La marea verde continuará en la lucha. Una veintena de organizaciones sindicales, políticas y de familias de la comunidad educativa aragonesa han emitido un comunicado conjunto en el que mantienen la presión contra la concertación del Bachillerato en Aragón, aunque aplazan la convocatoria de nuevas movilizaciones a la espera del fallo judicial sobre la cautelar solicitada para suspender la orden que autoriza esa concertación.

El texto, firmado por los sindicatos CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT y ANPE, los partidos PSOE, CHA, IU, Podemos, ZEC, Movimiento Sumar y PCE, y las asociaciones ADIZAR, AEDIPA, FADEA, FDE, MUZ, FABZ y FAPAR, valora como “masiva, histórica y contundente” la respuesta ciudadana a las movilizaciones desarrolladas durante este curso escolar, culminadas la semana del 20 de mayo con una huelga y concentraciones y manifestaciones por todo el territorio aragonés.

Las organizaciones, sin embargo, denuncian que el Departamento de Educación no haya contactado con ellas en la semana posterior a esas protestas. Critican que la consejería esté “minimizando la respuesta en la calle”. Según el comunicado, el departamento estaría además “despreciando el color que identifica nuestra defensa de la Escuela Pública y confundiendo nuestra exigencia de un presupuesto suficiente para los centros públicos con una instrumentalización política”.

El comunicado apunta además una preocupación procesal de calado: según las organizaciones firmantes, el Departamento de Educación estaría ya comunicando a los centros privados la concesión de los conciertos para Bachillerato “sin esperar al pronunciamiento de la Sala”, pese a estar pendiente el fallo sobre la medida cautelar solicitada para suspender la orden. Por ello, anuncian que concretarán una próxima movilización en función de lo que resuelva el tribunal.

En paralelo, las organizaciones exigen a la consejera el “diálogo honesto” que ella misma anunció en su comparecencia reciente ante las Cortes de Aragón, y anuncian que registrarán una solicitud de reunión urgente para trasladarle “la voz de los miles de personas que el 20 de mayo salieron a las calles reclamando una escuela pública de calidad”.

El comunicado cierra con un mensaje de apoyo al personal de limpieza de los centros educativos, que ha iniciado una huelga indefinida en demanda de mejoras laborales.

Los sindicatos educativos en Huesca confían en que la movilización contra los conciertos educativos sirva al Gobierno de Aragón para “replantear” su postura. Han hecho un balance “muy positivo” de la movilización de este miércoles tras dos días de huelga y concentraciones. La huelga educativa ha estado convocada por los seis sindicatos con representación en la educación pública aragonesa —CSIF, CGT, CCOO, STEA-i, UGT y ANPE—, y todos ellos han coincidido en señalar su “satisfacción” por la respuesta obtenida.

Como colofón a los dos días de huelga, “una multitudinaria manifestación recorrió las calles de Huesca en defensa de la escuela pública y en contra de la concertación del Bachillerato”, ha indicado la representante de ANPE, Teresa Hernández. Ha continuado: “El balance ha sido muy positivo, porque el seguimiento ha superado el cincuenta por ciento en estos dos días, estamos viendo que la comunidad educativa nos apoya y que se defiende la escuela pública”.

Desde CGT, Sergio Martínez, uno de los representantes sindicales que este miércoles conversó en Huesca con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido que dada la respuesta a esta medida, el Gobierno de Aragón la replantee. “Él comentó que esta es una medida que llevaban en su programa electoral y que van a continuar y creo que usan palabras muy grandilocuentes y decir que es un acto de democracia seguir con el concierto no es la realidad y estamos viendo una realidad que es muy diferentes a la que el señor Azcón ve y es que un motón de familias y docentes creemos que el dinero público debe ir a la escuela pública”. Ha dicho que “espero que den una vuelta con la respuesta que está habiendo y lo replanteen y que por lo menos haya un diálogo”, ha expresado Martínez.

También tuvo la oportunidad de dialogar con Azcón, Rubén Ferrer, de CSIF, quien ha asegurado que “no ha servido de mucho”, indicando que “él se ha enrocado en que es lo que ha votado la ciudadanía y que iba en el programa electoral y le hemos dicho que ha empezado a cumplir medidas por algo que no es necesario” y “hay que dejar claro que tenemos carencias y en cambio dan dinero a otros centros”.

Asimismo, la representante de UGT, Carolina Gállego, se ha mostrado muestra “muy satisfecha” con la movilización lograda. “Hemos tenido una acogida estupenda y lo vemos en la respuesta a estas movilizaciones”. Por su parte, de CCOO Ana Paris, ha trasladado y agradecido todo el apoyo recibido, al igual que ha hecho Alberto Pavón, de STEA.

Semana de movilizaciones

La semana ha estado marcada por las protestas educativas en toda la comunidad autónoma. El lunes, cuatro centros educativos del entorno de Vía Hispanidad en Zaragoza dieron el pistoletazo de salida con una marcha y el posterior encierro en el CEIP Hispanidad, donde durmieron varias familias y realizaron pancartas para la manifestación del miércoles.

El martes por la mañana multitud de docentes se congregaron a las puertas del Departamento de Educación de Zaragoza, donde leyeron un manifiesto y entregaron en torno a un centenar de escritos elaborados por claustros y consejos escolares en los que se exponian las problemáticas concretas que hay en cada centro. Una de las mayores reivindicaciones de estos días, además de la protesta contra el plan de concertación del Bachillerato, es la exigencia de más medios y más personal para poder atender correctamente a los alumnos, en especial a los que tienen necesidades especiales: “La inclusión sin inversión es abandono”, referían algunas docentes presentes en la concentración.

El plato fuerte llegó el miércoles, en Huesca Azcón se encontró con centenares de manifestantes que le pitaron y abuchearon por sus políticas educativas. En Zaragoza, por la mañana tuvo lugar una primera marcha estudiantil por la mañana en Zaragoza y la gran manifestación a las 18:30. En ella, miles de personas recorrieron el centro de la capital aragonesa. La marea verde inundó durante más de dos horas el centro de la ciudad, hasta abarrotar la Plaza del Pilar, donde se leyó un manifiesto y se congregaron los manifestantes para exigir “dinero público para la pública”. Como respuesta, el Gobierno de Aragón continúa sosteniendo su plan para concertar el Bachillerato, a pesar de que esta medida permanece recurrida por CSIF y otras organizaciones, que ayer mismo reconocían que “ahora solo puede pararlo la Justicia”.

El sindicato educativo Steilas ha cargado contra la gestión del Departamento de Educación durante el curso 2025/2026, que finalizará en breve, y ha ironizado la consejera Begoña Pedrosa “no ha superado el curso”. Estas conclusiones parten de una evaluación realizada por el profesorado afiliado al sindicato, el de mayor implantación en la red pública. La central sostiene que las “decisiones y políticas públicas” del Ejecutivo “no muestran voluntad de reforzar la escuela pública vasca”, que aglutina a alrededor del 50% del alumnado total. Denuncian, por ejemplo, los cierres y fusiones.

Entre las principales críticas, Steilas ha señalado el incumplimiento del acuerdo laboral firmado con la mayoría sindical en mayo del pasado año, tras varias huelgas y movilizaciones. En dicho acuerdo se incluían medidas como la reducción de horas lectivas, la incorporación de alrededor de 800 trabajadores más, mejoras salariales y nuevos recursos para reforzar el euskera, la orientación y el bienestar emocional en los centros educativos.

Según el sindicato, Educación no ha aplicado parte de esos compromisos y mantiene una “interpretación restrictiva” del acuerdo. Explica que no se ha realizado la reducción de ratios en toda Primaria, ni se han reflejado los compromisos de creación de empleo en las relaciones de puestos de trabajo, ni se ha garantizado la frecuencia pactada para los reconocimientos médicos del profesorado. “El Departamento de Educación no tiene voluntad de cumplir el acuerdo firmado hace un año”, han afirmado representantes de Steilas. También han criticado las “respuestas poco receptivas y decisiones unilaterales” ante las discrepancias planteadas por la parte social. El sindicato ha acusado al Gobierno vasco de haber “bloqueado la negociación”.

Adicionalmente, ha criticado las políticas relacionadas con la red pública. “Poniendo como excusa la bajada de la natalidad”, el Departamento está impulsando “fusiones y cierres de centros públicos”, mientras mantiene un modelo “dual” que, según sostiene el sindicato, favorece a la enseñanza privada concertada. Estas políticas son denunciadas por la central debido a que alimentan “la segregación y ponen en riesgo la igualdad de oportunidades”. Es un problema que “ha aumentado en las últimas décadas”. Ha denunciado además que la mesa de segregación “no ha dado ningún resultado claro” y que se están impulsando propuestas de “cambios estéticos” que evitan medidas estructurales.

Steilas muestra preocupación, igualmente por las políticas lingüísticas. Ha acusado a Educación de “suspender los cursos R de Irale”, que el sindicato considera “herramientas eficaces” para la ‘euskaldunización’ y el perfeccionamiento lingüístico del profesorado. La consejera Pedrosa ya ha rechazado que esto sea cierto. Asimismo, ha denunciado que en la Formación Profesional “se siguen vulnerando los derechos lingüísticos del alumnado”.

Como balance final del curso, Steilas ha asegurado que el próximo año se adjudicarán “entre 750 y 1.000 plazas menos” y ha realizado una evaluación simbólica del departamento “por competencias”, otorgándole un “gran suspenso” en participación y cooperación y un “insuficiente” en comunicación y gestión de la diversidad cultural. Pese a ello, el sindicato sí ha reconocido un “notable” en digitalización, aunque ha criticado que esta se haya orientado “demasiado a los intereses de las multinacionales”.

Las calles de Zaragoza, Huesca y Teruel se han teñido este miércoles de verde. Una marea de docentes y familias han llenado el centro de las ciudades aragonesas contra los conciertos educativos promovidos por el Gobierno de Jorge Azcón. En Zaragoza, la marcha ha concluido en una Plaza del Pilar abarrotada que ha pedido bajo el sol la supresión de los conciertos educativos en Bachillerato y “que se escuche a la gente”.

Sandra es doncente en un centro público del Actur y reclama “más inversión a lo público” porque “lo que se ve en el aula día a día son situaciones muy complicadas, amplias ratios y una atención a la diversidad que hacemos como podemos, con nuestro coste personal y nuestro tiempo”.

En la misma línea se manifiesta Elisa, compañera del mismo centro, que critica la falta de recursos que, cuando no se está día a día en el aula, no se vive: “Nos enfrentamos a situaciones diarias que no podemos abarcar, se necesitan muchos más recursos, mucho más personal, tenemos una carga muy grande a nivel de papeleo y el trabajo del día a día con los alumnos se ve perjudicado por la falta de recursos, tienes que sacar tiempo de donde no hay”.

