El caso Montoro seguirá en Tarragona por ahora. La Audiencia de Tarragona ha rechazado resolver los recursos de las defensas de los investigados que reclamaban que el caso se instruyera desde un juzgado de Madrid, si bien ha advertido que cualquier decisión sobre la competencia (qué juez debe quedarse con la causa) corresponde al Tribunal Supremo.

Así lo indican los magistrados en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que declaran su “falta de competencia funcional” para resolver la petición de las defensas. Varios investigados del despacho del exministro, Equipo Económico, presentaron una batería de recursos ante el juez que lleva ocho años investigando los pagos de empresas gasísticas el bufete a cambio de una regulación favorable.

Como parte de estos recursos todavía están pendientes de resolver por parte del juez instructor del caso, la instancia superior acuerda “abstenerse de resolver la cuestión de competencia planteada” planteada por las defensas.

Sin embargo, los jueces de la instancia superior añaden que el camino para resolver la cuestión no pasa por Tarragona, sino por la plaza Villa de París de la capital de España, sede del Tribunal Supremo: cuando la “controversia” por la competencia de un caso afecta a dos juzgados de distintas comunidades autónomas (Tarragona y Madrid, en el caso Montoro), el órgano encargado de dirimirla no es “ni siquiera”, remarcan los magistrados, el TSJ catalán, sino el Supremo.

Las defensas del caso tenían las expectativas puestas en que este septiembre la Audiencia de Tarragona les diera la razón y el caso Montoro viajara a Madrid. Pero la incertidumbre se prolongará todavía más, hasta que el Supremo tome la decisión definitiva.

Se trata de un nuevo parón en una causa que acumula ya ocho años de instrucción desde un pequeño juzgado tarraconense que comanda el magistrado Rubén Rus, y que ahora tiene enfrente a algunos de los abogados más cotizados de Madrid que representan al exministro y a sus antiguos colaboradores en Hacienda y Equipo Económico.

En su recurso, Equipo Económico reclama que la causa la investigue un juzgado de la capital de España porque es allí donde radica la sede del Ministerio de Hacienda, epicentro de los cambios regulatorios foco de la investigación, y porque “se deriva” que en Madrid se produjeron las reuniones entre los miembros del bufete y los representantes de las gasistas.

El exministro y otros investigados, tanto de su despacho como de las gasistas, se adhirieron a la petición de Equipo Económica y cargaron contra el argumento del juez para mantener la causa en Tarragona: el hallazgo del correo con el que empezó el caso Montoro en el registro de las oficinas en la capital tarraconense de una de las gasistas en el marco de otra causa.

La Fiscalía Anticorrupción también apoya que el caso siga en Tarragona. El caso ha estado marcado por el enfrentamiento entre el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y su subordinada en la causa, Carmen García Cerdá. Tal y como informó este diario, Luzón logró anular escuchas y que no se volcara el correo del exministro, impidiendo que el caso se extendiera al uso que Montoro hizo de información tributaria de enemigos personales y adversarios políticos.

Mientras el caso pasa al Tribunal Supremo, entre la tarea pendiente de los Mossos está la de analizar los movimientos bancarios de Montoro y de seis personas más de su entorno, incluido su hermano. El juez ordenó rastrear cada paso desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad, porque le atribuye la presunta comisión de delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

El presidente de la Confederación Española de Asociaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha cargado este miércoles contra el Real Decreto-ley del registro público de lobbies, que obliga a la patronal a inscribirse, y ha anunciado que no mantendrá contactos con el Gobierno hasta el 16 de septiembre, cuando la norma se someterá a votación en el Congreso, como ha adelantado ABC.

“Hoy he transmitido a nuestras organizaciones, casi 4.500 organizaciones en la CEOE, que no vamos a hablar con el Gobierno porque acaban de sacar la ley de lobbies y nos han incluido en la ley”, ha explicado el presidente de la patronal en declaraciones a los medios de comunicación desde Ceuta.

El Real Decreto-ley que regula los lobbies en España, aprobado recientemente por el Gobierno, obliga a las organizaciones empresariales y sindicales a inscribirse en el llamado 'Registro de Grupos de Interés' siempre que realicen actividades destinadas a influir en la elaboración de políticas públicas o proyectos normativos.

Un agente social según la Constitución

Pero Garamendi ha recordado que la CEOE se incluye en la Constitución Española como agente social. “Nosotros defendemos a las empresas con sentido de Estado”, ha remarcado.

Por ello, y dado que el día 16 de septiembre la norma se somete a convalidación en el Congreso de los Diputados, el líder de los empresarios ha decidido congelar los contactos con el Ejecutivo, esperando que sea rechazada. “Ni nos pondremos al teléfono”, ha advertido el empresario vasco.

Molestia también en los sindicatos

Preguntado por este registro como lobby, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “no conoce a ningún país del mundo que sitúe a las organizaciones sindicales como lobbies. Porque los intereses generales no son un lobby, y la Constirución nos faculta a las organizaciones sindicales para que seamos defensores del interés general. Los lobbies son defensores de intereses particulares”.

“Vamos a valorarlo, ahora no tengo cerrada una valoración, la estamos trabajando jurídicamente”, ha afirmado el secretario general de UGT, que ha sostenido que el sindicato puede “aceptar” esta consideración y registrarse en este nuevo listado o no hacerlo. “Lo mismo nos declaramos en rebeldía”, ha sostenido.

La victoria de Abdul El-Sayed en las primarias demócratas de Michigan, un Estado que oscila entre el apoyo a demócratas y republicanos, no solo demostró que un programa de izquierdas podría funcionar a nivel estatal. También hizo algo menos remota la posibilidad de que un defensor de la sanidad pública pueda abrirse paso hasta el Senado desde un estado clave. Aunque la posibilidad siga siendo mínima, ha bastado para que una de las principales plataformas moderadas del Partido Demócrata, que recibe dinero de las grandes aseguradoras médicas y farmacéuticas, entre en acción.

La victoria del progresista, de 41 años, fue el detonante para que la plataforma Third Way anunciara que planea destinar 15 millones de dólares en los próximos dos años para combatir el ala izquierdista del partido. El grupo está vinculado al ala demócrata más moderada y su presidente, Jonathan Cowan, explicó a The New York Times que se están “preparando para la guerra” contra candidatos marcadamente progresistas, entre ellos los que aboguen por la sanidad pública, como El-Sayed.

Third Way no acostumbra a revelar públicamente sus fuentes de financiación, pero sí que deja algunos indicios de quiénes son sus mecenas empresariales. Uno de los donantes que recientemente ha salido a la luz es Better Solutions for Healthcare (BSFH), un importante grupo de presión en el sector de los seguros de la salud.

Vínculos con cargos republicanos

En su última declaración de impuestos, a la que accedió el medio especializado Sludge, figura que el grupo BSFH realizó su primera donación de 50.000 dólares a Third Way en 2024, siendo esta la única transacción que se ha hecho pública de ese año. El grupo fue fundado por el estratega republicano Alexander Schriver, quien en 2023 se incorporó como vicepresidente sénior de asuntos públicos al gigante del lobby PhRMA, que fue cofundador, a su vez, de una campaña del sector para frenar la propuesta del “Medicare para todos”, similar a una sanidad universal gratuita. Así consta en los registros fiscales obtenidos por Sludge. Actualmente, dirige BSHF Connie Partoyan, exasesora republicana.

Pero hay más donantes vinculados a los grupos de presión del sector de la salud: la aseguradora CVS Health y la farmacéutica Johnson & Johnson han mantenido un flujo constante de donaciones. En 2024, CVS Health donó 50.000 dólares a Third Way, la misma cifra que había abonado en 2023; y en 2025 Johnson & Johnson donó 25.000 dólares.

Third Way se presenta a sí misma como una plataforma para asegurar que el Partido Demócrata se mantiene en el centro político, pero la hemeroteca señala sus conexiones con personalidades republicanas. En 2024, el grupo lideró una coalición para cambiar cómo Medicare paga por ciertos servicios ambulatorios de los hospitales, la cual contó con el apoyo de BSFH y Americans for Prosperity. Esta segunda organización conservadora está asociada con el conglomerado privado de los hermanos Koch, principal sostén del Tea Party en sus inicios.

BSFH no solo financia Third Way, también tiene fuertes vínculos con la política republicana. Entre 2020 y 2024 pagó casi 4,3 millones de dólares a Targeted Victory, una firma —como BSFH, dirigida por Connie Partoyan— entre cuyos clientes figura el Comité Nacional Republicano (RNC) e incluso el vehículo de campaña de Donald Trump en 2016.

La vieja disputa sobre cómo construir mayorías

Más allá de querer frenar el ascenso de candidatos que puedan abrir camino para implantar la sanidad pública en EEUU, Third Way es el heredero del Democratic Leadership Council (DLC), que se creó en plena guerra civil demócrata tras la derrota de Walter Mondale ante Ronald Reagan en 1984. El DLC tenía como objetivo enfrentarse explícitamente al sector más a la izquierda del partido, que bregaba en ese momento para abrirse paso.

El bloque progresista lo encarnaba entonces la Coalición Arcoíris de Jesse Jackson, que básicamente buscaba crear una gran mayoría reuniendo a distintos grupos sociales y señalando sus intereses comunes frente a las grandes empresas, la desigualdad económica y las políticas conservadoras de la época. Una estrategia que ahora mismo resulta muy familiar, ya que es la misma que están aplicando los socialistas democráticos del DSA y otros candidatos progresistas, como El-Sayed o Angie Nixon.

En este caso, la promesa de “sacar el dinero de los políticos” para crear una sanidad pública es el gran altavoz con el que se quiere llegar tanto a votantes progresistas como moderados. El establishment político es presentado como un obstáculo común para resolver las necesidades básicas que comparten grupos sociales muy distintos.

Esa lógica también se encuentra tras la gira contra los tecnooligarcas que el senador de Vermont, Bernie Sanders, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez lideraron después de la derrota electoral de Kamala Harris en 2024. En 2011 el DLC se disolvió, pero Third Way, fundada en 2005, tomó ese relevo y se enfrentó a Sanders en 2016 para que no llegara a la candidatura presidencial. En su lugar lo hizo Hillary Clinton, exsecretaria de Estado que representaba a la élite política ante unos votantes que buscaban un cambio y acabaron apostando por un outsider como Donald Trump. Años antes de llegar a la Casa Blanca, Bill Clinton presidió el DLC.

El avance en las primarias da a la izquierda ánimos y argumentos para pelear por construir una candidatura que pueda encaramarse a una candidatura presidencial, sea como presidente o vicepresidente. Desde que El-Sayed logró desbancar a la preferida por la jerarquía del partido, Haley Stevens, no para de sonar el nombre de Alexandria Ocasio-Cortez como posible candidata. Esta posibilidad era impensable hace un año. Que el DSA dejara de ser un grupo marginal, también. Pero al sector moderado de los demócratas no le hace falta más para volver a las escaramuzas intestinas de los años 80.

El primer ministro sueco en los años ochenta, Olof Palme, es una de las figuras políticas que más huella ha dejado en el país nórdico por su papel en la expansión del Estado del bienestar, basado en la defensa de los servicios públicos universales, la redistribución de la riqueza y la igualdad social, que se convirtieron en un referente internacional para la socialdemocracia.

Pero del mito de Suecia como paraíso del Estado del bienestar hoy más bien quedan unos pocos restos. Gran parte de la gestión de los servicios públicos en el país escandinavo se ha privatizado mediante un modelo en el que el Estado sigue financiándolos al 100%, pero las empresas que los gestionan pueden obtener beneficios sin apenas límites.

Como consecuencia de esto, en las próximas elecciones generales de septiembre, el Partido de la Izquierda, el Partido Verde y el partido socialdemócrata concurren a las urnas con la propuesta de prohibir que las empresas privadas se lucren mediante la prestación de servicios públicos. Esto pasa especialmente en la educación, donde el país ha permitido que cada vez más escuelas estén gestionadas por empresas con ánimo de lucro que cotizan en el mercado de valores de Estocolmo. También en la sanidad, donde casi la mitad de las clínicas de atención primaria son de propiedad privada, una tendencia que también se ve en la gestión de las residencias para la gente mayor.

Mientras tanto, la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando, con el número de multimillonarios pasando de 28 a 542 en 25 años, al mismo tiempo que ha aumentado la proporción de hogares con bajos ingresos. Suecia también encabeza la clasificación mundial de patrimonio acumulado por los millonarios en relación con el tamaño de su economía, seguida de Rusia. Unos multimillonarios que, a menudo, pagan menos impuestos que el resto, ya que en los últimos años se han abolido el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones y el impuesto sobre las donaciones.

