuntamiento de Etxauri”, según explican, que “presentaron alegaciones” para proteger un “entorno ambiental tan especial como este”. Tras el recurso, la instalación fotovoltaica “se consiguió paralizar”, pero en 2025 el proyecto volvió a salir para adelante.

El colectivo denuncia que “este proyecto no es diferente” y que “a nivel técnico es prácticamente lo mismo que lo que se expuso en 2022”, pero que se ha resuelto por un impulso “en la sombra” de determinados intereses políticos.

Aunque señalan una “gestión irresponsable del partido EH Bildu”, único representante del consistorio de Etxauri, por una supuesta “falta de información” y ocultar “las gestiones que han estado realizando y que siguen realizando”, desde Cabezón de Etxauri Bizirik trasladan que su objetivo no es la confrontación política y que únicamente buscan “la paralización del proyecto” por “el dónde” se quiere ubicar. Según explican, buscan aglutinar “a toda persona, institución o sujeto que quiera compartir la respuesta colectiva y conjunta en cuanto a los impactos ambientales. Sin entrar en otras cuestiones de otra índole” como la política. “Aquí hay personas que pueden tener opiniones distintas, pero que tienen claro que ese no es el sitio [para desarrollar el proyecto]”.

Desde la plataforma, esperan que el Departamento de Medio Ambiente “ponga sentido común y vea de forma clara” lo que se plasma en “los informes de alegaciones” presentados. Aunque, según explican, no obtuvieran respuesta de “la invitación al Consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra”, Jose María Aierdi, “para dialogar y entregarle” las alegaciones, afirman tener “esperanza absoluta en que se paralice el proyecto”. “Las conclusiones son clarísimas”, expresan.

La Plataforma por el Agua Pública de Daimiel ha recurrido el segundo intento por parte del ayuntamiento de este municipio de Ciudad Real de privatizar la gestión del agua, después de que el pasado 11 de marzo, la Junta de Gobierno Local aprobase la segunda adjudicación del contrato del servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración del municipio.

La plataforma ha presentado su recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, al considerar que el Ayuntamiento “ha cometido un nuevo error en esta segunda adjudicación al igual que lo hizo en la primera”.

A juicio de este colectivo, que mantiene abierta una batalla abierta desde comienzos del año 2025 frente a la privatización del servicio de agua en el municipio, la adjudicación se ha realizado “sin respetar los principios de igualdad de trato, transparencia y proporcionalidad”. Lo argumenta en el hecho de que no se ha procedido a una nueva valoración y clasificación de las ofertas e incluso cree que se ha vulnerado la correcta aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y la jurisprudencia de la Audiencia Nacional

Según indica la plataforma, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido la tramitación del procedimiento de contratación hasta la resolución de este recurso.

“Este error no es el primero que el ayuntamiento comete en esta licitación que presenta ya muchas máculas como es el fallo de este mismo tribunal que, en junio del 2025, dio la razón al recurso interpuesto por una de las empresas ofertantes indicando 'graves irregularidades que afectan a la transparencia y validez del proceso' lo que provocó que la primera adjudicación no prosperase”, advierten.

25 años de concesión que, dicen, no se justifica

Desde su punto de vista, “el proceso ha adolecido de otras carencias importantes en fases previas como son la falta de justificación suficiente del plazo de 25 años de concesión y la falta del obligatorio estudio comparativo de modelos de gestión para el servicio. según las leyes que le aplican. En concreto citan la Ley de Contratos del Sector Público y de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

“El Ayuntamiento sigue sin estudiar cual sería el mejor modelo de gestión para Daimiel limitándose a hacer aseveraciones como que notiene recursos o que no salen las cuentas”. Es el argumento que viene manteniendo el consistorio gobernado por el PP desde que se iniciase el proceso.

Desde la plataforma ver contradictoria su postura. “Si salen las cuentas para una empresa, saldrían las cuentas para este Ayuntamiento”. No es tampoco la primera vez que contraargumenta así este colectivo ciudadano. Con un servicio público, aseguran, “el Ayuntamiento, al menos, se ahorraría parte de los impuestos, el reparto de beneficios y la mejora de inversiones vía subvenciones”.

Reclaman que se declare desierta o se desista de la adjudicación

A las pegas que cita la plataforma, se suma también la interposición en septiembre del año pasado de un nuevo recurso por parte de la primera empresa adjudicataria ya excluida de la licitación. “Si este recurso prosperase, el Ayuntamiento tendría que indemnizar a la empresa excluida y firmar con ella este contrato” y en caso de que ya se hubiese suscrito con otra, “tendría que resolverlo indemnizar también a esta segunda empresa y devolverle las inversiones realizadas no amortizadas que en al plazo del contrato ascienden a un total de 12 millones de euros”.

La plataforma pide al ayuntamiento que desista o declare desierta la que considera una “cuestionada licitación” no solo, explican, por “el nuevo error cometido al no realizar una correcta aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y la jurisprudencia de la Audiencia Nacional”, sino por las presuntas “graves irregularidades que afectan a la transparencia y validez del proceso de licitación”, la falta de justificación suficiente del plazo de 25 años de concesión o del “obligatorio estudio comparativo de modelos de gestión para el servicio” que marca la ley.

También lo reclaman apelando a los “posibles perjuicios económicos millonarios” que puede causar a los daimieleños el recurso interpuesto por la empresa excluida si este prosperase. En su opinión, esta es “la opción menos mala que como mucho implicaría asumir las posibles indemnizaciones a las empresas ofertantes”.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha estimado un recurso de alzada contra la autorización de una planta de biometanización en el término municipal de Sesma, promovida por la empresa Biometano Sesma S.L. Por medio de una Orden Foral, se anula la Autorización Ambiental Integrada (AII) concedida el pasado mes de octubre a esta instalación.

Al igual que en planta de biogás proyectada en Arróniz –cuya suspensión tuvo que pasar ayer miércoles por el trámite de un acuerdo elevado a Consejo de Gobierno por tratarse el recurrente de una entidad local-, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se pronuncia estimando parcialmente un recurso de alzada, basado en el mismo argumento de déficit de base territorial considerado en la planta de biometanización tramitada en el término municipal de Arróniz, aplicado también al caso de Sesma.

Concretamente, el Servicio de Economía Circular e Innovación de la Dirección General de Medio Ambiente, revisada toda la documentación presentada para acreditar la base territorial, ha confirmado que alguna de las autorizaciones presentadas por la empresa promotora no se ajustan a los requerimientos de la Orden Foral 234/2025, ya que la autorización para el vertido debe ser del titular de las parcelas y no, en su caso, de las personas arrendatarias. En este sentido, parte de estas autorizaciones no se ajustan a la realidad y, por tanto, deben ser excluidas. En definitiva, el proyecto de la planta carece de base territorial suficiente para la aplicación en campo de los digestatos que vayan a tratarse en la instalación, uno de los requisitos que exige la Autorización Ambiental Integrada.

En el caso de la autorización para la planta de biometanización de Sesma, se han interpuesto distintos recursos de alzada por parte de la Fundación Sustrai Erakuntza, la plataforma vecinal Stop Biometano, la agrupación local LOIU del municipio colindante de Lodosa y el colectivo ecologista Ecología y Libertad, además de un requerimiento previo planteado desde el Ayuntamiento de Lodosa.

Al anularse la resolución recurrida de la AAI, procede ahora declarar la terminación del procedimiento de requerimiento previo interpuesto y de los recursos de alzada, por desaparición sobrevenida del objeto de los mismos.

El Gobierno de Navarra ha aceptado el requerimiento previo interpuesto por el Ayuntamiento de Arróniz contra la concesión a la empresa AGR Biogás S.A. de la Autorización Ambiental Integrada y la Autorización en Suelo No Urbanizable, que permitían la instalación de una planta de biogás en el municipio navarro que iba a gestionar 140.000 toneladas de residuos al año. El argumento esgrimido es que el proyecto “carece de base territorial suficiente” para verter los residuos, al “no disponer de autorización expresa por parte de los titulares de las parcelas”. Por ello, el plan empresarial ha quedado paralizado, al menos cautelarmente, al igual que otros similares incluidos en la moratoria aprobada por el Parlamento foral.

Javier Remírez, vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, ha trasladado que “el procedimiento se retrotrae”, es decir, se repetirá y se volverán a “recabar las autorizaciones” para que se cumplan “todas las exigencias legales y técnicas”.

Hace una semana, desde las plataformas ecologistas como Sustrai Erakuntza, se presentó un recurso de alzada para evitar la apertura de la planta de biogás al considerar que el proceso presentaba un “cúmulo de irregularidades”, que se sumaba a los interpuestos por más de 4.252 personas y asociaciones, animadas por la plataforma Stop Biogás Arróniz. Según comunicaban desde la fundación, había “motivos” suficientes para demostrar que el proyecto era “perjudicial para el territorio”.

Tras conocer el anuncio, desde la plataforma ciudadana Stop Biogás Arróniz consideran la paralización “un paso”, aunque reivindican que el “avance no ha sido fruto de la voluntad política”, pues el consistorio y el Gobierno “no se han movido por iniciativa propia”, sino “de la presión social y la incomodidad generada por la ciudadanía”. “No vamos a permitir que nadie se atribuya méritos que no le corresponden”, afirman, y definen las informaciones oficiales de “lavado de cara”.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Arróniz ha celebrado la “anulación de la autorización y la paralización del proyecto”, alegando que desde el consistorio se “ha trabajado con rigor, responsabilidad y determinación en la defensa del interés general” a partir de las herramientas jurídicas y técnicas. Según figura en su requerimiento, el plan de los residuos (digestatos) presentado por la empresa promotora de la planta “no aporta autorización expresa de los titulares de estas parcelas”, incluyéndose los de “titularidad comunal de los municipios” de esta misma localidad y Luquin, otro pueblo cercano. Los digestatos son los residuos orgánicos resultantes del proceso de una planta de biogás, obtenidos tras transformar restos como estiércol, residuos agrícolas o desechos alimentarios en energía, y que pueden utilizarse como estiércol.

De esta manera, el Gobierno de Navarra considera que, debido a que “la inclusión” de las tierras “ahora controvertidas en el plan de producción y gestión de estiércoles” no ha contado con “el consentimiento del común de los vecinos” ni del propio ayuntamiento (gestora de la tierra comunal), es motivo suficiente para estimar la impugnación. Pues existe “un déficit de base territorial para el nitrógeno generado en la planta de biometanización”.