Laura, profesora de un colegio público de Zaragoza, considera que el dinero destinado a la concertación “debería invertirse en reforzar la escuela pública”. “Trabajo cada día en un aula y las carencias de recursos, tanto materiales como personales, son enormes. Faltan apoyos, faltan profesionales y seguimos teniendo muchos centros con problemas de climatización o patios poco adecuados para los alumnos”, lamenta.

La manifestación ha partido de la Glorieta Sasera y ha ido creciendo a medida que avanzaba por el centro de Zaragoza, sumando columnas de docentes, estudiantes y familias en distintos puntos del recorrido, especialmente en el paseo de la Independencia. A diferencia de otras movilizaciones, la marcha ha transcurrido de forma bastante silenciosa durante buena parte del recorrido, aunque la imagen de la calle Alfonso completamente abarrotada de principio a fin reflejaba la dimensión de la protesta. Mientras la cabecera ya entraba en la plaza del Pilar, todavía seguían llegando manifestantes desde Independencia. Ya en la plaza, llena bajo el sol del mediodía, sí han estallado las proclamas y los cánticos contra la política educativa del Gobierno aragonés, con gritos de “es Azcón el que no bote”, “educación pública” o “abajo la concertada”.

La protesta ha concluido en la Plaza del Pilar con la lectura de un manifiesto a cargo de Francisco Fraguas y Aitana Muñoz, que han defendido que “defender la Escuela Pública es defender el futuro de Aragón” y han reivindicado que la educación pública “no pertenece a ningún gobierno”, sino que “garantiza derechos, igualdad de oportunidades y cohesiona el territorio”.

Durante la lectura, la comunidad educativa ha acusado al Ejecutivo autonómico de “seguir avanzando en la privatización de etapas educativas” mientras, aseguran, faltan recursos en los centros públicos. “Nos dijeron que no había presupuesto para reducir ratios, contratar más orientadores o climatizar centros, pero sí aparecen millones de euros cuando se trata de financiar centros privados”, recoge el texto leído este mediodía ante miles de personas en Zaragoza.

Marcha estudiantil y seguimiento de la huelga

En cuanto al seguimiento de la huelga, fuentes sindicales han comunicado que “según los datos facilitados por los propios centros, alrededor del 55% del profesorado ha secundado la huelga para exigir que los más de 20 millones de euros que Azcón quiere despilfarrar en seguir privatizando la enseñanza aragonesa, se destinen a solucionar problemas que la escuela pública tiene por su infradotación económica, el seguimiento ha sido de un 55% en la provincia de Zaragoza, de un 59% en la de Huesca y de un 45% aproximadamente en la de Teruel”.

Ayer, el seguimiento según los sindicatos convocantes, que posteriormente confirmó el Departamento de Educación, fue de en torno a un 40%, con más peso en Infantil y Primaria que en Secundaria. Este miércoles, el Ejecutivo ha trasladado que el 25,96% del personal docente ha hecho huelga y el 12,52% del personal no docente. Por provincias, Huesca vuelve a ser en la que más docentes secundan la huelga, un 29,54%, seguida de Zaragoza con un 25,05% y de Teruel con un 24,79%. En cuanto al personal no docente: en Zaragoza ha secundado la huelga el 17,42%, el Huesca el 15,48% y en Teruel el 14,75%.

Desde la organizaciones sindicales han insistido en que “ante la perdida de alumnado de los centros concertado, el Gobierno de Aragón ha decidido que su política educativa se destine a salvar el negocio de estas empresas, no hay que olvidar que el 70% de las familias aragonesas eligen la escuela pública, porque es la opción de mayor calidad y en la que cabe todo el alumnado, y no podemos permitir que se destine dinero público para que los centros privados puedan seguir con su negocio a pesar de su perdida de alumnado”.

Alrededor de siete mil personas se han manifestado esta mañana por el centro de Zaragoza en la manifestación convocada por el movimiento estudiantil y que el profesorado en huelga ha secundado masivamente para exigir al Gobierno de Aragón que no concierte el bachillerato, y que destine más recuros a la escuela pública.

La huelga comenzó ayer, cuando centenares de personas se congregaron frente al Departamento de Educación de Zaragoza, donde entregaron en torno a un centenar de escritos redactados por los claustros y los consejos escolares de diferentes centros de la provincia. En ellos, los docentes señalan los problemas concretos que tiene cada centro, ya que las personas movilizadas consideran que solucionar esto es “prioritario” a concertar el Bachillerato, una etapa educativa no obligatoria.

El Departamento de Educación ha respondido a los manifestantes, que esta misma mañana han pitado al presidente Azcón en Huesca para mostrarle su malestar por la situación educativa. La Consejería “mantiene abiertos de forma permanente canales de diálogo con toda la comunidad educativa. Estas vías han permitido adoptar medidas relevantes para la mejora del sistema y seguirán siendo el marco adecuado para abordar cualquier propuesta o discrepancia desde la responsabilidad y el rigor”, aseguran.

Según el Ejectutivo, no existe “ningún proceso de recorte ni de desmantelamiento de la educación pública en Aragón. Muy al contrario, el actual Gobierno autonómico está realizando el mayor esfuerzo inversor de la historia en educación no universitaria, con más de 1.300 millones de euros de presupuesto, de los cuales el 84% se destina a la red pública” y defienden su plan de concertación del Bachillerato: “Se trata de una cuestión de justicia, equidad, igualdad de oportunidades y libertad de elección, porque únicamente cuando no hay barreras económicas hay auténtica igualdad y, por tanto, libertad”.

Niegan que se trate de una privatización del sistema ni de una “merma de recursos para la red pública, ni una segregación de alumnado. La concertación de esta etapa va a permitir que los alumnos que han elegido un centro concertado puedan concluir su trayectoria en su mismo colegio hasta los 18 años sin que el factor económico sea un obstáculo, por lo que protege a las familias con menos recursos de esa red”. Concluyen asegurando que ambos modelos —la pública y la concertada— son “totalmente complementarios e imprescindibles desde hace cuatro décadas, que han enriquecido el sistema educativo y que garantizan la libre elección de centro”.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha evitado romper su Gobierno de coalición a pesar de que su principal socio, Geroa Bai, ha votado con UPN el blindaje a la concertada. Los dos, además de EH Bildu, han aprobado una proposición de ley foral presentada por los regionalistas a la que se le han añadido unas enmiendas presentadas por la coalición abertzale para incluir una moratoria de un año a la resolución del Departamento de Educación de no renovar el concierto a 14 líneas de la red privada.

La brecha que ha estado a punto de llevarse por delante el Gobierno navarro surgió hace unas semanas cuando el consejero de Educación, el socialista Carlos Gimeno, anunció que no se renovaría el concierto a 14 líneas para que la caída de la natalidad no se cebara con la red pública, la que más se resiente con el descenso de matrículas porque el sistema de renovación de conciertos se da cada cuatro años cuando en la red pública las líneas se revisan anualmente.

La medida contó con el rechazo de UPN, PP y Vox, pero también con el del socio del PSN en el Ejecutivo Geroa Bai y el de EH Bildu, socio presupuestario. ¿El motivo? El cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

UPN presentó en el Parlamento de Navarra una proposición de ley foral, que se ha debatido este jueves, para blindar los conciertos educativos revirtiendo el cierre anunciado por Educación. Geroa Bai amagó con apoyarla a pesar de que en el acuerdo programático de legislatura pactado con los socialistas en 2023 para investir a Chivite presidenta se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”. EH Bildu también se mostró abierto a apoyar la ley de los regionalistas.

Así, durante semanas los socios del Gobierno navarro han estado negociando un acuerdo que evitase una importante crisis del Ejecutivo. El miércoles, a menos de 24 horas de que se votase en el pleno la ley de UPN, alcanzaron un acuerdo de mínimos que a las pocas horas Geroa Bai dio por roto porque no se daban “las garantías suficientes” para mantener un aula más en la ikastola de Estella, donde se han preinscrito 31 alumnos y, según las ratios, le corresponde una única aula de 25 alumnos, quedándose así fuera seis.

La coalición de PNV y Socialverdes pidió al PSN que rectificase y desdoblara una segunda aula de tres años en la citada ikastola, cuestión que los socialistas rechazaron por no llegar a la ratio mínima por un alumno.

Y así se ha llegado al pleno de este jueves. PSN y Geroa Bai han intentado sin éxito alcanzar un acuerdo in extremis y las negociaciones han quedado totalmente rotas. En el pleno se ha aprobado la proposición de ley presentada por UPN pero a la que se le han añadido unas enmiendas de sustitución presentadas por EH Bildu. Así, se ha aprobado una moratoria de un año al cierre de las 14 aulas de la concertada y derogar la resolución aprobada por el Departamento de Educación que incluía el cierre de las aulas.

“Están pidiendo que se financien aulas de la privada vacías y que tienen menos ratios que las de la pública”, le ha reprochado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, a la oposición, así como a sus socios de Geroa Bai y a EH Bildu.

De esta forma las relaciones entre los socios han quedado tocadas, pero Chivite ha evitado que la mayor crisis de gobierno desde que es presidenta haya terminado con una ruptura de su Ejecutivo. El PSN ha emplazado a sus socios a una reunión para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Los socios del Gobierno de Navarra apuran las negociaciones para tratar de evitar la que sería una de las grandes crisis de la coalición desde que María Chivite es presidenta. El jueves se votará en el pleno del Parlamento foral una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, amagan con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que la situación, a tres días de que se celebre la votación, es “grave” porque todavía no hay acuerdo entre los socios y porque, de aprobarse la proposición de los regionalistas, Educación se vería obligada a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, alertaba hace unos días el consejero. Además, un informe de Educación también apuntó que la propuesta de UPN tiene “visos de inconstitucionalidad”.

Con todo, los socios de Chivite confían en llegar a un acuerdo antes del jueves para impedir una victoria de la oposición de derechas con el apoyo de Geroa Bai y EH Bildu —bastaría con que se abstuvieran—, que generaría una importante brecha en el seno del Gobierno. “Encontraremos un punto de acuerdo seguro”, ha asegurado la portavoz del PSN en el Parlamento, Ainhoa Unzu. “Aspiramos a llegar a un acuerdo”, ha apostillado Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai.

