La plataforma vecinal contraria a la planta de gas propano del barrio de La Cruz Santa, en Los Realejos (norte de Tenerife), no se rinde y este fin de semana celebró una asamblea informativa que llenó el célebre casino de este núcleo lindero con La Orotava. Lo hicieron no sólo para detallar el proyecto de Disa, avalado y publicado ya por el Gobierno de Canarias en el BOC, sino para tratar de resolver las dudas de muchos, explicar a fondo los peligros y riesgos de la instalación, lograr fondos anónimos para su causa y agradecer a todas las personas implicadas en la lucha su labor desinteresada, incluidos los residentes que han colocado pancartas en sus casas o la propia parroquia del barrio.

Pese a que existe cierta resignación porque las obras continúan y temen que no haya vuelta atrás, los residentes que se oponen agradecen también las 6.150 firmas recabadas hasta ahora y el apoyo unánime del Ayuntamiento realejero, tal y como pasó con la zona de La Zamora, la primera en la que la empresa planteó la colocación una planta que el Gobierno justifica para poder afrontar potenciales ceros energéticos en la Isla.  

Aunque ha habido reuniones previas, la del pasado viernes fue la más concurrida y ha demostrado, según lo trasladado a este periódico, la unión existente y las ganas de seguir luchando contra una instalación que creen una pura contradicción con muchas contraindicaciones en los supuestos tiempos de la apuesta por las energías limpias e inocuas, lo que no se da en este caso.

Mientras, la Consejería regional de Transición Ecológica y Energía mantiene que se trata de una planta imprescindible para el presente y futuro. La empresa, por su parte, y tal y como hizo en respuesta a las alegaciones de una vecina en su momento, argumenta que la elección del suelo y su ubicación responden “al criterio de mínima afección posible”, así como a motivos técnicos “tales como la proximidad a infraestructuras eléctricas, la accesibilidad y la seguridad”. Asimismo, subraya que ni el planeamiento insular ni el local impiden su implantación, después de que el PGO local recalificase esa zona de rústica a industrial. 

También sostiene que la planta “cumple todas las medidas necesarias para compatibilizar su instalación con el entorno” y dice que “no genera afecciones sobre viviendas, establecimientos o fincas aledañas”, por lo que subraya que su instalación resulta “completamente viable”. Además, replica que se contempla toda la documentación necesaria sobre “los objetivos acústicos, la calidad del aire y vulnerabilidad frente a accidentes graves”. En este sentido, remarcan que cumplen la normativa y que cuentan con los documentos e informes pertinentes bajo el amparo del órgano competente.

La plataforma vecinal, por su parte, considera incoherente apostar por esta energía contaminante en plena transición ecológica, pero la empresa alega que la planta resulta imprescindible para afrontar las emergencias energéticas que, como en otros sitios de las Islas, puedan darse en esta parte de Tenerife, en línea con la emergencia energética declarada por el Gobierno canario, limitándose su uso a este fin por situaciones urgentes. En este sentido, Disa recuerda los cinco apagones que se han dado en el último lustro, “lo que pone de manifiesto la debilidad del sistema actual. Esta situación exige adoptar, a corto plazo, soluciones pragmáticas y técnicamente viables que permitan reforzar la garantía de suministro y la estabilidad del sistema eléctrico del Archipiélago”.

Por supuesto, los argumentos de la compañía no convencen a parte de los vecinos, tal y como volvió a evidenciarse el pasado viernes. 

Varias realidades, distintas aunque relacionadas, han convivido a lo largo de este fin de semana en París y en varias de las principales ciudades de Francia. Manifestaciones pacíficas y disturbios se desarrollaron en las mismas calles, a veces a sólo unos metros, para dar forma a una de las jornadas de protestas más violentas de los últimos años, que recordó el estallido de violencia del 1 de diciembre de 2018, el llamado tercer acto del movimiento de los chalecos amarillos, durante el cual se dañó el Arco del Triunfo.

Este domingo, 24 horas después de las imágenes de violencia en varias ciudades de Francia, el presidente Emmanuel Macron se ha dirigido a los franceses en un mensaje en el que ha denunciado las acciones de “facciosos pertenecientes a grupúsculos de ultraizquierda, a los que se sumaron numerosos delincuentes”.

“Se han saqueado comercios y se han atacado edificios públicos, tiendas y ayuntamientos. Al ver las imágenes, todos nos hemos preguntado cómo pueden unos franceses hacerle esto a Francia [...] Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa”, ha proclamado en un mensaje en vídeo grabado desde el Elíseo y hecho público a las 20.00 horas.

El jefe de Estado francés, que el lunes partirá en visita oficial a varios países del golfo Pérsico no anunció medidas especiales, aunque evocó una mejor colaboración entre las prefecturas y los ayuntamientos “para proteger nuestras ciudades, nuestros edificios públicos y nuestros comercios”, que podrían llegar a la prohibición de “determinadas concentraciones” y la adopción de “todas las medidas necesarias”.

Macron también hizo un llamamiento a los partidos políticos y a las organizaciones profesionales y sindicales para que “condenen sin ambigüedades toda forma de violencia y hagan un llamamiento a la calma”, tras los destrozos ocurridos en la capital y varias ciudades.

Además, el presidente ha rechazado la dimisión del ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras los disturbios y le ha pedido que despliegue cuanto antes nuevos métodos de intervención contra los grupos violentos, ha informado este lunes el Elíseo. La Presidencia francesa justifica la decisión por la necesidad de garantizar la continuidad del mando de las fuerzas de seguridad en el actual contexto de tensión. “Dada la necesidad de mantener el mando de las fuerzas del orden en el contexto actual, el presidente de la República rechazó” la renuncia de Nuñez, indica el Elíseo.

En una entrevista en France Inter, Nuñez explicó que había presentado su dimisión a Macron alegando que es “el responsable de todo lo que está ocurriendo”.

En París, en el barrio que rodea la Ópera Garnier, las primeras tensiones comenzaron a última hora de la mañana del sábado. Antes se habían producido los primeros cacheos y detenciones. La plaza de la Ópera era uno de los puntos de encuentro que circulaban por los grupos de mensajería de los manifestantes en los días previos. Por eso las fuerzas del orden impedían cualquier concentración en sus inmediaciones.

Todo el acceso al centro de la ciudad había quedado prohibido para las manifestaciones, a las que se obligó a modificar su recorrido. Desde dentro de los cafés y restaurantes de las calles cercanas, los clientes comenzaron a ver las carreras de grupos de jóvenes y persecuciones de la brigada motorizada BRAV-M. La policía quiso alejarles todo lo posible de los centros de poder (Asamblea, Elíseo, Matignon) que eran el objetivo declarado de una parte los manifestantes. Algo que se intentó en 2018, en varias de las manifestaciones de los chalecos amarillos.

También a última hora de la mañana, las manifestaciones oficiales comenzaban a agruparse en la plaza de la República. La policía dispersó a varios grupos con granadas lacrimógenas y varias cargas en los alrededores. Al mismo tiempo, grupos violentos produjeron los primeros destrozos en el mobiliario urbano e incendios en varios puntos de la plaza, que sería uno de los focos de la violencia en la capital a lo largo de toda la jornada.

Manifestaciones improvisadas

Pese a esos primeros enfrentamientos, las dos manifestaciones oficiales —numerosas y pacíficas— pudieron agruparse y partieron a primera hora de la tarde. Una en dirección a la plaza de Clichy en el norte, la otra hacia la plaza de la Nación en el este.

Pero no todos los manifestantes se unieron a esos cortejos. En ese momento en la ciudad se pusieron en marcha varias dinámicas: las calles cercanas a esa misma plaza de la República se llenaron de jóvenes que improvisaron sus propias manifestaciones, algunos simplemente deambulaban entre los diferentes puntos de manifestación, tanto los dos oficiales, como los improvisados.

Manifestarse fuera de los itinerarios aprobados se convirtió en una forma adicional de protesta. “Esto es lo que pasa cuando no se permite manifestar, cuando el gobierno no escucha y reprime”, explicaba un grupo de estudiantes de enfermería, que acudió a manifestarse en sus batas blancas.

Con multitud de pancartas, cánticos, disfraces y performances, la mayoría de los jóvenes habían salido a expresarse y a ser escuchados. Sus reivindicaciones eran múltiples: las condiciones materiales del sistema educativo estaban presentes en muchas de las pancartas, así como una inquietud general por su futuro, ante las crisis climáticas y económicas. También la respuesta policial a los bloqueos de institutos, considerada como represiva y desproporcionada.

Poco después de que comenzaran los cortejos oficiales, uno de los improvisados bajaba la calle des Archives en dirección al barrio del Marais, sin destino aparente. Un centenar de manifestantes coreaban: “la juventud manda a la mierda al Frente Nacional (La jeunesse emmerde le Front national)” y “todo el mundo detesta a la policía (tout le monde déteste la police)”.

En las mismas calles se veían también grupos de chicos, de entre quince y veinte años, sin pancartas, vestidos en su mayoría con chándal oscuro, con gafas de buceo o de construcción, algunos con cascos. Todos con el rostro totalmente cubierto, pese a que la prefectura de París (dependiente del ministerio del Interior) lo había prohibido.

Pequeños grupos similares aparecen en las imágenes que hoy dan la vuelta al mundo junto a otros que llevan chalecos amarillos, en los vídeos de los mayores enfrentamientos en París y el resto de ciudades.

En la calle de Bretagne, una de las cercanas a la plaza de la República, dos chicos vestidos de negro trataron de comenzar a erigir una barricada cerca de un cruce donde estaban agrupados los policías, apilando las bicicletas eléctricas de libre servicio. A sólo unos metros de allí, dos jóvenes habían puesto una mesa y sillas en medio de la carretera y jugaban al ajedrez.

La identidad y la afiliación política de los autores de las violencias ya es —y continuará siendo en las próximas semanas— objeto de especulaciones y acusaciones cruzadas. El Gobierno señala a “la ultraizquierda” y, a través de ella, al partido Francia Insumisa (LFI). Mientras el líder de este partido, Jean-Luc Mélenchon, que participó en una de las marchas pacíficas del sábado, respondió que es el Gobierno el culpable de haber “organizado el desorden”.

Mundos distintos

En todo caso, el sábado en las calles de París se dibujaron extrañas escenas de mundos distintos coexistiendo sin apenas interactuar. Los jóvenes manifestantes atravesaban el barrio del Marais que, por lo demás, ofrecía la misma estampa de cualquier sábado. Terrazas llenas, turistas y colas en las pastelerías. En la calle Des Archives esta tranquilidad fue perturbada brevemente cuando los transeúntes tuvieron que pegarse a los muros al ver aparecer un pequeño grupo de antidisturbios corriendo calle arriba.

A 50 metros de allí, delante del museo Picasso, una pareja de japoneses giraba sobre sí mismos, nariz pegada a la pantalla del móvil, tratando de orientarse para encontrar el punto de recogida de su Uber. Una pequeña marcha de una veintena de jóvenes pasó por delante, enarbolando sus pancartas y con Manu Chao sonando en la megafonía.

En la calle de Quatre Fils, otros dos turistas anglosajones pasaban con bolsas de ropa en dirección a la calle de Bretagne, buscando una cafetería, sin ver que al final de la calle se elevaba una espesa columna de humo, que marcaba la ubicación de enfrentamientos entre policía y manifestantes que en ese momento comenzaba en los alrededores del bulevar Sebastopol. Allí se produjeron durante la tarde algunos de los primeros pillajes de comercios.

Una violencia que contrastó con el aire festivo que la mayor parte de los jóvenes quisieron darle a la jornada, apoyados por charangas o música en altavoces. También contrastó con la tranquilidad en las que se desarrollaron las dos manifestaciones oficiales.

En el cercano bulevar Voltaire, que sí formaba parte del itinerario oficial, una chica enarbolaba una pancarta reclamando “medios de comunicación que estén a la altura, por favor”. Ya antes del sábado los jóvenes sentían que la cobertura mediática —y las cifras les daban la razón— estaba girando de manera desproporcionada en torno al vandalismo, en detrimento de sus reivindicaciones. Una tendencia que es probable que se amplifique después de los hechos del sábado.

A pocos metros de ahí una veintena de manifestantes en bicicleta se cruzaba con otra marcha improvisada de un centenar de personas. Era parte de la que debía llegar a la plaza de la Nación, pero decidieron desviarse por una de las calles laterales. Los manifestantes coreaban, entre otras cosas, “ACAB, ACAB [All cops are bastards]”.

Macron y el Gobierno

Además de la policía y el ministro de Educación, muchas de las pancartas apuntan a un responsable: Emmanuel Macron. “En nueve años, por el Ministerio de Educación han pasado ocho ministros, a Macron la educación es algo que le da igual”, se queja un adolescente, con una pancarta en la que reclama el fin de la Francia de Macron. “Y no sólo es la educación, es todo, por eso hemos salido a la calle, y por eso están en la calle los chalecos amarillos”.

A última hora del día en París el número y la dispersión de los manifestantes desbordó a la policía que se concentraba en mantener el control de las plazas. República, Vendôme, Madeleine, Bastilla... las imágenes de enfrentamientos se multiplicaron. En un momento dado, los manifestantes violentos llegaron a unos centenares de metros del Elíseo.

Sin policía, muchos de los comercios del centro y de los Campos Elíseos sufrieron el pillaje de grupos de jóvenes. El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, habla de “calles enteras devastadas” y un balance de daños materiales que será “grave”.

El Gobierno ha cifrado el número de manifestantes en 550.000, con unas 2.000 personas detenidas y unos 600 policías y gendarmes heridos. Los organizadores elevan el número de participantes a 800.000. En Burdeos, la residencia de la prefecta del departamento (equivalente al delegado de Gobierno en España) fue saqueada y tuvo que intervenir una unidad de élite de la policía. En Lyon, donde no había ninguna manifestación declarada, grupos violentos incendiaron la oficina de turismo. En Limoges ardió el Ayuntamiento. El de Marsella fue saqueado.

Diferentes voces reprochan al Gobierno haber subestimado la amplitud de las protestas. El primer ministro, Sébastien Lecornu, compareció al final del sábado, en el centro operativo de la Prefectura de Policía de París, acompañado por el ministro del Interior, Laurent Nuñez. “Los centros de poder de París han sido el blanco de los ataques: el Elíseo, Matignon y la Asamblea Nacional, por lo tanto, está claro que se trata de una maniobra política”, declaró. “No nos dejaremos intimidar”, aseguró.