Una información que, según los opositores de la planta de biogás, ya era conocida por las instituciones. “La moratoria supone, en la práctica, una pausa temporal tras la cual los proyectos se reactivarán, adaptándose a una normativa que consideramos insuficiente y claramente favorable a los intereses empresariales”, afirman desde la plataforma ciudadana ecologista. Además de expresar “dudas e incertidumbre” sobre cómo se resolverá el “macroproyecto”.

Por otra parte, el Ejecutivo también ha estimado el requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro para que el proyecto de modificación de actividad de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Tudela para cambiar el procedimiento administrativo de las autorizaciones (se tramite mediante una Autorización Ambiental Unificada, en lugar de una Autorización Ambiental Integrada). Este cambio no supone la paralización del proyecto ni altera su diseño técnico o funcionamiento, sino que implica retomar el procedimiento administrativo inicial, manteniendo en la práctica las mismas exigencias ambientales y controles.

Primero se movilizaron los vecinos de Heliópolis, porque el Real Betis empezó antes la modernización del Benito Villamarín, pero ahora le toca el turno a las entidades de Nervión y con el mismo motor: el miedo a una remodelación del Ramón Sánchez Pizjuán que va a permitir que tenga actividad todos los días del año y la pérdida de espacios públicos que conllevará la operación. Desde el Ayuntamiento, el gobierno local del PP argumenta en cambio que se creará una “gran plaza revitalizada”, además de que aumentarán las plazas de aparcamiento y la propia seguridad del barrio.

El paso lo han dado las asociaciones vecinales Gran Plaza, Nervión Este y Ciudad Jardín, a las que se ha sumado la plataforma Barrios Hartos, que han reclamado la “suspensión del plan actual” al Consistorio, que ya ha acordado con el club el estudio de ordenación urbanístico. Curiosamente, la reclamación vecinal se ha conocido el mismo día que el Betis ha iniciado las obras de la primera fase de construcción, después de que en septiembre se aprobase en el pleno municipal (lo apoyaron PP, PSOE y Vox) pese a las dudas expresadas por el propio secretario municipal.

Los pasos son muy similares en uno y otro caso, ya que nacen de un punto en común: un cambio en el PGOU –validado en septiembre de 2024– para multiplicar los usos de las consideradas “instalaciones deportivas singulares” de la ciudad con más de 7.000 espectadores sentados: el Benito Villamarín, el Ramón Sánchez Pizjuán, la Cartuja y el pabellón de San Pablo. Son “proyectos de ciudad” que se convertirán en “iconos urbanos”, alega el gobierno municipal.

Los argumentos no convencieron en Heliópolis y tampoco lo están haciendo en Nervión, donde las entidades vecinales ven el proyecto como “una amenaza directa a la calidad de vida” del barrio, incluyendo la “pérdida irreversible de patrimonio público”. “Colapsa un entorno ya saturado”, a la vez que “impone un modelo de ciudad que prioriza el consumo frente al descanso y la convivencia”. La autorización municipal complementa la función deportiva con galerías comerciales, zonas de restauración y actividades paralelas todos los días del año.

“Colonizado por veladores”

Los vecinos desconfían especialmente de la anunciada “gran plaza pública peatonal y sombreada”, ya que “no existe ninguna garantía real” de que el espacio “no acabe colonizado por veladores”. “No queremos un centro comercial al aire libre, queremos barrio”, esgrimen los portavoces vecinales, que recuerdan que la zona cuenta ya con una oferta “saturada de ocio”.

Esta plaza se levantará sobre un suelo ahora municipal, 10.000 metros cuadrados en principio destinados a Servicios de Interés Público y Social. Esto obliga a una “privatización” del terreno que definen como “alarmante”, una recalificación urbanística que ven como una “burla” porque el Ayuntamiento permite al Sevilla quedarse con este solar a cambio de permutarlo por otra parcela junto a su ciudad deportiva, en la carretera de Utrera ya fuera de la ciudad.

Una “deslocalización de las zonas verdes” que deja a Nervión “desprotegido ante el aumento de las temperaturas y la contaminación”. “De poco le sirve a un abuelo de Eduardo Dato que el aire sea más puro en Montequinto mientras su calle se convierte en una isla de calor”, se critica, ya que esto supone “sepultar la oportunidad de transformar esos 10.000 metros cuadrados en un pulmón real para Sevilla” y en una zona en la que no abundan precisamente los espacios verdes.

“No estamos en contra del Sevilla FC, estamos en contra de un modelo que prioriza los ingresos económicos frente a la salud”, argumentan las organizaciones vecinales, que apuntan a que “muchos socios” sevillistas que viven en la zona se oponen también al proyecto por el impacto que va a tener en su barrio. De ahí su insistencia en la suspensión del plan urbanístico, para desarrollar a cambio “un modelo que integre armónicamente a la entidad con su entorno y que no anteponga la rentabilidad económica a la habitabilidad”.

Los argumentos del Ayuntamiento

¿Y qué es lo que responde a todo esto el Ayuntamiento, que es el que autoriza al club a esta reordenación urbanística para remodelar su estadio? Pues defiende que la creación de “una gran plaza revitalizada” en la fachada que da a la avenida Eduardo Dato. Esta zona, y otras de los alrededores, se beneficiarán asimismo del vuelo de la cubierta y de las pérgolas que se instalarán para generar “amplias zonas de sombra” para ayudar a combatir el efecto de isla de calor en el barrio.

Asimismo, se eliminará el estacionamiento de vehículos en superficie gracias a la construcción de aparcamientos subterráneos, “liberando el espacio para el disfrute de los vecinos”. Un parking, por cierto, en el que el club cederá al Consistorio una de las plantas “para ponerla a disposición de los vecinos”.

Y más que como un problema, el gobierno local cree que los usos comerciales, de ocio y restauración previstos en las fachadas del estadio lo que hará es “dar vida a la zona diariamente”, lo que se traducirá en una “mejora de la seguridad del entorno gracias a una mayor actividad e iluminación”. Eso sí, admite que se pierde la posibilidad de hacer un pulmón verde en el terreno ahora municipal, ya que se cede al Sevilla a cambio de la misma superficie de terreno (10.380 m²) en su ciudad deportiva, “cambiando su calificación de deportivo a zona verde que pasará a ser de titularidad municipal”.

Eso no es ningún consuelo para los vecinos, como tampoco el argumento de que el proyecto no aumenta los metros cuadrados totales de construcción permitidos por el actual PGOU, sino que simplemente “redistribuye el espacio para que el estadio sea más moderno y funcional”. Por eso insisten en instar al Ayuntamiento a que “revise y deje sin efecto el acuerdo por el que pueden desaparecer 10.000 metros cuadrados de zonas verdes” en un barrio que, insisten, no requiere de “más concentración de locales comerciales que van a ocasionar más molestias y ruido a los vecinos”. “Lo que necesitamos son más y mejores espacios de esparcimiento y de convivencia”, apostillan.

Ía comezar explicando que a dos 30 é a década na que saen á luz as grandes contradicións, pero ese titular serviría máis para captar a atención do público millennial que como reflexo da realidade. Falaría de min, dos meus amigos e das persoas que me rodean. Estaríao empregando unicamente para sinalar as miñas pequenas decepcións tendidas ao sol diante de todxs. En realidade, o que quero dicir é que a maioría dos problemas que se me ocorren para abrigar baixo o paraugas deficiente desas “grandes contradicións” teñen que ver, sobre todo, co desclasamento —ou coa total ausencia de conciencia de clase, ou, o que é peor, coa súa invisibilización— máis ca con ningunha fenda xeracional, mesmo se esta existe.

Estou falando de mercar un piso. De ter trinta anos (ou vinte, corenta, cincuenta…, tanto ten) e decidir mercar unha casa. Ou querer seriamente —con moitas ganas e notificacións activadas en portais inmobiliarios— converterse en propietario. Ou, mellor aínda, sexamos precisos: non estou falando de mercar un piso, un terreo, un teito, un anaco de chan a diferentes alturas, senón de ser xa propietario por nacemento. Porque os xa propietarios entran en Idealista coa tranquilidade coa que un corpo musculado abre Tinder ou Grindr.

Nestes últimos meses, fun descubrindo que a cuestión da clase propietaria é hoxe un tema máis íntimo ca nunca. Probablemente o foi sempre, pero revélase máis persoal agora porque a crise da vivenda a puxo no ollo do furacán. Lembrades esa sensación ao final do instituto, ou xa na universidade, ou no voso primeiro posto de traballo, ao descubrir de súpeto que vos separaba un mundo respecto dese compañeiro que ata entón parecía mais ou menos igual ca vós e agora xoga ao tenis ou ao golf? Ese que mercou un SUV porque quere fillos ou un coche ridiculamente caro con feitura deportiva. Poida que no voso caso sexa alguén que viaxa constantemente en momentos do ano nos que os demais traballan. Ou se cadra non, ao mellor non reúne ningunha das condicións anteriores, porque non ten por que haber nada de caricaturesco na clase propietaria, ao contrario, ás veces só a acompaña un deslizarse pola idade adulta con maior facilidade ca nós, cun impulso invisible case sempre cheo de cartos e, agora mesmo, tamén de casas.

A situación do alugueiro e os prezos da vivenda en todas as partes do país fan que se convertese nun factor determinante mercar a tempo. É dicir, que ante a imposibilidade de estar buscando terreos mentres cursabamos quinto de primaria, a cuestión xeracional xoga esta vez un rol importante. Daquela, ábrese a fenda? Si e non. Penso nos meus pais en 2004 e regresa a idea de que sempre houbo quen podía mercar e quen non mercou nunca. Pero non deixedes que a historia familiar me arrastre. Eu, igual ca Rimbaud, serei de raza inferior toda a eternidade.

De modo que se mercar a tempo non é unha opción, cal é a couza que roe por dentro as relacións millennial? Pois ben, trátase dun conflito galego secular: as herdanzas, o patrimonio xa adquirido, a vantaxe de non ter que preocuparse pola vivenda, senón pola súa reforma, polas súas características e as comodidades que ofrece. Esa preocupación privilexiada. Esa zona inmensa de confort que modifica a visión do mundo.

Vivimos unha época na que se fai difícil asumir que —malia aos impostos de patrimonio e sucesións— non todos somos iguais ante a incerteza. E xa non é necesario nin sequera ser rico ou aburguesado. Bastan 70 ou 80 metros cadrados no centro da cidade, un apartamento coas ventás vellas no que antes foron arrabaldes, unha ou dúas prazas de garaxe aquí e acolá, unha casa deshabitada na aldea. Todos eles propios antes de nacer. En propiedade.

