Se quedan sin calificativos en la España encabronada. Si el odio cotizara en Bolsa habría periódicos, radios y televisiones que ya habrían multiplicado por mil su valor. No hay nada que encabrone más a la España encabronada que ver cómo no se cumplen sus profecías. Habían anunciado un Armagedón en Catalunya el 21D, seguros como estaban que la Catalunya encabronada no les iba a fallar e iba a haber más violencia que en una película de Nicolas Cage. Pero ya no se puede confiar en los independentistas ni para eso. Hubo reunión presidencial, consejo de ministros y manifestaciones y protestas como en cualquier país normal, como si fueran posibles una España y una Catalunya desencabronadas.

Imagínense a la pobre Inés Arrimadas no sabiendo qué hacer con su querella preventiva contra las monstruosidades que se iba a perpetrar el 21D, o a Pablo Casado, máster en psiquiatría avanzada por UESC (Universidad Española de Su Casa) teniendo que explicarnos de nuevo cómo se puede llamar desequilibrado a alguien sin insultarlo mientras se le ve hablando tranquilamente. La gente normal reaccionaría callándose o incluso rectificando. Pero el español encabronado solo constata nuevas evidencias que le reafirman en su encabrone. No hubo sangre en Barcelona porque ahora mandan los CDR en Catalunya, proclamó Arrimadas; el desequilibrio ahora está en Moncloa, el verdadero centro de mando del independentismo; concluyó Casado; la complejidad es de cobardes.

A falta de hazañas bélicas con que indignarse, la España encabronada ha elevado a los altares a un mosso que le espetó a un manifestante que “la república no existe, idiota”. Lo cual plantea la interesante cuestión de qué hacía allí el mosso si la república no existe; al menos el chaval sabía por qué estaba allí. En este relato encabronado de España hablar es humillarse, negociar es traicionar y acordar es rendirse; y el español ni habla, ni negocia, ni acuerda, porque ser español es lo más grande que hay y con eso ya está todo dicho. Y quien no lo entienda, no es español; por lo tanto, se merece todo cuanto le pase y más.

No van a ser unas navidades fáciles para la España encabronada. A esa dramática estampa de familias divididas que ya no pueden hablar de política, como curiosamente sucede siempre que la derecha no está en el poder, cazadores abatidos por jaurías de animalistas enfurecidos, toreros con el rabo cortado por salvajes antitaurinos, caballeros españoles violentados por ejércitos de feminazis y migrantes matando carneros en los descansillos, ha de sumarse la tristeza de ver cómo Pedro Sánchez come el turrón en la Moncloa y aún habrá que esperar para darle su merecido. Menos mal que el Real Madrid se ha vuelto a hacer con el Mundialito ante el poderosísimo y legendario Al Ain Football Club. Aún podemos desencabronarlos. Bo nadal.

A la vista de las nuevas tendencias del tipo de vida que los independentistas quieren imponer como habituales y normales en la actual fase del conflicto catalán urge algo esencial: aclarar dónde empieza lo que técnicamente tenemos que considerar violencia. Esta cuestión ya es la clave de la parte más compleja de los acontecimientos de hace un año que se juzgarán a partir de enero; las otras son la vulneración explícita del Estatut y la Constitución que hizo una parte del Parlament, y la procedencia del dinero gastado en el Procés y las consultas populares promovidas desde la Generalitat y desautorizadas por los tribunales. Y debemos tener en cuenta que el debate sobre la violencia sin duda continuará retorciéndose y eternizándose desde los dos lados para imposibilitar que lo pueda descifrar con claridad la opinión pública.

Los agitadores de Arrán han elevado a la categoría de Gran Teoría formal que actualmente tirar piedras contra los agentes policiales ya no es violencia. ¿Respalda ese criterio la mayoría de la gente? ¿Lo suscriben la Policía, así como los tribunales de aquí y los del resto de la Unión Europea, incluso tomados estos dos últimos por separado? Que un grupo reducidísimo de personas corte a su voluntad autopistas y carreteras, levante peajes de autopistas, forme barreras con contaminantes montones de neumáticos ardiendo aprovechando en muchas ocasiones la inhibición total o temporal de los policías, ¿es técnicamente violencia? Y si no lo es, ¿pueden hacerlo en el momento que lo deseen todos los ciudadanos?, ¿podrán efectuarlo libremente a su placer los catalanes en caso de que al final accedan a la República? Como aquí hay tanta contaminación dialéctica e informativa sugiero que se pida un arbitraje o un dictamen internacional con garantías para aclarárnoslo.

Mas allá de esta cuestión tan trascendente, podemos considerar que la jornada del 21 de diciembre en Barcelona ha tenido dos éxitos. Uno, el de la protesta. Buscaba que el Consejo de Ministros en La Llotja estuviese rodeado de todo un día de gran desbarajuste, y lo consiguió. El otro, la firmeza de las nada fáciles apuestas del cada vez más imperturbable Pedro Sánchez pese a la situación de debilidad política en que se mueve. Se reunió con su Gobierno, se decidieron cuestiones importantes y tuvo una entrevista evidentemente no claudicatoria con Quim Torra (al que hizo recular en su anunciada postura de que o se realizaba un encuentro bilateral de Gobiernos aparentemente iguales, o no se vería con él). Sánchez ahondó la división soberanista entre buena parte de su cúspide y las bases más intransigentes. En las algaradas de protesta quedó de manifiesto que los veinte mil más radicales estaban tan enfadados con la presencia gubernamental española como con el hecho de que Torra y su equipo estuviesen dialogando –en la calle decían que claudicando– al hablar con quienes tal vez aceptarán más descentralización pero de ninguna manera una secesión de Catalunya.

Sobre las movilizaciones el factor más llamativo ha sido la inmensa eficacia de la publicitación y la intimidación previa. Anunciando repetidamente, incluso desde TV3 con todo tipo de detalles sobre la geografía de los futuros cortes y obstrucciones a la movilidad, y de los lugares con posibilidades de bofetadas, con relativamente muy pocas personas se paralizó sustancialmente la normalidad ciudadana a partir de actuaciones temporales y muy puntuales en diversos sitios concretos. Se esperaba muchísimo más de lo que hubo e infinidad de barceloneses contribuyeron indirectamente al éxito de la protesta al renunciar de antemano a circular, a abrir las tiendas y acudir al trabajo o a los centros educativos. Eso creó incluso paradojas. El metro, por ejemplo, funcionó casi con normalidad, pero iba casi vacío.

La táctica de fabricar mediáticamente unas expectativas catastróficas en la nueva sociedad sustituyen a la necesidad de materializar la mayor parte de lo anunciado. Entiéndase, claro está, que hubo mucha anormalidad, mucha pasión contestataria y algunas actuaciones contundentes entre CDR enmascarados y policías. Pero también hubo, y es muy significativo, momentos en que manifestantes verdaderamente pacíficos se interponían entre sus amigos radicales y los Mossos pidiéndoles que no destrozasen contenedores o lanzasen objetos y vallas contra los uniformados, o incluso impidiéndoselo. Esto también es una novedad.

En honor a la verdad la jornada ofreció otra mala lección: hubo tanta radicalidad en algunos indepes desabridos como en el señor Casado y su entorno, en su caso declarativamente y sin pisar siquiera la calle. Su insistencia por cerrar los ojos para no ver que en realidad no hay ningún pacto antiespañol entre el señor Sánchez y los independentistas, sus ganas de azuzar para ganar miserablemente votos retratando actitudes y situaciones que no son ciertas, alimentan mucho la decepción antiespañola de muchos ciudadanos catalanes que no son enemigos del Estado.

Mayoritariamente avanza en Barcelona la sensación de que, aunque parecía teóricamente imposible, este hombre puede acabar siendo más dañino para una remozada coexistencia encajada de Catalunya y el resto de España que el mismísimo señor Rajoy, que lo estropeó todo con su torpeza, su abulia, su partidismo y el desvarío de anteponer lo conveniente para su continuidad en el poder a todo lo demás.

Visto desde Catalunya, lo que está haciendo Casado únicamente puede contrarrestarse con muchas actuaciones públicas, serias y razonadas de otros españoles que desde el resto del país entiendan que el hondo conflicto que divide a Catalunya únicamente tiene posibilidades de paliarse mejorando la calidad de la democracia española, la aceptación de la realidad heterogénea y la modernización de muchas de nuestras instituciones. Y dando tiempo a que la actitud de buscar soluciones políticas –incluso cuando Quim Torra y Puigdemont cometen incoherencias– vaya madurando la situación y de frutos. Es el único camino, por muy difícil que sea y aunque nadie pueda asegurar que vaya a salir bien.

No se en qué tipo de “desgracia” estaba pensando Albert Rivera cuando en el pleno del Congreso de los Diputados del pasado miércoles responsabilizó anticipadamente al presidente del Gobierno de cualquier “desgracia” que pudiera ocurrir el 21D en Catalunya, pero no parece que haya pasado nada que pueda calificarse de lo que normalmente se entiende por “desgracia”. Tampoco da la impresión de que hayamos asistido al primer acto del inicio de  la “guerra civil” y del “derramamiento de sangre” que, en opinión de Pablo Casado, es lo que perseguía Quim Torra con su alusión a la “vía eslovena” hace unos días.

Parece claro, pues, que las expectativas que Albert Rivera y Pablo Casado habían puesto en lo que pudiera ocurrir en Catalunya el 21D para descalificar a Pedro Sánchez han quedado defraudadas. No fue un día normal, pero tampoco fue un día de protesta política excepcionalmente anormal. Desde ninguna perspectiva desde la que se analice lo que ocurrió. Hubo mucha gente en la calle, pero en cuantía no comparable a la que ha protagonizado protestas anteriores, y los actos de violencia de algunos miembros de los CDR fueron a lo sumo de baja intensidad de acuerdo con los criterios de evaluación de los mismos comúnmente aceptados. Y solo por la mañana. La manifestación por la tarde fue completamente pacífica, respondiendo a la liturgia a la que el nacionalismo catalán nos tiene acostumbrados, incluyendo como punto final la lectura de un comunicado consensuado entre todas las organizaciones convocantes.

La forma en que transcurrió la entrevista entre Pedro Sánchez y Quim Torra el jueves 20 por la tarde en el Palacio de Pedralbes y sus palabras en la cena a la que habían sido invitados por los empresarios catalanes, presididos por Sánchez Llibre, así como todo lo que ocurrió el viernes 21, vino a confirmar que todavía está vivo lo que podríamos denominar el “espíritu” de la moción de censura que hizo posible que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno.