Que pasará o día 3 de novembro en Estados Unidos? Perderá Trump as eleccións ou gañará? Aceptará Trump os resultados? Os comicios en España o 29N son importantes. Non van da mera alternancia. O que se decide é o modelo social e político, non o modo en que se acentúa. As pensións, a sanidade, a educación, “todo está sobre a mesa”, para dicilo como o inefable portavoz de Vox. Non hai que ser moi imaxinativo para pensar que tamén o sistema autonómico pode ser posto en causa. Ou, se me apuran, as propias liberdades: tamén en España se escoitan voces que afirman que hai que limitar o dereito de manifestación. En Francia óese algo similar. Europa non está no seu mellor momento. En España, estas eleccións poden marcar un cambio cualitativo. Un cambio de réxime.

Agora ben, o que suceda da outra beira do Atlántico é determinante. Ata o de agora a UE fixo gala dunha notable aquiescencia coas posicións de Trump, coma se esperasen que fose un mal soño que ha de pasar. A simple vista non é unha conduta moi honorable a dos líderes europeos, e tampouco é seguro que sexa intelixente, pero esa foi -segue sendo- a sensación que deron nas súa idas e vindas. Por fortuna, o papa León XIV, como antes o papa Francisco, definiu posicións doutrinais e morais que supoñen un faro de moderación e equilibrio resistindo no medio da tormenta. O contraste cos líderes europeos é elocuente.

En todo caso, o que suceda nos Estados Unidos compón o marco no que se vai desenvolver tanto a UE como un posible goberno español de dereitas. O obxectivo non disimulado da actual doutrina estratéxica norteamericana é fracturar a UE co concurso das dereitas patrióticas. Se Le Pen, Meloni, Weidel marcan o paso en Europa os obxectivos estratéxicos das dereitas de España terán escasos límites.

Con todo, a novidade, a día de hoxe, en Europa non provén da política institucional, senón das inesperadas ondas de protesta, fundamentalmente xuvenís, en Francia, Bélxica, Alemaña e España. Esa sorprendente primavera europea mostra que hai máis cousas no ceo e na terra das que son previsibles polos curtos politólogos de garda, que todo o calculan e non ven vir nunca nada. Talvez está cambiando a dirección do vento? Hai unha fatiga do astroturfing -busquen a palabra- e das granxas de bots, esas factorías de cuñadismos cósmicos, groserías, impertinencias, mala fe?

O fío común das diversas mobilizacións é a manifesta incoherencia dos argumentos que, na esfera pública da UE, non atopan grandes inconvenientes para defender o aumento do gasto militar (suxiren que o keynesianismo militar é a vía para unha rápida reindustrialización, fertilizando o terreo para que a guerra suceda) pero que, en flagrante contradición, consideran que cada euro gastado en vivenda, salarios, sanidade, educación, pensións, etcétera, é un gasto que dificulta a competitividade. Para o gasto militar, barra libre. Para o gasto social, disciplina fiscal. Como se a experiencia europea non mostrara exactamente o contrario.

As elites europeas están reformulando a UE. Por que? A que intereses serven? Como é obvio, alguén quere quedar coa torta privatizando todo o que as sociedades admitan privatizar, aínda sendo plenamente conscientes da dor social que iso implica. Pero vivimos na era da política da crueldade. Ata que o búmerang xire, esa é a inercia.

Pero é o caso que esa outra onda de movemento social que vai en sentido contrario, que restaura unha lóxica de esquerda, existe. Tamén en España. E non está tutelada por ningún partido de orde, nin agrada ao pensamento “petimetre” e relamido. Esa onda, antes ou despois, vai ter un papel na transformación da atmosfera social. Se a política fai o que se esperaría dela, debería estar atenta ás demandas da nova xeración: ter sensibilidade e orellas.

Hai máis, e creo que se repara pouco neste punto: a esa reacción social hai que sumarlle unha paulatina saída do suicida, para a esquerda occidental, paradigma da terceira vía. Esa catástrofe política e intelectual (o grande sociólogo Anthony Giddens non tivo un bo día cando a concibiu) fixo esvaecer o perfil do socialismo democrático. Un borrado de perfil que se veu sumar á implosión, inmediatamente anterior no tempo, dos partidos comunistas europeos.

De feito, tanto nos Estados Unidos como en Europa comeza a emerxer un pensamento económico que cuestiona tanto o neoliberalismo como o mercantilismo ou o anarcoliberalismo en auxe, desacreditados estos últimos pola súa posta en práctica nos Estados Unidos e Arxentina. A teoría monetaria moderna, por exemplo, é unha corrente á que lle hai que prestar atención. A TMM, crítica da austeridade fiscal, permite concibir un novo New Deal e fortes programas de expansión do gasto público. El mito del déficit ( Taurus, 2021), de Stephanie Kelton, é unha porta de entrada a unha revisión da ortodoxia económica.

Kelton foi asesora de Bernie Sanders e AOC. Máis aló da TMM, Mariana Mazzucato, Piketty, Branko Milanovic, Stiglitz intentan aportar elementos para unha crítica superadora do capitalismo realmente existente, obsceno na desigualdade, impúdico na concentración de poder e groseiramente apoiado por indecorosos medios de comunicación. A clausura do futuro é a gran trampa na que quedan asolagadas as sociedades. Por iso hai que insistir en que os días felices son posibles, malia as escandalosas mentiras que pretenden o desánimo colectivo.

Con todo, o escenario non estaría completo se non sucede tamén isto outro: o retorno dunha dereita moderada. En toda Europa, os conservadores están sucumbindo aos cantos de serea da extrema dereita. De manter esa actitude, ou esa política, será un suicidio para eles, como o foi a terceira vía para os partidos socialistas. O Partido Conservador británico xa desapareceu virtualmente, como a Democracia Cristiá en Italia a mans de Berlusconi, ou o gaullismo en Francia. Veremos que pasa coa CDU/CSU alemá ou co PP, que pode ser fagocitado por Vox, a pouco que se descoide. Unha dereita cívica e civilizada, sensata e democrática é necesaria. Mario Draghi e o novo código de Camaldoli constitúen unha visión reformista a ter en conta. León XIV pediu hai un tempo ao PPE que recupere as raíces da Democracia Cristiá. Non sería mala cousa.

Sexa como sexa, de producirse unha implosión dese espazo, terá continuidade unha radicalización da sociedade, operada por partidos ultras, que levará a escenarios que é mellor non imaxinar. Bótanse en falta pensadores que imaxinen, desde a óptica dun conservadorismo esperanzado, o futuro, e que intenten orientar o presente. Non que imaxinen un “cambio de réxime”, como Patrick Deneen e outros posliberais, movidos polo resentimento contra os seus demos imaxinarios -woke, naturalmente-, senón xente con xenerosidade como o foron noutro tempo Jacques Maritain, Emmanuel Mounier ou Simone Weil.

John Gray é interesante, sen dúbida, aínda que sexa talvez un home que sone a outro tempo. En España José María Lassalle é todo un exemplo de ponderación, virtude cada vez máis en desuso na tóxica atmosfera do noso tempo. Esperanza, ponderación, magnanimidade: palabras que merecen volver ao vocabulario colectivo.

El sol es pon un dia entre setmana. Pel local que fa servir com a seu l’Associació de Vesins de Can Bonet no deixa de passar-hi gent. A la barriada s’hi cou alguna cosa. María José Torres Cardona escriu amb esprai damunt un llençol blanc: Casas para vivir, no para sufrir. El llençol està estès damunt un terra de grans rajoles grises. A l’esquena d’aquesta dona, que presideix el col·lectiu veïnal i s’ajup per pintar el seu missatge en majúscules, hi ha una porta estreta, d’aquelles que obliguen a pujar un escaló per entrar-hi. És oberta. A dins, una llum groga projecta una imatge gairebé estàtica.

Cadires d’oficina (amb rodes i sense); una prestatgeria que guarda bosses reutilitzables de supermercat en una lleixa; arxivadors en una altra; trofeus en forma de copa al capdamunt; dos dones que parlen davant del moble amb els braços plegats. Una d’elles duu una carpeta i sosté un feix de folis. D’aquí a unes setmanes tenen previst dur-los a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, on el PP governa amb majoria absoluta. Més de 300 noms i llinatges reclamen polítiques que facin front als problemes que, segons denuncien els firmants, provoquen les festes promogudes per un dels gegants de l’oci de l’illa: Ibiza Rocks Group.

Ibiza Rocks Group és un conglomerat fundat i dirigit per Andy McKay. Aquest britànic va desembarcar a Eivissa durant la primera meitat dels anys noranta com a promotor de Manumission, una festa importada del seu Manchester natal que va funcionar durant més d’una dècada, es va convertir en un esdeveniment mític i ara ha ressuscitat a 528 Ibiza. Un lloc idoni per facturar reunint una massa de clubbers afamats de revival. La discoteca que turmenta els vesins de Can Bonet ocupa un recinte de més de 59.000 metres quadrats, l’equivalent a vuit camps de futbol. Uns jardins a l’aire lliure on cap una quantitat de gent similar a la població de la barriada on es troba.

La discoteca que turmenta els veïns de Can Bonet ocupa un recinte de més de 59.000 metres quadrats. Vuit camps de futbol. Jardins a l'aire lliure on hi cap una quantitat de gent similar a la població del barri en el qual es troba

Malgrat que està allunyada del centre de Sant Antoni, Can Bonet fa molt de temps que va deixar de ser un nucli de quatre cases. S’hi va construir molt. Des del desenvolupament turístic fins als anys previs a l’esclat de la bombolla immobiliària. Per això, ja té més de 5.000 habitants. A la discoteca hi poden coincidir, al mateix temps, “gairebé 4.000 persones”. Aquesta és la xifra que, segons la presidenta de l’associació de vesins, figura a la llicència d’activitat de 528 Ibiza. “Fins a les onze de la nit. Després, només hi poden quedar 275 clients”, recalca María José Torres, que subratlla l’aforament de la sala interior que hi ha al recinte: “Així ho ha dit l’alcalde en algun ple, però a naltros no ens ha deixat veure el permís d’activitat les vegades que ens hem reunit amb ell”.

L’Ajuntament de Sant Antoni no va respondre a les preguntes que li va fer arribar elDiario.es per recollir el seu punt de vista sobre aquesta història. Tampoc no ho va fer Ibiza Rocks Group, una marca que també ha generat problemes de convivència –més remor, víctimes de balconing, brutor als carrers adjacents, estampes del turisme de gatera– en altres indrets del municipi. Com a Can Bonet, també s’hi van recollir firmes per pressionar l’equip de govern i aconseguir solucions. Sense èxit.

A la discoteca hi poden coincidir, al mateix temps, 'gairebé 4.000 persones'. Aquesta és la xifra que, segons la presidenta de l’associació de vesins, figura a la llicència d’activitat de 528 Ibiza. 'Fins a les onze de la nit. Després, només hi poden quedar 275 clients', recalca María José Torres.

Cinc festes a la setmana

“Fa dos anys, [a la discoteca] varen començar amb una festa cada quinze dies”, continua la presidenta de l’associació de vesins, “però l’any passat ja n’organitzaven una cada setmana, i aquesta temporada n’hi ha hagut unes quantes; alguna setmana, gairebé cada dia, cinc o sis. Encara que no totes són tumultuoses, s’ha allargat l’horari. Abans acabaven a les onze de la nit i ara duren fins a les quatre o les cinc de la matinada. Hi ha un degoteig de gent que, quan surt al carrer, crida; ho deixa tot per allà, consumeix alcohol, vomita, consumeix drogues…”, continua Torres.

“Qui vol entrar al barri es troba amb un embús. En algunes festes, fins i tot hi ha hagut retencions a la carretera principal. Això provoca un problema als vesins per arribar a ca seua; és impossible trobar aparcament, i fins i tot algun vesí es troba un cotxe aparcat al gual del garatge o a l’entrada de ca seua”, afegeix.

Qui vol entrar a la barriada es troba amb un embús. En algunes festes, fins i tot hi ha hagut retencions a la carretera principal. Això provoca un problema als vesins per arribar a casa: és impossible trobar aparcament i fins i tot n’hi ha que es troben un cotxe aparcat davant el gual del garatge o de l’entrada de ca seua

María José Torres — Presidenta de l'Associació de Veïns de Can Bonet

Per donar més força a les seves paraules, la presidenta de l’associació de vesins busca alguns vídeos a la galeria del telèfon i els envia. Quan prem el botó de reproducció, apareix una filera de cotxes que avança a batzegades per un carrer que fa barda en suau pendent. El col·lapse de les vies de circumval·lació que envolten les grans ciutats, traslladat a una barriada on els habitatges unifamiliars es mesclen amb cases adossades i petits edificis d’una o, com a màxim, dos plantes.

“Amb les finestres tancades, els vidres vibren”

Diversos residents de Can Bonet corroboren el testimoni de María José Torres, però prefereixen que no se’ls identifiqui en el reportatge. Afegeixen que, tot i que la quantitat de cotxes particulars, “molts més” dels que caben a l’aparcament de la discoteca, és l’origen de l’embús, l’accés és tan estret que “alguna vegada un autobús hi ha quedat bloquejat”, cosa que dificulta encara més la circulació. Descriuen horabaixes d’estiu “tancats a casa a partir de les cinc, amb les finestres tancades i l’aire condicionat encès” per evitar que el martell de la música electrònica els torturi: “I, així i tot, els vidres vibren”.

Alguns vesins descriuen tardes d’estiu 'tancats a casa a partir de les cinc, amb les finestres tancades i l’aire condicionat encès' per evitar que el martell de la música electrònica els torturi: 'I, així i tot, els vidres vibren'

Un manual per sobreviure a la quotidianitat de la temporada turística: “Només aturen les festes els dilluns, que deuen donar festa al personal. Ara les festes s’han acabat, però en faran una per Halloween, un dia molt delicat perquè des de fa uns anys se celebra una festa infantil al barri a la qual van molts de boixos. No sabem com conviurà una cosa amb l’altra”.

Aquests veïns també deixen anar una frase que resumeix el seu empreny: “Et queixes, et queixes i et queixes fins que te’n canses: tens la sensació que estàs pegant colps de cap contra una paret”. La paret, diuen, són les respostes que reben de l’Ajuntament de Sant Antoni: “Si demanam sonometries o controls d’aforament, ens responen que ja se n’han fet i que tot està bé. L’alcalde ha arribat a dir que no hem de ser tan negatius, que encara que hi hagi hagut problemes no s’han de tornar a repetir necessàriament”.

L’esperança d’aquests vesins és que ja no són “dos o tres els que s’atreveixen a queixar-se públicament”: “Aquest estiu ha marcat un abans i un després. Hem vist moltíssims taxis pirates, pixades a les entrades dels garatges, gent drogada que volta pel barri fins a altes hores perquè ha hagut de sortir de la discoteca i vol continuar la festa… És una cosa que està a la vista. Diuen que els borratxos i els infants no menteixen: quan va començar la recollida de signatures, quatre boixes es varen atracar a la taula i varen dir: ‘Això és pel 528, veritat? És que així no es pot viure aquí’”. Ara, “per primera vegada”, asseguren aquests residents, són “centenars” les persones que protesten.

