El partido Cockroach Janta (CJP) o Partido Popular de las Cucarachas empezó a movilizarse en la India al calor de una broma en Internet, pero con el impulso de millones de jóvenes descontentos de la India se ha convertido rápidamente en uno de los desafíos más inesperados para el poderoso gobierno de derechas de Narendra Modi.

El CJP fue fundado en mayo por Abhijeet Dipke, de 30 años, un ciudadano indio recién graduado en una universidad de EEUU. Indignado por los comentarios del presidente del Tribunal Supremo de la India, quien comparó a los jóvenes parados del país con “parásitos” y “cucarachas” durante una vista en el Tribunal Supremo, Dipke lanzó en tono de broma un llamamiento en las redes sociales: “¿Y si todas las cucarachas se unieran?”.

La respuesta fue abrumadora. Dipke creó una página web y cuentas en redes sociales para un partido satírico llamado “Cockroach Janta” —una pulla al partido gobernante de Modi, el Bharatiya Janata Party (BJP) o Partido Popular Indio—, con un manifiesto mordaz dirigido contra el Gobierno y un eslogan: “Un partido político para la gente que el sistema se olvidó de contar”.

En dos semanas, la página de Instagram del CJP ya contaba con más de 22 millones de seguidores, superando al BJP. El Gobierno de Modi, muy intolerante con las críticas, intentó bloquear sus cuentas en las redes sociales alegando motivos de seguridad nacional, pero no lo consiguió.

¿Cuáles son las causas que defiende el CJP?

A medida que el CJP comenzaba a movilizar apoyos, Dipke centró el movimiento en un tema candente para muchos de los millones de estudiantes de la India: las filtraciones de los exámenes de acceso a la carrera de medicina, que se han vendido repetidamente al mejor postor.

La presión sobre los estudiantes para que tengan éxito es agobiante: más de dos millones de aspirantes compiten por tan solo 130.000 plazas. Muchas familias gastan los ahorros de toda la vida y se endeudan hasta las cejas para pagar a sus hijos clases particulares de preparación para estos exámenes de medicina, tristemente célebres por lo agotadores que resultan y a los que se conoce por las siglas NEET. En la India se gasta ahora más en clases particulares que en todo el presupuesto gubernamental destinado a la educación superior.

Una serie de filtraciones de exámenes ha obligado a millones de estudiantes a repetir las pruebas y se ha relacionado con docenas de suicidios en los últimos años. Los exámenes NEET tampoco son los únicos que se han filtrado.

Se ha acusado al Gobierno de Modi de no asumir la responsabilidad por el fiasco de las pruebas. El CJP comenzó a movilizar a sus seguidores en torno a este tema, exigiendo que el Gobierno rinda cuentas por las filtraciones y que el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, dimita.

Para muchos jóvenes de la Generación Z y millennials de la India, el CJP también ha dado voz al descontento generalizado por la crisis del sistema educativo y la histórica insuficiencia del mercado laboral. Según un estudio reciente, casi el 40% de los titulados universitarios menores de 25 años están en paro.

¿Cuándo salió a la calle el CJP por primera vez?

La primera protesta presencial del CJP tuvo lugar en Delhi a principios de junio,y en ella se exigió la dimisión de Pradhan. Dipke regresó de EE UU para encabezar la manifestación, primero en Delhi y después en actos por todo el país.

Los simpatizantes del CJP celebraron su segunda gran protesta en Delhi antes de que acabase el mes, y esa vez se comprometieron a no moverse del lugar hasta que Pradhan se fuera. A los manifestantes se unió Sonam Wangchuk, un destacado ingeniero y activista educativo del estado indio de Ladakh, que el año pasado fue detenido y encarcelado por el Gobierno en virtud de la legislación antiterrorista por su actividad de movilización.

Wangchuk anunció que emprendería una huelga de hambre al estilo de Gandhi en solidaridad con los estudiantes y que no comería hasta que el ministro de Educación dimitiera.

La protesta y la huelga de hambre de Wangchuk han seguido en julio, y en ese tiempo han recibido la visita de varias figuras destacadas de la oposición. Sin embargo, el Gobierno de Modi no ha entablado diálogo alguno con el CJP ni con Wangchuk, y Pradhan los ha tildado de “equipo suplente de terroristas”.

¿Cómo ha movilizado Sonam Wangchuk el apoyo?

El estado de salud de Wangchuk ha ido empeorando tras más de dos semanas de huelga de hambre, lo que ha hecho crecer las críticas al Gobierno. Tras 18 días, el tribunal de Delhi ordenó que se supervisara su estado de salud a diario.

El domingo por la mañana, cuando ya llevaba 20 días de huelga, la policía de Delhi desató la indignación nacional al llegar y llevarse a la fuerza a Wangchuk a un hospital público. La policía afirmó que era para proteger su salud; su esposa lo condenó como una “detención ilegal”.

Desde su cama de hospital, Wangchuk hizo un llamamiento a los simpatizantes del CJP para que marcharan hacia el Parlamento el lunes y exigieran la dimisión de Pradhan.

¿Qué magnitud tuvo la protesta del lunes?

La protesta del CJP del lunes se convirtió en una de las mayores manifestaciones antigubernamentales de los últimos años. A primera hora de la mañana, miles de manifestantes comenzaron a acudir en masa a las calles del centro de Delhi, sumándose a los cientos que ya habían acampado allí durante la noche.

La multitud estaba compuesta en su mayoría por estudiantes y otros jóvenes, pero también había una gran presencia de padres cuyos hijos se habían visto afectados por las filtraciones.

La policía de Delhi denegó a los manifestantes el permiso para marchar hacia el Parlamento. Se bloquearon las carreteras de toda la ciudad con barreras, se cortó el acceso a Internet y se acorraló a los manifestantes en una zona acotada para la protesta, situada a aproximadamente 1,6 kilómetros del Parlamento. Sin embargo, los manifestantes siguieron llegando en masa, hasta reunir a más de 20.000 personas a primera hora de la tarde.

Cuando la multitud intentó avanzar hacia el Parlamento, la policía respondió con violencia, con cargas con porras y gas lacrimógeno, lo que provocó críticas por parte de los líderes del CJP y de la oposición. Tanto manifestantes como policías resultaron heridos en los enfrentamientos. Dipke condenó la respuesta policial calificándola de “absolutamente brutal”.

¿Qué va a pasar ahora?

Tras semanas ignorando al movimiento CJP, el Gobierno de Modi ofreció una reunión el lunes por la mañana. En un breve encuentro de 10 minutos, se plantearon tres reivindicaciones, pero hasta el momento “no se ha asumido ningún compromiso”, según el portavoz del CJP.

No ha habido ninguna respuesta pública a la protesta por parte de Pradhan. A última hora del lunes, incluso mientras la policía intentaba desalojar el campamento de protesta de Delhi, Dipke subrayó que, mientras Pradhan permaneciera en su cargo, no se moverían de allí. “¡Esta protesta pacífica no va a terminar!”, rezaba la publicación del partido en X.

El que va començar amb unes pintades, diversos danys materials i panys inutilitzats en cinc immobiliàries de Santa Maria del Camí (Mallorca) en protesta per la turistificació i l'encariment de l'habitatge a les Balears ha acabat convertint-se en una investigació per presumpta pertinença a grup criminal. L'operació policial, saldada amb la detenció de dues joves presumptament vinculades als fets, ha desencadenat un intens debat polític i social sobre la resposta de les forces de seguretat i els límits de la protesta: mentre els investigadors consideren que va existir una actuació “coordinada i premeditada”, col·lectius com 'Menys Turisme, Més Vida', 'Alerta Solidària' o el Sindicat de Llogateres denuncien una “criminalització” de l'activisme pel dret a l'habitatge.

Els investigadors situen els fets la nit del 31 de maig. No obstant això, no va ser fins al passat dimecres quan els agents van arrestar les dues joves. Una circumstància que ha generat un profund malestar entre els col·lectius que integren el moviment contra la turistificació, que consideren significatiu que els arrestos es produïssin tot just una setmana després que 'Menys Turisme, Més Vida' difongués un manual d'acció contra la turistificació. El document, que va despertar les crítiques immediates per part del sector polític i empresarial, proposa actuacions com la realització de pintades, el bloqueig de panys dels habitatges de lloguer turístic o el llançament de pintura contra determinats objectius relacionats amb el negoci turístic, pràctiques que els seus promotors emmarquen en l' acció directa no violenta i en la desobediència civil com a eines històriques dels moviments socials i de defensa del territori.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Guàrdia Civil per conèixer la seva valoració sobre les crítiques suscitades per la investigació i per l'actuació desenvolupada durant l'operatiu. No obstant això, fonts de l'Institut Armat han declinat fer declaracions al respecte i s'han limitat a assenyalar que els fets s'han tractat “com una denúncia més”.

Per la seva banda, el portaveu de 'Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol', assenyala, en declaracions a aquest mitjà, que l'operació policial no pot entendre's al marge del clima polític i mediàtic generat en les setmanes prèvies arran de la difusió del seu manual d'acció. Al seu entendre, la campanya de crítiques impulsada, segons afirma, per determinats partits polítics, mitjans i denunciants particulars ha facilitat a la Guàrdia Civil dur a terme una operació policial de tal envergadura. “Primer hi ha una criminalització pública i, després, això dona peu a una ofensiva que, des del meu punt de vista, es pot considerar repressió”, incideix.

Les detencions s'han produït, a més, en un dels moments de tensió més alta entre els qui denuncien els efectes de la turistificació i les administracions públiques. No en va, el pròxim 26 de juliol una manifestació a Palma sota el lema “No tenim por” (“No tenim por”), que pretén denunciar l'impacte del model turístic sobre l'accés a l'habitatge, la precarització laboral, la pressió sobre els recursos naturals i la pèrdua de qualitat de vida de la població resident.

L'atestat de la Guàrdia Civil, al qual ha tingut accés aquest diari, sosté al llarg de les seves 116 pàgines que els atacs contra les cinc immobiliàries no van ser fets aïllats ni espontanis, sinó una actuació “coordinada i premeditada”. Sobre aquesta base, els investigadors atribueixen a les dues detingudes i a un tercer investigat no només un delicte continuat de danys i danys contra el patrimoni històric -una de les empreses està integrada en, sinó també pertinença a grup criminal, una qualificació que eleva considerablement la gravetat de la causa.

Una pancarta privada com a indici

L'informe policial es basa principalment en l'anàlisi de càmeres de videovigilància públiques i privades, un fet que ha generat la crítica de les entitats socials davant els dubtes sobre si diverses d'elles, instal·lades a la façana d'una de les immobiliàries, gravava més espai públic del permès per la normativa de protecció de dades. A partir de l'anàlisi de les gravacions, la Benemèrita reconstrueix els desplaçaments de les persones investigades, identifica vehicles, roba i motxilles i, posteriorment, recorre a perfils públics a xarxes socials per intentar confirmar les seves identitats i les relacions existents entre elles.

Els agents també incorporen referències a la vida privada de les investigades, com el fet que en l'habitatge d'una d'elles pengés una pancarta amb el lema “SOS Residents, Stop Overtourisme”. A partir d'aquest element, l'atestat arriba a afirmar que aquest fet “confirmaria sense cap mena de dubtes l'activitat delictiva d'aquesta persona”.

L'Institut Armat dedica a més part del seu informe al manual d'acció directa difós per 'Menys Turisme, Més Vida'. Malgrat que el document va ser difós públicament més d'un mes després dels atacs, els agents consideren “com a mínim cridaner” que les recomanacions que conté -com ocultar el rostre, emprar pintura o inutilitzar panys amb silicona- coincideixin amb el modus operandi observat durant la investigació dels fets. Per a la Guàrdia Civil, aquesta similitud constitueix un indici rellevant dins la investigació.

'Menys Turisme, Més Vida': “Volen criminalitzar el moviment”

L'operació ha generat una intensa reacció entre organitzacions socials i col·lectius pel dret a l'habitatge. El portaveu de 'Menys Turisme, Més Vida' Pujol qüestiona la utilització de les imatges de videovigilància incorporades a la investigació i assenyala que, d'acord amb la informació jurídica de què disposa la plataforma, un particular només pot gravar la via pública en supòsits molt excepcionals. Si finalment s'acredités que alguna de les càmeres no complia la normativa, considera que resultaria “molt fort” que aquestes imatges haguessin servit com a prova. A parer seu, la difusió pública dels vídeos de les detencions perseguia “criminalitzar i posar la gent en contra” del moviment i constitueix un exemple del que qualifica d'una operació “política”.