Dicho “espíritu” se ha hecho presente esta semana de forma tan imprevista como lo hizo en la semana en que se presentó y aprobó la moción de censura. Tal como está el patio, parece que es la única forma en que puede hacerlo. La mayoría de la moción de censura sigue existiendo, pero se expresa de manera discontinua. Me temo que va a seguir siendo así a lo largo de lo que dure la legislatura. El terreno por el que hay que transitar está lleno de minas, que habrá que ir desactivando a medida que se avance.

En esta semana los partidos que aprobaron la moción de censura han conseguido desactivar algunas minas que parecía que estaban a punto de estallar, y cuyo estallido podía provocar un fin precipitado de la legislatura. El Gobierno ha conseguido ganar tiempo para poder presentar el proyecto de Presupuestos Generales, algo que parecía que había quedado completamente descartado. Ahora queda la tramitación parlamentaria en la que habrá que mantener la mayoría de la moción de censura para que no se apruebe ninguna enmienda de totalidad primero (y para que salga adelante después en el Congreso), y levantar el veto seguro del Senado. 

Nada de esto está garantizado. Lo ocurrido esta semana simplemente posibilita que se pueda intentar, pero nada más. En febrero el proceso de los políticos nacionalistas ante el Tribunal Supremo ocupará un lugar privilegiado en el escenario político, cuyo impacto en las relaciones entre los partidos que coincidieron en la moción de censura, y que han revalidado esa mayoría esta semana, es imposible de predecir. Ninguno de los dirigentes de estos partidos va a tener un momento de respiro y todos van a tener que hacer equilibrios permanentes para mantener vivo el “espíritu” de la moción de censura.

Hay un factor que les está ayudando, que no es otro que la reacción tan brutal de los partidos de la derecha española, intensificada desde la incorporación de Vox al Parlamento de Andalucía. La agresividad de Albert Rivera y de Pablo Casado ha contribuido sin duda a la revivificación del “espíritu” de la moción de censura y puede que siga contribuyendo a mantenerlo vivo en el inmediato futuro, a pesar de todos los pesares.

Pero la inseguridad va a seguir siendo la característica dominante de lo que quede de legislatura. Y es posible que también de lo que venga después. Pero eso lo veremos cuando llegue.

“El Govern debe garantizar tanto el derecho a la manifestación como que el Consejo de Ministros pueda celebrarse”, zanjó la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, tras el Consell Executiu de la semana pasada. Era 11 de diciembre y, tras varios días de escalada de declaraciones y llamadas a “parar el Consejo de Ministros”, la portavoz del Govern trataba de calmar los ánimos y daba su palabra de que el Gobierno se podría reunir en Barcelona sin sobresaltos.

Ambos gobiernos se pusieron pronto de acuerdo en hacer todo lo posible por evitar que el incendio político se tradujera en choques violentos el 21 de diciembre en Barcelona. Y para ello, nada mejor que una reunión que subrayase la calma institucional. Finalmente ese encuentro se celebrará este jueves, en el Palau de Pedralbes de Barcelona, tras una intensa semana de tira y afloja que ha acabado sentando, contra su pretensión inicial, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una mesa con tres ministros y tres consellers, además del president Quim Torra.

La dificultad de las negociaciones, que han durado una semana, estriba en que para ambos ejecutivos era inimaginable no reunirse en Barcelona, pero cada uno tenía intereses divergentes sobre la imagen que trasladar de la visita. El Govern deseaba exhibir bilateralidad y que el Ejecutivo de Sánchez escuchara sus demandas soberanistas. El Gobierno, en cambio, era reacio a sentarse con Torra para escuchar propuestas fuera de la Constitución y, aún más, a conceder la imagen de diálogo entre iguales buscada por el Govern.

Con estos antecedentes, el viernes de la semana pasada la vicepresidenta Carmen Calvo envía una carta al vicepresident Pere Aragonès invitando oficialmente a un encuentro entre presidentes y reclamando la colaboración de la Generalitat. “Sería conveniente que ambos pudieran mantener un encuentro”, aseguraba Calvo. Aragonès responde unas horas después, aceptando el encuentro pero sin limitarlo a los presidentes. “Reiteramos nuestra voluntad de encontrar los términos y contenidos para hacerlo efectivo”, contestaba Aragonès.

A partir de esa toma de contacto, los equipos de ambas partes comienzan a trabajar, con la dificultad añadida de que la parte catalana está dividida entre la vicepresidencia de Aragonès, de ERC, y la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, que es la colaboradora directa de Torra, de JxCat. Con todo, el planteamiento de los dos partidos del Govern es similar: quieren una cumbre entre gobiernos, algo que pronto descartan desde Moncloa.

El Gobierno de Sánchez es tajante en que no se va a reunir a todos los miembros de ambos Ejecutivos. El equipo de Torra contraataca con el veto a una reunión en la que no se aborde la autodeterminación. Durante el fin de semana ninguna de las dos partes son optimistas sobre la posibilidad de que el encuentro acabe celebrándose.

Pero la calle no da tregua. La ANC ha convocado una marcha lenta de coches para el 21D, mientras los Comités de Defensa de la República (CDR) redoblan sus llamadas a impedir el Consejo de Ministras. Además el Ministerio del Interior anuncia el traslado de 600 agentes de la Policía Nacional para blindar la jornada, en previsión de alborotos. Las dos partes son conscientes de que es irresponsable echar más leña al fuego. A cuatro días del Consejo de Ministras de la Llotja de Mar, Carmen Calvo viaja el lunes a Barcelona para reunirse con Aragonès y Artadi en la estación de Sants y tratar los detalles del encuentro personalmente.

No es un viaje desconocido para la vicepresidenta. Calvo ya usó la sala de autoridades de la estación barcelonesa hace un mes, para pulsar la opinión de los independentistas sobre los presupuestos. En aquella ocasión, volvió de vacío a Moncloa. Pero este lunes las sensaciones fueron mucho más positivas. Los responsables de la Generalitat le trasladaron su firme deseo de que el encuentro se celebrase, proponiendo como fecha el jueves, justo antes de la cena de la patronal Foment del Treball a la que Sánchez ya había confirmado su asistencia.

“No va a haber una reunión entre gobiernos”, aseguraba el Ejecutivo el mismo lunes durante los corrillos de periodistas de la tradicional copa de Navidad. El mensaje que lanzaba Moncloa era que el encuentro se produciría, pero que no sería el deseado por la Generalitat. Desde el Palau de la Generalitat se habían trasladado varias propuestas o variantes de la propuesta de la cumbre, según relatan fuentes del Govern. El martes por la mañana, en una entrevista en la Cadena Ser, Calvo se había abierto a una reunión de “algún que otro miembro de ambos gobiernos”. Pero por separado, tal y como había expresado un día antes. El Govern rechazaba esta fórmula.

La oferta final de la parte catalana fue una “minicumbre” de tres ministros y tres consellers, además de los presidentes. Todos juntos y en la misma mesa, aunque concediendo una recepción previa de Sánchez a Torra. Esta, consideraban en el Palau, era una opción que podía satisfacer a todas las partes. Al Gobierno le permitía la imagen del encuentro de los presidentes en solitario, mientras ellos obtendrían otra foto con representantes de ambos gobiernos sentados unos frente a los otros en un encuentro con “contenido político”.

El Gobierno ha acabado aceptando la propuesta que incluye a varios consellers y ministros, aunque este miércoles por la noche ambos equipos seguían debatiendo sobre el número de participantes más allá de los presidentes. El Ejecutivo central ni siquiera ha avanzado por el momento qué ministros participarían, aunque se da por descontada la presencia de Calvo y Meritxell Batet como responsable de Función Pública y Administraciones Territoriales. Por parte del Govern acudirían los citados Aragonès y Artadi. A última hora de la víspera de la reunión, los gobiernos debatían sobre la presencia o no de la consellera de Justicia, Ester Capella, también de ERC. La delegación catalana la quiere, mientras que el Moncloa la veta.

A menos de 24 horas de que el encuentro se celebre, los equipos aún no habían cerrado ni los participantes del encuentro ni el orden del día. Aunque ambos se muestran seguros de que acabará sucediendo, el Govern asegura que tendrá “contenido”, mientras el Gobierno rebaja las expectativas y se focaliza en el Consejo de Ministras del día siguiente.

Una semana después de iniciarse, a la negociación aún le quedan flecos, pero lo que parece seguro es que se verán, algo con lo que pocos contaban. Una reunión que, más allá de los intereses políticos de ambos, todos consideran que serviría para rebajar la conflictividad en la calle y canalizar el descontento político hacia una manifestación pacífica el viernes, aunque sea masiva.

La cumbre bilateral que el Govern ha propuesto desde que el Gobierno central confirmara su presencia en Barcelona el próximo viernes está más cerca, aunque para ello la parte catalana ha debido rebajarla al formato 'mini'. Esa es la última propuesta de la Generalitat, a la espera de respuesta por parte de la Moncloa: una minicumbre que reúna a tres ministros y tres consellers, además de los dos jefes del ejecutivo.

Ocho personas en total y con un orden del día que deberá ser pactado. Fuentes de la Generalitat indican además que el día más probable si se acaba celebrando el encuentro sería el jueves, un día antes del Consejo de Ministras, aunque por el momento “todo está abierto” y el contacto es “permanente” entre ambos Ejecutivos.

Los cimientos para que la reunión se acabe produciendo se sentaron este lunes, cuando la vicepresidenta Carmen Calvo se vio en Barcelona con el vicepresident Pere Aragonès y la portavoz del Govern, Elsa Artadi. Allí el Govern insistió en la reunión de “gobierno a gobierno”. En ese punto, según fuentes de la Generalitat, el Gobierno habría propuesto que los responsables de carteras ministeriales pudieran verse con su consellers homólogos, opción que el Govern también rechazó. Con todo, según subrayan, desde el Palau también sugirieron opciones alternativas aunque cercanas al formato de la cumbre.

A la espera de que la Moncloa confirme si finalmente acepta la última fórmula propuesta o alguna similar, el equipo de Torra ultima la composición de su delegación, en la que estarían los citados Aragonès y Artadi, además de la consellera de Justicia, Ester Capella. Por parte del Gobierno también suenan como seguras la vicepresidenta Calvo y la ministra de Función Pública y Administraciones Territoriales, Meritxell Batet. Pero cualquier nombre puede cambiar dependiendo de la fórmula que se acabe imponiendo, indica la Generalitat.

El Gobierno de Sánchez ha abierto la puerta en los últimos días a mantener un encuentro en esos términos, aunque por el momento no lo da por confirmado. Hasta ahora Moncloa se había limitado a ofrecer una reunión bilateral entre presidentes, como la que mantuvo Sánchez con Susana Díaz cuando el Consejo de Ministras se reunió en Sevilla. Hasta este lunes esa era la única fórmula válida para el Ejecutivo central.