Aquesta és la impressió que s’endú qualsevol persona que volti per Can Bonet i llegesqui les desenes de pancartes penjades als balcons i als terrats. Llençols blancs que demanen a la discoteca que apagui la música. Com el que prepara María José Torres. Plens de missatges –SOS!! Volem dormir o El descans no és un luxe, és un dret– que rimen amb el Silenci. Respecte. Civisme convertit en crit de guerra entre els palmesans que, a Mallorca, volen habitar els seus domicilis sense haver-se de posar taps a les orelles.

Can Bonet s’ha omplert de llençols blancs que demanen a la discoteca que apagui la música. ¡¡SOS!! Queremos dormir o El descans no és un luxe, és un dret s’han convertit en el crit de guerra dels vesins que volen viure a casa seva sense haver-se de posar taps…

PSOE, Vox i Unides Podem, crítics amb el PP

Com deixava entreveure la presidenta de l’associació veïnal, les crítiques a 528 Ibiza fa temps que se senten al ple. Un punt en què coincideixen Vox i Unides Podem. “Si l’Ajuntament hagués posat els mitjans necessaris, tant en seguretat com en neteja, organització dels accessos i moltes altres coses que podrien haver pal·liat la situació, s’hauria evitat aquest malestar”, sosté Esther Fernández van Sloun. La representant de la formació d’ultradreta posa en evidència “les facilitats” amb què es varen concedir “permisos per a festes molt qüestionades a sa Pedrera o a la platja de s’Arenal”.

“Era qüestió de temps que els vesins del 528 s’organitzassin; fa anys que es queixen sense que l’Ajuntament els escolti. Però també hi ha els veïns de l’hotel Ibiza Rocks i, arran de la macrofesta egípcia, la nova associació Darrere Sa Talaia. Demanam que es governi en interès dels portmanyins, i no dels propietaris de les macrodiscoteques, els beach clubs i els milionaris que malbaraten tones d’aigua que a nosaltres se’ns neguen –tancant les dutxes de les platges, per exemple”, defensa Angie Roselló, l’única regidora que té el partit d’esquerres a Sant Antoni.

Verónica Lorente Costa, a més de regidora del principal grup de l’oposició, el socialista, viu a Can Bonet. D’ençà que era una garrida. La seua perspectiva de la qüestió no pot analitzar el present sense tornar al passat.

–És veritat –explica– que el 528 funciona amb unes llicències que existeixen des de fa molts anys, però a nosaltres tampoc no ens les ensenyen. Però què passa? Que l’aforament de la discoteca [coberta, que en teoria pot obrir durant tota la matinada] és molt petit. Si hi entren milers de persones, expulsen tothom de cop a les onze de la nit? No. Van sortint a poc a poc i molesten la gent. El tràfec dels qui pugen i baixen comporta molts problemes. Abans no era així.

“És veritat que el 528 funciona amb unes llicències que existeixen des de fa molts anys, però a nosaltres tampoc no ens les ensenyen. Què passa? Que l’aforament de la discoteca és molt petit. Si hi entren milers de persones, les fan sortir totes de cop a les onze de la nit?

Verónica Lorente — Veïna de Can Bonet i regidora del grup socialista

–Encara que les instal·lacions del 528 es construïssin durant el boom turístic, en plena dictadura (1972 és l’any que apareix al cadastre), i no sigui la primera volta que s’hi celebren festes, tots els veïns amb qui hem parlat diuen que hi va haver un abans i un després quan va arribar Ibiza Rocks. Això va ser el 2024, quan els propietaris varen cedir la gestió d’un recinte que molts encara anomenen pel seu nom històric, Gala Night. Allà s’hi preparaven barbacoes amb cant i ball per a guiris, s’hi celebraven casaments, batiars i comunions. També va ser el lloc fetitxe del PP per celebrar-hi les victòries electorals. Una altra època.

–Bé, és que jo record que, no fa tant de temps, havia anat a la discoteca que hi ha a dins a alguna festa de Cap d’Any que va organitzar l’associació de vesins. O hi anava amb els meus fills, que anaven a l’escola d’estiu que funcionava al recinte. És ver que el local existeix des de fa moltíssim de temps, però era diferent. Ara ha canviat. Can Bonet, que sempre havia estat un barri tranquil, ja no ho és.

Atardece un día entre semana y por el local que utiliza como sede la Associació de Vesins de Can Bonet no deja de pasar gente. Algo se cuece en el barrio. María José Torres Cardona escribe con spray sobre una sábana blanca: “Casas para vivir, no para sufrir”. El lienzo está extendido en un suelo de grandes baldosas grises. A la espalda de esta mujer, que preside el colectivo vecinal y dobla la espalda para pintar su mensaje en mayúsculas, hay una puerta estrecha, de las que obligan a subir un escalón para entrar. Está abierta e iluminada. Dentro, una luz amarilla proyecta una imagen casi estática.

Sillas de oficina (con y sin ruedas); una estantería que guarda bolsas reutilizables de supermercado en una balda; archivadores en otra; trofeos con forma de copa en la cima; dos mujeres que charlan de cara al mueble con los brazos cruzados. Una de ellas sostiene una carpetilla, sujeta un fajo de folios. Dentro de unas semanas planean llevarlos al Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, donde gobierna con mayoría absoluta el PP. Más de 300 nombres y apellidos piden políticas que ataquen los problemas que –según denuncian los firmantes– provocan las fiestas promovidas por uno de los gigantes del ocio en la isla: Ibiza Rocks Group.

Ibiza Rocks Group es un conglomerado fundado y dirigido por Andy McKay. Este británico desembarcó en Eivissa durante la primera mitad de los noventa como promotor de Manumission, una fiesta importada de su Mánchester natal que funcionó durante más de una década, se convirtió en un evento mítico y ahora ha resucitado en 528 Ibiza. Un lugar idóneo para facturar reuniendo a una masa de clubbers ansiosos de revival. La discoteca que atormenta a los vecinos de Can Bonet ocupa un recinto de más de 59.000 metros cuadrados. Ocho campos de fútbol. Jardines al aire libre donde entra una cantidad de gente similar a la población del barrio en el que se encuentra.

La discoteca que atormenta a los vecinos de Can Bonet ocupa un recinto de más de 59.000 metros cuadrados. Ocho campos de fútbol. Jardines al aire libre donde entra una cantidad de gente similar a la población del barrio en el que se encuentra

A pesar de estar alejada del centro de Sant Antoni, Can Bonet hace mucho que dejó de ser una pedanía de cuatro casas. Se construyó, y mucho. Desde el desarrollismo turístico hasta los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. Por eso, ya tiene más de 5.000 habitantes. En la discoteca pueden coincidir, al mismo tiempo, “casi 4.000 personas”. Esa es la cifra que, según la presidenta de la asociación de vecinos, figura en la licencia de actividad de 528 Ibiza. “Hasta las once de la noche. Después, sólo pueden quedar 275 clientes”, recalca María José Torres, subrayando el aforo de la sala interior que existe en el recinto: “Así lo ha dicho el alcalde en algún pleno, pero a nosotras no nos ha dejado ver el permiso de actividad las veces que nos hemos reunido con él”.

El Ajuntament de Sant Antoni no respondió a las preguntas que lanzó elDiario.es para recoger su punto de vista sobre esta historia. Tampoco lo hizo Ibiza Rocks Group, una marca que también ha creado problemas de convivencia –más ruido, víctimas por balconing, suciedad en las calles colindantes, postales del turismo-basura– en otros lugares del municipio. Como en Can Bonet, hubo recogida de firmas para presionar al equipo de gobierno en busca de soluciones. Sin éxito.

En la discoteca pueden coincidir, al mismo tiempo, 'casi 4.000 personas'. Esa es la cifra que, según la presidenta de la asociación de vecinos, figura en la licencia de actividad de 528 Ibiza. 'Hasta las once de la noche. Después, sólo pueden quedar 275 clientes', recalca María José Torres

Cinco fiestas a la semana

“Hace dos años, [en la discoteca] empezaron con una fiesta cada quince días”, continúa la presidenta de la asociación de vecinos, “pero el año pasado ya organizaron una a la semana, y esta temporada han sido varias; alguna semana, casi todos los días, cinco o seis. Aunque no todas son tumultuosas, se ha alargado el horario. Antes eran hasta las once de la noche y ahora duran hasta las cuatro o cinco de la mañana. Hay un goteo de gente que al salir a la calle, grita; lo deja todo por ahí, consume alcohol, vomita, consume drogas…”, prosigue Torres.

“Quien quiera entrar en el barrio encuentra un atasco. En algunas fiestas, incluso ha habido retenciones en la carretera principal. Eso, al vecino le provoca un problema para llegar hasta su casa; es imposible encontrar aparcamiento; e incluso algún vecino se encuentra con un coche aparcado en el vado de su garaje o de la entrada a su casa”, añade. 

Quien quiera entrar en el barrio encuentra un atasco. En algunas fiestas, incluso ha habido retenciones en la carretera principal. Eso al vecino le provoca un problema para llegar hasta su casa; es imposible encontrar aparcamiento e incluso alguno se encuentra con un coche aparcado en el vado de su garaje o de la entrada a su casa

María José Torres — Presidenta de la Associació de Vesins de Can Bonet

Para darle más fuerza a sus palabras, la presidenta de la asociación de vecinos busca en la galería del teléfono algunos vídeos, y los envía. Al apretar el play aparece una fila de coches que avanza a trompicones por una calle con ligera pendiente. El colapso de las circunvalaciones que rodean las grandes ciudades, trasladado a un barrio donde las viviendas unifamiliares se mezclan con casas adosadas y pequeños edificios de una o, como máximo, dos alturas.

“Con las ventanas cerradas, los cristales vibran”

Varios residentes de Can Bonet corroboran el testimonio de María José Torres, pero prefieren que no se les identifique en el reportaje. Añaden que, aunque la cantidad de coches particulares, “muchos más” de los que caben en el aparcamiento de la discoteca, son el origen del atasco, el acceso es tan estrecho que “alguna vez, un bus se ha quedado bloqueado”, entorpeciendo aún más la circulación. Describen tardes de verano “encerrados en casa a partir de las cinco, con las ventanas cerradas y el aire acondicionado encendido” para evitar que el martillo de la música electrónica los torture: “Y, aún así, los cristales vibran”.

Algunos vecinos describen tardes de verano “encerrados en casa a partir de las cinco, con las ventanas cerradas y el aire acondicionado encendido” para evitar que el martillo de la música electrónica los torture: “Y, aún así, los cristales vibran”

Un manual para sobrevivir a la cotidianidad de la temporada turística: “Sólo paran los lunes, que deben dar fiesta al personal. Ahora las fiestas se han terminado, pero van a hacer una por Halloween, un día muy sensible porque desde hace unos años se celebra una fiesta infantil en el barrio a la que van muchos niños. No sabemos cómo va a convivir una cosa con la otra”.

Estos vecinos también dejan una frase que resume su cabreo: “Te quejas, te quejas y te quejas hasta que te cansas: tienes la sensación de estar pegando cabezazos a una pared”. La pared, dicen, son las respuestas que reciben desde el Ajuntament de Sant Antoni: “Si pedimos sonometrías o controles de aforo, nos responden que ya se han hecho y que está todo bien. El alcalde ha llegado a decir que no tenemos que ser tan negativos, que aunque haya habido problemas no tienen por qué volver a repetirse”. 

La esperanza de estos vecinos es que ya no son “dos o tres los que se atreven a quejarse públicamente”: “Este verano ha sido un antes y un después. Hemos visto muchísimos taxis pirata, meadas en las entradas de los garajes, gente drogada dando vueltas por el barrio hasta las tantas porque han tenido que salir de la discoteca y quieren seguir la fiesta… Es algo que está a la vista. Dicen que los borrachos y los niños no mienten: cuando empezó la recogida de firmas, cuatro niñas se acercaron a la mesa y dijeron: ‘¿Esto es por el 528, verdad? Es que así no se puede vivir aquí”. Ahora, “por primera vez”, aseguran estos residentes, son “cientos” las personas que protestan.

Esa es la sensación que se lleva alguien que se dé una vuelta por Can Bonet y lea las decenas de pancartas que se han colgado de balcones y azoteas. Sábanas blancas que piden a la discoteca que apague la música. Como la que prepara María José Torres. Llenas de mensajes –“¡¡SOS!! Queremos dormir” o “El descans no és un luxe, és un dret” (“El descanso no es un lujo, es un derecho”)– que riman con el Silenci. Respecte. Civisme convertido en grito de guerra entre los palmesanos que, en Mallorca, quieren habitar sus domicilios sin ponerse tapones en los oídos.

Can Bonet se ha llenado de sábanas blancas que piden a la discoteca que apague la música. '¡¡SOS!! Queremos dormir' o 'El descanso no es un lujo, es un derecho' se han convertido en grito de guerra entre los vecinos que quieren habitar sus domicilios sin ponerse tapones en los oídos

PSOE, Vox y Unides Podem, críticos con el PP

Como dejaba entrever la presidenta de la asociación vecinal, las críticas a 528 Ibiza hace tiempo que se escuchan en el pleno. Un punto en el que coinciden Vox y Unides Podem. “Si el Ayuntamiento hubiera puesto los medios necesarios, tanto en seguridad, limpieza, organización de acceso y muchas más cosas que podrían haber paliado, se habría evitado esta situación de malestar”, sostiene Esther Fernández van Sloun. La representante de la formación ultraderechista pone en evidencia “las facilidades” con las que se otorgaron “permisos para fiestas muy cuestionadas en sa Pedrera o en la playa del Arenal”. 

“Era cuestión de tiempo que los vecinos del 528 se organizasen, llevan años quejándose sin que el Ayuntamiento los escuche. Pero es que también están los vecinos del hotel Ibiza Rocks y, a raíz de la macrofiesta egipcia, la nueva asociación Darrere Sa Talaia. Pedimos que se gobierne para el interés de las portmanyines, y no para los dueños de las macrodiscotecas, beach clubs y millonarios derrochando toneladas de agua que a nosotros se nos niegan (cortando las duchas de las playas, por ejemplo)”, defiende Angie Roselló, la única concejal que tiene el partido de izquierdas en Sant Antoni.

Verónica Lorente Costa, además de concejala en el principal grupo de la oposición, el socialista, vive en Can Bonet. Desde niña. Su perspectiva del asunto no puede analizar el presente sin volver al pasado.

