El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anunciado el archivo de la querella del pseudosindicato Manos Limpias contra Esther Pastor, mujer de confianza de Alberto Fabra, por la polémica del uso injustificado de fondos públicos para gastos de presidencia. Así el juez ha acordado el sobreseimiento al no ver “indicio de ilegalidad” en la actuación de Pastor y estimar que “no hubo uso de fondos públicos para fines privados”.

Manos Limpias atribuía delitos de malversación de caudales públicos, estafa y falsedad documental a Esther Pastor por utilizar fondos públicos para usos privados, concretamente se los gastos denunciados se referían al cargo a la Generalitat habitaciones dobles de hotel “en las ciudades de Madrid, Altea, Alicante, Xàbia, entre otras ciudades, sin que conste ningún acto institucional que justifique el desplazamiento”.

Esta denuncia se produjo en un momento de polémica sobre Pastor cuando se filtró a los medios de comunicación otros gastos domésticos realizados por Pastor a cargo de Presidencia como “arreglo de cocido”, pero también bebidas alcohólicas.

Estas filtraciones de gastos cuestionables, junto con otros como los de la contratación de un 'coach' personal para Fabra o la de la contratación del cocinero como asesor, desataron una búsqueda del presunto 'topo' que habría pasado esta información sensible, 'cacería' que terminó con duros interrogatorios internos y tras este escándalo con la destitución del jefe de seguridad de Alberto Fabra.

Alberto Fabra, no gana para disgustos. La tensión es máxima en la cúpula del gobierno valenciano después del interrogatorio del jefe de seguridad del presidente de la Generalitat al responsable de prensa del vicepresidente, José Ciscar, quién fue hostigado durante tres horas con el objetivo de esclarecer la identidad o identidades del topo del Palau, el filtrador de documentación comprometida para los intereses del líder del PP valenciano.

La propia Generalitat, a través del conseller de Gobernación, Luis Santamaría, ha dado orden de investigar los hechos, políticamente insólitos y legalmente discutibles: el jefe de los escoltas de Fabra, un alto cargo de la policía autonómica, no tendría competencias para iniciar este tipo de pesquisas.

Además, Císcar está indignado: se presiona a su jefe de comunicación y se le señala como un alto cargo enfrentado con su superior. Ninguno de mis colaboradores “se ha comportado nunca ni con deslealtad ni, por supuesto, desde la ilegalidad”. ha dicho Císcar. “Pensar lo contrario, me parece hasta ridículo”, añadió el vicepresidente.

Fabra, de momento, calla, aunque el bochorno en el PP es total. El escándalo bien podría acabar con la destitución del jefe de seguridad del presidente. De momento, la Conselleria de Gobernación, responsable de la policía autonómica, investiga los hechos. Ha abierto “un expediente informativo de carácter reservado para verificar si los hechos se han producido”.

Fuentes del PP señalan como posible instigadora del interrogatorio no a Fabra, sino a su mujer de confianza, Esther Pastor. Ésta, como el presidente, ha sufrido las filtraciones del topo. Éste ha desvelado la contratación de un cocinero y un ‘coach' para el presidente o gastos supuestamente impropios de Pastor abonados por la Generalitat.

Por ello, la Generalitat interrogó a decenas de funcionarios, sin resultado alguno. Una denuncia ante la justicia también acabó en vía muerta. Con la Generalitat camino de la quiebra y los valencianos desconfiando de Fabra, “folletines de este estilo están acabando de hundirnos”, dice un alto cargo del PP que no quiere desvelar su identidad.

¿Se han pagado los gastos de la limpieza del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, con el dinero de todos los valencianos?. No lo sabemos. El gobierno valenciano se niega a detallar el uso de los 4.4 millones de euros de libre disposición del departamento de Presidencia, dinero presupuestado pero cuyo destino sólo se conoce a posteriori. En principio, esta partida sirve para afrontar gastos inesperados o puntuales como taxis, dietas o materiales, pero la oposición, ante la opacidad en este apartado, desconfía.

Rafael Rubio, diputado del PSPV-PSOE, ha pedido transparencia en las Corts Valencianes. Ha preguntado si “se ha pagado de este dinero de todos los valencianos la limpieza de la casa donde reside el president Alberto Fabra, o si se han pagado las entradas a espectáculos deportivos de baloncesto o tenis a los que ha asistido, o si los alquileres de vehículos de presidencia se han abonado con este dinero o incluso gastos de imagen del presidente”.

La respuesta del vicepresidente del Consell, José Císcar, no aclaró mucho las cosas. Justificó la opacidad de la caja fija de Fabra en la enorme carga de trabajo que supondría facilitar a los diputados y la opinión pública muchos pequeños gastos. “Lo que no se puede pedir son dos años enteros porque conlleva un trabajo al que hay que destinar funcionarios y no es darle a una tecla”.

Císcar, eso sí, aclara que los gastos están siempre relacionados “con el desarrollo de actividades propias del cargo del presidente”. La oposición no se fía. El PSPV-PSOE ha pedido los expedientes de 2012 y 2013 sin respuesta alguna. Y Compromís ya denunció irregularidades en el uso de esos fondos, con los que se compraron huevos Kinder, leche desnatada o una noche de hotel en año nuevo.

Císcar prometió que el gasto de esos 4.4 millones de euros será público por ley en aplicación de la Ley de Transparencia, pero las sospechas están ahí. El pseudosindicato Manos Limpias ya denunció a Esther Pastor, la mujer de confianza de Fabra, por el uso de injustificado de fondos públicos. Pastor también cargó a la Generalitat compras de chocolate, flanes o papas.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, gasta al menos de 2.000 euros al mes (1919,23, exactamente) en suministros para las comidas de las que disfruta en solitario, con su equipo o con los invitados. Fabra contrató como asesor de presidencia a su cocinero personal.

Según la información facilitada por la Consejería de Presidencia Fabra gastó 18.770 euros en 2012 y 13.857 hasta mayo de 2013. Todas las compras iban firmadas por la mujer de confianza del President, Esther Pastor, ya que esa fue la información solicitada y obtenida por Ignacio Blanco, diputado de Esquerra Unida.

Siempre según la información de El País, Blanco solicitó esa información después de que el topo del Palau desvelara compras domésticas de Pastor a cargo del erario público. Pastor, secretaría autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, ha sido denunciada por el sindicato ultra Manos Limpias por el uso indebido de fondos de la Generalitat.

Aunque la Generalitat presume de transparencia pese a varias sentencias que le fuerzan a entregar información a la oposición, PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida han pedido reiteradamente más transparencia en la gestión del gobierno valenciano.

Por ejemplo, el PSPV ya presentó una proposición no de ley para que los millones de euros que la Generalitat gasta con cargo a la gastos de caja fija –por ejemplo, en comidas y hoteles- sean de conocimiento público cada trimestre.