Por todo esto, el periodista económico Andreas Cervenka, autor del libro Girig-Sverige (Suecia avariciosa), defiende que Suecia se ha convertido “en un paraíso para los superricos”. Cervenka sostiene en su libro que los ricos no se han beneficiado solamente por la baja fiscalidad, sino que argumenta que la liberalización y la privatización de los servicios públicos han creado nuevas oportunidades para hacer grandes fortunas. Esta tesis fue investigada por el periódico Aftonbladet, que concluyó que la riqueza de al menos 18 nuevos multimillonarios está vinculada a los negocios relacionados con el Estado del bienestar, incluyendo escuelas privadas, sanidad, farmacias online y otros servicios.

La privatización y las desigualdades territoriales han debilitado el funcionamiento del modelo de bienestar universal sueco

Åsa Plesner — Investigadora de la Universidad de Estocolmo

La investigadora de la Universidad de Estocolmo, Åsa Plesner, especializada en la gestión de los servicios públicos, explica a elDiario.es que Suecia continúa “teniendo formalmente un modelo de bienestar universal, pero la privatización y las desigualdades territoriales han debilitado su funcionamiento”.

La investigadora señala que, aunque esa privatización comenzó bajo gobiernos conservadores, los posteriores ejecutivos socialdemócratas no revirtieron el proceso y, en algunos casos, incluso lo profundizaron: “Comenzó como una decisión ideológica a finales de los años noventa y principios de los 2000. Pero en la última década el sector privado ha ejercido mucha presión mediante el lobby para mantener las cosas como están y, como consecuencia, ahora tenemos unos pocos grupos corporativos muy importantes que, básicamente, son demasiado grandes para dejarlos quebrar” explica Plesner.

Oligarcas del Estado del bienestar

Según la experta, la educación “es uno de los sectores donde se ha extendido más el modelo de privatización”. Desde las reformas introducidas en los años 1990, las familias pueden elegir libremente entre las escuelas públicas y las escuelas privadas o independientes (friskola). La particularidad del sistema es que, en las friskolor, el Estado sigue financiando la educación y los centros reciben más fondos públicos a medida que aumentan su número de alumnos, mientras que las empresas propietarias pueden tener incentivos para reducir costes y obtener más beneficios.

Los críticos también advierten de que este sistema aumenta el riesgo de segregación socioeconómica entre los alumnos de los centros públicos y los privados, ya que “son los padres con mayor nivel educativo, más comprometidos y con mayor ventaja socioeconómica quienes toman decisiones activas sobre el centro escolar, mientras que las familias más desfavorecidas suelen quedarse en las escuelas públicas”, argumenta Plesner. Mientras tanto, Suecia ha experimentado en los últimos años un acusado retroceso en el rendimiento escolar, según las clasificaciones del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA).

A todo esto, aproximadamente uno de cada 10 estudiantes de la escuela secundaria asiste a un centro gestionado por la empresa ArcadeMedia, la mayor empresa educativa en el norte de Europa, con más de 650 centros y que actualmente está en proceso de expansión por Noruega, Finlandia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Esta compañía es un ejemplo claro de lo que los medios del país escandinavo llaman “los oligarcas del Estado del bienestar”, (välfärdsoligarker), una expresión que se utiliza de forma crítica para referirse a los inversores que han acumulado grandes fortunas financiándose principalmente con dinero público.

Centros sanitarios al límite

Los cambios hacia un modelo más privatizado del Estado del bienestar también son evidentes en la sanidad. Los profesionales del sector se quejan de la falta permanente de personal, la prioridad por la eficiencia económica y el empeoramiento de las condiciones laborales. Además, los sindicatos alertan de que se está produciendo una concentración de médicos privados en las zonas urbanas más ricas donde a menudo resulta más económico atender a los pacientes, dejando para los centros públicos los casos más complejos o costosos de tratar de las zonas rurales.

“Los profesionales sanitarios en Suecia ya no disponen del tiempo necesario para proporcionar una atención médica segura”, alerta a elDiario.es Sophia Godau, presidenta del mayor sindicato de los trabajadores de la atención médica, Vårdförbundets. Según Godau, los problemas, como la presión constante para liberar camas y enviar los pacientes a casa lo más rápido posible, “son estructurales y se han ido acumulando en los últimos diez años por no priorizar la sanidad pública”.

Los profesionales sanitarios en Suecia ya no disponen del tiempo necesario para proporcionar una atención médica segura

Sophia Godau — Presidenta del mayor sindicato de los trabajadores de la atención médica, Vårdförbundets

En 2024, las administraciones públicas financiaron el 86% del gasto sanitario sueco, según Statistics Sweden, a pesar de que el 40% de los centros sanitarios ya son de propiedad privada y algunos de ellos están controlados por firmas de private equity, fondos que compran empresas que no cotizan en bolsa con el objetivo de mejorar el valor del negocio para luego venderlo más caro y generar grandes ganancias.

Auge de la extrema derecha

Finalmente, la investigadora Åsa Plesner señala que el deterioro de los servicios públicos ha causado un malestar social que ha sabido aprovechar el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, a pesar de que en su programa electoral no defienden deshacer el modelo de privatización que ha contribuido a generar el malestar: “La derecha populista está atrayendo a votantes que, en general, están descontentos con el Gobierno y el sector público, pero no están abogando ni impulsando políticas para mejorar dicho sector”, afirma.

Por otro lado, el partido socialdemócrata, que lidera las encuestas para las elecciones de septiembre, durante la campaña electoral está recuperando la agenda para recobrar el buen nombre del Estado del bienestar sueco. Sin embargo, Plesner apunta que “el proceso tiene que ser hecho de forma gradual y puede tardar años en llegar”.

Durante años, cargar abiertamente contra el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) era prácticamente un suicidio político. Tanto demócratas como republicanos habían recibido dinero del mayor lobby proisraelí que, en las últimas décadas, también se ha convertido en un gigante capaz de aupar o derrocar a candidatos de ambos partidos.

En las elecciones presidenciales de 2024 fue uno de los principales motivos por el que los demócratas evitaron poner la guerra de Gaza en el centro del debate. Pero el nuevo ciclo electoral de este año está demostrando que AIPAC ya no es intocable.

La victoria del candidato demócrata progresista Abdul El-Sayed en Michigan es la última constatación de que el muro de contención construido por el grupo de presión proisraelí empieza a resquebrajarse, especialmente dentro del Partido Demócrata. AIPAC hizo la mayor inversión de su historia, al menos 32 millones de dólares, según el New York Times, en una sola contienda electoral para intentar hundir al candidato de 41 años, médico y musulmán, y fracasó. El miércoles por la mañana, después de un ajustado recuento, el hijo de inmigrantes egipcios se imponía a la candidata Haley Stevens, quien había sido respaldada por el grupo proisraelí y el establishment demócrata.

Michigan es el último gran revés que sufre AIPAC, posiblemente el más humillante por la ingente cantidad de dinero gastada en anuncios contra El-Sayed y a favor de Stevens, sin obtener el resultado deseado. Pero no es la única carrera donde el lobby proisraelí ha constatado que, poco a poco, está perdiendo su poder e, incluso, los candidatos a los que bendice, acaban perdiendo. En las elecciones a la alcaldía de Nueva York el año pasado, el socialista Zohran Mamdani ya abrió camino, tras convertir la crítica al genocidio israelí en Gaza y el rechazo al AIPAC en una de sus mayores bazas políticas.

De Nueva York a Illinois

En las primarias de Nueva York, los candidatos socialistas respaldados por los Socialistas Democráticos de América (DSA) también lograron ganar con la misma estrategia. En Colorado, Melat Kiros –respaldada por DSA– desbancó a la veterana Diana DeGette, quien también contaba con la financiación de AIPAC. La organización proisraelí había donado indirectamente más de un millón de dólares a DeGette con el fin de silenciar las críticas de Kiros al Estado hebreo.

En marzo, durante el ciclo de primarias de Illinois, este giro anti-AIPAC ya se hacía evidente. Nunca antes el grupo de presión había estado tan el centro del debate político. En la contienda, los grupos vinculados a AIPAC gastaron aproximadamente 20 millones de dólares en cuatro contiendas para colocar a sus candidatos en la Cámara de Representantes, ganando dos y perdiendo las otras dos.

El lobby proisraelí tuvo que disimular parte de sus gastos a través de nuevas plataformas de financiación de campañas (llamadas super PAC) que creó con nombres inocuos y sin relación entre sí, como por ejemplo, Elect Chicago Women y Chicago Progressive Partnership. No fue hasta que ya se supieron los resultados en Illinois que el grupo reveló su participación a través de esas nuevas organizaciones.

Algo muy distinto de lo que se vivió en el ciclo de 2024, cuando AIPAC iba con la cara descubierta, consciente de su fuerza. Fue así como sacó del Congreso a dos miembros de la Squad, la bancada más izquierdista de la familia demócrata.

Cori Bush fue uno de los nombres de la Squad que AIPAC tachó de su lista en 2024. La representante de St. Louis fue de las primeras demócratas en denunciar el genocidio palestino en el Congreso, algo que la puso en el punto de mira del lobby proisraelí. En el nuevo ciclo de primarias este año, Bush volvió a presentarse aprovechando el contexto favorable.

Sin embargo, ha resultado ser la excepción en medio de una tendencia clara en contra del AIPAC y del aparato del Partido Demócrata: volvió a ser derrotada por el demócrata Wesley Bell, quien contaba tanto con el dinero del grupo de presión como con el apoyo de la cúpula del partido.

Cambio de tendencia entre los estadounidenses

A medida que pasa el tiempo, cada vez queda más probado que la guerra de Gaza fue clave en la derrota electoral de Kamala Harris frente a Donald Trump en 2024. La pérdida de peso de AIPAC se debe al cambio de percepción que tienen los estadounidenses del conflicto en Palestina y su principal aliado en la región, Israel. Al mismo tiempo que ha aumentado la cifra de palestinos muertos por los ataques israelíes –más de 73.000 desde octubre de 2023–, la solidaridad con Gaza ha ido creciendo en detrimento de la simpatía hacia Tel Aviv.

Una encuesta publicada por Gallup a principios de año, señalaba que, por primera vez desde principios del siglo XXI, los estadounidenses sienten más simpatía por los palestinos que por los israelíes: un 41% frente a un 36%. Hasta el año pasado, la tendencia era a la inversa. El think tank Brookings ya señalaba a finales de 2025 que el apoyo a Israel había ido decreciendo entre los demócratas y votantes jóvenes. De hecho, a pesar de que Israel continúa teniendo el respaldo de los seguidores de Donald Trump, las bases más jóvenes no piensan lo mismo.

En gran parte, el deterioro de la imagen de Israel ante los jóvenes trumpistas no es una cuestión de defensa de los derechos humanos o rechazo al genocidio palestino, sino de su apuesta por el “America First” (ideario que exige gastar los recursos del país en el país y no involucrarse en conflictos exteriores), a lo que se suma la influencia de los grupúsculos neonazis.

Antes de ser asesinado, el influencer de extrema derecha Charlie Kirk (muy popular entre las juventudes trumpistas) había hecho notar ya este cambio de visión entre sus seguidores.

El cuestionamiento del apoyo a Israel no solo está erosionando la influencia del AIPAC, sino que también ha roto el consenso bipartidista en torno al envío de armas a Tel Aviv. Recientemente, más de 100 demócratas votaron en contra de seguir prestando ayuda militar a Israel. Aunque la propuesta no prosperó debido al bloqueo republicano, algo así hubiera sido impensable hace tan solo dos años.

El exministro del PP José Manuel Soria ha facturado ya más de 4,5 millones de euros con Sorben Partners SL, la consultora de empresas que puso en marcha hace casi una década, tras dimitir como ministro de Industria y abandonar la política en abril de 2016 por el escándalo de los Papeles de Panamá y la aparición de una empresa familiar en el paraíso fiscal de Jersey.

Sorben facturó en el ejercicio 2025 un total de 408.228 euros, un 12% más, con un beneficio de 66.513 euros, según las cuentas que acaba de remitir al Registro Mercantil, disponibles a través de Insight View. Teniendo en cuenta su cifra de negocios anual media desde 2018 (más de medio millón al año), en 2026 va a enfilar los 5 millones facturados desde que empezó a operar.

El nombre de esta empresa de Soria utiliza una fórmula parecida a la de la sociedad familiar que creó su admirado José María Aznar (con el que el canario guarda gran parecido físico) cuando abandonó la Moncloa.

Así, si la patrimonial del expresidente del Gobierno (quien acaba de superar los 5 millones de dólares cobrados solo como consejero del gigante mediático News Corp, al que Aznar asesora hace 20 años) es el acrónimo de Familia Aznar Botella, Sorben bebe de los apellidos de Soria y de su esposa, Carmen Benítez. Esta última, procuradora de los tribunales, trabajaba para empresas reguladas por su marido, como Endesa, Orange y Telefónica, cuando él era ministro de Industria, Energía y Turismo.

Sorben Partners se dedica a asesorar a empresas en expansión nacional e internacional. Su objeto social es el “asesoramiento y consultoría para la expansión nacional e internacional de empresas, facilitando soluciones comerciales, financieras, jurídicas, técnicas y fiscales a tales efectos, incluyendo la realización de estudios de mercados”. No tiene página web y no detalla en sus cuentas quiénes son sus clientes.