Pero las negociaciones no están siendo fáciles. Las partes han marcado unas líneas rojas contrarias entre sí. Mientras Geroa Bai y EH Bildu exigen que no se cierren las 14 aulas a las que el consejero Gimeno anunció que retiraría el concierto por la bajada de la matrícula en 700 niños y niñas, el PSN y Contigo/Zurekin aseguran que se mantendrán en lo pactado en el acuerdo de Gobierno, en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Esta ley nace para blindar intereses concretos de la educación concertada”, ha criticado la portavoz socialista, que ha dicho que le resulta “difícil de digerir” que Geroa Bai y EH Bildu puedan apoyarla porque afecte a las ikastolas. Así, ha apuntado que uno de los principales escollos está siendo la situación que se ha dado en la ikastola de Estella, donde seis alumnos se han quedado sin plaza por el cierre de una segunda línea en el aula de tres años. “La red pública es la que está absorbiendo en estos momentos la demanda de la enseñanza en euskera, especialmente en las zonas rurales”, ha defendido.

“Mientras exista una zonificación del euskera en Navarra, mientras los derechos lingüísticos vengan determinados por el código postal, mientras la enseñanza en euskera no esté normalizada, bienvenidos sean todos los esfuerzos en impulso de la enseñanza en euskera”, ha defendido por su parte EH Bildu.

Mientras, UPN, líder de la oposición , trata de agrandar la crisis en el seno del Gobierno y asegura que la presidenta Chivite ha “apartado” al consejero Gimeno de las negociaciones para pasar “la responsabilidad a otra persona de su confianza”, al vicepresidente primero Javier Remírez, extremo que han desmentido desde el ala socialista del Ejecutivo navarro.

Un informe del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra alerta de que la proposición de ley que ha presentado UPN en el Parlamento foral para blindar los conciertos educativos en las 14 aulas de Infantil a las que se les va a retirar por la caída de la natalidad, que Geroa Bai y EH Bildu han amagado con apoyar, tiene “visos de inconstitucionalidad”. El consejero, el socialista Carlos Gimeno, ha advertido a sus socios que, de ser aprobada, tendría “gravísimas consecuencias” para el sistema educativo y para las familias. “Obligaría a rehacer el proceso de matrícula y podrían perder la plaza que ya tienen adjudicada”, ha alertado

Carlos Gimeno ha señalado que “existen serias dudas” sobre si la propuesta del partido regionalista “es acorde al ordenamiento jurídico vigente” y ha considerado que resulta “incomprensible que haya quien esté dispuesto a aprobar una ley que podría estar en contra de la Constitución”. “Es el mundo al revés y una perversión absoluta del sistema”, ha reprochado el consejero, que ha calificado la proposición de ley de “despropósito”.

Según ha explicado, UPN pretende con esta ley reducir las ratios en la educación concertada y al mismo tiempo mantener el próximo curso las unidades públicas y concertadas existentes en el curso actual. De forma, ha añadido, “que haría imposible la ampliación de nuevas unidades afectando gravemente al proceso de admisión de alumnado para el curso 2026-2027 que ya está muy avanzado”.

Tal y como ha alertado, si se aprobara la proposición de ley de UPN, Educación debería rehacer la adjudicación definitiva de puestos escolares en 1º de Infantil (aulas de 3 años) de centros concertados aplicando una ratio máxima de 23 alumnos/as por aula en vez los 25 estipulados ahora en la normativa, lo que significa que las vacantes disponibles en la mayoría de los centros concertados se reducirán y habrá alumnado que al tener que repetirse el proceso de admisión no va a tener la plaza escolar previamente adjudicada con carácter definitivo. “El número total de afectados es impredecible” ha anunciado el consejero, “puesto que, al tener que volver a resolver las admisiones, todas las solicitudes entrarían en juego con muchas menos plazas disponibles”.

Tras ello, el consejero ha subrayado que tiene la “mano tendida a propuestas que puedan estar dentro del contexto de la legalidad” y que está “abierto a planteamientos y acuerdos, pero la proposición de UPN va a perjudicar a más personas que las que pretende ayudar”. “La proposición es absolutamente incoherente, tiene una carencia de sentido absoluta y es un claro despropósito. Por intentar recuperar 15 unidades concertadas que no son necesarias para el sistema educativo se genera una incertidumbre para las 377 unidades restantes”, ha asegurado.

Carlos Gimeno ha planteado “que trasladen Geroa Bai, UPN y EH Bildu las propuestas que consideren oportunas”. “Nosotros lo que hemos hecho es aplicar una resolución de conciertos en el marco estricto de la ley ante una bajada demográfica ostensible para que la escuela pública no pierda peso”, ha dicho, para cuestionar si otros grupos “pretenden blindar la educación concertada”.

El consejero ha afirmado que “ha habido reuniones a alto nivel” entre los socios de Gobierno, aunque él no ha participado en ellas. “La idea es que se va a trasladar una propuesta, entiendo que será en el marco legal, y estamos expectantes, esperando, con toda la predisposición”, ha asegurado.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, el socialista Carlos Gimeno, ha acusado este martes a Geroa Bai, socio del Ejecutivo de María Chivite, de ser “irresponsable” por amargar con apoyar una proposición de ley con la que UPN pretende blindar los conciertos educativos en la escuela privada tras el anuncio de que se retirará la financiación pública a 14 líneas de Infantil por la caída de la natalidad.

“Estamos defendiendo la escuela pública y quizás hay que aclarar la ética de que tienen algunos partidos con respecto a la estética que van mostrando a lo largo del año”, ha señalado el consejero Gimeno, que ha asegurado que Educación está dando cumplimiento al acuerdo programático que PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin firmaron en 2023 para investir a María Chivite y en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Lo que el Departamento ha establecido simplemente es ante una bajada de matrícula, unos criterios absolutamente objetivos en el seno de la ley”, ha defendido el consejero de Educación.

“Esto ha ocurrido toda la vida, cuando la escuela pública perdía unidades, ninguna formación política dijo nada. Ahora tenían la escuela pública como coartada, pero esa coartada ya no está encima de la mesa porque la escuela pública no va a perder unidades”, ha apostillado en respuesta al portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, que este lunes se abrió a apoyar la ley presentada por UPN si Educación no rectificaba el cierre de aulas en la privada. “Si lo que no le permite al consejero dar respuesta a las necesidades ciudadanas es la ley, igual hay que cambiarla”, dijo.

“Yo creo que se está conversando y se le está proponiendo a Geroa Bai que haga las propuestas que considere oportunas dentro del marco de la ley. Si lo que quieren es hacer otra ley para que encajen sus peticiones de última hora, entiendo que es una irresponsabilidad que genera que la escuela pública pierda peso”, ha defendido Carlos Gimeno.

Así, el consejero ha advertido de que la aprobación de la proposición de ley de UPN obligaría a revisar los conciertos que ya se han aprobado. “Todos los centros que ya tienen un concierto asegurado de cuatro años, que no han perdido ninguna unidad, pueden ver en riesgo esa adjudicación de unidades por mor de una proposición de ley foral”. “Las tres ikastolas excepcionadas, Sangüesa, Lumbier, que tiene una solicitud, y Viana, tienen asegurado un concierto para cuatro años, cuando son centros en grave riesgo de perder el concierto. La ikastola Jaso, que tiene una unidad más, puede ver en riesgo el incremento de esa unidad por la proposición de ley foral”, ha añadido.

El consejero de Educación también ha respondido al portavoz de UPN, Javier Esparza, que le acusó de “intransigencia” por “cerrar” aulas sin la “voluntad” de la mayoría del arco parlamentario. “Si considera la intransigencia como la cualidad de defender la educación pública, lo soy”, ha aseverado Carlos Gimeno.

Según datos del Departamento de Educación, mantener la financiación pública a las 14 aulas de la red privada a las que se le va a retirar el concierto por la falta de demanda tendría un coste anual de 1,3 millones de euros. Sobre la propuesta de UPN de igualar las ratios de la pública con la concertada, Educación apunta que esa medida supondría la necesidad de crear 82 nuevas líneas en la red privada que tendrían un coste anual de 8 millones de euros.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, el socialista Carlos Gimeno, ha anunciado este jueves que finalmente, pese a la caída de la natalidad y del número de alumnos, no se cerrarán las 19 aulas de 3 años en Infantil en la red pública que el propio consejero había anunciado para el curso 2026-2027. Educación sí mantendrá el cierre de 14 líneas de la red privada financiada con fondos públicos a las que no se les renovará el concierto educativo.

“En algunos centros sí se van a reducir unidades y en otros centros que estaban infraestimados se van a sobreestimar y han aparecido nuevas unidades en el global no se van a cerrar unidades en la escuela pública”, ha informado el consejero Carlos Gimeno tras la brecha abierta entre el PSN y Geroa Bai (socio del gobierno de los socialistas) y EH Bildu (socio presupuestario) tras el anuncio de cierre de aulas por el descenso de la natalidad.

Según ha añadido, han aparecido nuevas unidades en la organización de “centros pequeños, centros con una oferta de modelo lingüístico minoritaria, que son agrupaciones internivelares”. “A la hora de ver las listas provisionales, a la hora de ver cómo se conforman los agrupamientos no habrá reducción; sí habrá reducciones en algunos centros pero en otros centros habrá más unidades, por lo tanto el balance neto es que no habrá reducción de unidades en la escuela pública en las aulas de 3 años”, ha indicado. Además, ha dicho, “todavía queda la matrícula extraordinaria de agosto y es posible que se pudiera incrementar alguna unidad más”.

Geroa Bai y EH Bildu se unieron a UPN, PP y Vox y aprobaron en el Parlamento foral una moción para instar a Educación a aplicar una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos y no cerrar ningún aula, tanto en la pública como en la privada, en el curso que viene. Finalmente Educación ha rectificado y mantendrá todas las aulas en la pública, pero sí retirará el concierto a 14 líneas en la concertada, siete de ellas en ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Educación no está para financiar aulas vacías o semivacías”, ha defendido Gimeno.

“No es posible, como trasladaron los servicios jurídicos del departamento ayer, llevar a cabo la prórroga de los conciertos. Solo se pueden prorrogar en la interpretación correcta y jurídica del artículo 44 -del Decreto Foral 416/1992-”, ha dicho, para precisar que “la única interpretación posible del artículo 44 se puede aplicar a la ikastola de Lodosa”, ha señalado el consejero de Educación.

Ante las críticas de la Federación navarra de Ikastolas y de EH Bildu y Geroa Bai por el cierre de aulas en estos centros, el consejero ha asegurado “se puede estudiar en modelo D -en euskera- en toda la comunidad foral, también en la zona no vascófona”.