El topo, de existir, seguirá campando a sus anchas. Tanto la Fiscalía como la Generalitat han renunciando a la búsqueda del supuesto funcionario o funcionarios que ha venido filtrando gastos de la cúpula de la administración valenciana que han indignado a parte de la opinión pública.

La acusación pública, según el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, ha archivado la investigación abierta a instancias del Consell. “No porque crea que los hechos investigados no puedan ser constitutivos de delito”, sino “ante la imposibilidad de poder determinar quién podría ser la persona que filtra información, porque son numerosas las personas de diferentes ámbitos de la administración autonómica las que han tenido acceso al mismo”.

Y esas mismas razones, según Císcar, han provocado el cierre en falso de la investigación abierta por el gobierno valenciano, que incluso interrogó a decenas de funcionarios en su búsqueda del responsable de las filtraciones. Los documentos publicados “pasaron por multitud de manos”, por lo que no se ha podido “identificar una fuente unívoca de las filtraciones”.

Al topo se le atribuyen filtraciones a la prensa, partidos políticos o sindicatos sobre gastos en principio impropios de la mujer de confianza de Fabra, Esther Pastor, o la contratación de un coach y un cocinero personal para uso personal del presidente de la Generalitat.

Para la oposición, sin embargo, el topo puede no existir. Las denuncias, según Ignacio Blanco, diputado de EU, son “fuego amigo”. En esa línea se ha pronunciado en las Corts Valencianes el socialista Rafael Rubio. “Siempre he pensado que el 'topo' era usted o estaba muy cercano”, le ha dicho a Císcar.

El PSPV, por medio de su portavoz adjunto, Rafael Rubio, ha presentado una proposición no de ley en Les Corts para que el Consell informe trimestralmente a la cámara sobre los gastos de la caja fija de la Generalitat, una cuestión de la que hasta la fecha los populares “no han querido dar cuenta”, según denuncia Rubio, quien añade que entre 2010 y 2012 se elevaron a más de 350 millones de euros.

De esta partida se han conocido recientemente -gracias a las filtraciones del topo al que persiguen sin éxito desde el Consell- los polémicos gastos de Esther Pastor, la mujer de confianza del President Fabra, quien facturó a Presidencia compras de comida y alcohol. Al respecto, Rubio ha recordado que entre estos “gastos escandalosos” se encontraban facturas de “huevos kinder para altos cargos, ñoras que han sido utilizadas en distintas comidas por parte del Personal de Presidencia, pasando por viajes, cuadros o 'pechugas villeroy', entre otros”.

Transparencia

Los socialistas reclaman una vez más “transparencia”, e insisten en que los valencianos “tienen derecho a saber exactamente en qué se ha gastado ese dinero”, una partida que “no está fiscalizada previamente por Intervención y que los distintos consellers pueden dedicar a aquéllo que crean conveniente”.

Entre estos gastos, apunta Rubio que caben “multitud de conceptos que los ciudadanos pagan con sus impuestos”, por lo que confía en que el PP “no se encierre en el oscurantismo porque, de no hacerlo, no se podrá evitar pensar que estos fondos se están destinando a cosas que jamás deberían cargarse a las cuentas de la Generalitat”.

En este sentido, el diputado socialista se pregunta si con este dinero “se ha pagado a Orange Market o a empresas vinculadas con casos de corrupción que salpican a cargos del PP”. Para Rubio, el PP está ante una oportunidad de mostrar transparencia.

Desde el pasado 19 de noviembre el President de la Generalitat, Alberto Fabra, no comparece ante las Corts Valencianes para someterse a la fiscalización de la oposición. Y han sido tres meses de fuertes polémicas que todavía están abiertas y han azotado al PP valenciano, y en especial a Fabra y su Gobierno, produciéndole un desgaste difícil de combatir.

Y la polémica empezó pronto y fuerte, con el cierre de Canal 9 y el 'reality show' de una muerte retransmitida en directo. Seguramente el capítulo más duro de la presidencia de Fabra ha ocurrido sin que el President haya comparecido en las Corts, y no sólo el apagón de RTVV, sino también sus consecuencias. Las protestas de los trabajadores de Canal 9 han perseguido al President, haciendo que se redoblaran las medidas de seguridad a su alrededor. Pero estas medidas policiales no fueron suficientes para que en Xàtiva un grupo de niños, desde el patio de su escuela, reclamara a Fabra el retorno de la televisión autonómica, acto que tuvo su respuesta con un expediente al colegio.

Otra polémica que ha dañado aún más el crédito del PP han sido los desprendimientos del revestimiento de trencadís del Palau de les Arts que se produjeron en plena Navidad. La imagen de uno de los símbolos de la prosperidad de cartón-piedra del boom urbanístico se desmoronaba, y la Generalitat reclamó responsabilidades a su otrora arquitecto de cabecera, Santiago Calatrava. La tensión Generalitat-Calatrava se ha palpado, y la cubierta descarnada del Palau de les Arts espera todavía a una solución definitiva.

Pero el conflicto que más personalmente ha castigado a Alberto Fabra han sido las revelaciones sobre facturas presuntamente impropias de la que es su mujer de máxima confianza, Esther Pastor, tras conocerse con el bautizado irónicamente como 'Nyora Gate' gastos domésticos de alimentos así como también de bebidas alcohólicas a cuenta de la Presidencia Generalitat. Estas filtraciones hicieron saltar todas las alarmas en el Palau de la Generalitat y se empezó la infructuosa cacería del 'topo' que filtraba estos gastos tan comprometedores.

Uno de los capítulos más sensibles para la sociedad valenciana como es el accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006 vuelve también a la primera línea. La Audiencia Provincial reabrió el caso y la asociación de familiares de las víctimas continuan su lucha con visitas a Bruselas reclamando justicia. Los técnicos han vuelto a tener que dar explicaciones, y parece que algunas cosas han cambiado.

La crisis más reciente de todas es seguramente la más impostada para Fabra: el agudizamiento del anticatalanismo dentro del PP. El president de la Generalitat, que en sus relajados tiempos de alcalde de Castellón defendía con normalidad que se pudiera ver TV3 en el País Valenciano, ha tenido que provocar el cierre de las emisiones Catalunya Radio en territorio valenciano, un cierre selectivo en un panorama con más de 300 emisoras ilegales.

Pero el más crudo y reciente ha sido el enfrentamiento PP-Generalitat con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) por reconocer expresamente ésta la unidad de la lengua del valenciano y catalán. El postulado científico que también trataba con normalidad Alberto Fabra mientras no lideraba a los 'populares' valencianos, quiere ser doblegado por el sector secesionista del PP con triquiñuelas jurídicas e instrumentalizando al Consell Jurídic Consultiu (CJC). Una polémica artificial que no sólo ha desgastado al Consell por sus contradicciones, sinó también a instituciones estatutarias como la AVL y el CJC.