La firma llegó a facturar en su mejor año (2019) cerca de 900.000 euros. Desde que se creó hasta diciembre del año pasado la consultora ha facturado en total 4.550.663,14 euros.

Esta cifra multiplica por 60 los 76.320 euros brutos anuales que el expolítico canario cobró en su último año completo al frente de Industria. El año pasado la firma solo tenía un empleado, frente a los cuatro con los que llegó a contar en 2019. Su activo ascendía a casi 850.000 euros. La partida de “inversiones financieras a largo plazo” (de las que no da ninguna información) se disparó el pasado ejercicio al pasar de 200.000 euros a casi medio millón.

Su administrador único es el exministro, que se autoasignó en 2018 un sueldo de 235.000 euros como administrador de Sorben Partners. En 2025 esa cifra fue sensiblemente inferior, de 156.000 euros.

“El valor de las percepciones convenidas ha de coincidir con el valor de mercado, por lo que se han calculado en al menos el 75% del resultado derivado de los ingresos y gastos estrictamente de la actividad profesional y previo a la deducción de las retribuciones del socio profesional”, explica la firma en sus cuentas.

Soria, de 68 años, fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria (1995-2003), presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria (2003-2007), vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda (2007-2010), además de ministro desde finales de 2011 hasta su dimisión.

El expolítico canario constituyó su consultora el 25 de noviembre de 2016, solo dos meses después de que el Gobierno de Mariano Rajoy, y en concreto su amigo personal Luis de Guindos, abortase a última hora su intención de designarle como director ejecutivo del Banco Mundial dentro del cupo asignado a España en esta institución. Allí habría tenido una retribución de 226.000 euros al año, libres de impuestos.

Dinero perdido en política

El canario, que durante su etapa en política llegó a quejarse de haber perdido dinero al dedicarse a esta actividad, es técnico comercial y economista del Estado ('teco', en el argot funcionarial) de la misma promoción que Guindos, aunque apenas ejerció como tal.

Su consultora inició sus operaciones el 1 de febrero de 2017, una vez que Soria obtuvo la preceptiva autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses para ejercer actividades privadas y renunció a su indemnización como exministro. Por esas fechas, la justicia desestimó una demanda que Soria presentó contra elDiario.es por revelar que un empresario hotelero amigo le regaló varias noches en la suite presidencial de un hotel de cinco estrellas en Punta Cana cuando era ministro.

A los pocos meses, en 2018, Soria empezó a colaborar con la firma internacional de consultoría Grant Thornton, de la que pasó a ser socio en Canarias en 2021. También en 2018, el que fuera ministro de Industria de España durante el estallido del escándalo de manipulación de emisiones conocido como dieselgate se convirtió en consejero de Domingo Alonso Group.

Esta empresa canaria, a la que sigue asesorando en la actualidad, es importador y distribuidor de Volskwagen en el archipiélago (además de Andorra, Panamá y otros mercados internacionales como Colombia, Cuba y Venezuela). El exministro es también “miembro del Consejo Asesor de diferentes compañías de los sectores energético, financiero, infraestructuras, digitalización, turístico e industrial”, según explica él mismo en la web de Grant Thornton.

El canario, que en su mandato en Industria impulsó el conocido como impuesto al sol para bloquear el autoconsumo y aprobó un duro recorte retroactivo a las renovables que aún colea (en forma de condenas multimillonarias contra el Reino de España tras las denuncias de inversores extranjeros), se convirtió en 2021 en presidente para España de Island Green Power. Esta empresa británica tiene más de 300 megavatios (MW) fotovoltaicos operativos en Aragón, Andalucía y Baleares, según su web.

También es senior advisor del fondo Alantra, que pilota Santiago Eguidazu ('teco', como él), consejero de la hotelera canaria Servatur y, desde hace dos años, asesor de Forestalia.

Esta firma de renovables, perteneciente al controvertido empresario aragonés Fernando Samper, empezó a ser conocida en el sector al irrumpir en la subasta de renovables que el Gobierno de Rajoy adjudicó en enero de 2016, cuando Soria todavía era ministro. Forestalia está siendo investigada por lograr supuestamente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Aragón dieran visto bueno a sus proyectos a cambio de presuntas mordidas.

Volvemos a escuchar un episodio al hilo de la imputación de Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, que le investiga por un delito de tráfico de influencias. Nos preguntamos por qué el ex presidente socialista, tras dejar el Gobierno, no hizo lo mismo que otros antiguos cargos públicos: fichar por empresas dedicadas a influir en decisiones políticas, si quería dedicarse a lo mismo que ellos. ¿Por qué iba a esconderse detrás de empresas instrumentales de un amigo, cobrando una comisión encubierta con facturas falsas?

Con Alfonso López, fundador y presidente de la consultora de relaciones institucionales, o lobby, Rud Pedersen en España, y con Javier Lillo, periodista de Tribunales de elDiario.es, nos centramos en una clave de toda esta historia: ¿Cuál es la diferencia entre el lobby que hacen otros y el delito de tráfico de influencias por el que un juez de la Audiencia Nacional investiga a Zapatero?

*** Este episodio se emitió por primera vez el 21 de mayo de 2026***

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Vamos a hacer un ejercicio de escucha. Desde que hace casi un mes el juez Calama imputara a Zapatero por siete delitos distintos en el caso Plus Ultra, más allá de unas primeras palabras que grabó en un vídeo, no habíamos podido escucharle: no había dado entrevistas ni ruedas de prensa. 

Hemos tenido acceso a las más de dos horas de interrogatorio del 17 de junio en la Audiencia Nacional. Calama pregunta y Zapatero responde. Uno cuestiona y el otro se defiende. A la palestra: las joyas, la relación de Zapatero con Análisis Relevante, la empresa de Julito Martínez, los viajes al extranjero, la empresa de las hijas y las sociedades offshore. Esta solo será la primera quizá de muchas conversaciones.

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1.250 euros al mes por la “revisión editorial” de una newsletter semanal. Es uno de los gastos cargados por Julio Pomés, presidente de Fundación Civismo, a este ‘think tank’ de orientación marcadamente derechista que apadrinan ultrarricos como Juan Abelló o la dueña de Prosegur, Helena Revoredo, y que en 2024 fichó como patrono a Javier Fernández-Lasquetty, ideólogo de las privatizaciones sanitarias de Esperanza Aguirre en Madrid y ex gurú económico de Isabel Díaz Ayuso.

elDiario.es ha tenido acceso a una factura de 7.500 euros brutos emitida a Civismo por su presidente y fundador el 28 de septiembre de 2023. El concepto o “referancia [sic] del trabajo” que figura es: “Revisión editorial de la newsletter semanal de la Fundación Civismo durante el primer semestre de 2023”. Equivale a 1.250 euros brutos al mes solo por revisar esa lista de distribución de noticias que la entidad lleva tiempo sin enviar a sus suscriptores. 

Preguntado por este asunto, Pomés reconoce la existencia de esos pagos y asegura que sus trabajos para Civismo van mucho más allá de revisar esas newsletter. “Las hago yo también”, dice al teléfono. “Aparte de ese trabajo”, afirma, hace “muchísimas más cosas” para la fundación. “Dedico 24 horas al día a la Fundación Civismo y dedico un montón de gastos a vivir en Madrid”, indicó en una breve conversación con este medio antes de colgar el teléfono.

Preguntado por este medio, Pomés no responde a la pregunta de si Civismo ha pagado el alquiler de la vivienda en el Paseo de la Castellana de Madrid en la que el lobista residió durante años, inmueble que al mismo tiempo albergaba la anterior sede de la entidad. “Solo había un baño que tenía dos puertas, una que daba a la oficina y otra a su casa”, explica una fuente con conocimiento directo del asunto, que pide el anonimato.

Pomés tampoco confirma que Civismo le comprase a su presidente durante años los ISBN (códigos identificativos de una publicación que funcionan como su DNI) para informes que publicaba la entidad. Según algunas fuentes, el 'think tank' adquiría esos ISBN (con el correspondiente sobreprecio) a una sociedad británica ya extinta, Economic Reviews LTD.

Esa sociedad pertenecía a Pomés, tal y como recoge el Registro Mercantil de Reino Unido. En el catálogo de la Biblioteca Nacional hay cerca de una decena de publicaciones editadas por Civismo con su propio ISBN: de estudios firmados por su presidente a un informe sobre el sector del vapeo y una monografía firmada por Agustín García Inda, actual CEO de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA).

Pomés, que el mes pasado cumplió 76 años, está muy vinculado a Navarra (la única vivienda que tiene a su nombre es un céntrico piso en Pamplona). Su 'think tank' ha situado sistemáticamente a la Comunidad de Madrid a la cabeza del “Índice de Libertad Económica” de Civismo, que mide aspectos como el esfuerzo fiscal, el gasto público o el empleo público. En 2021, el propio Pomés entregó a Ayuso el premio anual de Civismo por convertir la región “en un inestimable reducto de libertad”.

La factura a la que ha tenido elDiario.es es posterior al fuerte incremento de las donaciones a Civismo que se produjo entre 2019 y 2022. Ese año la entidad registró un récord de gastos de 304.677 euros, con una importante desviación del 24% respecto a los 245.000 euros inicialmente presupuestados.

Así lo reveló un análisis de las cuentas del 'think tank' realizado en 2024 que confirmó que entre sus donantes estaban Abelló, Prosegur o el multimillonario Víctor de Urrutia, otro de sus patronos ultrarricos. La memoria anual que la entidad publica en su web no detalla cifras económicas.

Pomés, que compara a Pedro Sánchez con el ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels, se dedicaba en los 90 a dar clases de Química (disciplina de la que es doctor) en la Universidad Pública de Navarra. A principios de siglo se recicló como lobista. Con un diploma en Alta Dirección de Empresas por el IESE, la escuela de negocios de la Universidad de Navarra (del Opus Dei), montó un 'think tank' allí (Institución Futuro) y luego Civismo, cuya primera sede estaba en Navarra.

Su hermano es Javier Pomés, ex eurodiputado de UPN-PP y ex consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, que fue imputado en 2025 por un delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos en su carnet en Pamplona y en 2018 aceptó una condena de 16 meses de cárcel por alzamiento de bienes al ayudar a un jeque árabe a eludir una deuda millonaria con la Seguridad Social. Poco después, trascendía que Julio Pomés estaba pidiendo dinero por carta a empresarios de Navarra para financiar un informe contrario al gobierno que entonces lideraba Uxue Barcos, nacionalista de izquierdas.

“Estado limitado”

Civismo se define como “catalizador de ideas que trabaja en defensa de la libertad” y aboga por un “Estado limitado”. Forma parte de Atlas Network, red global de fundaciones y 'think tanks' de corte conservador y libertario impulsada por multimillonarios y fundaciones de derecha como la Fundación Koch, la Heritage Foundation y Templeton, así como grandes corporaciones de sectores como el petróleo, el tabaco y el farmacéutico.

Civismo lleva años calificando a España como “un infierno fiscal”, tal y como defiende Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Hace unos días organizó un encuentro sobre esta cuestión en el que un fiscalista que lleva meses acusando a Hacienda de “carterista” declaró que España se ha convertido en una “Corea del Norte en materia fiscal” y que la Agencia Tributaria es una “mafia”.

Los miembros del PP son habituales en actos del lobby, aunque también hay vínculos con la ultraderecha. Juan Ángel Soto, director de Civismo hasta 2021, fue luego director de Internacional de Disenso, la fundación de Vox. También estuvo muy vinculado a Civismo durante años Carlos Espinosa de los Monteros, ex Comisionado de Marca España y padre del exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros. El vicepresidente de la fundación es Juan Félix Huarte, heredero del constructor navarro Félix Huarte, que se hizo de oro durante la dictadura y construyó el Valle de los Caídos.

El actual director general de Civismo es Albert Guivernau, ex número dos en 2023 en las listas al Ayuntamiento de Barcelona por Valents, efímero partido conservador y constitucionalista. Hace un par de años El País lo incluyó en un reportaje sobre “los fans españoles” del histriónico presidente argentino, Javier Milei, en vísperas de su visita a España invitado por Ayuso. Economía Digital citaba hace unas semanas a Civismo entre los 15 think tanks “que marcan el pulso económico y político de España”.

La entidad tiene entre sus estudios más conocidos su “Día de la Liberación Fiscal”, cuándo calcula que un español deja de pagar impuestos cada año. En 2024, tras fichar a Lasquetty, otorgó su premio anual al juez jubilado Manuel García-Castellón.

Recientemente, ha lanzado un Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (CASME) del que forman parte figuras como Lasquetty, José Luis Feito (CEOE), Juan Iranzo (condenado por las tarjetas ‘black’) o Daniel Lacalle. Entre otras cuestiones se pregunta si “compensa no trabajar en España”: “En determinados contextos, no trabajar y depender de las ayudas sociales puede ser más ventajoso que aceptar un empleo formal con el SMI” por “la interacción” entre salario mínimo, subsidios por desempleo y trabajo sumergido, sostiene.