Sin embargo, esa posición se modificó este lunes tras la reunión de Carmen Calvo con los consellers. “La vicepresidenta lleva tiempo trabajando para que la reunión se realice y salga bien porque eso es mejor para todos”, señalaban desde vicepresidencia las mismas fuentes que unos días antes aseguraban que la reunión sería exclusivamente entre los jefes del Ejecutivo.

Carmen Calvo ha dejado entrever en una entrevista en la Cadena Ser que al encuentro de Sánchez y Torra podrían sumarse otros miembros de los gobiernos, aunque no ha aclarado en qué formato, si en paralelo o todos juntos. “No hay ningún problema que nos podamos encontrar algún que otro miembro de ambos gobiernos porque lo que necesitamos en Catalunya es dialogar”, ha expresado.

Fuentes de Moncloa no descartan una reunión con más miembros, pero no confirman que vaya a ser en los términos que plantea la Generalitat. Tampoco dicen nada, por el momento, sobre quiénes serían los posibles asistentes, aunque la vicepresidenta y Meritxell Batet estarían en la terna. “Ya que estamos alli hay que aprovechar para que la política se abra paso”, señalan esas fuentes, que admiten las “circunstancias especiales de Catalunya”.

Desde vicepresidencia tratan de restar importancia al hecho de que Calvo se reúna junto a Sánchez con el Govern ya que mantiene una relación fluida con Artadi y Aragonès, con quien se ha visto en varias ocasiones. No obstante, hasta ahora en Moncloa descartaban un formato que no fuera idéntico al de Sevilla. “El formato que avala el Gobierno es la reunión entre los dos presidentes y ninguna otra”, dijo el viernes la portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celaá.

El Gobierno central y el Govern se han emplazado este viernes a negociar las condiciones para reunirse el próximo 21 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministras en Barcelona. La Generalitat ha respondido por la tarde a la carta enviada horas antes por la vicepresidenta Carmen Calvo, asegurando que comparten “la voluntad de avanzar en la senda de diálogo constructivo” y emplazando a pactar el formato del encuentro.

Utilizando casi las palabras exactas de Calvo, el vicepresident Pere Aragonès ha avanzado un paso más para facilitar que la reunión se acabe celebrando. La carta de la Generalitat, sin embargo, evita limitar las opciones al encuentro entre presidentes. La parte catalana desearía, de forma óptima, que la visita sirviese para celebrar una cumbre entre todos los miembros de ambos ejecutivos, opción que Moncloa rechaza.

Como alternativa el Govern sí estaría dispuesto a que Pedro Sánchez y Quim Torra se vean en solitario, siempre que en ese encuentro se aborde la cuestión independentista. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha recordado que el compromiso de la última visita de Torra a Madrid fue entrar en profundidad en los grandes asuntos que preocupan al Govern, es decir, la soberanía y el derecho a decidir, y se ha mostrado reacia a una reunión “cosmética”.

Por su parte, el presidente Sánchez enviaba desde Bruselas un mensaje que cerraba la puerta a esa posibilidad. “El tiempo que dedique Torra a hablar de autodeterminación, yo lo dedicaré a hablar de la reconstrucción del Estado de Bienestar”, ha indicado el jefe del Gobierno. Horas antes, sin embargo, la portavoz Isabel Celaá había indicado que Moncloa no impondría “censura previa” a los temas que lleve Torra. Ahora, en vista de que Sánchez no utilizará su viaje a Barcelona para hacer su propuesta de autogobierno, desde la Generalitat vuelven a poner sobre la mesa la opción de que el encuentro sea entre varios miembros, para darle profundidad.

El objetivo del Govern a partir de ahora es buscar un formato que satisfaga a ambas partes, aunque siguen manteniendo que no ofrecerán una foto vacía. Pero, más allá de si la reunión se acaba materializando, los contactos de los últimos dos días han deshelado una semana que había comenzado con un visible endurecimiento del discurso desde el Gobierno central, quien no descartaba el 155 o quedarse con competencias de la Generalitat.

Carta a la vicepresidenta del Gobierno by eldiario.es on Scribd

El Tribunal Supremo ha decidido mantener en prisión incondicional a Oriol Junqueras, tras la vista del jueves en la que el exvicepresident de la Generalitat apeló a su condición de “hombre de paz” y a sus convicciones religiosas para salir en libertad. Sus palabras no han convencido a los tres magistrados del tribunal, que señalan que no hay indicios que apunten a “que el recurrente tiene la intención de abandonar la vía seguida hasta ahora”.

Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde se retiraron a deliberar inmediatamente después de escuchar el alegato de Junqueras y han continuando durante la mañana de este viernes. En el auto del que ha sido ponente Colmenero, los jueces aseguran que sigue vigente el riesgo de que cometa nuevos delitos.

Escriben que la apuesta por el diálogo del exvicepresident solo abarca “a la forma en la que el Estado español pudiera prestarse a reconocer la independencia de Cataluña”. Un rechazo del Estado a esa independencia, como cabe esperar, dicen los jueces, conduciría de nuevo a las vías investigadas en esta causa penal.

Una oferta de diálogo limitada

“El ofrecimiento de esa clase de diálogo o la invocación de la bilateralidad en esas condiciones, pues, no puede valorarse como un indicio de abandono del enfrentamiento con el Estado mediante vías de hecho con la finalidad de obligar a aquel a reconocer la independencia de Cataluña”, recoge el auto.

En su alegato, Junqueras insistió en su apuesta por el civismo y el diálogo con el Estado, después de que su abogado pidiese su libertad para que pueda ejercer sus derechos políticos, tras ser elegido diputado en el Parlament y optar a la presidencia de Catalunya.

El auto, los magistrados también hacen referencia a este hecho. Señalan que la participación en política es un derecho básico en democracia, pero que “no puede dejar sin efecto las consecuencias propias de un proceso penal, menos aún cuando se incoa imputando delitos muy graves”.

No puede hablarse de “presos políticos”

Los jueces insisten en  que defender la opción política de la independencia de una parte del territorio nacional es legítimo, ya que la Constitución admite la defensa de cualquier posición política , pero que esta “ha de propugnarse sin cometer delito alguno”.

“La presente causa no se ha incoado para perseguir la disidencia política, ni la defensa de una opción independentista. Es por ello que no puede hablarse de presos políticos, pues nadie es perseguido por defender una idea, y el sistema permite la defensa de cualquier opción, ofreciendo cauces sobrados para sostenerla”, señalan.

Los jueces ahondan en este punto. Recuerdan que cuando Junqueras concurrió a las últimas elecciones, tanto él como su partido “conocían sobradamente que su actividad política podía verse limitada en algunos aspectos por las consecuencias derivadas” del proceso penal.

“Las consecuencias de la posición de investigado, procesado, inculpado o acusado en un proceso penal no pueden sortearse mediante la designación del interesado como candidato en unas elecciones”, añaden.

Además, los tres magistrados insisten, como ya hizo Pablo Llarena, en que Junqueras ha pasado de la “situación teórica” de la defensa de una idea política al diseño de un plan “de declaración unilateral de independencia en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional, y alzándose contra el Estado español, contra la Constitución, contra el Estatuto de Autonomía y contra el resto del ordenamiento jurídico”, afirma el auto.

La participación del exvicepresident en ese plan constituye “un hecho ilegítimo, gravísimo en un Estado democrático de Derecho”. En este punto, los magistrados creen que, de manera indiciaria, los actos de Junqueras coinciden con los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Violencia por falta de mayoría para la independencia

En concreto, sobre la violencia necesaria para que sea acusado de rebelión, el auto incide en que sus llamamientos a las movilizaciones contra el Estado suponían asumir y aceptar “previsibles y altamente probables episodios de violencia para conseguir la finalidad propuesta”.

No consta que Junqueras haya participado ejecutando personalmente actos violentos concretos, afirma el auto, ni que diera órdenes directas en tal sentido, pero “mediante la defensa pública de la independencia unilateral” y sus llamamientos a la movilización ha incitado, ha incitado protestas “haciendo previsible, con alta probabilidad, que hubiera enfrentamientos en los que apareciera la violencia”.

Es más, los jueces aseguran que “la ausencia de las mayorías necesarias para alcanzar un determinado objetivo no autoriza, en democracia, el recurso a la violencia o al tumulto”.

Así, Junqueras seguirá en la cárcel de Estremera, donde fue enviado por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado 2 de noviembre. El juez Llarena le mantuvo preso al entender que no había disminuído el riesgo de reiteración delictiva y apuntó a su papel central en la investigación abierta por un posible delito de rebelión.

Oriol Junqueras pasó su primera noche en la cárcel de Estremera el 2 de Noviembre. Había dejado ya de ser vicepresidente de la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que implicaba la celebración de elecciones en Catalunya. Tras vivir la campaña en prisión, el cabeza de lista de ERC esgrime ahora su candidatura a la presidencia de la Generalitat para tratar de salir de prisión. Tres jueces del Supremo deciden si tienen en cuenta esa circunstancia y su autodefinición como “hombre de paz” para sacarle de prisión.

Junqueras llegó en la mañana de este jueves a los calabozos de la Audiencia Nacional en un coche gris de la Guardia Civil sin ningún tipo de distintivo. De ahí, un furgón de la Policía Nacional le ha trasladado hasta el Supremo para que asistiese a la vista sobre su libertad. Tres jueces han escuchado sus argumentos, los de su abogado, el resto de partes presentes y los de la Fiscalía, partidaria de que continúe en prisión.

El abogado de Junqueras, Andreu Van Den Eynde, se ha encargado de defender el recurso contra la prisión con tres argumentos principales. Dos de ellos los ha estado adelantando durante los últimos días: no hay indicios de la participación de su cliente en las hechos violentos que motivaron el inicio de la causa y debe salir para poder entablar un diálogo bilateral con el Estado. Una suerte de renuncia a la vía unilateral, aunque sin ser explícita.

El tercer argumento es algo más novedoso y tiene que ver con la aplicación del 155. Junqueras ya había echado mano anteriormente del precepto constitucional que sirvió para intervenir Catalunya. En el recurso contra su prisión que presentó a principios de noviembre ya dijo que, debido a ese artículo, se encontraba cesado. Es decir, no podía cometer nuevo delitos desde sus responsabilidades políticas porque había sido despojado de ellas.

El 155 aplicado por el Gobierno destituyó a Junqueras y al resto del Govern, y a la par convocó unas elecciones autonómicas que han servido de baza al exvicepresident para intentar salir de prisión. Su abogado ha asegurado en el Supremo que opta al cargo de president de la Generalitat, por lo que debe quedar libre para poder ejercer su derecho a participar en política.