Respecte al manual d'acció contra la turistificació difós per la plataforma, nega que aquest suposi una incitació a cometre actes vandàlics. Defensa que el document recull formes de protesta que “ja s'estan duent a terme” tant a Mallorca com en altres territoris i sosté que el moviment pretén legitimar una forma d'acció directa no violenta que, assevera, ha format part històricament de les lluites ecologistes i socials. “No ens hem inventat res ni estem agitant la societat per fer bogeries, sinó recollint accions que ja es fan”, argumenta.

Per la seva banda, Alerta Solidària i el Sindicat de Llogateres de Mallorca denuncien que les detencions busquen “desmobilitzar” el moviment i sostenen que s'utilitza el dret penal per reprimir la protesta contra la turistificació. L'entitat sindical acusa a més els “poders fàctics del capital”, en referència al sector immobiliari i turístic, d'actuar al costat dels aparells coercitius de l'Estat per mirar de diluir les protestes. El col·lectiu sosté que la resposta policial pretén generar por entre els qui denuncien la crisi d'accés a l'habitatge i assegura que continuarà donant suport a les mobilitzacions convocades contra la turistificació, l'encari ment de l'habitatge, l'expansió del lloguer vacacional i l'augment de la pressió turística, que han situat l'accés a un habitatge assequible en el centre del debat polític i social.

Mentrestant, la plataforma SOS Residents ha impulsat una campanya per distribuir i penjar a balcons i finestres pancartes amb el lema “SOS Residents, Stop Overtourism!” arran de la seva inclusió en l'atestat com un dels indicis contra una de les detingudes. El col·lectiu anima la ciutadania a “omplir balcons, finestres i carrers de pancartes per demostrar que defensar el dret a l'habitatge i denunciar les polítiques del Govern no és cap delicte”.

Compareixença de Grande-Marlaska

A les crítiques també s'ha sumat Més per Mallorca, que ha qüestionat l'operatiu policial i ha advertit del risc de convertir la protesta social en un problema d'ordre públic. La formació ecosobiranista considera que la resposta institucional està desplaçant el focus del debat sobre l'emergència habitacional i la massificació turística cap a la persecució de qui denuncia les seves conseqüències. El diputat de Sumar-Més al Congrés Vicenç Vidal ha reclamat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de la secretària d'Estat de Turisme i candidata del PSIB a la presidència del Govern, Rosario Sánchez, perquè donin explicacions sobre l'actuació de la Guàrdia Civil. En un missatge publicat a X, Vidal es pregunta: “Per què defensen les empreses que destrossen la vida dels nostres ciutadans?”.

La formació ecosobiranista vol conèixer què va motivar l'operatiu policial, quins protocols es van seguir i si es van respectar els drets de les detingudes. A més, sosté que el debat transcendeix l'actuació policial i es qüestiona “per què l'Estat acaba protegint els interessos del capital especulatiu que alimenta la turistificació i destrossa la vida de la gent, mentre posa el focus sobre les persones que denuncien aquesta situació”.

El Govern balear, mentrestant, ha evitat aquest divendres pronunciar-se sobre l'actuació de la Guàrdia Civil i la detenció de les dues activistes al·legant que desconeix els detalls de la investigació, encara que ha expressat el seu “màxim respecte” per la tasca dels agents. La vicepresidenta segona de l'Executiu, Antònia Maria Estarellas (PP), sí que ha condemnat la “vandalització” de comerços i ha reclamat que la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol es desenvolupi de forma “pacífica”, alhora que ha advertit que “no es poden normalitzar accions contra comerços que estan duent a terme activitats lícites, reglades i normalitzades”.

El xoc amb el negoci immobiliari

Es dona la circumstància que una de les immobiliàries que va denunciar la vandalització de la seva façana es Engel & Völkers, una firma que, recentment, va presentar un informe en què defineix les Balears com un dels principals “refugis” immobiliaris d'Europa. “Les Illes Balears continuen consolidant-se com una de les destinacions més segures i atractives d'Europa tant per viure-hi com per invertir-hi”, sosté la companyia en aquest document, en què destaca l'atractiu de l'arxipèlag per a la inversió internacional. Un discurs que xoca frontalment amb el dels col·lectius contra la turistificació, que consideren precisament la creixent pressió del mercat immobiliari un dels principals factors que alimenten la crisi d'accés a l'habitatge.

La publicació de l'informe va arribar fins i tot a un dels plens del Parlament. Interpel·lada per l'oposició sobre si compartia el diagnòstic d'Engel & Völkers -empresa participada majoritàriament pel fons de capital de risc britànic Permira- com a “refugi” per a la inversió immobiliària, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), va evitar pronunciar-s'hi i va centrar la seva resposta en la defensa de la propietat privada. “La majoria dels propietaris no són senyors amb corbata, bancs i fons voltor, sinó petits propietaris, famílies, pensionistes i persones normals que són conscients de la situació”, va afirmar, alhora que va tornar a carregar contra l'ocupació il·legal i a reivindicar la necessitat de protegir els propietaris.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb Engel & Völkers per recollir la seva versió sobre les crítiques formulades pels col·lectius que qüestionen la legalitat de les càmeres de videovigilància instal·lades a la façana de la seva oficina de Santa Maria, la seva utilització en la investigació dels actes vandàlics, si aquests dispositius disposen de la corresponent autorització municipal i si compleixen la normativa de protecció de dades i de videovigilància. Tanmateix, no havia obtingut cap resposta en el moment de la publicació d'aquest article.

Lo que comenzó con unas pintadas, diversos daños materiales y cerraduras inutilizadas en cinco inmobiliarias de Santa María del Camí (Mallorca) en protesta por la turistificación y el encarecimiento de la vivienda en Balears ha acabado convirtiéndose en una investigación por presunta pertenencia a grupo criminal. La operación policial, saldada con la detención de dos jóvenes presuntamente vinculadas a los hechos, ha desatado un intenso debate político y social sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad y los límites de la protesta: mientras los investigadores consideran que existió una actuación “coordinada y premeditada”, colectivos como 'Menys Turisme, Més Vida', 'Alerta Solidària' o el Sindicat de Llogateres denuncian una “criminalización” del activismo por el derecho a la vivienda.

Los investigadores sitúan los hechos en la noche del 31 de mayo. Sin embargo, no fue hasta el pasado miércoles cuando los agentes arrestaron a las dos jóvenes. Una circunstancia que ha generado un profundo malestar entre los colectivos que integran el movimiento contra la turistificación, que consideran significativo que los arrestos se produjesen apenas una semana después de que 'Menys Turisme, Més Vida' difundiese un manual de acción contra la turistificación. El documento, que despertó las críticas inmediatas por parte del sector político y empresarial, propone actuaciones como la realización de pintadas, el bloqueo de cerraduras de viviendas de alquiler turístico o el lanzamiento de pintura contra determinados objetivos relacionados con el negocio turístico, prácticas que sus promotores enmarcan en la acción directa no violenta y en la desobediencia civil como herramientas históricas de los movimientos sociales y de defensa del territorio.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Guardia Civil para conocer su valoración sobre las críticas suscitadas por la investigación y por la actuación desarrollada durante el operativo. Sin embargo, fuentes del Instituto Armado han declinado hacer declaraciones al respecto y se han limitado a señalar que los hechos se han tratado “como una denuncia más”.

Por su parte, el portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol', señala, en declaraciones a este medio, que la operación policial no puede entenderse al margen del clima político y mediático generado en las semanas previas a raíz de la difusión de su manual de acción. En su opinión, la campaña de críticas impulsada, según afirma, por determinados partidos políticos, medios y denunciantes particulares ha facilitado a la Guardia Civil llevar a cabo una operación policial de tal envergatura. “Primero hay una criminalización pública y, después, eso da pie a una ofensiva que, desde mi punto de vista, se puede considerar represión”, incide.

Las detenciones se han producido, además, en uno de los momentos de mayor tensión entre quienes denuncian los efectos de la turistificación y las administraciones públicas. No en vano, el próximo 26 de julio una manifestación en Palma bajo el lema “No tenim por” (“No tenemos miedo”), que pretende denunciar el impacto del modelo turístico sobre el acceso a la vivienda, la precarización laboral, la presión sobre los recursos naturales y la pérdida de calidad de vida de la población residente.

El atestado de la Guardia Civil, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, sostiene a lo largo de sus 116 páginas que los ataques contra las cinco inmobiliarias no fueron hechos aislados ni espontáneos, sino una actuación “coordinada y premeditada”. Sobre esa base, los investigadores atribuyen a las dos detenidas y a un tercer investigado no solo un delito continuado de daños y daños contra el patrimonio histórico -una de las empresas está integrada en , sino también pertenencia a grupo criminal, una calificación que eleva considerablemente la gravedad de la causa.

Una pancarta privada como indicio

El informe policial se apoya principalmente en el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, un hecho que ha generado la crítica de las entidades sociales ante las dudas sobre si varias de ellas, instaladas en la fachada de una de las inmobiliarias, grababa más espacio público del permitido por la normativa de protección de datos. A partir del análisis de las grabaciones, la Benemérita reconstruye los desplazamientos de las personas investigadas, identifica vehículos, ropa y mochilas y, posteriormente, recurre a perfiles públicos en redes sociales para tratar de confirmar sus identidades y las relaciones existentes entre ellas.

Los agentes también incorporan referencias a la vida privada de las investigadas, como el hecho de que en la vivienda de una de ellas colgase una pancarta con el lema “SOS Residents, Stop Overtourisme”. A partir de este elemento, el atestado llega a afirmar que este hecho “confirmaría sin lugar a género de dudas la actividad delictiva de esta persona”.

El Instituto Armado dedica además parte de su informe al manual de acción directa difundido por 'Menys Turisme, Més Vida'. A pesar de que el documento fue difundido públicamente más de un mes después de los ataques, los agentes consideran “cuanto menos llamativo” que las recomendaciones que contiene -como ocultar el rostro, emplear pintura o inutilizar cerraduras con silicona- coincidan con el modus operandi observado durante la investigación de los hechos. Para la Guardia Civil, esa similitud constituye un indicio relevante dentro de la investigación.

'Menys Turisme, Més Vida': “Quieren criminalizar el movimiento”

La operación ha generado una intensa reacción entre organizaciones sociales y colectivos por el derecho a la vivienda. El portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida' Pujol cuestiona la utilización de las imágenes de videovigilancia incorporadas a la investigación y señala que, de acuerdo a la información jurídica de la que dispone la plataforma, un particular solo puede grabar la vía pública en supuestos muy excepcionales. Si finalmente se acreditara que alguna de las cámaras no cumplía la normativa, considera que resultaría “muy fuerte” que esas imágenes hubieran servido como prueba. En su opinión, la difusión pública de los vídeos de las detenciones perseguía “criminalizar y poner a la gente en contra” del movimiento y constituye un ejemplo de lo que califica como una operación “política”.

Respecto al manual de acción contra la turistificación difundido por la plataforma, niega que éste suponga una incitación a cometer actos vandálicos. Defiende que el documento recoge formas de protesta que “ya se están llevando a cabo” tanto en Mallorca como en otros territorios y sostiene que el movimiento pretende legitimar una forma de acción directa no violenta que, asevera, ha formado parte históricamente de las luchas ecologistas y sociales. “No nos hemos inventado nada ni estamos agitando a la sociedad para hacer locuras, sino recogiendo acciones que ya se hacen”, argumenta.

Por su parte, Alerta Solidària y el Sindicat de Llogateres de Mallorca denuncian que las detenciones buscan “desmovilizar” al movimiento y sostienen que se está utilizando el derecho penal para reprimir la protesta contra la turistificación. La entidad sindical acusa además a los “poderes fácticos del capital”, en referencia al sector inmobiliario y turístico, de actuar junto a los aparatos coercitivos del Estado para tratar de diluir las protestas. El colectivo sostiene que la respuesta policial pretende generar miedo entre quienes denuncian la crisis de acceso a la vivienda y asegura que continuará apoyando las movilizaciones convocadas contra la turistificación, el encarecimiento de la vivienda, la expansión del alquiler vacacional y el aumento de la presión turística, que han situado el acceso a una vivienda asequible en el centro del debate político y social.

Mientras tanto, la plataforma SOS Residents ha impulsado una campaña para distribuir y colgar en balcones y ventanas pancartas con el lema “SOS Residents, Stop Overtourism!” a raíz de su inclusión en el atestado como uno de los indicios contra una de las detenidas. El colectivo anima a la ciudadanía a “llenar balcones, ventanas y calles de pancartas para demostrar que defender el derecho a la vivienda y denunciar las políticas del Govern no es ningún delito”.