“Es palmario que se han ido aumentando unidades del modelo D en toda la comunidad”, ha dicho, para exponer que en el acuerdo presupuestario de este año se recoge que se van a introducir unidades de modelo D en Falces y en Aibar. “Si se introduce el modelo D en Ancín, si se hace un centro público para modelo D en Ancín, si se modifica el mapa escolar en Ancín, si se amplía un colegio público como el de Abárzuza, si se introduce más oferta de modelo D en Abárzuza, repercute en determinadas ikastolas del ámbito de influencia educativa”, ha apuntado.

Según ha comentado, además, se ha reducido la matrícula por una bajada demográfica por lo que “la ecuación afecta no solo al ámbito público sino al ámbito de modelo D concertado”.

Ha negado así Gimeno que “haya un ataque al euskera por parte del Departamento”. “Se han exceptuado de los criterios que ha aplicado el departamento tres ikastolas, se han incrementado recursos en una ikastola y se ha ofrecido la prórroga del concierto”, ha defendido, para exponer que “a la ikastola de Sangüesa se le aplican los criterios de la escuela pública por estar en una zona de riesgo de despoblación”.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha anul·lat parcialment el currículum d'Educació Primària aprovat per l'anterior Govern d'esquerres. Tot i que aquell text ha estat substituït per noves normatives, la sentència fixa un límit clar al marge autonòmic: l'assignatura de religió ha de mantenir-se com a matèria integrada en el currículum conforme a la normativa estatal.

La resolució, que estima parcialment el recurs presentat per Escoles Catòliques i els bisbats de Mallorca, Menorca i Eivissa, invalida l'article 8 del decret curricular -que no incloïa la religió entre la relació de matèries a cursar en l'etapa de Primària, quedant aquella regulada en una disposició addicional- i força l'Administració a revisar com es configura l'assignatura als centres educatius. La resolució exigeix que el seu encaix normatiu respecti les condicions fixades per la legislació bàsica, cosa que pot tenir efectes en la seva organització dins de l'horari escolar o en el seu tractament com a assignatura.

Amb tot, Escoles Catòliques ha anunciat noves impugnacions contra els textos educatius impulsats per l'actual Executiu del PP, en considerar que les modificacions introduïdes continuen sense ajustar-se plenament a la legislació vigent, tal com assenyala en un comunicat.

La Llei Orgànica d'Educació (LOE) estableix que l'assignatura de religió ha d'oferir-se obligatòriament als centres i ser d'elecció voluntària per a l'alumnat, en desenvolupament del dret dels pares a que els seus fills rebin formació religiosa conforme a les seves conviccions. Aquest marc es recolza, en el cas de la religió catòlica, en l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu de 1979, i s'estén a altres confessions -com la islàmica, la jueva o l'evangèlica- a través d'altres acords. En tots els casos, l'Administració educativa està obligada a facilitar la seva ensenyança quan existeixi demanda suficient, cosa que reforça el caràcter garantit -encara que no obligatori- d'aquestes matèries dins del sistema educatiu.

Un precedent recent en Secundària

A les Balears, la resolució del TSJIB no és un fet aïllat. Arriba després que la mateixa Sala ja qüestionés el currículum de Secundària balear per motius similars. En aquella sentència, dictada l'abril de 2025, la màxima instància judicial de les illes concloïa que l'assignatura havia quedat fora del currículum real: encara que el text la mencionava en una disposició addicional, no l'incloïa entre les matèries que l'alumnat podia cursar.

Per als magistrats, no es tracta d'un detall tècnic, sinó d'una vulneració del marc legal. La Llei Orgànica d'Educació (LOE), en la seva redacció vigent després de la LOMLOE, estableix que la religió s'ha d'incloure com a àrea o matèria, ser d'oferta obligatòria per als centres i de caràcter voluntari per a l'alumnat. Aquesta previsió es remet, a més, a l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu de 1979, que exigeix que l'assignatura s'imparteixi en condicions equiparables a la resta de disciplines fonamentals.

La doctrina del Suprem i el Constitucional

La sentència del TSJIB es fonamenta en diverses resolucions del Tribunal Suprem en les quals avala el model educatiu derivat de la LOMLOE, establint que la matèria de religió s'ha d'oferir obligatòriament com a matèria, encara que la seva elecció sigui voluntària i sense necessitat d'una alternativa avaluable. En la mateixa línia, el Tribunal Constitucional, en la seva sentència 34/2023, va confirmar la constitucionalitat del sistema actual i va subratllar que el marc legal garanteix tant el dret de les famílies a la formació religiosa com el caràcter no obligatori de la matèria. Aquesta jurisprudència fixa un equilibri clar: permet a les administracions educatives modular el tractament de la religió, però no fins al punt d'eliminar-la o buidar-la de la seva condició de matèria dins del currículum.

Segons el TSJIB, el decret balear incomplia aquests requisits en no integrar-la com a matèria pròpiament dita, sinó relegar-la a una regulació secundària que no garanteix el seu estatus acadèmic. Encara que la sentència se centra en un punt concret del decret, el conflicte és de fons. Les entitats religioses sostenen que l'Administració ha intentat reduir el pes de la matèria en el sistema educatiu, mentre que el Govern defensava que el decret no excloïa en cap cas l'ensenyament de la religió del sistema educatiu. No en va, la matèria sí que estava contemplada en la norma a través de la seva inclusió en una disposició addicional -la quarta-, en la qual es regulava la seva oferta i es preveia, a més, una activitat alternativa per a l'alumnat que no optés per cursar-la.

En aquesta línia, l'Administració autonòmica al·legava que la regulació impugnada no només respectava la legislació estatal, sinó que pràcticament la reproduïa. En concret, defensava que el decret s'ajustava tant a la LOE com al Reial Decret 217/2022, que fixa els ensenyaments mínims de l'ESO, incloent el model d'oferta obligatòria de la matèria i l'organització d'una atenció educativa alternativa. L'Executiu també argumentava que el disseny del currículum garantia el compliment de la doctrina del Tribunal Suprem, en establir que l'alumnat havia de cursar obligatòriament una de les dues opcions: Religió o atenció educativa. D'aquesta manera, segons el Govern, s'evitava qualsevol situació de discriminació i s'assegurava l'equilibri entre els qui elegien la matèria i els qui no.

El Govern defensa el seu model

A més, l'Executiu autonòmic defensava que el model adoptat respectava els principis d'igualtat i seguretat jurídica, en alinear-se amb resolucions prèvies i amb la normativa bàsica estatal. En aquest sentit, va invocar la necessitat de mantenir una interpretació coherent amb altres pronunciaments judicials i amb el marc educatiu vigent, insistint que el decret no buidava de contingut l'assignatura, sinó que la integrava conforme als criteris establerts per la legislació.

El TSJIB rebutja de forma clara la tesi del Govern i considera insuficient que la Religió aparegui únicament en una disposició addicional. Per als magistrats, aquesta forma de regulació no garanteix que l'assignatura tingui l'estatus de matèria dins del currículum, tal com exigeix la legislació estatal. La sentència subratlla que no n'hi ha prou amb reconèixer formalment la seva existència: ha de figurar de manera expressa entre les assignatures que l'alumnat pot cursar.

Lluny de ser un cas aïllat, el conflicte a Balears s'inscriu en una onada de litigis en diferents comunitats autònomes sobre l'encaix de l'assignatura de religió en el sistema educatiu després de la LOMLOE. En territoris com Catalunya, Cantàbria o Astúries, els tribunals han avalat models que redueixen el seu pes acadèmic -per exemple, evitant que computi en determinats processos o establint alternatives no avaluables-, en considerar que no vulneren la normativa estatal sempre que la matèria continuí existint com a tal dins del currículum.

La diferència en el cas balear, segons el TSJIB, és qualitativa: no es tracta només d'una reducció de la seva rellevància, sinó d'una configuració que la deixa sense encaix real com a assignatura. En no figurar en el llistat de matèries que l'alumnat pot cursar, la religió queda, en la pràctica, fora del sistema d'assignatures, cosa que -a parer del tribunal- sobrepassa el marge autonòmic i vulnera l'obligació legal d'incloure-la com a àrea en condicions equiparables a la resta.

Las organizaciones CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT y ANPE, PSOE, CHA, IU, PODEMOS, ZEC, MOVIMIENTO SUMAR y PCE, ADIZAR, AEDIPA, FADEA, FABZ y FAPAR, han anunciado su intención de ir a la huelga los días 19 y 20 de mayor como protesta ante la inminente concertación del Bachillerato en Aragón. Tras reiterar su rechazo por el ataque que supone a la escuela pública, han desgranado una serie de medidas y movilizaciones encaminadas a que el nuevo Gobierno paralice esta situación.

Además, como ya anunciaron, van a interponer un Recurso Contencioso Administrativo, “en el que denunciamos la alevosía, las formas y el momento en el que se ha publicado la convocatoria, con un Gobierno en funciones, lo que condiciona considerablemente su capacidad de obrar, y con una prórroga presupuestaria por segundo año consecutivo, que no permite la incorporación de gasto nuevo”.

Igualmente, inician movilizaciones encaminadas a que la comunidad educativa de la Escuela Pública respalde este rechazo “y haga patente el agravio comparativo que se produce al desviar fondos públicos para necesidades ya cubiertas (recordamos que hay plazas públicas pagadas y vacantes), mientras los centros públicos presentan carencias que deterioran su trabajo y su imagen, por la dejación de responsabilidades de la Administración con ellos”.

A juicio de las organizaciones, “no se trata solo de una competencia entre centros públicos y concertados en las ciudades, sino de un cambio de modelo educativo, que afecta a todo el territorio (y no olvidemos que la Escuela Pública llega a todos los rincones) y en el que el Gobierno del Partido Popular tiene una preferencia por los servicios privados, que manifiesta no solo por el respaldo económico que reciben, sino también por el deterioro al que somete a los servicios públicos, en este caso el educativo”.

Entre las próximas acciones, se encuentra el rechazo de claustros y consejos escolares a la concertación mediante escrito que registrarán en acto público para que expresar sus necesidades particulares. También habrá concentraciones en los centros los miércoles. Los convocantes asistirán los días 22 y 29 de abril, así como el 6 y 13 de mayo para compartir la visibilidad de sus centros en Huesca y Zaragoza y Teruel.

Las entidades organizarán asambleas informativas en las ciudades y en localidades como Tarazona, Ejea, Calatayud y Caspe, Sabiñánigo, Fraga, Graus, Jaca y Barbastro, para que las comunidades educativas de distintos centros y la ciudadanía pueda sumarse a la defensa de un servicio público.