El alegato de Van Den Eynde se produce en medio de las tensas negociaciones entre ERC y Junts per Catalunya sobre quién debería ocupar el sillón de la Presidencia de Catalunya. Mientras presentaba esos argumentos dentro del Tribunal Supremo, a sus puertas dos diputados de ERC escenificaban las incertidumbres para elegir a un candidato si Carles Puigdemont no puede salir elegido. Esther Capella decía primero que no había alternativa a que el expresident no repitiese, mientras que Gabriel Rufían matizaba después que Junqueras es un posible plan B, dada su condición de número dos de Puigdemont en el Govern cesado.

En cualquier caso, para la Fiscalía no es argumento suficiente que el líder de ERC pueda ser elegido president. “La justicia no es una moneda de cambio” ha respondido el fiscal Javier Zaragoza al alegato de Van Den Eynde. Ya en una nota emitida en la tarde del jueves, la Fiscalía ha insistido en esa posición. “El derecho a la participación política, que le ha permitido ser diputado electo, no supone justificación suficiente para eludir la situación de prisión en la que se encuentra”, señala.

La Fiscalía ha mantenido durante la vista los mismos argumentos que usó para oponerse al recurso de Junqueras. En su opinión, persiste el riesgo de que cometa nuevos delitos porque no ha demostrado un compromiso claro con la legalidad constitucional ni ha hecho de manera explícita una renuncia a al uso de vía ilegales para defender la independencia de Catalunya.

Es más, la Fiscalía ha recordado que consideran que existen “datos objetivos indiciarios suficientes” que sitúan a Junqueras como “promotor e impulsor” de los hechos violentos que se investigan. “Las evidencias documentales que obran en la causa -el documento Enfocats y la agenda del Sr. Jové-, en unión con las diversas manifestaciones públicas realizadas por el recurrente durante el año 2017, muestran que es uno de los organizadores de los hechos investigados en esta causa”, apunta la nota de la Fiscalía.

Van Den Eynde ha hecho referencia al documento Enfocats, uno de los pilares de la investigación, que fue requisado por los agentes al número dos de Junqueras, y lo ha reducido de la “hoja de ruta” que apunta la Guardia Civil y la Fiscalía a un mero documento “teórico”. En su turno de palabra, Junqueras ha dicho desconocer su existencia.

El exvicepresident apenas ha utilizado un par de minutos para su alegato, que ha cerrado la vista. En él ha reiterado, como ya hizo en la Audiencia Nacional, que es “un hombre de paz”, de convicciones religiosas y que apoya el civismo y no la violencia. Ha hecho también una apuesta por el diálogo antes de que los tres jueces que le han escuchado diesen por concluida la vista.

Los magistrados Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde se han reunido durante un tiempo, pero han decidido que continuaran debatiendo este viernes si dejan libre o no a Junqueras, una decisión de la que están pendientes en ERC y Junts Per Catalunya. El antiguo vicepresident, que ahora podría suceder a Puigdemont, tiene en contra la opinión de la Fiscalía y los autos del juez instructor, Pablo Llarena, cuya decisión sobre mantenerle en prisión revisan tres de sus compañeros del Supremo.

Oriol Junqueras ha pedido al Tribunal Supremo salir en libertad porque nunca ha apostado por la violencia como vía para lograr la independencia de Catalunya. “Soy un hombre de paz” y “convicciones religiosas, ha dicho a los magistrados que tendrán que decidir si sigue o no en prisión. Los fiscales Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal han pedido que el exvicepresident de la Generalitat continúe en prisión por riesgo de reiteración delictiva y le han advertido de que la justicia no es ”moneda de cambio“.

Los magistrados Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde componen el tribunal que ha escuchado el alegato de Junqueras y son quienes revisarán la decisión del juez instructor, Pablo Llarena, que decidió mantener en prisión a Junqueras por riesgo de reiteración delictiva, que “no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación”.

Llarena, en el auto que confirmaba su prisión, la de Joaquin Forn y la de los 'Jordis' destacó la intervención y el “dominio” de Junqueras sobre una estrategia que derivó en una “explosión violenta” y que concreta en hechos como la protesta frente a la consellería de Economía con motivo del registro del 29 de septiembre.

El abogado de Junqueras, Andreu Van Den Eynde, ya adelantó los argumentos que iba a exponer durante la vista para intentar lograr la libertad de su cliente. “El programa de ERC confirma que no hay riesgos que justifiquen mantener a Junqueras en prisión”, aseguró en una entrevista con eldiario.es.

Durante la vista, ha insistido en que su defendido tiene que quedar en libertad para que pueda entablar una negociación bilateral con el Estado, según han informado fuentes presentes en el interrogatorio. Ha asegurado que los hechos no constituyen un delito de rebelión y que no hay indicios de la participación de Junqueras en movilizaciones violentas.

Además, ha rebajado la importancia del documento Enfocats, considerado por la Guardia Civil como la hoja de ruta de la independencia, y ha insistido en que la posibilidad de que Junqueras ocupe el cargo de presidente de la Generalitat es un motivo añadido para que salga en libertad, porque tiene derecho a ejercer la participación en política.

Van Den Eynde ha sido el primero en intervenir en la vista, para luego ceder la palabra a los abogados que se adhirieron al recurso -los letrados de Jordi Sánchez y Joan Josep Nuet, y al abogado de VOX, que ejercer la acusación popular.

La Fiscalía insiste en que siga en prisión

La Fiscalía ha tomado la palabra antes de que lo hiciese el propio Junqueras. Han mantenido que debe continuar en prisión porque aún persiste el riesgo de que cometa nuevos delitos, como ya apuntaron en el escrito en el que se oponían a su primer recurso, más aún cuando opta a un nuevo cargo político, el de president de la Generalitat. Además le ha advertido de que la justicia no es “moneda de cambio”.

Zaragoza ha tomado la palabra para responder a la defensa de Junqueras y asegurar que “el pacifismo y el civismo son algo más que buenas palabras”. Estas actitudes, ha remarcado, deben estar respaldadas por hechos y ha recordado sus llamadas a la movilización social para apoyar el proceso independentista. De hecho, le han considerado “promotor” de esas manifestaciones que en ocasiones derivaron en actos violentos.

El exvicepresdent de la Generalitat ha intervenido en último lugar tras dos horas de vista. Apenas ha utilizado un par de minutos para incidir en su condición de “hombre de paz”, de “convicciones religiosas” y que apuesta por el “civismo”. Además, ha insistido en el diálogo con el Estado que había apuntado su abogado.

Junqueras había llegado a las 09.30 horas a los calabozos de la Audiencia Nacional, en un vehículo policial camuflado. Allí ha esperado a ser trasladado a la sede del Supremo, que se encuentra a unos metros. En el exterior, una veintena de personas se concentraba en una protesta menos numerosa a la de otras ocasiones.

Algunos concentrados llevaban bufandas amarillas y pancartas a favor de la libertad de los presos -Junqueras, Joaquim Forn y los dos 'Jordis', que aún siguen en prisión-. En la concentración han participado miembros de ERC, como el vicesecretario general de Coordinación Interna, Isaac Peraire, o los diputados Gabriel Rufián y Ester Capella.

Ciudadanos ha encontrado en la configuración de la Mesa del Parlament catalán una vía para escapar a las criticas de “inmovilismo” y “falta de iniciativa” por parte del PSC y el PP, ante su negativa a dar el primer paso para formar Gobierno pese a que fue la primera fuerza política en las elecciones autonómicas del 21D.

Aunque la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, ha puesto en duda la capacidad de las formaciones independentistas para llegar a un acuerdo de investidura, en la formación naranja son conscientes de que los 70 parlamentarios que suman Junts per Catalunya (34), ERC (32) y la CUP (4) y la falta de apoyo de Catalunya En comú-Podem aboca al fracaso cualquier iniciativa de Ciudadanos para conseguir llegar al Govern.

El partido del Albert Rivera pretende evitar la imagen de su candidata derrotada en el Parlament ante la mayoría independentista y que se evidencie su incapacidad para pactar un Gobierno como logró Mariano Rajoy tras las últimas elecciones generales. En Ciudadanos quieren mantener la idea de que son un partido alternativa al PP y que pueden disputar a la formación conservadora el liderazgo en el espacio del centroderecha en el resto de España.

Con esta premisa, la Mesa del Parlament puede ser un objetivo a conseguir por parte de Ciudadanos, que ya cuenta con el respaldo del PSC y el PP, o que al menos permita mostrar la imagen que necesita el partido de Albert Rivera para demostrar que se ha movido para evitar que la presidencia de la Cámara catalana vuelva a recaer en un diputado independentista.

Los siete puestos del órgano parlamentario se reparten en dos para la formación naranja, dos para Junts per Catalunya, dos para ERC y uno para el PSC. Para lograr que la presidencia recayera en un diputado naranja se tendría que dar la ausencia de al menos cinco de los ocho diputados independentistas que están encarcelados (Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez) o huidos en Bélgica (Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret), lo que dejaría a los independentistas con 65 parlamentarios, y que los ocho diputados de los Comunes dieran su apoyo a Arrimadas a cambio de un puesto en la Mesa.

Si se lograra esta carambola los independentistas empatarían a 65 parlamentarios con los no independentistas. Tras cuatro votaciones, si persiste el empate, Ciudadanos conseguiría la presidencia del Parlament al ser la formación que cuenta con más diputados (36).

“Ciudadanos tiene que presidir el Parlament para evitar que los partidos separatistas repitan las mismas barbaridades y se vuelvan a saltar las leyes. Todo lo que hemos visto en la legislatura pasada ha sido posible porque la presidenta del Parlament [Carme Forcadell] no era la presidenta del Parlament, sino la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana y la delegada de Puigdemont”, señaló Arrimadas en una entrevista en Onda Cero.

Fuentes de los partidos independentistas señalaron que en sus negociaciones para formar Gobierno se ha planteado la posibilidad de que los cuatro exconsellers que acompañan al expresidente Carles Puigdemont en Bruselas podrían verse obligados a renunciar a sus actas como diputados electos para asegurar la mayoría absoluta independentista en el nuevo Parlament, ante votaciones como la de constitución de la Mesa y la de investidura.

En teoría, Catalunya en Comú-Podem se opondrá a que Ciudadanos consiga la presidencia del Parlament, según publicó elnacional.cat, aunque la formación liderada por Xavier Domènech añadió que todavía el partido de Arrimadas ni les ha ofrecido nada ni ha habido un contacto previo para sentarse a negociar.

Catalunya en comú-Podem se convierte en llave

Con la maniobra de Ciudadanos, los comunes se han convertido finalmente en llave como aspiraban en la campaña electoral, aunque de momento, solo para otorgar la presidencia del Parlament a un partido constitucionalista. Sí que está claro que los de Domènech no votarán en ningún caso a Arrimadas como presidenta de la Generalitat.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, admitió este miércoles sus “escasas esperanzas en el éxito de las negociaciones” con los comunes, alegando que “hasta ahora Podemos siempre que puede se pone del lado de los independentistas”. En caso de que las negociaciones no fructifiquen, Ciudadanos utilizará la falta de apoyo de los comunes para acusar a la formación de Pablo Iglesias de servir de apoyo al independentismo.