Comparecencia de Grande-Marlaska

A las críticas también se ha sumado Més per Mallorca, que ha cuestionado el operativo policial y ha advertido del riesgo de convertir la protesta social en un problema de orden público. La formación ecosoberanista considera que la respuesta institucional está desplazando el foco del debate sobre la emergencia habitacional y la masificación turística hacia la persecución de quienes denuncian sus consecuencias. El diputado de Sumar-Més en el Congreso Vicenç Vidal ha reclamado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, para que den explicaciones sobre la actuación de la Guardia Civil. En un mensaje publicado en X, Vidal se pregunta: “¿Por qué defienden a las empresas que destrozan la vida de nuestros ciudadanos?”.

La formación ecosoberanista quiere conocer qué motivó el operativo policial, qué protocolos se siguieron y si se respetaron los derechos de las detenidas. Además, sostiene que el debate trasciende la actuación policial y se cuestiona “por qué el Estado acaba protegiendo los intereses del capital especulativo que alimenta la turistificación y destroza la vida de la gente, mientras pone el foco sobre las personas que denuncian esta situación”.

El Govern balear, mientras tanto, ha evitado este viernes pronunciarse sobre la actuación de la Guardia Civil y la detención de las dos activistas al alegar que desconoce los detalles de la investigación, aunque ha expresado su “máximo respeto” por la labor de los agentes. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Antònia Maria Estarellas (PP), sí ha condenado la “vandalización” de comercios y ha reclamado que la manifestación convocada para el próximo 26 de julio se desarrolle de forma “pacífica”, al tiempo que ha advertido de que “no se pueden normalizar acciones contra comercios que están llevando a cabo actividades lícitas, regladas y normalizadas”.

El choque con el negocio inmobiliario

Se da la circunstancia de que una de las inmobiliarias que denunció la vandalización de su fachada fue Engel & Völkers, una firma que, apenas unas semanas antes de los hechos, había presentado un informe en el que definía a Baleares como uno de los principales “refugios” inmobiliarios de Europa. “Las Islas Baleares siguen afianzándose como uno de los destinos más seguros y atractivos de Europa tanto para vivir como para invertir”, sostiene la compañía en ese documento, en el que destaca el atractivo del archipiélago para la inversión internacional. Un discurso que choca frontalmente con el de los colectivos antituristificación, que consideran precisamente la creciente presión del mercado inmobiliario uno de los principales factores que alimentan la crisis de acceso a la vivienda.

La publicación del informe llegó incluso a uno de los plenos del Parlament. Interpelada por la oposición sobre si compartía el diagnóstico de Engel & Völkers -empresa participada mayoritariamente por el fondo de capital de riesgo británico Permira- como un “refugio” para la inversión inmobiliaria, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), evitó pronunciarse al respecto y centró su respuesta en la defensa de la propiedad privada. “La mayoría de los propietarios no son señores encorbatados, bancos y fondos buitre, sino pequeños propietarios, familias, pensionistas y personas normales que son conscientes de la situación”, afirmó, al tiempo que volvió a cargar contra la ocupación ilegal y a reivindicar la necesidad de proteger a los propietarios.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Engel & Völkers para recabar su versión sobre las críticas formuladas por los colectivos que cuestionan la legalidad de las cámaras de videovigilancia instaladas en la fachada de su oficina de Santa Maria, su utilización en la investigación de los actos vandálicos, si los dispositivos cuentan con la correspondiente autorización municipal y si cumplen con la normativa de protección de datos y videovigilancia, pero no ha obtenido respuesta hasta la publicación de este artículo.

Desde la Asociación de Vecinos de La Isabela queremos trasladarle nuestro profundo malestar y decepción por la desaparición de toda la programación cultural de verano en nuestro barrio.

Durante años, los vecinos y vecinas de La Isabela hemos podido disfrutar de actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento durante los meses estivales, acercando la música, el teatro, el cine o las actividades infantiles a nuestros espacios públicos, como también ocurría en otros barrios de Guadalajara.

Aquella apuesta permitía que la cultura llegara a todos los rincones de la ciudad y contribuía a hacer barrio, fomentar la convivencia y ofrecer alternativas de ocio para personas de todas las edades.

Sin embargo, este verano comprobamos con tristeza que La Isabela ha desaparecido por completo de esa programación. Nos produce una enorme preocupación comprobar que, mientras otros barrios sí cuentan con actividades culturales —algo que nos parece positivo y que apoyamos plenamente—, nuestro barrio vuelve a quedarse al margen.

No pedimos que se eliminen actividades de otros lugares. Todo lo contrario. Nos alegramos de que la cultura llegue a más barrios. Lo que no podemos aceptar es que ese crecimiento se haga a costade excluir a Los Manantiales.

Esta decisión se suma a la sensación, cada vez más extendida entre nuestros vecinos, de que La Isabela se ha convertido en un barrio olvidado por el Ayuntamiento. Llevamos tiempo denunciando la falta de atención en distintos servicios públicos, el escaso mantenimiento y la ausencia de inversiones. Ahora también comprobamos cómo se nos priva de una programación cultural que hasta hace poco formaba parte de la vida del barrio. La cultura no puede convertirse en un privilegio reservado para unos barrios sí y otros no. Debe ser un servicio público accesible para toda la ciudadanía, con independencia del lugar en el que resida.

Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento que reconsidere esta decisión y que La Isabela vuelva a incorporarse a la programación cultural municipal de verano, recuperando unas actividades que los vecinos siempre han acogido con una excelente participación y que contribuían a dinamizar el barrio y fortalecer la convivencia.

Los vecinos de La Isabela no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Merecemos el mismo trato, las mismas oportunidades y el mismo acceso a la oferta cultural municipal que el resto de barrios de Guadalajara.

Confiamos en que atienda esta petición y adopte las medidas necesarias para corregir una situación que consideramos profundamente injusta.

Atentamente,

Asociación de Vecinos La Isabela

Este viernes, vecinos y vecinas del toledano barrio del Polígono se han vuelto a concentrar a la sombra de un árbol para reclamar al ayuntamiento -y es el quinto año que lo hacen-, más árboles y fuentes transitables. “Queremos una ciudad para vivir, no para morir de calor”, reclamaba la portavoz vecinal Sonia Méndez, tras recordar que solo en junio de este año ha habido siete personas que fallecieron en la provincia de Toledo debido al exceso de calor.

Reclaman “valentía” a la hora de diseñar las ciudades. Toledo está ahora, precisamente, redactando un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) y cuenta con Plan de Infraestructura Verde y Azul pagado con fondos europeos Next Generation, listo según el contrato de adjudicación desde 2025, pero que sigue en un cajón.

“Las administraciones deben de jugar un papel de liderazgo creando refugios climáticos y espacios urbanos adaptados como respuesta al cambio climático. Por eso estamos hoy aquí, por quinto año consecutivo, bajo nuestro ya amado árbol que con su sombra nos permite respirar y sobrevivir a este asfixiante calor”, recordaba Sonia Méndez.

El árbol es un elemento fundamental frente a temperaturas extremas. “No nos cobra nada, no es aire acondicionado sino aire natural, porque nuestros barrios, nuestras ciudades necesitan eso, más naturaleza, menos asfalto y hormigón”, dice esta vecina.

Y lo cierto es que no va desencaminada. La literatura científica apunta exactamente a lo mismo. “Los árboles puede mitigar bien y mucho el impacto de las olas de calor”, confirma el ingeniero forestal y doctor en Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Enrique García Gómez. “Es algo que está ya más que contrastado científicamente hablando, con diferencias térmicas de hasta diez grados”.

Una opinión que coincide con la de Enrique Sánchez Sánchez, catedrático de Física de la Tierra en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica en la UCLM. “Los árboles son fundamentales. Desde el punto de vista térmico, climático y ambiental, su presencia tiene unos cuantos beneficios para suavizar las temperaturas tan elevadas que tenemos”.

El ecólogo y profesor de Tecnologías del Medio Ambiente en la Escuela de Caminos de la misma universidad, Máximo Florín, recuerda que el arbolado urbano es “una comunidad de organismos que establece relaciones de ayuda mutua con animales y personas, y sin embargo no somos capaces de interpretar su lenguaje”.

En ocasiones, critica, que la postura de los gestores públicos se traduzca en considerar a los árboles como “mobiliario urbano”, cuando “los arboristas nos están diciendo que deberíamos respetarlos por la función que cumplen”.

“Por la noche la vegetación también es importante”

El factor clave es la evapotranspiración de las plantas. Es un proceso que genera humedad que contribuye a crear sensación de mayor confort en términos térmicos.

El catedrático Enrique Sánchez pone el foco en la capacidad de retener calor que tiene cada tipo de especie vegetal, en comparación por ejemplo, con el asfalto o el ladrillo. “Estos últimos no solo retienen más el calor durante el día, sino que además lo sueltan de forma muy lenta por la noche. Es casi peor, si no hay vegetación”.

El científico subraya también la necesidad de no perder de vista las temperaturas nocturnas. “Son un factor crítico, aunque nos fijemos más en las diurnas. Por la noche la vegetación también es importante”, dice, porque el hecho de que el termómetro no baje de los 24 grados puede tener impacto en la salud (no solo en el sueño). “El hecho de que haya vegetación crea pequeñas islas de frescor en la ciudad. Tiene muchas ventajas desde el punto de vista físico y termodinámico”.

“Cuando se diseña un proyecto urbanístico se priman mucho los bancos, los bordillos, el granito… Resulta que te encuentras con grandes obras de urbanización en las que al final lo que quedan son cuatro maceteros para poner alguna plantita”, apostilla Enrique García Gómez, al apuntar que en muchas ocasiones el presupuesto relacionado con lo forestal no llega “ni al 1%”.

Cuando se diseña un proyecto urbanístico se priman mucho los bancos, los bordillos, el granito… Resulta que te encuentras con grandes obras de urbanización en las que al final lo que quedan son cuatro maceteros para poner alguna plantita

Enrique García — Ingeniero forestal y doctor en Medio Ambiente

En cambio, reprocha, “somos capaces de diseñar miradores inmensos, solados increíbles, barandillas fantásticas y rejas inesperadas, pero nadie piensa en cómo aprovechar el agua de lluvia, implementando canaletas guiadas, como si fueran un riego automático. En vez de eso, impermeabilizamos. Nadie piensa en poner pavimentos porosos y el agua se va por la alcantarilla”, dice Enrique García. Hay mucho margen de mejora. Hasta en cómo airear las raíces.

“Lo puede comprobar cualquiera que pase en su ciudad o pueblo por una masa arbolada en un suelo de tierra natural. No hablo de suelos impermeables o de la zahorra que ahora tanto se lleva y que no es más que otro pavimento que causa incluso erosiones”, añade el biólogo Máximo Florín.

Los científicos echan de menos proyectos de ciudad diseñados “desde un punto de vista multidisciplinar”. En opinión del ingeniero forestal “la base tiene que estar en el arbolado por encima de cualquier otra especie. Eso es lo que va a refrigerar la ciudad y atemperar los extremos de máximos y mínimos”.

Enrique Sánchez apela al concepto 'refugio climático' para atribuirlo también a las zonas con vegetación. “Yo entiendo que hay muchas derivadas políticas, de gestión o cuestiones de urbanismo y que durante mucho tiempo se ha minusvalorado esta cuestión: menos arbolado para hacer una plaza maravillosa, pero ahora hay más sensibilización”.

Hoy aquellos entornos “son absolutamente invivibles. El equilibrio nos permitiría zonas más amables, térmica y climáticamente hablando” y se muestra optimista a la hora de hablar de un cambio de rumbo en los gestores públicos. “Hay mucho por hacer”.

Quiero pensar que los ayuntamientos o consejerías piensan ya en pequeñas excepciones para crear islas.Teniendo en cuenta hacia dónde vamos en términos climáticos es casi una obligación moral

Enrique Sánchez — Catedrático en Física de la Tierra

“Quiero pensar que los ayuntamientos o consejerías piensan ya en pequeñas excepciones para crear islas”, de cara a tratar de esquivar el calor. “Teniendo en cuenta hacia dónde vamos en términos climáticos es casi una obligación moral. Y ni es ideológico ni de izquierdas o derechas”, zanja.

También confía en que la sensibilización impregne cada vez al ámbito profesional. “Confío en que con la formación que damos en la Facultad a ambientólogos y ambientólogas no se limiten a cumplir con lo que obligue la ley”.

¿Hay suficientes árboles en las ciudades?

La demanda ciudadana de más árboles en las ciudades, junto a otros elementos como los refugios climáticos o la presencia de fuentes, ha crecido al mismo ritmo que se mueve el mercurio en el termómetro. “Seguirá habiendo demanda ciudadana en un contexto en el que el verano cada vez llega antes, es más intenso y dura más”, reconoce Enrique García, quien tiene varias publicaciones sobre los árboles singulares de Toledo y su historia.