Ante esta situación la oposición ha pedido que se reabran y se creen diferentes comisiones de investigación, así como también se ha pedido la comparecencia de diversos responsables del gobierno valenciano. La contestación del PP es que la oposición dificulta el debate parlamentario con sus peticiones.Por cierto, ni Alberto Fabra ni los Consellers han comparecido tampoco este miércoles en la cámara.

Observad: La Ama de Llaves amenaza a la funcionaria Jefa de Servicio-Técnica-Por-libre-designación, para que firme una adjudicación de una subvención a una OENGé para construir hospitales, o pozos de agua a un país del Tercer Mundo, pongamos que para Nicaragua, o Haití, da igual, un país de “negratas”. La funcionaria-técnica, se da cuenta que eso es una “mangarrufada”, una prevaricación-malversación-tráfico de influencias. Y tiene miedo de que la “enganchen”. Porque teme que, llegado el caso, se le eche la culpa a ella, la “técnica” y se la deje tirada.

Es un caso real. Está pasando en diversos Juzgados de Instrucción, Salas de lo Penal e, incluso, Audiencia Nacional.

Naturalmente, las presiones no habrían sido tan fáciles si el “técnico” no hubiera sido “cooptado”, que no significa seleccionado de acuerdo al mérito y capacidad, sino, co-elegido entre varios similares. Es decir, que un “altofuncionario” dedalizado hará lo propio con sus “feudos” para no tener que firmar nada que le comprometa y poder “echar mierda” al “dedalizado” inferior. Así nos encontraremos con una bonita escalera de “libres designación-dedalizados” que fue posible pergeñar desde la covachuela de la Dirección General de la Función Pública, gracias al empeño de un “selecto” club de pelotas que se puso al servicio del recién llegado Partido Popular. Se les llamó el “dream team” de “El Moderno”.

Estos “edecanes” del poder están en la causa del caos y la corrupción de la Generalitat Valenciana, puesto que, como fieles siervos de sus “amos políticos”, horadaron como termitas la organización administrativa facilitando el “blanqueo” –llámese “funcionarización-full-de-Estambul” de los laborales-sin-oposición, - o el “toos-pa-dentro”, de las convocatorias que facilonas para todos los enchufados del PP que llegaron a ser interinos-por-la-cara .

Hoy, alguna “Ama de Llaves” sienta en el banquillo de los acusados.

Mañana, alguna otra “Ama de llaves”, bien sea “Subdirectora Generala” o “generalo”, lo hará también. Porque el “dream-team” del “Moderno”-y otros de la misma ralea- han de pagar todo el daño que ha hecho a funcionarios que han sido arrinconados, opositores que no tenían ninguna posibilidad porque todas las plazas estaban dadas, oenegés honradas que eran preteridas en favor de “tiburonis”.

Y algún sindicto, los “radicales”, los “locos”, los “antisistema”, anuncia que la próxima en caer es conocida como “La Gitanilla”. Atentos a las noticias. La denuncia a la Fiscalía Anticorrupción está al caer.

Doce 'interrogatorios' después -las entrevistas finalizaban este miércoles-, nada se sabe todavía del 'topo' del Palau, responsable de las filtraciones que en los últimos tiempos están atacando la imagen del President Fabra y su mujer de confianza, Esther Pastor. Si primero fueron cuestiones como la contratación de un 'coach' para el Molt Honorable o el ascenso de un cocinero a asesor, el 'topo' la tomó después con Pastor, de quien desveló sus gastos en hoteles en Madrid y hasta su lista de la compra, alcohol incluido, cargado todo ello a las cuentas de Presidencia, que justificó el gasto.

Esta circunstancia, que provocó la reacción de la oposición pidiendo la comparecencia en Corts del vicepresidente Císcar para explicar lo sucedido con estos gastos, “no le quita el sueño” al President, que sin embargo inició una campaña para interrogar a los funcionarios que pudieran tener acceso a la información susceptible de ser hecha pública.

La Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Generalitat, tras denunciar estos interrogatorios -entrevistas grabadas con audio y vídeo previo consentimiento firmado de los interrogados, según confirmaba el propio President- se ha entrevistado con el subsecretario de la conselleria de Presidencia, Rafael Sánchez Pellejero, quien les ha asegurado que se han cumplido todos los requisitos legales de los expedientes informativos o informaciones reservadas, según informaba Europa Press.

Este proceso, según apuntaban desde la Junta, ha provocado un ambiente “enrarecido” entre parte del personal de la conselleria, que entiende que ha sido tratado de “sospechoso” y que se ha “puesto en entredicho su honorabilidad”, un “mal ambiente” que Sánchez Pellejero ha atribuido a al 'filtrador' que “haya llevado esa información a la prensa”, al tiempo que apuntaba que “la voluntad -de los 'interrogatorios'- era otra, delimitar las personas que no tienen nada que ver con este asunto”.

“Persecución”

Todas estas filtraciones -una de ellas, cuando se hizo pública la nómina de Fabra, provocó la presentación de una denuncia ante Fiscalía que ha sido admitida a trámite- están mermando la imagen del President y generando gran malestar en el Consell, donde ven “intereses ocultos” y una “persecución” para dejar al Consell “a los pies de los caballos”.

PSPV y EU han criticado que la Generalitat esté haciendo interrogatorios a los funcionarios de Presidencia para buscar al 'topo' que está filtrando gastos comprometidos de este departamento pero que no se estén dando explicaciones de los mismos gastos. Desde la Generalitat la única explicación que se ha dado es que los gastos denunciados son propios de las funciones de la mujer de confianza de Alberto Fabra, Esther Pastor.

El portavoz socialista en Les Corts, Antonio Torres, ha anunciado que su grupo ha solicitado la comparecencia “inmediata” del vicepresidente del Consell, José Císcar, para que explique la investigación de los funcionarios, a la vez que ha recordado “los funcionarios no están para servir a sus intereses particulares” sino que “si observan irregularidades en un caso determinado tienen que ser los primeros en presentar una denuncia ante la Fiscalía”.

Por otro lado eigen al vicepresidente que comparezca para “informar de todos los gastos de la caja fija”, información que aseguran an pedido “en reiteradas ocasiones”, pero que el Consell “no ha entregado”. Torres ha advertido de que “si se niega esta información es porque estos gastos no tienen nada que ver con lo público sino que se están realizando para cuestiones privadas”.

Desde Esquerra Unida el diputado Lluís Torró ha insistido en la misma línea lamentando que “parece mentira que en lugar de dar explicaciones sobre lo que filtra el topo, se dedique a investigar quién es ese topo”, afirmando que la investigación es “una pérdida de tiempo enorme y, sobretodo, una falta de moralidad tremenda”.