La carambola a la que aspira Ciudadanos responde a las críticas lanzadas por el PP y el PSC. El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, les recriminó que “el gran problema de Ciudadanos durante su corta historia es que no asume responsabilidades, tiene alergia a gobernar. Ahora no se pueden ocultar en que gobiernan otros o en que ellos solo opinan, ha sido el partido que ha ganado esas elecciones y tiene que tomar su responsabilidad”.

Por su parte, el secretario general del PSC, Miquel Iceta, resaltó que “es necesario recordarles a Ciudadanos también que es una victoria que no servirá para modificar el rumbo de la política catalana, tal como nosotros habíamos advertido. Su falta de iniciativa estos días lo pone especialmente en evidencia”. Iceta rebajó sus críticas en los últimos días y aseguró que “facilitarían” la presidencia del mesa del Parlament para un no independentista.

Oriol Junqueras sabrá mañana antes del mediodía si puede acudir o no a la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña el próximo 17 de enero. Una vez concluida la vista en la que su abogado solicitará la excarcelación, los magistrados tienen dos opciones: guardar silencio hasta el auto o comunicar a la defensa y a Instituciones Penitenciarias el cambio en la situación personal del exvicepresidente catalán una vez hayan deliberado.

El silencio, se muestran convencidas fuentes del Supremo, implicará un resultado negativo para las aspiraciones de Junqueras, quien deberá aguardar a la redacción del auto con el rechazo a su recurso, no antes del día siguiente. Por contra, si tras deliberar deciden poner en libertad al investigado, lo comunicarán de forma inmediata y ya con posterioridad razonarán su decisión por escrito.

Los tres jueces del Supremo no solo podrán valorar si el riesgo de reiteración delictiva marcado por su compañero de la Sala de lo Penal se ha diluido desde que el magistrado instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación decidió prolongar la prisión preventiva de Junqueras el pasado 4 de diciembre. Los magistrados, según fuentes del Alto Tribunal, también pueden establecer que los criterios establecidos por Llarena son o no acertados.

En su auto del 4 de diciembre, Llarena establecía que el peligro de reiteración delictiva que condicionó su decisión de mantener a Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en prisión “va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspiran”, esto es, a la posibilidad de que, entre otros, Junqueras resultara elegido y volviera a tener el poder desde un cargo público para reincidir en los hechos que se le atribuyen indiciariamente.

Además, Llarena afirmaba que ese riesgo de reiteración “no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de reevaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”.

En una entrevista el lunes con eldiario.es, el abogado de Junqueras ubicó en el propio programa electoral de ERC el más poderoso motivo para la excarcelación de su cliente. “El momento político es distinto. Y esto es real, no es artificial ni una situación que diseñemos los abogados. Que Oriol Junqueras sea diputado puede contribuir a que las cosas vayan por la vía escocesa, la vía del pacto y del diálogo”, aseguró el letrado Andreu Van den Eynde.

Para el abogado de la defensa, que haya transcurrido un mes y las circunstancias hayan cambiado supone que el Tribunal Supremo “puede tomar este jueves una decisión que no implique desacreditar ni cuestionar al magistrado instructor Llarena”. Una fuente de la Sala de lo Penal difiere: “La revocación de una decisión de esta naturaleza implicaría una desautorización muy seria”.

Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde constituyen un tribunal de incuestionado prestigio en ámbitos jurídicos. Entre sus compañeros no hay ninguna duda del carácter progresista de Barreiro y de la alineación conservadora de Monterde, expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura y antiguo vocal del CGPJ con el apoyo del PP. Por su parte, Colmenero, quien fue portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, no siempre se ha alineado con el bloque conservador en el que se le ubica, como ocurrió en una decisión tan trascendental sobre la acumulación de condenas a los presos de ETA que habían estado en la cárcel en Francia.

Una próxima declaración

El juez Llarena volverá a tomar las riendas de la situación personal de Junqueras en cuanto el tribunal de apelación haya dictado su auto. Esto implica la posibilidad de que los tres jueces confirmen la decisión que tomó hace un mes el instructor y que éste vuelva a llamar a declarar a Junqueras en un futuro próximo y decrete la libertad. La Fiscalía ya ha solicitado una nueva declaración de los imputados a la luz de los nuevos indicios aportados a la causa, entre ellos un informe de la Guardia Civil sobre la presunta vinculación de cada uno de los investigados en los hechos.

En cualquier caso, los fiscales Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza se opondrán mañana a la petición de libertad del abogado de la defensa alegando que el riesgo de reiteración delictiva no ha desaparecido, al igual que hará la acusación popular, ejercida por Vox. Junqueras, que será conducido en un furgón de la Guardia Civil desde la cárcel de Estremera, está citado a las 10:30 horas. En la vista podrán estar presentes los abogados de todas las partes personadas, incluidos los de todos los investigados.

La creación del tribunal de apelación responde a una demanda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que advirtió a España de que la Sala de Admisión del Supremo no debía encargarse de los recursos durante la instrucción y quedar contaminada a la ahora de convertirse en la Sala de Enjuiciamiento. Desde entonces, tres magistrados por turno de reparto forman un tribunal que se encarga de todos los recursos de apelación que se den durante la instrucción de la causa.

ACTUALIZACIÓN: Junqueras dice en el Supremo que es “un hombre de paz” y la Fiscalía pide que siga en prisión

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Castellanohablante, del cinturón obrero barcelonés e independentista. Es el perfil de Gabriel Rufián, el popular diputado de ERC en el Congreso, y un tipo de votante que el independentismo ha tratado de seducir durante años. Ahora los datos apuntan a los 'rufianes' como principal bolsa de crecimiento independentista en las pasadas elecciones del 21D, unos comicios en los que la participación fue histórica precisamente gracias a la movilización de los feudos anti independentistas. 

En el conjunto de Catalunya, las listas partidarias de la secesión sumaron el 21D 105.000 votos más que en 2015, aunque el aumento de la participación tradujo esos resultados en una pérdida neta de dos décimas en el porcentaje del independentismo. Mientras, los partidarios de que Catalunya siga en España convencieron a 140.000 personas más que en 2015. Además la participación creció más en las zonas que al independentismo se le dan peor.

Ahora bien, si se observa a la distribución territorial de las ganancias y pérdidas de cada bloque, fue el aumento del cinturón barcelonés lo que hizo que el independentismo mantuviera el tipo, ante la bajada de apoyos en los graneros tradicionales del nacionalismo catalán, que se han situado históricamente del interior del territorio, en los barrios más acomodados de Barcelona o en el centro de las grandes ciudades.

En este mapa de ganancias y pérdidas del independentismo en cada sección censal, el cinturón obrero barcelonés, que queda naranja cuando se pinta según el partido ganador, se observa ahora amarillo, pues el independentismo subió en la mayoría de barrios. L'Hospitalet (+1 punto), Santa Coloma (+2 puntos), Badalona (+1,7) o Cornellà (+1,5) tiraron hacia arriba del voto independentista, pese a que en todas estas ciudades la suma de Junts per Cat, ERC y la CUP quedó por debajo del 33%.

Si en el entorno de Barcelona, en el sur y en el entorno de Lleida predominan las flechas amarillas (aumento independentista), en la costa del Maresme, alrededor de Mataró, las azules ganan por goleada, pese a ser esta una zona de tendencia favorable al independentismo y de renta más alta. Lo mismo ocurre a lo largo de la cosa gerundense, y en las comarcas de la Selva y la Garrotxa. 

Así creció el voto independentista en los municipios obreros el 21D

Variación del voto al bloque independentista y no independentista entre 2015 y 2017 en los municipios con más de 50.000 habitantes de Catalunya

Esta es precisamente la tendencia que arroja el análisis geográfico del 21D: los independentistas perdieron fuelle en zonas tradicionalmente nacionalistas para ganar peso en la zona metropolitana. Mientras, los no independentistas, hicieron el camino contrario, rascando más voto en las zonas del interior o en los barrios de más renta y, aunque subieron en el cinturón, lo hicieron en menor medida que los independentistas.

El independentismo creció allí donde en 2015 eras más débil, una tendencia que además ya se había avanzado el 1 de octubre, cuando la inesperada movilización del cinturón impulsó el referéndum del 1-O. En estas elecciones, el bloque independentista creció en las zonas en las que en 2015 no llegó al 40% de los votos, y bajó en las zonas donde entonces superó con comodidad el 45%.

El independentismo subió en los municipios donde era más débil en 2015

Solo incluye los municipios por encima de los 10.000 habitantes

¿Fueron los 'rufianes' los nuevos votantes independentistas? Es difícil de dibujar el perfil de este nuevo votante sin encuestas postelectorales. Pero los datos geográficos (ecológicos, según el término en ciencias políticas) sí apuntan hacia un perfil sociológico similar al del diputado de ERC en el Congreso. El independentismo subió más en aquellas poblaciones que tienen más votantes nacidos fuera de Catalunya, y también en las que hay más personas sin el graduado escolar.

Más débil es la correlación entre renta y aumento de voto independentista. Parece claro que los municipios de rentas muy altas (más de 39.000 euros anuales), como Sant Cugat, Sant Just Desvern, Sitges o Sant Andreu de Llavaneres, la bajada fue muy pronunciada, de en torno a 2,5 puntos. Esta tendencia es imputable al discurso sobre las malas perspectivas económicas que traería la independencia de Catalunya, muy presente durante la campaña.

Por contra, el independentismo se disparó más de dos puntos (y hasta 4) en poblaciones de rentas muy bajas (menos de 23.000 euros), como Badia del Vallès, Santa Coloma de Gramenet o La Llagosta. También en las localidades menos boyantes de Catalunya, en torno al Ebro, como Amposta, Deltebre o Sant Carles de la Ràpita, que coincide con la zona que vivió una de las intervenciones más duras de la policía en el referéndum del 1-O.

Barcelona: más pobre, más independentista

Hoy, Barcelona es menos independentista que en 2015. En comparación, JxCat, ERC y CUP sacaron 1,5 puntos menos que en los comicios del 27-S. Por secciones censales, el mapa de variaciones en la ciudad condal coincide prácticamente con un mapa de la renta media en Barcelona: los independentistas suben en los barrios y zonas más humildes mientras que pierden votos en sus feudos tradicionales.

En Sarrià, principal base de los votantes de JuntsXCat, el independentismo perdió voto en todas las secciones censales

Sabadell y Terrassa: centro vs. periferia

En las dos capitales del Vallès Occidental, que como la mayoría del cinturón de Barcelona han votado siempre más a los partidos no independentistas, la brecha respecto al 27-S se abre entre el centro y las periferias. Mientras los barrios periféricos de ambas ciudades votaron más independentista que en 2015, el centro optó más por las opciones constitucionalistas.