“Creo que no tenemos suficientes árboles en las ciudades de Castilla-La Mancha”, dice, y en su afirmación tira de la conocida reflexión filosófica ‘Donde un árbol cabe, por qué no lo hay’. “Es una máxima que deberíamos tener presente. Los humanos tenemos memoria breve y cuando llega el otoño no nos acordamos de que hemos pasado calor”.

“La gente se queja con toda la razón y quiero pensar que los políticos y los gestores serán cada vez más sensibles”, apunta el catedrático de Física de la Tierra, y coincide en la necesidad de “aprovechar” el conocimiento multidisciplinar de los profesionales.

Las especies planifolias, las más idóneas

Los especialistas coinciden en que, a la hora de elegir, no hay árboles “buenos o malos”, pero sí hay que tener en cuenta algunos parámetros. “Algunas veces nos empeñamos en colocar especies como los tilos, que son muy bonitos, dan mucha sombra… pero para Oviedo, no para una ciudad de Castilla-La Mancha porque se quemarán su corteza o sus hojas y cuando pasen diez años de malvivir, morirán”, apunta Enrique García Gómez.

Este ingeniero forestal rechaza la idea de homogeneizar las especies de árboles en las ciudades. “Lo que le sirve a Gijón, no es para Albacete. Por suerte en España tenemos una gran riqueza de ecosistemas, latitudes, pluvimetría… Hay que saber cuáles son las especies adecuadas para cada lugar”, defiende.

Maximo Florín se muestra tajante. “Son importantes”, pero advierte: “No cualquier árbol, en cualquier sitio o en cualquier momento”.

Ante una ola de calor como la que vivimos en los últimos días, el científico apuesta por las especies planifolias que se caracterizan por tener hojas caducas, anchas y planas. “La ventaja no es solo su tupida sombra, sino que su hoja caduca permite tenerlos cuando se necesitan, teniendo en cuenta que tenemos localidades donde la oscilación térmica entre verano e invierno es de 50 grados”, recuerda Enrique García.

En todo caso recuerda que “no se recomienda que haya más de un 8% de la misma especie”. Apuesta por la “diversidad” para asegurar la supervivencia en caso de plaga o de fenómeno meteorológico adverso que no afecta por igual a todo tipo de árboles. “La desaparición de un 8% es algo asumible, pero si ocurre con el 50% es una catástrofe”.

El experto destaca la “eficiencia” de los árboles frente a plantaciones de césped o similares que requieren un mantenimiento y una aportación de agua “inasumibles en un país de sequías recurrentes”.

Acacias, olmos, plátanos y en ocasiones hasta árboles frutales ornamentales son algunas de las especies que se están utilizando en las ciudades. “Insisto en que hay que saber dónde se quieren poner y a qué distancia de fachadas o instalaciones. Además de tener en cuenta si por allí pasan coches o camiones y cuánto suele llover. Hasta si el suelo es silíceo, calizo o de escombros”.

Ciencia ciudadana sobre la percepción del calor

Máximo Florín lleva varios años estudiando la percepción del calor a través de la 'ciencia ciudadana'. Hace ya tres años organizó la primera 'Termometrada' de España que se realizó en Madrid allá por 2023 en la que participaron quince colectivos, coordinados por varios científicos. “Nos dimos cuenta de que había varias zonas 'horno', allí donde el suelo era de granito que acumula mucha temperatura. No es solo el asfalto, hay muchos tipos de superficie con el mismo problema”. Ese año, hubo otra termometrada en Albacete y también se ha realizado después en Daimiel (Ciudad Real).

Pretendemos visibilizar el déficit de arbolado urbano y la insuficiente adaptación de los municipios a la emergencia climática, poniendo de manifiesto cómo la falta de infraestructura verde repercute directamente en la salud, en las dinámicas sociales y la calidad de vida de la población

Máximo Florín — Ecólogo y profesor de Tecnologías del Medio Ambiente

“Con la Termometrada pretendemos visibilizar el déficit de arbolado urbano y la insuficiente adaptación de los municipios a la emergencia climática, poniendo de manifiesto cómo la falta de infraestructura verde repercute directamente en la salud, en las dinámicas sociales y la calidad de vida de la población”, explica Florín.

De la iniciativa llevada a cabo en Daimiel han surgido algunas propuestas que van desde conservar el arbolado maduro existente como prioridad, “ya que constituye el recurso más eficaz e inmediato para proporcionar sombra y reducir la temperatura” o incrementar de forma significativa el arbolado en el entramado urbano, fijando como objetivo alcanzar el 30% de cobertura de manera que calles, plazas y recorridos cotidianos dispongan de sombra suficiente para reducir las altas temperaturas y el efecto 'isla de calor'.

Después, se insta a aplicar criterios técnicos actualizados, que garanticen una distribución equilibrada, con especies de gran porte en los espacios que lo permitan, y tal y como también sugería Enrique García, con suficiente diversidad y con un mantenimiento que asegure su buen estado.

Otra idea es “despavimentar progresivamente parte de los espacios públicos destinados al ocio y el esparcimiento”, sustituyendo superficies impermeables por suelos permeables con sistemas urbanos de drenaje sostenible en zonas estratégicas, permitiendo su transformación parcial en infraestructura verde

Se requiere también ganar 'espacios verdes' o crear “islas de biodiversidad con vegetación autóctona y elementos de sombra”, distribuidas por todo el núcleo urbano, con acceso al agua a través de fuentes con retén, además de permitir que prospere vegetación espontánea en espacios urbanos baldíos, aumentando la biodiversidad y mejorando la resiliencia frente al cambio climático con especies adaptadas al clima local.

Junto a eso se sugiere garantizar la accesibilidad a los servicios básicos en condiciones de seguridad, evitando que las altas temperaturas obliguen a la población a permanecer recluida en sus domicilios o a depender del vehículo privado para desplazamientos cortos. En Daimiel, los itinerarios hacia centros sanitarios, comercios, centros educativos y deportivos “son intransitables en verano, especialmente para la población vulnerable”, recuerda Máximo Florín.

En definitiva la adopción del modelo “ciudad biofílica” (aquella capaz de integrar la naturaleza) a la hora la planificación urbana, acompañada de una red de refugios climáticos de la que tanto se está hablando en Castilla-La Mancha desde la pasada primavera, tras varias olas de calor extremo continuadas en el tiempo.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Siete Palmas, David Rodríguez, firmó en 2024 las condiciones que habrían de regir para las ediciones de ese año, de 2025, 2026 y 2027 del Granca Live Fest, el festival que se celebró este pasado fin de semana en el Estadio de Gran Canaria y cuyos efectos ha anunciado que pretende denunciar esa asociación ante los tribunales de justicia.

Un documento al que ha tenido acceso este periódico demuestra la culminación de una serie de negociaciones en 2024 en las que participaron el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes (Cabildo de Gran Canaria), la organización del Granca Live Fest y la Asociación de Vecinos Siete Palmas.

El 23 de abril de 2024 se celebró una reunión en las dependencias del Instituto Insular de Deportes entre todas esas partes con el objetivo de consensuar los aspectos más decisivos del festival con afección a la vecindad, principalmente los horarios de pruebas de sonido y de los conciertos, además de otros pormenores. De este modo se acordó, y así consta en un documento firmado por todas las partes, la supresión de los fuegos artificiales, el traslado de una parada de guaguas y la elaboración de un plan de movilidad para las paradas de taxis.

En cuanto a los horarios, se estableció para los años 2025, 2026 y 2027 que fueran los siguientes: desde las 10.00 horas, pruebas de sonido los días previos y del festival; y la hora de finalización, las 02.00. En la edición de 2026 sólo consta una transgresión, la de la jornada del sábado 4 de julio, que se prolongó hasta las 02.15.

El documento aparece firmado por el presidente de la Asociación de Vecinos de Siete Palmas, David Rodríguez, quien sin embargo, antes de que diera comienzo la edición de 2026 ya se dirigía a sus asociados para recaudar fondos (en concreto 9.000 euros) con los que pagar a un abogado que inicie los trámites judiciales pertinentes para demandar a las instituciones responsables y a los promotores del festival por los efectos para la vecindad que a su entender derivan de esta actividad cultural y de ocio. Con ese presupuesto también anunciaba incluir el coste de un procurador y los informes técnicos necesarios para reforzar sus tesis.

Dice la carta de Rodríguez que “la próxima celebración del Granca Live Fest en el Estadio de Gran Canaria, prevista de jueves a domingo y precedida de jornadas de montaje y sonorización, vuelve a situar sobre nuestra urbanización una presión importante por ruido, vibraciones, aglomeraciones, problemas de movilidad y alteración del descanso. Esto no significa solo música o conciertos: significa días de actividad intensa hasta altas horas de la madrugada, dificultades de acceso, suciedad en el entorno y un impacto real sobre la vida cotidiana de quienes residimos aquí. En definitiva, no descanso”.

En esa carta el presidente se pregunta “¿qué pasará los próximos años si no actuamos ahora?”

Ni una palabra del acuerdo firmado por él mismo con los organizadores en el que se hacían constar las condiciones de ese festival, incluido el de la edición del año que viene.

No fue esa la única acción promovida desde la asociación contra el festival antes y durante su celebración. También se distribuyó una octavilla digital entre los vecinos y las vecinas para provocar llamadas masivas 1-1-2 para protestar por los ruidos y otras afecciones que pudiera generar entre ellos el festival y reclamar a continuación la presencia de la Policía Local.

La octavilla incluía una serie de instrucciones dedicadas no ya a resolver el problema, sino a dejar constancia del malestar vecinal.

“Denunciam la violència de la destrucció del territori, de l'expulsió dels veïns, de no poder accedir a un habitatge, de veure com s'esgoten l'aigua i el sòl en benefici de les indústries turística i immobiliària, que viuen de fer negoci amb un patrimoni que és de tothom”. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha respost d'aquesta manera a la polèmica suscitada per la difusió d'un manual d'acció contra la turistificació que proposa actuacions com fer pintades, bloquejar panys d'habitatges de lloguer turístic amb silicona o llançar pintura contra determinats objectius relacionats amb el negoci turístic.

En un comunicat, l'organització emmarca aquestes accions en una llarga tradició de mobilitzacions ecologistes i recorda com a precedents l'ocupació de sa Dragonera o les protestes contra projectes urbanístics a la costa mallorquina. “No ens hem inventat res”, subratllen, reivindicant l'acció directa i la desobediència civil com a eines històriques dels moviments socials i de defensa del territori.

Després de les crítiques rebudes per part del sector polític i empresarial -la Delegació del Govern espanyol adverteix que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat investigaran els fets que puguin ser constitutius d'infracció o delicte, mentre que el Govern balear del PP considera que el manual “incita a la violència”-, l'entitat afirma que “la violència és executada des de dalt” i assegura que mai no ha defensat la violència física.

“No advocam per la violència; al contrari, la denunciam”, sosté, abans d'enumerar com a formes de violència la destrucció del territori, l'expulsió de veïns per l'augment del preu de l'habitatge, la impossibilitat d'accedir a un habitatge o la sobreexplotació dels recursos naturals. En aquest context, Menys Turisme defensa expressament una de les accions recollides en el manual en afirmar que “fer pintades o posar silicona als panys d'habitatges de lloguer turístic il·legal que incompleixen la llei no és violència”.

La plataforma considera que la controvèrsia generada respon a una voluntat de “tergiversar” el contingut del document i de “deslegitimar i dividir” el moviment contra la massificació turística. Segons explica, la publicació del manual pretén orientar accions de protesta que, sosté, ja s'estaven produint, fent-ho des dels paràmetres de “l'acció directa no violenta”, tal com consta expressament en el manual.

Els impulsors del text insisteixen, a més, que el document no està vinculat a la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol a Palma contra la massificació turística, tot i que sí que fan una crida a participar en aquesta mobilització, que arribarà després de la cadena humana celebrada el cap de setmana passat a Es Trenc i d'altres protestes desenvolupades durant els darrers mesos.

Menys Turisme sosté que la publicació del manual respon a la “nul·la actuació institucional” davant les conseqüències de la turistificació i assegura que, malgrat haver presentat propostes i haver reclamat diàleg, cap institució s'ha posat en contacte amb la plataforma després de fer públic el seu llistat de demandes.

La resposta arriba un dia després que la Delegació del Govern a les Balears advertís que les crides a causar danys en béns públics o privats “no poden compartir-se ni justificar-se”, tot i que va reconèixer la legitimitat del debat social sobre l'impacte del turisme en l'accés a l'habitatge, la convivència i la sostenibilitat de l'arxipèlag.