–Es verdad –explica– que el 528 funciona con unas licencias que existen desde hace muchos años, pero a nosotros tampoco nos las enseñan. ¿Pero qué pasa? Que el aforo de la discoteca [cubierta que puede abrir, en teoría, toda la madrugada] es muy pequeño. Si entran miles de personas, ¿echan a todo el mundo de golpe a las once de la noche? No, van saliendo poco a poco y molestan a la gente. El trajín de los que suben y los que bajan conlleva muchos problemas. Antes no era así.

Es verdad que el 528 funciona con unas licencias que existen desde hace muchos años, pero a nosotros tampoco nos las enseñan. ¿Qué pasa? Que el aforo de la discoteca es muy pequeño. Si entran miles de personas, ¿echan a todo el mundo de golpe a las once de la noche?

Verónica Lorente — Vecina de Can Bonet y concejala del grupo socialista

–Aunque las instalaciones del 528 se construyeran durante el boom turístico, en plena dictadura (1972 es la fecha que aparece en el Catastro), y no sea la primera vez que se celebren fiestas, todos los vecinos con los que hemos hablado dicen que hubo un punto y aparte en el momento en que llegó Ibiza Rocks. Eso fue en 2024, cuando los propietarios cedieron la gestión de un recinto al que muchos siguen llamando por su nombre histórico, Gala Night. Allí se preparaban barbacoas con cante y baile para guiris, se celebraban bodas, bautizos y comuniones. Fue también el lugar fetiche del PP para celebrar sus triunfos electorales. Otra época.

–Bueno, es que yo recuerdo, no hace tanto tiempo, haber ido a la discoteca que hay dentro a alguna fiesta de Nochevieja que organizó la asociación de vecinos. O con mis hijos, que iban a la escuela de verano que funcionaba en el recinto. Es verdad que el local existe desde hace muchísimo, pero era de otra manera. Ahora ha cambiado. Can Bonet, que siempre fue un barrio tranquilo, ya no lo es.

Las infraestructuras ferroviarias en la Raya vuelven a movilizar a la sociedad a ambos lados de la frontera. El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y la Cámara Municipal de Marvão celebrarán de forma conjunta el próximo domingo 25 de octubre la octava edición de la Marcha Transfronteriza Beirã-Valencia de Alcántara, que este año se convoca bajo el lema unitario 'Por un tren digno'.

El evento, que aúna el carácter deportivo con el sentido de protesta ciudadana, consistirá en una caminata de 12 kilómetros que conectará a pie las estaciones de ferrocarril de ambas localidades. La marcha arrancará a las 10:00 horas (hora española) desde la histórica estación de Marvão-Beirã, en territorio portugués, para completar el trazado hasta la estación de Valencia de Alcántara.

Para facilitar la participación y el traslado de los asistentes, la organización habilitará un servicio de autobús gratuito con salida desde el Parque de España de Valencia de Alcántara, que contará con un límite inicial de 42 plazas disponibles.

Una vez que las personas participantes completen el recorrido y alcancen la estación en suelo español, se desarrollarán los actos centrales de la jornada. Entre los momentos más significativos programados destaca la realización de un abrazo solidario simbólico y la lectura pública de la declaración institucional 'Por un tren digno', con la que ambos municipios volverán a reclamar mejoras sustanciales en las conexiones de tren a ambos lados de la Raya.

Tras el acto institucional, un servicio de autobús trasladará a los asistentes hasta el casco urbano de Valencia de Alcántara, donde la jornada concluirá con una comida de convivencia entre los vecinos y participantes de las dos comunidades transfronterizas.

Cuando se cumplieron dos semanas desde la manifestación por la vivienda que desembocó en la acampada de Sol, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sacó uno de sus comodines favoritos contra la oposición: el terrorismo. “A la Delegación de Gobierno solo le quiero dejar un recado. Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas, propalestinos, gestionando esa acampada, porque sobre sus hombros va a recaer todo lo que suceda”, afirmó este sábado Ayuso. Después de quince días de protestas y unas 1.800 tiendas de campaña colocadas, lo que sorprende es el alto grado de organización, convivencia, respeto y apoyo mutuo que hay entre los acampados, sin que consten acciones que se puedan clasificar como violentas.

“Propalestinos sí, todos de acuerdo: somos propalestinos”, afirma Ana, de 21 años, que lleva desde los primeros días en la Puerta de Sol. “Ahora, terroristas… Terrorismo es lo que hace la gente de Núcleo Nacional, que ahí sigue campando por las calles”, afirma, en referencia a un grupo neonazi que el sábado de la semana pasada intentó sabotear la acampada. No fue posible por el despliegue policial que hubo, con cientos de miembros de la Policía Nacional que controlaban los accesos a las plazas.

“Yo personalmente creo que buscan que a algún grupo se le cruce la idea y diga: ‘Vale, nos organizamos todos y desalojamos esto’. Porque la policía no nos está desalojando”, opina Ana. De hecho, el Tribunal Superior de Madrid rechazó la petición de Ayuso de desalojar la acampada. “Los agentes pasan por aquí, nos ven gestionando lo que ocurre dentro y fuera de la acampada… Lo que intentamos es que no haya ningún tipo de altercado”, asegura.

Yosi y Salomé, de 24 y 19 años, están en Madrid este fin de semana por una excursión a través de la Universidad de Cuenca. Cuando vieron el ambiente de la plaza, decidieron acampar hasta volver. Sobre las palabras de Ayuso, explica Yosi que “hace bastante gracia” el calificativo de terroristas. “Me siento más a salvo que en mi casa casi, me siento muy protegida, muy acompañada y muy escuchada”, afirma.

Salomé recuerda otra de las valoraciones que hizo Ayuso ese sábado en el primer acto de campaña, junto a otros líderes como José Luis Martínez-Almeida o Alberto Núñez Feijóo, además de los expresidentes Aznar y Rajoy. “Hoy [este sábado] he cogido el móvil, y me he despertado con un vídeo de Ayuso diciendo que nos daba los buenos días porque ya eran las doce. Eran las nueve de la mañana, y a esa hora ya había compañeros barriendo y limpiando las calles. ¿Qué está haciendo ella a esa hora?”, se pregunta.

“La imagen no se corresponde con la realidad”

“Ayuso y Almeida intentan dar una imagen de la acampada que no se corresponde con la realidad”, zanja Ana. “Cuando la gente se acerca y se para a hablar con alguno de nosotros, se da cuenta de que estamos aquí debatiendo y organizando tertulias. Estamos abiertos a conversar y a explicar lo que hacemos”, añade. La joven lamenta que se trate de proyectar “una imagen de gente violenta, sucia, que no se asea, que es reaccionaria y que quiere violencia, cuando la realidad no tiene nada que ver con eso”.

Otros acampados prefieren no dar demasiada importancia a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Nosotros, obviamente, no vamos a entrar en eso. Isabel Díaz Ayuso nos provoca continuamente”, dice, contundente, David, de 27 años, miembro del Sindicato de Vivienda de Tetuán, de Moratalaz y de Carabanchel.

“Sabemos que es un juego donde hagamos lo que hagamos siempre va a encontrar alguna cosa que decir”, opina. A su juicio, lo importante es fijar el marco de la conversación en el debate público. “Al final estamos aquí para establecer una lucha por una vivienda digna y por eso no vamos a entrar en el juego de Isabel Díaz Ayuso”, concluye.

Para ellos, lo importante es seguir organizados en los barrios, y a través de las asambleas. “Atendemos los problemas de vivienda de nuestros respectivos barrios y buscamos soluciones colectivas”. “También intentamos dar difusión a nuestras reivindicaciones, darles voz y colaborar en todo lo que podamos”, explica.

Carabanchel y Tetuán, tradicionalmente barrios de clase trabajadora, están sufriendo los mismos procesos de gentrificación urbanística que el resto de la ciudad, expulsando a los vecinos de sus casas y barrios. “El fallecimiento de Maricarmen fue doloroso, un momento triste”, dice David. Explica que es triste que la movilización social se haya desbordado tras un caso tan doloroso, aunque ahora se pueda extraer la lectura positiva de haber salido a las calles. “Decimos mucho lo de que ‘Maricarmen somos todas’, pero es que es verdad. Hay muchos desahucios, se está expulsando a mucha gente de sus barrios”, lamenta.

Por ejemplo, a David, un chico que fue desahuciado el mismo día que Maricarmen. “Otras compañeras se han quitado la vida tras haber sido expulsadas de sus casas. Vamos a seguir poniendo el cuerpo para que esto ocurra lo mínimo posible, la lucha continúa”, prosigue. La huelga general del 11 de noviembre, para él, solo es una acción más que debe ir enmarcada en acciones del día a día.

“La huelga general es insuficiente. Tenemos que buscar una lucha continuada hasta que el problema de la vivienda se solucione”, valora David. En su opinión, es positivo que se convoque pero la organización en la que milita “va mucho más allá de esta huelga”.

“Esta misma mañana estábamos jugando al Pokémon Go con el grupo de estudiantes que tenemos aquí. Es más, hemos dicho que alguien nos hiciera una foto para que se viera qué terrorismo estamos practicando durante un fin de semana”, responde Jesús, de 27 años, con ironía. En su opinión, Ayuso busca “escandalizar” porque “nosotros no estamos escandalizando a nadie”. “Estamos protagonizando una protesta muy pacífica y multitudinaria”, defiende. “La gente nos está apoyando y se están organizando acampadas en muchos otros lugares de España”, argumenta.

Jesús considera que la acampada de Sol, así como las acciones alrededor del Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones, puede estar “incomodando” a los grupos políticos. “Estamos haciendo algo que les ha molestado y han tenido que espabilar”, asegura. “Al final, quienes más sufrimos las consecuencias somos nosotros. Y no solo nosotros, sino toda esta generación. Nuestros padres y abuelos han luchado por nosotros, pero ahora nos toca tomar las riendas. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?”, se pregunta.

“Tenemos que dar ejemplo”

Por ello, los activistas consultados sienten que tienen que ser especialmente cuidadosos, para no dañar la imagen después del movimiento que se ha generado en torno al 26S. “Este es mi sexto día. La organización me parece muy efectiva. Todo está surgiendo de una forma muy orgánica, muy natural, y está al alcance de todo el mundo. Hay muchísimo compañerismo y, a través del diálogo, estamos llegando a consensos. La verdad es que incluso se puede disfrutar de la experiencia”, explica Jesús.

Así, recuerda que lo primero que tienen claro es que “tenemos que dar ejemplo, pero de una forma totalmente exagerada, porque cualquier mínimo detalle puede malinterpretarse”. “Lo hemos visto, por ejemplo, con lo del cuchillo y el adoquín”, ejemplifica, que el Ayuntamiento presidido por Almeida mandó a Delegación del Gobierno para probar la “amenaza”. “Por eso estamos muy pendientes de todo: limpiamos constantemente, ponemos buena cara (...) y si alguien te dice algo, le das las gracias y le deseas un buen día”, responde.

Yosi, que no había visto en primera persona la organización de la acampada hasta este fin de semana, describe la experiencia como “maravillosa”. “Es una locura todo lo que se ha montado y lo grande que es ahora. Cuando llegamos, nos sorprendió lo grande y lo extendida que está la acampada en tan poco tiempo”, admite. “Todo el mundo es muy amable”, coincide Salomé, que es su amiga. Comenta que ella es vegana, por lo que sus compañeros lo tienen en cuenta en el momento de hacer compra y traerle comida.

Ambas han sufrido la crisis de vivienda en Oviedo y Cuenca. Yosi cuenta que cuando estuvo buscando piso visitó una docena, pero al final optó por alquilar el piso de la hermana de un amigo suyo debido a las condiciones abusivas que le pedían: tres nóminas, un aval, y al menos dos años en un trabajo fijo. En el caso de Salomé, está en búsqueda de piso en Cuenca. “La verdad es que se nota cómo está llegando aquí”, explica sobre la especulación inmobiliaria. Allí, el precio de las habitaciones ya está en torno a los 300 o 400 euros. “Me parece grave que todo esté subiendo tanto en una ciudad diminuta como Cuenca”, asegura.

“Están enfrentando a propietarios con inquilinos. Atacan a las empresas, al estilo comunista”, decía este sábado Ayuso. Sobre estas críticas, Ana distingue entre los pequeños propietarios y quienes se dedican a acumular propiedades inmobiliarias. “El problema es gente que acapara casas, acaparar 15 casas, 19 viviendas. Es que no eres pequeño propietario. Estás casi montando una franquicia”, sostiene. Y lamenta que esta especulación urbanística ya se ha desplazado a casi todos los barrios de Madrid, incluido el suyo, Carabanchel.

Frente a ello, destaca la organización de la acampada, que ha ido creciendo desde un pequeño grupo hasta convertirse en “una pequeña ciudad, con planos, calles y personas encargadas de gestionar los espacios”. “Hay gente de urbanismo aquí gestionando también el tema de tiendas libres, dónde ponerlas, [controlar] las calles que hay”, explica. También subraya el papel de los equipos de mediación, que intervienen cuando se producen insultos o aumenta la tensión para evitar pequeños altercados con grupos de gente que les increpa, sobre todo por las noches. “No queremos violencia y lo repetimos todo el rato”, insiste.

“Estar aquí me ha dado una razón para luchar”

Pablo, de 19 años, explica que la organización de la acampada se articula por calles y barrios, con grupos de WhatsApp para coordinar las tareas cotidianas. En su calle, Palos en la Frontera, gestionan la instalación de lonas, el material y la ocupación de las tiendas para ofrecer un sitio donde dormir a quienes llegan nuevos. A otra escala, coordinan turnos en las entradas y salidas y a los equipos de mediación, que intervienen para evitar conflictos. “Necesitábamos estar organizados, casi como un barrio”, resume.

Los accesos concentran buena parte de las dificultades, tanto por el tránsito de turistas como por las personas que se acercan a increpar a los acampados o que, en ocasiones, están bajo los efectos del alcohol. Algunos vienen porque están en contra del movimiento, cuenta Pablo, aunque considera que la organización colectiva dificulta que los incidentes vayan a más. “Es muy difícil que la líen con la cantidad de gente y lo bien organizados que estamos para cuidarnos dentro y fuera de la acampada”, afirma.

Más allá de la logística, la experiencia ha cambiado su manera de entender la movilización social. Pablo reconoce que ha sido en Sol donde se ha politizado, al comprobar de primera mano la unión de quienes comparten problemas e inquietudes. Antes pensaba que sería difícil organizarse para conseguir cambios reales, pero ahora su perspectiva ha cambiado. “Estoy viendo físicamente lo que es la clase obrera unida”. La acampada, asegura, le ha permitido interiorizar que forma parte de esa clase y que debe luchar por sus derechos y los de los demás, especialmente por el acceso a la vivienda.

