Las adicciones aparecen en los medios con frecuencia cuando se convierten en un suceso, protagonizan un episodio especialmente llamativo o dejan al descubierto sus consecuencias más visibles. Mucho menos habitual es que ocupen reportajes capaces de profundizar en los factores sociales, económicos y psicológicos que intervienen en su desarrollo. Es una de las cuestiones centrales del coloquio 'Periodismo ético, responsabilidad social en la comunicación“, celebrado este jueves en el marco de las V Jornadas de Intercambio Profesional de Projecte Home Balears.

El debate, llevado a cabo en la sede de la Fundació Sa Nostra y moderado por el periodista David Oliver, ha reunido a Angy Galvin, doctora en Periodismo, directora de elDiario.es en Balears y profesora del CESAG-Comillas; Ángeles Durán, doctora en Comunicación, presidenta de la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) y profesora del CESAG-Comillas, y Antoni Parets, director de Comunicación y Proyectos de Projecte Home Balears. Bajo el lema general de las jornadas, 'Comprender la adicción desde una mirada integradora', los participantes han reflexionado sobre la responsabilidad de los medios a la hora de representar el consumo de drogas, evitar el estigma y explicar un fenómeno que no puede reducirse a decisiones individuales.

“Yo creo que no se explica suficiente o no se explica bien”, ha aseverado Durán Duránte su turno de palabra, en el que ha defendido una cobertura más profunda y formativa en forma de reportajes que incorporen fuentes expertas, datos, cifras y evidencia científica, en lugar de limitarse a recoger declaraciones de vecinos o testimonios que alimenten el morbo sin aportar conocimiento sobre el problema. En esta línea, la presidenta de la APIB sostiene que no informar de una realidad no contribuye a resolverla. “No hablar de ese problema no implica que se vaya a solucionar”, ha incidido, subrayando que la cuestión no consiste en publicar indiscriminadamente cualquier episodio relacionado con las drogas, sino en abordar las adicciones con contexto, rigor y una finalidad preventiva.

También ha defendido la necesidad de ofrecer información útil sobre las posibilidades de tratamiento y recuperación y, al igual que ocurre con la cobertura del suicidio, ha añadido que informar responsablemente exige evitar determinados enfoques y, al mismo tiempo, contribuir a que la ciudadanía conozca la dimensión del problema. La periodista ha defendido que las adicciones deben abordarse en reportajes que incorporen fuentes expertas, datos, cifras y evidencia científica, y no únicamente a través de declaraciones de vecinos o testimonios sin conocimiento especializado. El objetivo, ha recalcado, debe ser ofrecer información que ayude a comprender el problema y que incluya recursos de ayuda y posibilidades de recuperación.

En este sentido, Galvín ha hecho hincapié en la importancia de contextualizar: “Por mucho que el periodista no cuente lo que está pasando, no significa que vaya a desaparecer”. La directora de la delegación balear de este periódico ha apelado por una cobertura que no se limite a reaccionar ante casos concretos, sino que permita comprender el fenómeno y sus distintas dimensiones. “Yo siempre voy a ser partidaria de contar y de contextualizar”, ha remarcado.

Desde Projecte Home, Parets ha defendido la necesidad de extremar la cautela al informar sobre personas con adicciones y evitar que una noticia termine condicionando su vida. El responsable de comunicación y proyectos de la entidad ha explicado que, cuando se plantea dar voz a una persona que ha pasado por un proceso de recuperación, valoran tanto su edad como las consecuencias que la exposición pública puede tener sobre su futuro. La decisión, señala, exige encontrar un equilibrio entre el interés informativo y el respeto a la persona.

De la sección de sucesos a un problema colectivo

Los ponentes han coincidido en que el tratamiento informativo de las adicciones ha evolucionado respecto a décadas anteriores, cuando el consumo de heroína aparecía ligado con frecuencia a la delincuencia, la inseguridad y la marginalidad. Sobre ello, Galvín que las redacciones tienen hoy una mayor conciencia sobre las consecuencias del lenguaje que utilizan. “Los periodistas ahora tenemos en cuenta que no todo vale por tal de comunicar algo de manera más efectiva”, ha señalado, explicando cómo Duránte años los medios han utilizado expresiones estigmatizantes como “yonki” y “porreros” que han contribuido a revictimizar a las personas que sufrían problemas de adicción.

Durán, por su parte, ha advertido de que persisten los enfoques que reducen un problema complejo a una imagen estereotipada, especialmente en las informaciones de sucesos y en determinados contenidos que circulan por las redes sociales. “Las palabras no son neutras”, ha afirmado Durán, quien defiende la aplicación de los principios deontológicos del periodismo y, en particular, el respeto a la dignidad humana.

Aunque el código de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) no incluye un apartado específico dedicado a las adicciones, la periodista señala que sus principios éticos son aplicables a la cobertura de estas realidades. También alerta de que los medios siguen teniendo una capacidad importante para marcar la agenda pública, pese al auge de las plataformas digitales.

Parets ha advertido también de los riesgos de construir los relatos periodísticos alrededor de los aspectos más morbosos de una historia. En su intervención, ha explicado cómo Projecte Home intenta evitar que los testimonios se reduzcan a episodios de violencia, delitos o conflictos familiares, especialmente cuando esos elementos no representan necesariamente la realidad de las personas con adicciones. La intención, sostiene, es ofrecer una visión más amplia y evitar que la cobertura refuerce los prejuicios que vinculan automáticamente el consumo de drogas con la exclusión social o la delincuencia.

Los vídeos sensacionalistas

La directora de la delegación balear de este periódico ha advertido, por otro lado, de que el desafío no se limita a las prácticas de los medios tradicionales, sino que se extiende a los contenidos que circulan por las redes sociales y que alcanzan especialmente a los más jóvenes. En esta línea, ha expresado su preocupación por la viralización de algunos contenidos de youtubers que presentan visitas a barrios vulnerables como experiencias extremas con titulares que exageran el peligro. A su juicio, este tipo de contenidos reproduce malas prácticas periodísticas que se creían superadas y contribuye a construir una imagen distorsionada de las personas con adicciones. “La imagen que tienen muchísimos jóvenes sobre la drogodependencia muchas veces viene a través de las redes sociales”, abunda.

Galvín defiende la necesidad de que quienes comunican, sean periodistas o creadores de contenido, asuman la responsabilidad social que implica informar sobre una problemática compleja. Aunque considera que las redacciones han avanzado y que existe una mayor atención a los códigos deontológicos, rechaza que los medios puedan dar por resuelto el problema: “Creo que ahora la batalla es en redes sociales y por intentar educar a esos comunicadores, no periodistas, pero sí comunicadores de la necesidad de tratar el tema con mayor conciencia social”.

El contexto social que queda fuera del relato

La mirada integradora que han planteado los participantes implica no explicar las adicciones exclusivamente desde el comportamiento de quien consume. La precarización, las condiciones de vida, los problemas psicológicos y las circunstancias personales forman parte del contexto que puede ayudar a comprender las trayectorias de consumo, aunque no exista una única causa que explique el desarrollo de una dependencia.

El debate ha apuntado así a una limitación frecuente de la información sobre drogas: cuando la noticia se construye alrededor de un episodio aislado, el foco se concentra en la conducta individual y deja en segundo plano las circunstancias que la rodean. Para profundizar en ellas hacen falta tiempo, investigación y fuentes especializadas, recursos que no siempre encajan con la lógica de la noticia inmediata.

Los participantes también han cuestionado la tendencia a asociar las adicciones con la marginalidad. Al respecto, Galvín ha advertido de que los estereotipos continúan condicionando la percepción pública y dificultan reconocer el problema cuando afecta a personas que no responden a la imagen tradicional de la exclusión social.

Y es que, como ha puesto de manifiesto, el consumo de cocaína puede tener dos lecturas muy diferentes según quién lo protagonice. En determinados ambientes, consumir Duránte una fiesta se presenta como una forma más de diversión; cuando el consumo se hace visible en la calle y se asocia a la pobreza, la imagen cambia y aparecen los estereotipos de la marginalidad y la delincuencia. “El yonki no es el del chalet de Ibiza que se mete rayas. Ese es un fiestero”, asevera al ilustrar cómo un mismo consumo puede recibir una consideración social diferente según quién lo protagonice y el entorno en el que se produce. La diferencia de percepción, añadió, contribuye a invisibilizar problemas de adicción entre personas que mantienen una vida aparentemente normal.

La periodista ha advirtido así de que el tratamiento mediático al respecto está atravesado por prejuicios de clase. “Hay un componente de aporofobia cuando se trata el tema del consumo de drogas”, señala, contraponiendo la imagen del famoso de Hollywood que acude a una clínica de desintoxicación con la del “yonki” que aparece “tirado en la calle” y cuyo problema se percibe como una amenaza pública. Entre ambos extremos, lamenta, apenas hay “una escala de grises”: mientras determinados consumos se normalizan e incluso se presentan como parte de un estilo de vida atractivo, las personas que desarrollan una dependencia siguen cargando con el estigma.

Parets, por su parte, recuerda que la aceptación social de las sustancias también influye en la forma de percibir sus consecuencias. La dependencia del alcohol, pese a que puede tener efectos graves, no siempre recibe la misma consideración que el consumo de drogas ilegales. Para el director de Comunicación y Proyectos de Projecte Home Balears, comprender las adicciones exige una perspectiva biopsicosocial que tenga en cuenta su complejidad.

Durán insiste en que las palabras no son neutras y en que los principios deontológicos del periodismo deben aplicarse también a este ámbito. La información debe evitar los prejuicios y la revictimización, sin que eso suponga ocultar hechos relevantes. La clave, defendió, está en explicar en profundidad y no en convertir cada caso en un espectáculo.

Investigar el negocio que hay detrás

La responsabilidad de los medios, según Durán, tampoco debe detenerse en las personas que consumen o desarrollan una dependencia. La periodista reclama investigar los intereses económicos que operan detrás de determinados mercados relacionados con las drogas, citando el caso del fentanilo en Estados Unidos como ejemplo de la importancia de examinar las responsabilidades empresariales.

“Los medios de comunicación son empresas que tienen intereses”, advirtió, antes de reivindicar un periodismo valiente que investigue qué hay detrás del negocio. La reflexión introduce otra dimensión en la cobertura de las adicciones: además de analizar sus consecuencias individuales y sociales, el periodismo puede examinar quién obtiene beneficios económicos y qué responsabilidades se derivan de ello.

Al término del coloquio, Parets ha reclamado un periodismo “creativo, profesional, educativo y que genere valor” frente al mercantilismo. Galvín ha recordado que detrás de cada fotografía, frase o titular hay una persona y que lo publicado puede tener consecuencias tanto para ella como para el colectivo al que pertenece.

Las intervenciones de la mesa coincidieron en una idea: informar sobre las adicciones requiere algo más que contar el consumo cuando se convierte en noticia. Exige aportar contexto, contrastar con fuentes expertas, evitar los estereotipos y examinar las dimensiones sociales y económicas del problema. El reto para los medios es dejar de mirar únicamente el episodio visible y dedicar espacio a explicar qué hay detrás.

La Audiencia Provincial de Balears ha ordenado investigar por el cartel de la fiesta reivindicativa 'Santa Punxada', difundido en enero de 2025 en el marco de las celebraciones de Sant Sebastià de Palma, que representaba al patrón de la ciudad con una sobrassada como pene acompañado por una versión femenina del mártir y ambos rodeados de 'dimonis', uno de los símbolos esenciales de las fiestas populares de Mallorca. También aparecía una figura de Jesucristo caracterizada como DJ. La 'Santa Punxada' se lleva a cabo cada año con el apoyo de Podemos como alternativa de los derechos LGTBIQ+ al programa oficial de las fiestas patronales de Palma. La resolución no declara que se haya cometido ningún delito ni determina la responsabilidad de las personas denunciadas.

La Sección Segunda estima parcialmente los recursos interpuestos por la organización ultracatólica Abogados Cristianos, Vox y el diputado de éste, Jorge Campos, contra la resolución con la que, en marzo del año pasado, un Juzgado de Palma inadmitió a trámite la querella presentada por todos ellos contra la líder de Podemos en Balears, Lucía Muñoz, y contra la ilustradora Lluïsa Febrer, a raíz de la creación y difusión del cartel promocional.

En cambio, los magistrados mantienen la inadmisión de la querella por un posible delito de odio -al que apuntaban tanto la formación de extrema derecha como Campos-, al considerar que los hechos relatados no contienen elementos que apunten al fomento o la incitación al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo o sus integrantes por motivos religiosos, como tampoco una lesión de la dignidad de determinadas personas. La nota de prensa con la que Abogados Cristianos ha anunciado esta mañana la reapertura de la causa no menciona este extremo.

Los magistrados consideran, respecto al supuesto delito de escarnio, que no se puede descartar la eventual relevancia penal de los hechos sin investigar antes determinadas circunstancias, especialmente la intención con la que se difundieron las imágenes. El tribunal explica que no puede utilizarle la vía de la inadmisión a trámite como forma de sobreseer una causa y descartar la dimensión penal de los hechos sin antes haber llevado a cabo las averiguaciones pertinentes. En este sentido, la Audiencia cuestiona que pueda descartarse de forma definitiva la posibilidad de que la intención provocadora o polémica del cartel se acompañara de una voluntad consciente de ofender.

La resolución también examina la interpretación artística y satírica de las imágenes. Si bien el archivo inicial consideraba que el cartel constituía una manifestación artística que utilizaba la sátira y la caricatura para provocar, y que no apreciaba un escarnio de la religión católica, la Audiencia entiende que, más allá de su carácter provocador, es preciso practicar las indagaciones oportunas antes de descartar definitivamente la relevancia penal de los hechos.

Tras conocer el auto, Muñoz ha puesto de manifiesto que la resolución no altera la posición de la formación. “Seguimos pensando lo mismo que el primer día y mantenemos todo nuestro apoyo y defensa de la libertad de expresión y de la creación artística”, señala en declaraciones a elDiario.es, recordando que la intención del cartel era mostrar “la cara más reivindicativa de Sant Sebastià” más allá de su dimensión religiosa.

No en vano, recuerda que el santo forma parte también de la historia del arte y que desde el Renacimiento ha sido representado como un símbolo erótico y de disidencia sexual que sigue plenamente vigente. “No nos hemos inventado nada”, incide. La representante de Podemos ha expresado su preocupación por la apertura de una causa judicial sobre una propuesta artística y ha recordado que incluso el cartel de la película La Bola Negra, candidata española a los Oscar, contiene una estatua de San Sebastián atravesado por flechas como parte de esa tradición iconográfica.

La líder de Podemos recordó en su momento que la pretensión de la 'Santa Punxada' es hacer visible “la parte más reivindicativa” de la figura de Sant Sebastià, una parte de su historia, señala, que “muchas veces se omite o se esconde”. “Es el patrón de Palma y nunca hemos hablado de que la comunidad LGTBI lleva haciendo suya desde hace tiempo la imagen de Sant Sebastià, una persona que fue martirizada por defender su manera de vivir y de ver el mundo [fue un tribuno romano ejecutado por su fe en el cristianismo]. Es un icono y su figura está relacionada con el erotismo desde el Renacimiento”, recalcó en declaraciones a este periódico.

Pese a que la resolución no entra en el fondo de los hechos ni determina la existencia de un delito, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, la interpreta como “una victoria muy importante frente a quienes pretenden utilizar la libertad de expresión como excusa para humillar a los cristianos”. “La Justicia ha dejado claro que estos hechos no podían archivarse sin investigarlos”, expresa en un comunicado difundido este jueves.