Torró ha advertido al PP que “si alguien en el ejercicio de su cargo, entiende que hay cosas que trascienden la ética política, y lo hace público, eso no es ningún tipo de delito”. Ante ello ha exigido al presidente Alberto Fabra que “no sólo tiene que dar explicaciones, sino que tiene que acabar con ese tipo de prácticas”.

La número tres del presidente de la Generalitat Valenciana, Esther Pastor, engrosa la lista de políticos y sindicalistas que han sido denunciados por utilizar fondos públicos en su propio beneficio

Un caso que dio mucho que hablar fue el del exalcalde de León Mario Amilivia, del PP, que cargó la gomina que usaba para el pelo al presupuesto municipal

Hay ediles que han llegado a pagar con la tarjeta visa del Ayuntamiento sus visitas a prostíbulos y locales de alterne

Chocolate, refrescos, queso fresco, avíos para cocido, gomina para el pelo, viajes familiares, fiestas..., incluso cocaína y visitas a prostíbulos. La lista de “bienes y servicios” que algunos políticos han llegado a cargar al erario público, sin ningún pudor, para su disfrute privado es larga y variopinta. Casi tan larga como el listado de cargos públicos que han protagonizado estos escándalos, que tarde o temprano siempre terminan saliendo a la luz. En esa lista figuran también sindicalistas que se han aprovechado del dinero público con el que son subvencionadas sus centrales. Un dinero que no es suyo y de cuyo uso tienen que rendir cuentas, algo que parece que a algunos no les acaba de entrar en la cabeza.

Le ocurrió a Mario Amilivia en León durante su largo mandato como alcalde de esta provincia. El dirigente del PP saltó a la fama en enero 1999 y no precisamente por su brillante gestión al frente del consistorio, sino por la brillantina que usaba para engominar su pelo, que cargaba a la cuenta municipal. Gomina, diversos productos de aseo, crema para zapatos, escobillas para el baño, puros, leche evaporada, café.. y hasta 400.000 de las antiguas pesetas en diferentes comestibles comprados en un supermercado, según destapó entonces el Grupo Municipal Socialista leonés.

Amilivia no consideró importante su comportamiento y, lejos de dimitir, volvió a presentarse a las siguientes elecciones, que ganó, aunque esta vez sin mayoría absoluta. En octubre de 2007, siendo ya simple concejal del Ayuntamiento de León y senador, abandonó sus cargos para presidir el Consejo Consultivo de Castilla y León. Todo un premio a su “labor”.

El alcalde del PP de la localidad alicantina de Dolores, Antonio Ruiz Meroño, no tuvo tanta suerte. Fue suspendido de militancia tras descubrirse que realizó varios pagos en un club de alterne de Guardamar con la visa municipal. Fue a juicio. Pero en julio de 2002 la Audiencia de Alicante rebajó la pena inicial de 21 meses que pedía el fiscal y le condenó tan sólo a seis meses al considerar que había “reconocido los hechos”.

Su compañero de partido y exconcejal de Urbanismo de Palma de Mallorca, Javier Rodrigo de Santos López, también tuvo que sentarse en el banquillo, acusado de gastarse en 2009 nada menos que 50.000 euros en prostíbulos con la visa plata municipal. El edil del PP fue condenado en abril de 2010 a dos años de cárcel y a otros dos de inhabilitación por malversación de caudales públicos.

En su “defensa” alegó que era “adicto a las drogas”. Pero lo peor fue que Rodrigo de Santos fue condenado ese mismo año a otros 13 años y seis meses de prisión al comprobarse que estuvo con menores de edad. Meses después, el Tribunal Supremo le rebajó la pena a cinco años por considerar que las relaciones sexuales que mantuvo con un chico de 14 años habían sido “consentidas”.

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En el PSOE también cuentan con el caso del exalcalde socialista de Valverde del Camino (Huelva) y exdelegado provincial de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Domínguez. En febrero de 2011 también tiró de la tarjeta visa platinum del Ayuntamiento para abonar 3.685 euros en un prostíbulo de Sevilla cuando aún ocupaba la alcaldía. Dimitió. Se le investigó, pero más de un año después, en junio de 2012, la Fiscalía provincial archivó su caso por considerar que “no había pruebas suficientes” de los hechos. archivó su caso

Pero hay un escándalo que en Andalucía nadie olvida: el de Juan Francisco Trujillo, el antiguo chófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero Benítez, los dos, implicados en el escándalo de los ERE. Trujillo desviaba dinero de las ayudas públicas que recibía el departamento de su jefe para fiestas, copas y compra de cocaína que ambos consumían.

El chófer reconoció ante la policía que invirtió además 900.000 euros de esas subvenciones para crear una empresa de muebles y un negocio propio de casas rurales en la sierra de Andújar. También en material de telefonía, artículos de música, antigüedades o ropa. Tanto Juan Francisco Trujillo como Francisco Javier Guerrero están en la cárcel por orden de la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso.

Al hilo de algunas de estas investigaciones, también se ha destapado el uso indebido de dinero público que han hecho varios dirigentes de UGT de Andalucía, entre otras cosas, en costosas comidas, mariscadas y barra libre en la Feria de Abril. Todo a costa de las subvenciones que recibe el sindicato de la Junta. El caso, que se une al de las facturas falsas y otras irregularidades destapadas en UGT, ha sido denunciado ante la Fiscalía por UPyD y está siendo investigado. De momento, ha provocado el cambio de la cúpula del sindicato andaluz y está haciendo también tambalearse a Cándido Méndez en el cargo de secretario general.

La boda de las hijas

Cataluña es otro de los focos donde diversos políticos se han visto en la picota por la utilización de fondos públicos para su uso privado. El caso más escandaloso ha sido el de Fèlix Millet, presidente del Palau de la Música, y el de sus directivos, por el desvío durante años de millones de euros de los fondos del organismo público dependiente de la Generalitat de Catalunya.

Aunque venía de antiguo, el caso estalló con toda su virulencia en 2009. Así se descubrió que Millet, sin ningún escrúpulo, pagó en los banquetes de las bodas de sus hijas, viajes familiares y otros gastos privados con dinero del Palau. Las investigaciones policiales y judiciales llevadas a cabo destaparon un auténtico saqueo no sólo por parte de Millet sino también de otros directivos, que llegaron a encargar obras en sus domicilios particulares también con el dinero del Palau. El propio Millet reconoció el expolio. Sin embargo, de momento, sigue en la calle a la espera de juicio.