A sus 19 años, también ha encontrado en la protesta algo que iba más allá de sus reivindicaciones inmediatas: un propósito en un momento de incertidumbre sobre el futuro. “Creo que a muchos jóvenes de nuestra época nos pasa que estamos muy perdidos”, explica. Elegir qué hacer con su vida le parecía una pregunta imposible de responder, pero participar en la acampada le ha dado una nueva perspectiva. “Estar aquí es como que me ha dado un objetivo común y una razón para seguir luchando y seguir adelante, no solo con la lucha de la clase obrera, sino en la lucha de mi propia vida”, concluye.

Los acampados por la vivienda en la Plaza Porticada de Santander guardarán esta tarde, a las 20:00 horas, un minuto de silencio y otro “de rabia” por el fallecimiento esta noche de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su casa en el distrito de Retiro de Madrid.

Tras ello, tendrá lugar una concentración en este céntrico espacio de la ciudad, donde se están dejando velas bajo una pancarta que recuerda a esta mujer, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda. En este sentido, desde el Sindicato de Vivienda están animando a la ciudadanía a que esta tarde acuda con velas y flores.

“Se decía en el momento en el que la desahuciaron que ese desahucio le va a costar la vida y al final le ha costado la vida”, ha lamentado en declaraciones a Europa Press Hugo Cicero, uno de los acampados en la Porticada, que ha reconocido que la noticia “cayó de sopetón”.

Ha señalado que los acampados no se lo podían creer, que están “disgustados” y también con un sentimiento de “impotencia por no poder hacer nada”, pero ha afirmado que no van a dejar de luchar por “lo que nos pertenece”, tal y como ella dijo, con fin de que las instituciones “abran un poco los ojos”.

Cicero ha incidido que el caso de Maricarmen recuerda al de Amparo Pérez hace años en Santander y de Olga Matute, quien se suicidó tres días antes de ser desahuciada. “Los desahucios al final cuestan salud y cuestan la vida”, ha sentenciado.

Charla sobre el macropoyecto 'Bosques de Santander'

Además de los actos de esta tarde, también se sucederán en la Plaza Porticada diferentes charlas. Entre ellas, una este viernes del Sindicato de Vivienda y el fin de semana habrá otras ofrecidas por el Sindicato de Estudiantes que abordarán cómo llevar la huelga general a las aulas. También se pretende que una se centre en los vecinos afectados por el macropoyecto 'Bosques de Santander'.

Tras más de una semana de acampada, permanecen en la Plaza Porticada alrededor de unas cuarenta tiendas de campaña que ayer vivieron un día “muy complicado” por las lluvias registradas en Santander, aunque lo peor, ha señalado Cicero, fue el viento.

Por último, ha indicado que hay “un montón” de gente interesada en la acampada, que también les están facilitando comida y que se están organizando por guardias para que los participantes puedan descansar.

La notícia de la mort de Maricarmen va irrompre ahir vespre a l'acampada per l'habitatge de Palma enmig d'una assemblea. La defunció de la dona de 87 anys, convertida en un dels símbols de la lluita contra els desnonaments després de ser expulsada de casa seva a Madrid, ha provocat “moltíssima ràbia i dolor” entre els qui mantenen el campament de la Plaça d'Espanya.

En un comunicat difós aquest dijous, l'acampada sosté que la seva mort “hauria estat fàcil d'evitar” i llança una acusació duríssima: “Maricarmen no ha mort. A Maricarmen l'han assassinada”.

La nota assenyala directament l'empresa Urbagestión, propietària de l'habitatge del carrer Alcalde Sainz de Baranda del qual Maricarmen va ser desnonada el passat 23 de setembre, i responsabilitza també la jutgessa que va signar l'ordre de llançament i els Governs de la Comunitat de Madrid i d'Espanya. “L'ha assassinada el fons voltor Urbagestión, que porta anys amenaçant-la perquè cobejava la seva llar per fer els seus amos més rics”, incideix l'acampada.

El text estén així mateix la responsabilitat a la jutgessa que va signar l'ordre de desnonament “sense atendre la seva situació i vulnerabilitat” i a les administracions, a les quals retreu haver-se passat “les culpes els uns als altres sense posar solucions al drama de l'habitatge”.

Maricarmen Abascal va morir aquest dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón, quinze dies després d'haver estat desnonada de l'habitatge on havia viscut durant 71 anys. El 23 de setembre, la dona va sortir de l'immoble en llitera després que la Policia Nacional s'obrís pas entre els activistes que tractaven d'impedir el llançament. Va romandre ingressada des d'aleshores fins a la seva defunció.

El seu cas havia adquirit una enorme repercussió durant els mesos anteriors. Maricarmen feia anys que litigava amb Urbagestión pel dret a romandre a l'habitatge, després que l'empresa adquirís l'immoble i qüestionàs el seu dret a continuar-hi com a arrendatària. Hi va haver diversos intents de desnonament abans del definitiu del 23 de setembre. L'Audiència Provincial de Madrid va acabar ordenant-ne l'expulsió i el Tribunal Suprem va ratificar posteriorment aquest criteri.

L'execució del desnonament va convertir Maricarmen en un símbol de la crisi de l'habitatge. La seva expulsió va provocar mobilitzacions i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, mentre el seu cas va passar a ocupar el centre del debat polític sobre els desnonaments i l'habitatge. Els esdeveniments van desembocar també en l'aprovació de dos decrets d'habitatge per part del Govern, posteriorment rebutjats pel Congrés.

L'acampada de Palma posa especialment el focus en el deteriorament de la salut de Maricarmen. “El seu deteriorament físic no és de les dues setmanes que ha passat a l'hospital des que la van desnonar els antiavalots. És dels anys que porta vivint sota la por i l'estrès que l'expulsassin de casa seva”, afirma el comunicat. El col·lectiu vincula aquest deteriorament a “un sistema que posa els beneficis de molt pocs per sobre de les nostres vides”.

El text recorda, a més, altres casos de persones que, segons l'acampada, van perdre la vida després d'enfrontar-se a processos de desnonament. Cita Olga, que “es va suïcidar després d'haver estat desnonada de casa seva a l'Hospitalet de Llobregat”, i Javier, un sabater que, segons el comunicat, es va llevar la vida al seu taller abans de ser desnonat. “Però les seves morts no seran en va”, sosté el col·lectiu.

L'acampada de Palma converteix així la defunció de Maricarmen en un nou impuls per a la seva mobilització. “La lluita de Maricarmen ens ha ensenyat el camí”, afirma el comunicat, que reivindica la seva memòria i anuncia que els participants continuaran acampats i seguiran “lluitant pel que és nostre”. El col·lectiu anuncia, a més, la seva participació en la vaga general per l'habitatge convocada per al proper 11 de novembre.

“Que la terra et sigui lleu, Maricarmen, i que els qui fan negocis amb les nostres vides no puguin tornar a dormir ni un sol dia tranquils”, conclou el text.

La noticia de la muerte de Maricarmen irrumpió anoche en la acampada por la vivienda de Palma en mitad de una asamblea. El fallecimiento de la mujer de 87 años, convertida en uno de los símbolos de la lucha contra los desahucios después de ser expulsada de su casa de Madrid, ha provocado “muchísima rabia y dolor” entre quienes mantienen el campamento de la Plaça d'Espanya.

En un comunicado difundido este jueves, la acampada sostiene que su muerte “habría sido fácil de evitar” y lanza una acusación durísima: “Maricarmen no ha muerto. A Maricarmen la han asesinado”.

La nota señala directamente a la empresa Urbagestión, propietaria de la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda de la que Maricarmen fue desahuciada el pasado 23 de septiembre, y responsabiliza también a la jueza que firmó la orden de lanzamiento y a los Gobiernos de la Comunidad de Madrid y de España. “La ha asesinado el fondo buitre Urbagestión, que lleva años amenazándola porque codiciaba su hogar para hacer a sus amos más ricos”, incide la acampada.

El texto extiende asimismo la responsabilidad a la jueza que firmó la orden de desahucio “sin atender a su situación y vulnerabilidad” y a las administraciones, a las que reprocha haberse pasado “las culpas los unos a los otros sin poner soluciones al drama de la vivienda”.

Maricarmen Abascal falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, quince días después de haber sido desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante 71 años. El 23 de septiembre, la mujer salió del inmueble en camilla después de que la Policía Nacional se abriera paso entre los activistas que trataban de impedir el lanzamiento. Permaneció ingresada desde entonces hasta su fallecimiento.

Su caso había adquirido una enorme repercusión durante los meses anteriores. Maricarmen llevaba años litigando con Urbagestión por el derecho a permanecer en la vivienda, después de que la empresa adquiriese el inmueble y cuestionase su derecho a continuar como arrendataria. Hubo varios intentos de desahucio antes del definitivo del 23 de septiembre. La Audiencia Provincial de Madrid acabó ordenando su expulsión y el Tribunal Supremo ratificó posteriormente ese criterio.

La ejecución del desahucio convirtió a Maricarmen en un símbolo nacional de la crisis de vivienda. Su expulsión provocó movilizaciones y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, mientras su caso pasó a ocupar el centro del debate político sobre los desahucios y la vivienda. Los acontecimientos desembocaron también en la aprobación de dos decretos de vivienda por parte del Gobierno, posteriormente rechazados por el Congreso.

La acampada de Palma pone el foco especialmente en el deterioro de la salud de Maricarmen. “Su deterioro físico no es de las dos semanas que ha pasado en el hospital desde que la desahuciaron los antidisturbios. Es de los años que lleva viviendo bajo el miedo y el estrés a que la echaran de su casa”, afirma el comunicado. El colectivo vincula ese deterioro a “un sistema que pone los beneficios de muy pocos por encima de nuestras vidas”.

El texto recuerda además otros casos de personas que, según la acampada, perdieron la vida después de enfrentarse a procesos de desahucio. Cita a Olga, que “se suicidó después de haber sido desahuciada de su casa en L'Hospitalet de Llobregat”, y a Javier, un zapatero que, según el comunicado, se quitó la vida en su taller antes de ser desahuciado. “Pero sus muertes no serán en vano”, sostiene el colectivo.

La acampada de Palma convierte así el fallecimiento de Maricarmen en un nuevo impulso para su movilización. “La lucha de Maricarmen nos ha enseñado el camino”, afirma el comunicado, que reivindica su memoria y anuncia que los participantes continuarán acampados y seguirán “luchando por lo que es nuestro”. El colectivo anuncia además su participación en la huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre.

“Que la tierra te sea leve, Maricarmen, y que quienes hacen negocios con nuestras vidas no puedan volver a dormir ni un solo día tranquilos”, concluye el texto.

El movimiento social por el derecho a la vivienda vuelve a tomar la calle en Extremadura. La recién constituida Plataforma de Inquilinas de Mérida ha convocado para este jueves, a las 20:00 horas en la Plaza del Rastro una concentración de protesta contra “el abusivo precio de las casas y los alquileres”. Bajo el lema “El alquiler se come mi sueldo, acabemos con el rentismo”, la movilización busca dar continuidad a las multitudinarias marchas que recorrieron distintas ciudades del país la pasada semana y organizarse localmente mediante el apoyo mutuo frente a la especulación inmobiliaria.

Desde la plataforma emeritense denuncian que la situación actual constituye una crisis social de magnitud equivalente a la financiera de 2008. “Sectores privados tratan ahora de hacer negocio con algo tan esencial como la vivienda, igual que antes lo hicieron con el suelo o la construcción, o como intentaron privatizar la sanidad pública”, advierten. Un escenario que, según señalan, “trunca especialmente el futuro de millones de jóvenes por la subida artificial de los alquileres promovida por fondos de inversión y grandes propietarios”.

Freno a los precios, expropiaciones a fondos buitre y zona tensionada

Entre las exigencias del colectivo, que suscribe la tabla reivindicativa del Sindicato de Inquilinas a escala estatal, se encuentra el fin definitivo de todos los desahucios, rechazando meras moratorias o aplazamientos, y la derogación de la 'Ley Mordaza'. Asimismo, reclaman la implantación del alquiler indefinido con renovación automática y la regulación efectiva de los precios de los arrendamientos.

En el caso concreto de la capital extremeña, donde estiman que la renta mensual se ha encarecido una media de 150 euros en los últimos cuatro años, exigen que Mérida sea reconocida formalmente como ciudad tensionada. A ello suman la petición de expropiar las viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitre, mencionando expresamente a firmas como Poseidón, operativas en la región, para constituir un parque público urgente destinado a las familias vulnerables.

Duras críticas a la Junta de Extremadura y al “urbanismo hostil” en Mérida

El colectivo arremete también contra la gestión de las administraciones regional y local. A la Junta de Extremadura le reprochan “el abandono de la población más vulnerable” por no aplicar las herramientas legislativas ya aprobadas que permitirían evitar lanzamientos judiciales o garantizar alternativas habitacionales a las personas desahuciadas.

En el plano municipal, la plataforma alerta del avance de la gentrificación y la turistificación en Mérida, acusando un desequilibrio de inversiones entre un centro volcado en el turismo y unos barrios progresivamente degradados, unido al incremento descontrolado de apartamentos turísticos.

Como símbolo de este modelo, critican la reciente sustitución del mobiliario en la Plaza de España por “bancos antipobres”, una medida de “urbanismo hostil” orientada a impedir que las personas sin hogar puedan pernoctar, que ha generado un amplio rechazo social en la ciudad.

Rumbo a la huelga general de noviembre tras la victoria de Badajoz

La convocatoria de este jueves se produce un día después de que el Sindicato de Inquilinas anunciase la convocatoria de una Huelga General por la vivienda para el próximo 11 de noviembre, una cita a la que ya han confirmado su adhesión centrales sindicales como CGT, CCOO y UGT.

El movimiento por la vivienda encara este proceso de movilización poniendo en valor la efectividad de la protesta ciudadana. Muestra de ello, destacan desde la plataforma, ha sido la reciente paralización del desahucio de Antonio en Badajoz, un vecino jubilado al que el fondo buitre Berillyum II Invest Reo pretendía expulsar de su vivienda de alquiler tras más de una década residiendo en ella. La concentración convocada en su puerta por el Inquilinato de Badajoz logró forzar a la propiedad a sentarse a negociar y aplazar el lanzamiento dos meses, demostrando que “organizarse en sindicatos de inquilinas funciona”.

L'activista Madò Farta, coneguda per la seva participació en el moviment contra la turistificació de Mallorca, abillada amb una careta de calavera i l'atuell tradicional de pagesa, ha denunciat amenaces rebudes tant al carrer com a través de les xarxes socials. L'activista, que manté la seva identitat en l'anonimat, ha fet pública aquesta situació a través d'un vídeo publicat al seu compte d'Instagram.