La difusió del manual ha reobert el debat sobre els límits de la protesta en un moment de creixent contestació social al model turístic a les Balears. Els col·lectius convocants sostenen que l'augment continuat del preu de l'habitatge, l'expulsió de residents de nombrosos barris i la pressió sobre el territori justifiquen intensificar les mobilitzacions, mentre que les administracions insisteixen que qualsevol reivindicació s'ha de desenvolupar dins el marc legal i sense causar danys a persones o béns.

Denúncia per suposada pertinença a grup criminal

Per part seva, un bufet balear ha presentat una denúncia penal en un jutjat de Palma contra 'Menys Turisme, Més Vida' i Arran, a les quals atribueix presumptes delictes de pertinença a grup criminal, coaccions agreujades, provocació als desordres públics i inducció als danys arran de la difusió del manual.

El despatx sol·licita a més la intervenció de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional per a investigar les recomanacions contingudes en el document sobre tècniques de contravigilancia, ocultació del rostre i ús de disfresses durant les accions de protesta. Segons el parer de la signatura, aquestes indicacions evidencien una planificació d'actuacions dirigides a intimidar a empresaris, immobiliàries i propietaris.

En l'escrit, recollit per Europa Press, el bufet sosté que les actuacions promogudes pel manual excedeixen l'exercici legítim del dret de manifestació i les equipés a “tàctiques coercitives típiques de la kale borroka de carrer”, en considerar que busquen acoquinar a empreses i particulars que desenvolupen una activitat econòmica lícita.

El despatx rebutja així mateix l'argument que l'emergència residencial tingui el seu origen en l'activitat turística. En el seu lloc, atribueix la reducció de l'oferta de lloguer residencial a la “extrema inseguretat jurídica” derivada de la inquiocupación, una tesi que ja va defensar setmanes enrere amb la presentació en el Parlament d'una proposició legislativa per a endurir la resposta enfront d'aquest fenomen.

“Denunciamos la violencia de la destrucción del territorio, de la expulsión de los vecinos, de no poder acceder a una vivienda, de ver cómo se agotan el agua y el suelo en beneficio de las industrias turística e inmobiliaria, que viven de hacer negocio con un patrimonio que es de todos”. La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' ha respondido de este modo a la polémica suscitada por la difusión de un manual de acción contra la turistificación que propone actuaciones como realizar pintadas, bloquear cerraduras de viviendas de alquiler turístico con silicona o lanzar pintura contra determinados objetivos relacionados con el negocio turística.

En un comunicado, la organización enmarca estas acciones en una larga tradición de movilizaciones ecologistas y recuerda como precedentes la ocupación de sa Dragonera o las protestas contra proyectos urbanísticos en la costa mallorquina. “No nos hemos inventado nada”, subrayan, reivindicando la acción directa y la desobediencia civil como herramientas históricas de los movimientos sociales y de defensa del territorio.

Tras las críticas recibidas por parte del sector político y empresarial -la Delegación del Gobierno advierte de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigarán los hechos que puedan ser constitutivos de infracción o delito, mientras que el Govern balear del PP considera que el manual “incita a la violencia”-, la entidad afirma que “la violencia” es ejecutada desde arriba“ y asegura que nunca ha defendido la violencia física.

“No abogamos por la violencia; al contrario, la denunciamos”, sostiene, antes de enumerar como formas de violencia la destrucción del territorio, la expulsión de vecinos por el aumento del precio de la vivienda, la imposibilidad de acceder a un hogar o la sobreexplotación de los recursos naturales. En ese contexto, Menys Turisme defiende expresamente una de las acciones recogidas en el manual al afirmar que “hacer pintadas o poner silicona en las cerraduras de viviendas de alquiler turístico ilegal que incumplen la ley no es violencia”.

La plataforma considera que la controversia generada responde a una voluntad de “tergiversar” el contenido del documento y de “deslegitimar y dividir” al movimiento contra la masificación turística. Según explica, la publicación del manual pretende orientar acciones de protesta que, sostiene, ya se estaban produciendo, haciéndolo desde parámetros de “acción directa no violenta”, tal como consta expresamente en el manual.

Los impulsores del texto insisten además en que el documento no está vinculado a la manifestación convocada para el próximo 26 de julio en Palma contra la masificación turística, aunque sí llaman a participar en esa movilización, que llegará después de la cadena humana celebrada el pasado fin de semana en Es Trenc y de otras protestas desarrolladas en los últimos meses.

Menys Turisme sostiene que la publicación del manual responde a la “nula actuación institucional” frente a las consecuencias de la turistificación y asegura que, pese a haber presentado propuestas y reclamado diálogo, ninguna institución se ha puesto en contacto con la plataforma tras hacer público su listado de demandas.

La respuesta llega un día después de que la Delegación del Gobierno en Balears advirtiera de que los llamamientos a causar daños en bienes públicos o privados “no pueden compartirse ni justificarse”, aunque reconoció la legitimidad del debate social sobre el impacto del turismo en el acceso a la vivienda, la convivencia y la sostenibilidad del archipiélago.

La difusión del manual ha reavivado el debate sobre los límites de la protesta en un momento de creciente contestación social al modelo turístico en Balears. Los colectivos convocantes sostienen que el aumento continuado del precio de la vivienda, la expulsión de residentes de numerosos barrios y la presión sobre el territorio justifican intensificar las movilizaciones, mientras las administraciones insisten en que cualquier reivindicación debe desarrollarse dentro del marco legal y sin causar daños a personas o bienes.

Denuncia por supuesta pertenencia a grupo criminal

Por su parte, un bufete balear ha presentado una denuncia penal en un juzgado de Palma contra 'Menys Turisme, Més Vida' y Arran, a las que atribuye presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, coacciones agravadas, provocación a los desórdenes públicos e inducción a los daños a raíz de la difusión del manual.

El despacho solicita además la intervención de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional para investigar las recomendaciones contenidas en el documento sobre técnicas de contravigilancia, ocultación del rostro y uso de disfraces durante las acciones de protesta. A juicio de la firma, estas indicaciones evidencian una planificación de actuaciones dirigidas a intimidar a empresarios, inmobiliarias y propietarios.

En el escrito, recogido por Europa Press, el bufete sostiene que las actuaciones promovidas por el manual exceden el ejercicio legítimo del derecho de manifestación y las equipara a “tácticas coercitivas típicas de la kale borroka callejera”, al considerar que buscan amedrentar a empresas y particulares que desarrollan una actividad económica lícita.

El despacho rechaza asimismo el argumento de que la emergencia habitacional tenga su origen en la actividad turística. En su lugar, atribuye la reducción de la oferta de alquiler residencial a la “extrema inseguridad jurídica” derivada de la inquiocupación, una tesis que ya defendió semanas atrás con la presentación en el Parlament de una proposición legislativa para endurecer la respuesta frente a este fenómeno.

La Feria del Libro de Santander y Cantabria (FELISA) ha sido este domingo escenario de una protesta política que se ha saldado con la cancelación de uno de los actos programados en su jornada de clausura. La presentación del poemario 'El dólar de plata', del poeta argentino Marcos-Ricardo Barnatán y su hijo Jimmy Barnatán, ha motivado un sonoro boicot ciudadano en la Plaza Porticada.

La presencia de Barnatán en el programa de FELISA había desatado polémica por sus declaraciones en contra del estado palestino que difunde con asiduidad a través de sus redes sociales. Algunos colectivos habían exigido que se retirase de la Feria.

Desde minutos antes del inicio previsto a las once de la mañana, varios cientos de personas portando banderas palestinas y kufiyyas han rodeado el escenario donde iba a celebrarse la presentación y han ocupado las sillas dispuestas a su alrededor para expresar su rechazo a la presencia del poeta en la feria. Al grito unísono de “no es una guerra, es un genocidio”, los asistentes han impedido que el autor tomara la palabra, forzando a la organización a advertir que, de continuar la interrupción, el acto sería suspendido en cuestión de minutos, como así ha sido finalmente.

Seis agentes de la Policía Nacional han entrado en el recinto de la feria. Varios de ellos han instado a los portadores de simbología palestina y próximos a la pancarta 'Palestina no se vende' a retirarse de las inmediaciones bajo la amenaza de ser sancionados. “O se quedan y los sancionamos o se van”, ha espetado un agente a varias personas que han reivindicado su derecho a la libertad de expresión.

“Están esperando a que les quites el cartel para hacer la foto y poder decir que se lo hemos quitado”, ha señalado otro de los policías nacionales personados en la plaza Porticada en alusión a este medio y otros compañeros de prensa y comunicación que se encontraban trabajando.

“Boicot cultural” contra el sionismo

Sergio Tamayo, representante de la Asociación Interpueblos, ha justificado la acción como una medida necesaria frente a lo que consideran una estrategia de propaganda. “Hemos venido aquí a hacer un boicot cultural a un sionista que defiende que Palestina no existe”. Tamayo considera que este tipo de eventos sirven para “blanquear” la imagen del Estado de Israel, una práctica “financiada durante años a nivel global”, ha recordado.

El activista ha hecho referencia a recientes declaraciones del autor en redes sociales que ha sido lo que, desde que se anunció la presencia de Barnatán en el programa de Felisa, ha motivado la reacción de varios colectivos sociales cántabros.

“Este hombre ha escrito en un tweet que en Cantabria hay 800 integrantes de Hamás, cosa que es mentira, pero es ese tipo de discurso que va calando”, ha resaltado. Tamayo ha recalcado que para su asociación el sionismo representa “una lacra” responsable del asesinato de miles de personas durante décadas de ocupación.

Cuestionamiento del uso del espacio público

En la misma línea se ha pronunciado María Toca, presidenta de la asociación cultural Ágora Luis Toca. “La presencia de Barnatán en un evento sostenido con fondos municipales resulta inadmisible”. “Es muy triste que la ciudad de Santander utilice un espacio público como es la feria del libro para blanquear el estado sionista y genocida”, ha lamentado.

Frente a las críticas de quienes acusaron a los manifestantes de atacar la libertad de expresión cultural, Toca se ha mostrado contundente: “No reventamos actos culturales, estamos poniendo la voz y el cuerpo para defender a un pueblo que está siendo masacrado”. Según la gestora cultural y también escritora, la cultura no debe ser utilizada como un escudo para figuras que, a su juicio, mantienen posturas que desprecian la vida del pueblo palestino, una situación de violencia que, recordó, “viene de muy atrás”.

Respuesta de la organización

Paco Gómez Nadal, coordinador de la feria y representante del Gremio de Libreros de Cantabria, ha explicado que la organización fue consciente de la polémica días antes, pero decidió mantener la programación al tratarse de una obra poética y no de un foro político.

“Habíamos programado a un poeta. Nos enteramos hace días de sus opiniones sionistas y el gremio decidió que no estaba invitado para hablar ni de Israel ni de Palestina”, ha aclarado Gómez Nadal. El responsable de la feria ha considerado que la policía ha gestionado la situación con prudencia, evitando realizar identificaciones para no generar “multas muy altas” a los manifestantes, cosa que él mismo advirtió por micrófono tras cancelarse el acto y decidir mantener únicamente la firma de libros de los Barnatán.

Gómez Nadal ha querido paragonar lo ocurrido este domingo con la presentación celebrada la jornada anterior, en la que dos autores palestinos, Kayed y Amal Hammad “pudieron expresarse ante 200 personas con total libertad, sin que nadie interrumpiera su discurso”, a su modo de ver. A juicio de Gómez Nadal, “hoy se ha silenciado la palabra. Nos falta mucho recorrido para que sea una sociedad plenamente democrática”, ha concluido el organizador, calificando el boicot como un acto triste para la convivencia en la ciudad.

Más de 200 personas, según el partido político Cantabristas, se han concentrado en Laredo como protesta contra “las actitudes antidemocráticas” del alcalde, Miguel González (PP). Esta movilización ha surgido a raiz de “boicot” al acto político de Cantabristas que no se pudo celebrar el pasado sábado, cuando la Policía Local, “con órdenes directas del alcalde, impidió el acto público vallando y precintando la zona” donde iba a tener lugar.

De esta forma, la formación ha criticado en una nota de prensa “la soberbia y el despotismo” del Ayuntamiento “hacia todas las voces que señalan y denuncian su mala gestión”.

El portavoz de Cantabristas Laredo, Javier Mata, ha afirmado que esta movilización “no es solo por el miedo del alcalde hacia las expectativas electorales que despierta el cantabrismo, sino una dinámica de despotismo que se ha convertido en norma en el pueblo”.

En su opinión, González “lleva años tratando de acallar todas las voces disidentes que consideran que Laredo puede y debe ser algo más que un resort turístico”.

Además, Cantabristas está estudiando emprender acciones legales contra el alcalde por “su prohibición arbitraria” del acto del sábado, que, según la formación, “estaba debidamente notificado y autorizado”, y en el que “vulneró los derechos fundamentales de reunión”. Sin embargo, Cantabristas no ha ratificado su decisión al respecto.