Al lado de lo narrado, otros casos parecen peccata minuta. Como la denuncia que en octubre de 2012 realizaron en el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) el Partido Nacionalista de Lanzarote-Nueva Canarias (PNL-NC) y Alternativa Ciudadana contra el asesor de Coalición Canaria y del Partido Socialista, Domingo Hernández Álvarez, “por el aprovechamiento que hace del dinero público con consentimiento del primer teniente de alcalde, D. José Montelongo”. Este “aprovechamiento” no era otro que llenar de gasolina el depósito de su vehículo particular con cargo a la cuenta del Ayuntamiento.

Pese a la alarma social y la indignación ciudadana que todo esto causa, mucho más aún, ya que estamos en época de crisis y de duros recortes, el goteo de escándalos no cesa. El último en salir a la luz ha sido el de la dirigente del PP Esther Pastor, secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Generalitat Valenciana. Pastor autorizó un gasto de 3.000 euros, durante 2012 y el primer trimestre de 2013, en diversos alimentos para el departamento de Presidencia, según ha transcendido tras la denuncia interpuesta por Manos Limpias contra la colaboradora de Fabra por el pago de habitaciones de hotel para su uso privado.

Fiestas de pijama

El conocimiento de estos hechos ha encrespado a los valencianos aunque tampoco les ha sorprendido demasiado, acostumbrados como están a que su comunidad cada dos por tres sea primera página de los periódicos por causa de los numerosos desmanes que han cometido muchos de sus gobernantes. Desde los costosos regalos con los que obsequiaba la trama Gürtel a destacados políticos del PP para lograr sus favores, a las sonadas “fiestas de pijama” protagonizadas por Sonia Castedo, involucrada en varios casos de corrupción como alcaldesa de Alicante, Ayuntamiento al que está llevando al borde de la quiebra.

A todo esto hay que sumar el caso Nóos, en el que están inmersos la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, que han estado utilizando durante años el dinero que procedía de las arcas públicas para su disfrute personal. Según el auto de imputación del juez José Castro, el matrimonio cargó todo tipo de facturas privadas a la cuenta de una de las empresas fantasma que recibía fondos de Nóos: Aizoon. Fondos con los que reformaron el palacete de Pedralbes, organizaron fiestas familiares o utilizaron para viajar por el mundo, pernoctar en lujosos hoteles, alquilar una limusina o comprar ropa de marca, entre un largo etc. Unos gastos que en la mayoría de los casos pagó la infanta con la visa de la empresa sin declararlos luego a Hacienda y que el propio Urdangarin ha calificado recientemente de “ridículos”.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de diciembre entró en vigor la Ley de Transparencia, de la que ha hecho bandera el Gobierno del PP. Aunque la Casa Real está incluida en la ley, será la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno la que se encargará de tramitar y, por lo tanto, de filtrar, las peticiones que lleguen sobre asuntos relacionados con la familia real. Los ciudadanos seguiremos sin conocer detalle de la Zarzuela como los gastos de mantenimiento, el dinero que se gastan en comida, los coches oficiales de los que disponen, o las inversiones o negocios que efectúe cualquiera de los miembros de la familia.

Los cargos públicos, al margen de lo que tipifique el Código Penal por la comisión de un delito, están sujetos a los mandamientos del Buen Gobierno, única parte de la Ley de Transparencia que ha entrado por ahora en vigor. El punto 4 del artículo 30 dice que “los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente”. Un castigo que, si lo comparamos con los 40 años de inhabilitación que le pueden llegar a caer al juez Elpidio Silva por ordenar meter en prisión a Blesa, parece muy “tibio”.

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No són demòcrates. Gens ni mica. I no tenen vergonya. Infidelitat en la custòdia de documents? Infidelitat la seva en la gestió de l’administració pública. Quan han començat a aparèixer papers que posen en dubte l’honradesa dels seus actes, no han tingut ni un mínim gest de voler aclarir-ho, tot el contrari. Davant les filtracions, s’han llançat desbocats a l’amenaça i a l’anunci de sancions si descobreixen d’on han eixit els documents. El Partit Popular continua convençut que la gestió dels diners públics (sempre que estiga en les seves mans) han d’estar protegida per la confidencialitat. Sabem on ens ha portat aquesta manera de fer: més de cent càrrecs públics del PP imputats per corrupció... I Fabra no té millor ocurrència que, amb tot el que ha plogut, continuar demanat silenci i complicitat als funcionaris que obrin una mica la cortina a fi que els ciutadans puguem veure el que passa als despatxos de la Generalitat. Indecent.

Qui haja filtrat les compres d’Esther Pastor el que mereix és un premi; el seu gest és un acte de veritable servei públic. L’única recepta digna que podria tindre Fabra contra el filtrador seria obrir les portes de la Generalitat i que totes, totes, les despeses s’explicaren al detall. Com sempre, ara diuen que estaran encantats de donar explicacions de tot davant el jutge. Error!! Si els crida el jutge, que ja és mal senyal, tocarà contestar a allò que els pregunten però abans tenen una responsabilitat molt major. Abans d’ajustar comptes amb la justícia, un representant polític demòcrata el que ha de fer és donar totes les explicacions a la ciutadania. Si no les dona, siga perquè no pot o perquè no vol, no té altre camí que la dimissió. Adéu.

Pot explicar Fabra què feia Esther Pastor en els hotels en qüestió? Pot explicar per què va pagar amb diners públics creïlles, xocolate, iogurts o whisky? Si pot explicar-ho, que ho faça i si no pot explicar-ho, a casa, dimissió immediata. Després, quan declaren davant el jutge es jugaran una multa, la presó o el que siga, això serà l’ajust de la seva responsabilitat penal però abans, molt abans, hi ha la responsabilitat política i aquesta l’haurien d’haver assumit des del minut posterior a l’eixida de la notícia. La relació entre el governant i els governats es basa en un mínim de confiança que no ha de decidir cap jutge.

Una vegada més, es planteja una pregunta recurrent en els últims anys: Com hem arribat a estar en mans de gent tan deshonrada? No tinc una resposta definida. La qüestió mereix una análisi més llarga de la qual em permet aquest article. Tinc la sensació que intentar explicar com pot ser que sabent el que sabem, i veient el que veiem, el Partit Popular encara puga guanyar les pròximes eleccions autonòmiques, també depassa les meves capacitats. Només diré que en tant que ciutadans, per dignitat i per poder mirar als nostres fills als ulls, deuríem reflexionar al respecte. El que ens passa no és un càstic diví, ni un casualitat desafortunada. No, ha de ser més que tot això. Els actuals governants, deshonrats ells i deshonrats els que els rodegen i aplaudeixen, necessiten la complicitat de moltes més persones per seguir en els càrrecs. Alguna cosa estem fem malament, alguna culpa hem de tindre nosaltres. No pot ser que tots siguem simplement les víctimes d’una minoria de delinqüents. Tantes víctimes? Víctimes tan complaents? Masoquistes? Ens hem de mirar nosaltres mateixos, canviar nosaltres per que tot canvie. Caldrà parlar seriosament amb parents, amics o coneguts sobre el que està passant i veure que això és cosa de tots i que, al remat, tots en som els damnificats. Els ciutadans tenim moltíssima culpa i, mentre no l’assumim, correm el risc d’esperar que la solució ens vinga de fora. Podem pensar que no cal que nosaltres fem res, que tot ens serà donat; de nou, error. Hi ha hagut massa venut al poder, massa estomac agraït, massa neutrals. Ens hem equivocat immensament. I no sé si hem aprés la lliçó. Tem que no.