La entidad sostiene que las imágenes constituyen una ofensa a los sentimientos religiosos y defiende que su difusión debe examinarse desde la perspectiva penal. “Las creencias religiosas merecen el mismo respeto y protección que cualquier otra convicción”, concluye.

El cartel de 'Santa Punxada' generó una fuerte controversia por el uso de imágenes religiosas en un contexto sexual y provocador. La polémica se extendió más allá del ámbito cultural y festivo y alimentó las críticas de sectores conservadores y de la derecha política.

La controversia se inscribe en el debate sobre los límites de la libertad de expresión artística y la protección penal de los sentimientos religiosos. El artículo 525 del Código Penal castiga a quienes hagan públicamente escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa con la finalidad de ofender los sentimientos de sus miembros. En este caso, la Audiencia considera necesario investigar las circunstancias de difusión del cartel y la intención con la que se elaboró antes de descartar su posible relevancia penal, sin que la resolución determine que se haya cometido delito alguno.

El Ajuntament de Palma ha recuperado las antiguas instalaciones de s’Aigua Dolça como nuevo centro deportivo municipal, que abrirá sus puertas a la ciudadanía el próximo 15 de octubre. Las instalaciones, situadas en El Terreno, junto al paseo Marítimo, estarán gestionadas por el Institut Municipal de l’Esport (IME).

La puesta en marcha de las instalaciones está prevista en tres fases, para ajustar los servicios a la demanda de los ciudadanos. A partir del 15 de octubre, la piscina estará disponible para uso libre de lunes a viernes, de 16.30 a 21.30 horas, tanto para los abonados al IME como para quienes adquieran una entrada. A esta apertura se sumarán los primeros programas de actividad física y promoción de la salud.

El grupo d’Envelliment Saludable-Activat, vinculado a la zona de salud del Centre de Salut de Santa Catalina, iniciará su actividad el 15 de octubre, con sesiones los lunes, martes y jueves, de 10.30 a 11.30 horas. El programa Nordic Walking Esport comenzará el día 15, con una segunda jornada prevista para el 23 de octubre y otras seis durante noviembre y diciembre. Las salas del centro acogerán los ejercicios de calentamiento y estiramientos que acompañarán estas sesiones. Por su parte, el programa B@les se incorporará el 3 de noviembre.

En una segunda fase, el centro ampliará su apertura al horario completo y activará los cursos de natación para mayores de 15 años y el Programa de Actividades Dirigidas (PAD). Esta oferta se sumará a la de Son Hugo, Son Moix, Germans Escalas y S’Estel, dentro de las condiciones del programa. La tercera fase completará la puesta en marcha con la apertura del gimnasio para abonados. Esta incorporación gradual permitirá evaluar el funcionamiento de los espacios y adaptar la programación.

Dos piscinas y espacio para distintas actividades

El complejo dispone de una piscina principal de seis calles, de 25 por 11 metros y 1,40 metros de profundidad, y otra de aprendizaje, de 3,28 por 11 metros y 80 centímetros de profundidad. Ambas suman 311,08 metros cuadrados de lámina de agua. La zona se completa con un solárium de 182 metros cuadrados.

La instalación cuenta con dos salas de gimnasio, de 115 y 113 metros cuadrados, y tres destinadas al PAD, de 115, 113 y 36 metros cuadrados. A estas cinco salas deportivas se añade un aula polivalente de 36 metros cuadrados. En conjunto, los seis espacios suman 528 metros cuadrados para actividades deportivas y sociales.

El centro incorpora diez vestuarios, entre colectivos, individuales, individuales mixtos y uno individual adaptado. También contará con un aparcamiento gestionado por la SMAP. El diseño del edificio aprovecha la luz natural mediante un patio interior y superficies acristaladas, e incorpora soluciones para mejorar la ventilación y reducir el consumo energético.

Inversión

La actuación cuenta con una inversión total de 10.285.860 euros. De esta cantidad, 3.251.716,42 euros proceden de fondos europeos FEDER, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). El Consell de Mallorca aporta 3.065.723,40 euros mediante las ayudas de reactivación económica derivadas de la crisis de la COVID-19, en materia de sostenibilidad y eficiencia urbana. El Ajuntament de Palma completa la financiación con 3.968.420,18 euros. Además, un 50% de la titularidad de la titularidad del solar pertenece al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España.

La recuperación del equipamiento se acompaña de la renovación de la calle s’Aigua Dolça, dentro del Plan Renove de El Terreno. En este sentido, se han acometido mejoras en las aceras y los pasos de peatones y se ha arreglado la pavimentación y el drenaje.

Un jutge ha suspès a última hora el llançament d'una família amb tres menors d'edat a Palma, després que Stop Desnonaments Mallorca alertés de la seva situació. Una de les nenes té diagnosticat trastorn de l'espectre autista (TEA) de grau tres i el menor dels fills està sent avaluat per la mateixa condició, segons ha explicat el portaveu de l'entitat, Joan Segura.

Una dotzena d'activistes s'ha concentrat aquest matí per acompanyar la família davant el llançament previst. La suspensió judicial s'ha confirmat amb escàs marge, com ha denunciat Segura, que ha recriminat les dificultats que afronten les famílies vulnerabilitzades davant els procediments de desnonament.

El procés es va iniciar després que un dels membres de la família perdés la seva feina. La indemnització per acomiadament va arribar una vegada vençut el termini per abonar el lloguer, la qual cosa va derivar en la resolució del contracte i en el procediment per recuperar l'habitatge.

L'immoble està arrendat per una empresa que, segons Stop Desnonaments, està vinculada a un empresari propietari d'una acadèmia d'idiomes i d'altres pisos. L'entitat qüestiona que la societat hagi estat considerada petita tenidora i sosté que la fragmentació de les propietats entre diferents persones jurídiques permet eludir la consideració de gran tenidor.

L'empresa es va personar en el procediment com a petita tenidora i va aportar un certificat del Registre de la Propietat per acreditar que no té habitatges al seu nom. Segura assegura, no obstant això, que l'immoble es lloga com a habitatge malgrat tractar-se d'un local, una situació que, segons afirma, podria ser sancionable per l'Administració autonòmica.

Stop Desnonaments reclama mediació i una alternativa habitacional

Stop Desnonaments Mallorca sosté que el procediment hauria de continuar suspès a l'empara de les mesures extraordinàries de protecció davant dels desnonaments aprovades el 2020. L'entitat invoca la disposició addicional tercera i defensa que la represa del llançament ha d'anar precedida d'un procés de mediació que permeti assolir un acord entre les parts o trobar una alternativa habitacional.

“No s'estan fent mediacions ni oferint alternatives”, ha denunciat Segura. El portaveu assegura que, en alguns casos en els quals s'aconsegueix paralitzar un desnonament d'un gran tenidor, la propietat opta per vendre l'immoble en lloc d'obrir una negociació amb els llogaters.

L'organització considera que aquest cas hauria de romandre suspès fins al 2030 i planteja també la possibilitat que la família pugui acollir-se a les noves mesures de protecció en matèria d'habitatge, a les quals Segura s'ha referit com el 'decret Maricarmen'. No obstant això, ha advertit que encara és aviat per determinar com podrien aplicar-se a aquesta situació.

El portaveu de Stop Desnonaments considera que els nous decrets aprovats pel Govern poden oferir cert alleujament a les famílies afectades, encara que adverteix de les seves limitacions: “Probablement siguin dels millors pal·liatius que ha ofert el Govern durant la legislatura, però no deixen de ser pal·liatius”.

Un juez ha suspendido a última hora el lanzamiento de una familia con tres menores de edad en Palma, después de que Stop Desahucios Mallorca alertara de su situación. Una de las niñas tiene diagnosticado trastorno del espectro autista (TEA) de grado tres y el menor de los hijos está siendo evaluado por la misma condición, según ha explicado el portavoz de la entidad, Joan Segura.

Una docena de activistas se ha concentrado esta mañana para acompañar a la familia ante el lanzamiento previsto. La suspensión judicial se ha confirmado con escaso margen, como ha denunciado Segura, que ha recriminado las dificultades que afrontan las familias vulnerabilizadas ante los procedimientos de desahucio.

El proceso se inició después de que uno de los miembros de la familia perdiera su empleo. La indemnización por despido llegó una vez vencido el plazo para abonar el alquiler, lo que derivó en la resolución del contrato y en el procedimiento para recuperar la vivienda.

El inmueble está arrendado por una empresa que, según Stop Desahucios, está vinculada a un empresario propietario de una academia de idiomas y de otros pisos. La entidad cuestiona que la sociedad haya sido considerada pequeña tenedora y sostiene que la fragmentación de las propiedades entre distintas personas jurídicas permite eludir la consideración de gran tenedor.

La empresa se personó en el procedimiento como pequeña tenedora y aportó un certificado del Registro de la Propiedad para acreditar que no tiene viviendas a su nombre. Segura asegura, sin embargo, que el inmueble se alquila como vivienda pese a tratarse de un local, una situación que, según afirma, podría ser sancionable por la Administración autonómica.

Stop Desahucios reclama mediación y una alternativa habitacional

Stop Desahucios Mallorca sostiene que el procedimiento debería continuar suspendido al amparo de las medidas extraordinarias de protección frente a los desahucios aprobadas en 2020. La entidad invoca la disposición adicional tercera y defiende que la reanudación del lanzamiento debe ir precedida de un proceso de mediación que permita alcanzar un acuerdo entre las partes o encontrar una alternativa habitacional.

“No se están haciendo mediaciones ni ofreciendo alternativas”, ha denunciado Segura. El portavoz asegura que, en algunos casos en los que se consigue paralizar un desahucio de un gran tenedor, la propiedad opta por vender el inmueble en lugar de abrir una negociación con los inquilinos.

La organización considera que este caso debería permanecer suspendido hasta 2030 y plantea también la posibilidad de que la familia pueda acogerse a las nuevas medidas de protección en materia de vivienda, a las que Segura se ha referido como el 'decreto Maricarmen'. No obstante, ha advertido de que todavía es pronto para determinar cómo podrían aplicarse a esta situación.

El portavoz de Stop Desahucios considera que los nuevos decretos aprobados por el Gobierno pueden ofrecer cierto alivio a las familias afectadas, aunque advierte de sus limitaciones: “Probablemente sean de los mejores paliativos que ha ofrecido el Gobierno durante la legislatura, pero no dejan de ser paliativos”.

La notícia de la mort de Maricarmen va irrompre ahir vespre a l'acampada per l'habitatge de Palma enmig d'una assemblea. La defunció de la dona de 87 anys, convertida en un dels símbols de la lluita contra els desnonaments després de ser expulsada de casa seva a Madrid, ha provocat “moltíssima ràbia i dolor” entre els qui mantenen el campament de la Plaça d'Espanya.

En un comunicat difós aquest dijous, l'acampada sosté que la seva mort “hauria estat fàcil d'evitar” i llança una acusació duríssima: “Maricarmen no ha mort. A Maricarmen l'han assassinada”.

La nota assenyala directament l'empresa Urbagestión, propietària de l'habitatge del carrer Alcalde Sainz de Baranda del qual Maricarmen va ser desnonada el passat 23 de setembre, i responsabilitza també la jutgessa que va signar l'ordre de llançament i els Governs de la Comunitat de Madrid i d'Espanya. “L'ha assassinada el fons voltor Urbagestión, que porta anys amenaçant-la perquè cobejava la seva llar per fer els seus amos més rics”, incideix l'acampada.

El text estén així mateix la responsabilitat a la jutgessa que va signar l'ordre de desnonament “sense atendre la seva situació i vulnerabilitat” i a les administracions, a les quals retreu haver-se passat “les culpes els uns als altres sense posar solucions al drama de l'habitatge”.

Maricarmen Abascal va morir aquest dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón, quinze dies després d'haver estat desnonada de l'habitatge on havia viscut durant 71 anys. El 23 de setembre, la dona va sortir de l'immoble en llitera després que la Policia Nacional s'obrís pas entre els activistes que tractaven d'impedir el llançament. Va romandre ingressada des d'aleshores fins a la seva defunció.

El seu cas havia adquirit una enorme repercussió durant els mesos anteriors. Maricarmen feia anys que litigava amb Urbagestión pel dret a romandre a l'habitatge, després que l'empresa adquirís l'immoble i qüestionàs el seu dret a continuar-hi com a arrendatària. Hi va haver diversos intents de desnonament abans del definitiu del 23 de setembre. L'Audiència Provincial de Madrid va acabar ordenant-ne l'expulsió i el Tribunal Suprem va ratificar posteriorment aquest criteri.

L'execució del desnonament va convertir Maricarmen en un símbol de la crisi de l'habitatge. La seva expulsió va provocar mobilitzacions i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, mentre el seu cas va passar a ocupar el centre del debat polític sobre els desnonaments i l'habitatge. Els esdeveniments van desembocar també en l'aprovació de dos decrets d'habitatge per part del Govern, posteriorment rebutjats pel Congrés.

L'acampada de Palma posa especialment el focus en el deteriorament de la salut de Maricarmen. “El seu deteriorament físic no és de les dues setmanes que ha passat a l'hospital des que la van desnonar els antiavalots. És dels anys que porta vivint sota la por i l'estrès que l'expulsassin de casa seva”, afirma el comunicat. El col·lectiu vincula aquest deteriorament a “un sistema que posa els beneficis de molt pocs per sobre de les nostres vides”.

El text recorda, a més, altres casos de persones que, segons l'acampada, van perdre la vida després d'enfrontar-se a processos de desnonament. Cita Olga, que “es va suïcidar després d'haver estat desnonada de casa seva a l'Hospitalet de Llobregat”, i Javier, un sabater que, segons el comunicat, es va llevar la vida al seu taller abans de ser desnonat. “Però les seves morts no seran en va”, sosté el col·lectiu.

L'acampada de Palma converteix així la defunció de Maricarmen en un nou impuls per a la seva mobilització. “La lluita de Maricarmen ens ha ensenyat el camí”, afirma el comunicat, que reivindica la seva memòria i anuncia que els participants continuaran acampats i seguiran “lluitant pel que és nostre”. El col·lectiu anuncia, a més, la seva participació en la vaga general per l'habitatge convocada per al proper 11 de novembre.

“Que la terra et sigui lleu, Maricarmen, i que els qui fan negocis amb les nostres vides no puguin tornar a dormir ni un sol dia tranquils”, conclou el text.

La noticia de la muerte de Maricarmen irrumpió anoche en la acampada por la vivienda de Palma en mitad de una asamblea. El fallecimiento de la mujer de 87 años, convertida en uno de los símbolos de la lucha contra los desahucios después de ser expulsada de su casa de Madrid, ha provocado “muchísima rabia y dolor” entre quienes mantienen el campamento de la Plaça d'Espanya.

En un comunicado difundido este jueves, la acampada sostiene que su muerte “habría sido fácil de evitar” y lanza una acusación durísima: “Maricarmen no ha muerto. A Maricarmen la han asesinado”.

La nota señala directamente a la empresa Urbagestión, propietaria de la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda de la que Maricarmen fue desahuciada el pasado 23 de septiembre, y responsabiliza también a la jueza que firmó la orden de lanzamiento y a los Gobiernos de la Comunidad de Madrid y de España. “La ha asesinado el fondo buitre Urbagestión, que lleva años amenazándola porque codiciaba su hogar para hacer a sus amos más ricos”, incide la acampada.