Farta explica que fa “temps” que rep aquest tipus d'amenaces i assegura que algunes ja han estat denunciades, tot i que no precisa davant quin cos policial ni aporta informació sobre la investigació dels fets. Juntament amb el vídeo, publica diverses captures de pantalla d'una conversa mantinguda amb un altre usuari d'Instagram, la identitat del qual tampoc no es coneix.

En un dels missatges, l'interlocutor assegura que hi hauria “una recompensa de 10.000 euros” per localitzar l'activista i li adverteix que podria ser agredida pel carrer. Farta respon que les agressions ja s'han produït, tot i que en la publicació no concreta quan, on ni en quines circumstàncies haurien tingut lloc. El contingut de la conversa no permet, per si sol, verificar l'existència d'aquesta suposada recompensa.

La denúncia de l'activista es produeix en un context de creixent conflictivitat entorn del model turístic de Mallorca. 'Madò Farta' s'ha convertit en una de les figures més visibles, tot i mantenir-se en l'anonimat, de les mobilitzacions que qüestionen la pressió turística, l'accés a l'habitatge i la transformació de l'espai públic de l'Illa. En les darreres setmanes ha impulsat accions com la 'cadena a la fresca', una protesta que cercava escenificar la reivindicació de recuperar espais per als residents davant la pressió de l'activitat turística.

En una entrevista amb elDiario.es, Farta explica que el seu anonimat forma part de la seva manera de participar en el moviment i que la calavera que acompanya les seves aparicions pretén representar una protesta col·lectiva més que una identitat individual. Les seves accions s'han desenvolupat en paral·lel a un cicle de mobilitzacions contra la massificació turística i l'encariment de l'habitatge que ha portat milers de persones als carrers de Mallorca durant els darrers mesos.

La activista Madò Farta, conocida por su participación en el movimiento contra la turistificación de Mallorca ataviada con una careta de calavera y el atuendo tradicional de payesa, ha denunciado amenazas recibidas tanto en la calle como a través de las redes sociales. La activista, que mantiene su identidad en el anonimato, ha hecho pública esta situación a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Farta explica que lleva “tiempo” recibiendo este tipo de amenazas y asegura que algunas de ellas ya han sido denunciadas, aunque no precisa ante qué cuerpo policial ni aporta información sobre la investigación de los hechos. Junto al vídeo, publica varias capturas de pantalla de una conversación mantenida con otro usuario de Instagram cuya identidad tampoco se conoce.

En uno de los mensajes, el interlocutor asegura que habría “una recompensa de 10.000 euros” para localizar a la activista y le advierte de que podría ser agredida en la calle. Farta responde que las agresiones ya se han producido, aunque en la publicación no concreta cuándo, dónde ni en qué circunstancias habrían ocurrido. El contenido de la conversación no permite por sí solo verificar la existencia de esa supuesta recompensa.

La denuncia de la activista se produce en un contexto de creciente conflictividad en torno al modelo turístico de Mallorca. 'Madó Farta' se ha convertido en una de figuras más visibles, aunque siempre desde el anonimato, de las movilizaciones que cuestionan la presión turística, el acceso a la vivienda y la transformación del espacio público de la Isla. En las últimas semanas ha impulsado acciones como la 'cadena a la fresca', una protesta que buscaba escenificar la reivindicación de recuperar espacios para los residentes frente a la presión de la actividad turística.

En una entrevista con elDiario.es que su anonimato forma parte de su propia manera de participar en el movimiento y que la calavera que acompaña a sus apariciones pretende representar una protesta colectiva más que una identidad individual. Sus acciones se han desarrollado en paralelo a un ciclo de movilizaciones contra la masificación turística y el encarecimiento de la vivienda que ha llevado a miles de personas a las calles de Mallorca durante los últimos meses.

L'acampada per l'habitatge de la Plaça d'Espanya de Palma s'ha convertit en un nou front de disputa entre el moviment social i l'Ajuntament. El batle, Jaime Martínez (PP), ha incorporat ara un nou argument a la seva ofensiva: les queixes sobre suposats comportaments masclistes formulades dins el mateix campament. Tant els integrants de l'Acampada per l'Habitatge com el col·lectiu Flama han acusat el batle d'“instrumentalitzar el feminisme” i d'utilitzar aquestes situacions -que ja havien abordat internament- per justificar políticament el desallotjament de les tendes instal·lades en protesta per l'emergència habitacional.

Ho posen de manifest en un comunicat conjunt difós aquest dimarts en resposta a la nota que, moments abans, havia emès el Consistori palmesà. En aquesta, la corporació municipal, governada pels populars amb el suport de Vox, reclama a la Delegació del Govern a Balears que intervingui per desallotjar “sense més demora” l'acampada. Per fer-ho, l'Ajuntament es fa ressò de “les greus denúncies fetes públiques pel col·lectiu Flama” i adverteix també de la presència de menors d'edat en aquest espai.

“Es tracta de denúncies que, per la seva gravetat, fan encara més necessari que la Delegació del Govern deixi de mirar cap a una altra banda, assumeixi les seves responsabilitats i actuï de manera immediata davant una situació que requereix una resposta per part de l'Administració competent”, subratlla el comunicat.

L'Ajuntament al·ludeix a una nota difosa per Flama al seu perfil d'Instagram, en la qual l'organització anunciava la seva retirada de l'organització de l'acampada després d'un procés intern de “debat i reflexió” en el qual, segons explica el col·lectiu feminista, va detectar “comportaments i actituds sexistes, així com situacions d'assetjament sexual” incompatibles amb els principis de cura i transformació social que defensa. El col·lectiu assenyalava, a més, la seva responsabilitat davant la presència de militants menors d'edat i assegura que la seva protecció, integritat i seguretat són una “prioritat absoluta”.

La sortida, tanmateix, no suposa un allunyament de la lluita pel dret a l'habitatge ni dels objectius de la protesta. No en va, Flama aclaria en la mateixa nota que reivindica les acampades i la desobediència civil pacífica com a eines “legítimes i imprescindibles” per combatre l'especulació i defensar el dret a l'habitatge, i deixa clar que la seva crítica no es dirigeix al moviment social ni a les seves reivindicacions. El col·lectiu assevera així que abandona la seva participació orgànica en l'acampada, però no la lluita per un habitatge digne.

Després del comunicat del Consistori, Flama i l'Acampada recriminen que el batle utilitzi aquestes situacions per reforçar una petició de desallotjament que, recorden, l'Ajuntament ja havia formulat abans de conèixer els fets. “L'Ajuntament ja demanava el desallotjament abans de conèixer aquests fets; ara pretén utilitzar-los per reforçar una decisió política que ja havia pres”, sostenen.

“Potser el batle i els seus socis haurien de plantejar-se desallotjar l'Ajuntament”

Els col·lectius marquen així una diferència entre els comportaments concrets que puguin produir-se al campament i l'existència de la protesta com a tal. El seu argument és que la denúncia d'actituds masclistes dins l'acampada no equival a reclamar-ne la desaparició. Per reforçar-ho, llancen una comparació directa amb el Consistori: “Si l'existència de comportaments masclistes fos motiu suficient per desallotjar un espai sencer, potser el batle i els seus socis haurien de plantejar-se desallotjar l'Ajuntament”.

En aquesta línia, rebutgen que les situacions denunciades dins el campament puguin utilitzar-se com a argument per deslegitimar el conjunt de la mobilització. “Denunciar comportaments masclistes no és denunciar l'existència de l'acampada. Assenyalar problemes puntuals dins d'un espai col·lectiu no és demanar-ne la dissolució”, assenyalen. Flama i l'Acampada per l'Habitatge asseguren que no han ocultat aquests episodis, sinó que els han abordat internament. Tal com expliquen, han escoltat les afectades, han pres mesures, han apartat de l'espai les persones que generaven inseguretat i han posat en marxa mecanismes de “prevenció, atenció i reparació”.

“Al batle li demanam una cosa molt senzilla: que deixi d'instrumentalitzar el feminisme per justificar la seva agenda política i que comenci a escoltar”, conclouen Flama i l'Acampada per l'Habitatge. “L'habitatge és un dret. L'acampada segueix”, sentencien.

L'acampada de la Plaça d'Espanya va començar després de la concentració celebrada a la plaça de Cort sota el lema “Ni una Maricarmen més”, en solidaritat amb la mobilització sorgida a Madrid després del desnonament de Maricarmen Abascal. Des de llavors, els participants han organitzat assemblees i torns per mantenir el campament i han anunciat la seva intenció de prolongar-lo.

La protesta reclama, entre altres mesures, una reducció dels lloguers, una major protecció davant els desnonaments, la regulació dels lloguers temporals i d'habitacions i la declaració de Balears com a zona de mercat residencial tensionat. La mobilització es manté mentre el preu de l'habitatge continua sotmetent les llars de Palma a una forta pressió.

La acampada por la vivienda de la Plaça d'Espanya de Palma se ha convertido en un nuevo frente de disputa entre el movimiento social y el Ayuntamiento. El alcalde, Jaime Martínez (PP), ha incorporado ahora un nuevo argumento a su ofensiva: las quejas sobre supuestos comportamientos machistas formuladas dentro del propio campamento. Tanto los integrantes de la la Acampada per l'Habitatge como el colectivo Flama han acusado al primer edil de “instrumentalizar el feminismo” y de utilizar estas situaciones -que ya habían abordado internamente-, para justificar políticamente el desalojo de las tiendas instaladas en protesta por la emergencia habitacional.

Lo ponen de manifiesto en un comunicado conjunto difundido este martes en respuesta a la nota que, momentos antes, había emitido el Consistorio palmesano. En ella, la corporación municipal, gobernada por los populares con el apoyo de Vox, reclama a la Delegación del Gobierno en Balears que intervenga para desalojar “sin más demora” la acampada. Para ello, el Ayuntamiento se apropia de “las graves denuncias hechas públicas por el colectivo Flama” y advierte también de la presencia de menores de edad en este espacio.

“Se trata de denuncias que, por su gravedad, hacen todavía más necesario que la Delegación del Gobierno deje de mirar hacia otro lado, asuma sus responsabilidades y actúe de forma inmediata ante una situación que requiere una respuesta por parte de la Administración competente”, subraya el comunicado.

El Ayuntamiento alude a una nota difundida por Flama en su perfil de Instagram, en la que la organización anunciaba su retirada de la organización de la acampada tras un proceso interno de “debate y reflexión” en el que, según explica el colectivo feminista, detectó “comportamientos y actitudes sexistas, así como situaciones de acoso sexual” incompatibles con los principios de cuidado y transformación social que defiende. El colectivo señalaba además su responsabilidad ante la presencia de militantes menores de edad y asegura que su protección, integridad y seguridad son una “prioridad absoluta”.

La salida, sin embargo, no supone un alejamiento de la lucha por el derecho a la vivienda ni de los objetivos de la protesta. No en vano, Flama aclaraba en la misma nota que reivindica las acampadas y la desobediencia civil pacífica como herramientas “legítimas e imprescindibles” para combatir la especulación y defender el derecho a la vivienda, y deja claro que su crítica no se dirige al movimiento social ni a sus reivindicaciones. El colectivo aseveraba así que abandona su participación orgánica en la acampada, pero no la lucha por una vivienda digna.

Tras el comunicado del Consistorio, Flama y la Acampada recriminan que el alcalde utilice estas situaciones para reforzar una decisión de desalojo que, recuerdan, el Ayuntamiento ya había reclamado antes de conocer los hechos. “El Ayuntamiento ya pedía el desalojo antes de conocer estos hechos; ahora pretende utilizarlos para reforzar una decisión política que ya había tomado”, sostienen.

Los colectivos marcan así una diferencia entre los comportamientos concretos que puedan producirse en el campamento y la existencia de la protesta como tal. Su argumento es que la denuncia de actitudes machistas dentro de la acampada no equivale a reclamar su desaparición. Para reforzarlo, lanzan una comparación directa con el Consistorio: “Si la existencia de comportamientos machistas fuese motivo suficiente para desalojar un espacio entero, quizás el alcalde y sus socios deberían plantearse desalojar el Ayuntamiento”.

En esta línea, rechazan que las situaciones denunciadas dentro del campamento puedan utilizarse como argumento para deslegitimar el conjunto de la movilización. “Denunciar comportamientos machistas no es denunciar la existencia de la acampada. Señalar problemas puntuales dentro de un espacio colectivo no es pedir su disolución”, señalan. Flama y la Acampada per l'Habitatge aseguran que no han ocultado estos episodios, sino que los han abordado internamente. Tal como explican, han escuchado a las afectadas, han tomado medidas, han apartado del espacio a personas que generaban inseguridad y han puesto en marcha mecanismos de “prevención, atención y reparación”.

“Al alcalde le pedimos algo muy sencillo: que deje de instrumentalizar el feminismo para justificar su agenda política y que empiece a escuchar”, concluyen Flama y la Acampada per l'Habitatge. “La vivienda es un derecho. La acampada sigue”, sentencian.

La acampada de la plaza de España comenzó después de la concentración celebrada en la plaza de Cort bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, en solidaridad con la movilización surgida en Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Desde entonces, los participantes han organizado asambleas y turnos para mantener el campamento y han anunciado su intención de prolongarlo.

La protesta reclama, entre otras medidas, una reducción de los alquileres, mayor protección frente a los desahucios, regulación de los alquileres temporales y de habitaciones y la declaración de Balears como zona de mercado residencial tensionado. La movilización se mantiene mientras el precio de la vivienda continúa sometiendo a una fuerte presión a los hogares de Palma.

El Sindicato de la Vivienda de Cantabria considera que “es importante estar en la acampada y aquí seguiremos”, ha dicho Andrea Liba, militante del colectivo, al término de la convocatoria de la manifestación por el derecho a la vivienda que ha desbordado la plaza Porticada donde ya hay un campamento estable de 40 tiendas de campaña. El Sindicato de Estudiantes inició la acampada el pasado lunes y se han ido sumando más tiendas al campamento que ofrece actividades a diario.

“Estamos todas a una con que hay que seguir llenando las calles y la acampada es una herramienta muy potente de protesta”, subraya. Dependerá de cómo se vaya transformando el contexto, pero ha precisado que la acampada es una iniciativa popular y el sindicato no puede hablar en nombre de todas las personas.

Liba ha dicho que esta manifestación ha formado parte de las diferentes movilizaciones que se han hecho en toda España desde el pasado viernes y que, en el caso del Sindicato de Vivienda, vienen organizando desde enero. Las asambleas del sindicato han reunido cada vez a más personas que se acercan para compartir y participar. “Mucha gente está entendiendo que a través del sindicalismo se puede hacer frente a la violencia rentista”, señala.