Hérdase a tranquilidade. O traballo previo do apelido dun. E, por suposto, herdar está considerado case, case coma nacer: inevitable. Pero e se resulta que ese patrimonio familiar cae nas mans de alguén que se quere seguir considerando solidario, reivindicativo? Pódese ser rendeiro de maneira ética? Pódense, poño por exemplo, axitar chaves en alto nas manifestacións pola vivenda e saber que na familia existen un ou dous pisos baleiros e unha casa que esmorece? Pódese saír á rúa cunha pancarta e non pagar alugueiro e estar pensando en mercar un apartamento na praia? Queixarse dos prezos sen coñecer este ansiedade?

A dimensión moral arredor da crise da vivenda é algo que me pesa. Pésame a través de cada historia particular. Hérdase a conciencia se non se herdan as condicións? Deberían as vantaxes e desvantaxes duns e doutros crear culpas e rancores individuais? Non veño falar do que nos divide, senón facer visibles as contradicións dunha sociedade en crise, dun fallo do sistema que se filtra ao interior, poño por caso, dun grupo de amigos que evitan durante anos certos temas arredor da terraza dun bar, procurando non facerse dano porque se queren; dunha familia na que se abandonaron as comparacións cando os nenos deixaron de xogar e tiveron os seus primeiros traballos. Pregúntovos: que ética persoal soluciona isto? Que traumas crea a invisibilización destas diferenzas? Quen está pagando 800.000 euros por ter vistas aos catro carrís da rúa Romero Donallo? O sistema é perverso. Nós, un pouco, tamén.

“¡Basta de chapuzas en nuestro barrio!”. La Asociación Vecinal San José ha convocado para este sábado 11 de abril una mesa informativa para mostrar el hartazgo de este barrio logroñés y exigir soluciones porque “el barrio San José merece respeto”. Paco Herce es el secretario de la Asociación y asegura que el Gobierno de Conrado Escobar está al tanto de lo que está ocurriendo en el barrio. “Mantuvimos una primera reunión con los concejales Javier Martínez Mancho e Íñigo López Araquistáin en la que les mostramos las fotos de las chapuzas que han hecho en este barrio con motivo de las obras en las calles Beatos Mena y Navarrete”. De hecho, afirma que uno de los concejales les dio la razón y se escudó argumentando que “estaban teniendo problemas con el jefe de obra”. De ese encuentro con los responsables municipales salió una recomendación: elaborar un informe y enviarlo a Participación Ciudadana.

Y así lo hicieron, la asociación vecinal redactó el informe que enviaron, además de a Participación Ciudadana, a varios concejales de la corporación municipal: Leonor González Menorca (Participación Ciudadana); Íñigo López-Araquistáin (Urbanismo); Ángel Andrés ((Distrito Norte); y Jesús López (Medio Ambiente).

El documento está en manos de sus destinatarios desde finales de enero. Un informe que acompañan de fotografías y en el que recogen las irregularidades apreciadas por el vecindario. Así, critican que después de los trabajos realizados en esta zona haya “pendientes mal realizadas y bordillos nuevos con los viejos que son de diferente anchura”. Más chapuzas. “Se han mezclado baldosas viejas con nuevas y se han dejado pendientes exageradas en los vados que generan un escalón de dos centímetros incumpliendo así la Ley de Accesibilidad Universal y complicando el día a día de personas mayores y con movilidad reducida”.

Asimismo, y tras las obras acometidas, “las baldosas guía para las personas con discapacidad visual se han colocado mal porque las dirigen a un bordillo y en los días de lluvia se generan charcos de agua en los dos pasos de peatones que dificultan el tránsito peatonal”.

“Llevamos cuatro meses hablando y nadie hace nada”

Y ante estas “chapuzas” desde la asociación vecinal también plantean soluciones. En el mismo informe enumeran las medidas para solventar todas las irregularidades como “cambiar todos los bordillos y ponerlos nuevos tal y como recoge el proyecto; retirar las baldosas viejas por otras nuevas; rectificar las pendientes de los vados y dejarla alineada a la acera; solucionar los problemas de los charcos; modificar las baldosas guía para garantizar la seguridad de las personas con discapacidad visual y repintar los pasos de cebra”.

Las últimas noticias que de la Asociación es que la “última certificación de obras se ha paralizado”, cuenta Herce, aunque las soluciones siguen sin llegar. “Llevamos cuatro meses hablando de este tema, pero nadie hace nada, todo sigue igual, están dejando pasar el tiempo y nos sentimos maltratados”.

Están hartos de las “chapuzas” y piden respeto más aún cuando se comparan con otras zonas de Logroño. “Se quejan de las obras de las Cien Tiendas mientras que aquí permiten todo esto”. Y es que se sienten discriminados porque además su barrio ha sido el elegido por el Consistorio logroñés para convertirlo en una zona de bajas emisiones. “Eligen este barrio porque es la zona de Logroño en la que menos votos van a perder en las próximas elecciones municipales, es el único motivo”. Y a pesar de las críticas y denuncias públicas de las asociaciones vecinales de Madre de Dios y San Jose, entidades ecologistas, particulares y los socialistas de Logroño, el Ayuntamiento lo tiene claro: “Madre de Dios es la zona más apropiada” para instalar la zona de bajas emisiones en Logroño.

Con la acción de este sábado volverán a pedir respeto para el barrio. “Voy a defender los intereses de mi barrio gobierne quien gobierne”, advierte Herce.

Rioja2 se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Logroño para conocer su posición al respecto y saber si hay intención de acometer alguna mejora en esta zona de la ciudad, pero hasta el momento nadie ha respondido.

El concurso de fotoperiodismo World Press Photo ha distinguido a tres fotógrafos españoles entre los 42 ganadores regionales y uno de ellos es el profesional originario de Ciudad Real Luis Tato, a los que se suman Brais Lorenzo y Diego Ibarra Sánchez.

Luis Tato ha sido el ganador en la categoría de Reportaje gráfico de la región de África, con 'Las protestas de la generación Z en Madagascar', sobre las protestas estudiantiles motivadas por la deficiencia de los servicios públicos, la corrupción y las dificultades económicas.

World Press Photo ha anunciado los 42 ganadores regionales de las seis regiones del mundo en sus tres categorías actuales --Fotografías Individuales, Reportajes gráficos y Proyectos a largo plazo--, y el próximo 23 de abril se dará a conocer el World Press Photo del Año, elegido entre los ganadores regionales.

“Ser fotoperiodista o periodista hoy es mucho más peligroso que hace diez o veinte años”, advierte en una entrevista con EFE. Nacido en Daimiel, vive en Nairobi, desde donde ha cubierto durante los últimos años África oriental, y ejerce actualmente como jefe de fotografía en la región para la agencia de noticias francesa Agence France Presse (AFP).

Siempre en movimiento, el fotógrafo atiende a EFE por teléfono desde la pequeña nación de Yibuti, a donde se ha desplazado para cubrir las elecciones presidenciales previstas este viernes.

Hay “un movimiento global que está convirtiendo a los periodistas en el enemigo para muchos gobiernos, instituciones y gente con poder y es un discurso que está penetrando en la población normal, que empieza a desconfiar” de los informadores, advierte Tato.

Hay un movimiento global que está convirtiendo a los periodistas en el enemigo para muchos gobiernos, instituciones y gente con poder y es un discurso que está penetrando en la población normal, que empieza a desconfiar

Esto hace que el mundo se esté convirtiendo “en un lugar muy hostil” para cualquier persona que ejerce el periodismo a día de hoy, lamenta, mientras “las redes sociales y la inteligencia artificial están difuminando mucho” la labor periodística.

Pese a este complicado contexto, Tato se siente “agradecido” por haber sido “observador” incansable en los últimos años de momentos cruciales para los africanos, como las protestas en Madagascar, por cuya cobertura ha sido galardonado por tercera vez en el certamen más prestigioso del fotoperiodismo mundial.

Testigo de la transformación en África

“Cuando llegué, vi un país literalmente en transformación. Lo sentía en las calles, percibía que algo estaba ocurriendo, algo se estaba cocinando. Más allá de las protestas, había un espíritu de cambio generalizado”, relata sobre su trabajo en este país insular africano situado en el océano Índico.

Todo empezó el pasado mes de septiembre, cuando jóvenes de la generación Z se lanzaron a las calles para exigir acceso al agua y a la electricidad, así como la reducción de la inflación, en unas manifestaciones cuya represión por las fuerzas de seguridad dejó al menos 22 muertos, según las Naciones Unidas.

Las masivas movilizaciones evolucionaron rápidamente hacia un movimiento antigubernamental que reclamaba la dimisión del entonces presidente malgache, Andry Rajoelina, acusado de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos.

Rajoelina se resistía a abandonar el poder pese a la presión popular, pero todo cambió cuando los manifestantes recibieron el apoyo de la poderosa unidad de élite militar Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), que acabó derrocando al mandatario el 14 de octubre.

“Al margen de la brutal respuesta de la Policía y la Gendarmería, fue un proceso bonito, porque la gente estaba expectante”, recuerda Tato, si bien el resultado final, con el establecimiento de un Gobierno militar, dejó un sabor “agridulce” entre la población.

En largas jornadas de barricadas, gases lacrimógenos y balas de goma los jóvenes malgaches tomaron como símbolo la bandera pirata de la popular serie manga 'One Piece', vista también en movilizaciones en Indonesia, Nepal, Perú, Filipinas o Francia.

En el caso de la isla africana, sin embargo, los manifestantes cambiaron el habitual sombrero de paja de la calavera sonriente de la bandera por un satro-bory (sombrero tradicional malgache), tal como captan las imágenes premiadas.

“Me gustaría que las fotos sirviesen para que la gente abra su mundo. Yo siempre pienso en el fotoperiodismo como una ventana a realidades que pueden parecer lejanas o ajenas, pero que al final también hablan de nosotros, de quiénes somos o de realidades que vivimos en nuestros propios países”, afirma Tato.

Me gustaría que las fotos sirviesen para que la gente abra su mundo. Yo siempre pienso en el fotoperiodismo como una ventana a realidades que pueden parecer lejanas o ajenas, pero que al final también hablan de nosotros

A pesar de los numerosos premios acumulados, el fotógrafo confiesa que sigue “sorprendiéndose” porque su trabajo sea reconocido una vez más por este galardón que lo transporta de nuevo “a la ilusión del chaval que empezó a hacer fotos y soñaba con ser fotoperiodista”.