Voleu una pista de fins a quin punt ens costa reaccionar? Doncs mireu el que està passant amb l’oposició política: mentre el govern del PP multiplica els abusos, mentre la democràcia i els drets de les persones es queden en simples formulacions retòriques, des de l’oposició política arriba més soroll de disputes internes que altra cosa. En el pecat de tanta clau interna portaran la penitència de la seva derrota, la llàstima és que la factura, una vegada més, la pagarà la gent del carrer que, de nou, esperarà inútilment i sense implicar-se que “els seus” li facen la faena. L’oposició sembla tranquil·lament instal·lada en l’eterna retòrica del “quina barbaritat” però no pareix disposada a fer cap sacrifici per acabar amb els bàrbars.

Els polítics que ens governen viuen en una realitat diferent de la nostra. Entre ells i nosaltres hi ha el mateix grau d’identificació que entre els protagonistes d’aquella pel·licula “Los otros”: tenim aspectes físics similars però habitem món diferents. Ara cal saber quin món habiten els polítics de l’oposició i si definitivament descobrim que tampoc estan en el nostre o els portem arrossegant o assaltem eixe món... però això no pot seguir així.

Alberto Fabra ha anunciado la presentación de denuncias para intentar frenar o amedrentar al topo de la Generalitat, esa persona o personas que, de existir, habría filtrado información que el President considera confidencial pero que sin embargo tiene relación directa con la forma en la que el Consell gasta el dinero público.

El número 1 del PP valenciano ha mostrado su consternación por el “alcance nacional” que ha tomado la noticia de los gastos en alimentos de su mujer de confianza, Esther Pastor. Fabra los considera “menores, normales y justificados”. De la misma manera, ha defendido el gasto cargado al erario público por Pastor en reservas de hotel, que estaría también “justificado”. Un juez ya investiga la denuncia presentada por el pseudo sindicato ultra Manos Limpias en este asunto.

Ataque a los valencianos

Fabra también ha equiparado la publicación de información como la contratación de un coach o de su cocinero personal como “un claro ataque a la Comunitat Valenciana, y la ha atribuido a ”intereses ocultos“ y al comportamiento parcial y también interesado, ha insinuado, de algunos medios de comunicación.

Lo bien cierto es que la tensión en el Palau de la Generalitat sigue por las nubes. Pese a las medidas tomadas para taponar las vías de aguas informativas, las filtraciones siguen, como prueban las últimas denuncias contra Pastor o las informaciones sobre los gastos que la secretaria autonómica de Presidencia hacen con cargo al presupuesto de una administración que roza la quiebra.

Unos gramitos de chorizo, quesito blanco, ñoras, papas Duso... todo, o al menos eso dice la Generalitat, destinado al servicio de comedor de Presidencia. Para que las papas no se hagan indigestas, también una botella de whisky, unos vinos reserva y unas cuantas más bebidas espirituosas. Hay que reconocerles el buen gusto y el poderío en Fuentehermosa: flanes de dos euros y pico. Casi nada.

No deja de sorprenderme que una persona tan metida en la batalla diaria del Consell, en las cocinas del poder local, que colabora tan estrechamente con nuestro Molt Honorable, pueda sacar tiempo para bajar al ultramarinos a hacer la compra del Palau. Es tan de andar por casa... sobre todo con los importantes asuntos a los que seguro debe atender esta mujer diariamente. Temas capitales como contratar a un “coach” para mejorar la imagen de Fabra o poner de asesor a un cocinero. No puedo evitar pensar en la canción “La lista de la compra”, mano a mano entre María Jiménez y La Cabra Mecánica.

Confío en que estos quehaceres diarios del Palau no le distraigan del resto de sus ocupaciones.

Necesito tomarme esto con humor porque, al tomármelo en serio, termino por pensar que, quizá, algunos en la Generalitat tienen tan, tan, tan asumido que se puede gastar el dinero de todos sin ningún problema y sin ningún tipo de control, que usar la Visa de Presidencia para comprar ñoras, Burgo de Arias o una bolsa de papas es un acto totalmente cotidiano. Poco más que un automatismo mental.

Si no hay problema en comprar comida (en una cantidad tan pequeña que genera bastantes dudas de que pueda ir al comedor de una institución pública) cargándola al erario del gobierno autónomico... ¿Qué otras cosas de disfrute privado se pueden haber llegado a pagar con el dinero de todos? Me consuela pensar que esto no sólo me lo pregunto yo.

Otra cosa que me consuela es que, al fin, se va a reabrir el caso del accidente de metro. Aunque haya tenido que venir Jordi Évole a sacarle los colores a más de uno, aunque se haya ninguneado sistemáticamente el trabajo de otros compañeros periodistas durante años... y, sobre todo, aunque se haya hecho un desprecio indecente al dolor de las familias de las víctimas, a lo mejor, aún hay cierto espacio para la esperanza.

La colaboradora Albeto Fabra, Esther Pastor, no compró sólo a cargo de Presidencia de la Generalitat artículos como arreglo para cocido o papas, dentro de sus funciones propias como defendió ayer el gobierno valenciano, sino que también compró bebidas alcohólicas como vino y whisky.

En una segunda entrega ofrecida por la web estrelladigital.es se muestra una factura de 391,37 euros de la bodega Exclusivas Raïm, dentro del cual se detallan productos como el vino Finca Terrazo 2010, de 21,25 euros, whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra, por 23,60 euros.

Estas compras realizadas por la Secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales ya están en manos de la justicia por la denuncia realizada por el colectivo Manos Limpias, en las que se incluyen también las reservas en hoteles realizadas por Esther Pastor.

Este capítulo de filtraciones propiciado por un ‘topo’ que tiene la Generalitat en su interior ha hecho saltar todas las alarmas y redoblar todavía más la vigilancia dentro del gobierno, vigilancia que no ha funcionado pese a que ya había sido endurecida.

El juzgado de instrucción número 4 de Valencia investiga ya la querella presentada por el sindicato ultra Manos Límpias contra la secretaria autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Generalitat, Esther Pastor, por pagar presuntamente con cargo a la Generalitat habitaciones dobles de hotel de uso privado.