El director del CASME es el secretario general de la Fundación Civismo, el catedrático emérito de la Complutense Francisco Cabrillo, al que Ayuso nombró consejero de la Cámara de Cuentas madrileña junto al expresidente Joaquín Leguina. Allí cobra más de 124.000 euros anuales. Cabrillo ya fue colocado por Aguirre en 2004 para presidir el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Poco después de cesar en 2012 presidió brevemente Libertad Digital, de la que fue socio otro ultrarrico patrono de Civismo, Víctor Ruiz, accionista de Azkoyen y fundador de la quebrada ingeniería Eurofinsa.

Cabrillo también llegó a ser nombrado presidente del consejo asesor de Madrid Network, opaca asociación a la que la Comunidad de Madrid destinó decenas de millones de dinero público cuyo rastro se ha perdido. Su nombramiento se anunció en 2012 a bombo y platillo aunque el máximo órgano fiscalizador de Madrid ha asegurado que tal consejo asesor “nunca se llegó a constituir”. 

Entre las personas que han asesorado a Civismo está el economista Javier Santacruz, asesor de la fundación del PP (Reformismo XXI) al que la Guardia Civil denunció en diciembre de 2024 por la supuesta extracción ilegal de tierras para Quantum Minería, que quiere abrir una mina de tierras raras en Ciudad Real.

Ex economista jefe de Civismo, administró brevemente (año y medio, hasta septiembre de 2018) la citada sociedad británica de Pomés, Economic Reviews LTD. Al teléfono, Santacruz vincula esa firma a la relación de Civismo con un 'think tank' de orientación similar en Londres, el Institute of Economic Affairs (IEA). Asegura desconocer esa operativa con los ISBN de los informes de Civismo.

Otras personas vinculadas a Civismo son el citado Lacalle (ex “jefe de Estrategia”), Cayetana Álvarez de Toledo, Fernando del Pino (de la familia dueña de Ferrovial), José María Rotellar (asesor a tiempo parcial del gobierno madrileño), Luis María Linde (gobernador del Banco de España con el PP) o Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria con José María Aznar y columnista en medios de derechas.

Si otros antiguos altos cargos públicos trabajan en empresas privadas dedicadas a representar a clientes ante las administraciones para influir en decisiones políticas, como Pepe Blanco, Soraya Saénz de Santamaría o el propio Aznar. ¿Por qué Rodríguez Zapatero no hizo lo mismo si quería dedicarse a eso? ¿Por qué iba a esconderse detrás de empresas instrumentales de un amigo, cobrando una comisión encubierta con facturas falsas?  

Con Alfonso López, fundador y presidente de la consultora de relaciones institucionales, o lobby, Rud Pedersen en España, y con Javier Lillo, periodista de Tribunales de elDiario.es, nos centramos en una clave de toda esta historia: ¿Cuál es la diferencia entre el lobby que hacen otros y el delito de tráfico de influencias por el que un juez de la Audiencia Nacional investiga a Zapatero?

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ascendido recientemente como subdirectora de un área clave de su Dirección de Energía a la esposa de un directivo de una patronal eléctrica que dice dedicarse a “lobby, influencia y prospectiva regulatoria” e “interlocución con la CNMC” y otros agentes relevantes del sector.

Henar Soto, con una larga trayectoria en la CNMC es desde enero subdirectora de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados en el organismo que supervisa y regula al sector eléctrico.

Su marido, David Trebolle, con una dilatada trayectoria en empresas y lobbies del sector eléctrico, es desde mayo de 2024 “director Técnico” de la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME), una patronal de pequeñas distribuidoras. En ella se encarga de tareas de “lobby, influencia y prospectiva regulatoria” y de “interlocución con la CNMC, REE, Ministerio y otros agentes relevantes del sector”, explica en su LinkedIn.

ASEME engloba a unas 90 distribuidoras de pequeño tamaño (menos de 100.000 puntos de suministro) y está muy vinculada a Catalunya. Su presidente, Oriol Xalabarder, directivo de Electra Caldense, preside la comisión de Energía y Sostenibilidad de la patronal catalana Cecot.

Trebolle, que no ha querido atender a elDiario.es, representó a ASEME en las discusiones con la CNMC sobre la nueva circular que establece la metodología para calcular los peajes de transporte y distribución de electricidad para el periodo regulatorio 2026-2031.

Un portavoz de la CNMC indica que Henar Soto “es una empleada pública de reconocido prestigio profesional, con una trayectoria de 18 años de servicio público en el regulador, que no ostenta la condición de alto cargo y que en todo momento ha cumplido con todas sus obligaciones legales y de conducta”.

Soto no tiene facultad para hacer propuestas al consejo de la CNMC. Reporta a la directora de Energía, Rocío Prieto, que este lunes comparece en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre el histórico apagón del 28 de abril de 2025, que ha dejado cuestionada a la CNMC por su lentitud en aprobar un procedimiento de control de tensión que tuvo años en un cajón y que, según muchos expertos, habría evitado ese colapso.

Henar Soto, añade ese portavoz de la CNMC, “es una de las cuatro subdirectoras de la Dirección de Energía” (las otras tres subdirecciones son las de Energía Eléctrica, Gas Natural y Mercados Derivados). “Dentro de la Dirección de Energía, todas las propuestas son firmadas y elevadas por decisión de la Directora al Consejo”, como establece el artículo 18 del Estatuto Orgánico de la CNMC para las Direcciones de Instrucción.

El consejo, recuerda ese portavoz, es “el órgano que resuelve todos los asuntos”. “Como subdirectora tiene las mismas causas de abstención que cualquier empleado público de la administración española”.

“Mantener la independencia”

La normativa de incompatibilidades de las autoridades y el personal al servicio del sector público, recogida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, les obliga a abstenerse en cualquier asunto cuando exista “un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable” con “cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento”.

Además, la CNMC tiene desde 2015 un Código de Conducta que obliga a los miembros del Consejo, Directores y empleados del organismo a “mantener la independencia de cualquier interés comercial o empresarial respecto de toda persona o entidad, absteniéndose de intervenir en asuntos en los que concurran causas que puedan afectar a la objetividad”.

La CNMC, que tiene una Dirección de Control Interno para vigilar estos asuntos, no aclara si Soto se ha inhibido en algún asunto por su relación con Trebolle, ni si ha comunicado su relación conyugal a esa dirección.

La CNMC tiene también un registro de grupos de interés con un “decálogo ético” que exhorta a las empresas y asociaciones inscritas en él (como ASEME) a no poner al personal de la CNMC “en ninguna situación que pueda generar un conflicto de intereses”.

El área que dirige Soto en la Dirección de Energía desde enero es muy relevante. Sus funciones se centran en la regulación económica del sector energético (electricidad y gas), que debe buena parte de sus ingresos a lo que dicta el BOE. En especial, para las distribuidoras, que operan en régimen de monopolio natural y cuya retribución fija la CNMC.

Esa subdirección tiene entre sus funciones principales elaborar y supervisar la regulación económico-financiera de los sectores eléctrico y gasista; diseñar y analizar los precios regulados, peajes y cargos energéticos; o participar en la definición de la retribución regulada de actividades como el transporte y la distribución eléctrica o las redes de gas. Según fuentes del sector, “ella es la que supervisa las declaraciones contables de las distribuidoras de electricidad” que se centralizan en una aplicación interna de la CNMC llamada SICSE.

Soto cubrió en enero la vacante de Ismael Bahíllo, destituido en diciembre por el pleno de la CNMC en una decisión inédita. Bahíllo llevaba 13 años en el cargo y fue fulminado por sus diferencias con la directora de Energía sobre la retribución de las redes de luz y gas. Algún medio lo definió entonces como “hombre clave del supervisor para los asuntos económicos del sector energético”.

La convocatoria para cubrir la vacante de Bahíllo exigía una antigüedad mínima de 5 años en el organismo, requisito que Soto cubría sobradamente. Ingeniera Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas y Executive Máster en Dirección Financiera por IE Business School, hasta su nombramiento era jefa de la Unidad de Análisis Económico-Financiero en la Dirección de Energía.

Acreditaba “sólida formación y experiencia en energía, fundamentalmente con relación al análisis y regulación económico-financiera, además de experiencia en el sector privado y público; con 16 años de experiencia en el ámbito de la regulación económico-financiera, primero en la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y luego en la CNMC”, recoge la resolución que aprobó su nombramiento tras una convocatoria publicada en el BOE el pasado 30 de diciembre.

En su haber Henar Soto tenía asimismo “experiencia en el desarrollo de circulares normativas en materia retributiva, resoluciones de toma de participación en el sector energético, resoluciones en materia retributiva, informes de análisis económico-financiero, decisiones jurídicamente vinculantes, sancionadores y circulares informativas”, añadía la resolución que firmó la presidenta de la CNMC, Cani Fernández.

Soto ingresó en 2008 en la CNE como Subdirectora de Análisis Económico-Financiero. En esa etapa participó en la preparación de informes, resoluciones y análisis relacionados con la regulación de los sectores eléctrico y gasista. Con la integración de la CNE en la CNMC en 2013, pasó a ser jefa de la Unidad de Análisis Económico-Financiero en la Dirección de Energía, posición que mantuvo hasta su reciente ascenso y en la que intervino “en resoluciones, informes y circulares que han definido el funcionamiento de los mercados energéticos y las redes reguladas durante la última década”, destacaba en diciembre El Periódico de la Energía, cuando la situó como favorita para suceder a Bahíllo.

Antes de trabajar en esa asociación de distribuidoras, el marido de Soto fue director de Regulación de Magnon Green Energy, filial de biomasa de Ence (de julio a 2023 a mayo de 2024). Allí, explica Trebolle en su LinkedIn, también hacía tareas de lobby e “interlocución” con el organismo en el que trabaja su esposa. Antes, (de julio de 2022 a 2023), fue secretario general de Protermosolar, patronal de las empresas de energía termosolar.

“Ahorro” de 2.900 millones

Previamente estuvo muchos años en la pata de redes de la antigua Unión Fenosa (actual Naturgy), de la que Trebolle era mando intermedio. Salió en 2021, de forma “amistosa”, según fuentes del sector. Algunas fuentes apuntan que lo hizo con una sustanciosa indemnización. En la tercera eléctrica española y primera empresa del sector del gas en España, tenía a su cargo un equipo de más de 30 personas, con rango de subdirector, explica en su LinkedIn.

En su época en Fenosa también trabajó para la patronal europea de grandes eléctricas. “Como Chairman [presidente] en Eurelectric, representé a 2.700 compañías de distribución de Europa, logrando un impacto de ahorro para la industria de 2.900 M€ en la redacción de los Network Codes” [códigos de red], explica en su LinkedIn.

Trebolle también es profesor universitario y divulgador financiero. El año pasado fue entrevistado en Cuatro tras publicar un libro con consejos de ahorro para alcanzar la “libertad financiera”: “Tu salario no te hace rico, sino tus hábitos de ahorro y gasto”, decía.

Trebolle y Soto tienen a su nombre un considerable patrimonio inmobiliario. Comparten la propiedad de una decena de activos (viviendas, trasteros y plazas de garaje) cuyo valor de mercado superaría holgadamente los tres millones, según una estimación con inmuebles similares publicados en idealista. En poco más de un año el matrimonio ha puesto a su nombre inmuebles cuyo valor ronda el millón. Una de sus últimas adquisiciones es un dúplex frente al mar en Menorca que compraron en septiembre, según el Registro de la Propiedad.

Repsol está batiendo récords de gasto en lobby en Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Las declaraciones remitidas al registro público que gestiona el Senado de EEUU reflejan que en 2025 la mayor petrolera española destinó 1,46 millones de dólares a actividades de cabildeo para tratar de influir a su favor en los legisladores de ese país, clave para la multinacional.

La cifra, nuevo récord anual, es discreta comparada con los miles de millones de euros que Repsol se juega en Venezuela, país convertido por Trump en una suerte de protectorado tras el secuestro ilegal de Nicolás Maduro el pasado enero.

Esos 1,46 millones están muy por encima de los 480.000 dólares que gastó en estas actividades en EEUU el año pasado Grifols (otra multinacional española con una fuerte presencia allí), los 220.000 dólares de Ferrovial o los 90.000 de Avangrid (filial de Iberdrola).

El cálculo incluye cantidades declaradas por Repsol y dos firmas especializadas contratadas por la multinacional española para esas tareas, los despachos estadounidenses Bracewell y Dentons.

El último informe trimestral que la petrolera acaba de remitir al Senado apunta a que la tendencia alcista de Repsol ha continuado entre enero y marzo de 2026, con un gasto directo (sin recurrir a intermediarios) de 280.000 dólares (otro récord frente al anterior máximo de 260.000 dólares del último trimestre de 2025) al que se suman 60.000 dólares pagados entre enero y marzo de este año por Repsol al bufete Dentons.