La huelga educativa en Aragón los días 19 y 20 de mayo se plantea como rechazo del profesorado, familias y alumnado “a una decisión injusta que relega a la Escuela Pública”. En este sentido, han recordado sus exigencias en materia de fijación del presupuesto en Educación no inferior al 4% del PIB a Educación y con compromiso de ejecución de, al menos, el 80% del presupuesto, teniendo como horizonte aproximarnos a un 7% al acabar la legislatura. Además de la paralización de la Orden del 8 de abril, exigen la no ampliación de conciertos y revisión de los actuales. Igualmente, reclaman una dotación adecuada de recursos humanos y materiales, con un incremento en la dotación presupuestaria para los centros y la ampliación de recursos de orientación, entre otros.

La escuela pública pide garantías de inclusión y atención a la diversidad, con una dotación suficiente de recursos humanos, un plan de Infraestructuras, atención a la escuela rural, la revisión y mejora de las condiciones laborales y retributivas de todo el personal docente y servicios complementarios de calidad, con transporte, comedores, conciliación y actividades extraescolares garantizadas. En definitiva, “acciones para defender la Educación Pública como servicio que garantiza una escuela de calidad, inclusiva, participativa, plural, aconfesional, próxima y gratuita.  Recordamos que los derechos, si no son para todos, son privilegio de unos pocos y el Derecho Fundamental de la Educación solo lo garantiza la Escuela Pública”, concluyen.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha anulado parcialmente el currículo de Educación Primaria aprobado por el anterior Govern de izquierdas. Aunque aquel texto ha sido sustituido por nuevas normativas, la sentencia fija un límite claro al margen autonómico: la asignatura de religión debe mantenerse como materia integrada en el currículo conforme a la normativa estatal.

El fallo, que estima parcialmente el recurso presentado por Escuela Católica y los obispados de Mallorca, Menorca y Eivissa, invalida el artículo 8 del decreto curricular -que no incluía la religión entre la relación de materias a cursar en la etapa de Primaria, quedando aquella regulada en una disposición adicional- y fuerza a la Administración a revisar cómo se configura la asignatura en los centros educativos. La resolución exige que su encaje normativo respete las condiciones fijadas por la legislación básica, lo que puede tener efectos en su organización dentro del horario escolar o en su tratamiento como asignatura.

Con todo, Escuela Católica ha anunciado que nuevas impugnaciones contra los textos educativos impulsados por el actual Ejecutivo del PP, al considerar que las modificaciones introducidas continúan sin ajustarse plenamente a la legislación vigente, tal como señala en un comunicado.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que la asignatura de religión debe ofertarse obligatoriamente en los centros y ser de elección voluntaria para el alumnado, en desarrollo del derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa conforme a sus convicciones. Este marco se apoya, en el caso de la religión católica, en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, y se extiende a otras confesiones -como la islámica, la judía o la evangélica- a través de otros acuerdos. En todos los casos, la Administración educativa está obligada a facilitar su enseñanza cuando exista demanda suficiente, lo que refuerza el carácter garantizado -aunque no obligatorio- de estas materias dentro del sistema educativo.

Un precedente reciente en Secundaria

En Balears, la resolución del TSJIB no es un hecho aislado. Llega después de que la misma Sala ya cuestionara el currículo de Secundaria balear por motivos similares. En aquella sentencia, dictada en abril de 2025, la máxima instancia judicial de las islas concluía que la asignatura había quedado fuera del currículo real: aunque el texto la mencionaba en una disposición adicional, no la incluía entre las materias que el alumnado podía cursar.

Para los magistrados, no se trata de un detalle técnico, sino de una vulneración del marco legal. La Ley Orgánica de Educación (LOE), en su redacción vigente tras la LOMLOE, establece que la religión debe incluirse como área o materia, ser de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para el alumnado. Esta previsión se remite, además, al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, que exige que la asignatura se imparta en condiciones equiparables al resto de disciplinas fundamentales.

La doctrina del Supremo y el Constitucional

La sentencia del TSJIB se apoya en varias resoluciones del Tribunal Supremo en las que avala el modelo educativo derivado de la LOMLOE, estableciendo que la asignatura de religión debe ofertarse obligatoriamente como materia, aunque su elección sea voluntaria y sin necesidad de una alternativa evaluable. En la misma línea, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 34/2023, confirmó la constitucionalidad del sistema actual y subrayó que el marco legal garantiza tanto el derecho de las familias a la formación religiosa como el carácter no obligatorio de la asignatura. Esta jurisprudencia fija un equilibrio claro: permite a las administraciones educativas modular el tratamiento de la religión, pero no hasta el punto de eliminarla o vaciarla de su condición de materia dentro del currículo.

Según el TSJIB, el decreto balear incumplía estos requisitos al no integrarla como materia propiamente dicha, sino relegarla a una regulación secundaria que no garantiza su estatus académico. Aunque la sentencia se centra en un punto concreto del decreto, el conflicto es de fondo. Las entidades religiosas sostienen que la Administración ha tratado de reducir el peso de la asignatura en el sistema educativo, mientras que el Govern defendía que el decreto no excluía en ningún caso la enseñanza de la religión del sistema educativo. No en vano, la asignatura sí estaba contemplada en la norma a través de su inclusión en una disposición adicional -la cuarta-, en la que se regulaba su oferta y se preveía, además, una actividad alternativa para el alumnado que no optara por cursarla.

En esa línea, la Administración autonómica alegaba que la regulación impugnada no solo respetaba la legislación estatal, sino que prácticamente la reproducía. En concreto, defendía que el decreto se ajustaba tanto a la LOE como al Real Decreto 217/2022, que fija las enseñanzas mínimas de la ESO, incluyendo el modelo de oferta obligatoria de la asignatura y la organización de una atención educativa alternativa. El Ejecutivo también argumentaba que el diseño del currículo garantizaba el cumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo, al establecer que el alumnado debía cursar obligatoriamente una de las dos opciones: Religión o atención educativa. De este modo, según el Govern, se evitaba cualquier situación de discriminación y se aseguraba el equilibrio entre quienes elegían la asignatura y quienes no.

El Govern defiende su modelo

Además, el Ejecutivo autonómico defendía que el modelo adoptado respetaba los principios de igualdad y seguridad jurídica, al alinearse con resoluciones previas y con la normativa básica estatal. En este sentido, invocó la necesidad de mantener una interpretación coherente con otros pronunciamientos judiciales y con el marco educativo vigente, insistiendo en que el decreto no vaciaba de contenido la asignatura, sino que la integraba conforme a los criterios establecidos por la legislación.

El TSJIB rechaza de forma clara la tesis del Govern y considera insuficiente que la Religión aparezca únicamente en una disposición adicional. Para los magistrados, esa forma de regulación no garantiza que la asignatura tenga el estatus de materia dentro del currículo, tal y como exige la legislación estatal. La sentencia subraya que no basta con reconocer formalmente su existencia: debe figurar de manera expresa entre las asignaturas que el alumnado puede cursar.

Lejos de ser un caso aislado, el conflicto en Balears se inscribe en una oleada de litigios en distintas comunidades autónomas sobre el encaje de la asignatura de religión en el sistema educativo tras la LOMLOE. En territorios como Catalunya, Cantabria o Asturias, los tribunales han avalado modelos que reducen su peso académico -por ejemplo, evitando que compute en determinados procesos o estableciendo alternativas no evaluables-, al considerar que no vulneran la normativa estatal siempre que la materia siga existiendo como tal dentro del currículo.

La diferencia en el caso balear, según el TSJIB, es cualitativa: no se trata solo de una reducción de su relevancia, sino de una configuración que la deja sin encaje real como asignatura. Al no figurar en el listado de materias que el alumnado puede cursar, la religión queda, en la práctica, fuera del sistema de asignaturas, lo que -a juicio del tribunal- desborda el margen autonómico y vulnera la obligación legal de incluirla como área en condiciones equiparables al resto.

La Conselleria de Educación no ha captado el mensaje que enviaron los docentes y gran parte de la comunidad educativa valenciana con la huelga general en Educación del pasado 31 de marzo. Aquel paro, convocado por los sindicatos STEPV-Iv, CSIF, CCOO PV y UGT-PV con el respaldo mayoritario de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, tuvo un notable seguimiento que se vio refrendado con movilizaciones en las tres capitales valencianas, en las que miles de maestros y profesores salieron a la calle para reclamar al departamento que dirige Carmen Ortí y al Gobierno de Pérez Llorca que se les escuche.

Los sindicatos consideran que la Conselleria de Educación les “aboca directos” a la huelga indefinida a partir del próximo mes de mayo tras la Mesa Sectorial convocada este jueves para tratar la mejora salarial del profesorado, de modo que se produzca una equiparación con los trabajadores del sector en otras comunidades autónomas. Las plataformas sindicales han calificado el encuentro de “inútil”, “decepcionante”, “engaño” y de “auténtica pérdida de tiempo”.

“Vaciar de contenido las mesas sectoriales y esconder su inacción detrás de la excusa recurrente de la falta de presupuestos ya no se sostiene”, señalaba Xelo Valls desde CCOO PV, quienes insistían en que lo que existe es una “falta de voluntad política” por parte del Consell, mientras que UGT-PV censura que no haya habido “ninguna negociación real”.

Valls censuraba la “falta de previsión”, el “goteo de excusas” y la “total falta de respeto” de la Conselleria a los más de 77.000 docentes valencianos: “Estamos ante una maniobra dilatoria y calculada de la Administración”.

Además, los sindicatos creen “inaceptable” el calendario de cuatro meses de negociación y han exigido una “compactación” de las fechas para poder negociar antes de la primera semana de mayo todos los temas que los representantes de los docentes han puesto sobre la mesa. “Una propuesta que también se ha quedado sobre la mesa”, se lamentaba desde el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STEPV), Marc Candela.

En este mismo sentido se expresaban desde CSIF, quienes lamentaban el “tacticismo político” de la Administración al intentar alargar la negociación hasta otoño y supeditarlo todo a “circunstancias externas”. “La Conselleria no ha presentado ninguna propuesta concreta sobre retribuciones y se ha limitado a plantear un calendario que pretende alargar el proceso negociador hasta el otoño”, insistían desde UGT-PV.

Los representantes sindicales también han criticado la ausencia de la consellera y del secretario autonómico, Daniel McEvoy, en la reunión de este jueves, “lo que deja bien clara su falta de voluntad para mejorar las condiciones laborales de maestros y profesores”.

Gasto “excedido” en 8.000 profesores

Pablo Ortega, director general de Personal Docente, explicaba tras la reunión con los sindicatos en la que la Conselleria les ha explicado “la situación en la que nos encontramos: hemos superado el límite establecido por la ley de presupuestos en más de 8.000 profesores, por lo que a día de hoy no podemos hacerles una propuesta —de mejora salarial— por ese exceso de gasto”, aunque aseguran que mantienen el compromiso de seguir con la negociación y que les trasladarán una propuesta de incremento salarial “en el momento en que podamos, es decir, cuando la ley de presupuestos lo contemple”.