El World Press Photo, que recibió en esta convocatoria más de 57.000 fotografías de 141 países, distingue a 42 proyectos que configuran, según el jurado, “un retrato urgente del mundo actual”.

El World Press Photo 2026 ha contado con la participación de 3.747 fotógrafos de 141 países y 57.376 fotografías, y de los 42 ganadores regionales, 31 son locales de la región donde captaron sus relatos.

Los trabajadores ganadores de esta edición se centran en desafíos del mundo actual como la política, las cuestiones de género, la migración, los conflictos globales y la crisis climática.

La exposición World Press Photo 2026, organizada por la Fundación Phgotographic Social Vision, volverá a tener el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) como una de sus sedes, del 6 de noviembre al 13 de diciembre, una muestra que el año pasado batió su récord de público con más de 67.500 espectadores.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha trasladado este miércoles a los vecinos de Santa María del Robledo su compromiso de no tramitar el estudio de detalle presentado por una promotora privada para la construcción de un edificio de ocho plantas en una parcela de titularidad privada. Los residentes en la zona habían iniciado movilizaciones en protesta por la cercanía entre inmuebles, la pérdida de luz, zonas verdes y aparcamiento en un barrio “ya saturado y sin servicios primarios”.

El regidor, asimismo, ha reafirmado su intención de “impedir” la edificación del proyecto previamente “autorizado por el anterior gobierno socialista”, que contemplaba un inmueble de cinco plantas y 6.000 metros cuadrados construidos. El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha indicado por su parte que la situación actual “no responde a un problema generado durante los anteriores gobiernos socialistas, sino a decisiones adoptadas en el actual mandato”.

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, Sanz ha trasladado además que el Consistorio “está trabajando” para adquirir estos terrenos, con el objetivo de “destinarlos a espacio libre y aparcamiento para los vecinos”. De este modo, “se garantizará que en el futuro esta parcela quede definitivamente protegida frente a cualquier intento de desarrollo urbanístico privado”.

“Bomba urbanística”

“Con esta actuación, se desactiva otra bomba urbanística derivada de la gestión anterior, que durante ocho años el PSOE no fue capaz de dar respuesta a este problema”, ha señalado. Sanz ha defendido el diálogo con los vecinos y la negociación con el promotor privado para evitar la construcción de este “mamotreto”.

El Ayuntamiento ha indicado que esta parcela tiene su origen en un acuerdo urbanístico alcanzado en 2003 entre el por entonces gobierno del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y el propietario del suelo, posteriormente incorporado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, que permite la construcción de hasta 6.000 metros cuadrados en un edificio de cinco plantas.

El alcalde ha remarcado que, “gracias a la gestión actual, pasará finalmente a manos del Ayuntamiento tras más de 30 años, para ponerse al servicio de los vecinos y responder al uso público que siempre debió tener”.

Decisión del gobierno del PP

Antonio Muñoz ha puntualizado en cambio que “durante los gobiernos socialistas no existía ninguna amenaza real de construcción sobre esta parcela ni ningún proyecto en tramitación. Es ahora cuando se reactiva esta posibilidad, y lo hace como consecuencia de decisiones del actual gobierno”, ha afirmado.

En este sentido, Muñoz ha explicado que la aplicación del decreto andaluz 1/2025 “ha permitido abrir la puerta” a la conversión de suelos dotacionales en residenciales, “facilitando desarrollos urbanísticos que antes no estaban sobre la mesa”. Asimismo, ha recordado que “fue el propio gobierno de Sanz el que aprobó el cambio de uso de este suelo a residencial mediante un acuerdo de pleno en julio de 2025, y que posteriormente la junta de gobierno, en febrero de este año, dio un paso más permitiendo subir de cinco a ocho plantas”.

“Por tanto, no estamos ante un problema heredado, sino ante una situación que se activa y se agrava con decisiones concretas del actual gobierno municipal”, ha insistido. Muñoz ha subrayado además que ha sido la movilización vecinal “la que ha situado este asunto en el centro del debate público y ha obligado al Gobierno municipal a rectificar”.

Fruto de la presión vecinal

“Cuando el PP habla de 'bombas urbanísticas', lo que debería explicar es por qué es ahora, bajo su mandato, cuando aparece este proyecto y se genera la preocupación en el barrio”, ha añadido.

El portavoz socialista ha mostrado la disposición del PSOE a respaldar “cualquier solución que garantice el uso público de estos suelos, siempre que se concrete con transparencia, garantías jurídicas y plazos definidos”.

“El PSOE siempre estará del lado de los vecinos y vecinas. Y en este caso, una vez más, se demuestra que el PP en Sevilla sólo acierta cuando rectifica”. “Celebramos que, por fin, el alcalde escuche a los vecinos y actúe en consecuencia, aunque haya tenido que ser tras la presión de los vecinos y las vecinas, que siempre han contado con el apoyo del PSOE. Ésta es exactamente la medida que veníamos reclamando desde el primer momento: que no se tramitara el Estudio de detalle y que se paralizara el proyecto”, ha concluido Muñoz.

Los vecinos del Casco Antiguo de Sevilla han recibido un nuevo revés en su camino por convertir el solar de la calle Arrayán en el epicentro de su reivindicado pulmón verde para el barrio. El distrito ha advertido al colectivo vecinal que “no se autoriza la entrada de menores al recinto” sin supervisión de un AMPA, según consta en el correo electrónico al que ha tenido acceso este periódico. A la notificación, remitida el pasado 25 de marzo, le ha seguido la retirada del cartel que hasta el pasado viernes invitaba a los niños del barrio a jugar durante los días en que el espacio permanece abierto para las tejedoras.

Desde la asociación Pulmón Verde interpretan este movimiento como un intento de “ir recortando” el uso que los vecinos vienen haciendo de este espacio, mientras su futuro continúa en el aire desde que el Ayuntamiento lo sacara a la venta en diciembre de 2024. En ese contexto, la decisión ha reavivado el malestar de un barrio que lleva años reclamando la creación de una zona verde en el corazón de la ciudad. “Se empeñan en limitar el uso que podemos hacer de él”, denuncia Sandra Camps, presidenta del colectivo Pulmón Verde.

A ojos de los residentes, la negativa contraviene el compromiso adoptado por todos los grupos políticos en junio de 2022, cuando el pleno municipal aprobó por unanimidad iniciar el trámite para modificar la calificación del solar en el PGOU a uso dotacional, con el objetivo de destinarlo a parque o área de esparcimiento público. Aquel acuerdo incluía además “su puesta en uso y disfrute por las vecinas y los vecinos del barrio” mientras se tramitaba el cambio urbanístico.

Desde entonces, el colectivo vecinal continuó dando pasos hacia su objetivo, promoviendo acciones y actividades en la parcela. tejiendo cada jueves por el barrio y solicitando reuniones con los dirigentes políticos. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sevilla para recabar su versión, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

Otra propuesta rechazada

La restricción al acceso de menores no es el único punto de fricción reciente. Días antes de retirar el cartel, el distrito rechazó la propuesta vecinal para organizar en el solar el denominado 'II Encuentro de Primavera', una iniciativa dirigida a niños y adolescentes del barrio con actividades lúdicas y educativas. En su respuesta, la administración alegó que dicho solar “no es un espacio para organizar encuentros de ninguna índole” y que su uso está destinado principalmente a centros educativos que lo soliciten.

La propuesta vecinal contemplaba realizar juegos populares, talleres de manualidades y un taller de ecología urbana impartido por el profesor universitario Jesús Castillo, en aras de “fomentar la convivencia, la responsabilidad, la creatividad y el juego”, así como “fortalecer los lazos entre los distintos colegios, institutos y familias de la zona”, según exponía la solicitud remitida al distrito el pasado 10 de marzo.

Seis días después, la coordinadora de actividades del distrito Casco Antiguo comunicó su rechazo. “El uso de dicho solar está destinado a los colegios que lo soliciten, principalmente aquellos que tienen falta de espacio en su centro escolar para esparcimiento y actividades deportivas de los niños a excepción de las tejedoras que lo solicitan, como su nombre indica, para tejer al aire libre y no para ningún otro fin”, señalaba la respuesta municipal. El correo municipal terminaba apuntando que “los colegios tienen sus propias fiestas para celebrar los eventos que crean oportunos”.

Para los vecinos, el rechazo de esta actividad refuerza la sensación de que el Gobierno de José Luis Sanz está limitando progresivamente cualquier uso comunitario del solar. Cuando la Guerencia de Urbanismo aprobó incluir la parcela del conocido como pulmón verde en el último plan de enajenaciones del suelo municipal, el alcalde insistió en que la parcela “se venderá condicionada a lo que quieran los vecinos hacer en ese espacio”. Sin embargo, Sandra Camps recuerda que lleva dos años insistiendo en reunirse con el regidor y no ha recibido respuestas.

Se reactiva la lucha en el Pulmón Verde

El intercambio de correos con el distrito ha intensificado el malestar en el barrio. Especialmente el último, donde la administración advierte de que el cartel que anunciaba juegos infantiles “no debería estar según las normas de uso” y recuerda que los jueves están reservados exclusivamente a la actividad de tejer, por lo que “no se puede realizar ninguna otra actividad distinta a la autorizada”.

Esa comunicación ha activado el descontento de un barrio que lleva más de cinco años esperando un parque. Pese a este nuevo revés, el colectivo vecinal asegura que van a seguir luchando hasta que el casco antiguo de Sevilla consiga su “merecido y prometido pulmón verde”. Para ello, anuncian a elDiario.es que van a emprender una nueva campaña de movilizaciones a la vuelta de Semana Santa bajo el lema: “El pulmón verde no se vende”.

El pleno del ayuntamiento de Madridejos ha aprobado este martes por unanimidad de los tres grupos municipales una moción reclamando la construcción del tramo ferroviario Mora-Orgaz - Madridejos-Consuegra - Alcázar de San Juan dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén.

Ha sido la última iniciativa que está planteando la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de la Mancha (PFCM) para reivindicar el denominado 'tren de la Mancha'. “En todas las instituciones locales y provinciales de Castilla-La Mancha la moción se está aprobando por unanimidad. En las jienenses, lo está haciendo por mayoría”, asegura su portavoz José Damián García-Moreno.

El lunes hizo lo mismo el Ayuntamiento de Manzanares y la pasada semana se pronunciaron los ayuntamientos de Jaén, Viso del Marqués, Santa Cruz de Mudela y Villafranca de los Caballeros.