Por primera vez esta firma ha reconocido gestiones de lobby para la española no solo ante los legisladores, sino ante la propia “Oficina de la Casa Blanca”, como ya hizo el año pasado la firma Bracewell. Hasta entonces, nunca se había incluido esta mención en los documentos que la petrolera y sus asesores llevan años depositando en el Senado de EEUU.

El despacho oval apareció en 2025 por primera vez en las declaraciones de Repsol junto a otras instancias oficiales habituales en estos formularios, como el Senado, la Cámara de Representantes o el Departamento de Energía de EEUU. Las gestiones buscan influir en las políticas climáticas y energéticas de la Administración federal, la regulación de las energías renovables o la captura de carbono, entre otras cuestiones.

Con el demócrata Joe Biden, uno de los asuntos que se mencionaba era la situación de Venezuela. Ya entonces este país estaba en caída libre y se había convertido en un gran quebradero de cabeza para Repsol. Un problema que se agravó sobremanera después de que, en marzo de 2025, Trump endureciera las sanciones al régimen de Maduro y prohibiera exportar crudo a la española y otras petroleras internacionales para estrangular aún más la economía venezolana.

El récord trimestral de gastos en lobby de finales de 2025 se alcanzó en vísperas de la captura de Maduro por orden de Trump. Días después, en una reunión en la Casa Blanca junto a otros ejecutivos de la industria petrolera con intereses en el país caribeño, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, prometió al presidente estadounidense “triplicar” su producción de petróleo en Venezuela.

Esta semana, la petrolera ha reafirmado esa promesa, que implica un salto histórico en su producción de crudo en ese país, marcándose un plazo de tres años. 

El pasado jueves, Repsol anunció un acuerdo con el Gobierno de Delcy Rodríguez, la “estupenda” presidenta venezolana, en expresión de Trump, para retomar el control de sus operaciones de extracción de petróleo en este país.

Venezuela alberga las mayores reservas de petróleo del mundo pero requiere inversiones que el propio Trump ha cifrado 100.000 millones para revitalizar su industria de extracción tras décadas de abandono, corrupción y sanciones.

Las exportaciones de crudo venezolano permitirán a la petrolera española empezar a recuperar los más de 4.500 millones en fondos que tiene inmovilizados allí. Esta cifra incluye créditos pendientes con la estatal PDVSA y facturas pendientes de cobrar por suministro de gas. Repsol podrá apuntarse beneficios multimillonarios en los próximos ejercicios si revierte las provisiones que dotado en los últimos años para cubrirse de ese riesgo.

El expresidente del PNV afirmó en su reunión con Trump de enero que en los últimos 15 años la compañía ha invertido 21.000 millones de dólares en operaciones petrolíferas y gasísticas en suelo estadounidense, en lugares como Texas, Pensilvania, Alaska o, según dijo literalmente Imaz, el “Golfo de América”, término que Trump y su Gobierno emplean para referirse al Golfo de México.

La petrolera, que estudia cómo sacar a cotizar en EEUU su negocio de extracción de petróleo, vio cómo en marzo su cotización tocaba máximos de la última década tras lanzar Trump su guerra contra Irán, otro miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como Venezuela.

El conflicto ha cerrado al tránsito marítimo el estrecho de Ormuz, bloqueando el paso a un 20% del gas y el petróleo que consume el planeta, en una crisis energética que este viernes alivió momentáneamente el anuncio de Irán de que abrirá ese paso mientras dure la tregua entre Israel y Líbano, lo que se tradujo en un desplome de la cotización del petróleo, con la consiguiente caída de Repsol en Bolsa.

Un tercio del total

La multinacional española tiene en Estados Unidos desde hace años un destino muy relevante. Allí cuenta con un enorme yacimiento por explotar en Alaska, uno de sus proyectos estratégicos más importantes a nivel mundial. EEUU es el segundo país que más inversión recibe en el nuevo plan estratégico de Repsol.

La española ya concentra buena parte de su producción en un país cuyo errático presidente niega el cambio climático, desprecia las energías renovables y ha hecho de la perforación en busca de hidrocarburos una de sus banderas con su famoso “Drill, baby drill”. 

En 2025, la multinacional que preside Antonio Brufau tenía 1.966 pozos productivos de crudo y gas natural en Estados Unidos de los que extrajo 67 millones de barriles equivalentes de petróleo, más que en ningún otro país. Esta cifra supone un 33,5% de la producción neta total de líquidos y gas natural de Repsol del pasado ejercicio.

Ese récord de 1,46 millones de gasto en lobby en 2025 está un 15,8% por encima de los 1,26 millones de 2024, con el demócrata Biden todavía como presidente. Estas cifras contrastan con los apenas 200.000 dólares que Repsol declaró en estas actividades en todo el ejercicio 2015. Ese año se produjo la adquisición de Talismán Energy, con la que Repsol se volcó en Estados Unidos tras la expropiación de su antigua filial argentina, YPF.

Las cantidades declaradas en EEUU superan ampliamente los menos de 900.000 euros anuales de los que informa la multinacional española en el registro de Transparencia de las autoridades europeas, equivalente al estadounidense. En España esta información no se publica, al no estar regulada esta actividad (hay un proyecto de ley pendiente de aprobación en el Congreso). 

“Accipere quam facere praestat iniuriam” (É mellor sofrer unha inxustiza que facela) Cicerón. Tusculanas.

“Cae na fosa aquel/a que a cavou”. Proverbios 26, 27.

1. Castigo

Azucena Recio toma posesión despois de ser designada polo Consello Superior do Poder Xudicial presidenta da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, e en uso de gran dilixencia (5 días despois) toma as primeiras decisións en exercicio do seu cargo. Traslada de maneira inmediata e forzosa á sección Cuarta os maxistrados Luís Villares Naveira e María Dolores López López, membros até ese momento da Terceira. Así mesmo, dous maxistrados da sección Cuarta son tamén, e de forma forzosa, trasladados á Terceira: Rosa Agrasso Barbeito e César Alexis González Fernández. Dunha primeira leitura poderíase desprender nada máis que un acto de xestión sobre a marcha da Administración de Xustiza ou de disciplina no exercicio das competencias da súa responsabilidade; mais, como se verá co paso do tempo, o deseño, decisión e execución destes traslados teñen unha raíz moito máis fonda e interesante que un asunto disciplinario ou reorganizador. Visto que as decisións admiten recursos e que algún dos castigados manifestou a súa intención de levalo a cabo podemos abandonar aquí este relato, dirimido só no interior do recinto das sedes xudiciais e pasearnos por outros ámbitos máis diáfanos e esclarecedores dos acontecementos.

2. Presión

Vén existindo desde hai tempo unha fonda presión mediática sobre a actuación do Contencioso do TSXG no asunto das autorizacións dos eólicos. Os dardos enfocábanse sempre cara ao maxistrado Luís Villares, nunha manobra de cariz propagandístico e de baixa estofa, para sinalar a un inimigo unipersoal das eléctricas. Mal enfoque, porque unha sala é unha sala (órgano colexiado, non individual), e as seccións tamén son órganos colectivos. O liderado na portavocía dos ataques á Xustiza é exercida, nomeadamente, polo xornal que cre que é a amígdala de Galicia, usando todo tipo de xogos informativos, arrodeando a verdade ou violándoa, cando for preciso. O aguillón final é do poder político do réxime, en consonancia co lobby eólico que non dan feito a patrañas, terxiversacións e propaganda, todo e unicamente en defensa dos intereses desta parte do capital.

Podemos, querendo, empezar polo principio: en que libro sagrado de guións da vida dos galegos está escrito que debamos ser produtores de enerxía eléctrica sen límite, condicións nen teito? Quen decide o destino económico dun pobo como o noso? As compañías eléctricas? Pois a resposta é: case si. Así foi nun tempo da negra ditadura. E non fixemos máis que producir electricidade en todas as modalidades a fin de servir para industrializar España, e aquí non ter nen luz para uso doméstico ou para uso industrial. Convivimos cun estadio Bernabéu (do Real Madrid) iluminado ostentosamente para os partidos nocturnos, servido con electricidade producida na Galiza, que pasaba de largo cara á meseta, ou cara onde Fenosa dispuxese. Seguimos exportando máis enerxía eléctrica da que consumimos e seguimos tendo problemas de distribución e de potencia para as necesidades propias. Quen escrebe o guión dos nosos destinos? Fenosa, Endesa, Iberdrola... o lobby eólico? Primeiro corolario.

Non necesitamos producir máis e moito menos encher o país de muíños como se fose un pesadelo do Quixote. Pero este é o meu razoamento, non o de ninguén máis. O TSXG atense no seu labor ao estrito guión que as leis marcan, e en función delas e da súa correcta aplicación actúa. De modo e maneira que unha vez concedidos permisos de instalación á compañías eólicas e recorridas polos afectados que observan unha aplicación administrativa deficiente, acoden ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e atopan que o Contencioso lles dá a razón. E o Contencioso debe actuar con toda xusteza legal, xa que todos os recursos, contra as medidas cautelares que foron recorridas en casación ao Tribunal Supremo, foron inadmitidos. É dicer, a secuencia é: a lei, a petición de permiso de instalación á Xunta, a concesión (polo que se ve en precario), os recursos de afectados ante o TSXG, exame e medida cautelar e finalmente recurso polas empresas contra as cautelares, e finalmente inadmisión no Tribunal Supremo. Agochado este paso do Supremo só se da a coñecer o cabreo maiúsculo da Xunta do PP acompañado das eólicas. E para maior eco mediático fixase a atención nunha persoa cuxo nome e apelidos son abusados até a saciedade groseira. E onde estará o poder omnímodo dun home para poder facer todo isto só e chegar até o mesmo Supremo? E non será que na Xunta son vicarios dos intereses eólicos e atrapalladamente dan permisos coma churros, en forma de porras, neste caso? Onde está a raíz do mal funcionamento? Na lei? Na aplicación administrativa das condicións da súa aplicación? Na urxencia de cumprir rápido e dilixentemente cos intereses das compañías que albiscan o negocio de se instalar en terreo fácil: Galiza? Podemos escoller calquera das respostas. Nós inclinámonos pola chambonada de aplicación na concesión dos permisos (en concreto, a valoración do impacto ambiental) e pola urxencia dos intereses a satisfacer. O poder executivo debería reflexionar, como adoitan dicer, ás veces. Tamén pode ser unha boa praxe se analisa onde está o miolo da cuestión e comeza a mudar.

3. A obscenidade da relación poder político/económico

O Estado e o poder económico teñen relacións de proximidade sempre. No capitalismo poden aparecer máis formalizadas que noutros sistemas, mais danse sempre. O que podemos discutir son as formas ou a intensidade en cada formación social e en cada momento histórico. Que o poder político teña conexións co poder económico non é novo nen orixinal deste país. O feito de que exista relación máis ou menos íntima entre o PP e o lobby eólico non é novidoso, nen asombroso nen orixinal. Pior foi en Corea na etapa histórica coñecida como de relacións incestuosas entre eses poderes. Mal van tamén nas repúblicas inestábeis latinoamericanas sen control nengún das interferencias notábeis entre un e outro poder. En Europa –a dos máis desenvolvidos–, o Estado cohabita co poder económico tamén pero existen mecanismos de control legal que mitigan bastas interferencias. No noso caso amosouse como obscena esa relación de inxerencia. O intento de control por parte do executivo sobre o poder xudicial asoma nas declaracións de urxir ao xudicial a cumprir cos desexos do executivo, neste caso aguilloado polos intereses do lobby eólico. O que hai detrás é o negocio das compañías interesadas en lograr o primeiro posto de instalación –é dicer, a ocupación– do territorio propicio para a instalación de parques eólicos. O medular é a ocupación, o dereito conseguido de producir enerxía, neste momento, aproveitando as vantaxes da transición enerxética.

Noutros casos podería ser interpretábel a interconexión entre poder e goberno; neste, e como paradigma de mal funcionamento, ficou ao descuberto. Queda moito camiño cara unha democracia de maior calidade.

Tecnología nueva, viejas tácticas. OpenAI ha anunciado el fichaje de George Osborne, exministro de Hacienda del Reino Unido, para liderar una nueva división estratégica centrada en empujar a los gobiernos de todo el mundo para que construyan más infraestructura de inteligencia artificial y la surtan de la energía necesaria. El movimiento recuerda a la llegada del ex viceprimer ministro Nick Clegg a Facebook en 2018, con la misión de utilizar su influencia para impedir movimientos contrarios a los intereses de Mark Zuckerberg tras la explosión del escándalo de Cambridge Analytica.

El equipo de Osborne se denominará OpenAI for Countries. Desde su sede en Londres, el político conservador tendrá la misión de transformar la inteligencia artificial en una “infraestructura crítica” a escala global. Según ha detallado Chris Lehane, jefe de Asuntos Globales de OpenAI, su objetivo es trabajar directamente con los gobiernos para desarrollar la capacidad de computación y “la cadena de suministro” necesaria para alimentar modelos como ChatGPT.