Lleida: mayoría del independentismo

Aunque la provincia de Lleida ha sido uno de los mayores caladeros de votos de los partidos independentistas, la capital de la provincia se les resistió en las anteriores elecciones de 2015. En el 21D, gracias a nuevos votantes de todas las zonas de la ciudad, los partidos independentistas alcanzaron la mayoría de votos en la capital provincial.

Girona: el independentismo pierde voto en casa

El voto independentista pierde fuelle en la casa de Puigdemont, Girona, donde fue alcalde desde 2011 hasta que fue nombrado presidente de la Generalitat en 2016. En la capital provincial, el independentismo perdió votos respecto a 2015 en casi todas las secciones censales. A pesar de esta caída, JuntsXCat, ERC y CUP todavía suman más del 60% de los votos en el municipio.

El Partido Popular está sufriendo las consecuencias de los malos resultados que cosechó la formación en las elecciones catalanas del 21D. El viernes pasado, un día después de los comicios, Juan Arza presentó su dimisión como Secretario de Estudios del PP catalán. Arza, un miembro crítico con la actuación de Génova y de su partido, ha asegurado que “la sociedad” les “exige una renovación urgente”. El mismo ha hecho pública su decisión a través de un mensaje de Twitter.

La dimisión de Arza se produce en plena crisis del Partido Popular de Catalunya (PPC). Tras las elecciones, han sido varios los dirigentes populares –de ámbito nacional y autonómico– que han manifestado la necesidad de reflexionar sobre los resultados del 21D. Este martes, Fernando Martínez Maillo ha reconocido que su partido ha cosechado “un mal” resultado en esos comicios y ha añadido que ahora tienen que hacer una “reflexión profunda de lápiz fino, viendo realmente lo que ha sucedido”. Aun así, ha eximido a Mariano Rajoy de repsonsabilidad alguna.

En la misma línea, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, afirmó que su partido debe hacer una reflexión “profunda, sincera y humilde” sobre cuál debe ser la estrategia de futuro a seguir a partir de ahora. La diputada catalana reconoció que “no son buenos” los cuatro escaños logrados por el PP en las elecciones catalanas, aunque al ser preguntada por la continuidad del candidato, Xavi García Albiol, dijo que “no es el momento de las decisiones personales”.

El propio Albiol habló abiertamente de que el PPC, formación que él preside, está en una situación “muy delicada” y que se encuentra “muy tocado”. Sin embargo, subrayó que ahora es momento de “reflexionar” y “tomar las decisiones que sean en el momento adecuado”. Por eso, ha rechazado dimitir en este momento porque “lo que toca es seguir dando la cara”. “Para mí lo más fácil o lo más cómodo sería dimitir. Me parece que en estos momentos si yo dimito, me estaría seguramente favoreciendo a título personal”, añadió.

Albiol ha obtenido los peores resultados en unos comicios regionales con solo cuatro escaños frente a los 11 diputados autonómicos que consiguieron en la cita electoral de 2015. La estrategia para intervenir la autonomía de Catalunya con el artículo 155 de la Constitución ha supuesto que el PP pierda la mitad de los votos que consiguió en las pasadas elecciones. Sin embargo, el partido ha optado por apuntar a Ciudadanos como responsable de la debacle, por la apelación al voto útil del partido de Inés Arrimadas.

El Partido Popular tendrá representación en Tarragona después de recuperar el escaño que perdió por sólo 12 puntos respeto a Ciudadanos. El cabeza de listaen la demarcación, Alejandro Fernández, consigue así el cuarto escaño en el Parlament para el PP. Por su parte, Fernando Pecino es el candidato de Ciudadanos que ha perdido su escaño.

Desde primera hora de la mañana se han venido realizando los recuentos del voto exterior en cada junta electoral. Tarragona y Barcelona eran las circunscripciones que más pendientes tenían a los partidos. La cuenta oficial de la Asamblea Nacional Catalana que se ha encargado de promocionar el voto exterior avanzaba este sábado que Junts per Catalunya estaba a 4.549 votos de sacarle un escaño a Ciutadans en Tarragona y el Partido Popular a 12, una cifra más fácil de lograr. Además, en Barcelona la CUP, que finalmente ha subido de un 4,5% a un 6% de representación, estaba a 1.522 votos de lograr otro escaño en detrimiento de C's. Finalmente la candidatura de la izquierda independentista no lo ha logrado.

En Tarragona, en cambio, donde han votado 2.419 personas sobre un censo de 17.095 (sólo un 14,15%) el PP sí ha aconseguido finalmente el escaño que perdió. No obstante, sigue sin poder constituir grupo parlamentario propio al no llegar a los 5 parlamentarios mínimos necesarios.

Junts per Catalunya, el partido más votado desde el exterior

Los catalanes que residen en el exterior han votado en un 26,75% a la candidatura de JuntsxCat dándole 7.227 votos. ERC ha logrado sumar 5.860 votos, lo que representa el 21,66%. Cs la sigue de cerca con 5.738, un 21,21%del total. El PSC ha obtenido 2.875 votos (un 10,63%) CatCom 2.263 (8,37%), CUP ha logrado 1.560 (5,77%) y el PP, en último lugar, 1.211 (4,48%).

Las cifras del voto exterior indican que el voto independentista representa el 54,15%.

Las resultados por circumscripción han sido publicados por la Federación Internacional de Entidades Catalanes (FIEC). En su cuenta de twitter han publicado fotografías de las actas de escrutinio para la votación de los residentes absentes en el extranjero.

Aunque el Partido Popular haya logrado este escaño, Ciutadans ha sido la fuerza política más votada de la circunscripción con 606 votos seguidos de JxCat con 539 y ERC con 521 votos. El PSC habría logrado 247, el PP 163, Catalunya en Comú 161 y la CUP 128.

En Barcelona han votado 20.242 personas sobre un censo de 175.095, sólo el 11.56%. “JxCat los más votados (5.216) seguidos de Cs (4.377), ERC (4.204), PSC (2.223), CatComu (1.870), CUP (1.177) y PP (815)”.

En Girona han sido 2.636 las personas que han votado de un total de 21.573 (el 12,21%). JxCat han sido los más votados con 864 votos seguidos de ERC con 570. Cs ha logrado 453, el PSC 228, el PP 170, la CUP 167 y CatCom, 136.

Lleida, por su parte, ha registrado 1.932 votantes sobre 16.052 (el 12,03%). JxCat ha logrado 608 votos, ERC 565, Cs 302, PSC 177, CatCom 97, CUP 88 y PP (63).

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, espera que la crisis catalana no afecte a la agenda canarias en las Cortes Generales y apela a la importancia de evitar que la tramitación de los nuevos aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la reforma del Estatuto, que incluye el sistema electoral, se vean distorsionados o nuevamente frenados ante el complejo escenario político e institucional en la comunidad catalana y estatal.

Rodríguez reconoció cierta “inquietud” ante la posibilidad de que las consecuencias del 21D puedan afectar al desarrollo y el cumplimiento de la agenda canaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

De igual modo, recordó que el pasado 13 de diciembre la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconocieron, en una reunión con NC, que el retraso con el nuevo REF económico se debió, en gran medida, a la necesidad de priorizar la situación en Cataluña.

El líder de los nacionalistas de izquierdas observó que los resultados electorales del pasado jueves son, “tan o más, complejos de gestionar” por parte de las instituciones catalanas y del Gobierno estatal, lo que hace prever al presidente de NC que las exigencias y responsabilidades de la situación puedan volver a ralentizar la agenda canaria en las Cortes Generales.

En especial, Rodríguez se refirió a la aprobación del nuevo REF económico, la primera actualización en 24 años de una norma “fundamental para la vida diaria de los canarios” desde el punto de vista social y económico.

“Sería poco razonable que Canarias se viera perjudicada por causas ajenas a sus propias responsabilidades”, advirtió el presidente de NC.

REFORMA ESTATUTARIA

Con la misma preocupación se refirió con respecto a los trabajos de la recién creada ponencia para la reforma estatutaria. Un texto remitido por el Parlamento de Canarias al Congreso en abril de 2015 y que, como incidió Rodríguez, llevaba largo tiempo encallado en la Cámara Baja por sucesivas elecciones generales y, en los últimos 11 meses, por ampliaciones de plazos para la presentación de enmiendas al texto.

“La necesidad de que Canarias disponga del máximo nivel de autogobierno permitido por la Constitución exige que se hagan todos los esfuerzos necesarios para evitar otro intento fallido como el de 2007, cuando el Legislativo canario retiró la reforma estatuaria del Congreso de los Diputados para evitar la reforma electoral”, comentó.

Escribir tiene que ver con el cuidado de la forma y la profundidad del fondo, pero también con el adecuado continente para ambos. No se si les he contado alguna vez que, a pesar de ser mi vocación inicial la de novelista, tras muchos años en el periodismo me costó mucho decidirme a escribir ficción. Algo me bloqueaba. Una especie de fuerza profunda que me hacía sentir un enorme malestar si lo que se vertía sobre el papel era inventado. Lastres de periodista. De modo que en las informaciones se escribe la realidad contrastada y se busca la verdad con las armas del periodismo y en las opiniones se escribe con honestidad la valoración que uno hace de las cosas. Y cuando uno se lanza en brazos de la novela, entonces ficciona. No conviene sacar las cosas de su lugar. Nunca. Ni escribir opinión en las informaciones ni emboscar reportajes como obras de ficción. Hacerlo es un error y una estafa a los lectores. Me darán la razón. Pero ¿qué es entonces escribir periodismo en un papel timbrado? ¿Qué sucede si un relato periodístico, una crónica política, se introduce en un proceso judicial bajo la forma de un texto legal o criminal? Eso ha vuelto a suceder.

Si el Lazarillo, el Buscón y Molly Flanders forman parte del género picaresco, el último informe presentado por la Guardia Civil al juez Llarena inaugura el género picolesco, que es una crónica política revestida de formato policial. Aquí no se trata de estafar al lector, que es técnico y avispado, sino que se busca dar soporte a una acción jurídica que pretende describir como delictivo lo que a priori no lo era. Abracadabra. El informe 2017-101743-00000112 que tiene como objetivo “la investigación de los hechos relacionados con la DUI” es una pieza fuera de todo encaje. Pudiera suceder que los que lo han realizado, estén inaugurando un nuevo género que no sería ya el periodístico judicial sino, muy por el contrario, el judicial periodístico en el que se abre un amplio campo inexplorado y demasiado peligroso.