Es la mejor propuesta para unir Jaén y Madrid de forma más rápida, más sostenible, más eficaz, más económica y más vertebradora

José Damián García-Moreno — Portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha (PFCM)

“Son ya 12 instituciones las que en el presente curso político 2025 - 2026 reclaman mediante mociones o resoluciones esta iniciativa”, explica García-Moreno, quien subraya que la Consejería de Fomento del Gobierno de Emiliano García-Page también apoya la parada del tren entre Madridejos y Consuegra y, con ello, el tramo Mora-Alcázar de San Juan.

“Vamos a seguir buscando y generando consensos por el beneficio de Jaén, Castilla-La Mancha y del conjunto de España”, asegura el portavoz de la plataforma quien subraya que ahora “la pelota ya está en el tejado del Ministerio de Transportes”.

En este sentido apelan al PSOE, y en concreto a los socialistas de Jaén, a trabajar en una “propuesta común” que no es otra, recuerda, que la “propuesta histórica” del propio ministerio y que consideran “la mejor para unir Jaén y Madrid de forma más rápida, más sostenible, más eficaz, más económica y más vertebradora”.

Manzanares recuerda que el proyecto histórico se remonta a 2001

Un día antes había sido el Ayuntamiento de Manzanares, en Ciudad Real, el que aprobase en Pleno por unanimidad un decálogo de medidas en defensa de este proyecto y de un ferrocarril sostenible que vertebre Castilla-La Mancha.

Fue a través de una moción “urgente” presentada de manera conjunta por los grupos socialista y popular en apoyo a un ferrocarril sostenible que vertebre Castilla-La Mancha y en defensa del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén. “Se ha hecho de manera conjunta para tratar de conseguir un acuerdo unánime que defienda los intereses de nuestra ciudad en este asunto”, justificó Pablo Camacho, portavoz del equipo de Gobierno.

Desde el PP, Rebeca Sánchez-Maroto mostró su “satisfacción” porque ambos grupos “hayamos sido capaces de dialogar, entendernos y unir nuestras propuestas” en una moción conjunta. La edil popular destacó que este acuerdo es una “muy buena noticia para nuestra ciudad”, ya que este proyecto “es clave” para el desarrollo de nuestro territorio y tiene una “gran importancia estratégica” para Manzanares. Por su parte, el concejal no adscrito también mostró su apoyo a la moción. “Suena bien”, fueron las palabras utilizadas por un José María Molina que también aprovechó para poner en duda “si el Gobierno de España tiene, en estos momentos, la capacidad económica para llevar a cabo una actuación que a Manzanares le favorecería”.

En Manzanares se recordaba esta semana que, si bien es cierto que los orígenes del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén se remontan a 2001 y ha contado con el apoyo de todos los Gobiernos de España desde entonces, “se ha ido ralentizando y no ha avanzado al ritmo que nos hubiera gustado”, explicó el portavoz socialista.

El año pasado, ante la aparición en los medios de comunicación de informaciones que apuntaban al estudio de un posible “baipás” en Montoro (Córdoba), Julián Nieva junto a otros alcaldes de la zona se reunieron con Óscar Puente para mostrar su preocupación por si esta modificación podría afectar al proyecto original.

El ministro garantizó entonces que el baipás no afectaría al desarrollo de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén, según recuerdan en la localidad manzanareña. “Confiamos en sus palabras, pero creemos que es necesario que este proyecto se acelere de una vez por todas porque es esencial para el futuro de nuestra provincia y región”, subrayó el portavoz socialista. “Estamos ante una infraestructura clave para Manzanares desde todos los puntos de vista, que tendría efectos muy positivos para el desarrollo económico, demográfico y social de nuestra ciudad”.

Un ambicioso decálogo de medidas

El decálogo de medidas que propone Manzanares incluye el apoyo del ayuntamiento al ferrocarril “como medio de transporte público, eficiente y sostenible que contribuye al equilibrio social y territorial de Castilla-La Mancha”. También reivindica una vez más “el impulso y mantenimiento” del proyecto de línea de alta velocidad Madrid-Jaén, “garantizando su ejecución y su puesta en marcha”.

Se insta al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “a que mantenga e impulse definitivamente la ejecución íntegra y definitiva” de la infraestructura ferroviaria de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén para la explotación modal (transporte de mercancías y viajeros) del Eje Atlántico en velocidad alta, como “proyecto estratégico para la mejora de la conectividad y el desarrollo económico de nuestra ciudad y de las comarcas de la provincia de Ciudad Real y Jaén”.

Asimismo, se solicita “una dotación presupuestaria suficiente e inmediata” para la finalización de las obras de adecuación del tramo Alcázar de San Juan-Manzanares, concluyendo los pasos superiores ya construidos, finalizando la variante de la curva de Herrera de la Mancha, así como la instalación de los sistemas de seguridad y circulación compatibles con velocidades superiores a 200 km/hora y su continuación hasta Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela y Almuradiel.

Al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se le insta a compatibilizar, mientras se avanza en la ejecución del proyecto de línea de alta velocidad Madrid-Jaén, y a seguir manteniendo y mejorando la línea convencional Manzanares-Madrid, “mejorando los tiempos de viaje y garantizado las frecuencias”.

El Ayuntamiento solicita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a Adif y a Renfe que sigan impulsando el estudio de viabilidad de la cuadruplicación de vías entre Seseña y Madrid, estudio fruto de la reunión mantenida entre Julián Nieva y el ministro Óscar Puente en abril de 2025, ya que el desarrollo de este proyecto “vendría a mejorar la operativa ferroviaria entre el centro y sur peninsular, así como segregar los tráficos entre Aranjuez y San Cristóbal Industrial para solucionar la congestión que se produce en la vía de la red de Media Distancia y Cercanías”.

En séptimo lugar, manifiesta el rechazo a cualquier actuación ferroviaria, “entre ellas el 'baipás de Montoro', que suponga la pérdida, el recorte o el empeoramiento de los servicios ferroviarios que actualmente prestan servicio a Manzanares y su comarca”.

También se apoya de forma expresa y pública la ejecución del tramo Mora-Alcázar, dentro del proyecto de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Jaén, “por su carácter vertebrador y por los beneficios directos que aportaría a Manzanares, entre ellos la notable reducción de los tiempos de viaje a Madrid y la posibilidad de conectar con la ciudad de Toledo, capital de Castilla-La Mancha”.

A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se le insta para que, a su vez, inste al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “reivindicando el cumplimiento de lo ya acordado por el Gobierno de España, oponiéndose frontalmente al cambio de trazado, considerando el perjuicio que ocasiona a nuestra provincia y muy especialmente a las localidades y comarcas afectadas de Alcázar de San Juan, Manzanares y Valdepeñas”. Por último, se da traslado de este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Presidencia de la Junta.

La Alianza contra el Odio, plataforma de reciente creación, ha reunido a medio millar de albaceteños en la plaza del Altozano para mostrar su rechazo a la “cruel, injusta, innecesaria e improcedente” guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Irán.

El representante de Albacete con Palestina, José María López Ariza, ha atendido a los medios al inicio de la concentración para lamentar la “tímida” reacción de Europa ante este conflicto, y apelar al pueblo a “salir a la calle a expresar el rechazo” a una guerra que “no es ajena” a nadie.

“Hay que salir a la calle con contundencia y presionar a toda la comunidad internacional contra estos dos estados genocidas”, ha defendido López, quien ha reparado en la afectación que sufrirá Europa, no solo la económica, sino también de “seguridad y valores”.

La Alianza contra el Odio, tal y como ha explicado Marta Escribano, es un grupo de organizaciones y ciudadanía “a nivel particular que quiere hacer pedagogía y concienciación a toda la ciudadanía en Albacete”.

Sobre esta “concentración pacífica”, espera que sea “constructiva” para que todo el mundo “haga una introspección de conciencia”.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Escribano ha explicado que “frente a la guerra, defendemos la paz, la diplomacia y el respeto entre pueblos. Frente al odio, más democracia, más igualdad y más convivencia. La ciudadanía demostró su gran calidad humana: alzar la voz contra el odio es responsabilidad de todas y todos”.

En la Alianza contra el Odio están integradas 16 organizaciones, entre las cuales destacan CCOO, PSOE, Podemos, IU, PCE, la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Albacete, Juventudes Socialistas de Albacete, Albacete con Palestina, Movimiento SUMAR y ciudadanos a título particular. 

El barrio de El Cerezo, ubicado en el Distrito Macarena de Sevilla, ha amanecido este miércoles con pintadas en rechazo al nuevo Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local, más conocido como GAR. “Mejor gorrillas que boinas rojas”, “Más vecinos solidarios y menos policías” o “Mejor gorrillas que racistas” son algunos de los mensajes que pueden leerse en estos emplazamientos, entre los que también se encuentran algunos pasos de cebra.

Así lo ha manifestado el sindicato de la Policía Local de Sevilla a través de su cuenta oficial en X, al tiempo que ha asegurado que, a su juicio, el acto no se corresponde con una exaltación de la “libertad de expresión”, sino con un “blanqueamiento de la delincuencia”. “Todo esto ocurre en un barrio en el que el déficit de policías es brutal y la dejadez institucional es evidente”, han asegurado.

Entre las vías afectadas se encuentran la calle León XIII, Granate y Diamante, entre otras, todas ellas en el referido barrio. No obstante, tal y como ha podido conocer esta agencia, en la mediodía de la presente jornada se están llevando a cabo labores de limpieza por parte del servicio municipal.

36 agentes

Las pintadas suceden en el marco de una jornada marcada por la convocatoria de una manifestación por parte de la asociación vecinal 'SOS Barrio El Cerezo de Sevilla', con salida en la avenida Sánchez Pizjuán y término en el Parlamento andaluz. En un comunicado a través de las redes sociales, han trasladado que es una marcha “pacífica, reivindicativa, constructiva, respetuosa y buscando soluciones”. Por ello, han añadido que “no hay cabida al rédito partidista, ni para los grupos violentos extremistas”, sino que se trata de un movimiento vecinal de afectados “por la inseguridad, la insalubridad y la dejadez institucional de un barrio obrero”.

Cabe recordar que el pasado 17 de marzo, el Ayuntamiento presentaba este nuevo grupo antidisturbios, un conjunto “de élite” que cuenta con 36 agentes, entre los que se encuentran 30 policías, cuatro oficiales, un subinspector y un Intendente Principal. Así, nace con el objetivo de llevar a cabo un servicio “versátil y especializado” y responder a una “demanda histórica”, así como “servicios especializados”, para lo que contarán con una dotación diferente a la del resto de la plantilla, por ejemplo, a través del uso de escudos o casos.