Según la denuncia, Pastor habría podido incurrir en los delitos de malversación de caudales públicos, estafa y falsedad documental al utilizar fondos públicos para usos privados. En opinión del pseudosindicato, Pastor habría cargado a la Generalitat habitaciones dobles de hotel “en las ciudades de Madrid, Altea, Alicante, Jávea, entre otras ciudades, sin que conste ningún acto institucional que justifique el desplazamiento”. La Generalitat aseguró tras la presentación de la denuncia que todos los gastos consignados en la querella corresponden a motivos laborales o coinciden con actos oficiales.

Sin embargo, el denunciante, personado en otras causas de relevancia mediática, aporta hasta ocho facturas de hotel. En todos los casos, estás superarían el importe autorizado por el gobierno valenciano para estos fines, de 65,97 euros al día. En septiembre de 2012 el presidente de la Generalitat ordenó que los altos cargos de la Generalitat viajaran en clase turista y, cuando fuera posible, en compañías aéreas de bajo coste, Todas las facturas denunciadas son anteriores a esa fecha, antes del ascenso de Pastor, que entonces era Directora General de Organización del Gabinete del Presidente de la Generalitat.

La mano derecha del President

Pastor, nacida en 1974, trabajó ocho años en el Ayuntamiento de Castellón, donde coincidió con el presidente de la Generalitat. Cuando Fabra fue nombrado presidente valenciano, fue el primer asesor nombrado por el sucesor de Camps, cuyo equipo continuó en bloque. Tras un mes como asesora, fue ascendida a directora general y, ya en junio de 2013, a secretaría autonómica. Se le atribuye un gran ascendiente sobre Fabra.

Manos Limpias, que pretende ejercer la acusación popular en el caso, denunciado ante un juzgado de Valencia, es un pseudosindicato ultra que presenta cerca de 100 denuncias al año por supuestos casos de corrupción. Está personado en causas de tanta relevancia como el caso de los EREs en Andalucía, el caso Noos, el caso Madrid Arena, el caso Bankia o la trama Gürtel.

La Conselleria de Presidencia de la Generalitat no ha negado las compras realizadas por Esther Pastor, Secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales en una charcutería y entre las que se incluían arreglo de cocido, papas, queso fresco o chocolate, así como las reservas en hoteles, pero ha afirmado que estos gastos han sido realizado “en el ejercicio de sus funciones correspondientes al cargo y, en ningún caso, con fines personales”.

La Generalitat ha querido salir al paso de las facturas destapadas por la web estrelladigital.es asegurando que “estas informaciones sólo persiguen el descrédito de la institución y de las personas que la representan”. Por ello también se ha añadido que la Conselleria de Presidencia acreditará ante el juzgado la documentación que “justifica debidamente estos gastos” dentro de la denuncia que se presentó en su día ante la Fiscalía “por la constante divulgación de documentos filtrados”.

Por otro lado la Generalitat también redoblará las investigaciones internas para intentar descubrir al 'topo' que filtra estas informaciones “por si se hubiera podido cometer un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de información”, después de que ya se endurecieran las medidas ante las primeras filtraciones.

La Generalitat tiene un ‘topo’ en su organización que filtra información comprometida del President Alberto Fabra, pero nadie da con él… o nadie realmente interesado en atraparlo. La última filtración ha sido la de facturas por víveres domésticos que ha realizado la colaboradora de Fabra, Esther Pastor, que ha hecho a cargo de Presidencia.

Arreglo de cocido, chocolate, entrecot, flan de huevo, longaniza fresca, papas… todo ello comprado en la Carnicería-Charcutería José Palmero, según ha desvelado el informativo conservador estrelladigital.es. Pero las compras realizadas por la secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales de Presidencia alcanzarían cerca de los 3.000 euros durante 2012 y el primer trimestre de 2013, es decir, cuando Esther Pastor todavía no ejercía su cargo de colaboradora institucional más estrecha de Fabra.

Estas facturas se suman a las ya filtradas también de habitaciones dobles en hoteles en Madrid, Altea, Xàbia o Alicante cargadas a la Generalitat, denunciadas por el colectivo Manos Limpias, que ya se ha querellado contra Pastor por los delitos de malversación de caudales públicos, estafa y falsedad documental al utilizar fondos públicos para usos privados.

Entre las primeras filtraciones que han comenzado a socavar la imagen de Fabra estuvieron la de la contratación de un coach personal para el President, conociéndose su nómina con todo detalle o la asignación de su cocinero personal a un puesto de confianza como asesor.

Con todo ello, y para evitar más filtraciones, la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas dictó una orden por la que todos los funcionarios o personal laboral con acceso a información relevante o sensible de la Generalitat “deberán observar la necesaria reserva, confidencialidad y sigilo, incluso después de haber cesado en sus funciones o finalizado la relación contractual o laboral”.

La oposición pide explicaciones

Ante estas informaciones el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, ha registrado una petición de documentación para que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, “explique con carácter de urgencia si son ciertas las informaciones”.

Morera recrimina a Fabra y al PP que “la sociedad valenciana está muy harta de los malos gestores, de aquellos que se gastan el dinero público en cuestiones privadas, porque esas actuaciones nos llevan a una situación de absoluta falta de credibilidad de nuestras instituciones”.

Por su parte el diputado autonómico de EUPV, Ignacio Blanco, ha calificado de “sumamente graves” estos gastos personales que “merecen una explicación inmediata de la propia Pastor, a quien esperamos en Las Cortes para que nos la dé. Si no es capaz de desmentir estas revelaciones, entonces tendrá que dimitir”.

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Con todo ello, y para evitar más filtraciones, la Conselleria de Hacienday Administraciones Públicas dictó una orden por la que todos los funcionarios opersonal laboral con acceso a información relevante o sensible de la Generalitat“deberán observar la necesaria reserva, confidencialidad y sigilo, inclusodespués de haber cesado en sus funciones o finalizado la relación contractual olaboral”.

Compromís pide explicaciones

Ante estas informaciones el portavoz de Compromís en lasCorts, Enric Morera, ha registrado una petición de documentación para que elpresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, “explique con carácter de urgenciasi son ciertas las informaciones”. Morera recrimina a Fabra y al PP que “lasociedad valenciana está muy harta de los malos gestores, de aquellos que segastan el dinero público en cuestiones privadas, porque esas actuaciones nosllevan a una situación de absoluta falta de credibilidad de nuestrasinstituciones”.

La Generalitat tiene un ‘topo’ en su organización que filtra información comprometida del President Alberto Fabra, pero nadie da con el… o nadie realmente interesado en atraparlo. La última filtración ha sido la de facturas por víveres domésticos que ha realizado a colaboradora de Fabra, Esther Pastor, que ha hecho a cargo de Presidencia.