El texto extiende asimismo la responsabilidad a la jueza que firmó la orden de desahucio “sin atender a su situación y vulnerabilidad” y a las administraciones, a las que reprocha haberse pasado “las culpas los unos a los otros sin poner soluciones al drama de la vivienda”.

Maricarmen Abascal falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, quince días después de haber sido desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante 71 años. El 23 de septiembre, la mujer salió del inmueble en camilla después de que la Policía Nacional se abriera paso entre los activistas que trataban de impedir el lanzamiento. Permaneció ingresada desde entonces hasta su fallecimiento.

Su caso había adquirido una enorme repercusión durante los meses anteriores. Maricarmen llevaba años litigando con Urbagestión por el derecho a permanecer en la vivienda, después de que la empresa adquiriese el inmueble y cuestionase su derecho a continuar como arrendataria. Hubo varios intentos de desahucio antes del definitivo del 23 de septiembre. La Audiencia Provincial de Madrid acabó ordenando su expulsión y el Tribunal Supremo ratificó posteriormente ese criterio.

La ejecución del desahucio convirtió a Maricarmen en un símbolo nacional de la crisis de vivienda. Su expulsión provocó movilizaciones y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, mientras su caso pasó a ocupar el centro del debate político sobre los desahucios y la vivienda. Los acontecimientos desembocaron también en la aprobación de dos decretos de vivienda por parte del Gobierno, posteriormente rechazados por el Congreso.

La acampada de Palma pone el foco especialmente en el deterioro de la salud de Maricarmen. “Su deterioro físico no es de las dos semanas que ha pasado en el hospital desde que la desahuciaron los antidisturbios. Es de los años que lleva viviendo bajo el miedo y el estrés a que la echaran de su casa”, afirma el comunicado. El colectivo vincula ese deterioro a “un sistema que pone los beneficios de muy pocos por encima de nuestras vidas”.

El texto recuerda además otros casos de personas que, según la acampada, perdieron la vida después de enfrentarse a procesos de desahucio. Cita a Olga, que “se suicidó después de haber sido desahuciada de su casa en L'Hospitalet de Llobregat”, y a Javier, un zapatero que, según el comunicado, se quitó la vida en su taller antes de ser desahuciado. “Pero sus muertes no serán en vano”, sostiene el colectivo.

La acampada de Palma convierte así el fallecimiento de Maricarmen en un nuevo impulso para su movilización. “La lucha de Maricarmen nos ha enseñado el camino”, afirma el comunicado, que reivindica su memoria y anuncia que los participantes continuarán acampados y seguirán “luchando por lo que es nuestro”. El colectivo anuncia además su participación en la huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre.

“Que la tierra te sea leve, Maricarmen, y que quienes hacen negocios con nuestras vidas no puedan volver a dormir ni un solo día tranquilos”, concluye el texto.

L'acampada per l'habitatge de la Plaça d'Espanya de Palma s'ha convertit en un nou front de disputa entre el moviment social i l'Ajuntament. El batle, Jaime Martínez (PP), ha incorporat ara un nou argument a la seva ofensiva: les queixes sobre suposats comportaments masclistes formulades dins el mateix campament. Tant els integrants de l'Acampada per l'Habitatge com el col·lectiu Flama han acusat el batle d'“instrumentalitzar el feminisme” i d'utilitzar aquestes situacions -que ja havien abordat internament- per justificar políticament el desallotjament de les tendes instal·lades en protesta per l'emergència habitacional.

Ho posen de manifest en un comunicat conjunt difós aquest dimarts en resposta a la nota que, moments abans, havia emès el Consistori palmesà. En aquesta, la corporació municipal, governada pels populars amb el suport de Vox, reclama a la Delegació del Govern a Balears que intervingui per desallotjar “sense més demora” l'acampada. Per fer-ho, l'Ajuntament es fa ressò de “les greus denúncies fetes públiques pel col·lectiu Flama” i adverteix també de la presència de menors d'edat en aquest espai.

“Es tracta de denúncies que, per la seva gravetat, fan encara més necessari que la Delegació del Govern deixi de mirar cap a una altra banda, assumeixi les seves responsabilitats i actuï de manera immediata davant una situació que requereix una resposta per part de l'Administració competent”, subratlla el comunicat.

L'Ajuntament al·ludeix a una nota difosa per Flama al seu perfil d'Instagram, en la qual l'organització anunciava la seva retirada de l'organització de l'acampada després d'un procés intern de “debat i reflexió” en el qual, segons explica el col·lectiu feminista, va detectar “comportaments i actituds sexistes, així com situacions d'assetjament sexual” incompatibles amb els principis de cura i transformació social que defensa. El col·lectiu assenyalava, a més, la seva responsabilitat davant la presència de militants menors d'edat i assegura que la seva protecció, integritat i seguretat són una “prioritat absoluta”.

La sortida, tanmateix, no suposa un allunyament de la lluita pel dret a l'habitatge ni dels objectius de la protesta. No en va, Flama aclaria en la mateixa nota que reivindica les acampades i la desobediència civil pacífica com a eines “legítimes i imprescindibles” per combatre l'especulació i defensar el dret a l'habitatge, i deixa clar que la seva crítica no es dirigeix al moviment social ni a les seves reivindicacions. El col·lectiu assevera així que abandona la seva participació orgànica en l'acampada, però no la lluita per un habitatge digne.

Després del comunicat del Consistori, Flama i l'Acampada recriminen que el batle utilitzi aquestes situacions per reforçar una petició de desallotjament que, recorden, l'Ajuntament ja havia formulat abans de conèixer els fets. “L'Ajuntament ja demanava el desallotjament abans de conèixer aquests fets; ara pretén utilitzar-los per reforçar una decisió política que ja havia pres”, sostenen.

“Potser el batle i els seus socis haurien de plantejar-se desallotjar l'Ajuntament”

Els col·lectius marquen així una diferència entre els comportaments concrets que puguin produir-se al campament i l'existència de la protesta com a tal. El seu argument és que la denúncia d'actituds masclistes dins l'acampada no equival a reclamar-ne la desaparició. Per reforçar-ho, llancen una comparació directa amb el Consistori: “Si l'existència de comportaments masclistes fos motiu suficient per desallotjar un espai sencer, potser el batle i els seus socis haurien de plantejar-se desallotjar l'Ajuntament”.

En aquesta línia, rebutgen que les situacions denunciades dins el campament puguin utilitzar-se com a argument per deslegitimar el conjunt de la mobilització. “Denunciar comportaments masclistes no és denunciar l'existència de l'acampada. Assenyalar problemes puntuals dins d'un espai col·lectiu no és demanar-ne la dissolució”, assenyalen. Flama i l'Acampada per l'Habitatge asseguren que no han ocultat aquests episodis, sinó que els han abordat internament. Tal com expliquen, han escoltat les afectades, han pres mesures, han apartat de l'espai les persones que generaven inseguretat i han posat en marxa mecanismes de “prevenció, atenció i reparació”.

“Al batle li demanam una cosa molt senzilla: que deixi d'instrumentalitzar el feminisme per justificar la seva agenda política i que comenci a escoltar”, conclouen Flama i l'Acampada per l'Habitatge. “L'habitatge és un dret. L'acampada segueix”, sentencien.

L'acampada de la Plaça d'Espanya va començar després de la concentració celebrada a la plaça de Cort sota el lema “Ni una Maricarmen més”, en solidaritat amb la mobilització sorgida a Madrid després del desnonament de Maricarmen Abascal. Des de llavors, els participants han organitzat assemblees i torns per mantenir el campament i han anunciat la seva intenció de prolongar-lo.

La protesta reclama, entre altres mesures, una reducció dels lloguers, una major protecció davant els desnonaments, la regulació dels lloguers temporals i d'habitacions i la declaració de Balears com a zona de mercat residencial tensionat. La mobilització es manté mentre el preu de l'habitatge continua sotmetent les llars de Palma a una forta pressió.

La acampada por la vivienda de la Plaça d'Espanya de Palma se ha convertido en un nuevo frente de disputa entre el movimiento social y el Ayuntamiento. El alcalde, Jaime Martínez (PP), ha incorporado ahora un nuevo argumento a su ofensiva: las quejas sobre supuestos comportamientos machistas formuladas dentro del propio campamento. Tanto los integrantes de la la Acampada per l'Habitatge como el colectivo Flama han acusado al primer edil de “instrumentalizar el feminismo” y de utilizar estas situaciones -que ya habían abordado internamente-, para justificar políticamente el desalojo de las tiendas instaladas en protesta por la emergencia habitacional.

Lo ponen de manifiesto en un comunicado conjunto difundido este martes en respuesta a la nota que, momentos antes, había emitido el Consistorio palmesano. En ella, la corporación municipal, gobernada por los populares con el apoyo de Vox, reclama a la Delegación del Gobierno en Balears que intervenga para desalojar “sin más demora” la acampada. Para ello, el Ayuntamiento se apropia de “las graves denuncias hechas públicas por el colectivo Flama” y advierte también de la presencia de menores de edad en este espacio.

“Se trata de denuncias que, por su gravedad, hacen todavía más necesario que la Delegación del Gobierno deje de mirar hacia otro lado, asuma sus responsabilidades y actúe de forma inmediata ante una situación que requiere una respuesta por parte de la Administración competente”, subraya el comunicado.

El Ayuntamiento alude a una nota difundida por Flama en su perfil de Instagram, en la que la organización anunciaba su retirada de la organización de la acampada tras un proceso interno de “debate y reflexión” en el que, según explica el colectivo feminista, detectó “comportamientos y actitudes sexistas, así como situaciones de acoso sexual” incompatibles con los principios de cuidado y transformación social que defiende. El colectivo señalaba además su responsabilidad ante la presencia de militantes menores de edad y asegura que su protección, integridad y seguridad son una “prioridad absoluta”.

La salida, sin embargo, no supone un alejamiento de la lucha por el derecho a la vivienda ni de los objetivos de la protesta. No en vano, Flama aclaraba en la misma nota que reivindica las acampadas y la desobediencia civil pacífica como herramientas “legítimas e imprescindibles” para combatir la especulación y defender el derecho a la vivienda, y deja claro que su crítica no se dirige al movimiento social ni a sus reivindicaciones. El colectivo aseveraba así que abandona su participación orgánica en la acampada, pero no la lucha por una vivienda digna.

Tras el comunicado del Consistorio, Flama y la Acampada recriminan que el alcalde utilice estas situaciones para reforzar una decisión de desalojo que, recuerdan, el Ayuntamiento ya había reclamado antes de conocer los hechos. “El Ayuntamiento ya pedía el desalojo antes de conocer estos hechos; ahora pretende utilizarlos para reforzar una decisión política que ya había tomado”, sostienen.

Los colectivos marcan así una diferencia entre los comportamientos concretos que puedan producirse en el campamento y la existencia de la protesta como tal. Su argumento es que la denuncia de actitudes machistas dentro de la acampada no equivale a reclamar su desaparición. Para reforzarlo, lanzan una comparación directa con el Consistorio: “Si la existencia de comportamientos machistas fuese motivo suficiente para desalojar un espacio entero, quizás el alcalde y sus socios deberían plantearse desalojar el Ayuntamiento”.

En esta línea, rechazan que las situaciones denunciadas dentro del campamento puedan utilizarse como argumento para deslegitimar el conjunto de la movilización. “Denunciar comportamientos machistas no es denunciar la existencia de la acampada. Señalar problemas puntuales dentro de un espacio colectivo no es pedir su disolución”, señalan. Flama y la Acampada per l'Habitatge aseguran que no han ocultado estos episodios, sino que los han abordado internamente. Tal como explican, han escuchado a las afectadas, han tomado medidas, han apartado del espacio a personas que generaban inseguridad y han puesto en marcha mecanismos de “prevención, atención y reparación”.

“Al alcalde le pedimos algo muy sencillo: que deje de instrumentalizar el feminismo para justificar su agenda política y que empiece a escuchar”, concluyen Flama y la Acampada per l'Habitatge. “La vivienda es un derecho. La acampada sigue”, sentencian.

La acampada de la plaza de España comenzó después de la concentración celebrada en la plaza de Cort bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, en solidaridad con la movilización surgida en Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Desde entonces, los participantes han organizado asambleas y turnos para mantener el campamento y han anunciado su intención de prolongarlo.

La protesta reclama, entre otras medidas, una reducción de los alquileres, mayor protección frente a los desahucios, regulación de los alquileres temporales y de habitaciones y la declaración de Balears como zona de mercado residencial tensionado. La movilización se mantiene mientras el precio de la vivienda continúa sometiendo a una fuerte presión a los hogares de Palma.

En accedir a la nova església de Sant Pau, el primer que crida l'atenció és la llum. El temple s'obre cap al parc i permet fins i tot albirar la Catedral de Mallorca. L'espai, ubicat a la barriada palmesana de Son Dameto, ocupa uns 500 metres quadrats i té capacitat per a unes 300 persones. Hi ha cinc aules per a activitats socials, zones per a la comunitat parroquial, 24 places d'aparcament i plaques fotovoltaiques. La setmana passada, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, va consagrar i beneir el nou temple, el primer edifici catòlic de nova construcció que s'inaugura a Palma al segle XXI. Tanmateix, darrere les parets blanques i de la nova arquitectura hi ha una història immobiliària que va arrencar fa gairebé vint anys.

No és, en sentit estricte, una comunitat nova. La parròquia de Sant Pau va néixer el 1973, quan Son Dameto, nascut a partir d'una antiga trama de possessions i terrenys agrícoles, comptava amb uns 1.200 veïns. Durant més de mig segle, els seus feligresos van celebrar la missa en un local comercial situat als baixos d'un edifici d'habitatges del carrer Martí Boneo que, amb el temps, es va quedar petit per a una barriada que avui ronda els 12.000 habitants. La transformació urbana de la barriada es va accelerar a partir dels anys seixanta, quan van començar a substituir-se les antigues finques per equipaments i blocs residencials que, en l'actualitat, conviuen amb una creixent valorització immobiliària i una forta pressió sobre l'accés a l'habitatge.

La història del nou temple, que durant anys va travessar canvis de disseny, una crisi econòmica i una operació de permuta amb una constructora privada, comença a la primera dècada del segle XXI. Eren els temps de la bombolla immobiliària i del mandat de Catalina Cirer al capdavant de l'Ajuntament de Palma, amb el PP governant amb majoria absoluta i el multicondenat Jaume Matas al capdavant del Govern. El maig de 2006, el Consistori, amb Javier Rodrigo de Santos com a responsable d'Urbanisme, va formalitzar la cessió de diversos solars municipals al Bisbat de Mallorca per a la construcció de noves esglésies.

Més d'11.000 metres quadrats per a noves esglésies

L'operació es va justificar públicament per la consideració que l'Església duia a terme una “tasca social”, un argument que permetia encaixar la cessió de sòl públic per a equipaments religiosos dins la concepció municipal dels usos socials. No era un lot qualsevol: el conjunt superava els 11.000 metres quadrats i tenia un valor cadastral aproximat de quatre milions d'euros. Entre els terrenys figurava el de Son Dameto, d'uns 2.160 metres quadrats. A aquest se sumaven els de Son Güells, Son Peretó, Son Puigdorfila Sud, Son Ferragut i Son Busquets, ubicats en bona part en zones de Palma que llavors estaven experimentant processos d'expansió urbanística i fort desenvolupament immobiliari. El Bisbat comptava amb un termini de 25 anys per fer realitat els temples.