El detonante técnico, según denuncian más de 50 entidades sociales de Sevilla y reflejan los presupuestos de 2025, ha sido el recorte de plazas en los albergues municipales. Esta decisión ha provocado un aumento crítico de personas pernoctando en las aceras de El Cerezo y Doctor Fedriani. Para muchos vecinos, la acción ciudadana es la única salida ante lo que consideran un vacío de poder.

Familiares de las víctimas mortales y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas --28 de ellas de Huelva-- junto a ciudadanos de diferentes municipios, se han manifestado este viernes, pese a la lluvia caída, por las calles de Huelva en memoria de los fallecidos y para exigir “justicia” y para que “se conozca toda la verdad”.

Convocada por la recién creada Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, la manifestación bajo el lema Memoria, verdad y justicia se iniciaba, a las 18 horas, en la estación de tren de Huelva, un lugar “cargado de simbolismo”, y ha recorrido varias calles de la ciudad bajo la lluvia, que hizo acto de aparición ya bien avanzada la misma. La protesta ha llegado hasta la plaza de las Monjas, en la que el presidente de la entidad, Mario Samper, ha leído un manifiesto.

El propio Samper ha señalado, en declaraciones a los medios antes de iniciar la marcha, que se trata de un día “un poco duro” porque aún se encuentran “mal anímicamente”, toda vez que ha comenzado la manifestación en “un lugar muy simbólico” que les hace recordar “aquella fatídica noche”.

Homenaje y reivindicación

De este modo, ha explicado que la manifestación ha constado de dos partes. Por un lado, el “homenaje a las víctimas, a los fallecidos”, y, por otro lado, “la reivindicación, como se está haciendo desde el minuto uno, que se sepa la verdad, que haya una investigación exhaustiva e imparcial, sin contaminaciones importantes” y “el juzgado determinará qué es lo que ha ocurrido realmente”, toda vez que ha pedido que “se asuman las responsabilidades políticas y empresariales”.

Asimismo, ha señalado que las administraciones “han tardado dos meses” y que “parece que ahora están empezando a arrancar”. “El grueso de las acciones que necesitábamos las víctimas ya las hemos suplido entre nosotros mismos, con nuestra experiencia y con nuestro trabajo. Esperábamos que las administraciones llegaran un poco antes, concretamente, dos meses antes. Pero no ha sido hasta hace una semana cuando desde el Ministerio de Transporte se han puesto en contacto con nosotros”, ha manifestado.

Al respecto, también ha señalado que han tenido conocimiento que desde el accidente de Angrois existe una oficina de atención a víctimas en sucesos de este tipo pero “hasta el momento todavía lo estamos esperando”. “No sabemos exactamente qué es lo que está haciendo. Como digo, al final el trabajo lo estamos haciendo nosotros mismos”, ha señalado.

El “problema” de los trenes en España

Asimismo, unas de las supervivientes, María José, ha señalado que “la recuperación está siendo lenta”, y que aunque no ha podido hacer el recorrido, ya que aún va con muletas, quería estar presente al inicio para reivindicar “el problema que tienen los trenes en España” y también para pedir “justicia por lo que hemos sobrevivido” y “en memoria de las personas que ya no estaban con nosotros”.

“Yo me rompí la tibia y el peroné. Me sometieron a una operación de seis horas y media, pues tenía los huesos astillados. Ahora mismo ya estoy andando con muletas”, ha explicado la superviviente, que ha señalado que “nunca” se le va a olvidar ese día“.

En este sentido, la víctimas no han estado solas, ya que les han acompañado numerosos ciudadanos de diferentes municipios, además de entidades sociales y plataformas, que han querido arropar a los afectados del accidente, del que recientemente se han cumplido dos meses.

De hecho, algunos municipios de la provincia como Punta Umbría o Lepe han habilitados autobuses para que las personas que lo quisiesen pudieran acudir a la manifestación.

Además, la asociación había expresado que la manifestación fuera apolítica y que no hubiera presencia de políticos como tal. Además, ha señalado que no va a ser la única acción que van a emprender, ya que están ultimando más actividades con el objetivo de que “no se olvide lo que pasó”.

La plataforma 'No a la guerra' de Toledo ha organizado la 'Manifestación por la paz', que arrancará este domingo, 22 de marzo, a las 12.00 horas desde la Plaza de Zocodover, y que terminará en la plaza del Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto consensuado por todas las organizaciones.

'No a la Guerra' esta integrada por la Unión Popular de estudiantes; Mujeres de negro contra la Guerra; Marcha por Palestina; la Plataforma 8M Toledo; Izquierda Unida; el Partido Socialista; el Movimiento Sumar; Comisiones Obreras; la Asociación Vecinal La Cava; la Asociación Avalto; el Partido Comunista de España; la Asociación Patrice Lumumba; la Asociación de Vecinos Progresistas 'Amigos del Polígono'; la Federación de Asociaciónes de Vecinales, así como la Unión Popular de Inquilinos.

En rueda de prensa, la responsable de la plataforma, Maite García, ha hecho un llamamiento “a todas las asociaciones y organizaciones de Toledo a que se unan a la plataforma”, y a que participen en la manifestación convocada para este domingo, en la que se leerá un manifiesto y habrá un micro abierto para actuaciones culturales en la Plaza del Ayuntamiento.

De igual modo, ha invitado “a toda la ciudadanía” a que participe en la marcha, “para decir alto y claro que no a la guerra”. Se trata de la primera acción que se realiza desde la plataforma, que piensa seguir trabajando “en otras acciones” posteriormente.

Preguntada por los medios, sobre el plan de medida que el Gobierno de España dará a conocer este viernes, García ha indicado que se mantienen a la espera de conocerlas. “Tendremos en cuenta esas medidas y cómo va la situación y a partir de ahí, como plataforma, trabajaremos con ellas por si hay que pedir más”, ha concretado.

Se apuesta por una manifestación “coordinada a nivel regional”

En cuanto a la estructura de la plataforma, el coordinador de IU y Partido Comunista de España, Jorge Vega, ha aseverado que aunque pertenecen “a diferentes organizaciones”, “lo importante” es decir que todas las están “juntas por un tema en común”, señalando que esperan poder realizar también una manifestación “coordinada a nivel regional”.

Ha concluido explicando que la importancia de esta actividad es “confluir en un tema tan importante como es en el no a la guerra”, repitiendo, así, aquel momento del 2003. Espera esta vez “vaya a ser mucho más importante” y se vayan a conseguir “mejores resultados” que en aquella ocasión, penalizando, de esta forma a “todos los movimientos agresivos que hay en este momento”.

De su lado, el responsable de la Asociación Patrice Lumumba, Braulio Freire, ha subrayado que la situación “llega a límites impensables, sobre todo por la impunidad con que se está manejando a instancia internacional”. De ahí que se haya mostrado confiado en “una reacción de organismos internacionales y sobre todo de la opinión pública mundial”, e intentando, además, hacer de esta plataforma “lo más plural posible”, con el objetivo de reivindicar todas la causas.

No todos los trabajadores que así lo deseaban han podido salir este martes, 17 de marzo, a las calles vascas durante la huelga general para protestar por un salario mínimo propio de 1.500 euros, superior al vigente en España de 1.221 euros. Como por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar internas. Sin embargo, a modo de protesta, muchas de ellas han colgado pañuelos naranjas que representan a su sector en las ventanas de los hogares en los que trabajan, así como fregonas y escobas en los balcones.

“Están con nosotras aunque no estén en las calles. Muchas tienen miedo, están en situación irregular o no se lo pueden permitir. Son la mayoría. Pero las que aquí estamos gritamos por todas, porque en nuestro sector es donde más se vulneran los derechos. No contamos con convenio y nos han negado el derecho a ese convenio. Nos discriminan por el hecho de ser migrantes, nos racializan y somos maltratadas en los domicilios en los que trabajamos. Inspección de Trabajo no hace nada para vigilar cómo son nuestras condiciones dentro de las casas. A muchas compañeras no les pagan los salarios porque están en situación irregular. Se nos pagan lo que quieren, sin pagas extra, vacaciones o descanso. Por eso nos unimos a esta huelga, porque queremos reivindicar nuestros derechos. Protestamos por salarios dignos para nosotras y para quienes no pueden parar”, explica Yolanda, quien lleva seis años trabajando en Euskadi como trabajadora del hogar, dos de ellos como interna.

Junto a ella un grupo de trabajadoras del hogar porta pañuelos naranjas y carteles morados con forma de mujer en los que se lee la realidad de cada una. “Soy Luz Míriam, de Colombia. Soy interna desde hace ocho años”, “Soy Edurne, de Bilbao. Trabajo dentro y fuera de casa sin tiempo y sin descanso”, “Amaia naiz, soy amama y no tengo jubilación” o “Soy Teodocia, cuidadora de Alzheimer y exijo mi derecho a paro”. “Nuestra realidad es que muchas de nosotras hemos trabajado durante años sin contrato. En mi caso tengo contrato solo desde hace cinco años y de media jornada porque la familia ha decidido así. Eso ha hecho que prácticamente no vaya a tener una jubilación. Ya no protesto para mí, sino para las que vengan, para que ganen lo que es justo por su trabajo”, reconoce Maritza, que a sus 66 años cuenta con más de tres décadas como trabajadora del hogar a sus espaldas.

Muchas tienen miedo, están en situación irregular o no se lo pueden permitir. Son la mayoría. Pero las que aquí estamos gritamos por todas

Yolanda — Trabajadora del hogar

Entre las miles de personas que han recorrido las calles del centro de Bilbao se mezclan realidades completamente distintas, pero con una precariedad parecida. Los trabajadores de artes gráficas de Bizkaia siguen de cerca a las trabajadoras del hogar. En su caso, tras una pancarta en la que se lee “¡Convenio digno ya!”, han exigido la renovación de su convenio que data de 2012 y han informado de que comenzarán once jornadas de huelga para lograrlo. “En los últimos años, estamos intentando lograr un convenio digno. En 2024 hicimos doce días de huelga, pero no conseguimos mover a la patronal. Nos dimos un año para evaluar las negociaciones, pero al ver que no había avances, a final de año decidimos volver a activar las huelgas. En este sector hay salarios bastante por debajo de los 21.000 euros, con lo cual hemos planteado empezar hoy el primero de los 11 días de huelga que vamos a llevar a cabo en las artes gráficas de Bizkaia. Desde aquí hasta semana santa”, detalla a este periódico Mikel Etxebarria, uno de los casi 2.000 trabajadores que trabajan en rotativas, imprentas, cartonaje, papel o copisterías de Bizkaia.