Así, ha destacado que en estos momento “parece que se está moviendo la idea de ir hacia una huelga general”, y que ahora, aunque el sindicato lo apoya, es turno de la Asamblea Popular secundarla o no, aunque, a su juicio, para llegar a ella, es necesario “organizarse y seguir en la acampada”.

“Nos parece una herramienta súper potente, aunque tenemos claro que tiene que ser a través de una organización muy profunda y creemos que aquí en la acampada hay mucho potencial para que ocurra. Nosotros pondremos a disposición nuestras herramientas sindicales y nuestra trayectoria militante, por lo que podamos aportar, pero tendremos que organizarnos”, ha apostillado.

“Seguimos aquí y recibimos a cualquiera que quiera unirse”, dice el movimiento ciudadano

Por su parte, Hugo Cicero, portavoz del movimiento ciudadano de la acampada en la Porticada, ha valorado que se empezó el lunes con tres tiendas de campaña y que ahora hay casi 40. “Cada día se nos suma más gente aunque por el día hacemos turnos porque la gente tiene que ir a trabajar”, explica. “Seguimos aquí y recibimos a cualquiera que quiera unirse, pasar por los talleres o para hablar con nosotras”, anima.

Los acampados han empezado a organizar actividades a diario. Este sábado se ha impartido un taller de represión policial “para saber cómo actuar ante una intervención policial, nuestros derechos y obligaciones” y el día anterior se celebraron conciertos y teatro.

“Vamos a seguir acampados -no sabemos hasta cuando- porque la manifestación ha sido un éxito”, anuncia.

Cicero ha explicado que hay unas 15 personas propuestas por la Polícia Local de Santander para ser sancionadas “pero desde que salió la noticia no han vuelto a pasar por aqui”. Aunque la pasada noche un grupo de jóvenes les quemaron pancartas. También algunos otros jovenes, que volvían de fiesta, se sentaron en la acampada para preguntarnos por qué estábamos ahí. “Algunos empezaban insultándonos y luego se daban cuenta de que lo que estamos haciendo es luchar por todo tipo de clases”, señala. Los acampados están haciendo guardia por las noches para evitar incidentes.

“Esto se tiene que equilibrar de alguna manera”, reclama Mercedes Conde. Una mujer de 70 años que ya tiene el piso pagado después de trabajar 42 años pero que ha participado en la concentración por el derecho a la vivienda en Santander “porque esto es un desgobierno”. “Los mayores buitres se sientan en el Congreso”, espetó a pocos metros de donde el delegado del Gobierno de Cantabria, Pedro Casares, hacía declaraciones a los medios de comunicación y a quien los convocantes de la concentración han exigido “que proteja el derecho de reunión y manifestación y deje de reprimir los movimientos sociales por medide la brutalidad policial”.

Miles de cántabros han salido a la calle en Santander por el derecho a la vivienda y contra la especulación inmobiliaria en respuesta a la convocatoria nacional del Sindicato de Inquilinas con dos símbolos: el recuerdo de Amparo, la anciana que hace una década plantó cara a un desahucio administrativo, y los vecinos de la calle Hermanos Calderón cuyos pisos de alquiler asequible han pasado a manos de del fondo Mosaic al que han denunciado por acosarles para que se vayan de sus viviendas. El Ayuntamiento de Santander derribó la casa de Amparo mientras agonizaba en el hospital, “pero los vecinos de Hermanos Calderón tienen que resistir”, insiste una pareja joven que protesta cerca de su pancarta.

La concentración -convocada por el Sindicato de Vivienda de Cantabria, y secundada por IU, UGT o el movimiento ciudadano de la Plaza Porticada, entre otros- fue sumando a partir de las doce de la mañana cada vez más personas, en una comunidad profundamente afectada por la crisis de la vivienda y la turistificación, donde el precio de los alquileres fijos se ha incrementando tanto que ya resulta inaccesible, unido a la escasa oferta. Los propietarios mayoritariamente prefieren el alquiler de temporada y los pisos turísticos.

“Ni siquiera pudimos elegir donde queríamos vivir”

“Si nos organizamos, no hay nadie que nos pare”, “¡Esto es un chantaje!” y “ni gente sin casas, ni casas sin gente”, coreaban los asistentes. La proclama más repetida: “Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general”.

“Estoy aquí porque apoyo las reivindicaciones, aunque no estoy afectado por la situación de la vivienda es un problema de toda la sociedad”, explica Pedro Suárez. Otros protagonistas más jóvenes de la protesta como Mila y Luis padecen en primera persona los efectos de la especulación del mercado inmobiliario. “Nos teníamos que ir de nuestra casa porque el banco se la vendió a un fondo y aunque seguíamos pagando el alquiler no paraban de presionarnos para que nos fuésemos” -narran- “pero era imposible, hemos tardado un año en poder encontrar un alquiler fijo”. El piso del extrarradio de Santander en el que viven ahora “se lleva el 60% de lo que ganamos entre los dos y ni siquiera pudimos elegir donde queríamos vivir: tuvimos que conformarnos con el único que aceptó alquilárnoslo, con dos niños y un perro, para todo el año”, lamentan.

Después de media hora de concentración, una columna de miles de personas enfiló la avenida central de Santander hacia la cuesta de Ruamayor rumbo a la sede de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Cantabria para exigir al Gobierno del Partido Popular “que proteja nuestro territorio frente la especulación del suelo y los fondos buitres”. En este sentido, han pedido al Gobierno autonómico y a los ayuntamientos que hagan uso de sus competencias en vivienda, que regulen el mercado declarando zonas tensionadas de alquiler “y que dejen de conceder licencias de viviendas de uso turístico y persiga las ilegales”.

“Gobierno progresista, cómplice rentista”, “Media dimisión” o “la solución es la expropiación”, coreaban los ciudadanos.

Además de numerosos representantes de colectivos sociales y rostros de la cultura como la poeta Ana García Negrete, participaron en la concentración el secretario general de UGT, Mariano Carmona, que ayer emitió un comunicado de apoyo a la movilización; el delegado del Gobierno Pedro Casares, el coordinador de Izquierda Unida, Israel Ruiz Salmón, o los concejales de Santander Daniel Fernández (PSOE) y Keruin Mantínez (IU) además de miembros de Comisiones Obreras.

Listado público de GESVICAN

Los convocantes han exigido también que GESVICAN, la empresa pública de vivienda de Cantabria, haga pública la lista de personas inscritas y el listado total de viviendas con las que cuenta. “Y que elimine su oficina antiokupación”, han exigido entre aplausos. “Cantabria tiene competencias y tiene que hacer uso de ellas para mejorar la vida de la gente que vive aquí y no para tenderle una alfombra a quien está de paso”, han reprochado.

Haciendo sonar sus llaves y al grito de 'Acabemos con el negocio de la vivienda!', los miles de participantes -los convocantes estiman cinco mil y la polícia dos mil- han llegado a la Consejería de Vivienda, en la esquina de Ruamayor con la Rampa de Sotileza mientras los manifestantes -después de hora y media- seguían ocupando toda la cuesta hasta la calle Calvo Sotelo. La cabeza de la manifestación se ha encontrado con la cola al regresar bajando la Cuesta del Hospital hacia la Plaza Porticada. Un espacio a rebosar donde está instalada la acampada ciudadana desde el lunes, con el reproche de la alcaldesa de santander que ha enviado a la Policía Local para tramitar multas porque esan “privatizando” con sus tiendas una plaza pública. Ahora ya hay cerca de 40.

Desde ahí se ha leído un manifiesto. “Aquí seguiremos hasta que se tomen medidas que tengan impacto real en la vida de las personas”, ha proclamado la voz de Yaiza entre sonoros aplausos.

Les primeres pluges de la tardor han tornat a deixar a sa Pedruscada una imatge que els veïns coneixen massa bé: problemes amb les clavegueres, abocaments i arena arrossegada cap a les platges. En aquest racó de Capdepera, on des de fa anys es lliura una batalla contra la construcció de 57 habitatges repartits en 15 blocs, 17 piscines i 95 places d'aparcament, el calendari afegeix ara una nova data al conflicte. Les obres de dotació de serveis avancen i el següent pas serà la llicència que permeti aixecar els edificis. Però els tribunals encara s'han de pronunciar sobre la reparcel·lació dels terrenys.

L'associació Salvem sa Pedruscada ha presentat aquesta setmana una nova demanda contra la revisió d'ofici de l'expedient i reclama a l'Ajuntament de Capdepera que no concedeixi noves llicències mentre romanguin oberts els procediments judicials sobre l'actuació. En una carta oberta dirigida a l'alcaldessa, Núria Garcia, el col·lectiu demana “responsabilitat i prudència” abans d'autoritzar la construcció de la urbanització.

La transformació urbanística d'aquesta parcel·la situada devora la mar fa anys que enfronta part del veïnat amb l'Ajuntament i la promotora. El projecte va arribar a plantejar la construcció de 72 habitatges i blocs de fins a quatre altures, cosa que va despertar les protestes de veïns i ecologistes, que denunciaven que l'actuació canviaria per complet la fisonomia de sa Pedruscada i reclamaven una revisió del planejament.

El 2024, l'Ajuntament va suspendre durant un any les llicències per a edificacions de més de dues plantes a la zona, en el marc de la revisió de les condicions urbanístiques. El projecte va acabar reduint les altures fins a planta baixa més un pis. Per als veïns, aquesta mesura no resol el problema de fons: l'associació considera que s'està produint una transformació urbanística de gran intensitat en una zona que, segons denuncia, encara presenta importants mancances de serveis municipals.

Els veïns recriminen, a més, que la parcel·la es troba en una zona identificada com a inundable en el Pla de Gestió del Risc d'Inundació de Balears i adverteixen que el projecte no hauria tingut prou en compte el seu impacte climàtic: la pèrdua de vegetació autòctona, l'augment de les superfícies construïdes i del trànsit i el denominat efecte d'illa de calor, a més de la transformació del paisatge de sa Pedruscada.

La reparcel·lació, als tribunals

El febrer del 2025, el Consistori va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació 11 (UA-11) de sa Pedruscada, que cinc mesos abans havia presentat la promotora del projecte, Residencial Vista Alegre SA, una empresa constituïda el 1985 i controlada al 100% des del 2011 per Torreblanca del Mediterráneo Sol SL, la societat que articula TM Grupo Inmobiliario. És en aquesta zona on preveu desenvolupar el projecte residencial.

L'expedient reorganitza les finques incloses en l'àmbit i estableix les condicions per executar la urbanització i la dotació de serveis necessàries per al desenvolupament residencial. La finca resultant que correspon a la promotora queda, a més, vinculada a l'execució de les obres de dotació de serveis.

L'acord municipal, tanmateix, va ser recorregut davant els tribunals per Salvem sa Pedruscada i l'entitat ecologista GOB després que el Consistori desestimés les seves al·legacions. Les entitats sostenen que l'actuació suposa en realitat una transformació urbanística que no estaria avalada per l'instrument de planejament que consideren necessari i denuncien l'absència d'una avaluació ambiental, d'una memòria de sostenibilitat econòmica i d'un informe sobre la disponibilitat de recursos hídrics.

El conflicte es va ampliar el juliol del 2025, quan el GOB va fer pública una anàlisi dels expedients municipals en què qüestionava com s'havia posat en marxa l'operació. Segons la seva investigació, l'Ajuntament de Capdepera havia aprovat el 6 de setembre del 2022 la delimitació de la UA-11 basant-se en un projecte redactat el 2013 per l'arquitecte Mateu Carrió, que no havia arribat a executar-se. Tanmateix, una setmana després, Residencial Vista Alegre va presentar un altre projecte, diferent de l'anterior i molt més concret, que és el que posteriorment s'ha tramitat per desenvolupar la urbanització. Aquesta proposta incloïa ja un projecte de reparcel·lació i de dotació de serveis i contemplava inicialment fins a 78 habitatges.

Per als ecologistes, la qüestió rellevant és que la delimitació de la unitat es va aprovar prenent com a referència un projecte que no era el que finalment es pretenia executar. L'organització sosté, a més, que el nou projecte de Vista Alegre no va ser esmentat en els primers acords municipals ni en les comunicacions trameses a altres administracions. Així mateix, qüestiona la competència de l'òrgan municipal que va aprovar inicialment la delimitació i la posterior convalidació de l'acord.

Les excavadores arriben a sa Pedruscada

Malgrat les crítiques i la judicialització del procés, el passat mes de febrer les excavadores van entrar a la parcel·la per iniciar els treballs de dotació de serveis, cosa que va revifar les protestes veïnals. L'Ajuntament va explicar que es tractava de les obres de dotació i que els habitatges no podien començar fins que aquestes estiguessin acabades, llevat que se sol·licitàs una execució simultània. Així mateix, el Consistori va defensar que es guia pel criteri dels seus serveis jurídics i que no pot paralitzar l'actuació mentre aquesta es trobi dins la legalitat administrativa. Una vegada acabada la dotació de serveis, haurà de decidir sobre la llicència d'edificació, segons va informar en el seu moment IB3.

Aquest mateix mes, l'alcaldessa, en una entrevista amb Cap Vermell, va manifestar que l'única via possible per aturar el projecte seria la compra o l'expropiació del terreny, una operació que, va assenyalar, suposaria una despesa mínima d'entre vint i vint-i-cinc milions d'euros.

Ara el conflicte ha entrat en una nova fase. Salvem recorda que està pendent de sentència el procediment que va interposar contra l'expedient de reparcel·lació i anuncia que aquesta setmana ha presentat, a més, una segona demanda contra la revisió d'ofici. El litigi es produeix mentre les actuacions sobre el terreny han continuat endavant.

La falta d'aigua, un dels arguments

En la seva nova carta, la plataforma torna a situar al centre del debat dos documents que considera essencials per a una transformació urbanística d'aquestes característiques: l'informe o memòria de sostenibilitat econòmica i l'informe sobre la disponibilitat de recursos hídrics. L'associació sosté que ambdós documents són imprescindibles i que la seva absència podria determinar la nul·litat de l'actuació. El col·lectiu cita el criteri del seu advocat, especialista en urbanisme, tot i que reconeix que seran els tribunals els que hauran de determinar finalment si les irregularitats denunciades tenen conseqüències sobre la validesa del projecte.

La qüestió dels recursos hídrics ja formava part de les al·legacions presentades contra la reparcel·lació. El GOB va denunciar el 2025 l'absència d'un informe sobre la suficiència de recursos hídrics, a més d'una memòria de viabilitat econòmica i una avaluació ambiental. L'Ajuntament, per la seva banda, ha defensat que la reparcel·lació permetrà executar infraestructures relacionades amb els recursos hídrics que també beneficiaran l'entorn i que l'actuació inclou la cessió d'un 5% del solar municipal.