L'acord no es limitava a posar sòl municipal a disposició del Bisbat. L'Ajuntament es va comprometre també amb el llavors bisbe de Mallorca, Jesús Murgui, a impulsar les modificacions necessàries del planejament urbanístic municipal per fer possible la construcció dels nous equipaments religiosos. Un compromís que adquiriria especial rellevància en els mesos posteriors, quan van sorgir dubtes sobre la compatibilitat entre l'ús religiós previst pel Bisbat i la qualificació urbanística d'alguns dels solars, classificats llavors com a equipaments socioculturals.

No en va, la premsa va descriure aquella operació com una donació gratuïta de cinc solars municipals i la cessió va provocar fortes crítiques entre els grups de l'oposició municipal –PSOE, PSM i Esquerra Unida-Els Verds–, que van qüestionar públicament que estigués justificada el lliurament de sòl de titularitat pública per a la construcció de noves esglésies.

No va ser l'únic 'regal' del PP durant aquella legislatura. Amb prou feines un mes després, al juny, Matas i el bisbe Jesús Murgui signaven un acord amb el qual el Govern es comprometia a sufragar fins al 60% de la rehabilitació de 27 immobles eclesiàstics de Mallorca. En total, 11,3 milions d'euros públics. L'expresident balear apel·lava llavors a “aunar esforços i de treballar de manera conjunta per posar a l'abast dels ciutadans béns d'interès general que, en aquest cas, és un patrimoni de gran riquesa històrica, arquitectònica i d'incalculable valor sentimental per als mallorquins”.

Arriben els dubtes urbanístics

El novembre del 2007, amb Aina Calvo (PSOE) ja al capdavant de l'alcaldia, els dubtes sobre el conveni signat un any i mig abans pel govern de Cirer van aflorar públicament. Com va informar llavors Diari de Balears, l'Ajuntament havia detectat anomalies relacionades amb la compatibilitat urbanística dels solars cedits al Bisbat. Entre elles figurava la compatibilitat urbanística dels terrenys amb l'ús religiós. Un mes després, el mateix diari informava que el Consistori no modificaria el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per adaptar la qualificació dels terrenys -llavors destinats a equipaments socioculturals- als temples que pretenia construir la diòcesi. L'equip de govern sostenia que tots dos usos eren compatibles.

Finalment, l'abril del 2008, Calvo va signar davant notari l'escriptura pública relativa al solar destinat al nou temple de Son Dameto. En l'acte van participar Juan Servera, llavors vicari episcopal d'assumptes econòmics, l'advocat del Bisbat i el rector, Llorenç Fernández.

La crisi econòmica, però, va acabar passant factura a aquell ambiciós pla d'expansió de la xarxa de temples. La situació no va afectar únicament el calendari de la parròquia, sinó que també va modificar l'escenari patrimonial en el qual s'havia concebut l'operació. Els projectes previstos en els solars municipals no van arribar a materialitzar-se i, vuit anys després del conveni, l'abril del 2014, el Bisbat va tornar a l'Ajuntament quatre dels solars que havia rebut: Son Ferragut, Son Peretó, Son Güells i Son Busquets.

El solar de Son Dameto, l'excepció

Amb tot, la devolució no es va produir per iniciativa d'una recuperació unilateral de l'Ajuntament. Uns mesos abans, el grup municipal de Més havia portat al ple una proposta per revertir el conveni de 2006 i reclamar els solars cedits gratuïtament al Bisbat per destinar-los a finalitats públiques d'interès general. La iniciativa va ser rebutjada per 16 vots enfront d'11. El govern municipal del PP va al·legar llavors raons de seguretat jurídica per no rescindir unilateralment l'acord, encara que va deixar oberta la porta a una negociació amb la diòcesi. La negociació va desembocar, finalment, en la devolució de quatre terrenys.

Son Dameto va ser l'excepció. La diòcesi va mantenir el solar perquè allí sí que hi havia un projecte en marxa: el 2007, el Bisbat ja havia convocat un concurs d'idees per dissenyar la nova església de Sant Pau, que va guanyar l'estudi Oliveras Boix Arquitectes, tal com recull l'estudi d'arquitectura Cati Mestre. La parròquia defensava, a més, que el barri necessitava un nou espai religiós i social.

El 2015, el rector de Sant Pau explicaria que la decisió s'havia pres “per falta de finançament, però també de necessitats reals”: la crisi econòmica havia trastocat els plans i ja no persistia la necessitat de construir noves esglésies. Segons el rector, aquella operació específica no va ser una cessió sense contraprestació: es va articular com una permuta, mitjançant el lliurament a Cort d'un solar situat al costat de la parròquia de Martí Boneo. El projecte de Son Dameto va romandre durant anys com una peça buida al costat del parc, mentre la parròquia continuava funcionant al local dels baixos d'un bloc d'habitatges.

Del solar buit a una nova permuta

La solució definitiva va arribar a través d'una nova operació immobiliària. L'11 de juliol de 2024, el Bisbat va signar un contracte amb una empresa constructora mallorquina. El mecanisme va tornar a ser una permuta. Segons va explicar el rector Llorenç Fernández a la revista veïnal Sa Veu de Son Dameto, la constructora aixecaria el nou complex a canvi d'una part del patrimoni immobiliari de la parròquia: els dos antics pisos situats sobre el vell temple de Martí Boneo, el local on havia funcionat la parròquia, les instal·lacions de l'antiga guarderia i del rastell i un solar edificable situat al costat de l'actual temple.

El constructor preveia transformar part d'aquests immobles en habitatges i aixecar previsiblement un edifici residencial sobre el solar. Els immobles no s'entregarien fins que concloguessin les obres del nou complex.

“S'ha intentat que la permuta sigui equilibrada, cosa que no sabem si hem aconseguit”, reconeixia Fernández el 2025. No existeix, almenys en la documentació pública localitzada, una taxació comparativa que permeti determinar quant valien exactament els immobles entregats pel Bisbat i quant va costar finalment la construcció. El pressupost anunciat per al complex es va situar a prop dels dos milions d'euros.

L'operació també va obligar a rebaixar les ambicions del projecte original. La proposta inicial contemplava un complex de majors dimensions i una església amb capacitat per a unes 350 persones. L'encariment dels costos de construcció va obligar a executar només una part d'aquell disseny. El 2025, el rector explicava que el temple es reduiria a unes 250 places i que algunes de les sales i l'habitatge inicialment previstos quedarien fora d'aquesta primera fase. La segona edificació prevista en el projecte tampoc no s'ha construït per ara: en l'espai reservat s'ha habilitat una terrassa amb pèrgola.

Les obres van començar finalment el setembre del 2024. L'associació de veïns va celebrar llavors l'inici d'uns treballs que feia dècades que esperava i va explicar que el nou complex combinaria el temple amb espais per a activitats parroquials i ciutadanes. El projecte incloïa inicialment al voltant de 25 places d'aparcament, a més de sales per a catequesi, tallers, reunions i activitats de l'associació veïnal.

Part dels residents, però, es van mostrar severament crítics amb la nova construcció. En declaracions a elDiario.es, un d'ells recrimina que el projecte que finalment va començar a executar-se era més voluminós que el presentat inicialment: “I tal edificació va començar a créixer, a ser cada dia més gran, més totxo”. L'oposició d'alguns residents es va centrar especialment en l'impacte visual de l'edifici sobre el parc. Segons el testimoni d'Alonso, hi va haver veïns que van començar a referir-se a la construcció com “el mausoleu eclesiàstic”. Altres deien que “semblava una presó sense finestres”.

Part dels residents critiquen la nova construcció perquè és més voluminosa de la que es va presentar inicialment. 'El mausoleu es va cruspir, a la vista, alguns espais del parc; va passar a ser protagonista del lloc', comenta un veí

Entre les seves principals objeccions figura l'ocupació visual de l'espai verd: “El mausoleu 'es va berenar', a la vista, alguns espais del parc; va passar a ser protagonista del lloc”. També qüestiona que l'entorn immediat de l'edifici quedés integrat amb les zones verdes públiques i planteja que una construcció més petita hauria generat “un millor ambient i opinió”. El veí critica a més altres elements del complex, com les places d'aparcament i una estructura de bigues aixecada davant dels edificis.

Un complex de 500 metres quadrats

La nova parròquia de Sant Pau arriba a Son Dameto més de mig segle després de la creació de la comunitat. El projecte que finalment s'ha executat és, segons el Bisbat, només una part de la proposta inicialment concebuda. La institució assenyala que el disseny contemplava també un segon edifici, la construcció del qual ha quedat pendent d'una segona fase. En l'espai reservat per a aquesta ampliació s'ha habilitat finalment una terrassa exterior amb pèrgola per a activitats i trobades.

La presentació del nou edifici va estar marcada pel relat de la seva integració al barri. El Bisbat destaca que l'espai litúrgic i la terrassa poden quedar completament comunicats mitjançant unes portes corredisses, de manera que el temple s'obre cap a l'exterior. El rector, Llorenç Fernández, va resumir així la seva primera impressió: “M'imposa l'espai de blancor i llum i, al mateix temps, dic que aquell m'ajuda a escoltar. I escoltar m'ajuda a contemplar”. Des del recinte també es divisa la Catedral de Mallorca, una connexió que el mateix rector interpreta simbòlicament com un vincle amb l'“Església mare de la Diòcesi”.

La nova parròquia incorpora a més una dimensió social que tant el Bisbat com l'associació de veïns presenten com una continuïtat de l'activitat desenvolupada durant dècades. El complex albergarà activitats pastorals, formatives i comunitàries, entre elles classes de castellà per a persones immigrants, catequesi, reunions i altres iniciatives veïnals. Miquel Bestard, vicepresident de l'Associació de Veïns de Son Dameto-Son Pisà, va resumir la relació entre ambdues entitats: “L'any 91 es va crear l'Associació de Veïns en un local de la parròquia de Sant Pau. I des de llavors fem camí junts”.

El bisbe Sebastià Taltavull va presidir la dedicació i benedicció del nou temple en una celebració a la qual van acudir més de 500 persones. Durant la celebració, el rector va reivindicar la continuïtat d'una comunitat amb més de mig segle de trajectòria i va utilitzar una imatge per definir el paper que vol exercir la parròquia: “Encara que tot sembli trencat i descosit, hem de posar fil i agulla i seguir cosint fraternitat i justícia”. El Bisbat va presentar així el nou temple com la culminació d'un projecte nascut de les necessitats d'un barri que havia crescut durant dècades i que només va poder materialitzar-se, segons la seva versió, gràcies a una permuta que va permetre finançar la construcció.

Al acceder a la nueva iglesia de Sant Pau, lo primero que llama la atención es la luz. El templo se abre hacia el parque y permite incluso divisar la Catedral de Mallorca. El espacio, ubicado en la barriada palmesana de Son Dameto, ocupa unos 500 metros cuadrados y tiene capacidad para unas 300 personas. Hay cinco aulas para actividades sociales, zonas para la comunidad parroquial, 24 plazas de aparcamiento y placas fotovoltaicas. La semana pasada, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, consagró y bendijo el nuevo templo, el primer edificio católico de nueva construcción que se inaugura en Palma en el siglo XXI. Sin embargo, detrás de las paredes blancas y de la nueva arquitectura hay una historia inmobiliaria que arrancó hace casi veinte años.

No es, en sentido estricto, una comunidad nueva. La parroquia de Sant Pau nació en 1973, cuando Son Dameto, nacido a partir de una antigua trama de possessions y terrenos agrícolas, contaba con unos 1.200 vecinos. Durante más de medio siglo, sus feligreses celebraron la misa en un local comercial situado en los bajos de un edificio de viviendas de la calle Martí Boneo que, con el tiempo, se quedó pequeño para una barriada que hoy ronda los 12.000 habitantes. La transformación urbana de la barriada se aceleró a partir de los años sesenta, cuando comenzaron a sustituirse las antiguas fincas por equipamientos y bloques residenciales que, en la actualidad, conviven con una creciente valorización inmobiliaria y una fuerte presión sobre el acceso a la vivienda.

La historia del nuevo templo, que durante años atravesó cambios de diseño, una crisis económica y una operación de permuta con una constructora privada, comienza en la primera década del siglo XXI. Eran los tiempos de la burbuja inmobiliaria y del mandato de Catalina Cirer al frente del Ayuntamiento de Palma, con el PP gobernando con mayoría absoluta y el multicondenado Jaume Matas al frente del Govern. En mayo de 2006, el Consistorio, con Javier Rodrigo de Santos como responsable de Urbanismo, formalizó la cesión de varios solares municipales al Obispado de Mallorca para la construcción de nuevas Iglesias.

Más de 11.000 metros cuadrados para nuevas iglesias

La operación se justificó públicamente por la consideración de que la Iglesia desempeñaba una “labor social”, un argumento que permitía encajar la cesión de suelo público para equipamientos religiosos dentro de la concepción municipal de los usos sociales. No era un lote cualquiera: el conjunto superaba los 11.000 metros cuadrados y tenía un valor catastral aproximado de cuatro millones de euros. Entre los terrenos figuraba el de Son Dameto, de unos 2.160 metros cuadrados. A éste se sumaban los de Son Güells, Son Peretó, Son Puigdorfila Sud, Son Ferragut y Son Busquets, ubicados en buena parte en zonas de Palma que entonces estaban experimentando procesos de expansión urbanística y fuerte desarrollo inmobiliario. El Obispado contaba con un plazo de 25 años para hacer realidad los templos.

El acuerdo no se limitaba a poner suelo municipal a disposición del Obispado. El Ayuntamiento se comprometió también con el entonces obispo de Mallorca, Jesús Murgui, a impulsar las modificaciones necesarias del planeamiento urbanístico municipal para hacer posible la construcción de los nuevos equipamientos religiosos. Un compromiso que adquiriría especial relevancia en los meses posteriores, cuando surgieron dudas sobre la compatibilidad entre el uso religioso previsto por el Obispado y la calificación urbanística de algunos de los solares, clasificados entonces como equipamientos socioculturales.

No en vano, la prensa describió aquella operación como una donación gratuita de cinco solares municipales y la cesión provocó fuertes críticas entre los grupos de la oposición municipal –PSOE, PSM y Esquerra Unida-Els Verds–, que cuestionaron públicamente que estuviera justificada la entrega de suelo de titularidad pública para la construcción de nuevas iglesias.

No fue el único 'regalo' del PP durante aquella legislatura. Apenas un mes después, en junio, Matas y el obispo Jesús Murgui firmaban un acuerdo con el que el Govern se comprometía a sufragar hasta el 60% de la rehabilitación de 27 inmuebles eclesiásticos de Mallorca. En total, 11,3 millones de euros públicos. El expresidente balear apelaba entonces a “aunar esfuerzos y de trabajar de manera conjunta para poner al abasto de los ciudadanos bienes de interés general que, en este caso, es un patrimonio de gran riqueza histórica, arquitectónica y de incalculable valor sentimental para los mallorquines”.