Los llamados investigadores han recopilado todos los documentos públicos y conocidos sobre el llamado procès. Lo que compilan ha sido publicado y reflejado en los medios de comunicación durante años. Eso sí, lo salpimentan con ese lenguaje vanamente florido de los atestados, añadiendo de su cosecha algunos verbos y palabras que permiten crear la atmósfera precisa para el fantasmal delito de rebelión. Así afirman que “la estrategia de Junts per Si giró con virulencia y quizá por las presiones de la CUP, socio imprescindible”. ¡Pero qué me cuentan! ¡Cómo han llegado a descubrir este arcano! Ni una tarde googleando lleva encontrar el material que contiene el informe aunque, eso sí, al salpimentarlo con el “virulento” giro, es decir, “que es violento y agresivo”, introducen un elemento digamos de estilo que les vendrá muy bien para atender al objetivo final: demostrar que hay rebelión porque hay alzamiento violento.

El argumento es fabuloso. Descubren tras mucho trabajo indagatorio, supongo, que “determinadas decisiones políticas no se habrían adoptado sin el respaldo de las movilizaciones” pero eso, señores, no es todo. ¡Que va! Miren que  “la movilización social no habría alcanzado los niveles actuales si los partidos independentistas no hubieran asumido las esferas de los poderes legislativo y ejecutivo”. ¡Las esferas! ¿Se dan cuenta? ¡Ganaron las elecciones y tomaron posesión! Todo eso está escrito en papel oficial y presentado en el Tribunal Supremo. No es broma. Con la apariencia de un informe que analiza comportamientos delictivos se presenta un resumen, peor redactado que el de cualquier medio, de circunstancias y hechos que no sólo hemos vivido en directo sino que han sido analizadas por columnistas y analistas desde hace años. Los documentos incautados inciden en lo mismo. Las misteriosas agendas contienen un compendio de lo que muchos compañeros llevan años publicando. Nadie se olió que se estaban cometiendo ilícitos penales. Nadie. Ni los delegados del Gobierno que autorizaban esas masivas Diadas que ahora se quieren criminalizar.

No se yo por qué, acostumbrada a leer instrucciones e investigaciones, pensaba que los criminales solían ocultar su modo de operar y sus motivaciones que sólo las intervenciones, escuchas y otras diligencias acaban por mostrar a los ojos del instructor. No es este el caso. Fueron muy listos. Delinquieron a ojos de todos, sin que nadie reparara en que delinquían. Hemos asistido a una rebelión en fascículos y diferida en la que toda la violencia de años se concentró en los daños cometidos en unos coches policiales. ¿Se dan cuenta qué listos son estos rebeldes? Cometen una rebelión violenta pero lo hacen sin violencia para disimular y que no nos demos cuenta.

El género no es nuevo. Siento defraudar a los autores. Por contra, hace años que se practica y la Guardia Civil ha debido adquirir cierta destreza en él. La cosa empezó con la lucha contra ETA y fue especialmente aplaudida por el justiciero juez Garzón. Él fue el diseñador del sellado de las zonas de impunidad. Los círculos. Los asesinos. Los que les arropaban. Los que les subvencionaban. Los políticos que les apoyaban. Los que simpatizaban. Los que pensaban lo mismo. Los que bailaban un aurresku. Todo es ETA. Yo he visto a jueces dar puñetazos sobre la mesa indignados por algún paso de los informes policiales al género novelesco. Todos hemos visto como décadas después se anulaban las extensiones de la criminalización a medios periodísticos por expresar ideas independentistas (como Gara o Egunkaria). No, no es nuevo que la Guardia Civil escriba de más y, desgraciadamente, tampoco lo es que algunos jueces recorten y peguen de tales informes y tiren millas hasta llegar a algún lugar donde el despropósito se frena.

La confusión, voluntaria o no, entre las ideas políticas y las reivindicaciones lícitas que no gustan y el crimen organizado da mucho miedo. Mucho. Que el procès era ilegal ya lo determinó el TC anulando sus formas de apariencia jurídica. Que además de ilegal sea criminal es algo que se está gestando con demasiada soltura argumental.

No hay duda de que la Guardia Civil debe investigar el origen del dinero que pudo ser malversado, su destino, y que busque pruebas de todo ello. Lo de construir un grupo criminal con la crónica política catalana de los últimos años se escapa de lo democráticamente deseable. Da miedo. Mucho.

Y la realidad también se la da a muchos. Si se estima que estos hechos no violentos que llevaron a una falsa DUI deberían ser delictivos, sólo hay que legislar y tipificarlos para ulteriores ocasiones. Lo demás es retorcer los tipos penales para lo que no fueron hechos y eso está en las antípodas de cualquier Justicia.

Las elecciones del 21 de diciembre tienen un doble análisis para los comunes que lidera Xavier Domènech. La obvia, la inmediata, es la constatación de un fracaso. Catalunya en Comú-Podem ha naufragado, como antes lo hicieron otros, en la tormenta perfecta del processisme. Sus resultados son malos y, salvo implosión del bloque independentista, su papel en la futura gobernabilidad de Catalunya será irrelevante. El reverso de esta visión es que podrán mantener un perfil bajo en el Parlament y centrarse en la construcción de un proyecto político que mantiene un hilo con el pasado de las distintas partes que lo componen pero que, casi de forma imperceptible incluso para ellos, ha mutado.

Los comunes llegaron tarde a la campaña del 21D. Les pilló, como a todos, a contrapié. Pero, a diferencia de otros, su relato estaba sin construir y sufrieron, sin poder intervenir, la tumultuosa quiebra que sufrió Catalunya Sí que es POT, su precedente formal, que no político.

En la candidatura de 2015 participaban los mismos partidos, pero ni la ICV ni, sobre todo, el Podem de entonces son la ICV y el Podem de hoy. El mando del nuevo proyecto lo ha cogido Barcelona en Comú, bajo el manto de la alcaldesa Ada Colau y con un liderazgo incuestionado, el de Xavier Domènech.

Catalunya en Comú no comenzó a caminar hasta abril de este mismo 2017. El proyecto debía cocinarse a fuego lento. Establecerse en los territorios. Ganar espacio comarca a comarca, pueblo a pueblo y barrio a barrio. Engordar por abajo para llegar a las elecciones autonómicas con la capacidad de influir en el marco discursivo de la campaña. Pero la velocidad histórica del procés aceleró y en unos meses todo se precipitó. A la vuelta del verano se toparon con una deriva que, como en 2015, les dejaba fuera de fuego. 

Frente al discurso social, los porcentajes del paro, los colegios hechos de barracones y la pobreza infantil se impuso la emocionalidad de la independencia, la declaración (simbólica, pero potente) de una República catalana. Los encarcelamientos. El 155. La intervención del autogobierno. Y el exilio de la mitad del Govern, con el president a la cabeza.

Sembrar hoy el votante de mañana

El paralelismo con 2015 es inevitable. Y, como entonces, los estrategas del partido confían en haber conquistado a un buen número de votantes que el 21D se vio atrapado en la emocionalidad de la “excepcionalidad” promovida por el Gobierno del PP con el respaldo de Ciudadanos y el PSOE. Una excepcionalidad que, según han reiterado en campaña, es también responsabilidad del unilateralismo de ERC, PDeCAT y CUP.

Esa posición intermedia, “equidistante” para algunos dentro y fuera del partido, les ha dejado al  albur de un relato que colocaba a los comunes como valedores del bloque independentista y, cinco minutos después, como promotores de la aplicación del artículo 155 en Catalunya. 

En realidad, sostienen tanto líderes como cuadros, simplemente era imposible hacer nada más en este momento. El zarandeo de unos y otros acogotó en el inicio de campaña a los comunes, que solo cogieron fuerza en la segunda semana, cuando Ada Colau abandonó su calculada semiausencia y cuando Domènech y demás protavoces perdieron dejaron de tener miedo a la reacción que sus mensajes generaban en redes sociales tanto entre los indepes como entre los “unionistas”.

En el documental sobre Podemos de Fernando León de Aranoa el cineasta se detiene en aquellas elecciones del 27 se septiembre de 2015. La noche electoral es un fiasco. Carolina Bescansa, por entonces dirigente del partido y responsable de análisis electoral, asegura: “Hoy no nos ha votado gente que nos votará en diciembre”, en sus primeras generales.

Fue así. El 20D, los comunes ganaron en Catalunya. Y el 26J. 

Dos años después, hay una sensación similar. El convencimiento de que el procés no puede copar constantemente la actualidad política permite albergar la esperanza de que vendrán tiempos mejores. El partido, mientras tanto, debe comenzar un doble trabajo que hasta ahora no se ha hecho.

Primero, crecer en el territorio. Implantarse. Salir de Barcelona y su área metropolitana. Su feudo y donde este 21D han logrado casi todos sus votos. Es un labor lenta y complicada en un país con sobreabundancia de partidos políticos se mida sobre el eje que se mida.

Segundo, aprender. El equipo de Catalunya en Comú es joven y en ciertos aspectos conserva las dinámicas partidistas de las clásicas coaliciones de partidos. Si el liderazgo de Xavier Domènech consigue superar finalmente este escollo, los comunes tendrán una oportunidad. Las elecciones municipales de 2019, con la Alcaldía de Barcelona como principal baluarte, son fundamentales. Quedan 18 meses.

No hubo acto de contrición ni autocrítica en la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de este viernes para valorar los resultados electorales que han devuelto a los independentistas catalanes la mayoría absoluta. Solo hubo un acto de fe en la ley como respuesta repetitiva del Ejecutivo al procés independentista.

El enroque de Rajoy coloca de nuevo el problema de Catalunya en la casilla de salida pero con consecuencias agravadas. Fuentes del Partido Popular admiten que las elecciones catalanas del 21D han nublado el horizonte político del Ejecutivo Rajoy en cuatro frentes: europeo, económico, territorial y político.

La Comisión Europea en boca de su portavoz, Alexanndre Winterstein, señaló que su “posición sobre la cuestión catalana es bien conocida y ha sido reiterada con regularidad, a todos los niveles. Y no va a cambiar. Tratándose de unas elecciones regionales, no tenemos comentarios que hacer”. El beneplácito de Europa es fundamental para que el Gobierno tenga respaldo para responder con contundencia política al independentismo, pero en el PP temen que en la guerra diplomática con los independentistas sea casi imposible explicar en Bruselas que Carles Puigdemont no puede ser investido como president de la Generalitat por su situación procesal tras la aplicación del 155.

En el entorno del Gobierno se espera que los independentistas tengan dificultades para formar gobierno ante las exigencias de la CUP y la situación judicial de algunos candidatos. Fuentes de Moncloa recordaron que “los partidos independentistas sabían perfectamente a quién colocaban en las listas y los problemas a los que se enfrentaban en los tribunales”.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, apuntó que “no iba a entender nadie ni en Catalunya ni en Europa que tras haber sido elegidos democráticamente, incluso en un proceso que ha convocado el Gobierno español, luego no sea respetada esa elección”. La puntualización de Esteban no es gratuita y afecta a un punto vital para el Ejecutivo de Rajoy: el frente económico.