De la movilización en la calle a la petición de reuniones con los dirigentes políticos y los técnicos. El verano no va a ser un impedimento para que la Plataforma 'El Suroccidente también es Asturias' continúe llevando adelante cuantas gestiones sean necesarias para que los políticos asturianos no se olviden de que la zona suroccidental asturiana también existe.

La manifestación convocada, a mediados de este mes, en Cangas del Narcea para exigir carreteras “modernas y seguras” logró movilizar a un millar de vecinos y vecinas y su poder de convocatoria ha sido un acicate para seguir reclamando que se acondicionen las carreteras para evitar su aislamiento.

Concreción de fechas y plazos

Su siguiente paso ha sido presentar en el registro sendas solicitudes de reunión con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y con la jefa de la Demarcación de Carreteras del Estado en el Principado Mireya Muñoz Herrero.

La Plataforma quiere que les faciliten fechas y les concreten plazos para la ejecución de la Autovía A-63, una infraestructura que consideran “esencial para el desarrollo, la seguridad vial y el futuro de nuestra comarca”, según explica la portavoz de la plataforma, Maribel Rodríguez.

Los desprendimientos

Un ejemplo del deterioro de las infraestructuras se puede apreciar, a simple vista, con los continuos desprendimientos que se registran en la zona. Este próximo jueves, día 25, una representación de la Plataforma se desplazará a las 10 horas hasta la zona del argayo de Casa Zorrina para comprobar sobre el terreno la situación actual de este punto conflictivo de la carretera y evaluar los perjuicios que está ocasionando a los usuarios de esta vía.

Los representantes de la Plataforma han agradecido especialmente a los vecinos y vecinas, comerciantes, hosteleros y políticos que secundaron su convocatoria y se sumaron a la manifestación que el pasado 11 de junio paralizó la actividad en Cangas del Narcea.

“La paciencia se agota”

Bajo el lema 'El Suroccidente ha agotado su paciencia' recorrieron las calles de Cangas con su reivindicación por unas  infraestructuras “seguras y modernas”.

Detrás de esta protesta había mucho malestar por el abandono de la zona. Por ello, reclaman a las administraciones regional y central “compromisos concretos, plazos y actuaciones urgentes para dar continuidad a la autovía del Suroccidente (A-63) hacia Cangas del Narcea y León”, así como mejoras en el corredor del Narcea (AS-15) para dotarla de “más seguridad”.

“¿Hasta cuándo?”

Para ilustrar esta situación en la pancarta se adjuntaba la imagen de un desprendimiento sobre la carretera que llevaba impresa la frase: “Esto cae sobre nosotros. ¿Hasta cuándo?”.

Lemas no les faltaron: 'El Suroccidente merece carreteras dignas', 'Con carreteras seguras se salvan vidas', 'Sin comunicación no hay futuro', 'Una ambulancia no puede esperar' y 'Basta de abandono al Suroccidente', fueron algunas de las consignas que se pudieron leer en las pancartas y fueron coreadas por los asistentes a la multitudinaria manifestación.

Obras anunciadas y retrasadas

Maribel Rodríguez se convirtió en el altavoz de las reclamaciones de los vecinos y vecinas de la comarca suroccidental a través de la lectura de un manifiesto donde se ponía de relieve el hartazgo de la ciudadanía: “No podemos seguir soportando carreteras insuficientes, obras eternamente anunciadas y retrasadas”, aseguró.

La portavoz de la Plataforma recordó que “las deficientes, inseguras e incluso peligrosas comunicaciones”, dificultan la vida diaria de los vecinos y vecinas, así como el acceso a servicios esenciales, la llegada de profesionales, el desarrollo económico y la fijación de población en sus municipios.

La pertenencia a un territorio

Para la Plataforma, era muy importante destacar que la conciencia de pertenencia a un territorio, así como la de su defensa y conservación ha de estar siempre por encima de la militancia en cualquier partido político.

“Esta conciencia de pertenencia ha de estar también por encima de afiliaciones, de intereses espurios, de puro y simple negocio o individualista. La mejora económica, social y global de la comarca traerá inevitablemente consigo la individual, pero nunca sucederá al contario. En esta lógica de las cosas, podríamos entender la inhibición, el no hacer de algunos, pero no entenderemos nunca -añadía- la de aquellos otros que además de su pasividad en la defensa del Suroccidente, se dedican consciente e interesadamente a poner palos en las ruedas del hacer diario de quienes sí quieren, sí queremos, defenderlo y potenciarlo”.

Las acciones

En esa manifestación, la portavoz anunció que, si no se producían “avances reales y verificables”, continuarían impulsando nuevas movilizaciones y cuantas acciones fueran necesarias para defender los intereses y dignidad de su territorio.

Su anuncio no se quedó en papel mojado y, por ello, han retomado la iniciativa con la solicitud de sendas reuniones con la delegada del Gobierno y la jefa de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias.

Sevilla FC y Real Betis han conseguido con los proyectos de transformación de sus estadios algo inédito en Sevilla: unir a los vecinos de Nervión y Heliópolis (donde se ubican los clubes) en su lucha contra esta iniciativa urbanística. Para ello han constituido una plataforma vecinal conjunta, Barrios Ahogados, en la que también se integran entidades de zonas próximas como Los Bermejales, Pedro Salvador, Sector Sur, Siete Calles, Reina Mercedes, Elcano, Ciudad Jardín, Gran Plaza, La Buhaira y Huerta de Santa Teresa.

El objetivo es advertir de los problemas que estos espacios van a sufrir a raíz de las transformaciones en los estadios Ramón Sánchez-Pizjuán y Benito Villamarín. En un comunicado, han alertado de la “saturación” y “pérdida de la calidad de vida” de los residentes que ocupan estos espacios, lanzando un mensaje muy significativo dirigido al Ayuntamiento hispalense: “No a los mamotretos”.

“El nuevo modelo americano que pretende explotar estas instalaciones deportivas 24 horas durante siete días a la semana con nuevos usos terciarios no es compatible con la preservación de la calidad de vida de los vecinos”, han apostillado. “Los proyectos no pueden desarrollarse a costa de nuestro bienestar”, le exigen al gobierno local.

“Pelotazo muy lucrativo”

Si bien admiten que estas nuevas plataformas supondrán un “pelotazo muy lucrativo para los clubes”, estarán “acompañadas de la ocupación de parques y espacios libres para facilitar la implantación de miles metros cuadrados de superficies de uso terciario”. Esto, a su juicio, “compromete” la seguridad de los asistentes y “genera” problemas de movilidad, calidad del aire y contaminación acústica.

“Ni las plazas prometidas serán tales, ni tiene nada de icónico añadir un mamotreto a un estadio, ni supondrán un beneficio para la ciudad, más allá de los réditos a sus promotores, al comercio mayorista, o a la hostelería”, señalan estas entidades vecinales. Asimismo, denuncian que “a tramitación para hacer posible estos proyectos ”ha sido forzada para darle una apariencia de legalidad“, pero un ”análisis independiente“ de la documentación tramitada hasta ahora ”evidencia la escasa motivación y la indefinición de unas propuestas puestas al servicio exclusivamente de los intereses de unas sociedades anónimas privadas“.

Servicios públicos “insuficientes”

“Los proyectos urbanísticos que se están impulsando en Nervión y Heliópolis olvidan las necesidades reales de los vecinos” y, en lugar de mejorar la calidad de vida, “refuerzan problemas ya existentes”. Entre los mismos, apuntan a que aumentan la presión sobre un tejido urbano que ya es denso, con infraestructuras saturadas y servicios públicos insuficientes, “sin que se escuchen ni se valoren las preocupaciones de quienes viven aquí día a día”.

Por ello, la plataforma reclama que los terrenos y espacios afectados por estos proyectos no se conviertan sólo en activos para grandes empresas o eventos, “sino en oportunidades que realmente beneficien a los vecinos que aquí viven”. Para ello, reivindican que “conserven su condición de espacios libres, potenciando sus usos públicos”.

Miles de personas –unas 4.000, según la organización– han salido a las calles de Sevilla un viernes por la tarde y a una hora (las siete de la tarde) en la que el sol estaba pegando todavía con toda su crudeza, y lo han hecho para cargar contra la situación del mercado inmobiliario y denunciar la imposibilidad de acceder a un hogar. “La vivienda nos cuesta la vida”, se ha coreado, en sintonía con el lema de una marcha convocada por el Sindicato de Inquilinas a la que se han sumado otros colectivos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asamblea por la Vivienda de Sevilla y otras entidades proderecho a la vivienda.

El punto de partida ha sido el Parlamento andaluz, para evidenciar que es allí donde radican las principales políticas que pueden aplicarse en una cuestión socialmente clave que se ha convertido en la principal preocupación ciudadana. “Protesto porque la vivienda se vuelve cada vez más inaccesible: los contratos empeoran y los precios superan los salarios”, ha denunciado Ibán Díaz, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

“Los agentes públicos no actúan con la suficiente fuerza, así que nos organizamos y manifestamos”, ha apostillado. Y ha llamado la atención sobre la cuestión meteorológica, no precisamente menor con la que caía en Sevilla en ese momento: “A pesar del calor y la mala época, hemos reunido a miles de personas para denunciar la grave crisis habitacional en Andalucía y en toda España”.

Las siguientes estaciones andaluzas de esta reivindicación nacional se vivirán el próximo 27 de junio en Cádiz, Córdoba, Málaga y el municipio gaditano de La Línea de la Concepción. En Sevilla se ha tenido que adelantar porque esta fecha coincide con la celebración del Orgullo del Sur.

Colectivos vecinales afectados

Alquileres asfixiando, vecinas luchando, rezaba una de las pancartas que han podido verse en la protesta, en la que se ha cargado contra bancos y fondos buitres –por su influencia en un mercado inmobiliario “disfuncional”– pero también contra entidades como Airbnb o la mismísima Ana Rosa Quintana, propietaria de numerosos inmuebles en Madrid y Sevilla. A la manifestación se han unido también colectivos vecinales afectados por circunstancias muy particulares, como los casos de la avenida Jiménez Becerril, Pinillos, los corralones de Castellar o los del número 7 de la calle Bordador Rodríguez Ojeda, en cuyos bajos está previsto abrir apartamentos turísticos con capacidad para 44 personas.

Ante este tipo de situaciones, desde el Sindicato de Inquilinas se reclaman medidas como “la abolición de las viviendas turísticas y la defensa del uso residencial”, con la consiguiente “prohibición del cambio de uso”. El acento se ha puesto en el turismo –“es un competidor directo de la función residencial”– y en la transformación de la vivienda en un “bien de inversión”, lo que se traduce en una “escalada de precios” que abona la “especulación” con una cuestión de primera necesidad.

“El mercado de la vivienda y del alquiler es disfuncional, eso hace imposible el acceso”, ha criticado Ibán Díaz, para quien este sistema “genera una terrible diferencia entre los que pueden acumular propiedades y los que no pueden ni acceder a un piso”. “Es que ni se conceden hipotecas”, ha lamentado, además de “transformar los usos sociales y comerciales de los barrios” y “distorsionar los espacios simbólicos de la ciudad”.

Sobreesfuerzo para pagar el alquiler

Como refrendo de lo que se está viviendo, horas antes el Banco de España publicaba su Informe Anual 2025, en el que se subraya que los problemas del mercado de la vivienda constituyen uno de los principales retos de la economía española y pueden tener efectos adversos sobre el crecimiento económico a largo plazo y la desigualdad. En concreto, Sevilla concentra una de las mayores proporciones de hogares en sobreesfuerzo por el pago del alquiler.

El elevado esfuerzo para acceder a la vivienda, apunta la institución, puede retrasar la emancipación y afectar a decisiones como la natalidad, la movilidad laboral o la inversión en formación. Al respecto, ha señalado que el acceso a la vivienda está condicionado por un aumento sostenido de los precios reales, tanto de compra como de alquiler, debido, principalmente, a que la demanda crece más rápido que la oferta.

En este contexto, el área urbana de Sevilla presenta un aumento significativo de los precios reales de la vivienda. Así, los hogares de la capital que viven de alquiler destinan el 31,3% de su renta neta media al pago del arrendamiento, un porcentaje superior a la media de España (26,7%) y que se sitúa por encima de los umbrales donde este esfuerzo se considera excesivo (30% de la renta neta).

Todo esto se resume, según Ibán Díaz, en que “hay una oferta de alquiler insuficiente y unos precios disparatados”, un problema transversal porque afecta mucho a los jóvenes, pero también a “familias, migrantes o personas de avanzada edad en situación de precariedad”. Razones más que suficientes para que este viernes miles de personas se animaran a denunciar esta situación a pesar del calor que caía a plomo sobre Sevilla.