Llegan las dudas urbanísticas

En noviembre de 2007, con Aina Calvo (PSOE) ya al frente de la alcaldía, las dudas sobre el convenio firmado año y medio antes por el gobierno de Cirer afloraron públicamente. Como informó entonces Diari de Balears, el Ayuntamiento había detectado anomalías relacionadas con la compatibilidad urbanística de los solares cedidos al Obispado. Entre ellas figuraba la compatibilidad urbanística de los terrenos con el uso religioso. Un mes después, el mismo periódico informaba de que el Consistorio no modificaría el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adaptar la calificación de los terrenos -entonces destinados a equipamientos socioculturales- a los templos que pretendía construir la diócesis. El equipo de gobierno sostenía que ambos usos eran compatibles.

Finalmente, en abril de 2008, Calvo firmó ante notario la escritura pública relativa al solar destinado al nuevo templo de Son Dameto. En el acto participaron Juan Servera, entonces vicario episcopal de asuntos económicos, el abogado del Obispado y el párroco, Llorenç Fernández.

La crisis económica, sin embargo, terminó pasando factura a aquel ambicioso plan de expansión de la red de templos. La situación no afectó únicamente al calendario de la parroquia, sino que también modificó el escenario patrimonial en el que se había concebido la operación. Los proyectos previstos en los solares municipales no llegaron a materializarse y, ocho años después del convenio, en abril de 2014, el Obispado devolvió al Ayuntamiento cuatro de los solares que había recibido: Son Ferragut, Son Peretó, Son Güells y Son Busquets.

El solar de Son Dameto, la excepción

Con todo, la devolución no se produjo por iniciativa de una recuperación unilateral del Ayuntamiento. Unos meses antes, el grupo municipal de Més había llevado al pleno una propuesta para revertir el convenio de 2006 y reclamar los solares cedidos gratuitamente al Obispado para destinarlos a finalidades públicas de interés general. La iniciativa fue rechazada por 16 votos frente a 11. El gobierno municipal del PP alegó entonces razones de seguridad jurídica para no rescindir unilateralmente el acuerdo, aunque dejó abierta la puerta a una negociación con la diócesis. La negociación desembocó, finalmente, en la devolución de cuatro terrenos.

Son Dameto fue la excepción. La diócesis mantuvo el solar porque allí sí había un proyecto en marcha: en 2007, el Obispado ya había convocado un concurso de ideas para diseñar la nueva iglesia de Sant Pau, que ganó el estudio Oliveras Boix Arquitectes, tal como recoge el estudio de arquitectura Cati Mestre. La parroquia defendía, además, que el barrio necesitaba un nuevo espacio religioso y social.

En 2015, el rector de Sant Pau explicaría que la decisión se había tomado “por falta de financiación, pero también de necesidades reales”: la crisis económica había trastocado los planes y ya no persistía la necesidad de construir nuevas iglesias. Según el párroco, aquella operación específica no fue una cesión sin contraprestación: se articuló como una permuta, mediante la entrega a Cort de un solar situado junto a la parroquia de Martí Boneo. El proyecto de Son Dameto permaneció durante años como una pieza vacía junto al parque, mientras la parroquia continuaba funcionando en el local de los bajos de un bloque de viviendas.

Del solar vacío a una nueva permuta

La solución definitiva llegó a través de una nueva operación inmobiliaria. El 11 de julio de 2024, el Obispado firmó un contrato con una empresa constructora mallorquina. El mecanismo volvió a ser una permuta. Según explicó el párroco Llorenç Fernández a la revista vecinal Sa Veu de Son Dameto, la constructora levantaría el nuevo complejo a cambio de una parte del patrimonio inmobiliario de la parroquia: los dos antiguos pisos situados sobre el viejo templo de Martí Boneo, el local donde había funcionado la parroquia, las instalaciones de la antigua guardería y del rastrillo y un solar edificable situado junto al actual templo.

El constructor preveía transformar parte de esos inmuebles en viviendas y levantar previsiblemente un edificio residencial sobre el solar. Los inmuebles no se entregarían hasta que concluyeran las obras del nuevo complejo.

“Se ha intentado que la permuta sea equilibrada, algo que no sabemos si hemos conseguido”, reconocía Fernández en 2025. No existe, al menos en la documentación pública localizada, una tasación comparativa que permita determinar cuánto valían exactamente los inmuebles entregados por el Obispado y cuánto costó finalmente la construcción. El presupuesto anunciado para el complejo se situó cerca de los dos millones de euros.

La operación también obligó a rebajar las ambiciones del proyecto original. La propuesta inicial contemplaba un complejo de mayores dimensiones y una iglesia con capacidad para unas 350 personas. El encarecimiento de los costes de construcción obligó a ejecutar solo una parte de aquel diseño. En 2025, el párroco explicaba que el templo se reduciría a unas 250 plazas y que algunas de las salas y la vivienda inicialmente previstas quedarían fuera de esta primera fase. La segunda edificación prevista en el proyecto tampoco se ha construido por ahora: en el espacio reservado se ha habilitado una terraza con pérgola.

Las obras comenzaron finalmente en septiembre de 2024. La asociación de vecinos celebró entonces el inicio de unos trabajos que llevaba décadas esperando y explicó que el nuevo complejo combinaría el templo con espacios para actividades parroquiales y ciudadanas. El proyecto incluía inicialmente alrededor de 25 plazas de aparcamiento, además de salas para catequesis, talleres, reuniones y actividades de la asociación vecinal.

Parte de los residentes, sin embargo, se mostraron severamente críticos con la nueva construcción. En declaraciones a elDiario.es, uno de ellos recrimina que el proyecto que finalmente comenzó a ejecutarse era más voluminoso que el presentado inicialmente: “Y tal edificación empezó a crecer, a ser cada día más grande, más mazacote”. La oposición de algunos residentes se centró especialmente en el impacto visual del edificio sobre el parque. Según el testimonio de Alonso, hubo vecinos que empezaron a referirse a la construcción como “el mausoleo eclesiástico”. Otros decían que “parecía una cárcel sin ventanas”.

Parte de los residentes critican la nueva construcción porque es más voluminosa de la que se presentó inicialmente. 'El mausoleo se merendó, a la vista, algunos espacios del parque; pasó a ser protagonista del lugar', comenta un vecino

Entre sus principales objeciones figura la ocupación visual del espacio verde: “El mausoleo 'se merendó', a la vista, algunos espacios del parque; pasó a ser protagonista del lugar”. También cuestiona que el entorno inmediato del edificio quedara integrado con las zonas verdes públicas y plantea que una construcción más pequeña habría generado “un mejor ambiente y opinión”. El vecino critica además a otros elementos del complejo, como las plazas de aparcamiento y una estructura de vigas levantada frente a los edificios.

Un complejo de 500 metros cuadrados

La nueva parroquia de Sant Pau llega a Son Dameto más de medio siglo después de la creación de la comunidad. El proyecto que finalmente se ha ejecutado es, según el Obispado, solo una parte de la propuesta inicialmente concebida. La institución señala que el diseño contemplaba también un segundo edificio, cuya construcción ha quedado pendiente de una segunda fase. En el espacio reservado para esa ampliación se ha habilitado finalmente una terraza exterior con pérgola para actividades y encuentros.

La presentación del nuevo edificio estuvo marcada por el relato de su integración en el barrio. El Obispado destaca que el espacio litúrgico y la terraza pueden quedar completamente comunicados mediante unas puertas correderas, de manera que el templo se abre hacia el exterior. El rector, Llorenç Fernández, resumió así su primera impresión: “Me impone el espacio de blancura y luz y, al mismo tiempo, digo que aquel me ayuda a escuchar. Y escuchar me ayuda a contemplar”. Desde el recinto también se divisa la Catedral de Mallorca, una conexión que el propio rector interpreta simbólicamente como un vínculo con la “Iglesia madre de la Diócesis”.

La nueva parroquia incorpora además una dimensión social que tanto el Obispado como la asociación de vecinos presentan como una continuidad de la actividad desarrollada durante décadas. El complejo albergará actividades pastorales, formativas y comunitarias, entre ellas clases de castellano para personas inmigrantes, catequesis, reuniones y otras iniciativas vecinales. Miquel Bestard, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Son Dameto-Son Pisà, resumió la relación entre ambas entidades: “En el año 91 se creó la Asociación de Vecindarios en un local de la parroquia de Sant Pau. Y desde entonces hacemos camino juntos”.

El obispo Sebastià Taltavull presidió la dedicación y bendición del nuevo templo en una celebración a la que acudieron más de 500 personas. Durante la celebración, el rector reivindicó la continuidad de una comunidad con más de medio siglo de trayectoria y utilizó una imagen para definir el papel que quiere desempeñar la parroquia: “Aunque todo parezca roto y descosido, tenemos que poner hilo y aguja y seguir cosiendo fraternidad y justicia”. El Obispado presentó así el nuevo templo como la culminación de un proyecto nacido de las necesidades de un barrio que había crecido durante décadas y que solo pudo materializarse, según su versión, gracias a una permuta que permitió financiar la construcción.

La reforma de la plaça Major de Palma començarà a prendre forma durant el primer trimestre del pròxim any amb el desenvolupament del projecte 'Àgora', guanyador del concurs d'idees convocat per Cort. La proposta planteja una transformació profunda d'un dels espais més emblemàtics del centre de Palma, amb especial protagonisme per a les galeries comercials situades sota la plaça.

Així ho ha anunciat aquest dimecres el portaveu de l'Ajuntament, Llorenç Bauzá, qui, durant la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, ha assenyalat que el contracte adjudicat per a desenvolupar l'actuació tindrà una durada de 46 mesos i un pressupost de 1,45 milions d'euros, IVA inclòs, i serà a càrrec de la UTE formada per Barceló-Balanzó Arquitectes i SCOB Arquitectura i Paisatge.

El contracte, finançat parcialment amb fons de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), comprèn tant la redacció del projecte integral com la direcció facultativa de les futures obres.

El projecte contempla convertir l'actual subsòl, avui pràcticament en desús, en un gran atri obert i integrat amb la plaça, amb espais destinats a activitats culturals i comercials. També pretén resoldre la connexió entre la Plaça Major i la Rambla mitjançant una seqüència d'espais que salvi el desnivell i millori l'accessibilitat.

D'un subsòl gairebé fantasma a un nou espai cultural

L'anunci arriba després d'anys d'intents de reactivació de les galeries subterrànies. En un reportatge publicat per elDiario.es el passat mes de març, aquest periòdic va constatar sobre el terreny l'estat d'abandó de bona part dels passadissos: persianes tancades, antics aparadors, escales mecàniques fora de servei i locals pràcticament buits. Una barberia és l'únic negoci que manté activitat al subsòl.

El mateix arquitecte Antoni Barceló, responsable de la proposta juntament amb SCOB, va explicar llavors a elDiario.es que l'objectiu no era plantejar únicament una operació de reactivació comercial, sinó recuperar la Plaça Major com a espai de trobada ciutadana i donar-li una dimensió cultural i social. El disseny incorpora un nou atri inspirat en l'antic claustre de Sant Felip Neri i preveu il·luminar i ventilar de manera natural les zones inferiors.

La reforma també contempla la creació d'un Centre d'Interpretació de la Ciutat, que l'Ajuntament pretén integrar en una xarxa d'espais expositius juntament amb Can Serra i les Torres del Temple.

La proposta es concep, a més, com una actuació que transcendeix la pròpia plaça. El projecte presentat l'abril de 2025 plantejava vianalitzar el tram final de la Rambla, connectar mitjançant una plataforma per a vianants les Rambles, el carrer de la Unió i la plaça del Mercat, i millorar els accessos cap a la Plaça Major mitjançant rampes, escales i ascensors.

Un projecte que acumula canvis en el calendari

L'adjudicació d'aquest dimecres suposa, no obstant això, que l'actuació entra ara en la fase de desenvolupament del projecte integral. Quan Cort va presentar l'avantprojecte guanyador l'abril de 2025, l'Ajuntament va anunciar que l'equip d'arquitectes disposaria de sis mesos per redactar el projecte definitiu i que les obres podrien començar durant el darrer trimestre de 2026.

El nou contracte adjudicat ara té una durada prevista de 46 mesos i inclou tant la redacció del projecte com la direcció facultativa de les obres, per la qual cosa aquest termini no equival al temps que duraran els treballs de reforma.

La transformació afecta un espai que ha canviat diverses vegades de fesomia al llarg de la seva història. La configuració actual de la plaça i les seves galeries procedeix fonamentalment de la intervenció de 1969, quan es van construir l'aparcament subterrani i les galeries comercials. El projecte ‘Àgora’ pretén ara revertir part d'aquella concepció del subsòl com a espai tancat i convertir-lo en una prolongació de la plaça.

L'actuació cerca així recuperar per a l'ús ciutadà un espai que durant dècades va ser un important focus comercial i que avui presenta una imatge molt diferent: un subsòl amb bona part dels locals tancats i desconnectat de la vida quotidiana de Palma. L'Ajuntament defensa que la reforma permetrà reforçar la relació entre patrimoni, cultura i activitat ciutadana i recuperar el paper de la Plaça Major com a punt de trobada del centre de la ciutat.

La reforma de la plaza Mayor de Palma comenzará a tomar forma durante el primer trimestre del próximo año con el desarrollo del proyecto 'Ágora', ganador del concurso de ideas convocado por Cort. La propuesta plantea una transformación profunda de uno de los espacios más emblemáticos del centro de Palma, con especial protagonismo para las galerías comerciales situadas bajo la plaza.

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz del Ayuntamiento, Llorenç Bauzá, quien, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, ha señalado que el contrato adjudicado para desarrollar la actuación tendrá una duración de 46 meses y un presupuesto de 1,45 millones de euros, IVA incluido, y correrá a cargo de la UTE formada por Barceló-Balanzó Arquitectes y SCOB Arquitectura i Paisatge.

El contrato, financiado parcialmente con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), comprende tanto la redacción del proyecto integral como la dirección facultativa de las futuras obras.

El proyecto contempla convertir el actual subsuelo, hoy prácticamente en desuso, en un gran atrio abierto e integrado con la plaza, con espacios destinados a actividades culturales y comerciales. También pretende resolver la conexión entre la Plaça Major y la Rambla mediante una secuencia de espacios que salve el desnivel y mejore la accesibilidad.

De un subsuelo casi fantasma a un nuevo espacio cultural

El anuncio llega después de años de intentos de reactivación de las galerías subterráneas. En un reportaje publicado por elDiario.es el pasado mes de marzo, este periódico constató sobre el terreno el estado de abandono de buena parte de los pasillos: persianas cerradas, antiguos escaparates, escaleras mecánicas fuera de servicio y locales prácticamente vacíos. Una barbería es el único negocio que mantiene actividad en el subsuelo.

El propio arquitecto Antoni Barceló, responsable de la propuesta junto a SCOB, explicó entonces a elDiario.es que el objetivo no era plantear únicamente una operación de reactivación comercial, sino recuperar la Plaça Major como espacio de encuentro ciudadano y darle una dimensión cultural y social. El diseño incorpora un nuevo atrio inspirado en el antiguo claustro de Sant Felip Neri y prevé iluminar y ventilar de forma natural las zonas inferiores. La reforma también contempla la creación de un Centre d'Interpretació de la Ciutat, que el Ayuntamiento pretende integrar en una red de espacios expositivos junto a Can Serra y las Torres del Temple.

La propuesta se concibe, además, como una actuación que trasciende la propia plaza. El proyecto presentado en abril de 2025 planteaba peatonalizar el tramo final de la Rambla, conectar mediante una plataforma peatonal las Ramblas, la calle Unió y la plaza del Mercat y mejorar los accesos hacia la Plaça Major mediante rampas, escaleras y ascensores.