Por lo que respecta a la solicitud de reunión con la consellera, Ortega ha confirmado que Ortí recibirá a las plataformas sindicales el próximo lunes: “La consellera va a tener el gesto de recibirles para escuchar cuáles son sus peticiones y sus inquietudes, y para manifestarles que ella está comprometida en primera persona con esta negociación”.

Por su parte, el diputado de Compromís, Gerard Fullana, mostraba su apoyo a los docentes y lamentaba que el departamento que dirige Ortí es una Conselleria “clasista, que está en contra de la igualdad de oportunidades y de ahí la negativa permanente a incrementar las mejoras en la escuela pública”. “Pensamos que hay margen de mejora de las condiciones laborales”, aseguraba el parlamentario valencianista, que recordaba que Compromís ha presentado una propuesta “concreta” en las Corts “que está encima de la mesa, y llevamos tres meses esperando que la consellera nos llame para poder negociar, ya que presume tanto de querer dialogar sobre elementos clave para la educación pública valenciana”.

La Conselleria d’Educació no ha captat el missatge que van enviar els docents i gran part de la comunitat educativa valenciana amb la vaga general en Educació del 31 de març passat. Aquell atur, convocat pels sindicats STEPV-Iv, CSIF, CCOO PV i UGT-PV amb el suport majoritari de la Plataforma per l’Ensenyament Públic, va tindre un seguiment notable que es va veure confirmat amb mobilitzacions en les tres capitals valencianes, en què milers de mestres i professors van eixir al carrer per reclamar al departament que dirigeix Carmen Ortí i al Govern de Pérez Llorca que se’ls escolte.

Els sindicats consideren que la Conselleria d’Educació els “aboca directes” a la vaga indefinida a partir del pròxim mes de maig després de la mesa sectorial convocada dijous per a tractar la millora salarial del professorat, de manera que es produïsca una equiparació amb els treballadors del sector en altres comunitats autònomes. Les plataformes sindicals han qualificat la trobada d’“inútil”, “decebedora”, “engany” i d’“autèntica pèrdua de temps”.

“Buidar de contingut les meses sectorials i amagar la seua inacció darrere de l’excusa recurrent de la falta de pressupostos ja no se sosté”, assenyalava Xelo Valls des de CCOO PV, que insistien que el que hi ha és una “falta de voluntat política” per part del Consell, mentre que UGT-PV censura que no hi haja hagut “cap negociació real”.

Valls censurava la “falta de previsió”, el “degoteig d’excuses” i la “falta total de respecte” de la Conselleria als més de 77.000 docents valencians: “Estem davant una maniobra dilatòria i calculada de l’Administració”.

A més, els sindicats creuen “inacceptable” el calendari de quatre mesos de negociació i han exigit una “compactació” de les dates per a poder negociar abans de la primera setmana de maig tots els temes que els representants dels docents han posat damunt la taula. “Una proposta que també s’ha quedat damunt la taula”, es lamentava des del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament (STEPV), Marc Candela.

En aquest mateix sentit, s’expressaven des de CSIF, que lamentaven el “tacticisme polític” de l’Administració en intentar allargar la negociació fins a la tardor i supeditar-ho tot a “circumstàncies externes”. “La Conselleria no ha presentat cap proposta concreta sobre retribucions i s’ha limitat a plantejar un calendari que pretén allargar el procés negociador fins a la tardor”, insistien des d’UGT-PV.

Els representants sindicals també han criticat l’absència de la consellera i del secretari autonòmic, Daniel McEvoy, en la reunió de dijous, “cosa que deixa ben clara la seua falta de voluntat per a millorar les condicions laborals de mestres i professors”.

Despesa “excedida” en 8.000 professors

Pablo Ortega, director general de Personal Docent, explicava després de la reunió amb els sindicats que la Conselleria els ha explicat “la situació en què ens trobem: hem superat el límit establit per la llei de pressupostos en més de 8.000 professors, per la qual cosa hui dia no podem fer-los una proposta —de millora salarial— per aquest excés de despesa”, encara que asseguren que mantenen el compromís de continuar amb la negociació i que els traslladaran una proposta d’increment salarial “en el moment en què puguem, és a dir, quan la llei de pressupostos ho preveja”.

Pel que fa a la sol·licitud de reunió amb la consellera, Ortega ha confirmat que Ortí rebrà les plataformes sindicals dilluns que ve: “La consellera tindrà el gest de rebre’ls per a escoltar quines són les seues peticions i les seues inquietuds, i per a manifestar-los que ella està compromesa en primera persona amb aquesta negociació”.

Per part seua, el diputat de Compromís, Gerard Fullana, mostrava el seu suport als docents i lamentava que el departament que dirigeix Ortí és una Conselleria “classista, que està en contra de la igualtat d’oportunitats i per això la negativa permanent a incrementar les millores a l’escola pública”. “Pensem que hi ha marge de millora de les condicions laborals”, assegurava el parlamentari valencianista, que recordava que Compromís ha presentat una proposta “concreta” en les Corts “que està damunt de la taula, i ja fa tres mesos que esperem que la consellera ens avise per a poder negociar, ja que presumeix tant de voler dialogar sobre elements clau per a l’educació pública valenciana”.

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de La Rioja ha denunciado la implantación de la denominada zona escolar única que agrupa los municipios del área metropolitana Villamediana de Iregua y Lardero y Logroño, lo que consideran que supone un “ataque directo a la escuela pública”. En este sentido, han mostrado “su profunda preocupación” ante el proceso de escolarización en el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) porque, según considera, demuestra “el progresivo debilitamiento de la red pública en beneficio de intereses privados”.

“Desde nuestra plataforma venimos advirtiendo que las políticas educativas impulsadas por el actual Gobierno de La Rioja están favoreciendo de manera clara el trasvase de alumnado desde la escuela pública hacia la concertada. Esta deriva no es casual, sino consecuencia directa de decisiones políticas que priorizan un modelo educativo que no garantiza la equidad ni la igualdad de oportunidades”, han explicado.

La Plataforma explica que esta medida “lejos de mejorar la libertad de elección de las familias, esta medida desregula el sistema, incrementa la competencia desigual entre centros y favorece la concentración de alumnado en determinados colegios, en detrimento de otros, principalmente públicos”.

Asimismo, alertan de que “esta política contribuye a la pérdida de líneas en centros públicos, debilitando su estructura y reduciendo su capacidad de respuesta educativa”. “El cierre de unidades no solo implica menos recursos, sino también una merma en la calidad educativa y en la cohesión social de nuestros barrio”, subrayan.

Ante esta situación, exigen la paralización de cualquier cierre de líneas en la red pública, una planificación educativa basada en criterios de equidad, cohesión territorial y defensa del interés general, una na mayor dotación de personal auxiliar en los centros públicos, “imprescindible”, según defienden, para garantizar una atención adecuada al alumnado, especialmente en etapas tan sensibles como Educación Infantil y la revisión urgente de la política de escolarización para evitar el desequilibrio entre redes y asegurar el fortalecimiento de la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo.

“La escuela pública es un pilar fundamental para garantizar una educación inclusiva, democrática y de calidad para todo el alumnado. Su debilitamiento no solo afecta al presente del sistema educativo, sino que compromete el futuro de nuestra sociedad”. La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de La Rioja reitera su compromiso con una educación pública fuerte, dotada y equitativa, y hace un llamamiento a la comunidad educativa y a la ciudadanía para defenderla activamente.

El próximo 27 de abril se abre el plazo de presentación de solicitudes para la admisión de alumnos de segundo y tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (4 y 5 años), Educación Primaria, ESO y Bachillerato para el próximo curso 2026-2027, según el calendario del proceso de escolarización en estas etapas, que publica hoy, día 13, el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía telemática, a través de la plataforma de gestión educativa Racima, con el fin de agilizar su tramitación. El plazo finalizará el 12 de mayo. 

Al igual que con la escolarización de los alumnos de 3 años, cada localidad de La Rioja es una zona de influencia, excepto los municipios de Lardero, Logroño y Villamediana de Iregua, que juntos conforman una única zona. En las localidades sin centros de Secundaria o Bachillerato, la zona de influencia incluye la población del centro de referencia. 

Las familias deberán cumplimentar una única solicitud por alumno, en la que se hará constar, por orden de preferencia, los centros en los que se pide plaza, con un máximo de diez, y se mantendrán los criterios de baremación y desempate del curso pasado. Las solicitudes presentadas se enviarán a la Oficina de Escolarización Permanente, que realizará una propuesta de adjudicación de las plazas escolares de cada centro público y centro concertado.

El alumnado que con reserva de plaza en un centro público o concertado haya participado en este procedimiento de escolarización para cambiar de centro y haya obtenido plaza, automáticamente perderá la plaza escolar en el centro de procedencia o la reserva en el centro de adscripción. 

Calendario del proceso de admisión

Del 27 de abril al 12 de mayo: plazo de presentación de solicitudes.

Día 29 de mayo: publicación de las listas provisionales.

Días 1, 2 y 3 de junio: plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales.

Día 25 de junio: publicación de las listas definitivas.

Recursos a las listas definitivas: un mes desde el día siguiente a su publicación.

Del 25 al 30 de junio: plazo de matriculación para el segundo y tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria.

Del 25 de junio al 7 de julio: plazo de matriculación para ESO y Bachillerato.

La decisión del Gobierno de Azcón de incluir los conciertos del Bachillerato para el próximo curso ha provocado numerosas reacciones en contra, tanto por las condiciones del Ejecutivo para adoptar la medida como por los efectos tendentes a vulnerar la equidad.

Contra la medida, la escuela pública de Aragón ha decidido presentar un recurso y solicitar medidas cautelares para paralizar la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) de cara al curso 2026-2027. La decisión se cuestiona por posibles dudas sobre su legalidad, dado que el presupuesto está prorrogado y el Gobierno se encuentra en funciones.

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública —integrada por sindicatos, asociaciones y fuerzas políticas de izquierdas de Aragón— llevará la medida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). No obstante, todavía valora cuál es el procedimiento más eficaz: presentar un nuevo contencioso contra la modificación de la orden de 27 de noviembre o sumarse al ya interpuesto por CSIF y STEA, admitido a trámite por el TSJA en enero de 2026.

La secretaria técnica de Fapar, Nieves Burón, ha calificado la decisión de “extraña e irregular, cuando menos”. Además, ha anunciado movilizaciones en la calle: el próximo viernes en Huesca, con motivo del Día de la Escuela Pública, y el sábado en Zaragoza, “que será el primer acto de rechazo, pero habrá más movilizaciones” en defensa de la enseñanza pública.