“Es una pesadilla para el barrio, si sigue adelante esto va a ser un infierno y no va a haber quien viva aquí”. La predicción la hace Emma, una de las vecinas que está intentando frenar junto a una veintena de familias la avalancha de apartamentos turísticos que se le viene encima a su bloque de pisos, piscina y solárium incluidos. La situación, que tiene como escenario el número 7 de la calle Bordador Rodríguez Ojeda en Sevilla, vale como ejemplo de los muchos y variados factores que han convertido la vivienda en un problema mayúsculo. De paso, explica marchas de protesta como la de este viernes 19, para denunciar un contexto que cada vez complica más vivir en la capital hispalense.

La manifestación, que parte a las 19 horas del Parlamento con el lema de La vivienda nos cuesta la vida, la impulsa el Sindicato de Inquilinas, pero a la misma se han ido sumando otros colectivos y también los vecinos de puntos de la ciudad con conflictos abiertos.

Es el caso de Bordador Rodríguez Ojeda, que se ubica en San Julián, barrio que sufre una doble maldición: es céntrico pero no se incluyó entre los 11 ya saturados en los que desde 2024 se prohíbe la apertura de nuevos pisos turísticos, a lo que se une que sufre la presión de la ola de apartamentos turísticos (sin limitación expresa) que azota la ciudad.

La práctica común es que los apartamentos turísticos se ubiquen en un mismo edificio consagrado a este fin, pero estos vecinos se han encontrado con que un fondo de inversión ha adquirido la práctica totalidad de los bajos comerciales y está ejecutando un proyecto con nueve estancias con capacidad para hasta 44 personas. La iniciativa alcanza al patio interior, con lo que los residentes se van a encontrar la piscina o el solárium ante sus ventanas como quien dice.

El lío con los estatutos

Viéndoselas venir, la comunidad de propietarios incluyó en 2023 en sus normas la prohibición del uso turístico en viviendas y oficinas, pero algo falló y el administrador no hizo lo propio con los locales comerciales. Cuando se dieron cuenta en noviembre 2025, ya con la sombra del proyecto encima “pero antes de que tuvieran ni licencia de explotación ni calificación ambiental”, se introdujo una modificación que ya abarcaba a todos los espacios.

La empresa, por su parte, considera que la actual normativa le ampara al tratarse de locales comerciales, estar en la planta baja y tener un acceso independiente al de los vecinos. Eso sí, no se da por aludida por el último cambio en los estatutos y ya habría empezado a moverse por vía judicial: ha presentado una demanda por el intento vecinal de impedir su actividad comercial, apuntando que les pasará la factura de los 200.000 euros anuales que confía en ganar con este negocio. Los propietarios –amparados por la asociación vecinal La Revuelta– ya se han tenido que buscar abogado ante el nuevo horizonte que se dibuja.

“Esto asusta”, admite Emma ante la doble perspectiva, la de un carrusel de turistas en una calle especialmente tranquila o la posibilidad de enfrentarse a un litigio en el que están sobre la mesa cantidades tan considerables. Las alegaciones presentadas hasta la fecha en Urbanismo no han tenido impacto más allá de la visita de un inspector. Desde el Ayuntamiento, por cierto, se recuerda que la competencia municipal es la licencia de obras y la calificación ambiental, pero que el permiso de apertura lo concede el Gobierno andaluz.

La caducidad de la licencia

Uno de los hilos de esperanza de los residentes es su alegación sobre que la obra no tiene actividad desde hace casi un año, y que la autorización decae si hay un parón de tres meses. El Consistorio hispalense admite que se está analizando esta cuestión y que hay actuaciones en este sentido, centradas en la posible caducidad de la licencia. A la empresa se le ha mandado audiencia previa requiriendo documentación y no ha presentado nada, por lo que se anuncia la próxima visita de un inspector.

Todo esto ocurre en San Julián, una zona “altamente saturada” de pisos turísticos (de hecho, ya reuniría los requisitos para que no se permitan más) que “están echando a los vecinos porque se disparan los precios y no se renuevan los alquileres”, lamenta Emma. Una situación que es común en buena parte de la ciudad, coincide Ibán Díaz, del Sindicato de Inquilinas, que lamenta que “los apartamentos turísticos no tienen limitación”. “Esto es un descaro porque desde 2024 se han duplicado, el Ayuntamiento lo que ha hecho es cambiarle el collar al perro”.

“En el casco antiguo están construyendo apartamentos turísticos por todos lados, sin limitación, está siendo horroroso”, señala por su parte Puri Huertas, de la asociación vecinal La Revuelta. Con este telón de fondo, carga contra un gobierno local que “ha abandonado a los vecinos a su suerte ante la especulación, nos dejan en manos de fondos empresariales que vienen a avasallar”.

Una ciudad “invivible”

Los de Bordador Rodríguez Ojeda son ejemplo de vecinos con problemas, como ocurre también en los casos de Jiménez Becerril, Pinillos o los corralones de Castellar, que van a estar presentes en la manifestación de este viernes, antesala de las que se celebrarán el 27 de junio en Cádiz y Málaga. El manifiesto de la protesta, a la que se han sumado una decena de entidades, carga contra “un mercado de la vivienda que sólo funciona para los especuladores y que hace invivible la ciudad” mientras el Ayuntamiento “opera en convivencia”.

“Sevilla es una ciudad saturada, con un mercado de la vivienda disfuncional y progresivamente invivible”, sostiene el documento, que apunta que el problema no es sólo cuestión “de la generación más joven y de las clases sociales más desfavorecidas”. “Se ha convertido, por la incapacidad política, en un problema transversal”, apostilla.

La plataforma 'el Suroccidente también es Asturias' ya dejó constancia con su denominación del malestar que se respira en la zona por el abandono institucional al que se ve sometida la comarca en materia de infraestructuras. Este jueves, día 11, mostrará su poder de convocatoria en las calles de Cangas del Narcea cuando los negocios cierren sus puertas para facilitar que los trabajadores del sector se sumen a la manifestación donde se exigirá que el Gobierno de Asturias y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inviertan en la mejora de las comunicaciones y evitar así su aislamiento.

La manifestación se desarrollará entre las 12 del mediodía y la una de la tarde. Partirá de la plaza de la Oliva y finalizará en la plaza del Ayuntamiento.

La plataforma está integrada por vecinos y vecinas de los concejos de Salas, Cangas del Narcea, Allande, Grandas de Salime, Belmonte, Somiedo, Tineo, Ibias y Degaña que se movilizan por “unas carreteras seguras y modernas”. Entre otras reivindicaciones, sus integrantes advierten de la peligrosidad del corredor del Narcea, la AS-15 y la paralización de las obras de la A-63.

Carreteras que “se caen a pedazos”

Su presidenta, Maribel Rodríguez, asegura que el suroccidente asturiano lleva más de dos décadas sin que se acondicionen las carreteras y pone como ejemplo la AS-15 que “se cae a pedazos” y, a pesar de que ya se han registrado varios accidentes, no se han adoptado medidas para corregir esta situación.

Otro ejemplo. El pasado mes de abril se cumplieron cinco años del argayo registrado en la carretera de La Espina y aun se desconoce “cuándo se piensa inaugurar”, apostilla.

El apoyo del sector agrario

La Unión Rural Asturiana (URA) ha mostrado públicamente su respaldo a la movilización. Esta organización, mayoritaria en el sector, apoya la protesta al considerar que contar con unas carreteras adecuadas es “una cuestión clave para garantizar el futuro de las explotaciones, las empresas y los pueblos de la comarca”.

URA estima que esta reivindicación por unas carreteras “más seguras y modernas” va mucho más allá de una demanda sectorial. Advierte de que es una exigencia legítima de toda una comarca que reclama inversiones, seguridad y oportunidades de futuro.

El llamamiento

“Las carreteras son una herramienta esencial para garantizar servicios, actividad económica, empleo y calidad de vida. Sin unas comunicaciones adecuadas -aseguran- resulta imposible atraer inversiones, favorecer el relevo generacional o asegurar la competitividad de las explotaciones agrarias”.

Además, ha realizado un llamamiento tanto a sus afiliados como a los profesionales del sector agrario y al conjunto de la ciudadanía del medio rural para que se sumen a esta movilización.

“El futuro del suroccidente asturiano pasa necesariamente por unas comunicaciones dignas. Es el momento de que las administraciones escuchen una demanda histórica y adopten las medidas necesarias para acabar con el aislamiento que sigue lastrando el desarrollo de esta comarca”, asevera.

Varias asociaciones ecologistas y ciudadanas han expresado este lunes su alarma y rechazo ante la instalación de una central eléctrica flotante que operaría con combustibles fósiles en el Puerto de La Luz, junto al barrio de La Isleta, una decisión que han calificado de “hipoteca ambiental y sanitaria”.

En un comunicado, Foro Por La Isleta, Guanarteme Se Mueve, Federación Ben Magec, Canarias Tiene Un Límite, Greenpeace y Salto a la Transición Ecológica, han denunciado que sólo disponen de la información publicada en medios y que, en base a ella, consideran que es “inadmisible” usar “el miedo al apagón para arrancar a la población una aceptación resignada de este buque, escudándose en un supuesto carácter temporal de emergencia”.

A su juicio, “nada garantiza que esa temporalidad no se prolongue de forma indefinida, como ya ha ocurrido con instalaciones similares en otros países”.

Las asociaciones han denunciado que el buque previsto opera con combustibles fósiles, por lo que se aleja “frontalmente” de los objetivos climáticos suscritos por Canarias, España y la Unión Europea, siendo las emisiones esperables “muy superiores a las que generarían las alternativas renovables, ya maduras y desplegables en el archipiélago”.

También han recordado el proyecto de la planta de gas natural de la empresa Totisa al criticar la ubicación, “a escasos metros de un barrio de más de 20.000 habitantes, con centro de salud, residencia de mayores, instituto, colegios y guarderías”.

Los denunciantes han indicado que “los vientos alisios dominantes del nordeste dirigirán la pluma contaminante directamente hacia tierra” al recordar que la Organización Mundial de la Salud vincula estos contaminantes con enfermedades cardiovasculares, asma, EPOC, cáncer de pulmón y mortalidad prematura.

Las asociaciones han pedido a la Administración que haga públicas las necesidades reales de generación eléctrica de Gran Canaria y por qué este buque sería la “única opción viable”, el estudio comparativo de alternativas técnicas, de impacto ambiental completo y un estudio específico de impacto sobre la salud pública, con población de referencia y centros sensibles identificados.

También han pedido la justificación económica del coste para las arcas públicas y para la factura eléctrica del consumidor canario, la duración del contrato y su fecha de caducidad vinculante, el tipo y origen del combustible, sus especificaciones, las condiciones de suministro y los planes de contingencia ante vertidos, y las condiciones contractuales completas, incluidas las penalizaciones por incumplimiento y por prolongación más allá del plazo declarado.

“La Isleta ya dijo no a la planta de Totisa. Volverá a decirlo”, han manifestado al indicar que “la salud de un barrio no puede ser la moneda de cambio de la mala planificación energética”. 

El Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ha adjudicado el contrato para la adquisición de la equipación de la Policía Local que incluiría la compra de chalecos antibalas a Guardian Homeland Security, el representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar.

Guardian Homeland Security fue establecida en España por antiguos miembros de los servicios especiales de seguridad del Estado de Israel. Es la filial de IMI Systems, integrada en la empresa israelí Elbit Systems, e implicada en el genocidio.

El precio más bajo

A este concurso optaban dos empresas: además de la israelí competía por este contrato Soltec pro uniformidad y aunque ambas estaban igualadas en la calidad de los materiales y plazo de entrega, el consistorio se decantó por Guardian Homeland Security al ofrecer un precio más reducido. Su oferta suponía 540 euros por prenda frente a los 600 euros por unidad de Soltec pro uniformidad.

La organización Civio, que escogió su denominación de “cívico, que pertenece a la ciudadanía”, ha hecho una labor de fiscalización de esta adjudicación. Una de sus integrantes es Olalla Tuñas, quien ha confirmado a elDiario.es Asturias que el equipo de gobierno de la capital asturiana, que lidera el Partido Popular (PP), adjudicó ayer el contrato a través de la figura del acuerdo marco por el que eligen a los proveedores a los que les pueden comprar, en las condiciones pactadas, durante el tiempo que esté en vigor, y que en este caso es de cuatro años.

Chalecos antibalas made in Israel

Los componentes de Civio resaltan el hecho de que el ayuntamiento no haya tenido en cuenta el fuerte rechazo que actualmente mueve cualquier relación con Israel a raíz del genocidio en Gaza.