La contratación llega en un momento en que OpenAI intenta redefinir su relación tanto con Estados Unidos como con el resto del bloque Occidental. La empresa defiende que no es solo un proveedor de IA, sino un aliado geopolítico frente a China. Lehane ha enmarcado el fichaje de Osborne en una lucha ideológica: asegurar que la IA se construya sobre “raíles democráticos” y valores occidentales, en contraposición a los “raíles autocráticos” que, según la compañía, promueve Pekín.

“Por eso lanzamos OpenAI for Countries en mayo con un objetivo claro: trabajar con los gobiernos para garantizar que los sistemas globales de IA se basen en valores democráticos y que la IA beneficie a toda la humanidad al expandir la prosperidad y la libertad globales. Hasta la fecha, hemos colaborado con más de 50 países en este trabajo”, dice Lehane.

Con todo, en su lista de tareas, Osborne intentará que los países utilicen los servicios de OpenAI “para mejorar servicios públicos como la salud y la educación”, transmitir los intereses de la empresa en cuanto a “estándares de seguridad, gobernanza, seguridad física y ciberseguridad” o asegurar el “despliegue energético” necesario para operar esta tecnología.

“Hace poco me pregunté: ¿cuál es la empresa más emocionante y prometedora del mundo en este momento? Creo que la respuesta es OpenAI”, ha publicado Osborne en X, donde admite que la oferta de la compañía dirigida por Sam Altman fue “irresistible”.

Ex ministro de Hacienda durante la crisis

Osborne (Londres, 1971) ha sido una de las figuras más poderosas de la política británica reciente. Conservador, fue ministro de Hacienda bajo el gobierno de David Cameron entre 2010 y 2016, siendo uno de los arquitectos de las políticas de austeridad que definieron la respuesta del Reino Unido a la crisis financiera.

Su carrera política terminó abruptamente tras el referéndum del Brexit, en el que hizo campaña por la permanencia en la Unión Europea. Tras su salida del gobierno, Osborne ha sido editor del periódico Evening Standard y socio del banco de inversión Robey Warshaw.

Con todo, su caso y el de Nick Clegg no son casos aislados. El sector tecnológico estadounidense ha encontrado en el gobierno británico un caladero de talento para sus departamentos de lobby: el ex primer ministro Rishi Sunak también ha fichado recientemente como asesor con Microsoft y Anthropic, otra de las principales startups desarrolladoras de IA que compite con Google y OpenAI por el liderazgo del sector.

Las compañías petroleras han conseguido colar más de 1.600 lobistas como delegados en la COP30 de Brasil, según el recuento de los listados oficiales que ha hecho la coalición KBPO (Kick Big Polluters Out). La industria ha inundado así de representantes las conversaciones de la Cumbre del Clima que discute cómo abandonar los productos que ellos venden, es decir, los combustibles fósiles.

Aunque este número total es algo menor que los absolutos detectados en las cumbres de Azerbaiyán el año pasado y Dubai en 2023, la coalición recuerda que, en proporción al número final de asistentes a la cumbre, “estamos ante un récord absoluto”: uno de cada 25 delegados proviene de la industria de los combustibles fósiles.

Así que, mientras los países se sientan a hablar de cómo enterrar el petróleo, el gas y el carbón y la ministra de Medio Ambiente brasileña, Marina Silva, dice en Belém que “necesitamos una brújula que nos guíe lejos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles”, el lobby petrolero aprovecha varias vías de entrada para defender sus intereses en los pasillos y salas de la cumbre.

Provoca furia ver cómo la industria fósil profundiza su influencia año tras año y se burla del proceso de negociación

Jax Bobon — Miembro de KBPO

“Parece de sentido común que no puedes resolver un problema dando poder a los que lo han causado”, reflexiona uno de los miembros de esta coalición, Jax Bobon. Bobon, que llega a Belém do Pará desde Filipinas –donde acaban de padecer el golpe del supertifón Fung– afirma que esta situación le provoca “furia al ver cómo la industria fósil profundiza su influencia año tras año y se burla del proceso de negociación”.

El rastreo de KBPO sugiere que la grandes organizaciones de comercio son la vía principal de entrada de los lobistas. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones –relatan– ha llevado 60 delegados entre los que están representados BP, ExxonMobil o TotalEnergies.

Más hallazgos al escrutar las delegaciones presentes en Brasil. Las compañías fósiles han conseguido dos tercios más de pases oficiales que las delegaciones de 10 de los países más vulnerables al cambio climático producido por sus productos lo que da una idea de cómo pueden cooptar las conversaciones climáticas en la cumbre.

Y no termina ahí la manera de infiltrarse. KBPO ha detectado que “varios estados del Norte Global” han incrustado representantes de la industria petrolera en sus propias delegaciones nacionales. Y detalla que Francia tiene 22 lobistas petroleros en su equipo entre los que subraya “cinco de TotalEnergies”, incluido el CEO Patrick Pouyanné.

Japón, por su parte, según recoge este trabajo, ha incorporado miembros de Mitsubishi Heavy Industries –que ha producido maquinaria para el sector fósil– y Osaka Gas o Noruega que cuenta a seis ejecutivos de su compañía estatal fósil Equinor.

Además, una buena parte de estos lobistas de los combustibles fósiles (599 según KBPO) portan una acreditación con acceso a las salas donde se llevan a cabo los trabajos y negociaciones de la COP.

¿Dejar el petróleo mientas se perfora más?

El choque de intereses de los que hablan estos activistas es obvio. Por un lado, la materialización del Acuerdo de París pide “transitar lejos de los combustibles fósiles”. En el otro, las petroleras han renunciado en muchos casos a sus compromisos climáticos una vez que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha augurado una nueva oportunidad de relanzar su negocio tradicional.

Los lobistas de los combustibles fósiles están convirtiendo la cumbre en una feria de comercio para contaminadores. Mientras se les permita estar dentro de las conversaciones para defender sus intereses, las soluciones reales van a ser imposibles

Nathan Stewart — Coordinador de la campaña Política libre de fósiles

De hecho, en vísperas de la COP30, es decir, poco antes de que sus delegados llegaran a Belém do Pará, ExxonMobil informó de un récord de producción de gas y petróleo en el tercer trimestre de este año. En ese mismo periodo ingresó 7.500 millones de dólares.

En esta misma línea, los líderes del crudo, la misma Exxon, pero también Chevron y Shell siguen incrementando su producción de petróleo a pesar del riesgo de saturación y que los países de la OPEP siguen exportando más barriles cada mes.

Por su parte la británica BP ya ha comenzado el sexto proyecto –de diez nuevos previstos hasta 2027– de petróleo y gas en el Mar del Norte. “Reflejan la fuerza de BP para incrementar la producción”, ha dicho el vicepresidente de proyectos, Ewan Drummond.

Respecto a la francesa TotalEnergies, que también cuenta con representantes en la COP30, la compañía proyecta una producción para este trimestre de 2,5 millones de barriles diarios, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior.

El análisis de KBPO dice que el número de lobistas de los combustibles fósiles se mantiene constantemente alto desde que comenzaron las conversaciones climáticas. “Estos hallazgos refuerzan la urgente necesidad de proteger las negociaciones de la ONU estableciendo un sistema claro de conflicto de intereses”.

El coordinador de la campaña Política libre de fósiles, Nathan Stewart, cuenta que “los lobistas de los combustibles fósiles que inundan la COP30 este año están convirtiendo la cumbre en una feria de comercio para contaminadores”. Y vaticina que “mientras se les permita estar dentro de las conversaciones para defender sus intereses, las soluciones reales van a ser imposibles”.

“El Campo se planta en Madrid”. Es el lema de la I Edición de los ‘Desayunos del Campo’, un evento definido por sus promotores como “el nuevo foro de referencia para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del mundo rural en España” y que patrocina SOS Rural, un lobby agrario conocido por esparcir afirmaciones falsas sobre las energías renovables.

Según sus campañas, las placas fotovoltaicas “esterilizan el campo y aumentan el riesgo de incendios”. “Donde se planta una placa no vuelve a crecer nada en décadas”, aseguran también. El pasado mes de julio, esta organización anunció la puesta en marcha de una macrocausa judicial en toda España contra las plantas solares que, en su opinión, afectan a terrenos con alto valor de cultivo. Fuentes de la asociación señalan que no están contra las renovables, pero rechazan la expansión “desordenada” que solo busca “el máximo beneficio de las empresas”.

El evento apadrinado por SOS Rural y la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena va a contar como ponentes con el expresidente del Gobierno Felipe González, junto a otros dos históricos ex dirigentes socialistas, los expresidentes de Andalucía y Extremadura, Susana Díaz y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, respectivamente; la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y otro conocido ex político del PP, Manuel Lamela, ex consejero de Sanidad y Consumo con Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.

La cita será el próximo miércoles en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de la capital. El programa oficial del evento señala que la apertura institucional correrá “a cargo del Excmo. Señor don Felipe González”, que recientemente ha mostrado simpatía por algunos postulados de SOS Rural.

En enero de 2024, el expresidente socialista (que hasta 2015 fue consejero de Gas Natural, la actual Naturgy, primera gasista de España) definió la energía nuclear como “la menos contaminante” de las fuentes de generación y arremetió contra la fotovoltaica y la eólica, afirmando falsamente que la normativa española no precisa quién tiene las “responsabilidades” de desmontar los parques solares cuando llegan al final de su vida útil, que estos “no son reciclables nunca”, ocupan “un terreno enorme” y acaban “con la agricultura”.

En el evento patrocinado por SOS Rural, Felipe González participará en una mesa redonda sobre “Cohesión y territorio: el reto de la España despoblada” junto a Soraya Sáenz de Santamaría. Actual consejera de Moeve (la antigua Cepsa), la exvicepresidenta lleva años vinculada al bufete Cuatrecasas, que ha logrado varias condenas contra el Reino de España en los multimillonarios arbitrajes de inversores internacionales contra los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó a la retribución de las renovables.

En las jornadas patrocinadas por SOS Rural se celebrará otra mesa redonda sobre “Competencia desleal de los productos agropecuarios españoles”. En ella participarán Rodríguez Ibarra, Susana Díaz y Lamela. Este último fue subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación con José María Aznar.

Lamela fue contratado como lobbista en Bruselas hace una década, cuando gobernaba el PP, por la minera australiana Berkeley, que entonces pretendía abrir una mina de uranio en Salamanca y que ahora reclama a España una indemnización millonaria por prohibir la extracción de este mineral en la Ley de Cambio Climático.

Cuando Berkeley contrató a Lamela, el comisario europeo de Energía era Miguel Arias Cañete, su ex jefe en el Ministerio de Agricultura. Abogado del Estado en excedencia, como Sáez de Santamaría, Lamela fue cliente de Equipo Económico, el bufete fundado por el exministro Cristóbal Montoro que este verano ha protagonizado un escándalo de tráfico de influencias.

El programa inicial del evento de SOS Rural también anunciaba un invitado “paranormal” que participaría “directo desde el Cuarto Milenio”. El evento no va a poder contar finalmente con Iker Jiménez, conocido por sus bulos sobre la DANA de Valencia. El pasado junio el famoso presentador fue uno de los participantes más aplaudidos en una conferencia ultraliberal en Madrid que clausuró el presidente argentino, Javier Milei.

El conductor del evento de SOS Rural será el periodista deportivo de la COPE Juanma Castaño, que en septiembre vinculó las protestas contra Israel en La Vuelta ciclista con ETA. 

La moderadora de esa mesa redonda con Rodríguez Ibarra, Susana Díaz y Lamela será Natalia Corbalán, actual portavoz nacional de SOS Rural. Corbalán es también la consejera delegada de la entidad que está detrás de esta asociación, la Fundación Ingenio, financiada por los regantes del Campo de Cartagena y conocida por haber desinformado durante años sobre el Mar Menor.

Hace poco más de un año, este medio recogía una de las campañas de SOS Rural, centrada en lanzar bulos contra las renovables. Creada en 2023 en la estela del BBB (Movimiento Campesino Ciudadano) que arrastró en las elecciones provinciales de ese año en Países Bajos, SOS Rural se define como “una agrupación ciudadana apartidista, pero no apolítica, espontánea, plural e independiente”.

De ella han formado parte, además de la Fundación Ingenio, asociaciones de caza y pesca de toda España y otras como la Asociación Gallo Combatiente Español, la Asociación Internacional de Tauromaquia o la Agrupación de Peñas Taurinas, según un listado difundido en 2023.

Fundación Ingenio se creó en 2020. Tiene entre sus patronos a grandes exportadores agrícolas como Agromark o Gregal, y las dos principales cooperativas de regantes de Murcia.