Un proyecto que acumula cambios en el calendario

La adjudicación de este miércoles supone, no obstante, que la actuación entra ahora en la fase de desarrollo del proyecto integral. Cuando Cort presentó el anteproyecto ganador en abril de 2025, el Ayuntamiento anunció que el equipo de arquitectos dispondría de seis meses para redactar el proyecto definitivo y que las obras podrían comenzar durante el último trimestre de 2026.

El nuevo contrato adjudicado ahora tiene una duración prevista de 46 meses e incluye tanto la redacción del proyecto como la dirección facultativa de las obras, por lo que este plazo no equivale al tiempo que durarán los trabajos de reforma.

La transformación afecta a un espacio que ha cambiado varias veces de fisonomía a lo largo de su historia. La configuración actual de la plaza y sus galerías procede fundamentalmente de la intervención de 1969, cuando se construyeron el aparcamiento subterráneo y las galerías comerciales. El proyecto ‘Àgora’ pretende ahora revertir parte de aquella concepción del subsuelo como espacio cerrado y convertirlo en una prolongación de la plaza.

La actuación busca así recuperar para el uso ciudadano un espacio que durante décadas fue un importante foco comercial y que hoy presenta una imagen muy distinta: un subsuelo con buena parte de sus locales cerrados y desconectado de la vida cotidiana de Palma. El Ayuntamiento defiende que la reforma permitirá reforzar la relación entre patrimonio, cultura y actividad ciudadana y recuperar el papel de la Plaça Major como punto de encuentro del centro de la ciudad.

Desde que el 26 de septiembre la marcha por la vivienda en Madrid se convirtiera en una multitudinaria acampada en la Puerta del Sol, miles de personas han tomado las plazas de toda España a modo de protesta. El desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años a la que Urbagestión echó de su vivienda, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Barcelona, Palma, Santander, Las Palmas o Sevilla son solo algunas de las ciudades que han montado acampadas por la vivienda.

La aprobación del decreto de vivienda en el Consejo de Ministros de este martes y su publicación en el BOE no han rebajado las protestas. La acampada de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, se montó horas después del anuncio del Gobierno. Aquí hacemos un repaso de algunas de las protestas que se han instalado en las calles (más allá de Madrid).

Madrid

Este miércoles ya eran 1.248 las tiendas de campaña instaladas en Sol. Es, con diferencia, la acampada más grande de todas las que hay en España. Y muchos manifestantes han decidido quedarse a pesar de la aprobación del decreto de vivienda en el Consejo de Ministros. Lo consideran insuficiente. “Es una excusa para que nos vayamos, pero lo que queremos son cosas que nos aseguren una vida digna sin hipotecar nuestras vidas”, le dicen algunos a Guillermo Hormigo y África Gelardo. Dicen que es “un minipasito cuando hay que dar una maratón entera”.

Muchos de los acampados muestran su enfado con el Gobierno central, con la Comunidad de Madrid e, incluso, con el sindicato que organiza la concentración. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha exigido ya a la Delegación del Gobierno que desalojen la plaza “en 48 horas”. Pero aunque se les desaloje, los manifestantes dicen que volverán. Hasta que Congreso no apruebe el conocido como 'decreto Maricarmen' –la votación está prevista para este viernes–, las tiendas seguirán ocupando Sol, explican.

Catalunya

Las primeras tiendas aparecieron en la Plaça Catalunya de Barcelona la noche del 29 de septiembre. Fue una iniciativa espontánea, de grupos de barrio, antirracistas y transfeministas. Sin apoyo, en este caso, de los sindicatos de vivienda. Son un centenar largo de personas que, informa Sandra Vicente, ya tienen todo organizado: unos barren, otros preparan las comidas, hay quien atiende a la prensa y quien se mueve por la ciudad para parar los desahucios que hay programados.

“Los decretos no son suficientes”, dice Damià, un joven de 22 años que ha pasado la noche en la plaza. “Nos están dando las migajas y queremos más, porque la moratoria se parece a otras que hemos tenido y, a pesar de ello, sigue habiendo desahucios”.

La idea en Barcelona es permanecer en la plaza hasta el viernes, mínimo. Tienen claro que Junts puede tumbar uno de los dos decretos y, en ese caso, protestarán. Algunos hablan de quedarse “indefinidamente” en Plaça Catalunya: “Pase lo que pase el viernes, el problema de la vivienda no se acabará”.

Andalucía

Aunque se mantienen todavía las acampadas de Sevilla, Cádiz y Málaga, los sindicatos de vivienda en Andalucía calientan ya para las manifestaciones del fin de semana, informa Antonio Morente. Serán convocadas “probablemente este sábado” en toda España.

En Sevilla, este miércoles los acampados en la Plaza de la Encarnación, la de las famosas Setas, celebrarán una nueva asamblea para decidir el futuro de la protesta: si es mejor mantenerla o levantarla. Ya son unas 40 tiendas y más de 150 personas las que se han instalado allí, según el portavoz de la concentración y miembro del Sindicato de Inquilinas, Jaime Jover. El horizonte de la acampada es el fin de semana porque quieren leer en detalle el texto del decreto y ver qué ocurre en la votación en el Congreso de los Diputados.

Más de 300 personas decidieron este martes seguir acampados en la Plaza del Palillero de Cádiz. El Sindicato de Inquilinas dice que el “decreto farsa” no es suficiente. “Una protección con fecha de caducidad no es un derecho, es un aplazamiento”, dicen. Por eso, además de mantener la acampada, han decidido convocar una manifestación este sábado a las 12.00 horas en la plaza San Antonio.

En Málaga, la asamblea de la acampada de la Plaza de la Constitución, que se mantendrá hasta que se tomen medidas contra los inversores “invasores”, se ha sumado al llamamiento de la asamblea de Madrid: convocar una huelga general por la vivienda.

Las más de 100 personas que estaban acampadas ante las delegaciones de la Junta de Andalucía y el Gobierno central en Córdoba, por el contrario, decidieron levantar este martes su acampada. Los organizadores consideran que la reunión del Consejo de Ministro transcurrió como esperaban, sin embargo, han convocado manifestaciones para el fin de semana, informa Jesús Ventura.

Cantabria

Con amenaza de multa se han despertado este miércoles los acampados en Santander. La Policía Local ha informado a los manifestantes de la Plaza Porticada que tienen orden de sancionarles por haberse instalado allí. Son una docena de tiendas y unas 50 personas, informa Olga Agüero.

Frente a estas amenazas, la organización de la protesta ha decidido que las sanciones “se van a colectivizar” para poder pagarlas con la colaboración ciudadana. “Vamos a luchar juntas contra eso”, dicen a elDiario.es Cantabria. De momento, la Policía se ha limitado a identificarles.

La protesta, en principio, se va a mantener. Los acampados consideran que el 'decreto Maricarmen' es un “parche”: “Medidas parciales que no resuelven la raíz del problema”. “Queremos seguir, queremos llamar a la gente a que se sume”, dicen.

Illes Balears

En Palma, la protesta por el derecho a la vivienda mantiene desde el lunes una acampada en la plaza de España, donde los activistas han decidido prolongar la movilización al menos 20 días más, con o sin autorización. La 'Acampada por una vivienda para todos' se mantiene como una acción autónoma y ha planteado nuevas movilizaciones en los próximos días, informa Esther Ballesteros.

La iniciativa ha sido impulsada por la Coordinadora d’Habitatge de les Illes Balears junto a colectivos como Flama y Aurora y cuenta con la participación de integrantes del Sindicat d’Habitatge de Palma y del Sindicat de Llogaters de Mallorca. Los participantes reclaman, entre otras medidas, una rebaja de los alquileres, contratos estables, protección frente a los desahucios, regulación de los alquileres temporales y de habitaciones y límites a la compra de viviendas por fondos de inversión.

Canarias

Lo advirtieron y han cumplido. A los colectivos canarios por el derecho a la vivienda no les iba a valer la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros. Dicen que es “descafeinado” y que no recoge sus demandas históricas, informa Gara Santana. Así que en su asamblea, en la céntrica Plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria, este martes decidieron que su protesta sería permanente.

Una veintena de tiendas se han instalado ya este miércoles. Y desde la organización recomiendan a quienes quieran participar que lleven casetas, mantas, sacos, esterillas, comida, agua y todo aquello que puedan necesitar durante la noche.

Desenes de persones continuen acampades en tendes de campanya des de la matinada de dilluns a la plaça d'Espanya de Palma. La protesta, convertida en un punt permanent d'organització de noves mobilitzacions, va començar amb una vintena de persones i vuit tendes i s'ha anat articulant durant les darreres hores a través d'assemblees obertes i torns per garantir que sempre hi hagi presència a la plaça.

L'acampada va néixer després de la concentració celebrada dilluns vespre a la plaça de Cort sota el lema 'Ni una Maricarmen més', convocada pel Sindicat de Llogateres de Mallorca en solidaritat amb la mobilització que s'havia iniciat a Madrid després del desnonament de Maricarmen Abascal. En acabar la protesta, part dels participants es va desplaçar fins a la plaça d'Espanya i va decidir instal·lar-hi les primeres tendes per passar-hi la nit i donar continuïtat a la mobilització.

La iniciativa va ser assumida posteriorment per la Coordinadora d'Habitatge de les Illes Balears, juntament amb col·lectius com Flama i Aurora, que van organitzar la continuïtat de l'acampada. Els convocants defineixen l'acció com una forma organitzada de desobediència civil i han cridat veïns, organitzacions i ciutadans a incorporar-se a la protesta.

El nombre de persones que roman a la plaça varia al llarg del dia. Una trentena hi va passar la primera nit, mentre que durant dimarts es van organitzar torns perquè la protesta no desaparegués quan els participants haguessin d'anar a treballar o descansar. A la tarda, unes 150 persones van participar en l'assemblea convocada a la mateixa plaça, on es va plantejar mantenir el campament com un espai d'organització i es va arribar a debatre la possibilitat de convocar una nova mobilització aquest dissabte.

El campament ha començat a adquirir una petita estructura pròpia. Hi ha un rebost improvisat que s'ha anat omplint amb aliments i altres productes aportats per ciutadans que s'hi acosten per mostrar el seu suport. També s'hi han acostat persones per explicar els seus propis problemes relacionats amb l'habitatge.

El fons de les reivindicacions va molt més enllà del cas que ha donat nom a la mobilització. Els col·lectius reclamen una reducció dels lloguers i rebutgen que la resposta a l'emergència habitacional es limiti a congelar les rendes. També demanen contractes indefinits i estables, protecció davant els desnonaments, regulació dels lloguers temporals i d'habitacions i mesures contra la compra d'habitatges pels anomenats fons voltor. Entre les seves demandes específiques per a Balears hi ha, a més, la declaració de les Illes com a zona tensionada, una mesura que permetria aplicar mecanismes específics de regulació dels lloguers.

La resposta del Govern central constitueix ara un dels principals focus d'atenció dels acampats. L'Executiu va aprovar dimarts dos reials decrets amb mesures en matèria d'habitatge, però els participants consideren insuficient que les principals reivindicacions quedin repartides en diferents textos i reclamen que les mesures tinguin en compte les particularitats de territoris com Balears.

L'aprovació dels decrets d'habitatge del Govern central no ha desactivat, per tant, la protesta a Palma. Albert, un dels participants en l'acampada, va assegurar dimarts a Europa Press que l'Assemblea mantindrà el campament durant almenys 20 dies més “amb o sense permís” i va reclamar que les noves mesures incorporin “especificitats per a Balears” davant l'emergència habitacional de les Illes. Els acampats es mostren especialment crítics amb el fet que les mesures hagin quedat repartides en diferents decrets i consideren que l'anomenat 'decret Maricarmen' serà “un pedaç momentani insuficient” si no contempla la situació específica de l'arxipèlag.

En paral·lel, el portaveu de Stop Desnonaments Mallorca, Joan Segura, va confirmar dimarts que la intenció és continuar amb el campament com a “punt d'organització” per donar continuïtat a la mobilització. L'activista critica que els dos reials decrets presentats pel Govern espanyol contenen les mateixes mesures que tenia previst aprovar a finals de juliol. No obstant això, puntualitza que aleshores no existia aquesta mobilització i, al seu parer, l'Executiu intenta “contenir” la protesta amb unes mesures presentades en un “decret partit”, que, segons afirma, “prepara el terreny perquè no entri en vigor”.

Les tendes volen convertir-se en un punt de trobada per a qui considera que la crisi de l'habitatge a les Balears requereix una resposta de major abast. Els participants proposen organitzar xerrades, activitats i noves mobilitzacions i estudien fins i tot la convocatòria d'una vaga d'habitatge si les seves demandes no són ateses. La intenció declarada és que la plaça d'Espanya funcioni com un espai d'organització mentre continuï oberta la disputa política sobre les noves mesures.

La imatge de les tendes instal·lades al costat de l'estàtua de Jaume I connecta així la protesta de Palma amb l'acampada de la Puerta del Sol i amb les mobilitzacions que durant aquests dies s'han estès per diferents ciutats espanyoles. A Madrid, la protesta sorgida després del cas de Maricarmen ha reunit centenars de persones i es manté com un dels principals focus de la mobilització estatal. A Palma, amb una escala molt menor, el moviment ha trobat a la plaça d'Espanya un lloc des del qual intentar mantenir encesa la protesta i traslladar al debat local una qüestió que els participants consideren ja inajornable: qui pot permetre's viure a Mallorca i en quines condicions.

Decenas de personas continúan acampadas en tiendas de campaña desde la madrugada del pasado lunes en la Plaça d'Espanya de Palma. La protesta, convertida en punto permanente de organización de nuevas movilizaciones, comenzó con una veintena de personas y ocho tiendas y ha ido articulándose durante las últimas horas a través de asambleas abiertas y turnos para garantizar que siempre haya presencia en la plaza.

La acampada nació tras la concentración celebrada el lunes por la noche en la plaza de Cort bajo el lema 'Ni una Maricarmen más', convocada por el Sindicato de Inquilinas de Mallorca en solidaridad con la movilización que se había iniciado en Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Al terminar la protesta, parte de los participantes se desplazó hasta la plaza de España y decidió instalar allí las primeras tiendas para pasar la noche y dar continuidad a la movilización.

La iniciativa fue asumida después por la Coordinadora d'Habitatge de les Illes Balears, junto a colectivos como Flama y Aurora, que organizaron la continuidad de la acampada. Los convocantes definen la acción como una forma organizada de desobediencia civil y han llamado a vecinos, organizaciones y ciudadanos a incorporarse a la protesta.

La cifra de personas que permanece en la plaza varía a lo largo del día. Una treintena pasó la primera noche en las tiendas, mientras que durante el martes se organizaron turnos para que la protesta no desapareciera cuando los participantes tuvieran que ir a trabajar o descansar. Por la tarde, alrededor de 150 personas participaron en la asamblea convocada en la propia plaza, donde se planteó mantener el campamento como un espacio de organización y se debatió incluso la posibilidad de convocar una nueva movilización este sábado.

El campamento ha empezado a adquirir una pequeña estructura propia. Hay una despensa improvisada que se ha ido llenando con alimentos y otros productos aportados por ciudadanos que se acercan a mostrar su apoyo. También se han producido encuentros con personas que se acercan para explicar sus propios problemas habitacionales.