En este sector hay salarios bastante por debajo de los 21.000 euros, con lo cual hemos planteado empezar hoy el primero de los 11 días de huelga

Mikel Etxebarria — Trabajador del sector de artes gráficas

Los trabajadores del Puerto de Bilbao, cada uno desde su trinchera, se han unido también este martes para recorrer el centro de la ciudad tras una pancarta en la que se lee “Portuko langileak lan baldintza duinen alde. Los trabajadores del Puerto, a favor de condiciones de trabajo dignas”. “Aprovechamos esta reivindicación de un salario justo para Euskal Herria para también manifestarnos por la precarización a la que nos quieren someter las multinacionales que hay en el Puerto de Bilbao, donde hay varios conflictos laborales, como en amarradores, un servicio de atraque y desatraque de barcos, limpieza, contenedores o en estibadores, donde hay problemas con la renovación de los convenios y otras empresas. Por el momento tenemos trabajos dignos, pero tememos que las multinacionales precaricen nuestro salario a través de la deslocalización del trabajo”, reconoce Pello de Vega, que lleva cerca de 20 años trabajando en el Puerto.

Por su parte, también en la manifestación, decenas de trabajadoras del sector de Intervención Social han exigido la publificación de sus servicios, que están siendo subcontratados. “Nuestro sector está en lucha porque somos trabajadoras públicas privatizadas en un modelo de subcontratación en el que muchas compañeras no alcanzamos el salario mínimo interprofesional que en el día de hoy se está reivindicando, es un sector feminizado, muy conectado con el trabajo de cuidados. Nuestro sector trabaja con sectores de población más vulnerabilizada y es especialmente sensible a la situación creciente internacional de desigualdad e injusticia social. Defendemos que un salario digno es imprescindible para alcanzar el objetivo de una vida digna para todas las personas y desde una perspectiva feminista, antirracista, anticapitalista, antimilitarista y decolonial. No al gasto militar y más gasto social”, asegura Cristina, una de las trabajadoras a elDiario.es/Euskadi.

Estamos en la calle para que los precios bajen y los salarios suban, sobre todo para los estudiantes que son el futuro

Adriana — Profesora de Secundaria

La huelga no solo ha movilizado a trabajadores. Estudiantes de distintas edades también han salido a la calle preocupados por su futuro laboral. Es el caso de Elisa, Asier, Maider y Ander, estudiantes de Química de 21 años, que han acudido a la manifestación con Adriana, profesora de Secundaria de 28 años. La cuadrilla porta una pancarta que, por un lado, lleva el mensaje “Trabajar para vivir, no para sobrevivir” y, por el otro, “Queremos aumentos, no cuentos”. Por el momento todos viven con sus padres y madres, ninguno de ellos ha conseguido independizarse, si siquiera Adriana, pese a contar con un trabajo en un colegio. “Vivimos en casa todavía. En mi caso, aunque trabaje no me puedo ir a vivir con mi novio porque entre los dos sueldos no nos da para comprar una casa y los alquileres están por las nubes. El futuro se ve bastante oscuro, pero tenemos esperanza. Estamos en la calle para que los precios bajen y los salarios suban, sobre todo para los estudiantes que son el futuro”, ha argumentado la profesora.

Estos son algunas de las historias de las más de 100.000 personas que han salido a la calle en las distintas movilizaciones convocadas en Euskadi y Navarra. “Nos van a tener enfrente hasta que decidan sentarse y acordar con los sindicatos un salario mínimo”, ha avisado Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, en el mitin que ha cerrado la manifestación de Bilbao y en la que se han congregado miles de personas contra “el saqueo organizado que se está dando desde los empresarios”. “Hoy la clase trabajadora vasca ha demostrado la fuerza que tiene”, ha advertido el coordinador general de LAB, Igor Agirre, que ha estado también en la marcha de la capital vizcaína. Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT o el movimiento alrededor de GKS o los pensionistas también llamaban a la huelga, sin embargo, dos de los sindicatos han optado por no movilizarse: CCOO y UGT.

Un centenar de vecinos de Puertochico se ha concentrado a mediodía del sábado en el mercado de este barrio para protestar por la instalación de un McDonald's en dicho espacio y en defensa de la libertad de expresión.

Si bien estaba prevista la retirada de la pancarta reivindicativa 'Gema, de mercado de barrio a 'preafter' no da Igual' que cuelga de un edificio cercano y que ha sido motivo de discrepancias entre los vecinos y el Ayuntamiento durante los últimos meses, debido al mal tiempo no ha podido llevarse a cabo.

A pesar de ello, los participantes en la convocatoria de la comisión 'Salvemos el Mercado de Puertochico' se han concentrado en la plaza del Centro Cultura Doctor Madrazo, situada sobre el mercado de abastos y donde está previsto que se instale la extensa terraza de la franquicia de comida rápida.

Según han denunciado los vecinos en un comunicado previo, tras medio año de “lucha” que comenzó con la colación de dicha pancarta, han sufrido “la persecución” del equipo de Gobierno del PP, que en su opinión “ha retorcido la ordenanza de publicidad amenazándoles con multas interminables como ”chantaje para callarnos en nuestra lucha por defender el servicio público y el patrimonio municipal y común que reviste el mercado de Puertochico“.

Los vecinos han alegado en dos ocasiones, porque en su opinión “se trata de vulnerar derechos constitucionales y sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional”, pero “la arbitrariedad ejecutiva del PP en Santander viola estas cuestiones”.

Por otra parte, sostienen que “los únicos beneficiados en este caso” son Baika (empresa gestora del mercado), y McDonald's, y se preguntan por “el interés que mueve a Gema Igual a bendecir este pelotazo”.

Bajo el lema “Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No Olvidar Gaza”, alrededor de un centenar de personas se han concentrado hoy en la plaza de Atarazanas de Santander, como parte de las protestas convocadas por toda España promovidas por la plataforma PararLaGuerra.

Más de medio centenar de personas se han concentrado este sábado, bajo una persistente lluvia, en la Plaza de Atarazanas, junto a la catedral, para reclamar el “no a la guerra” y pedir el fin del conflicto en Oriente Medio y que no se olvide la situación que vive la población de Gaza.

Durante la movilización, marcada por una adversa climatología con incesante lluvia, se ha leído el siguiente manifiesto:

“Rechazamos tajantemente los ataques ejecutados por EEUU e Israel contra Irán, que suponen una violación del derecho y la legalidad internacional. Son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial.

Condenamos con energía el régimen criminal de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses. Todo nuestro apoyo al pueblo iraní, y en especial a las mujeres, en su lucha por la democracia y la igualdad. Es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro.

Pero nada justifica los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes.

Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo a la legalidad internacional“.

José Antonio Alonso, uno de los portavoces de la concentración en Santander, ha explicado que el objetivo principal del acto ha sido “unificar el terrible pesar por esta tragedia que está ocurriendo y animar a la movilización ciudadana ante la situación internacional”. En la misma línea, ha adelantado que es probable que en los próximos días se produzcan “más convocatorias impulsadas por colectivos de mayor tamaño”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado inicialmente el estudio de ordenación urbanística que permitirá construir un bloque de ocho plantas de vivienda protegida en el barrio de Santa María de Ordás, en el distrito Macarena. El proyecto ha causado un fuerte rechazo vecinal en el entorno, donde los residentes preparan alegaciones para intentar frenar una actuación que califican de “aberración urbanística”, por cómo alterará la fisionomía de la zona.

La intervención proyectada plantea elevar la altura máxima allí permitida, pasando de edificios de cinco plantas a uno de ocho, que irá encajado en medio de una parcela de unos 2.600 metros cuadrados. Actualmente, este solar, de propiedad privada y uso dotacional, se utiliza en parte como viario –conformando la calle Santa María del Robledo– y el resto como aparcamiento por parte de los vecinos de los barrios colindantes.

La construcción en este espacio se ampara en el decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado por la Junta de Andalucía hace un año, que permite edificar vivienda protegida en suelos dotacionales privados que estén vacantes. Merced a esta normativa, se podrá aplicar en este solar el uso alternativo residencial con viviendas protegidas en régimen de alquiler, destinando casi la totalidad de este espacio a nuevos pisos, con una densidad de una vivienda por cada 70 m² construidos, según recoge el estudio de detalle al que ha tenido acceso este periódico.

Quienes habitan el barrio aseguran “no dar crédito” a que se pueda construir un edificio en una zona ya saturada poblacionalmente y deteriorada. “Son edificios de los años 70, las esquinas de algunos de ellos están actualmente soportadas por grandes grapas porque tienen grietas, hay tres torres con problemas en los cimientos... no sobrevivirían a otra construcción más y menos a una distancia de tres metros y con el peso de un bloque de ocho plantas”, alerta Cristina Fajardo, la portavoz de la intercomunidad, que agrupa a unos 500 propietarios.

Ante el temor a que no resistan las estructuras y al impacto que este proyecto puede causar en su calidad de vida, los vecinos han comenzado a movilizarse para aunar fuerzas contra de lo que consideran “otro intento de especular con el suelo de Sevilla”. “Pretenden aumentar la densidad poblacional en una zona ya masificada y sin servicios primarios a costa de hundir a cientos de familias”, denuncia la representante vecinal, contando con el respaldo de decenas de residentes que se han congregado por primera vez este miércoles para coordinar el plan de acción a seguir en adelante.

Tras su aprobación inicial en la Junta de Gobierno local del pasado 13 de febrero, el estudio de detalle se encuentra actualmente en fase de exposición pública durante un plazo de 20 días para la presentación de alegaciones. Fuentes municipales indican que la parcela es privada y edificable desde 2006, cuando se aprobó el PGOU vigente, y que la intervención actual no modifica el índice de edificabilidad previsto entonces.

Pérdida de aparcamientos y de zonas verdes

El Gobierno municipal defiende que “la propuesta actual mejora las condiciones urbanísticas previstas inicialmente”, al aumentar las separaciones con los edificios existentes. Según el expediente consultado por este medio, el estudio de arquitectura del proyecto fija una distancia mínima de tres metros entre edificios y contempla unas 46 plazas de garaje subterráneo en el bloque de ocho plantas de altura.