A juicio de los sindicatos, no se justifican los conciertos cuando la red pública garantiza el acceso equitativo a una etapa no obligatoria y, además, existen actualmente más de 2.500 plazas de Bachillerato sin ocupar en centros públicos de Aragón. Asimismo, recuerdan las carencias que sufre la educación pública, tanto en personal docente y no docente como en infraestructuras.

Los expertos apuntan a un fraude de ley

La posibilidad de recurrir la orden del Departamento de Educación ya había sido señalada por expertos y juristas consultados por elDiario.es, quienes coinciden en que un gobierno en funciones no puede aprobar la concertación del Bachillerato.

La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Eva Sáenz, ha afirmado que esta medida “no puede tomarse por un gobierno en funciones”, puesto que tiene implicaciones presupuestarias. En este sentido, contempla la posibilidad de recurrirla ante los tribunales solicitando medidas cautelares para su suspensión inmediata, “ya que causa un perjuicio irreparable condicionando al futuro gobierno”. Además, recuerda que no hay garantías de que el próximo Ejecutivo sea del PP: si no prosperan las negociaciones con Vox y no se puede votar la investidura antes del 3 de mayo, habría que convocar nuevas elecciones.

Sáenz subraya que la decisión supone un cambio en el modelo jurídico con implicaciones económicas y que está expresamente prohibido por la Ley del Presidente del Gobierno de Aragón que un gobierno en funciones adopte este tipo de medidas.

En concreto, el artículo 21.3.d del Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, establece que un gobierno en funciones no puede “aprobar o autorizar convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con el Estado y demás Administraciones públicas, así como convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la Hacienda de la Comunidad Autónoma, salvo que concurran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta de ello a las Cortes de Aragón”.

El abogado Sergio Pérez también considera que la decisión excede las capacidades de un Gobierno en funciones y apunta a un posible fraude de ley. A su juicio, se trata de una política de hechos consumados: “Creo que son conscientes de la fragilidad jurídica de la Orden, pero juegan con la baza de la ejecutividad de los actos administrativos y la posible no suspensión judicial. La falta de resolución rápida permitiría la aplicación de la orden y, una vez empezado, es complicado echar abajo el concierto”.

Además, añade que “no es una medida que refuerce la equidad y la igualdad de oportunidades ni mejora la calidad educativa. Da la sensación de intentar forzar a Vox en su peculiar pulso” y recuerda que “es contradictorio cuando se ha constatado que no hay necesidades de escolarización que justifiquen esos nuevos convenios”.

Efecto segregador

Sheila González, investigadora y socióloga de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), advierte por su parte sobre los efectos nocivos de las dinámicas privatizadoras en la educación. Según explica, se trata de movimientos que se van introduciendo de forma progresiva y que acaban “desangelando” la escuela pública; sus consecuencias, aunque aún no son plenamente visibles, terminarán apreciándose con el tiempo.

A su juicio, la concertación del Bachillerato tiene un claro efecto segregador. En este sentido, reflexiona sobre el principio de planificación educativa, que podría acabar vulnerando el principio de equidad. Las familias realizan cálculos sobre el coste de la educación de sus hijos y, al “abaratarse” el Bachillerato, pueden empezar a contemplarlo como una opción cuando antes no lo era. Esto, sostiene, frena el trasvase y la permeabilidad del sistema, dificultando la incorporación de nuevos perfiles a la red pública.

Además, la socióloga subraya que, antes de apostar por la concertación del Bachillerato, debería atenderse al criterio de necesidad. En su opinión, cuando esta no existe —como ocurre en Aragón, donde hay miles de plazas disponibles— se está, en la práctica, financiando oferta privada con fondos públicos y asegurando una línea de continuidad desde la ESO.

González también considera que es una política “muy regresiva” concertar sin exigir una reducción de cuotas a cambio de garantizar la gratuidad o de asumir una función social. A su entender, este tipo de condiciones deberían acompañar cualquier implementación del concierto, cuyo seguimiento, además, suele ser escaso.

Por último, la socióloga señala que estas dinámicas tienden a blindar itinerarios de excelencia que, en la práctica, responden a intereses de clase.

Reacciones políticas

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Alegría, ha pedido que Azcón comparezca en las Cortes para explicar su decisión de privatizar el Bachillerato. Asimismo, ha criticado que un presidente en funciones, “que tiene a la Comunidad Autónoma paralizada desde hace cuatro meses, salga de su hibernación para anunciar la privatización de una etapa educativa que no es obligatoria, cuando además hay miles de plazas libres en la enseñanza pública”. Alegría reprocha tanto las formas como el fondo del anuncio, que, a su juicio, supone un profundo cambio de modelo educativo.

Por su parte, la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido la medida tras el Consejo de Gobierno: “Si se ha llevado a cabo el anuncio de esta medida, que no es nueva y formaba parte de los objetivos de este Gobierno, es porque tenemos la garantía de que cumple con las competencias y la capacidad de un gobierno en funciones”.

Según ha explicado, la consejera se limitó a anunciar que el Bachillerato será concertado el próximo curso y cómo esta medida beneficiará a las familias, “pero hay un procedimiento que nos llevará a ello. Es una fórmula habitual”.

En cuanto a la posible paralización judicial, Vaquero ha asegurado que existe un trabajo previo desarrollado por el Departamento de Educación: “Hay mucho trabajo, un expediente muy elaborado, con la implicación de los propios centros para conocer su disposición”. Además, ha señalado que “no compartimos ese cuestionamiento y esas dudas. Es algo novedoso, pero también muy importante: atender a los derechos de las familias a la libertad de enseñanza. Es una decisión democrática; la intención del Gobierno ya se conoce desde la anterior legislatura y el presidente Azcón, en campaña, ya se comprometió a llevarla a cabo”.

Miles de docentes han salido a la calle este viernes en Barcelona para darle el arreón final a una semana de huelgas en toda Catalunya. Ha sido una movilización masiva, que ha reunido entre la plaza Tetuán y el Parlament de Catalunya unas 35.000 personas, según los datos de la Guardia Urbana. El profesorado catalán ha decidido mantener así el pulso al Departamento de Educación, que alcanzó un pacto con CCOO y UGT para el sector que no ha logrado aplacar los ánimos en los claustros. 

El seguimiento de la huelga este viernes ha sido otra prueba de ello. El 39% de los docentes no han acudido a su puesto de trabajo, un apoyo muy parecido al del paro laboral de febrero, convocado entonces por todos los sindicatos. Esta vez, en cambio, llamaban a la movilización USTEC, ASPEPC –los dos mayoritarios en la enseñanza pública–, CGT y la Intersindical. También se han sumado a la huelga personal administrativo y de apoyo educativo, las escuelas infantiles y el sector de la concertada, del que no se han ofrecido datos.

En los días anteriores, de lunes a jueves, se convocaron huelgas por territorios y el seguimiento osciló entre el 32% y el 38%. 

La jornada de protestas ha arrancado este viernes como en días anteriores: con cortes de calles y de carretera por parte de las asambleas de docentes más movilizadas. Han ocupado la Ronda de Dalt de Barcelona en varios puntos, la autopista AP-7 a la altura de Badia del Vallès y la autovía A-2 en Abrera. A lo largo de la mañana, además, han realizado marchas desde distintos avenidas de la capital catalana como Gran Via, Diagonal y Meridiana.

Los docentes exigen al Govern de Salvador Illa que se siente a negociar unas demandas que consideran que no quedaron satisfechas con el acuerdo con CCOO y UGT que el Ejecutivo calificó de “histórico”. La consellera de Economía, Alicia Romero, ha asegurado este viernes estar dispuesta a “sentarse, dialogar y hablar” con los representantes del profesorado, pero ha advertido que los recursos “son los que son” y sin un horizonte de Presupuestos para 2026. 

La marea amarilla que ha tomado las calles lo ha hecho tras la pancarta ¡Basta! ¡Mejoras laborales ya! A la educación: más salarios, más recursos, menos ratios, menos burocracia, y durante todo el recorrido se han escuchado cánticos contra el Govern de Salvador Illa y para destinar más presupuesto a la educación pública.

Antes de empezar la manifestación, los sindicatos han exigido al Govern que regresen a la mesa de negociación, pero que esta vez lo hagan solo con los que han convocado la huelga. Han pedido una reunión con Educación este martes, en la sede de la Universitat de Barcelona, y han advertido que de lo contrario seguirán las movilizaciones.

El pacto de Illa con CCOO y UGT contempla subir un 30% en cuatro años el complemento autonómico —clave en la negociación y hoy en torno a 700 euros mensuales—, lo que supondrá unos 3.000 euros más al año en 2029, además del alza estatal para funcionarios. Pero los sindicatos mayoritarios critican que el incremento sobre el sueldo total no llega al 8%, es inferior al de los Mossos y no compensa la pérdida de poder adquisitivo. Los docentes en huelga reivindican además ir más allá en algunas de las medidas consensuadas: la rebaja de ratios, el incremento recursos para la escuela inclusiva, o la reducción de la burocracia.

La movilización de esta semana ha estado marcada también por la tensión sindical. La ruptura de la unidad, que fue una de las claves del éxito de la huelga de febrero, ha derivado en acusaciones de traición en algunos claustros y en las manifestaciones contra CCOO y UGT. Asimismo, algunos de sus representantes han denunciado haber sido víctimas de amenazas y acoso en los últimos días. 

Inclusión, salarios… y críticas al pacto

Aida Abelló, profesora de Formación e Inserción en el instituto La Ferreria de Montcada i Reixach (Barcelona), ha acudido a la manifestación con su pareja y dos hijos para recordar que la lucha por la educación es para “las generaciones futuras”. Según esta docente, la movilización que agita los claustros desde febrero en Catalunya es de las mayores que recuerda. Y no ha bajado con el acuerdo con CCOO y UGT. “Muchos docentes, al verlo, se cabrearon todavía más y han secuncado la huelga”, afirma. 

Sus razones para salir a las calles, como muchos otros docentes, eran hoy la pérdida de poder adquisitivo, pero sobre todo las dificultades para garantizar la inclusión en las escuelas y la pérdida de nivel entre el alumnado. “La falta de recursos es aberrante, sobre todo para atender a un alumnado con cada vez más necesidades”, afirmaba Montserrat Cantó, docente de Infantil en la escuela Dofí de Premià de Mar. Tras una pancarta en la que se leía Pedís magia a la pública pero no somos Hogwarts, ponía como ejemplo: “Tenemos niños con trastorno del espectro autista de nivel 3 en clase, pero no hay técnicos de apoyo educativo, solo ocho horas a la semana para todo el colegio. Al final, acaban siendo las maestras de otras clases las que se van turnando para venir a ayudar a estos alumnos”.