Arreglo de cocido, chocolate, entrecot, flan de huevo, longaniza fresca, papas… todo ello comprado en la Carnicería-Charcutería José Palmero, según ha desvelado el informativo conservador estrelladigital.com. Pero las compras realizadas por la secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales de Presidencia alcanzarían cerca de los 3.000 euros durante 2012 y el primer trimestre de 2013, es decir, cuando Esther Pastor todavía no ejercía su cargo de colaboradora institucional más estrecha de Fabra.

Estas facturas se suman a las ya filtradas también de habitaciones dobles en hoteles en Madrid, Altea, Xàbia o Alicante cargadas a la Generalitat, enunciadas por el colectivo Manos Limpias, que ya se ha querellado contra Pastor por los delitos de malversación de caudales públicos, estafa y falsedad documental al utilizar fondos públicos para usos privados.

Entre las primeras filtraciones que han comenzado a socavar la imagen de Fabra estuvieron la de la contratación de un coach personal para el President, conociéndose su nómina con todo detalle o la asignación de su cocinero personal a un puesto de confianza como asesor.

Con todo ello, y para evitar más filtraciones, la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas dictó una orden por la que todos los funcionarios o personal laboral con acceso a información relevante o sensible de la Generalitat “deberán observar la necesaria reserva, confidencialidad y sigilo, incluso después de haber cesado en sus funciones o finalizado la relación contractual o laboral”.

Compromís pide explicaciones

Ante estas informaciones el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, ha registrado una petición de documentación para que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, “explique con carácter de urgencia si son ciertas las informaciones”. Morera recrimina a Fabra y al PP que “la sociedad valenciana está muy harta de los malos gestores, de aquellos que se gastan el dinero público en cuestiones privadas, porque esas actuaciones nos llevan a una situación de absoluta falta de credibilidad de nuestras instituciones”.

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La querella contra Esther Pastor, mujer de confianza Alberto Fabra, ha crispado los nervios en el Palau de la Generalitat, donde se sospecha que las facturas de hotel en las que se basa la denuncia contra la secretaria autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales podrían venir de la cúpula del partido, inmersa en una soterrada lucha por el poder que tendría lugar entre el vicepresidente, José Císcar, y el conseller de Gobernación, Serafín Castellano.

La tensión es máxima desde hace meses y se ha acrecentado recientemente, sobre todo con el nombramiento de Lola Johnson como secretaria autonómica de Comunicación. Su entrada en la cúpula del gobierno, en detrimento de varios hombres de confianza de Císcar que fueron destituidos, ha sido interpretada como una vuelta a la línea dura del PP valenciano que representaba Francisco Camps.

En ese ambiente, la filtración de varias facturas de hotel cargadas a la Generalitat por la mujer de confianza de Fabra ha sido considerada una puñalada que, posiblemente, venga de las filas del PP. “Esto tiene toda la pinta de ser fuego amigo”, observa un alto cargo popular que no quiere revelar su nombre.

Tampoco se descarta una nueva maniobra del espía que tantos jirones ha causado en la imagen de Fabra. Este supuesto topo, que ha generado varias crisis de confianza e investigaciones internas en el entorno de Fabra, ha comunicado a la opinión pública la contratación de un coach personal para el presidente, su nómina con todo detalle o la asignación de su cocinero personal a un puesto de confianza como asesor.

Para evitar sus filtraciones, casi todas de interés para la opinión pública, la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas dictó una orden por la que todos los funcionarios o personal laboral con acceso a información relevante o sensible de la Generalitat “deberán observar la necesaria reserva, confidencialidad y sigilo, incluso después de haber cesado en sus funciones o finalizado la relación contractual o laboral”.

Denuncia contra Pastor

La asociación conservadora Manos Limpias ha presentado una querella contra Esther Pastor, la secretaria autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales de Alberto Fabra, con quién ya trabajaba en el Ayuntamiento de Castellón. Según la denuncia, Pastor habría podido incurrir en los delitos de malversación de caudales públicos, estafa y falsedad documental al utilizar fondos públicos para usos privados.

En opinión del pseudosindicato ultra,Pastor habría cargado a la Generalitat habitaciones dobles de hotel “en las ciudades de Madrid, Altea, Alicante, Jávea, entre otras ciudades, sin que conste ningún acto institucional que justifique el desplazamiento”. La Generalitat aseguró el viernes por la tarde que todos los gastos consignados en la querella corresponden a motivos laborales o coinciden con actos oficiales. Los enémigos internos de Fabra, o el topo, parecen ser de otra opinión.

El pseudosindicato ultra Manos Limpias denuncia a Esther Pastor por cargar a la Generalitat habitaciones dobles de hotel sin actividad pública que lo justifique

La asociación conservadora Manos Limpias ha presentado una querella contra Esther Pastor, la secretaria autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales de Alberto Fabra, con quién ya trabajaba en el Ayuntamiento de Castellón.

Según la denuncia, avanzada este viernes por Voz Populi, Pastor habría podido incurrir en los delitos de malversación de caudales públicos, estafa y falsedad documental al utilizar fondos públicos para usos privados. En opinión del pseudosindicato ultra, la mujer de confianza del presidente de la Generalitat habría cargado a la Generalitat habitaciones dobles de hotel “ en las ciudades de Madrid, Altea, Alicante, Jávea, entre otras ciudades, sin que conste ningún acto institucional que justifique el desplazamiento”.

La denuncia aporta hasta ocho facturas de hotel. En todos los casos, estás superarían el importe autorizado por el gobierno valenciano para estos fines, de 65,97 euros al día. En septiembre de 2012 el presidente de la Generalitat ordenó que los altos cargos de la Generalitat viajaran en clase turista y, cuando sea posible, en compañías aéreas de bajo coste, Todas las facturas denunciadas son anteriores a esa fecha, antes del ascenso de Pastor, que entonces era Directora General de Organización del Gabinete del Presidente de la Generalitat.

La mano derecha del President

Pastor, nacida en 1974, trabajó ocho años en el Ayuntamiento de Castellón, donde coincidió con el presidente de la Generalitat. Cuando Fabra fue nombrado presidente valenciano, fue el primer asesor nombrado por el sucesor de Camps, cuyo equipo continuó en bloque. Tras un mes como asesora, fue ascendida a directora general y, ya en junio de 2013, a secretaría autonómica. Se le atribuye un gran ascendiente sobre Fabra.

Manos Limpias, que pretende ejercer la acusación popular en el caso, denunciado ante un juzgado de Valencia, es un pseudosindicato ultra que presenta cerca de 100 denuncias al año por supuestos casos de corrupción. Está personado en causas de tanta relevancia como el caso de los EREs en Andalucía, el caso Noos, el caso Madrid Arena, el caso Bankia o la trama Gürtel,