“Ralentización del crecimiento”

En el Partido Popular apuntaron al difícil panorama económico que se presenta para consolidar el crecimiento económico en España los independentistas en la Generalitat. Los populares argumentan que la “huida de empresas” y la “ralentización del crecimiento” son hechos probados de las consecuencias del procés. Si uno de los ejes de gestión para Rajoy era la recuperación económica y la consolidación del empleo, los independentistas enturbiarán esta apuesta política. El propio Rajoy admitió que el objetivo de crecer al 3% en 2018 y crear 400.000 puestos de trabajo quedaba en entredicho si los independentistas llegaban al Govern.

En este punto vuelven los nacionalistas vascos. La intención de empezar las negociaciones de los Presupuestos de 2018 en enero, como priorizó Rajoy entre los objetivos políticos inmediatos, se puede ver frustrado ante la negativa del PNV a sentarse en la mesa si los dirigentes independentistas siguen encarcelados o no pueden ser investidos. Sin unas nuevas cuentas publicas, la consolidación del crecimiento se ralentizará.

El nuevo Govern va a desestabilizar también el debate territorial que Rajoy había conseguido acotar en el terrenos del modelo de financiación autonómica y en la comisión inane que los socialistas han puesto en marcha en el Congreso. El presidente ya avisó este viernes que no admitiría una reforma constitucional para “anular la soberanía nacional”.

Varios barones del PP añadieron que los independentistas se negarán a acudir a la Conferencia de presidentes autonómicos o a participar en las reuniones para estudiar el futuro sistema de cuentas autonómico como hizo Puigdemont en aras de mantener una relación bilateral Generalitat-Estado. “Van a ser una fuente de desestabilización en un momento importante para establecer el modelo territorial y de financiación del futuro”, apuntaba un dirigente regional del PP al término del recuento electoral.

“Ciudadanos: única posibilidad”

Finalmente, los resultados de las elecciones catalanas tendrán un efecto político en la formación conservadora. Aunque como es habitual en el Comité Ejecutivo Nacional que tuvo lugar el viernes nadie alzó la voz para mostrar su opinión ante la debacle del PP y la victoria de Ciudadanos, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y eterno delfín en la sucesión de Rajoy, mostró su disconformidad ante los periodistas con una frase demoledora que escenifica las debilidades del PP en Catalunya: “Los catalanes sabían que la única posibilidad de que hubiese un gobierno presidido por un partido constitucionalista era votar a Ciudadanos”.

El presidente del Gobierno trató de rebajar el impacto al señalar que “el PP es fuerte, no se inventó hace un cuarto de hora. Estamos en política desde que la democracia volvió en 1977. Sabemos lo que es ganar y perder. Estas han sido unas elecciones autonómicas en Catalunya, donde se ha dado la concentración del voto en una fuerza política que era el primer partido de la oposición, pero no tiene nada que ver con lo que pasó en las elecciones gallegas, por ejemplo. En las últimas elecciones generales Podemos quedó el primero en Catalunya y ahora han tenido un mal resultado. No son situaciones extrapolables”.

A pesar de las palabras de Rajoy, la posibilidad de que haya un reflejo de estos resultados en las elecciones municipales y autonómicas de 2019 está presente entre los barones regionales populares, que ha visto como la formación de Albert Rivera se convierte en una alternativa real al Partido Popular.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución fue la respuesta de Rajoy ante las  acusaciones de inmovilismo en Catalunya. Los resultados electorales en Catalunya deberían obligar a Rajoy a moverse en otra dirección tras el fracaso de su estrategia. De momento, ha vuelto a la casilla de salida del “imperio de la ley”.

Sin un ápice de autocrítica, pero apelando al diálogo bajo el imperio de la Ley, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido este viernes en Moncloa, para explicar su visión del futuro político de Catalunya y los malos resultados de su partido. Arropado por la mayoría de sus ministros, ha descartado un adelanto de elecciones generales y ha reivindicado la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución para restituir la legalidad en Catalunya.

Las elecciones del 155 han dejado las cosas prácticamente como estaban en Catalunya: con una mayoría parlamentaria independentistas. Y, además, han dejado dos pésimas noticias para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: su partido, el PP, se ha desplomado hasta los tres escaños; mientras que Ciudadanos ha ganado con 37.

“Yo soy el presidente del Gobierno de España y de los ciudadanos de Catalunya y haré el esfuerzo de dialogar pero también de que la ley se cumpla. Espero que haya un Gobierno que no se sitúe encima de la ley. No aceptaré que nadie se salte la ley, la Constitución ni el Estatuto de Catalunya”, ha afirmado.

Rajoy también ha afirmado que “se abre una nueva etapa, que se base en el diálogo y no en el enfrentamiento; en la pluralidad y no unilateralidad. El Gobierno de España ofrece diálogo constructivo y realista al Gobierno que se constituya en Catalunya”.

Esta oferta de diálogo tendrá que esperar en el caso del destituido president de la Generalitat, Carles Puigdemont. El presidente del Gobierno no ha querido responder a la oferta de diálogo que le ha lanzado Puigdemont para reunirse en un país europeo que no fuera España. “Con quien tendría que sentarme es con quien ha ganado las elecciones, la señora Inés Arrimadas”, ha respondido.

Rajoy ha recordado la situación procesal de Puigdemont para poner en duda una posible reunión con el expresident. “Tendré que hablar con la persona que recoja su acta, tome posesión del escaño, se presente para ser elegido president y sea elegido”.

A pesar de que los planes del Ejecutivo no se han cumplido con la victoria del bloque constitucionalista en los comicios catalanes, Rajoy ha querido revertir la situación asegurando que “estas elecciones se han celebrado, como deben ser, dentro de la ley y con todas las garantías electorales precisas, la jornada se desarrolló con normalidad y tranquilidad. La alta participación es reflejo de la respuesta cívica de los ciudadanos de Catalunya ante la situación existente”.

En cuanto a los resultados, el presidente del Gobierno ha reconocido que felicitó a Inés Arrimadas y a Albert Rivera y ha definido como un fallo conjunto del bloque constitucionalista los pésimos resultados del PP, que solo obtuvo tres escaños: “Lo negativo es que quienes queríamos el cambio no hemos logrado los resultados esperados. Los independentistas siguen perdiendo apoyos, aunque menos de lo que nos gustaría, tanto en escaños como en porcentaje de votos”.

“Lo que dejan claro los resultados electorales”, ha proseguido, “es que nadie puede hablar en nombre de Catalunya, porque es plural, lo cual es una virtud y riqueza. Todos debemos respetarla y cuidarla. También es evidente que la fractura y radicalidad generada es muy grande, y la reconciliación debe venir de la mano de la ley y el respeto a mayorías y minorías. Los partidos catalanes tienen que ofrecer la gobernabilidad, y el Gobierno resultante estará sometido al imperio de la ley. Además, sin respeto a las leyes, no será posible generar seguridad y certidumbre, ni volverán las empresas ni las inversiones”.

Rajoy ha defendido la aplicación del artículo 155, “con el apoyo de las principales fuerzas políticas y el de Europa, y que se convocaran elecciones para restablecer la legalidad”. Ante las críticas del sector más duro de la derecha que le atribuye el error de la convocatoria electoral y la necesidad de intervenir la autonomía catalana durante más tiempo, el presidente ha esgrimido que “la excepcionalidad en democracia tiene que ser muy breve. Lo que hicimos era razonable y había un apoyo muy mayoritario a la posición del Gobierno por parte la mayoría de la oposición ”.

“Sobre la reforma de la Constitución, tengo la misma opinión: tiene que saberse para qué, cuáles son los objetivos y las medidas. Y si alguien lo quiere para suprimir la unidad nacional o la soberanía nacional, con el presidente de España no puede contar”, ha zanjado.

El presidente ha dicho que, pese a las presiones que va a tener en las próximas semanas, no va a convocar elecciones generales y que pretende acabar la legislatura. “Con lo que tiene España encima, lo que nos faltaba es convocar elecciones generales. Intentaré que la legislatura acabe cuando toca, a mitad del año 2020”, ha reiterado Rajoy.

Amplia valoración la que ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre las elecciones en Catalunya que se celebraron en la jornada de ayer. En varias ocasiones ha repetido que el resultado de los comicios, que da mayoría al bloque de partidos independentistas para formar gobierno, no da “patente a nadie” para “saltarse el marco constitucional ni el estado de Derecho”. Al contrario, ha recalcado que si hubo jornada electoral  “no fue por la valentía” del expresidente Carles Puigdemont  -que “no se atrevió y no quiso”- sino porque existe un marco democrático. Por eso, le ha pedido ahora que sea “coherente” tanto con la Constitución como el propio Estatuto catalán.

Para el presidente castellano-manchego no ha sido una sorpresa el resultado de los partidos que abogan por la independencia y ha dicho respetar esa “mezcla extraña” de formaciones políticas en torno a ese concepto, pero ha reiterado que los resultados “no permiten considerar la ruptura de la Constitución”.

“No es una opción, ni lo era antes ni lo es después (…) Están claras las consecuencias de intentarlo”. Así, ha avisado que quienes estén pensando en un “forcejeo”, deben recordar que “ya han visto el precipicio” y que tras los comicios debería alcanzarse “una solución sensata y razonable entre todos”.

También ha querido destacar el hecho de que, desde el punto de vista tanto del voto directo como de los porcentajes, en Catalunya existe una sociedad “fracturada”, si bien ha interpretado que en votos directos “fueron más los que votaron por la Constitución”. Y al hilo de ello ha querido felicitar tanto a Inés Arrimadas como a Albert Rivera por sus resultados: “Es una lección de muchas cosas y obliga a todos los partidos a reflexionar”. Dicho esto, ha mostrado su apoyo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para que “se sienta con todas las fuerzas del mundo” frente una situación “entrampada que va a requerir mucho sentido común”.

Además, García-Page ha resaltado que Castilla-La Mancha “ayudará y empujará” en la dirección de fortalecer las instituciones constitucionales en la gestión de los resultados electorales.

“Represento los derechos de dos millones de ciudadanos que no pueden verse perjudicados por las intenciones de otros ciudadanos de España. Seremos una parte más del Estado que juega a favor de la lealtad constitucional dentro del marco español y europeo”, ha apostillado, concluyendo con un llamamiento a la “serenidad” y a la “firmeza” tanto para aplicar la ley como para dialogar. “Tanto el Gobierno de España como las instituciones democráticas y los jueces tienen en Castilla-La Mancha un apoyo sincero y leal. No puede ser de otra manera”.