A ojos de los vecinos, la consecuencia es “encarcelarnos en nuestros hogares”, al construir a escasos metros de sus viviendas, llegando incluso a tapiar algunas de las salidas de los edificios existentes. “Desde nuestras cocinas veremos un muro de ladrillo”, afirma Cristina Fajardo, quien recuerda que un porcentaje importante de quienes viven en la zona son personas mayores con dificultades de movilidad, que “solo ven la luz y les da el aire porque se asoman a sus balcones”.

Otro de los problemas a los que se enfrentan es la pérdida de más de 120 plazas de aparcamiento, que, según los vecinos, “no cubren ni el 5% de las necesidades que hay en la zona”. Fajardo recuerda que, desde los años 70, se han propuesto proyectos para construir garajes para atender la principal demanda vecinal y nunca han salido adelante. “Siempre que han intentado construir en la zona lo han rechazo porque no aguantarían los cimientos”, explica la representante de los vecinos.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, se aclara que el aparcamiento actual no es público ni regulado, sino un uso tolerado de la parcela privada que todavía no se había desarrollado. “Con el nuevo proyecto se contemplan varias plantas de aparcamiento, tanto para los residentes de las nuevas viviendas protegidas como para vecinos del entorno, ayudando a aliviar la presión existente”, afirman fuentes municipales.

Asimismo, el Gobierno local subraya que la actuación incluye cesiones obligatorias al Ayuntamiento, como ocurre en cualquier desarrollo urbanístico, incluyendo nuevas zonas verdes y espacios públicos que estarán disponibles para todos los vecinos. No obstante, el estudio de detalle reconoce la “imposibilidad física” de reservar los 552 m² de dotaciones locales que corresponden a equipamientos comunitarios y zonas verdes en la parcela, y plantea sustituir este requisito por alguna de las fórmulas previstas en la normativa.

La intercomunidad, que agrupa a unas 500 familias, prepara alegaciones con el asesoramiento de un abogado urbanístico. Los vecinos no descartan acudir a la vía judicial si finalmente el planeamiento se aprueba de forma definitiva. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante esta aberración”, advierte la representante vecinal, secundada con aplausos por el resto de vecinos.

La movilización social de la plataforma ciudadana 'El Campillín no se toca' se ha intensificado en los últimos meses para lograr que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo renuncie a la construcción de un parking subterráneo en este pulmón verde de la capital asturiana y la convocatoria de una consulta abierta para que la ciudadanía se pronuncie sobre este proyecto que está ocasionando un gran rechazo vecinal.

El Partido Popular (PP) de momento no ha descartado esta opción, pero el alcalde Alfredo Canteli ha dado un paso importante al anunciar que pospone el plan; una paralización sin fecha de la iniciativa municipal que los grupos de la oposición -PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo- atribuyen al éxito de la presión social de los vecinos y vecinas.

La plataforma pide cautela

Los integrantes de la plataforma, no obstante, prefieren ser cautos ante este anuncio del equipo de gobierno que, según fuentes municipales, se debe a la necesidad de lograr un mayor respaldo popular ya que, inicialmente, este apoyo se ve cada vez más lejos ante la buena marcha de las campañas de recogida de firmas que están llevando a cabo en contra del aparcamiento.

Un síntoma de que la plataforma no va a frenar su programación de actos de rechazo a la construcción del parking es que mantiene la manifestación anunciada para el 11 de abril, para la que ya están difundiendo el cartel anunciador de la protesta, que se reproduce a continuación en esta imagen.

La plataforma ciudadana considera que el anuncio realizado por el alcalde ayer, domingo, sobre el proyecto de aparcamiento en el parque del Campillín no supone un cambio real en los planes municipales y responde únicamente a un intento de desactivar la creciente oposición al proyecto.

Plataforma: “Es simple humo”

El colectivo recuerda que el procedimiento para estudiar la viabilidad del aparcamiento sigue su curso y que el Ayuntamiento ovetense mantiene abierto el proceso para que empresas privadas presenten propuestas para el proyecto, la construcción y la explotación de un parking subterráneo en la zona.

Por ello, la plataforma advierte de que el anuncio del alcalde es “simple humo” y no modifica el fondo del problema: “desfigurar uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad, así como incrementar el uso del coche en el centro de la ciudad”.

Una movilización que está convencida de que será “un éxito de participación ciudadana en defensa del parque y del modelo de ciudad que queremos”.

Un pulmón verde

'El Campillín no se toca' ve positiva una renovación y mejora del parque, pero rechaza que ésta se haga “a costa de talar árboles y de atraer más tráfico al centro” y recuerda que este parque es uno de los pulmones verdes de Oviedo, además de un espacio clave para el descanso, el encuentro vecinal y la calidad ambiental del barrio.

La plataforma recuerda además que las ciudades modernas avanzan hacia modelos de movilidad sostenible, apostando por el transporte público y por aparcamientos disuasorios en los accesos urbanos, y no por nuevas infraestructuras que incrementen el tráfico en el centro de las ciudades.

Frente a un modelo urbano basado en más coches y más tráfico, defendemos una ciudad más habitable, con más espacios verdes y pensada para las personas

'El Campillín no se toca' — Plataforma ciudadana

Un patrimonio común

“Frente a un modelo urbano basado en más coches y más tráfico, defendemos una ciudad más habitable, con más espacios verdes y pensada para las personas”, explican.

Sus integrantes inciden en que el parque es un patrimonio común de la ciudadanía“ y que seguirá movilizándose para garantizar su protección.

Los vecinos y vecinas seguirán recogiendo firmas y repartiendo trapos verdes para colgar en las ventanas hasta el 11 de abril, cuando arranque la manifestación.

Los grupos municipales de la oposición, PSOE e Izquierda Unida(IU)-Convocatoria por Oviedo han mostrado su satisfacción por esta marcha atrás que ha dado el equipo de gobierno y que atribuyen a la fuerte presión social y el éxito de la movilización de la plataforma ciudadana.

PSOE: “Es una victoria del movimiento vecinal”

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ha valorado este lunes la paralización del proyecto de aparcamiento en El Campillín, anunciada por el equipo de gobierno, como “una buena noticia para la ciudad y, especialmente, para el movimiento vecinal de la zona”.

El concejal socialista Juan Álvarez Areces ha destacado que se trata de “un día de alegría para el movimiento vecinal del barrio, porque se demuestra que cuando la sociedad está organizada y bien informada se pueden conseguir grandes cosas”.

Un éxito del “sentido común”

A su juicio, este cambio de rumbo de la iniciativa municipal demuestra que tanto el alcalde Alfredo Canteli como el segundo teniente de alcalde y concejal de Planeamiento, Gestión Urbanística, Medio Ambiente, Infraestructuras y Proyectos Estratégicos del consistorio, Nacho Cuesta, “presumían del supuesto apoyo al proyecto, cuando lo único que intentaban era imponer una decisión propia en contra de los intereses de los residentes”, ha afirmado.

Un aparcamiento en El Campillín que actuase como atractor de vehículos hacia una zona de bajas emisiones siempre iba a ser una mala noticia para la ciudad. No solo es una victoria del sentido común, es también una derrota del alcalde y de los intereses que promovían este estacionamiento

Juan Álvarez Areces — Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo

El edil socialista considera que esta decisión supone también “una victoria del sentido común”, ya que un aparcamiento en El Campillín que actuase como atractor de vehículos hacia una zona de bajas emisiones “siempre iba a ser una mala noticia para la ciudad. No solo es una victoria del sentido común -asegura- es también una derrota del alcalde y de los intereses que promovían este estacionamiento”.

Juan Álvarez ha recordado que el rechazo al aparcamiento ha sido la posición que defendió desde el primer momento su grupo municipal, cuando votó en contra de la Agenda Urbana que aprobaron PP e IU.

El estudio de viabilidad

“Ahora el Ayuntamiento debe dar un paso más y confirmar definitivamente la paralización del proyecto”, ha exigido el concejal.

Para el Grupo Municipal Socialista, el siguiente paso que debe dar el equipo de gobierno es materializar este anuncio con la retirada de los pliegos para el estudio de viabilidad del aparcamiento, poniendo fin de forma definitiva a una iniciativa que, en su opinión, es “incompatible con el modelo de movilidad sostenible que necesita Oviedo/Uviéu”.

IU mantiene su denuncia

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo advierte que el éxito de la plataforma ciudadana con su movilización social está detrás del anuncio del equipo de gobierno municipal de posponer el proyecto de aparcamiento previsto en el parque del Campillín.

Desde la organización consideran que este giro es consecuencia directa de la movilización ciudadana y del trabajo de fiscalización y denuncia realizado por la oposición política en el Ayuntamiento.

Una rectificación “a medias”

No obstante, bajo el prisma de IU-Convocatoria por Oviedo, se trata de una rectificación a medias: “El anuncio de posponer el proyecto no resuelve las dudas de fondo, ni garantiza que la propuesta quede definitivamente descartada, por lo que consideramos necesario mantener la vigilancia y la presión social y política”, exponen.

Su grupo municipal ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea (CE) para que estudie la posible incompatibilidad del aparcamiento con las ayudas europeas concedidas al Ayuntamiento de Oviedo para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que superan los siete millones de euros.

Esa denuncia se mantiene, ya que estima que el proyecto, tal y como estaba planteado, podría favorecer un aumento del tráfico en el centro y, en consecuencia, de las emisiones.

Su portavoz municipal, Gaspar Llamazares, ha destacado que esta reacción del gobierno municipal demuestra que la movilización vecinal y la acción de la oposición son útiles para defender el interés general.

Estar “vigilantes”

Sin embargo, “no estamos ante una rectificación completa, sino ante un aplazamiento que nos obliga a mantenernos vigilantes”, reconoce Gaspar Llamazares.

Nuestro grupo municipal mantendrá la denuncia ante la Comisión Europea para que se aclare definitivamente si el proyecto del parking es compatible con los compromisos ambientales asociados a los fondos europeos destinados a la Zona de Bajas Emisiones

Gaspar Llamazares — Portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo ha confirmado que su grupo municipal mantendrá la denuncia ante la Comisión Europea “para que se aclare definitivamente si el proyecto del parking es compatible con los compromisos ambientales asociados a los fondos europeos destinados a la Zona de Bajas Emisiones”.

Asimismo, insiste en que el debate no puede limitarse únicamente al aparcamiento y recuerda que las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Santo Domingo y del conjunto del barrio del Antiguo siguen pendientes de respuesta y requieren un compromiso claro del gobierno municipal.