En marzo de 2024, Ecologistas en Acción de la Región de Murcia concedió a la Fundación Ingenio sus Premios Atila, que “distinguen y denuncian a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente” en el territorio murciano, “por dedicar tanto esfuerzo y dinero a una campaña constante de desinformación e intentan eliminar cualquier tipo de control legal que proteja al medio ambiente y a la ciudadanía de los abusos empresariales”.

Ingenio estuvo entre los instigadores de varios bulos que se infiltraron en las protestas agrarias de principios de 2024. Entonces, Natalia Corbalán aseguraba que “nuestras ensaladas están en manos de Mohamed VI”, en referencia a las importaciones de hortalizas desde Marruecos. La realidad es que España es el segundo exportador de frutas y hortalizas de la UE, solo por detrás de Países Bajos.

En marzo de 2024, SOS Rural fichó como secretario general a Javier Poza, que llevaba 14 años trabajando en Bruselas para la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), uno de los principales sindicatos agrarios de España, y como asesor del grupo político Renew Europe, en el que estuvo inscrito Ciudadanos. La actual portavoz adjunta de SOS Rural es Lucía Parro, concejala del PSOE en Pantoja (Toledo).

En los últimos meses, la entidad ha marcado distancias con Vox, pero no siempre fue así. SOS Rural tuvo como portavoz al agricultor y ex militar Víctor Viciedo, coronel de infantería en la reserva y presidente de la Asociación de Agricultores Independientes Valencianos.

Sin relación con la actual SOS Rural, Viciedo culpaba en agosto pasado, tras los incendios de este verano, a “las leyes verdes” de ser el “combustible perfecto” para estos eventos. Como portavoz de la organización agraria protagonizó varios actos de Vox y apareció en el programa de Iker Jiménez. En su canal de YouTube, se pregunta si “están Soros y Bill Gates detrás de las renovables en España”.

Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro junto a otros ex altos cargos de José María Aznar y que está en el epicentro de una trama de presunta corrupción y tráfico de influencias en la etapa de Mariano Rajoy, cobró al menos 5,35 millones de euros de una treintena de patronales y lobbies entre 2008 y 2019.

La cifra, calculada a partir de un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) incluido en el sumario del 'caso Montoro', recuerda a los 5,2 millones de euros que esta firma facturó en esos años a organismos y empresas en manos de gobiernos del PP. Pero una partida se entremezcla, los 1,86 millones que el bufete cobró de Madrid Network, asociación empresarial sin ánimo de lucro creada en 2007 para promover (con dinero público) la innovación empresarial en la Comunidad de Madrid.

Esta entidad, en la que trabajó como asesora de prensa Isabel Díaz Ayuso con un sueldo neto de 4.219 euros mensuales, la impulsaron la patronal madrileña CEIM, la Cámara de Comercio regional y el Gobierno de Esperanza Aguirre, que hace unas semanas arremetió contra Montoro por la filtración de sus datos fiscales cuando aspiraba a la alcaldía de Madrid.

La propia CEIM y la Cámara de Comercio figuran entre los lobbies que más pagaron a Equipo Económico. En el caso de CEIM, fue uno de sus pagadores destacados en esos años, con 603.474,88 euros. Por su parte, la Cámara de Comercio de Madrid abonó otros 178.298 euros a la firma fundada por Montoro, Guindos y, entre otros, José Manuel Fernández Norniella, ex alto cargo de Aznar que en 2012 se acogió a la amnistía fiscal de Montoro y que presidió el Consejo Superior de Cámaras de Comercio entre 1998 y 2005.

Esta última entidad, según la AEAT, pagó 284.482,28 euros al bufete. Lo hizo por tres vías. En primer lugar, 106.200 euros se facturaron desde el propio Consejo de Cámaras, y otros 37.018,73 euros, a través de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde), en la que el propio Norniella “ha sido presidente”, destaca el informe de la AEAT.

De esa cifra, Incyde abonó 24.810 euros a Equipo Económico y otros 12.208,73 euros a su sucesora, Global Afteli, la firma que, como reveló elDiario.es en 2018, los socios del bufete crearon cuando trascendió que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando un contrato a dedo adjudicado, precisamente, por las Cámaras de Comercio.

Además, Equipo Económico facturó otros 141.263,55 euros “de 2008 a 2012” a Fundación Crea, que, destaca la AEAT, “está relacionada” con Fundación Incyde. De esos pagos, 134.051,55 euros fueron de forma directa y otros 7.212 euros a través de Centro para la Reforma Económica y el Desarrollo Social SL (CREDS), adquirida por Equipo Económico en octubre de 2007. Fundación Crea fue constituida en 2004 por entre otros, Javier Collado, director general de la Fundación Incyde, para, entre otros fines, dar “apoyo a la creación de empresas, mediante un seguimiento especializado del emprendedor”.

El informe de la AEAT recopila los clientes del despacho con operaciones superiores a 60.000 euros en el periodo 2008-2019 y detalla sus relaciones comerciales y las de sus socios con empresas, asociaciones y organismos públicos, entre otras entidades. En él destaca como cliente, con otros 535.290 euros, la antigua Asociación Empresarial Fotovoltaica, integrada en 2012 en la actual patronal del sector, UNEF, que también pagó otros 90.800,8 euros al despacho.

En esos años, con la reforma energética de Rajoy como trasfondo, Equipo Económico copó titulares por las relaciones de sus socios con dos empresas del sector. El presidente de la firma, Ricardo Martínez Rico, era entonces consejero de Abengoa y otro de los socios, Manuel Vicente-Tutor, fue en esa época secretario no consejero de otro de los principales clientes del bufete, Solaria. La esposa de Vicente-Tutor fue colocada como jefa en la ONIF por Montoro nada más volver a Hacienda en 2012.

La reforma energética de 2012 y 2013 la diseñó Alberto Nadal, entonces secretario de Estado de Energía, luego a cargo de Presupuestos con Montoro y ahora recuperado para el área económica de Alberto Núñez Feijóo en el PP.

Otra gran afectada por esa reforma fue la antigua patronal eléctrica, Unesa. El informe recoge pagos a Equipo Económico de 98.720 euros de su entonces presidente, Eduardo Montes, y otros 18.150 euros de su sucesora, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec). Por su parte, la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines pagó al bufete 72.600 euros; y la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), otros 54.450 euros.

La reforma Guindos

Entre los grandes pagadores del despacho, con 630.020 euros, estuvo el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 456.990 euros los pagó a Equipo Económico y otros 173.030 euros a Global Afteli. Cabe recordar que entre 2012 y 2013, el Ministerio de Economía, que encabezaba Luis de Guindos, analizó una liberalización del sector de las farmacias incluida en una ley sobre los servicios profesionales, que acabó desechando.

El informe que la Agencia Tributaria elaboró en octubre de 2020 a petición de la Fiscalía sobre las relaciones económicas del bufete de Montoro y sus socios indica que “debido a la urgencia instada en la elaboración del informe, queda pendiente para sucesivos el traspaso de la información en poder de la AEAT en relación con varias sociedades vinculadas y 3 socios del despacho: D. Cristóbal Montoro, su hermano [Ricardo Montoro, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas con Aznar], así como el Sr Guindos”.

El actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), que pertenece a una familia de farmacéuticos, fue socio del bufete de Montoro desde su creación en junio de 2006 (tenía un 5%) hasta el 6 de mayo de 2008. Hasta 2012, y mientras Economía analizaba la posible liberalización de las farmacias, un hermano de Guindos, Juan de Guindos, fue consejero de Cofares, principal cooperativa de distribución de medicamentos de España. “Los farmacéuticos ganan la batalla y Economía no les liberaliza”, titulaba en 2013 este diario.

Fuentes del Consejo General de Colegios Farmacéuticos indican que Equipo Económico fue uno de sus proveedores entre 2008 y 2019. La empresa que fundó Montoro “elaboraba para el Consejo General informes periódicos de coyuntura macro y microeconómica, así como del gasto sanitario y en medicamentos. Del mismo modo elaboraba documentación de carácter financiero y fiscal con las principales novedades y su repercusión directa sobre la profesión farmacéutica y la oficina de farmacia. Esta colaboración concluyó en 2019”.

Otro relevante cliente del bufete fue el lobby G 14 Inmobiliarias por la Excelencia, que pagó 524.260 euros a Equipo Económico, y que fue creado a finales de 2007 por las mayores empresas de ese sector entonces, cuando la burbuja del ladrillo empezaba a dar síntomas de agotamiento y el sector insistía en que se produciría un “aterrizaje suave”. Entre las fundadoras del G 14 estaban, Colonial, Metrovacesa y varias ya desaparecidas, como Chamartín, Martinsa-Fadesa o Reyal Urbis. Esta última luego encabezaría la lista de morosos a la Hacienda pública que creó el propio Montoro y también fue cliente del despacho.

En el informe de Hacienda figuran pagos de 363.000 euros de la patronal protagonista hasta ahora del ‘caso Montoro’, la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGFIM), en el foco de la investigación de un juez de Tarragona desde 2018 por el supuesto trato favorable de Hacienda a este sector gracias a la mediación de Equipo Económico. Los investigadores plantean que el bufete pretendió cobrar su minuta o “success fee” prorrateándose entre los diferentes socios de la patronal mediante lo que denominan “pitufeo”. Y mencionan la posibilidad de que el trato de favor a esta patronal se extendiera en esos años a otros sectores y empresas.

Entre ellos, el negocio del juego, que también aparece en el listado de lobbies que fueron clientes de la firma. Equipo Económico cobró, según la AEAT, 101.640 euros de la Asociación Empresarial de Casinos de Juego y otros 11.850 euros de la Fundación Codere, adicionales a los 679.000 euros que abonó al despacho esa multinacional, en la que trabajó Rafael Catalá antes y después de ser ministro de Justicia con Rajoy.

159.224 euros pagó al bufete la Federación Española de Bebidas Espirituosas, cuyo director general desde hace años es Bosco Torremocha, hijo del ex juez Fernando Torremocha, que durante muchos años fue consejero del PP en distintos organismos de la Competencia. Fernando Torremocha fue colocado por el PP como vicepresidente de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y consejero de su sucesora, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El partido llegó a meterlo en su junta directiva mientras era vocal del denominado ‘súperregulador’ que los populares crearon en 2013.

Otras patronales clientes de Equipo Económico, ya con sumas inferiores a 50.000 euros, fueron la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (33.050 euros), la Asociación Española de Banca (AEB) y su fundación (24.200 euros), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (20.060 euros) y dos entidades vinculadas a las ETT: la Asociación de grandes empresas de trabajo temporal, Asempleo (25.410 euros) y la Fundación Randstad (10.890 euros).

Con 24.080 euros aparece el Instituto de la Empresa Familiar (IEF). El informe de Hacienda destaca las relaciones del bufete y su filial CREDS con un directivo del IEF, Esteban Sastre, que cobró de la firma 267.707 euros entre 2012 y 2016. Una empresa que administra Sastre, Altamar Análisis e Inversiones, recibió otros 40.535 euros de Equipo Económico y Global Afteli entre 2015 y 2019.

Otros lobbies que pagaron a Equipo Económico en esos años fueron la patronal biotecnológica Asebio (18.150 euros), CEOE (17.400 euros), la Confederación Empresarial Española de Artesanos de Pastelería Bollería (17.400 euros), la Federación Nacional Empresarial Transporte en Autobús (Fenebús), con 14.520 euros, y Fundación Ecolec (9.801 euros), creada por las patronales de fabricantes e importadores de electrodomésticos para la gestión de los residuos de este sector.

El Partido Popular recibió el pasado 1 de julio en Bruselas una delegación de Altri, la empresa portuguesa que pretende instalar una macrocelulosa en el corazón de Galicia. El proyecto ha despertado una gran contestación social, sustanciada, entre otras cosas, en manifestaciones multitudinarias, históricas, de oposición. El encuentro figuraba en la agenda de Francisco Millán Mon, el eurodiputado gallego de los conservadores, y, según explica a este periódico una portavoz de la compañía, “no buscaba ningún tipo de acuerdo, sino avanzar en la difusión del proyecto en el ámbito europeo”. Precisamente el Gobierno central denegó a la empresa fondos europeos del PERTE de descarbonización, en concreto 30 millones.

Pese a la fuerte oposición social, de la izquierda política o del sindicato mayoritario de Galicia, la derecha mantiene su apoyo a un proyecto que ha suscitado importantes dudas entre expertos ambientales o en el territorio. La Xunta de Alfonso Rueda le ha otorgado una declaración de impacto ambiental favorable y ahora tramita la autorización ambiental integrada. Pero esa misma Xunta también ha rectificado su postura inicial y ahora asegura que en ningún caso proporcionará fondos propios a la iniciativa.

La visita de Altri al Parlamento europeo incluyó entrevistas con otros cuatro eurodiputados, además de Millán Mon: con un portugués del PP europeo, con un socialista portugués, con otro liberal del Grupo Renew y con una del PNV. Las peticiones de audiencias, señalan desde Altri, se dirigieron a miembros de las comisiones de Industria y Medio Ambiente. Ese mismo 1 de julio, el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, también se había desplazado a Bruselas para participar en el Comité de las Regiones. Fuentes de su entorno aseguran que no se vio con los promotores del proyecto Gama.