Especialmente destacan que la adjudicación se haya formalizado en fechas posteriores al 25 de septiembre de 2025 cuando entró en vigor el decreto ley que prohíbe la importación y exportación de material de Defensa israelí y al ser este dato relevante al afirmar la propia empresa que los chalecos incluidos en su catálogo están fabricados en Israel.

Equipos de protección vetados

El contrato que afecta a la capital asturiana contempla la posible adquisición de 77 chalecos por un importe total de 41.580 euros.

Según explican desde Civio, el decreto ley de embargo incluye entre los materiales vetados equipos de protección como cascos y chalecos antibalas, salvo aquellos que acompañen a su usuario para protección personal, por lo que esta compra de material podría ser denunciada como ilegal y su importación debería prohibirse.

Balas para la Guardia Civil

“El decreto ley veta la entrada y salida de productos incluidos en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, entre los que están los equipos de protección como cascos, trajes blindados o antibalas, salvo cuando acompañen a su usuario para su protección personal, esto es, cuando lo lleven puesto”.

La organización recuerda cómo en abril de 2025, apenas cinco meses antes de que entrara en vigor el real decreto, Guardian Homeland Security saltó a los titulares de prensa por un contrato de 6,6 millones de compra de balas para la Guardia Civil.

El genocidio

“En ese caso, actuaba como representante de la firma israelí IMI Systems. Pese a que la polémica surgió en abril, y la promesa del Gobierno de que cancelarían el contrato llevaba meses en el aire, no fue hasta el pasado 29 de septiembre, ya con el paraguas legal del decreto ley de embargo, cuando se anuló de forma oficial.

El genocidio de Israel en Gaza no ha dejado indiferentes a los colectivos de activistas asturianos, quienes han mostrado públicamente su rechazo con acciones de protesta, manifestaciones, concentraciones y encadenamientos a edificios, entre otros.

Las protestas en Asturias

Una de las últimas acciones de protesta con encadenamiento incluido fue el que protagonizaron en junio de 2025 -tres meses antes del real decreto- un grupo de activistas que bloquearon la puerta de entrada a la fábrica de armas de Trubia, en Oviedo/Uviéu.

Los jóvenes iban provistos de pancartas con el lema “El Xenocidiu entama equí” (“El genocidio empieza aquí”) y “ STOP Genocidio”. La protesta, que incluyó el encadenamiento de sus portavoces a las verjas, duró una hora y media y finalizó cuando los agentes solicitaron a unos trabajadores de la fábrica que cortasen las cadenas con una cizalla de la empresa.

Esta acción se sumó a otras anteriores que se han llevado a cabo en Asturias, con manifestaciones, concentraciones y acampadas universitarias como la de los estudiantes de la Universidad de Oviedo en el campus del Milán, donde se posicionaron “en contra de la complicidad de las instituciones españolas en la ocupación y limpieza étnica del pueblo gazatí”.

Suspender las relaciones comerciales

Apenas un año antes del real decreto, en julio de 2024, tanto la relatora de la ONU, Francesca Albanese, como la Corte Internacional de Justicia pidieron la suspensión de relaciones comerciales y de inversión que “contribuyan a la situación en los territorios ocupados palestinos” en relación con la ocupación ilegal y la segregación.

La Comisión de Investigación asignada por la ONU (que en 2025 concluyó que “hay un genocidio en Gaza”) pidió suspender todas las relaciones armamentisticas y comerciales que contribuyan de algún modo, lo que supone, como indica también la relatora, suspender este tipo de comercio, que engrosa las arcas de filiales de empresas israelies que son eje vertebral de la ocupación y el apartheid denunciado por Amnistía Internacional, HRW, la Corte Internacional de Justicia y B’Tselem.

Las 'ocho de Becerril', activistas procesadas por las protestas contra la presencia de un equipo israelí llevadas a cabo en la última edición de La Vuelta, han tildado este miércoles su causa de “juicio político”.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles frente a la Fiscalía General del Estado, las encausadas y su equipo jurídico han calificado el proceso de “juicio político” y han anunciado el lanzamiento de una campaña de recaudación de fondos para sufragar sus gastos.

Las ocho están citadas a declarar el 21 de octubre en los juzgados de la capital, según ha informado su abogado, Diego Redondo, que ha detallado que están investigadas por los presuntos delitos de orden público, atentado a la autoridad y desobediencia, que conllevarían penas de prisión, en caso de ser declaradas culpables.

La portavoz del grupo, Clara Molina, ha justificado las acciones de protesta como un “deber moral y ético” para situar el conflicto de Gaza en el foco mediático tras, lo que consideran, más de 950 días de ofensiva militar por parte de Israel.

Las activistas han denunciado lo que consideran “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía mencionando el empleo de esprays de gas pimienta e, incluso, agresiones contra los manifestantes.

Han iniciado un 'crowfunding' (microfinanciación) con el objetivo de recaudar entre 20.000 y 40.000 euros para sufragar los gastos judiciales y las posibles sanciones, así como gastos de campaña.

Las 'ocho de Becerril' son conocidas así por su sentada en la localidad de Becerril de la Sierra durante la disputa de la 20ª jornada de La Vuelta, penúltima de la ronda ciclista española, que transcurrió por la sierra de Madrid.

Este caso se enmarca en las protestas propalestinas llevadas a cabo en varias localidades españolas durante la edición de 2025 de La Vuelta por la participación en la ronda ciclista del Israel Premier Tech, al tiempo que Israel mantenía su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza bajo la justificación de su lucha contra Hamás a raíz de los ataques terroristas perpetrados por esta organización el 7 de octubre de 2023.

La última etapa de la ronda española tuvo que ser suspendida cuando las protestas inundaron las calles de Madrid y los organizadores, ante posibles altercados de seguridad para los corredores, optaron por no concluir el recorrido, y el danés Jonas Vingegaard se proclamó campeón de La Vuelta sin poder atravesar la meta ese día.

El pasado 8 de mayo decenas de ciudadanos se concentraron a las puertas de la plaza del Ayuntamiento de Guadalajara como muestra de protesta por la decisión del equipo de Gobierno de PP y Vox de duplicar las plazas de aparcamiento de la zona azul de la ciudad.

Este jueves la movilización, que la pasada semana se convocó mediante carteles distribuidos por todo el casco antiguo, a través del boca a boca y vía redes sociales, ha vuelto a repetirse.

Más de medio millar de personas se han acercado hasta el lugar por la misma razón y a pesar de que ayer mismo la alcaldesa Ana Guarinos abrió la puerta a a aplazar o modificar la nueva Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) que acaba de aprobar su gobierno.

Si nada cambia entrará en vigor el próximo lunes 18 de mayo por un periodo de 10 años.

El nuevo sistema plantea la creación de un total de 1.190 nuevas plazas de estacionamiento regulado, lo que duplica la cifra actual, por lo que se llegará a un total de 2.293 plazas controladas. Respecto a la distribución, en la zona azul la cifra será de unas 1.297 plazas, unas 500 más sobre la que aún rige.

En la zona roja habrá unas 640 plazas, creándose unas 200 más pensando en los residentes, aunque también podrán ser utilizadas por no residentes pagando algo más que en la azul y, con respecto a la zona verde o disuasoria, desde el día 18 de mayo habrá unas 360 plazas, inexistentes hasta ahora, donde se pagará 2 euros por todo el día, en el horario marcado para la ORA.

Sucesivas prórrogas en el contrato

De esta ordenanza se lleva hablando desde 2024, en la actual legislatura, aunque la cuestión lleva siendo polémica desde hace años y el cambio se había aplazado en varias ocasiones. El contrato anterior de la ORA en Guadalajara, gestionada por Dornier, finalizó oficialmente en octubre de 2023, tras una prórroga de tres años sobre el periodo anterior previsto que también era de diez año.

Desde entonces, el servicio se prestó bajo una prórroga forzosa provisional mientras se gestionaba la nueva concesión que ha vuelto a recaer en Dornier. 

Se implantaría una tarifa única en la zona azul de 0,65 euros por hora en toda la ciudad, lo que supone una rebaja real para los usuarios que aparquen en el centro urbano, si se compara con lo previsto en la zona de bajas emisiones (ZBE), que acaba de ser tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Guadalajara y que ha propiciado que la ORA cambie.

El dinero que habrá que desembolsar en la zona azul varía según los tiempos de estacionamiento. Por el mínimo, 18 minutos, se pagarán 0,20 euros, por una hora 0,65 euros, por dos horas, 1,30 euros, por tres horas 1,95 euros y el máximo será de cuatro horas con un coste de 2,60 euros.

La zona roja destinada a residentes, de forma preferente, permite estacionar también al resto de usuarios, pero con un límite de dos horas y una tarija superior a la de la zona azul. La tarjeta anual de residente mantiene su precio de 32 euros al año.

La coordinadora que agrupa las plataformas populares contra la instalación de “macroplantas de biometanización” en Navarra ha acudido al Parlamento para pedir “a los grupos políticos” la prolongación de la moratoria de un año aprobada hace unos meses “dos años más” que mantiene paralizados los proyectos. Según han señalado desde Sustrai Erakuntza en un comunicado, quedan “muchas tareas” pendientes para que la instalación de este modelo de energía “no suponga un perjuicio a los territorios y a la viabilidad del sector primario y a la calidad de vida en los territorios”.

Las plataformas populares afectadas por la instalación de las macroplantas de biogás de Viana, Los Arcos, Lodosa, Sesma, Arroniz, Mendavia, Cintruénigo, Sartaguda y Murillo el Cuende “ya habían solicitado una moratoria de dos años para la instalación de plantas de biometanización y que afectara a todas las plantas en tramitación en aquel momento”, tal y como han narrado ellos mismos. “El objetivo era la realización de una planificación democrática de esta cuestión, en condiciones y con garantías, basadas en la racionalidad, en el conocimiento de las necesidades reales y en la participación efectiva de los sectores afectados”, afirman. Sin embargo, la moratoria que aprobó el Parlamento en octubre de 2025 “descafeinaba las reivindicaciones iniciales”, ya que “acortaba el tiempo de su duración a 12 meses o hasta el momento de la aprobación de una normativa foral sobre fertilización orgánica en zonas vulnerables”. Además de limitarse a la “realización de un diagnóstico técnico sobre los proyectos en tramitación, el análisis de sus impactos, así como la presentación de recomendaciones para garantizar una planificación equilibrada y sostenible”.

Por ello, las plataformas locales afirman que “la situación es muy preocupante” y reclaman conocer “las acciones que el Gobierno de Navarra haya podido realizar” en el diagnóstico de la materia, el análisis de los impactos o las recomendaciones para una planificación sostenible. “A lo que se añade el hecho de que la moratoria puede finalizar en los próximos meses por lo ya indicado”, lo que “activaría los proyectos actualmente en suspenso” y comenzarían otros “que ya se anuncian en la Ribera”, apuntan.

Apoyándose en estas razones, la coordinadora ciudadana ha registrado “en el Parlamento un escrito” para ser analizado por “los grupos políticos”, al considerar que queda trabajo pendiente para que “la opción de la biometanización no suponga un perjuicio” al entorno y a sus ciudadanos. Primero, piden “aprobar una nueva moratoria, o en su caso la prolongación de la actual”, pues estiman que “se necesita al menos dos años más” para abordar “realmente este proceso con garantías territoriales, ambientales y sociales”. Otra de sus reclamaciones es el compromiso de “protección del suelo agrícola y acuíferos” frente a los intereses de las empresas promotoras“, pues es parte del ”interés general“ de sus habitantes y ”del sector primario“, productor de ”alimentos de calidad“. Y, por último, exigen la apuesta de un ”modelo de cercanía“, ya que ”el modelo adecuado para compatibilizar la actividad agroganadera de calidad con el uso de la biometanización debe tener un carácter descentralizado y autosuficiente, que asegure la cercanía entre generación y aprovechamiento de los residuos, respondiendo a las necesidades agroganaderas a nivel local“.

“Se debe imponer el principio de prudencia frente a la instalación de macroplantas de gran tamaño. Estas mezclan residuos de origen distinto al agroganadero, su transporte implica recorrer largas distancias, y producen riesgos de importantes afecciones ambientales en zonas ya de por sí consideradas vulnerables por la contaminación por nitratos”, exponen desde las plataformas.

Además de elevar las reclamaciones a las fuerzas políticas, la coordinadora ecologista también ha querido hacer “un llamamiento a la población” para que apoye y se una a “las acciones que ya se están realizando en las localidades afectadas”. Por eso mismo, la charla en el Centro Comunitario Salesianas de la Txantrea a las 19.00 estará abierta al público. También han convocado para el domingo 10 de mayo una manifestación con el lema 'Lurraren defentsan, STOP macroplantas BIOGÁS', a las 12: horas desde el Baluarte de Pamplona.