El fondo de las reivindicaciones va mucho más allá del caso que ha dado nombre a la movilización. Los colectivos reclaman una reducción de los alquileres y rechazan que la respuesta a la emergencia habitacional se limite a congelar las rentas. También piden contratos indefinidos y estables, protección frente a los desahucios, regulación de los alquileres temporales y de habitaciones y medidas contra la compra de viviendas por los llamados fondos buitre. Entre sus demandas específicas para Balears está además la declaración de las islas como zona tensionada, una medida que permitiría aplicar mecanismos específicos de regulación de los alquileres.

La respuesta del Gobierno central constituye ahora uno de los principales focos de atención de los acampados. El Ejecutivo aprobó este martes dos reales decretos con medidas en materia de vivienda, pero los participantes consideran insuficiente que las principales reivindicaciones queden repartidas en distintos textos y reclaman que las medidas tengan en cuenta las particularidades de territorios como Balears.

La aprobación de los decretos de vivienda del Gobierno central no ha desactivado, por tanto, la protesta en Palma. Albert, uno de los participantes en la acampada, aseguró el martes a Europa Press que la Asamblea mantendrá el campamento durante al menos 20 días más “con o sin permiso” y reclamó que las nuevas medidas incorporen “especificidades para Balears” ante la emergencia habitacional de las Islas. Los acampados consideran que el denominado 'decreto Maricarmen' será “un parche momentáneo insuficiente” si no contempla la situación específica del archipiélago.

En paralelo, el portavoz de Stop Desnonaments Mallorca, Joan Segura, confirmó este martes que la intención es continuar con el campamento como “punto de organización” para continuar con la movilización. El activista critica que los dos reales decretos presentados por el Gobierno de España contienen las mismas medidas que tenía previstas aprobar a finales de julio. Sin embargo, puntualiza que entonces no existía esta movilización y, a su modo de ver, el Ejecutivo trata de “contener” esta protesta con medidas presentadas en un “decreto partido” lo que “prepara el terreno para que no entre en vigor”.

Las tiendas quieren convertirse en un punto de encuentro para quienes consideran que la crisis de vivienda en Balears requiere una respuesta de mayor alcance. Los participantes proponen organizar charlas, actividades y nuevas movilizaciones y estudian incluso la convocatoria de una huelga de vivienda si sus demandas no son atendidas. La intención declarada es que la plaza de España funcione como un espacio de organización mientras continúe abierta la disputa política sobre las nuevas medidas.

La imagen de las tiendas instaladas junto a la estatua de Jaume I conecta así la protesta de Palma con la acampada de la Puerta del Sol y con las movilizaciones que durante estos días se han extendido por distintas ciudades españolas. En Madrid, la protesta surgida tras el caso de Maricarmen ha reunido a cientos de personas y se mantiene como principal foco de la movilización estatal. En Palma, con una escala mucho menor, el movimiento ha encontrado en la plaza de España un lugar desde el que intentar mantener encendida la protesta y trasladar al debate local una cuestión que los participantes consideran ya inaplazable: quién puede permitirse vivir en Mallorca y en qué condiciones.

L'Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, ha decidit distingir Alberto Juan Llaneras, un dels policies locals que van vexar una excompanya i posteriorment regidora de Podem, Sonia Vivas, i que van ser condemnats per coaccions amb unes penes confirmades pel Tribunal Suprem. També distingirà Antonio Garcías, un altre agent de la Policia Local condemnat per torturar un detingut en dependències policials. Tots dos rebran la Creu al Mèrit Policial amb distintiu verd, una condecoració que reconeix actuacions meritòries i contribucions al prestigi de la institució.

Les distincions honorífiques van ser aprovades aquest mes pel ple municipal, tal com ha informat Diario de Mallorca i ha confirmat elDiario.es a partir de la documentació incorporada a la seu electrònica municipal. Malgrat les reiterades consultes d'aquest diari, l'Ajuntament no ha facilitat informació sobre l'acord ni sobre els mèrits concrets que justifiquen la concessió de les distincions a tots dos funcionaris.

De manera genèrica, la proposta es fonamenta en l'article 131 del Reglament de condecoracions, que preveu la concessió d'aquest reconeixement a aquells que dirigeixin o executin amb èxit serveis d'especial dificultat o rellevància, demostrin una dedicació i un compliment exemplar de les seves funcions, desenvolupin una tasca prolongada en favor de la dignificació i el prestigi de les policies locals i de la defensa dels drets i les llibertats públiques, o duguin a terme projectes i treballs professionals o científics rellevants que contribueixin al prestigi de la institució.

La distinció als dos policies arriba anys després que la Justícia acredités greus actuacions policials i condemnés tots dos agents en procediments diferents. En el cas de Llaneras, el Tribunal Suprem va confirmar el gener de 2021 la pena que li havia estat imposada en primera instància: un any i tres mesos de presó per un delicte de coaccions. Juntament amb ell, va ser condemnat un altre company, Rafael Puigrós Rosselló, a qui es van imposar tres anys i cinc mesos de presó per coaccions, denúncia falsa i fals testimoni.

La sentència del Suprem va posar fi a una batalla judicial iniciada el 2016 que va treure a la llum alguns dels episodis més durs i espinosos dels que van transcendir en el marc del que es va conèixer com a cas Cursach. L'exagent de policia va decidir portar als tribunals el maltractament continuat que denunciava patir per la seva orientació sexual. La seva denúncia va passar a formar part de les múltiples línies d'investigació en què es va dividir l'anterior macrocausa, que, en essència, va centrar la instrucció en una presumpta trama policial d'extorsions i tractes de favor destinada a salvaguardar els negocis del magnat de l'oci nocturn Bartolomé Cursach. Tant l'empresari com nombrosos policies locals van ser finalment absolts, després d'una instrucció durament qüestionada pel jutge i el fiscal que els van investigar.

Llaneras, no obstant això, va ser un dels agents que sí que van acabar condemnats en una de les línies d'investigació. La sentència del Suprem va considerar provat que tant ell com el seu company van convertir l'actitud homòfoba en una forma habitual de relacionar-se amb Vivas, aleshores agent de la Policia Local, a qui humiliaven i menyspreaven amb insults, burles sobre la seva orientació sexual, gestos obscens i mofes en la seva presència. Ho van fer, segons la resolució, “moguts pel seu odi i menyspreu a la seva condició homosexual”.

La sentència també relata les conseqüències psicològiques que l'assetjament va provocar en Vivas, així com les escenes d'assetjament i escarment que va patir després de denunciar els fets. Segons l'alt tribunal, els agents van intentar, fins i tot, que l'exagent perdés la seva plaça a la Policia Local. Tot i que els tribunals van considerar acreditat el caràcter homòfob de les vexacions, no van poder condemnar els agents pel delicte contra la integritat moral perquè els fets havien prescrit. Sí que van ser condemnats per coaccions.

D'altra banda, la Sala Penal va estimar parcialment els recursos de cassació interposats pels dos policies, fet que va comportar l'anul·lació de la pena accessòria d'inhabilitació per exercir com a policies durant el temps de la condemna. A parer dels magistrats, no existia una relació directa entre l'exercici del càrrec i el delicte comès. Sobre aquesta qüestió, el Suprem va considerar que les coaccions dels acusats, tot i que estaven directament vinculades a uns fets anteriors que havien tingut lloc en l'exercici de les seves funcions com a agents de policia —i malgrat que aquestes funcions fins i tot n'haguessin facilitat la comissió—, no estaven relacionades “amb una estricta actuació professional”.

El policia que va agredir un detingut

Per la seva banda, Garcías, l'altre policia que serà condecorat, rebrà la distinció una dècada després que el Suprem confirmés la seva condemna per una agressió a un detingut als calabossos de la caserna de Sant Ferran, seu de la Policia Local de Palma. Els fets van tenir lloc el maig de 2011 i van quedar enregistrats per les càmeres de seguretat de les dependències policials, tal com va informar Diario de Mallorca.

La decisió de l'Ajuntament es produeix en un context d'homenatges i distincions institucionals a policies i funcionaris que van ser investigats en el marc del cas Cursach. El passat 17 de setembre, el Consistori va celebrar a la caserna de Sant Ferran un acte d'homenatge i desgreuge als agents i treballadors municipals que van ser investigats i, en alguns casos, processats i finalment exonerats en la causa. La cerimònia, presidida per l'alcalde, Jaime Martínez, va incloure el lliurament de medalles i diplomes en reconeixement a la seva “dignitat professional”.

Aquests homenatges arriben després d'anys de reivindicacions dels agents i funcionaris perquè el Consistori assumís institucionalment el perjudici que, segons sostenen, van patir durant les investigacions.

El Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ha decidido condecorar a Alberto Juan, uno de los policías locales que vejaron a una excompañera y posteriormente concejal de Podemos, Sonia Vivas, y que fueron condenados -con penas confirmadas por el Tribunal Supremo- por coacciones. También distinguirá a Antonio Garcías, otro agente de la Policía Local condenado por torturar a un detenido en dependencias policiales. Ambos recibirán la Cruz al Mérito Policial con distintivo verde, una condecoración que reconoce actuaciones meritorias y contribuciones al prestigio de la institución.

Las distinciones honoríficas fueron aprobadas este mes por el pleno municipal, tal como ha informado Diario de Mallorca y ha confirmado elDiario.es a través de la documentación incorporada en la sede electrónica municipal. Pese a las reiteradas consultas de elDiario.es, el Ayuntamiento no ha facilitado información al respecto ni los méritos concretos que justifican la concesión de los reconocimientos a ambos funcionarios.

De forma genérica, la propuesta se fundamenta en el artículo 131 del Reglamento de condecoraciones: la concesión de este reconocimiento se contempla para quienes dirijan o ejecuten con éxito servicios de especial dificultad o relevancia, demuestren una dedicación y un cumplimiento ejemplar de sus funciones, desarrollen una labor prolongada en favor de la dignificación y el prestigio de las policías locales y la defensa de los derechos y libertades públicas, o realicen proyectos y trabajos profesionales o científicos relevantes que contribuyan al prestigio de la institución.

La distinción a los dos policías llega años después de que la Justicia acreditara graves actuaciones policiales y condenara a ambos agentes en distintos procedimientos. En el caso de Llaneras, el Tribunal Supremo confirmó en enero de 2021 la pena que le fue impuesta en primera instancia: un año y tres meses por un delito de coacciones. Junto a él fue condenado otro compañero, quien fue castigado con tres años y cinco meses de cárcel por coacciones, denuncia falsa y falso testimonio. 

La sentencia del Supremo fue el desenlace de una batalla judicial que se inició en 2016 y sacó a relucir los episodios más arduos y espinosos de cuantos trascendieron en el marco del que se conoció como caso Cursach. La exagente de policía decidió llevar a los tribunales el continuo maltrato al que denunciaba estar sometida por su orientación sexual. Su denuncia pasó a formar parte de las múltiples líneas de investigación en las que se desgajó la anterior macrocausa, que, en esencia, centró su instrucción en una presunta trama policial de extorsiones y tratos de favor dirigida a salvaguardar los negocios del magnate de la noche Bartolomé Cursach. Tanto el empresario como numerosos policías locales fueron finalmente absueltos tras una instrucción duramente cuestionada por parte del juez y del fiscal que los investigaron.

Llaneras, sin embargo, fue uno de los agentes que sí acabó condenado en una de aquellas líneas de investigación. La sentencia del Supremo consideró probado que tanto su compañero como él convirtieron su actitud homófoba en una forma habitual de relacionarse con la entonces agente, a la que humillaban y menospreciaban con insultos, burlas sobre su orientación sexual, gestos obscenos y las mofas en su presencia. Lo hicieron, según la sentencia del Supremo, “movidos por su odio y desprecio a su condición homosexual”. La resolución del Supremo relata la afectación psicológica que provocó en Vivas el hostigamiento sufrido y las escenas de acoso y escarmiento que vivió una vez denunciados los hechos. Según el Alto Tribunal, los agentes intentaron, incluso, que la ex agente perdiera su plaza en la Policía Local.

Aunque los tribunales dieron por acreditado el carácter homófobo de las vejaciones, no pudieron condenar a los agentes por delito contra la integridad moral porque los hechos habían prescrito. Sí fueron condenados por coacciones.

Por otro lado, la Sala de lo Penal estimó de forma parcial los recursos de casación interpuestos por los dos policías en lo que suponía la anulación de la pena accesoria de inhabilitación que se les impuso para el empleo de policía durante el tiempo de la condena. A juicio de los magistrados, no existía una relación directa entre el ejercicio de su cargo y el delito cometido. Al respecto, el Supremo consideró que las coacciones de los acusados, aunque estaban vinculadas directamente con unos acontecimientos anteriores que habían tenido lugar en el ejercicio de sus funciones como agentes de policía -y aun cuando facilitaron la comisión de los hechos por los que han sido condenados-, no se relacionaban “con una estricta actuación profesional”.

El policía que agredió a un detenido

Por su parte, Garcías, el otro policía que será condecorado, será reconocido una década después de que el Supremo confirmara su condena por una agresión a un detenido en los calabozos del cuartel de Sant Ferran, sede de la Policía Local de Palma. Los hechos ocurrieron en mayo de 2011 y quedaron grabados por las cámaras de seguridad de las dependencias policiales, tal como informó en su momento Diario de Mallorca.

La decisión del Ayuntamiento se produce en un contexto de reconocimientos institucionales a policías y funcionarios que fueron investigados en el marco del caso Cursach. El pasado 17 de septiembre, el Ayuntamiento celebró en el cuartel de Sant Ferran un acto de homenaje y desagravio a los agentes y trabajadores municipales que fueron investigados y, en algunos casos, procesados y finalmente exonerados en la causa. La ceremonia, presidida por el alcalde, Jaime Martínez, incluyó la entrega de medallas y diplomas en reconocimiento a su “dignidad profesional”. Los homenajes llegan después de años de reclamaciones de los agentes y funcionarios para que el Consistorio asumiera institucionalmente el perjuicio que, sostienen, sufrieron durante las investigaciones.

Pilar López té 40 anys cotitzats en el sector de l'hostaleria, però aquest estiu ha hagut de dormir al seu cotxe. Desnonada de l'habitatge on residia a Palma, amb una pensió de 480 euros i sense una alternativa habitacional, aquesta veïna ha pres aquest dijous la paraula en el ple de l'Ajuntament de la capital balear per relatar una situació que l'ha acabada desbordant. “Amb 40 anys cotitzats en hostaleria, he de viure al cotxe”, ha lamentat davant els representants polítics de la ciutat.

La seva veu ha irromput entre llàgrimes mentre la portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) Mallorca, Àngela Pons, intervenia en la sessió plenària per denunciar la situació d'emergència habitacional que travessa Palma i advertir que la dona desnonada aquest dimecres a Madrid, Maricarmen, no és un cas aïllat. “Hi ha moltes Maricarmen”, ha etzibat durant una intervenció marcada per moments de tensió, especialment quan el batle, Jaime Martínez (PP), l'ha emplaçada a guardar les formes i li ha advertit que no li permetria continuar si no respectava el reglament del ple. “Vostè treballa per als ciutadans, no a l'inrevés”, li ha etzibat Pons.

Pilar, per la seva banda, ha relatat que residia en un pis del carrer de Joan Crespí des de feia anys, fins que l'habitatge va ser venut pel banc a un fons d'inversió. La dona ha explicat que va rebre l'avís que havia d'abandonar l'immoble amb tot just 24 hores d'antelació i que va haver de deixar-lo el passat 2 de juny. Durant el procés, ha assegurat, li van arribar a oferir 60.000 euros per marxar i, posteriorment, 10.000.