La catedrática de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Teresa Garcia-Milà ha sido proclamada nueva presidenta del Cercle d’Economia este jueves, convirtiéndose así en la primera mujer en presidir este lobby empresarial desde su fundación en 1958.

Según ha informado el Cercle en un comunicado, Garcia-Milà era la única candidata que se presentó a las elecciones. Socia de la entidad desde 1995, afronta un mandato de tres años (2025-2028) “con la voluntad de reforzar los valores fundacionales del Cercle —democracia, economía de mercado y Europa—”, agrega la entidad.

El Cercle enmarca la presidencia de Garcia-Milà “en un contexto económico y geopolítico marcado por la inestabilidad política, las tensiones entre los grandes pilares económicos y políticos globales, el populismo o la desinformación”. En esta coyuntura de “grandes retos para la democracia liberal y la economía de mercado”, agrega la entidad, la nueva presidenta “quiere poner el foco en reflexionar sobre Europa y cómo recuperar su fuerza política y económica en el tablero global”.

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y doctora en Economía por la University of Minnesota, actualmente es directora de la Barcelona School of Economics (BSE), catedrática de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) e investigadora asociada del Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI). También es vicepresidenta del patronato del Institute of Political Economy and Governance (IPEG).

En el ámbito institucional y empresarial, es consejera de Repsol y presidenta de su comisión de auditoría, presidenta no ejecutiva de Sabadell Digital, y asesora económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Ha sido consejera de Enagas, Vueling y Banco Sabadell, y ha formado parte de varios consejos asesores públicos y privados, entre ellos el de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Consejo Asesor para la Reactivación y el Crecimiento (CAREC) de la Generalitat de Catalunya.

Tal y como desveló elDiario.es en 2024, García-Milà compaginó su puesto de profesora funcionaria a tiempo completo con la participación en consejos de administración de Repsol, actividad por la que percibió 287.000 euros en 2022. En 2023 la cifra ascendió a 347.000 euros.

Una investigación académica recién publicada, basada en información “clasificada” durante décadas, describe el nacimiento de la energía nuclear en España durante la dictadura de Francisco Franco como ejemplo de “captura regulatoria” casi sin parangón en el mundo.

El estudio se publicó días antes del histórico apagón del pasado 28 de abril, que Donald Trump usó el viernes como argumento para impulsar la nuclear en Estados Unidos, y que ha exacerbado la campaña pronuclear del PP contra el cierre de los reactores (las empresas lo condicionan a que les bajen los impuestos) y a favor de una polémica mina de uranio en Salamanca.

Sus autores son dos académicos de la Universidad de Granada, Josean Garrues-Irurzun, catedrático de Historia e Instituciones Económicas especializado en electricidad (ha investigado la historia de Iberdrola, Red Eléctrica o la regulación del sector), y Juan Antonio Rubio. Ambos combaten la “visión edulcorada” de este proceso como ejemplo de “colaboración público-privada, como ocurre con la sanidad, cuando en realidad el que pone las condiciones es la empresa”, dice al teléfono Garrues-Irurzun.

Su tesis: que “al menos en la primera fase” del despliegue del sector la “captura del Estado español por parte del oligopolio eléctrico bancario fue una variedad distintiva” en el mundo, con un “grupo selecto de compañías eléctricas españolas, bancos afiliados e industrias de bienes de equipo asociadas” aprovechando “sus interconexiones financieras y la de sus directorios” y “marcos regulatorios débiles” para “restringir la entrada de nuevos competidores” y transferir “costes indebidos de las empresas a los consumidores, contribuyentes y ciudadanos”.

Estos “soportaron la carga a través del aumento de los precios de la electricidad a corto plazo, la moratoria nuclear a medio plazo y los gastos del desmantelamiento nuclear a largo plazo”.

Una captura con mecanismos “caracterizados por negociaciones opacas y explotación de información privilegiada” que “se asemejan a la corrupción presente en otros sectores económicos” en esa época. Administración y empresas “hicieron mal uso y abusaron de su poder, explotando la debilidad del Estado y actuando en detrimento del interés público”.

España fue uno de los pocos países subdesarrollados que se adentró en la carrera nuclear, la primera dictadura capitalista que conectó un reactor y uno de los tres países (junto a Estados Unidos y Japón) donde las primeras plantas fueron de propiedad y operación privadas.

En el resto, “los sistemas eléctricos eran de propiedad estatal o tenían una estructura mixta, lo que significa que el gobierno era directamente responsable de su regulación”, dice el estudio, que analiza la “etapa de transición” entre la autarquía de “consecuencias económicas nefastas” en los primeros 20 años de dictadura y el “relativo éxito económico” del desarrollismo (1959-1975) con los tecnócratas del Opus Dei.

El “enfoque singular” de España al desarrollar las nucleares “contrasta con la mayoría de países democráticos, donde el Estado ha dirigido las políticas energéticas en beneficio del interés público, legitimado por el voto ciudadano, en lugar de favorecer intereses oligárquicos específicos”.

Entre 1920 y 1970 la interconexión entre eléctricas y banca en España “no tiene parangón” con otros sectores. Siete grupos privados integrados en la antigua patronal Unesa (hoy Aelec) controlan “más de dos tercios de la producción eléctrica nacional”. Hay “una gran concentración de poder” en la banca: seis entidades acaparan dos tercios de los activos.

A diferencia de otros países, tras la Segunda Guerra Mundial las eléctricas españolas eluden la nacionalización. Un “éxito” solo “amenazado” por la aparición de empresas públicas como Endesa, hoy italiana. “Al lobby eléctrico le preocupaba que los objetivos nucleares del Gobierno” gestionados por el Instituto Nacional de Industria (INI) “se desviaran significativamente de los planes de la industria para controlar la distribución privada de la futura energía electronuclear”.

En los 50, eléctricas y Estado firman un acuerdo de colaboración para explotar un reactor experimental en Madrid. Pero se resisten “a un programa nuclear más avanzado que habría aprovechado la experiencia tecnológica británica y francesa con el uranio natural y, al mismo tiempo, habría alineado sus intereses comerciales (producción de electricidad) con los objetivos del Gobierno (producción de plutonio)”.

“Optar por el uranio natural habría favorecido a la facción conservadora de Franco, que abogaba por políticas militares y energéticas autosuficientes durante la fase autárquica”.

Una reunión de la Comisión Asesora de Reactores Industriales (CADRI) de diciembre de 1958 refleja los desacuerdos sobre el modelo de gestión. Estado y eléctricas “reconocían la necesidad de la colaboración público-privada, pero tenían motivaciones diferentes. Ninguna quería verse excluida de las decisiones relativas a la propiedad, el funcionamiento y la financiación”. El Estado quería “ampliar su papel más allá de la investigación” y las empresas, “recelosas de la implicación gubernamental en el desarrollo comercial de la energía nuclear, condicionaban su apoyo financiero a la no participación del gobierno”.

El régimen, “enfrentado a una grave crisis institucional y al colapso económico”, empieza “a ceder a las demandas de las compañías eléctricas”. Los tecnócratas del Opus aplican reformas económicas, aumentan la apertura comercial y liberalizan gradualmente el mercado interior, “siempre preservando las estructuras sociales y políticas tradicionales del franquismo”. 

Se opta por el uranio enriquecido, alineando la política nuclear española con la de EEUU, “promoviendo indirectamente la participación del sector privado y desviándose de una estrategia energética independiente”. Los tecnócratas fomentan “una mayor receptividad entre la élite a la participación del sector privado en la toma de decisiones económicas”, especialmente en la industria nuclear, unida a la creciente influencia de EEUU como aliado estratégico y “valioso socio económico” en los primeros años de la Guerra Fría.

“Esta nueva orientación política reforzó las estrategias corporativas de las eléctricas españolas frente al enfoque de «Estado promotor» del INI”.

Con las fianzas del Estado en los huesos, sin una política energética cohesionada ni “una estructura burocrática robusta, las grandes compañías eléctricas, más allá de las meras tácticas de presión política, explotaron estratégicamente su poder financiero y tecnológico”. “Varios grupos eléctricos-financieros, conocidos colectivamente como el Consorcio Nuclear (Nuclenor, Tecnatom y Cenusa) presentaron al CADRI proyectos de producción de energía nuclear que llevaban tiempo desarrollando en secreto”.

Y bajo la influencia de EEUU, “la política económica del gobierno español dio un giro significativo, facilitando el dominio de los intereses privados del oligopolio eléctrico sobre los intereses estatales autárquicos”. Los factores internacionales y nacionales inclinaron la balanza “a favor del oligopolio”.

El punto de inflexión llega en 1963. “Increíblemente”, el nuevo ministro de Industria, Gregorio López-Bravo, autoriza provisionalmente las dos primeras nucleares “antes de que se hubiera promulgado ninguna legislación sobre seguridad y responsabilidad civil”. La primera, Zorita (Guadalajara), inaugurada en 1968 y cerrada por una orden del Gobierno de José María Aznar de 2002. 

Los autores creen que la normativa aprobada entre 1964 y 1972, que sentó las bases de la regulación del sector, ilustra esa “captura regulatoria” con “dos características distintivas” respecto a otros países.

Por un lado, la Ley de Energía Nuclear de 1964, “tan significativa por lo que omitió como por lo que dictó”, reconoció a las empresas como posibles operadores del sector y “silenció deliberadamente la cuestión crucial de los modelos de propiedad y gestión (pública, privada o mixta)”. Y las tres primeras nucleares (Zorita, Garoña y Vandellòs I) ya funcionaban “antes de que la ley se hubiera completado y entrado en vigor” en 1972.

Otras dos decisiones refuerzan más a las empresas: la autorización administrativa (no una concesión por licitación) elimina la competencia por la propiedad y la gestión operativa de las centrales; y como en otros países, se decide “no exigir al capital privado responsabilidades excesivamente graves” en caso de accidente “favoreciendo” el desarrollo de la industria. Así lo dice la ley nuclear todavía hoy.

Sin contrapesos

El estudio concluye que “la ausencia de pesos y contrapesos facilitó sin duda la dirección de la política nuclear por parte de quienes contaban con mayor respaldo financiero y mejor información, en particular las empresas”. EEUU “proporcionó el combustible tratado, la formación y los métodos de pago necesarios” y el Estado asumió “muchos costes empresariales (preparación de combustible, eliminación de residuos y seguridad), cuando no los complementó con subvenciones”.

Una captura “coherente con lo ocurrido en el sector eléctrico durante el franquismo”, sin una estrategia “coherente” y la regulación “imperfecta” de un Estado débil, “autoritario pero sin autoridad real”, que “otorgaba demasiado poder a sus agentes y no controlaba a las empresas privadas monopolistas”.

Esto no significa, según los autores, que un programa nuclear en manos del Estado en la dictadura “hubiera logrado un mejor funcionamiento”. Pero las eléctricas “utilizaron su poder financiero y tecnológico, junto con la debilidad institucional y la falta de experiencia gubernamental en materia nuclear” con “presiones ilegales para garantizar la rentabilidad, eliminar la competencia, configurar el plan de inversión y obtener un trato fiscal y arancelario favorable”. 

“El oligopolio eléctrico-bancario aprovechó su posición como único actor” capaz de hacer esas inversiones y “condicionó su participación en el programa a la obtención de garantías de rentabilidad y la externalización de muchos costes”.

Para asegurarse de que sus inversiones fueran rentables, las eléctricas “priorizaron la eliminación de la competencia de terceros”, “se aseguraron un sistema de tarifas que cubriera sus costes de inversión y garantizara una rentabilidad satisfactoria” y “buscaron un trato favorable de la Administración en materia fiscal, tarifaria y financiera, incluidas las subvenciones y la externalización de costes”.

“La dictadura franquista desestimó manifiestamente el interés público”, algo “inherente a la ilegitimidad de los regímenes autoritarios” y “lógico en una dictadura manifiestamente corrupta como la de Franco”.

Sin embargo, el modelo de colaboración público-privada implantado en la central de Vandellòs en 1972, “unido a la elección de un reactor de uranio natural-grafito, hace pensar que la captura regulatoria no se realizó plenamente”, si bien los intereses privados “acabaron prevaleciendo” en la “decisión crítica” sobre la propiedad y gestión de las centrales, algo que “ha perdurado” hasta hoy.

Para los autores, hubo que esperar a que “el gobierno socialista estableciera un poder regulador para hacer frente al poder de mercado del oligopolio eléctrico-bancario”. Hasta finales del siglo XX no hubo una regulación “sólida” del sector. “Como en otros países con gobiernos autoritarios, la transición del Estado promotor al Estado regulador no implicó la creación de organismos reguladores independientes que mediaran entre productores y usuarios” hasta la democracia.