La por a construir i haver de desfer

La principal preocupació dels veïns rau en què passaria si comencen les obres i posteriorment els tribunals estimen els recursos. L'associació considera que permetre que el projecte avanci mentre estan pendents les resolucions judicials podria generar un problema econòmic per a les arques municipals si posteriorment els tribunals anul·lassin l'actuació. Per això reclama esperar abans d'adoptar una decisió que considera potencialment irreversible.

El col·lectiu arriba a plantejar que, si l'Ajuntament utilitza un informe jurídic extern per concedir la llicència, haurien de quedar clarament delimitades les responsabilitats professionals en cas que posteriorment la promotora reclamàs una indemnització. Salvem sa Pedruscada demana que l'Ajuntament quedi protegit davant una eventual reclamació econòmica.

La qüestió és especialment rellevant per als veïns, ja que la dotació de serveis constitueix el pas previ a la llicència d'edificació. El Consistori ja va explicar, a més, que les obres d'urbanització s'havien de completar abans que poguessin començar els habitatges.

“Capdepera necessita solucions, no més problemes”, recriminen els veïns en la seva carta. Salvem esmenta els problemes de sanejament que tornen a fer-se visibles amb les pluges per reclamar a l'Ajuntament una planificació urbanística que, al seu parer, hauria de resoldre primer les mancances existents abans d'incorporar noves pressions sobre el territori.

L'associació reclama, a més, que Capdepera impulsi una planificació urbanística i una ordenança de patrimoni verd que permetin afrontar el creixement del municipi a llarg termini. “Abans de transformar Capdepera per sempre”, sosté el col·lectiu, l'Ajuntament hauria d'assegurar-se que l'actuació millora la vida dels qui ja hi viuen i protegeix l'interès general.

Mentrestant, el projecte segueix avançant administrativament i la Justícia encara ha de resoldre els recursos plantejats contra la seva tramitació.

Las primeras lluvias del otoño han vuelto a dejar en sa Pedruscada una imagen que los vecinos conocen demasiado bien: problemas con las alcantarillas, vertidos y arena arrastrada hacia las playas. En este rincón de Capdepera, donde desde hace años se libra una batalla contra la construcción de 57 viviendas repartidas en 15 bloques, 17 piscinas y 95 plazas de aparcamiento, el calendario añade ahora una nueva fecha al conflicto. Las obras de dotación de servicios avanzan y el siguiente paso será la licencia que permita levantar los edificios. Pero los tribunales todavía tienen que pronunciarse sobre la reparcelación de los terrenos.

La asociación Salvem Sa Pedruscada ha presentado esta semana una nueva demanda contra la revisión de oficio del expediente y reclama al Ayuntamiento de Capdepera que no conceda nuevas licencias mientras permanecen abiertos los procedimientos judiciales sobre la actuación. En una carta abierta dirigida a la alcaldesa, Núria Garcia, el colectivo pide “responsabilidad y prudencia” antes de autorizar la construcción de la urbanización.

La transformación urbanística de esta parcela situada junto al mar lleva años enfrentando a parte del vecindario con el Ayuntamiento y la promotora. El proyecto llegó a plantear la edificación de 72 viviendas y bloques de hasta cuatro alturas, lo que encendió las protestas de vecinos y ecologistas, preocupados por el impacto que tendría sobre un paisaje que consideran uno de los últimos reductos del litoral tradicional de Capdepera.

Después de que el Ayuntamiento suspendiera durante un año las licencias para edificios de más de dos plantas mientras revisaba las condiciones urbanísticas de la zona, la propuesta acabó reduciendo las alturas a planta baja más un piso. Para Salvem Sa Pedruscada, sin embargo, el cambio no resuelve la cuestión de fondo. La asociación sostiene que se pretende impulsar una transformación urbanística de gran intensidad en un entorno que todavía arrastra importantes carencias de servicios municipales. También alerta del impacto ambiental, paisajístico y social de la actuación y considera que la urbanización puede suponer una alteración irreversible de la imagen y el carácter mediterráneo de sa Pedruscada.

Los vecinos recriminan, además, que la parcela se encuentra en una zona identificada como inundable en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Balears y advierten de que el proyecto no habría tenido suficientemente en cuenta su impacto climático: la pérdida de vegetación autóctona, el aumento de las superficies construidas y del tráfico y el denominado efecto de isla de calor, además de la transformación del paisaje de sa Pedruscada.

Una reparcelación recurrida ante los tribunales

El último capítulo de esta batalla urbanística comenzó en febrero de 2025, cuando el Ayuntamiento aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación 11 (UA-11) de sa Pedruscada. La propuesta había sido presentada cinco meses antes por Residencial Vista Alegre SA, la promotora que prevé desarrollar la actuación. La empresa, constituida en 1985, está controlada por Torreblanca del Mediterráneo Sol SL, sociedad que articula TM Grupo Inmobiliario. Es en esa zona donde prevé desarrollar la construcción. El expediente reorganiza las fincas incluidas en el ámbito y establece las condiciones para ejecutar la urbanización y la dotación de servicios necesarias para el desarrollo residencial. La finca resultante que corresponde a la promotora queda además vinculada a la ejecución de las obras de dotación de servicios.

El acuerdo municipal fue recurrido ante los tribunales por Salvem Sa Pedruscada y la entidad ecologista GOB después de que el Consistorio desestimara sus alegaciones. Las entidades sostienen que la actuación supone en realidad una transformación urbanística que no estaría respaldada por el instrumento de planeamiento que consideran necesario y denuncian la ausencia de evaluación ambiental, de una memoria de sostenibilidad económica y de un informe sobre disponibilidad de recursos hídricos.

El conflicto se amplió en julio de 2025, cuando el GOB hizo público un análisis de los expedientes municipales en el que cuestionaba cómo se había puesto en marcha la operación. Según sus investigaciones, el Ayuntamiento de Capdepera había aprobado el 6 de septiembre de 2022 la delimitación de la UA-11 basándose en un proyecto redactado en 2013 por el arquitecto Mateu Carrió, que no había llegado a ejecutarse. Sin embargo, una semana después, Residencial Vista Alegre presentó otro proyecto, distinto del anterior y mucho más concreto, que es el que posteriormente se ha tramitado para desarrollar la urbanización. Esta propuesta incluía ya un proyecto de reparcelación y de dotación de servicios y contemplaba inicialmente hasta 78 viviendas.

Para los ecologistas, la cuestión relevante es que la delimitación de la unidad se aprobó tomando como referencia un proyecto que no era el que finalmente se pretendía ejecutar. La organización sostiene además que el nuevo proyecto de Vista Alegre no fue mencionado en los primeros acuerdos municipales ni en las comunicaciones remitidas a otras administraciones. Asimismo, cuestiona la competencia del órgano municipal que aprobó inicialmente la delimitación y la posterior convalidación del acuerdo.

Las excavadoras llegan a Sa Pedruscada

Pese a las críticas y a la judicialización del proceso, el pasado mes de febrero las excavadoras entraron en la parcela para iniciar los trabajos de dotación de servicios, reavivando las protestas vecinales. El Ayuntamiento explicó que se trataba de las obras de dotación y que las viviendas no podían comenzar hasta que estas estuvieran terminadas, salvo que se solicitara una ejecución simultánea. Asimismo, el Consistorio defendió que se guía por el criterio de sus servicios jurídicos y que no puede paralizar la actuación mientras esta se encuentre dentro de la legalidad administrativa. Una vez terminada la dotación de servicios, deberá decidir sobre la licencia de edificación, informó en su momento IB3.

Ese mismo mes, la alcaldesa, en una entrevista con Cap Vermell, manifestó que la única vía posible sería la compra o la expropiación del terreno, una operación que, señaló, supondría un gasto mínimo de veinte o veinticinco millones de euros.

Ahora el conflicto ha entrado en una nueva fase. Salvem recuerda que está pendiente de sentencia el procedimiento que interpuso contra el expediente de reparcelación y anuncia que esta semana ha presentado además una segunda demanda contra la revisión de oficio. El litigio se produce mientras las actuaciones sobre el terreno han seguido adelante.

La falta de agua, uno de los argumentos

En su nueva carta, la plataforma vuelve a colocar en el centro del debate dos documentos que considera esenciales para una transformación urbanística de estas características: el informe o memoria de sostenibilidad económica y el informe sobre disponibilidad de recursos hídricos. La asociación sostiene que ambos documentos son imprescindibles y que su ausencia podría determinar la nulidad de la actuación. El colectivo cita el criterio de su abogado, especialista en urbanismo, aunque reconoce que serán los tribunales quienes deberán determinar finalmente si las irregularidades denunciadas tienen consecuencias sobre la validez del proyecto.

La cuestión de los recursos hídricos ya formaba parte de las alegaciones presentadas contra la reparcelación. El GOB denunció en 2025 la ausencia de un informe sobre la suficiencia de recursos hídricos, además de una memoria de viabilidad económica y una evaluación ambiental. El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido que la reparcelación permitirá ejecutar infraestructuras relacionadas con los recursos hídricos que también beneficiarán al entorno y que la actuación incluye la cesión de un 5% del solar municipal.

El temor a construir y tener que deshacer

La principal preocupación de los vecinos reside en qué ocurriría si comienzan las obras y posteriormente los tribunales estiman los recursos. La asociación considera que permitir que el proyecto avance mientras están pendientes las resoluciones judiciales podría generar un problema económico para las arcas municipales si posteriormente los tribunales anulan la actuación. Por eso reclama esperar antes de adoptar una decisión que considera potencialmente irreversible.

El colectivo llega a plantear que, si el Ayuntamiento utiliza un informe jurídico externo para conceder la licencia, deberían quedar claramente delimitadas las responsabilidades profesionales en caso de que posteriormente la promotora reclamara una indemnización. Salvem Sa Pedruscada pide que el Ayuntamiento quede protegido frente a una eventual reclamación económica. La cuestión es especialmente relevante para los vecinos ya que la dotación de servicios constituye el paso previo a la licencia de edificación. El Consistorio ya explicó, además, que las obras de urbanización debían completarse antes de que pudieran comenzar las viviendas.

“Capdepera necesita soluciones, no más problemas”, recriminan los vecinos en su carta. Salvem menciona los problemas de saneamiento que vuelven a hacerse visibles con las lluvias para reclamar al Ayuntamiento una planificación urbanística que, a su juicio, debería resolver primero las carencias existentes antes de incorporar nuevas presiones sobre el territorio. La asociación reclama además que Capdepera impulse una planificación urbanística y una ordenanza de patrimonio verde que permitan afrontar el crecimiento del municipio a largo plazo. “Antes de transformar Capdepera para siempre”, sostiene el colectivo, el Ayuntamiento debería asegurarse de que la actuación mejora la vida de quienes ya viven allí y protege el interés general.

Mientras tanto, el proyecto sigue avanzando administrativamente y la Justicia tiene todavía que resolver los recursos planteados contra su tramitación.

El desahucio de Maricarmen a sus 87 años ha sido un punto de inflexión. Primero derivó en una gran manifestación de miles de personas por las calles de Madrid el sábado pasado y ha terminado tomando la Puerta del Sol con una acampada que este jueves cumple su quinto día y no deja de expandirse. El campamento, replicado también en otras ciudades, se ha convertido en el nuevo epicentro de la protesta por la vivienda.

“Esto es solo el principio”, anunciaba este miércoles Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, durante la asamblea diaria de la acampada. “Hemos generado una crisis de Estado, un cambio de paradigma. Ya nunca más se va a pensar que algo así es imposible y, cuando eso pasa, la ventana de posibilidad se vuelve infinita. ¡Maricarmen vuelve a su casa, pero quedan muchas más! ¡Ese es el poder popular!”, proclamaba ante las personas concentradas en Sol.

Fue durante esta asamblea cuando los allí presentes se plantearon el siguiente paso: sostener y expandir la rabia que ha explotado durante esta semana. Maricarmen podrá volver a su casa gracias a un acuerdo con el fondo Urbagestión y este viernes el Congreso votará los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno en plena ola de movilizaciones. Pero desde la acampada madrileña consideran que eso no basta y el movimiento por la vivienda ha iniciado un camino hacia la huelga general.

Como resultado, la ola de protestas que se ha vivido durante los últimos días confluirá este fin de semana en movilizaciones convocadas en distintos puntos del país. En Madrid, la cita será este sábado 3 de octubre a las 12.00 horas, en una manifestación coordinada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y distintos colectivos sociales.

La protesta tendrá lugar apenas 24 horas después de la votación en el Congreso de los dos decretos ley de vivienda preparados por el Gobierno y con el resultado de esa convalidación ya sobre la mesa. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas se posicionó este miércoles a favor de ambos textos, aunque criticó el “troceo” de las medidas en dos decretos distintos. Los dos deben ser convalidados para que entren en vigor tanto las medidas antidesahucios y de regulación de alquileres del primero como la prórroga automática de los contratos de alquiler incluida en el segundo.

Cuatro bloques hasta Cibeles

La movilización de este sábado será diferente a la del pasado fin de semana. Para facilitar la organización, los colectivos convocantes han dividido Madrid en cuatro grandes bloques territoriales, que partirán desde distintos puntos de la ciudad para terminar confluyendo en Cibeles, frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid.

Las cuatro columnas agruparán a colectivos y barrios de distintas zonas de Madrid y su entorno de la siguiente forma:

Habrá una quinta columna para los acampantes de Sol. Esta partirá desde la estatua del Oso y el Madroño. Todos los bloques tienen la misma hora de salida: las 12.00 horas del sábado 3 de octubre. Todos avanzarán hacia Cibeles, donde está previsto que confluyan las distintas movilizaciones.

Hacia la huelga general

La protesta llega con un horizonte que va más allá de la movilización de este sábado. Los sindicatos de inquilinas y los colectivos que participan en la convocatoria plantean las manifestaciones de este fin de semana como un paso más para aumentar la presión sobre las instituciones y avanzar hacia una huelga general por la vivienda.

Entre sus principales reivindicaciones se encuentran bajar los alquileres un 50%, expropiar a los fondos buitre y establecer contratos indefinidos. El objetivo es trasladar la presión de las calles a un movimiento de mayor alcance que fuerce cambios en las políticas de vivienda y garantice un mayor acceso a un hogar y estabilidad para los inquilinos.

Los Sindicatos de Inquilinas consideran que los decretos impulsados por el Gobierno abren una oportunidad para modificar las reglas actuales, pero sostienen que las medidas son insuficientes para abordar los problemas acumulados durante décadas. Por eso, la convocatoria de este sábado busca mantener la movilización después de una semana en la que la protesta por la vivienda ha pasado de las calles a la Puerta del Sol y ha situado el derecho a la vivienda en el centro del debate político.