Des d'aleshores, la seva vida ha transcorregut entre recursos assistencials i solucions provisionals. Primer va passar per un alberg, però va haver d'abandonar-lo. Després, va començar a dormir al seu vehicle, on ha passat bona part de l'estiu. “Faig des del juliol que dorm al carrer, em rent amb una gibrella al Mercadona i em dutx a Ciutat Jardí”, ha explicat, visiblement emocionada.

La precarietat també ha condicionat la seva alimentació. “No menj el que hauria de menjar i al vespre, una mica d'embotit i pa”, ha afegit. Actualment, ha relatat, s'allotja en un hostal al Secar de la Real, tot i que la seva situació continua sent incerta. La dona ha explicat que algunes persones li han recomanat traslladar-se a la Península, on podria trobar lloguers més econòmics. Però ha rebutjat aquesta possibilitat. “Som espanyola pels quatre costats. M'han dit que me'n vagi a la Península, que és més barat. Jo no me'n vaig d'aquesta illa. Som aquí des de l'any 1987 i som tan mallorquina com qualsevol mallorquí”, ha reivindicat.

El seu testimoni ha posat rostre a la magnitud de l'emergència habitacional que travessen Palma i el conjunt de les Balears: fins i tot els qui han treballat durant dècades es veuen expulsats del mercat de l'habitatge. Trobar una habitació a un preu assumible s'ha convertit en una cursa d'obstacles en una ciutat on els lloguers no deixen d'enfilar-se i cada vegada més famílies destinen la major part dels seus ingressos a pagar un sostre. Els residents de Palma han de dedicar gairebé el 70% del seu salari brut mensual al lloguer d'un habitatge mitjà de 90 metres quadrats, el preu del qual arriba als 1.767 euros mensuals, segons les darreres dades de pisos.com.

Amb els preus en màxims històrics i l'accés a un pis fora de l'abast d'àmplies capes de la població, centenars de persones s'han vist abocades a viure amuntegades en infravivendes , caravanes i edificis abandonats, com l'antiga presó de Palma . Una realitat que desborda les estadístiques i que aquest dijous ha irromput en el ple municipal a través de la veu de Pilar.

La portaveu de la PAH, al batle: “Vostè s'ha gastat 89.000 euros en mobles”

Abans havia intervingut Pons, que ha retret a l'equip de govern municipal que, malgrat les dificultats d'accés a l'habitatge, no estigui oferint respostes suficients a les persones que es queden sense llar. La portaveu de la PAH Mallorca ha recordat que els càrrecs públics estan al servei dels ciutadans i ha recriminat a Martínez que no s'hagin ofert alternatives habitacionals a les persones que es quedaran sense casa. També li ha retret que s'enfadi amb ella en lloc de respondre a les famílies afectades.

“Quina és la seva feina? M'ho pot explicar?”, ha insistit durant la seva intervenció, en què ha qüestionat les prioritats del govern municipal. “Senyor batle, aquí els únics que no fan la seva feina són vostès”, ha etzibat abans d'insistir que els representants municipals tenen l'obligació d'atendre la ciutadania.

Un dels retrets més durs ha arribat quan ha al·ludit als 89.000 euros que, segons ha denunciat i va publicar en el seu moment el Diario de Mallorca , s'han destinat a mobles de despatx. “Quant s'ha gastat vostè? 89.000 euros en mobles de despatx? I ho puc dir perquè jo li pag el sou”, ha afirmat, dirigint-se al batle. La portaveu ha contraposat aquesta despesa amb la situació de Pilar, que ha hagut de recórrer a la PAH després de mesos de gestions amb els serveis socials municipals sense aconseguir un habitatge. “Em posa dels nervis que no n'hi hagi per pagar un pis a Pilar”, ha lamentat.

Pons ha explicat que la veïna ha trucat a diferents portes, inclosos els serveis socials de l'Ajuntament, sense que aquests hagin pogut proporcionar-li una solució habitacional. Ha destacat la seva lluita per tirar endavant i ha criticat que hagi hagut de passar mesos al carrer fins a trobar allotjament al Secar de la Real. “Són vostès els qui haurien de donar una solució”, ha retret la portaveu, que ha vinculat la manca de resposta institucional amb una forma de “violència institucional” contra els qui es queden sense sostre i veuen compromès l'accés a drets bàsics, com la sanitat o l'educació.

Pons ha criticat també la política municipal d'habitatge i els preus de les promocions anunciades per les institucions. En aquest sentit, ha denunciat que els habitatges amb preus de lloguer d'entre 600 i 1.200 euros no són una alternativa real per a les persones que cobren pensions o prestacions reduïdes. “No són habitatges socials ni protegits”, ha advertit, tot criticant que els preus previstos quedin fora de l'abast dels qui més necessiten una llar.

En aquesta línia, ha al·ludit també al superàvit municipal de gairebé 80 milions d'euros amb què, segons ha assenyalat, l'equip de govern “presumeix” d'haver tancat l'any passat, per qüestionar que no es destinin més recursos a atendre l'emergència habitacional. La representant de la plataforma ha retret, a més, a l'Ajuntament que destini recursos a consultores i altres despeses mentre, al seu parer, no es mobilitzen prou habitatges per a les famílies que els necessiten. Per això, ha reclamat que es rehabilitin immobles municipals i es posin a disposició de les persones sense recursos.

La intervenció ha acabat amb una nova reivindicació de la PAH: que l'Ajuntament deixi d'anunciar mesures que no es tradueixen en solucions per als qui no poden pagar un lloguer i destini els seus recursos a garantir l'accés a un habitatge digne. El relat de Pilar ha traslladat aquesta reclamació al terreny concret. Una dona que ha treballat durant quatre dècades en l'hostaleria, que fa gairebé 40 anys que viu a Mallorca i que, amb els seus 480 euros mensuals, no troba un habitatge que es pugui permetre a l'illa on ha construït la seva vida.

La versió de l'Ajuntament

Fonts de l'Ajuntament de Palma han assegurat, per la seva banda, que Pilar López ha rebut atenció i suport dels Serveis Socials municipals des del 2019, encara que de manera intermitent i en diferents etapes, segons recull Europa Press.

Segons el consistori, actualment té un expedient obert, una treballadora social de referència i continua rebent atenció, que inclou suport econòmic per a l'allotjament, acompanyament social i ajuda en diferents tràmits. Les mateixes fonts han assenyalat que aquest dijous, coincidint amb la seva intervenció en el ple, ha tornat a ser atesa pels serveis municipals.

L'Ajuntament sosté que durant aquests anys ha fet un seguiment de la seva situació habitacional i social, amb assessorament tècnic i jurídic, suport en la renovació i negociació de contractes de lloguer social i elaboració d'informes de vulnerabilitat. Després que es fes efectiu el desnonament, el juny de 2026, els Serveis Socials van tramitar una ajuda econòmica per cobrir el seu allotjament en una pensió i la van derivar a l'Equip de Primera Atenció de Serveis Socials (EPASS).

Pilar López tiene 40 años cotizados en el sector de la hostelería, pero este verano ha tenido que dormir en su coche. Desahuciada de la vivienda en la que residía en Palma, con una pensión de 480 euros y sin una alternativa habitacional, esta vecina ha tomado este jueves la palabra en el pleno del Ayuntamiento de la capital balear para relatar una situación que ha acabado por desbordarla. “Con 40 años cotizados en hostelería tengo que vivir en el coche”, ha lamentado ante los representantes políticos de la ciudad.

Su voz ha irrumpido entre lágrimas mientras la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Mallorca, Àngela Pons, intervenía en la sesión plenaria para denunciar la situación de emergencia habitacional que atraviesa Palma y para advertir de que la mujer desahuciada este miércoles en Madrid, Maricarmen, no es un caso aislado. “Hay muchas Maricarmen”, ha espetado durante una intervención marcada por momentos de tensión, especialmente cuando el alcalde, Jaime Martínez (PP), la ha emplazado a guardar las formas y le ha advertido de que no le permitiría continuar si no respetaba el reglamento del pleno. “Usted trabaja para los ciudadanos, no al revés”, le ha espetado Pons.

Pilar, por su parte, ha relatado que residía en un piso de la calle Joan Crespí desde hacía años hasta que la vivienda fue vendida por el banco a un fondo de inversión. La mujer ha explicado que recibió el aviso de que tenía que abandonar el inmueble con apenas 24 horas de antelación y que tuvo que dejarlo el pasado 2 de junio. Durante el proceso, ha asegurado, llegaron a ofrecerle 60.000 euros por marcharse y, posteriormente, 10.000.

Desde entonces, su vida ha transcurrido entre recursos asistenciales y soluciones provisionales. Primero pasó por un albergue, pero tuvo que abandonarlo. Después, comenzó a dormir en su vehículo, donde ha pasado buena parte del verano. “Llevo desde julio durmiendo en la calle, lavándome en Mercadona con una palangana y duchándome en Ciudad Jardín”, ha explicado, visiblemente emocionada.

La precarización también ha condicionado su alimentación. “No como lo que tengo que comer y por la noche un poco de embutido y pan”, ha añadido. Actualmente, ha relatado, se encuentra alojada en un hostal en el Secar de la Real, aunque su situación continúa siendo incierta. La mujer ha explicado que algunas personas le han recomendado trasladarse a la Península, donde podría encontrar alquileres más económicos. Pero ha rechazado esa posibilidad. “Soy española por los cuatro costados. Me han dicho que me vaya a la Península, que es más barato. Yo no me voy de esta isla. Llevo aquí desde el año 1987 y soy tan mallorquina como cualquier mallorquín”, ha reivindicado.

Su testimonio ha puesto rostro a la magnitud de la emergencia habitacional que atraviesan Palma y el conjunto de Balears: incluso quienes han trabajado durante décadas se ven expulsados del mercado de la vivienda. Encontrar una habitación a un precio asumible se ha convertido en una carrera de obstáculos en una ciudad donde los alquileres no dejan de escalar y cada vez más familias destinan la mayor parte de sus ingresos a pagar un techo. Los residentes de Palma deben dedicar casi el 70% de su salario bruto mensual al alquiler de una vivienda media de 90 metros cuadrados, cuyo precio alcanza los 1.767 euros mensuales, según los últimos datos de pisos.com.

Con los precios en máximos históricos y el acceso a un piso fuera del alcance de amplias capas de la población, centenares de personas se han visto abocadas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados como la antigua prisión de Palma. Una realidad que desborda las estadísticas y que este jueves ha irrumpido en el pleno municipal a través de la voz de Pilar.

La portavoz de PAH, al alcalde: “Usted se ha gastado 89.000 euros en muebles”

Previamente había intervenido Pons, quien ha reprochado al equipo de gobierno municipal que, pese a las dificultades de acceso a la vivienda, no esté ofreciendo respuestas suficientes a las personas que se quedan sin hogar. La portavoz de PAH Mallorca ha recordado que los cargos públicos están al servicio de los ciudadanos y ha recriminado a Martínez que no se hayan ofrecido alternativas habitacionales a las personas que van a quedarse sin casa, al tiempo que le ha reprochado que se enfade con ella en lugar de responder a las familias afectadas.

“¿Cuál es su trabajo? ¿Me lo puede explicar?”, ha incidido durante su intervención, en la que ha cuestionado las prioridades del gobierno municipal. “Señor alcalde, aquí los únicos que no hacen su trabajo son ustedes”, ha espetado antes de insistir en que los representantes municipales tienen la obligación de atender a la ciudadanía.

Uno de los reproches más duros ha llegado cuando ha aludido a los 89.000 euros que, según ha denunciado y publicó en su momento Diario de Mallorca, se han destinado a muebles de despacho. “¿Cuánto se ha gastado usted, 89.000 euros en muebles de despacho? Y lo puedo decir porque yo le pago el sueldo”, ha afirmado, dirigiéndose al alcalde. La portavoz ha contrapuesto ese gasto con la situación de Pilar, que ha tenido que recurrir a la PAH después de meses de gestiones con los servicios sociales municipales sin conseguir una vivienda. “Me pone de los nervios que no haya para pagar un piso a Pilar”, ha lamentado.

Pons ha explicado que la vecina ha llamado a distintas puertas, incluidos los servicios sociales del Ayuntamiento, sin que estos hayan podido proporcionarle una solución habitacional. Ha destacado su lucha por salir adelante y ha criticado que haya tenido que pasar meses en la calle hasta encontrar alojamiento en el Secar de la Real. “Son ustedes los que tendrían que dar una solución”, ha venido a reprochar la portavoz, que ha vinculado la falta de respuesta institucional con una forma de “violencia institucional” contra quienes se quedan sin techo y ven comprometido su acceso a derechos básicos, como la sanidad o la educación.

Pons ha criticado también la política municipal de vivienda y los precios de las promociones anunciadas por las instituciones. En este sentido, ha denunciado que las viviendas con precios de alquiler de entre 600 y 1.200 euros no son una alternativa real para las personas que cobran pensiones o prestaciones reducidas. “No son viviendas sociales ni protegidas”, ha advertido durante su intervención, en la que ha criticado que los precios previstos queden fuera del alcance de quienes más necesitan un hogar.

En esta línea, ha aludido asimismo al superávit municipal de casi 80 millones de euros con los que, ha señalado, el equipo de gobierno “presume” de haber terminado el año pasado para pasar a cuestionar que no se destinen más recursos a atender la emergencia habitacional. La representante de la plataforma ha reprochado además al Ayuntamiento que destine recursos a consultoras y otros gastos mientras, a su juicio, no se movilizan suficientes viviendas para las familias que las necesitan. Por ello, ha reclamado que se rehabiliten inmuebles municipales y se pongan a disposición de las personas sin recursos.

La intervención ha terminado con una nueva reivindicación de la PAH: que el Ayuntamiento deje de anunciar medidas que no se traducen en soluciones para quienes no pueden pagar un alquiler y destine sus recursos a garantizar el acceso a una vivienda digna. El relato de Pilar ha trasladado esa reclamación al terreno de lo concreto. Una mujer que ha trabajado durante cuatro décadas en la hostelería, que lleva casi 40 años viviendo en Mallorca y que, a sus 480 euros mensuales, no encuentra una vivienda que pueda permitirse en la isla en la que ha construido su vida.

La versión del Ayuntamiento

Fuentes del Ayuntamiento de Palma han asegurado, por su parte, que Pilar López ha recibido atención y apoyo de los Servicios Sociales municipales desde 2019, aunque de forma intermitente y en diferentes etapas, según recoge Europa Press.

Según el Consistorio, actualmente tiene un expediente abierto, una trabajadora social de referencia y continúa recibiendo atención, que incluye apoyo económico para el alojamiento, acompañamiento social y ayuda en diferentes trámites. Las mismas fuentes han señalado que este jueves, coincidiendo con su intervención en el pleno, ha vuelto a ser atendida por los servicios municipales.

El Ayuntamiento sostiene que durante estos años ha realizado un seguimiento de su situación habitacional y social, con asesoramiento técnico y jurídico, apoyo en la renovación y negociación de contratos de alquiler social y elaboración de informes de vulnerabilidad. Tras hacerse efectivo el desahucio, el pasado junio de 2026, los Servicios Sociales tramitaron una ayuda económica para cubrir su alojamiento en una pensión y la derivaron al Equipo de Primera Atención de Servicios Sociales (EPASS).