Profesores del Instituto Escuela Trinitat Nova, de Barcelona, coincidían en que las ratios actuales, que pueden superar los 30 alumnos en Secundaria, son incompatibles con un modelo de educación inclusiva. “Nos faltan manos”, comentaban Manel, Esther, Marina y Pau. En su centro, el seguimiento de la huelga ha sido total. Y mencionaban también la reivindicación salarial. “Dicen que nos equiparan a los salarios de las demás comunidades autónomas, pero con la subida que nos aplican a Primaria deberían congelar los sueldos de las demás comunidades para que sea así”, señalaba Marina. “El precio de la vida en Catalunya, sea en Barcelona o en el Pirineo, es mucho más caro que en otros sitios”.

Al terminar la protesta, representantes sindicales han accedido al Parlament para reunirse con algunos grupos parlamentarios: ERC, Junts, Comuns y CUP. A la salida del encuentro, la portavoz de USTEC ha criticado la “ausencia vergonzosa” del PSC, aunque la ha considerado “muy significativa” y ha opinado que “escenifica claramente el desprecio” hacia el profesorado por parte del partido en el Govern.

Los portavoces sindicales han trasladado a los grupos parlamentarios la demanda de que el ejecutivo de Salvador Illa “atienda la voz del colectivo, que es muy clara”, y, según han explicado los propios representantes de los trabajadores, los grupos se han comprometido a “presionar” para que el Govern “se siente a dialogar y a negociar”.

El PP i Vox han acordat rebaixar el requisit del català en diferents àmbits de la funció pública balear mitjançant diverses esmenes a la llei de projectes estratègics, una norma centrada en agilitzar inversions que no guarda relació alguna amb la política lingüística. El pacte permetrà ajornar l'acreditació de l'idioma per a docents en places de difícil cobertura i eliminar-lo en algunes categories laborals bàsiques de l'administració.

La portaveu de la formació d'extrema dreta al Parlament, Manuela Cañadas, ha anunciat aquest dilluns l'acord assolit amb els populars després de “llargues reunions i negociacions”. “No podem permetre que una aula es quedi sense professor perquè el candidat més qualificat no tingui un titolet excloent com és el català”, ha assenyalat en relació a la certificació que acredita el coneixement de la llengua pròpia de Balears.

Segons ha assenyalat, ambdues formacions introduiran tres esmenes que rebaixen o posposen l'exigència d'acreditar coneixements de català en diferents àmbits de l'administració. La primera de les mesures es refereix a les places docents catalogades com de molt difícil cobertura. En aquests casos, l'acord preveu que els aspirants puguin incorporar-se al lloc de feina encara que no acreditin el nivell de català requerit en el moment d'accedir a la plaça, amb l'obligació d'obtenir-lo posteriorment en un termini que podria situar-se entorn als dos anys.

La segona esmena planteja rebaixar o suprimir el requisit lingüístic en determinades categories laborals bàsiques de la funció pública, com zeladors, auxiliars, personal de neteja o manteniment, sempre que es tracti de llocs sense atenció directa al públic. A més, l'acord obre la porta a establir excepcions quan la falta d'aspirants “posi en risc el funcionament dels hospitals o altres serveis públics essencials”, segons ha assenyalat Vox en una nota de premsa.

La tercera modificació afectarà l'àmbit educatiu: conservadors i extrema dreta proposen rebaixar d'un 8 a un 7 la nota necessària per obtenir automàticament el certificat B2 o C1 de català en finalitzar l'ESO o el batxillerat. També preveuen garantir que l'alumnat que cursi un any a l'estranger pugui obtenir igualment l'acreditació si assoleix la qualificació exigida.

Cañadas ha emmarcat el pacte dins del que ha definit com “un bon acord” tenint en compte la representació parlamentària de Vox. “Som molt ambiciosos i ens encantaria anar més enllà, però tenim la força que tenim, de moment”, ha assenyalat.

Per la seva banda, la portaveu adjunta del PP, Marga Durán, ha defensat que el requisit no desapareix, sinó que s'ajorna per facilitar la cobertura de vacants. Duràn ha insistit que les esmenes seran registrades per Vox i que el PP les recolzarà si s'ajusten al que s'ha acordat.

L'acord se suma a una sèrie de decisions adoptades pel Govern de Marga Prohens des de l'inici de la legislatura que han anat rebaixant el pes del català en diferents àmbits institucionals i educatius, moltes d'elles fruit de la negociació amb Vox.

El principal àmbit en veure's afectat per les polítiques de la dreta en aquest sentit ha estat el sanitari: poc temps després d'arribar al poder, l'Executiu autonòmic del PP va aprovar un decret de mesures urgents perquè el català fos un mèrit i no un requisit a l'hora de treballar a la sanitat pública balear. Va ser, de fet, una de les grans promeses electorals de Prohens i del seu pacte de govern amb l'extrema dreta.

Segons els populars, l'objectiu era combatre l'històric dèficit de sanitaris que pateix l'arxipèlag -com també ho pateixen altres regions d'Espanya-, però va confessar que no disposa de les dades que avalarien, al seu judici, l'eliminació del català com a requisit laboral. La consellera de Salut, Manuela García, va admetre desconèixer quants professionals entren o surten del sistema sanitari per haver d'acreditar cert nivell de català, atès que quan un metge marxa el requeriment del català no es fa constar entre les causes d'abandonament, per la qual cosa va confessar que serà complicat avaluar l'impacte de la supressió com a mesura de captació de sanitaris.

Després d'això, PSOE i Sumar van portar al Tribunal Constitucional la decisió del Govern en considerar que vulnera “el principi d'igualtat i el de no discriminació per raó de llengua, reconegut en l'Estatut d'Autonomia” i “atempta contra el règim de cooficialitat lingüística vigent”.

A mitjans de 2025, els de Santiago Abascal van aconseguir introduir la supressió del català com a requisit laboral per accedir a la sanitat pública -tot i que aquesta mesura ja estava sent aplicada a través de l'anterior decret llei- via esmenes a una normativa que no té res a veure amb aquestes matèries: la aprovada per regular les explotacions ramaderes intensives d'aus de corral.

PP y Vox han acordado rebajar el requisito del catalán en distintos ámbitos de la función pública balear mediante varias enmiendas a la ley de proyectos estratégicos, una norma centrada en agilizar inversiones que no guarda relación alguna con la política lingüística. El pacto permitirá aplazar la acreditación del idioma para docentes en plazas de difícil cobertura y eliminarlo en algunas categorías laborales básicas de la administración.

La portavoz de la formación de extrema derecha en el Parlament, Manuela Cañadas, ha anunciado este lunes el acuerdo alcanzado con los populares tras “largas reuniones y negociaciones”. “No podemos permitir que un aula se quede sin profesor porque el candidato más cualificado no tenga un titulito excluyente como es el catalán”, ha señalado en relación a la certificación que acredita el conocimiento de la lengua propia de Balears.

Según ha señalado, ambas formaciones introducirán tres enmiendas que rebajan o posponen la exigencia de acreditar conocimientos de catalán en distintos ámbitos de la administración. La primera de las medidas se refiere a las plazas docentes catalogadas como de muy difícil cobertura. En estos casos, el acuerdo prevé que los aspirantes puedan incorporarse al puesto aunque no acrediten el nivel de catalán requerido en el momento de acceder a la plaza, con la obligación de obtenerlo posteriormente en un plazo que podría situarse en torno a los dos años.

La segunda enmienda plantea rebajar o suprimir el requisito lingüístico en determinadas categorías laborales básicas de la función pública, como celadores, auxiliares, personal de limpieza o mantenimiento, siempre que se trate de puestos sin atención directa al público. Además, el acuerdo abre la puerta a establecer excepciones cuando la falta de aspirantes “ponga en riesgo el funcionamiento de los hospitales u otros servicios públicos esenciales”, según ha señalado Vox en una nota de prensa.

La tercera modificación afectará al ámbito educativo: conservadores y extrema derecha proponen rebajar de un 8 a un 7 la nota necesaria para obtener automáticamente el certificado B2 o C1 de catalán al finalizar la ESO o el bachillerato. También prevén garantizar que el alumnado que curse un año en el extranjero pueda obtener igualmente la acreditación si alcanza la calificación exigida.

Cañadas ha enmarcado el pacto dentro de lo que ha definido como “un buen acuerdo” teniendo en cuenta la representación parlamentaria de Vox. “Somos muy ambiciosos y nos encantaría ir más allá, pero tenemos la fuerza que tenemos, de momento”, ha señalado.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha defendido que el requisito no desaparece, sino que se aplaza para facilitar la cobertura de vacantes. Durán ha insistido en que las enmiendas serán registradas por Vox y que el PP las respaldará si se ajustan a lo acordado.

El acuerdo se suma a una serie de decisiones adoptadas por el Govern de Marga Prohens desde el inicio de la legislatura que han ido rebajando el peso del catalán en distintos ámbitos institucionales y educativos, muchas de ellas fruto de la negociación con Vox.

El principal ámbito en verse afectado por las políticas de la derecha en este sentido ha sido el sanitario: poco tiempo después de llegar al poder, el Ejecutivo autonómico del PP aprobó un decreto de medidas urgentes para que el catalán fuera un mérito y no un requisito a la hora de trabajar en al sanidad pública balear. Fue, de hecho, una de las grandes promesas electorales de Prohens y de su pacto de gobierno con la extrema derecha.

Según los populares, el objetivo era combatir el histórico déficit de sanitarios que sufre el archipiélago -como también lo padecen otras regiones de España-, pero confesó que no dispone de los datos que avalarían, a su juicio, la eliminación del catalán como requisito laboral. La consellera de Salud, Manuela García, admitió desconocer cuántos profesionales entran o salen del sistema sanitario por tener que acreditar cierto nivel de catalán, dado que cuando un médico se marcha el requerimiento del catalán no se hace constar entre las causas de abandono, por lo que confesó que será complicado evaluar el impacto de la supresión como medida de captación de sanitarios.

Tras ello, PSOE y Sumar llevaron al Tribunal Constitucional la decisión del Govern al considerar que vulnera “el principio de igualdad y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatut d'Autonomia” y “atenta contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente”.

A mediados de 2025, los de Santiago Abascal lograron 'colar' la supresión del catalán como requisito laboral para acceder a la sanidad pública -a pesar de que esta medida ya estaba siendo aplicada a través del anterior decreto ley- vía enmiendas a una normativa que nada tiene que ver con estas materias: la aprobada para regular las explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral.