La negociación exprés propuesta por Junts a ERC para rehacer la crisis del Govern ha empezado con una petición inasumible para Pere Aragonès. Los posconvergentes han solicitado al president de la Generalitat que enmiende su único golpe de autoridad durante el conflicto y vuelva a nombrar al vicepresidente cesado el miércoles, Jordi Puigneró.

La petición de Junts complica la negociación exprés propuesta por los convergentes al president, que ya de entrada parecía difícil una vez el partido la anunció al mismo tiempo que convocaba una consulta interna para la próxima semana sobre la salida del Govern. A las pocas horas, el president ha rechazado la solicitud de Junts en una entrevista en La Vanguardia, en la que ha considerado que la oferta de sus todavía socios “está pensada para no llegar a ningún acuerdo”.

Aragonès, que en toda la crisis ha querido marcar un perfil presidencial instando a Junts a resolver sus debates internos sobre la salida del Ejecutivo, limitó a Puigneró el uso de su prerrogativa para cesar a consellers. Según justificó el president, Puigneró fue “desleal” y no le informó de la intención de Junts de reclamarle una cuestión de confianza. En cambio Aragonès expresó que sigue confiando en el resto de consellers de Junts.

Junts ha tardado 24 horas en entregar a Aragonès el documento anunciado este jueves en rueda de prensa. No anticipó su secretario general, Jordi Turull, que la restitución del vicepresidente estaría entre las condiciones, sino que las limitó a las ya conocidas discrepancias entre socios: crear un espacio de coordinación independentista, unidad de acción en Madrid y limitar la mesa de diálogo a la autodeterminación y amnistía.

Este viernes ninguno de los dos partidos ha rebajado la tensión en el Parlament y en el ambiente no sonaban campanas de acuerdo, más bien todo lo contrario. Mientras Aragonès ha emplazado a Junts a decidir “con celeridad” si rompe el Govern, los posconvergentes han respondido distanciándose de los republicanos en varias votaciones.

El breve discurso de Aragonès no ha sido aplaudido por el grupo parlamentario de Junts, pero sí por algunos consellers de este partido, como Jaume Giró o Victòria Alsina, claros partidarios de evitar la ruptura.

La abstención de los diputados de Junts ha permitido aprobar una resolución de PSC-Units que reprobaba la gestión del conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, en materia de Formación Profesional, algo que ha provocado malestar en las filas de ERC, que reprocha a su socio que ya actúe como oposición.

Aunque los giros de guion a última hora son habituales en la política catalana, todo parece centrarse ya en una batalla del relato para ver quién carga con la cruz de la crisis más que en intentar resolverla. El domingo habrá confirmación de si la negociación exprés ha sido un éxito o un fracaso.

Son consellers, directores generales, secretarios, responsables de empresas públicas, cargos intermedios, asesores, delegados territoriales... Entre ellos se reparten más de 20 millones en sueldos y están pendientes de saber qué pasará con ellos la semana que viene, cuando las bases de Junts votarán si el partido debe abandonar el Govern de la Generalitat. 

La consulta tiene en vilo a un grupo de aproximadamente unos 250 cargos y puestos eventuales nombrados a dedo por Junts, aproximadamente la mitad de los 500 puestos que dependen de la administración catalana. Estos empleados disponen de una notoria influencia política, capacidad presupuestaria y de unos salarios que contribuyen en parte a financiar un partido político todavía en fase de construcción. Como en la mayoría de las formaciones, una parte del sueldo de estos cargos se destina a financiar los gastos del partido. 

A falta de pocos meses para las elecciones municipales, la pérdida de estos ingresos y de la proyección e influencia pública que conllevan supondría un contratiempo para los intereses económicos y electorales del espacio neoconvergente. De ahí vienen las reticencias de una parte de Junts a dar el portazo a ERC y abandonar el Ejecutivo catalán. 

Entre finales de julio y finales de septiembre Junts ha perdido los dos cargos de mayor proyección política de los que disponía hasta la fecha. Son la presidencia del Parlament, que estaba en manos de Laura Borràs (más de 158.000 euros brutos anuales, incluyendo complementos) y la vicepresidencia, ostentada hasta el miércoles por Jordi Puigneró (117.000 euros anuales). Para comparar: el sueldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es de 86.542 euros y el de los ministros del Ejecutivo es de 76.355 euros. 

Quedan todavía en el Govern seis consellers de Junts que cobran lo mismo que Puigneró y que, además, están al frente de algunos de los departamentos con más presupuesto del Govern. Estos miembros de Junts dirigen la conselleria de Acció Exterior (Victòria Alsina), Salut (Josep Maria Argimon), Economia (Jaume Giró), Justícia (Lourdes Ciuró), Recerca i Universitats (Gemma Geis) y Drets Socials (Violant Cervera).

Más allá de la influencia que supone estar al frente de un departament como el de Economia (que tiene la llave de la caja), en manos de Junts están también las dos conselleries con mayores gastos en salarios: la de Vicepresidència y Polítiques Digitals (controlada por Puigneró hasta su cese) y la de Acció Exterior. Entre ambas suman casi siete millones de euros en sueldos. 

Solo los 15 delegados que tiene el Govern repartidos por las distintas oficinas de la Generalitat en el mundo -dependientes del departamento dirigido por Alsina- suponen más de 1,3 millones de euros en sueldos (poco más de 90.000 euros cada uno). Del departamento que comandaba Puigneró, por ejemplo, dependen 42 altos cargos y asesores muy bien pagados. Con la excepción de cinco puestos, el resto de sueldos del personal nombrado por Junts en esta conselleria superan los 70.000 euros.

La cartera de Puigneró también es relevante porque incluye el Departament de Territori, bajo cuyo control están algunas empresas públicas con mucha influencia y salarios cuantiosos. Es el caso de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), cuyo director percibe un salario de 151.000 euros, mayor incluso que el del president de la Generalitat (132.855 euros anuales). También se nombra desde esta conselleria a los directores de Aeroports Públics de Catalunya (107.000 euros),  del Port de Barcelona (115.000 euros) o de la Autoridad del Transporte Metropolitano (117.000 euros).

Las tripas de la Administración catalana están llenas de cargos con salarios cuantiosos. De los mencionados 500 cargos y puestos directivos nombrados desde el Govern, más de la mitad (283) cobran más de 85.000 euros. 

La conselleria de Salut que dirige Argimon también dispone de un generoso elenco de altos cargos y responsables de empresas públicas con salarios por encima de lo que percibe un ministro del Gobierno. Son tres secretarios con salarios de más de 93.000 euros, cinco directores generales con sueldos de más de 90.000 euros y una jefa de gabinete que percibe más de 82.000 euros.

A esto hay que sumarle cinco gerentes de los distintos consorcios sanitarios territoriales catalanes y una directora general del consorcio sanitario integral: solo entre estos seis cargos suman más de 685.300 euros anuales. También dependen de Salut la dirección del Banc de Sang i Teixits (117.000 euros), la dirección de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (93.905 euros), la gerencia de Barnaclínic S.A (89.000 euros) o la dirección general del Consorci de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (117.000 euros).

“En momentos complejos siempre daré la cara”. Con un discurso de poco más de cuatro minutos el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dado cuenta al Parlament de la crisis con Junts. El mensaje ha servido para subrayar el perfil más institucional de Aragonès. El president ha mantenido su confianza en los consellers de Junts, al tiempo que ha instado a los posconvergentes a decidir “con la máxima celeridad” sobre su salida del Govern.

Aragonès ha respondido así al último movimiento de Junts en la partida de ajedrez en que se ha convertido la crisis en el Govern. Ni republicanos ni posconvergentes quieren quedar como los que rompen la baraja. Por ello Aragonès evitó echar a todos los consellers de Junts y limitó los ceses al vicepresidente Jordi Puigneró, mientras Junts postergó una semana su consulta sobre la salida del Govern y reclamó al president una negociación exprés este fin de semana para salvar el acuerdo de legislatura.

En el Palau de la Generalitat no se tiene todavía constancia del contenido de la propuesta anunciada por Junts este jueves sobre el acuerdo de legislatura. El propio Turull admitió en rueda de prensa de que no le había hecho llegar a Aragonès documento alguno. Según ha dicho el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, se lo harán llegar este viernes.

Al no tener ninguna concreción, Aragonès no se ha referido a la última propuesta de Junts y ha remarcado su objetivo de trabajar para todos los catalanes, huyendo de las disputas partidistas. “Mi prioridad y mi apuesta es que el Govern continúe y, sobre todo, servir a la ciudadanía para dar respuesta a los retos económicos y sociales urgentes y a los estructurales en el conflicto con el estado”, ha aseverado Aragonès.

Aunque los giros de guion en el último minuto son marca de la casa de las pugnas entre independentistas, el debate se centra en una batalla del relato por quién carga con la cruz de la crisis más que en intentar resolverla. “Estamos a tiempo de arreglarlo, por nuestra parte no será”, ha expresado Batet, que ha abierto su intervención resaltando la “lealtad” de Puigneró. El grupo de Junts ha aplaudido mientras los republicanos mantenían cara de circunstancias.

Este viernes quien se ha sentado al lado del president, en el antiguo escaño de Puigneró, ha sido la consellera de Presidencia, la republicana Laura Vilagrà. Junts ha querido dejar constancia de la expulsión de Puigneró con un escaño vacío entre el titular de Economía, Jaume Giró y el conseller de Empresa, el republicano, Roger Torrent.

Votaciones

En la política catalana hay una sensación de fin de etapa tras una década de matrimonio de conveniencia entre ERC y las distintas marcas convergentes. Paradójicamente, sucede al inicio del curso, con las votaciones del debate de política general que marcan la orientación política del Govern.

En las votaciones que han cerrado el debate, el pleno del Parlament ha rechazado una propuesta del PP para instar a Aragonès a someterse en el plazo de un mes a una cuestión de confianza. La iniciativa se ha tumbado con tres votos a favor del PP y 114 en contra del PSC, ERC, Junts –pese a pedirla el martes–, CUP y comuns, mientras que Cs y Vox se han abstenido.

Antes del pleno, ERC, en un gesto de distensión hacia sus socios, ha anunciado que votaría a favor de las cuatro resoluciones que JxCat presentaba en solitario. En cambio, Junts no ha hecho lo mismo con todas las propuestas de resolución que los republicanos habían presentado.

El voto de ERC ha permitido que saliese adelante una resolución de Junts que avala la vigencia del 1-O, que “legitima la unilateralidad y la desobediencia” para alcanzar un “escenario de resolución democrática del conflicto” que conduzca a la independencia.

Por contra, la abstención de Junts ha impedido que se apruebe la resolución de ERC sobre fiscalidad, en la que los republicanos denunciaban “la competencia fiscal agresiva y regresiva” de Madrid y Andalucía. Junts también se ha abstenido en la resolución de ERC que reclamaba la aprobación de una ley electoral catalana en la actual legislatura, que no obstante se ha aprobado con amplia mayoría.

La única resolución de ERC que ha contado con el 'sí' de Junts ha sido la que reafirma que la independencia es el mejor horizonte para Cataluña y pide al Parlament que “reconozca que hay una mayoría de ciudadanos que quieren decidir el futuro político del país”.

Las diferencias estratégicas entre los socios se han constatado en varias votaciones. Los republicanos, los socialistas y los comuns también han dado luz verde a las resoluciones de los de Ada Colau que reclaman una negociación “de Gobierno a Gobierno”, impulsar la mesa de diálogo y la “desjudicialización”, además de vetar el “estado mayor” que pretende reeditar Junts.

En cambio la negativa de los socialistas ha tumbado una resolución, apoyada por ERC y comuns, para llevar a la mesa un “acuerdo de claridad” como el defendido por Aragonès en el debate.

Además a ERC le han marcado un pequeño gol en materia de infraestructuras. El pleno, por un solo voto, ha aprobado una resolución de Ciudadanos que insta al Govern a negociar con el Ejecutivo central la ampliación del Aeropuerto del Prat. Los 52 diputados que suman PSC, Vox, Cs y PP han permitido aprobar la moción, que ha salido adelante también gracias a la abstención de Junts. ERC, comuns y CUP se han opuesto.

En la carpeta de infraestructuras el Parlament también ha instado al Govern a acordar con la Moncloa el traspaso de Rodalies antes de que acabe el año, tal y como pedían sendas resoluciones del PSC y de ERC y Junts. El titular de Territorio y encargado teórico de la negociación, Puigneró, fue cesado el miércoles y Junts ha decidido mantener vacante la cartera hasta el resultado de su consulta interna.

La oposición certifica el fin del Govern

“En política se puede hacer todo menos el ridículo”, ha dicho el jefe de la oposición Salvador Illa, parafraseando al expresident Terradellas. Muy duro con la “irresponsable” deriva de ERC y Junts, Illa ha pedido un cambio de rumbo: “El Govern es un estorbo para el país y malbarata el tiempo de los catalanes”.

“Su espectáculo es patético y lamentable, se pelean por el poder, no por las políticas públicas”, ha lanzado la portavoz de la CUP, Laia Estrada a sus antiguos socios. La líder de los comuns, Jéssica Albiach, ha reclamado un Govern “fuerte y estable” ante la crisis económica y ha congelado las negociaciones de presupuestos con el Ejecutivo “hasta que el president ponga orden”. En cambio la portavoz socialista, Alícia Romero, ha reafirmado la mano tendida de su grupo para las cuentas “por responsabilidad”.

El jefe de filas del PP, Alejandro Fernández, ha enfatizado la gravedad del momento: “Lo mínimo que podíamos esperar del Govern es seriedad y Catalunya sale de este debate con un Govern que nadie sabe cuánto va a durar”

Al contrario que los grupos de izquierda y el PP, desde Ciudadanos y Vox no se ha escondido cierta satisfacción con la crisis del Govern. “La democracia les ha ganado el pulso”, ha proclamado el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. “No es importante ni usted ni el señor Puigneró”, ha lanzado Ignacio Garriga (Vox) a Aragonès.

Las exigencias de Junts para la negociación exprés este fin de semana versan sobre tres aspectos de sobra conocidos, pues forman parte del ultimátum sobre su continuidad en el Govern que el partido lanzó a principios de septiembre. En todo este mes ERC y Junts no se han puesto de acuerdo ni en la creación de un espacio de coordinación independentista, no en pactar la unidad de acción en Madrid ni en limitar la mesa de diálogo a la autodeterminación y amnistía. Pocos creen que logren hacerlo en 72 horas.

Junts preguntará la próxima semana a sus bases sobre si debe salir del Govern después de la crisis provocada por el cese del vicepresidente, Jordi Puigneró. Será una consulta interna que se celebrará los días 6 y 7 de octubre tras un nuevo ultimátum al president de la Generalitat, Pere Aragonès, al que los posconvergentes han dado de plazo hasta el domingo para responder a un documento sobre las exigencias de Junts para mantener el acuerdo de legislatura.

Así lo han anunciado en rueda de prensa la presidenta de Junts, Laura Borràs, y el secretario general de la formación, Jordi Turull, que han destacado que ambos acuerdos –la consulta interna y la nueva exigencia al president– se han tomado por unanimidad de toda la Ejecutiva. Ambos dirigentes buscan así mantener la imagen de unidad del partido pese a las voces discrepantes sobre la continuidad en el Govern.

La de este jueves ha sido una jornada de digestión en Junts del golpe de autoridad que dio al filo de la medianoche Pere Aragonès. El president cesó a su vicepresidente, Jordi Puigneró, cabeza visible de Junts en el Ejecutivo, al no perdonarle que no le avisara de la intención de su grupo de exigirle una cuestión de confianza si no cumplía con el acuerdo de Govern.

La decisión de Junts es un paso más en la partida de ajedrez en que se ha convertido la crisis con ERC. Ninguno de los dos partidos quiere quedar públicamente como el responsable de la ruptura del Ejecutivo, y la batalla del relato se centra en culpar al otro. Por ello Turull ha recalcado que antes de consultar a las bases quieren volver a negociar con Aragonès. Nadie quiere quedar como el que rompe la baraja.

Según Turull, Junts trasladará al president una propuesta de “concreciones, garantías y plazos” sobre los tres puntos que Junts viene reclamando a Aragonès desde el mes de septiembre, limitar la mesa de diálogo a autodeterminación y amnistía, crear un órgano de coordinación soberanista y unidad de acción en Madrid. “Hasta el domingo no tenemos otro trabajo que intentar ponernos de acuerdo”, ha incidido Turull.

No ha querido detallar el secretario general el contenido de la propuesta que trasladarán a Aragonès. “Cuando quieres hacerlo bien no quieres que el otro se entere por los medios de comunicación”, ha justificado Turull. Por su lado, Borràs ha remarcado que Junts “quiere que se cumpla el acuerdo de Govern” porque, a su juicio, es “el camino para alcanzar la independencia”.

La reunión de la Ejecutiva de Junts se ha alargado todo el día y ha servido para demostrar que en la formación no hay una posición unánime. Aunque a primera hora todos los consellers de Junts se han puesto a disposición del partido para decidir su continuidad en el Ejecutivo, ya al mediodía la titular de Acción Exterior, Victòria Alsina, expresaba desde Ginebra que veía “margen” para reconducir la crisis entre Junts y ERC.

Tras la destitución de Puigneró, sigue habiendo seis consellers escogidos por JxCat: Jaume Giró (Economía), Victòria Alsina (Acción Exterior), Gemma Geis (Universidades), Josep Maria Argimon (Salud), Violant Cervera (Derechos Sociales) y Lourdes Ciuró (Justicia). Aragonès invitó este miércoles a Junts a proponer un nuevo vicepresidente y titular de Territorio, pero Borràs ha indicado que el partido no piensa proponer el cargo hasta conocer el resultado de la consulta interna.

Son los consellers los más partidarios de seguir en el Govern. En cambio dirigentes como la presidenta del partido, Laura Borràs, defienden la salida del Ejecutivo. Lo que todos los sectores tienen claro es que la última palabra recaerá en los militantes de la formación. Una vez testada el domingo la respuesta de Aragonès, empezará el debate interno para concretar la pregunta a trasladar a las bases –que en función de cómo se dirija puede anticipar un resultado u otro. “La pregunta será clara”, ha anticipado Turulll.

También hay consenso en el enfado con Aragonès por fulminar a Puigneró. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido este jueves en RAC-1 que Puigneró no pudo informar con antelación a Aragonès de que iban a plantear una cuestión de confianza porque lo decidió la cúpula del partido mientras intervenía el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet. “Nos sentimos bastante expulsados del Govern”, ha apostillado Turull. La semana que viene, votación definitiva.

Ha habido otras crisis, pero esta ha sido la más grave desde que Pere Aragonès fue investido como president en mayo del año pasado. ERC y Junts se han peleado desde el primer día por la mesa de diálogo, por los primeros presupuestos que aprobaron o por la ampliación del aeropuerto de El Prat. Pero la suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament, ratificada a principios de este mes, agravó unas diferencias que han llegado al límite con la petición de Junts para que Aragonès se sometiese a una cuestión de confianza. Tras una jornada de reuniones encadenadas se tomó una decisión cuyas consecuencias aún nadie ahí dentro se atreve a calcular. Junts entrega la cabeza del vicepresidente, Jordi Puigneró, a quien el president acusaba de desleal por no haberle informado antes de los planes de su partido. Pero los posconvergentes tildan de “error histórico” la decisión de Aragonès y está por ver si en las próximas semanas acabarán rompiendo definitivamente la baraja. 

Todo se aceleró el martes por la noche. Eran pasadas las once, el president salía del hemiciclo del Parlament tras un pleno maratoniano y no disimuló su enfado, el enésimo, con sus socios. “Están jugando con nuestra paciencia”, le dijo a la portavoz de ERC, Marta Vilalta. Junts le había conminado a presentar una cuestión de confianza, algo que solo depende del presidente y que suponía un nuevo giro de guion en el serial que ambas formaciones protagonizan desde el inicio de la legislatura. 

Que desde dentro del propio Ejecutivo se solicite al presidente que se someta a una votación del Parlament para decidir sobre su continuidad es algo que ERC considera una “deslealtad” inaceptable. Por eso Aragonès y su núcleo de máxima confianza, que ya llevaban semanas dándole vueltas a cómo plantar cara a Junts, entonaron este miércoles su particular ‘hasta aquí hemos llegado’.  

Los republicanos no tenían ni idea de que sus socios iban a dejar caer en el debate de política general la opción de una cuestión de confianza. No eran los únicos que no lo sabían. También había muchos diputados y consellers de Junts que no habían sido informados de que soltarían esa bomba. Quien sí estaba al corriente era Carles Puigdemont, al que Jordi Turull visitó el pasado fin de semana. El expresident no ocupa cargo alguno en el partido pero influye como pocos.

La división en las filas posconvergentes se constató en tiempo real este miércoles por la mañana cuando Aragonès estaba encerrado con su equipo estudiando todas las opciones, incluida la de expulsar a los consellers de Junts. Mientras la expresidenta del Parlament Laura Borràs seguía con sus críticas a ERC en una entrevista en la ACN, el conseller de Economía, Jaume Giró, firme defensor de la continuidad en el Govern, explicaba a los medios que a primera hora había enviado a los distintos departamentos sus respectivas asignaciones para los Presupuestos de 2023. “El Govern tiene que gobernar”, resume Giró cada vez que se le pregunta desde que dio el salto a la política.

Pese a las divergencias, la dirección de Junts, con Jordi Turull, Borràs, el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, y uno de los vicepresidentes, Josep Rius, almorzó con sus consellers, todos menos Giró porque aún no estaba en Barcelona. Después, cuando faltaban 10 minutos para las cinco de la tarde y ya con el titular de Economía presente, entraron juntos en el Palau de la Generalitat para ofrecer imagen de unidad. 

La instrucción que recibieron durante la comida fue que en la reunión extraordinaria del Govern convocada por Aragonés para trasladarles su malestar había que insistir al president en que el acuerdo que alcanzaron para facilitar su investidura no se está cumpliendo. El argumento resumido es que fallan los mecanismos de coordinación tanto en Barcelona como en Madrid. Respecto a la falta de lealtad, en Junts señalan que tampoco Presidencia tuvo en cuenta su opinión a la hora de apostar por un “acuerdo de claridad” inspirado en la vía canadiense para negociar un referéndum pactado con el Estado. 

En la reunión del Govern, Aragonès preguntó a cada uno de los consellers de Junts si conocían de antemano la petición de una cuestión de confianza y si avalaban esa exigencia que el president considera una deslealtad. Aunque muchos no lo sabían antes de que el portavoz del partido lo soltase desde la tribuna en el Parlament, fuentes republicanas afirman que no todos los consellers la avalaron con claridad cuando Aragonès les interpeló. En cambio Junts emitió un comunicado para asegurar que se habían manifestado de forma “unánime” en un mismo sentido, el de respaldar la posición oficial del partido exigiendo que se cumpla el acuerdo de gobierno “para garantizar la estabilidad y lealtad” entre los socios.

La reunión Turull-Aragonès

Tras el Consell Executiu, que duró dos horas, Aragonès se reunió con Jordi Turull, que a diferencia de Borràs era de los que defendían que hay que preservar el Govern porque es consciente de que fuera de las instituciones es mucho más complicado sobrevivir, aunque ha ido virando su posición en las últimas semanas. No era partidario de romper con ERC pero ahora considera que, pese a las advertencias reiteradas, Aragonès no ha ejercido de presidente y que tanto él como ERC se han escudado en las divergencias internas de Junts cuando el problema, en su opinión, es que no se está cumpliendo lo prometido. Una fuente cercana a Turull señalaba antes del encuentro en el Palau de la Generalitat que solo el secretario general de Junts podía resolver esta crisis con los republicanos. Se conocen, compartieron grupo parlamentario en la etapa de Junts pel Sí, cuando Turull y Marta Rovira eran los encargados de calmar las broncas habituales entre ambas formaciones, y tiene tablas más que suficientes para negociar en situaciones extremas. 

Aragonès y Turull estuvieron encerrados tres horas y, aunque Laura Borràs se acercó al Palau a última hora, no participó del encuentro. La decisión que adoptó finalmente el president no es una solución. Se cobra la cabeza de su vicepresidente, a quien Aragonès acusa de no haber sido leal por haberle escondido los planes de su partido, pero ha enervado aún más a sus socios. Puigneró es próximo a Puigdemont y con un perfil más técnico que político. Los posconvergentes, que este jueves por la mañana reunirán a su ejecutiva, expresaron su enfado en un comunicado en el que consideran que este cese es “un error histórico que pone en peligro la continuidad del proyecto independentista”. Turull trasladó a Aragonès que su decisión vulnera el acuerdo de gobierno firmado entre ambos partidos, y, según su interpretación, defrauda el mandato electoral de las autonómicas.

Que las discrepancias entre ERC y Junts son insalvables, tanto si deciden seguir compartiendo Gobierno como si no, lo prueba el hecho de que en este debate de política general han sido incapaces de pactar antes ninguna propuesta de resolución conjunta que haga referencia al proceso independentista. ERC quiere que el Parlament manifieste el compromiso “inequívoco” por alcanzar la república a través del “ejercicio democrático”. Junts, por su parte, insta al Govern a desplegar “planes específicos” para reducir la “dependencia” del Estado. Los posconvergentes, coincidiendo con el quinto aniversario del 1-O, y sabiendo que el papel lo aguanta todo, defienden que esa votación fue “un referéndum legal y legítimo”. Pese a no haber sido acordadas antes, los republicanos apoyarán finalmente las propuestas de Junts.

Uno de los propósitos que se fijó Aragonès cuando accedió a la presidencia fue dotar al cargo de una mayor institucionalidad porque en ERC consideran que en la etapa con Quim Torra al frente se devaluó. Pese a que ya en las negociaciones para su investidura comprobó que las tensiones no serían menores, en el Palau de la Generalitat se insistía en que debían centrarse en trabajar y aislarse de las polémicas partidistas. Algo que es evidente que no ha conseguido, pese a que en los últimos tiempos Aragonès ha subrayado en más de una intervención que es especialmente importante dedicarse a gestionar en un momento de crisis económica como la actual.

24 horas después de que el president saliese del Parlament sin disimular el enfado con sus socios, la cúpula de Junts, con Turull, Borràs y el hasta ayer vicepresidente, abandonaba el Palau de la Generalitat con caras largas. Ahora Junts deberá decidir si sigue en el Ejecutivo y, de hacerlo, proponer un nombre para ocupar el puesto de Puigneró. No está claro que el sustituto o sustituta vaya a hacerle la vida más fácil a ERC. El Govern sigue roto aunque haya logrado sobrevivir un poco más.

El Govern saca pecho por su primer año de mandato pese a que la sequía legislativa no ha notado el cambio de caras en el Ejecutivo. El president Pere Aragonès y el vicepresident Jordi Puigneró han comparecido este martes para presentar el balance de 12 meses de andadura en los que, según sus cálculos, ya han cumplido más de un tercio de todo el plan de gobierno que se habían propuesto llevar a cabo a lo largo de la legislatura. El principal ámbito de cumplimiento es el educativo, donde el Ejecutivo asegura que ya ha cumplido un 43%, mientras que el que tiene más atrasado es el eje feminista, donde según sus cálculos se han quedado en el 26% de las medidas previstas en los próximos cuatro años.

Coincidiendo con este primer aniversario, la Generalitat ha lanzado una herramienta desde la que se podrá seguir el grado de cumplimiento de su programa, de cada una de las 782 medidas y 702 submedidas que presentaron en su momento y que se estructuran en 5 ejes y 19 ámbitos, evaluados mediante porcentajes. De esos ámbitos, la mayoría están por encima del 33% de cumplimiento, siendo las más avanzas las políticas de vivienda (41,7%), la articulación territorial (41,2%), agenda rural (41,2%) o acción exterior (38%). Mientras, en el lado opuesto quedan tres ámbitos que no han llegado al objetivo mínimo del primer año: el buen gobierno (21,9%), empresa y tejido productivo (23,2%) o igualdad y Derechos Humanos (23,4%).

El vicepresident ha sido el encargado de repasar algunas de las principales medidas, como el inicio de la gratuidad escolar en la etapa de P2, el decreto de renovables, el impulso al transporte público –pese a que el Govern continúa reclamando el traspaso de Rodalies– o la mejora de la inversión en vivienda, que en la partida de los presupuestos de este año ha llegado a los 1.000 millones de euros.

Aragonés y Puigneró han destacado que este primer año ha estado marcado por la salida definitiva de la pandemia, en un primer momento, y hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania durante los últimos meses. Pese a que estas dos cuestiones han sido centrales para el Govern, el president de la Generalitat ha asegurado que se han “sentado las bases de la transformación en Catalunya”. Pugineró, por su parte, ha asegurado que las prioridades del Govern están “en la línea de los organismos internacionales como la UE o el Forum Económico Mundial” y el hombre fuerte de Junts ha citado “el reto migratorio, al cambio climático y la digitalización”.

El balance triunfalista que hace el Govern sobre las medidas ejecutivas de este primer año chocan con una agenda legislativa más bien escasa, tanto en normas aprobadas por la Cámara como en normativa remitida. Desde el inicio de la legislatura el Ejecutivo ha presentado ocho proyectos de ley, dos de los cuales relativos a los presupuestos y uno más que es una modificación de ley. De estos, solo tres han quedado aprobados y el resto está en fase de trámite. En la legislatura pasada se aprobaron un total de 32 leyes en tres años, aunque su primer año fue aún menos fértil en leyes, pues no consiguió aprobar ninguna norma de entidad durante 14 meses.

“La aprobación de una ley por parte del Parlament requiere de tiempo”, aseguró Aragonès en una entrevista con este diario el mes pasado, en. la que aseguró sentirse satisfecho de su balance legislativo. “En estos momentos el Ejecutivo está trabajando en proyectos legislativos que requieren de tiempo y que en los próximos meses van a llegar al Parlament, desde la ley de Comunicación Audiovisual, la de Función Pública, a leyes en el ámbito sanitario o cultural. La agenda legislativa a partir del segundo año va a verse incrementada”, aseguró.

Este martes, ya con el primer aniversario cumplido, Aragonès ha puesto también el foco sobre dos cuestiones que centran las preocupaciones del Govern. Por un lado, el catalán en la escuela, debido a las sentencias que imponen un 25% de castellano de forma general en el sistema escolar catalán. Sobre esta cuestión, el republicano ha evitado entrar en detalles para no entorpecer las negociaciones que discurren en el Parlament entre los grupos del PSC, ERC, Junts y comuns, pero ha asegurado que el acuerdo está “cercano” y ha pedido “el máximo consenso” en un tema que ha señalado como central para su Ejecutivo.

Sobre la segunda de sus grandes preocupaciones, la “resolución del conflicto”, Aragonès ha sido más directo.  “La evolución [de la mesa de diálogo con el Gobierno] no está avanzando como se esperaba”, ha reconocido. “Desde los indultos no ha habido avances. El espionaje masivo no hace más que incidir en la desconfianza. Por eso, es necesario que el Gobierno se mueva”, ha añadido el jefe del Govern. Unos minutos antes el vicepresident Puigneró también había subrayado que, a su parecer, el conflicto era la carpeta principal que tenían que resolver la Generalitat.

Al equipo de Pere Aragonès le gusta subrayar que su primer año como president se ha caracterizado por la recuperación de la “institucionalidad”. Se refieren a que el republicano ha impreso en la presidencia un tono solemne que consideran que había perdido en los últimos años, bien por los periodos de silla vacía en el Palau, durante el 155 o los meses tras la inhabilitación de Quim Torra, o bien por el accidentado mandato de este último. Una de las muestras de esa institucionalidad ha sido una actividad muy intensa en lo que se refiere a reuniones con grupos de interés, algo en lo que el vicepresidente, Jordi Puigneró, también ha acompañado al republicano. Según sus agendas, el jefe del Govern ha mantenido prácticamente una reunión por cada dos días laborables desde mayo de 2021, mientras que su número dos se ha quedado en una a la semana.

El calendario público de Aragonès refleja 158 apuntes en total, de las que destacan dos grandes grupos: las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las empresas o grupos empresariales. La Generalitat categoriza como ONG a buena parte de las asociaciones, entre las que destacan las entidades independentistas, que reflejan un estrecho contacto con la presidencia. De hecho, el grupo con el que Aragonès más se ha visto es Òmnium, ya sea en reuniones privadas o participando en actos de la entidad, como los premios culturales que organizan. Le sigue Plataforma per la Llengua, una presencia que refleja cómo la cuestión del catalán ha entrado de lleno en la agenda del Govern, tanto en lo relacionado con la promoción audiovisual como en la cuestión de la inmersión lingüística.

Mientras que en la agenda de Aragonès sobresalen las entidades, la mayoría de ellas vinculadas al independentismo, el vicepresidente Puigneró ha mostrado más inclinación a verse con empresas, con 18 visitas en total. La cartera del hombre fuerte de Junts en el Govern está relacionada con los ámbitos digitales, de movilidad y de ordenación territorial, y eso se refleja en un calendario en el que aparecen reuniones con compañías de las telecomunicaciones como Telefónica, Vodafone, Orange, Huawei o Parlem Telecom. También aparecen Microsoft Ibérica, las minas de Iberpotash, el grupo veterinario Gepork o la comercializadora energética Lersa Electricitat. Puigneró ha tenido también una relación frecuente con organizaciones de su ramo, como el Colegio de Ingenieros, la fundación de innovación de la patronal Cecot o la fundación empresarial FemCAT.

De vuelta a la agenda del president, en el ámbito de las empresas solo tres han tenido más de una reunión con Aragonès: Cellnex Telecom, una compañía de telecomunicaciones cotizada en el Ibex35 y que tiene una parte importante de su negocio en Catalunya; los laboratorios Reig Jofre, que inauguraron en mayo pasado una nueva planta de producción; y Casa Ametller, una cadena de tiendas de alimentación con una parte de producción propia que ha tenido una fuerte expansión en los últimos años.

En el top de Aragonès también se sitúan dos organizaciones no gubernamentales sin relación con el mundo independentista: la Cruz Roja, con quienes se ha visto cuatro veces, y la Fundación del Secretariado Gitano, con dos apuntes en la agenda. En la misma línea destacan las visitas al diario El Periódico de Catalunya, que celebra anualmente entregas de premios a las que el president acude, así como dos equipos de fútbol: el Barça y el Girona, en ambos casos debido a invitaciones a partidos pero, en el caso del club blaugrana, también porque el Camp Nou fue un punto de vacunación.

Además, el president ha viajado a cinco destinos en el extranjero, todos ellos dentro de Europa y solo uno de ellos fuera de la Unión Europea: Escocia. El resto fueron siempre países cercanos a Catalunya como Francia, Italia, Andorra y Bélgica. El coste de estos desplazamientos ha sido en total de 36.285,31 euros, una cifra en la que se computan los gastos del personal a su servicio, como los responsables de su oficina, protocolo, prensa o seguridad, pero no los de los altos cargos que le acompañasen, que tienen su propia contabilidad y personal.

De los cinco viajes realizados por Aragonès, dos han sido para ver al expresident Carles Puigdemont, primero a Bélgica pocos días después de la investidura, en mayo de 2021, y después cuando la policía italiana detuvo al expresident en Cerdeña, en septiembre pasado. El registro oficial aún no ha contabilizado el viaje que realizó Aragonès este jueves a Bruselas, donde volvió a verse con el líder de Junts, además de con otros eurodiputados catalanes. En total, Aragonès habrá sumado media docena de viajes durante su primer año como president, la mitad de ellos para reunirse con Puigdemont.

Pocas leyes y sin socios parlamentarios

La apretada agenda de contactos de Aragonès contrasta con un año poco fértil en iniciativas legislativas, hecho que en el Palau de la Generalitat explican por ser el primer curso de una legislatura en la que, además, la mayoría de las carteras han cambiado de manos. En cifras, las iniciativas que han salido adelante en el Parlament han sido seis modificaciones legislativas, algunas de ellas simples retoques. Solo una de ellas es completamente nueva: el fondo complementario de riesgos, que sirvió para pagar las fianzas de los ex altos cargos ante el Tribunal de Cuentas.

A eso hay que sumar otros cinco proyectos de ley remitidos desde el Govern, donde sí hay algunas normativas de calado, como la Ley de la Ciencia, una de reorganización del sistema sociosanitario o la ley para el fomento del asociacionismo. Desde el Ejecutivo catalán presumen además de otras medidas no legislativas pero que sí han tomado, como el inicio de la gratuidad de la escuela de infantil P2, que comenzará el próximo curso, los cambios en materia de energías renovables y que deben servir para dinamizar un sector en el que Catalunya va especialmente atrasada, o el aumento de la inversión en políticas sociales.

En el equipo de Aragonès rechazan que haya nada parecido a una parálisis legislativa esgrimiendo el argumento de las cuentas. Han aprobado unos presupuestos que en ERC sienten especialmente suyos pese a que el conseller de Economia, Jaume Giró, sea de Junts, porque fueron los republicanos quienes debieron salir a buscar los apoyos parlamentarios de los comuns cuando la CUP se desmarcó. La dificultad para encontrar mayorías estables ha sido otra de las constantes de esta legislatura, pues aunque Aragonès comenzó el mandato con un pacto con los anticapitalistas, pronto chocaron por cuestiones como la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Los comuns han tendido la mano en algunos momentos, pero también están lejos de ser un socio fijo, sobre todo por los choques con Junts.

Otro de los partidos con los que el Govern se ha entendido esta legislatura es el PSC. La formación de Salvador Illa ya avanzó que haría una oposición dura pero útil y ha acabado siendo clave para desbloquear organismos estatutarios que llevaban varios años caducados, como el órgano de gobierno y la dirección de TV3 y Catalunya Ràdio, el Consell de Garanties o el Síndic (el Defensor del Pueblo catalán). Unos cambios que han sumado amplias mayorías en la Cámara por primera vez desde el inicio del procés y que han dado a esta legislatura un ambiente parlamentario mucho menos crispado.

El Gobierno y la Generalitat han celebrado este viernes una nueva reunión de la comisión Bilateral Estado-Generalitat que ha dejado regusto a trámite. La ministra Isabel Rodriguez y la consellera Laura Vilagrà han capitaneado los equipos de cada lado, que se han reunido en el Palau de la Generalitat a las 17 horas, con un orden del día pactado previamente y sin grandes titulares en materia de traspasos. La cita se produce en un momento de abierta discrepancia entre ambas administraciones por la fecha en la que debe celebrarse la nueva convocatoria de la mesa de diálogo. Tras cinco meses sin contactos públicos, el Govern redobla sus llamadas para que se convoque ya, mientras el Gobierno responde que no ve urgencia. Con todo ambos coinciden en hablar de “las próximas semanas”.

La agenda con la que este viernes se han sentado los equipos era, en parte, una continuación de la que ya trabajaron en agosto pasado, la última vez que se vieron. En esta ocasión Gobierno y Generalitat han cerrado acuerdos para el traspaso de las becas, valoradas en 120 millones de euros, también de los tramos de autovía metropolitana, la B-23 y B-30, y el canal de riego Xerta-Sènia. En lo referente al Ingreso Mínimo Vital, el acuerdo ha sido crear un grupo de trabajo para estudiar su traspaso, pese a que la cogestión fue uno de los acuerdos arrancados por ERC para la aprobación de los Presupuestos Generales en 2020.

Tras el acuerdo de este viernes la Generalitat tendrá la bolsa y el grifo de las becas, lo que significa que podrá diseñar íntegramente las políticas sobre las ayudas estudiantiles, una reclamación histórica que se arrastra de hace décadas. En el Govern también sacan pecho por lo que entienden que es una “devolución” del centro metereológico del Turó de l'Home, en el Montseny, que había sido construido por la Generalitat durante la II República. También en la lista de conquistas el equipo de Laura Vilagrà y el vicepresident Jordi Puigneró apunta la gestión del canal Xerta-Sènia, de importancia fundamental para el regadío en la zona de las Terres de l'Ebre.

“Necesitamos mejorar en el ritmo y en la entidad de los acuerdos”, ha valorado Vilagrà. “Ha quedado una Bilateral muy escasa, de mínimos”, remachaba Puigneró, que ha considerado que la lista de traspasos denota “que el Gobierno sigue sin tener Catalunya como prioridad”. Una opinión prácticamente contraria tenían en el Ministerio de Política Territorial, que por boca de su titular Isabel Rodriguez ha celebrado un “acuerdo histórico” por lo que ha descrito por “un avance competencial que no se había conseguido en una década”. “Hemos logrado normalizar las relaciones con una comisión estatutaria muy importante”, ha asegurado la ministra.

Pese a la satisfacción del Gobierno, ninguna de las grandes cuestiones a las que aspiraba la Generalitat han acabado apareciendo en la reunión de este viernes. El traspaso de Rodalies, al menos en lo que tiene que ver con la vertiente económica, es la gran apuesta de Puigneró para esta legislatura, pero por el momento la negociación continúa encallada en el grupo de trabajo que debe resolver a cuánto asciende el coste de explotación. Por esta última cuestión no se ha tratado como tema en al reunión de este viernes, aunque Puignerò ha asegurado que él sí lo ha citado “sin respuesta por parte del otro lado de la mesa”.

Tampoco han aparecido otros asuntos como el MIR, la prueba de evaluación de especialistas en medicina, o el traspaso de la competencia en Salvamento Marítimo, dos cuestiones que la Generalitat entendía que habían quedado apalabradas y que de hecho el Gobierno sí había visto bien traspasar en momentos anteriores, pero que ahora se han frenado. Respecto al MIR, la Generalitat reclama poder decidir cuántas plazas necesita para Catalunya de cada especialidad, lo que entiende que podría acabar con el déficit de profesionales médicos en algunos ámbitos. Pero la ministra de Sanidad, Carolina Darias, fue tajante en verano pasado cuando aseguró que no habrá “ningún traspaso sobre esa materia”.

Antesala de la mesa de diálogo

Pere Aragonès acabó el año pasado augurando que 2022 sería la fecha en la que la mesa de diálogo con el Gobierno “comenzara a dar frutos”. Pero en el segundo mes de año la Generalitat comienza a tener dudas de si obtendrá algún avance de calado, no ya de la mesa sobre el conflicto político, sino simplemente de la Comisión Bilateral, que se ocupa de los asuntos competenciales y de gestión. Aunque Vilagrà se ha esforzado por separar ambos foros, en esta segunda reunión ha quedado patente que, al actual ritmo, es difícil que la Bilateral llegue a abordar los grandes temas que espera obtener el Govern.

Pese a esta constatación, desde el Govern han retirado que son mesas separadas y que la reunión de este viernes debe servir para generar un clima de confianza de cara al foro en el que, según afirma, se aborda el conflicto catalán. En todo caso, Vilagrà ha subrayado como una necesidad que la mesa de diálogo se celebre cuanto antes, mientras que Rodríguez ha puesto también en valor “los pasos tan importantes que ambas administraciones estamos dando para el rencuentro entre Catalunya y España y también entre los catalanes”. Durante la rueda de prensa además la ministra ha recordado que el compromiso de la mesa de diálogo es avanzar “sin prisa, sin pausa y sin fechas” y, también, “hacerlo con discrección”. “Por el momento lo estamos cumpliendo”, ha subrayado.

Junts y su máximo representante en el Govern, el vicepresident Jordi Puigneró, no tiran la toalla de la ampliación del aeropuerto de El Prat. Puigneró ha comparecido este miércoles en el Parlament para explicar su posición sobre este tema, que ha sido una de las principales polémicas políticas desde el verano, y ha vuelto a reiterar que su apuesta pasa por ampliar la base aérea de Barcelona, así como mejorar el sistema aeroportuario catalán en su conjunto. El vicepresident ha emplazado además al Gobierno central a continuar negociando, pues en su opinión no hay alternativa a mejorar la capacidad de vuelos de El Prat.

Según ha recordado, el Govern tiene un mandato del Parlament, aprobado por Junts y PSC entre otros, para mantener el diálogo con el Ministerio de Transportes sobre esta obra. “El Govern tiene la obligación de buscar una solución y por la Vicepresidencia no quedará”, ha dicho. Con todo, se ha mostrado pesimista sobre las posibilidades de que salga adelante, al considerar que es el Gobierno central quien “nunca ha tenido interés”. “No hemos sido nosotros quienes hemos cerrado la puerta al debate técnico y político”, ha dicho, tras lo que ha emplazado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a volver a la mesa.

“Si el PSOE, en nombre de su presidente, o la ministra de Transportes, abren una ventana de oportunidad, yo estaré a punto para trabajar soluciones con transparencia y con el máximo consenso. Aquí me encontrarán, en el pimpampum, no”, ha manifestado. Según ha descrito, su propuesta sigue siendo hacer una ampliación de El Prat respetuosa con la zona protegida de La Ricarda y que compatibilice los objetivos verdes con las conexiones internacionales.

Para Puigneró, tener más capacidad para acoger vuelos, a la vez que disponer conexiones internacionales, es una necesidad para la base área de El Prat, porque de lo contrario el aeropuerto corre el riesgo de alcanzar su techo. “Si no hacemos nada en cinco años colapsará y todo serán lamentos”, ha dicho. El vicepresident ha apuntado además que la razón por la que el aeropuerto se está quedando pequeño es que la economía catalana vuelve a funcionar a buen ritmo, “por mucho que le pese a quienes quieren una economía catalana decadente”.

De esta forma Puigneró ha fijado su postura al que, según su versión, siempre ha sido el consenso dentro del Govern. “Estoy donde estaba el 2 de agosto, no me he movido”, ha asegurado. “Trabajamos con tres premisas: potenciar el rol internacional de El Prat, potenciar la conexión ferroviaria con el resto de aeropuertos, y buscar una solución ambientalmente respetuosa definida en el plan director”, ha detallado Puigneró. El vicepresident ha respondido así ante la Cámara por primera vez después de que el pasado fin de semana afirmase que su departamento trabajaba en “varios escenarios” para hacer realidad un nuevo proyecto, algo que fue rápidamente desmentido por el president del Govern, Pere Aragonès.

En su comparecencia en el Parlament, Puigneró ha hecho un repaso por los momentos más destacados de la negociación, que comenzó el 14 de junio con la mesa institucional entre la Generalitat, el Estado y varias administraciones locales, y donde a decir del vicepresident, el Govern ya reflejó la postura que luego ha mantenido. Además ha indicado que las conversaciones se alargaron por más de dos meses, incluyendo el acuerdo que él mismo suscribió junto a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. “Y después de esta negociación, en una semana el PSOE se carga el proyecto de inversión, por su tuit del president que después se enmienda con un acuerdo de Govern”, ha indicado Puigneró con indignación.

Con este argumento, y pese a la voluntad manifestada de negociar, el máximo representante de Junts en el Ejecutivo catalán ha manifestado la “necesidad” de que Catalunya gestione el aeropuerto de El Prat, así como el resto del sistema aeroportuario. “Catalunya no puede depender ni un minuto más en infraestructuras de un Estado que frecuentemente, no digo siempre pero sí frecuentemente, gobierna contra los intereses de Catalunya, y solo hace falta ver como se gestiona otra infraestructura, Rodalies”, ha asegurado. “Queremos un aeropuerto gestionado desde Catalunya porque queremos un aeropuerto ambientalmente responsable”, ha apostillado.

El vicepresidente del Govern y conseller de Territorio, Jordi Puigneró (Junts) trabaja en “varios escenarios” para ampliar el Aeropuerto de Barcelona- El Prat, algo que ve compatible con preservar el espacio natural protegido de La Ricarda. El número dos del Govern insiste así en el proyecto después de que el Gobierno lo descartara y que la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà (ERC) lo considerara “una carpeta cerrada”.

Según ha informado la Vicepresidencia del Govern este sábado, la conselleria de Territorio sigue trabajando para que la ampliación del aeródromo sea “viable” con la preservación ambiental de Delta del Llobregat y en especial con la laguna La Ricarda, espacio protegido por la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

El posicionamiento de Vicepresidencia ha llegado después de que La Vanguardia haya publicado que Puigneró plantea como alternativa extender la tercera pista del aeropuerto tanto al este como al oeste con el objetivo de aligerar el impacto sobre La Ricarda, lo que paradójicamente afectaría a otra área protegida, El Remolar. Vicepresidencia ha descartado valorar “propuestas no oficiales”.

Según el rotativo, la voluntad inmediata de la conselleria no es cerrar ya una opción técnica para que el aeropuerto crezca sino retomar las conversaciones con el Gobierno, congeladas desde el anuncio de la suspensión de la inversión. La operación había provocado numerosas críticas por su impacto en una zona protegida y por resultar contraria a los objetivos de reducción de emisiones y de lucha contra el cambio climático.

Vicepresidencia ha asegurado que su objetivo es concretar la propuesta en el plan director del aeropuerto, que en su opinión el Ejecutivo central “imposibilitó” al romper “unilateralmente” el acuerdo del 2 de agosto (que no era escrito sino verbal entre Puigneró y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez).

La división entre ERC y Junts sobre el proyecto aeroportuario ya se plasmó después del acuerdo entre Puigneró y Sánchez y fue, según el Gobierno, el principal motivo que llevó a excluir de las inversiones para el próximo lustro los 1.700 millones de euros que estaban destinados a la ampliación de El Prat.

En una entrevista en elDiario.es, Jordà (ERC), además de considerar la ampliación “una carpeta cerrada”, cargó contra el “chantaje” que, a su juicio, Aena había sometido al Govern y advirtió de la “contradicción” entre aumentar el número de vuelos y la situación de emergencia climática.

Pese a ello, en las últimas semanas el PSC y Junts han abogado porque aún puede quedar alguna posibilidad de recuperar el proyecto. Socialistas y posconvergentes apoyaron al proyecto de ampliación del aeropuerto en una propuesta de resolución en el pasado debate de política general del Parlament, de la que se descolgaron ERC y los 'comuns', que también rechazan el proyecto que apoyan sus socios del Ejecutivo central.

Una hora de reunión entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el vicepresident, Jordi Puigneró, para intentar reconducir la crisis abierta entre los socios de Govern por la ausencia de Junts en la mesa de diálogo. El president ha pedido a su segundo en el Govern evitar situaciones como las vividas los últimos días y que los dirigentes de Junts minimicen las críticas a la mesa de diálogo, algo que por ahora no ha ocurrido.

Según informa la ACN, Aragonès ha pedido “lealtad” al vicepresidente, cuyo equipo ha apuntado a que la reunión mantenida en el Palau de la Generalitat ha ido “bien” porque el president le ha hecho el traspaso del encuentro con la Moncloa.

El encuentro ha venido precedido de nuevas declaraciones de Junts en contra de la mesa de diálogo. En una entrevista en Ràdio 4, la dirigente de Junts Elsa Artadi ha sostenido que en la mesa “estaba sentada la minoría del independentismo”, y al ser preguntada por si Aragonès representaba, como president, a todos los catalanes en la negociación, ha remachado que “representaba a Esquerra Republicana”

Por su lado Aragonès, en declaraciones a RAC-1, ha enmarcado la cita con Puigneró en un intento para “reconducir” la crisis en el Govern y aparcar las “batallas partidistas”. El encuentro sirve, ha dicho, para “hablar con calma” no solo sobre su reunión con Sánchez, sino también sobre la crisis desatada en el Govern tras el rechazo del president a los nombres propuestos por JxCat para integrarse en la delegación catalana en la mesa de diálogo, al haber tres perfiles –Jordi Sànchez, Jordi Turull y Míriam Nogueras– externos al ejecutivo catalán.

“No quiero entrar en el barro de la batalla partidista y el regate corto”, ha advertido Aragonès, que ha puntualizado que, más allá de la mesa entre gobiernos, también es partidario de ofrecer un “papel” a los dirigentes de los partidos del Govern a medida que avance el diálogo: “En esta negociación nos hemos de acabar implicando todos”.

En el Documento de Ordenación Aeroportuaria (DORA) que debía enviarse al Consejo de Ministros aparecen dos cifras marcadas en rojo: los 364,96 millones de euros en total presupuestados a lo largo de los próximos cinco años y la inversión global de 1.704 proyectada para los próximos 10 años. Esta es la cifra multimillonaria que el Ministerio de Transportes paralizó este miércoles y que ha generado un choque de consecuencias imprevisibles entre el Gobierno y la Generalitat. 364,96 millones que formaban parte del acuerdo inicial entre los dos gobiernos y que sí aparecían en el borrador elaborado por Aena dado a conocer el viernes pasado en el Comité de Coordinación Aeroportuaria catalán. Pero, tras eso, en los siguientes cinco días el acuerdo saltó por los aires y los millones se esfumaron.

El pacto entre la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, se cerró el día 2 de agosto. Estuvo precedido de un intenso trabajo entre ambas partes. El equipo de Puigneró no solo había hablado largo y tendido con el Ministerio, también había consensuado la posición dentro del Govern. Pero, por ese lado, las cosas no habían comenzado con buen pie. El día 27 de julio, tras la sesión semanal del Ejecutivo catalán, el president Aragonès convocó una reunión sobre El Prat con Puigneró y la consellera de Acción por el Clima, Teresa Jordà, a la que el vicepresident no asistió aduciendo otro compromiso. La sorpresa fue máxima cuando al día siguiente aparecieron publicadas las famosas fotos de la paella de la periodista Pilar Rahola en el sur de Francia, y a la que asistió Puigneró junto a otras 20 personas.

Más allá de esta primera anécdota, fuentes del Govern aseguran que Aragonès y Puigneró acabaron unificando la posición de la Generalitat, que es la que el vicepresident lleva el lunes 2 de agosto a la reunión con la ministra Sánchez. De aquel encuentro sale un acuerdo verbal que no se plasma en ningún documento físico más allá de las notas de prensa que envían ambas partes. Las líneas básicas compartidas en aquel compromiso de palabra eran tres: en primer lugar, una inversión de 1.700 millones en diez años, de los cuales 364,96 se introducirían en el DORA para los próximos cinco. Con esta inversión se alargaría la tercera pista y se construiría una terminal satélite, entre otras obras. El segundo acuerdo era sobre la conexión por alta velocidad entre los aeropuertos de El Prat, Girona y Reus. En tercer lugar, que la afectación medioambiental a La Ricarda fuese “mínima” y que se definiesen en el nuevo plan director, que debía contar con el aval europeo en materia de biodiversidad.

Este “aval europeo” en realidad no era un acuerdo sino un requisito que ambas partes debían cumplir en todo caso. La Ricarda es una zona protegida por la UE dentro de su Red Natura 2000, lo cual obliga, entre otras cosas, a que la Comisión dé su opinión cada vez que hay afectaciones. Y la zona, al menos en la idea inicial, se tocaba. Aena tenía previsto alargar la tercera pista cerca de medio kilómetro por encima del parque natural, aunque tras las quejas del Govern, ayuntamientos y grupos ecologistas, había dejado de hacer explícita esta afectación. De hecho, el mayor riesgo del proyecto siempre fue no obtener el aval europeo, pues la Comisión ya había lanzado varios avisos a España por anteriores obras en la zona que no habían sido convenientemente compensadas y veía con malos ojos volver a tocar el espacio protegido.

El DORA confirma que se daña La Ricarda

Con este acuerdo verbal entre Gobierno y Generalitat transcurre el periodo estival. Pero el tiempo apremia. La ley da al Gobierno hasta el día 30 de septiembre para aprobar el DORA quinquenal y, antes de que este llegue al Consejo de Ministros, debe ser presentado ante los comités de coordinación aeroportuaria autonómicos. Así se hace el pasado viernes ante el comité catalán en el que participan no solo ambos gobiernos y Aena sino también los ayuntamientos implicados.

En el documento que se analiza ese día aparecen varias de las cuestiones apalabradas, como una mención a los 1.704 millones para Barcelona y también consta que todas las modificaciones están sujetas al plan director y, en última instancia, al aval europeo. Pero el texto, como avanzó elDiario.es, incluye también el reconocimiento de que la previsión de Aena es alargar la tercera pista y tocar la Ricarda. “La ampliación del campo de vuelo, y concretamente de la pista 07R/25L, y sus rodaduras asociadas hacia el Este, manteniendo el umbral para aterrizajes en la ubicación actual, afectaría a la zona de la Red Natura 2000”, reza el texto del DORA.

Tras conocerse esta frase, los teléfonos comienzan a echar humo. El equipo de Puigneró se pone en contacto con Presidència para advertirles de que esto aparece escrito, pero les piden calma y quitan hierro al asunto. “No os pongáis nerviosos”, les dicen, “el DORA refleja exactamente el acuerdo que se cerró”.

La interpretación más extendida en la Generalitat es que el Ministerio de Transportes tiene su propia guerra interna en el seno del Consejo de Ministros con Unidas Podemos, que han sido beligerantes contra el proyecto de El Prat. Según esta idea, Aena busca que el Gobierno avale ya su plan, incluyendo la extensión de la pista. Fuentes del Govern aseguran, además, que, siendo una cuestión que el propio DORA reconoce que debe definirse en el plan director, Aena podría haberse ahorrado tanto la frase como el dibujo del plano. Pese a esto, la Vicepresidencia del Govern transmite calma a los medios y asegura que se recoge de forma correcta el acuerdo alcanzado con el Ministerio.

Pero en la Presidència del Govern no lo ven igual. Consideran que el Consejo de Ministros está a punto de aprobar un documento que prevé edificar sobre un espacio natural protegido. En ERC hay presión tanto de las bases del partido como de los cargos de la zona, además de voces de su órbita muy significadas contra la ampliación, como el exdiputado Joan Tardà. Hacia las 18 horas del viernes la cuenta de Pere Aragonès publica dos tuits. “El DORA de Aena que se ha hecho público hoy no refleja el consenso establecido en el seno del Govern: asegurar la inversión sin dar nada por cerrado y definir los próximos pasos con un amplio acuerdo de todas las administraciones”, dice. “Exigimos explicaciones y la rectificación de un DORA que daña la zona protegida de la Ricarda. Cada paso que se haga debe incluir el compromiso de consenso. Preservar los espacios naturales no es una opción, es una obligación no negociable”, escribe en el segundo mensaje.

El Govern trata de unificar las posiciones

Al día siguiente de que se conozca el documento, el Govern tiene fijada una jornada de trabajo en la comarca de la Garrotxa a la que asisten todos los miembros del Consejo Ejecutivo. Es allí donde analizan sus diferencias y donde tratan de salir con una posición cohesionada. Puigneró está molesto con el president, como él mismo explicará días después, por los tuits del viernes. Se lo traslada y le manifiesta su opinión de que el acuerdo alcanzado con Aena es un buen acuerdo, que el DORA tiene aspectos positivos para sus intereses y que no les cierra ninguna puerta.

Ambas partes, la de ERC y la de Junts, ponen de manifiesto que consideran que el Ministerio no tiene intención de buscar alternativas a construir sobre La Ricarda y que está haciendo una maniobra política para acabar imponiendo su modelo de alargamiento de pistas. Y, además, según entienden ambos socios, Aena exige que la Generalitat se ligue acríticamente al proyecto o, de lo contrario, la culpará de rechazar la inversión. Un “entre la espada y la pared”, a juicio de uno de los miembros del Govern, del que debían saber desenredarse.

Este es el diagnóstico que ambas partes comparten. Pero, a partir de aquí, las prioridades no son las mismas. Para la mitad del Govern de ERC es importante que quede claro que la Generalitat no avala ni avalará una afectación medioambiental que dañe la laguna y su entorno. Aducen las razones europeas y la oposición existente en el territorio, también y de forma destacada de algunas bases de sus socios. Junts en cambio prefiere dejar la cuestión medioambiental para más adelante porque asegura que quedará blindada en el plan director. Para Puigneró y los suyos lo más importante es evitar a toda costa dar argumentos al Ministerio para retirar la inversión que, aseguran, el Gobierno de Sánchez no quiere hacer y que sí va a impulsar en Barajas.

Finalmente logran una síntesis de ambas posturas, con un mensaje muy medido que la portavoz del Govern traslada en rueda de prensa desde la Garrotxa: “La reforma se hará en los términos y condiciones que se pacten en el plan director, pero no se avalará ninguna propuesta que destroce la laguna de La Ricarda”, dice Patricia Plaja. Finalmente el grito de guerra acaba siendo “la laguna no se toca”, un resumen que pone el acento en preservar estrictamente la zona del acuífero pero que deja abierto a interpretaciones si se puede construir o no en la zona protegida de las inmediaciones. En la práctica, con la promesa de mantener “la laguna”, la Generalitat marcaba un límite máximo de 250 metros de pista, de los 500 que planteaba Aena.

Con este consenso el Govern inicia una semana en la que no se esperan turbulencias y centrada en la reunión de la mesa de diálogo con el Gobierno central de la semana que viene. El sábado 11 de septiembre es la manifestación de la Diada, que centra buena parte de la atención del Ejecutivo catalán. Con todo, el lunes durante la rueda de prensa semanal que ofrece ERC, la portavoz de la formación, Marta Vilalta, anuncia que el partido se sumará a la movilización convocada por movimientos ecologistas contra la ampliación de El Prat el próximo 19 de septiembre. “No descartamos que miembros del Govern participen en la manifestación”, añadió Vilalta, dando pie a especulaciones sobre si acudiría la consellera Jordà, una de las voces más críticas con el proyecto, o incluso el president Aragonès.

El Govern volvió a reunirse este martes en sesión ordinaria y su posición sobre El Prat, expresada de nuevo en la rueda de prensa de la portavoz del Ejecutivo no fue muy diferente de la ya expuesta durante el fin de semana. Ante la pregunta de si algunos de los miembros del Govern podrían acudir a la manifestación de día 19, Plaja no lo descartó pero tampoco aclaró nada en concreto.

El mismo martes ocurrió otro hecho de relevancia para el proyecto cuando la vicepresidenta y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, anunció que acudiría a La Ricarda el jueves, junto a Ada Colau y el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler. La presencia de Díaz en la zona debía situar finalmente a su partido en la oposición a los planes aeroportuarios, al tiempo que representaba de forma abierta que en el Gobierno convivían dos posturas enfrentadas al respecto. Entre el viernes y el martes Aena había constatado la existencia de sectores que rechazaban su proyecto en los tres niveles a la vez, municipal, autonómico y estatal.

Transportes anuncia que suspende la inversión

“Es imposible llevar a buen término un proyecto de esta envergadura sin un apoyo nítido y decidido de la Generalitat”, pronunció la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el miércoles por la tarde en una comparecencia de urgencia desde Barcelona. La máxima responsable del proyecto daba así por finiquitada la inversión millonaria para los próximos cinco años. “Confieso que las declaraciones públicas tanto del president el pasado viernes como las de su portavoz estos días nos ha sorprendido muchísimo. Transcurrido algo más de un mes desde que hicimos público el acuerdo consideramos que pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta”, subrayaba la ministra, quien hace solo un mes era alcaldesa de Gavà, una de las localidades más cercanas al aeropuerto.

En el Ministerio aludieron de forma clara a dos hechos: los mensajes en Twitter de Aragonès y las declaraciones que abrían la posibilidad de que consellers de ERC participasen en la manifestación. “Es suficiente para comprobar que la Generalitat no está involucrada en este proyecto y va a utilizarlo para desgastar al Gobierno. Y si no es así, que lo demuestren”, aseguraba una voz socialista poco después de la rueda de prensa de Sánchez. “Es ridículo, si de verdad te crees la inversión no la retiras por dos tuits y unas declaraciones. Y si lo que te molesta es la manifestación, como mínimo te esperas a que se celebre”, apuntaba en sentido contrario una fuente del Govern.

Unos minutos antes de la rueda de prensa, la ministra se había puesto en contacto con Jordi Puigneró, que se encontraba en Bélgica para participar en una reunión de su partido. El vicepresident, cuando conoce las intenciones de Sánchez, anuncia que responderá a su comparecencia pero previamente se telefonea con Aragonès. En Presidència ya se habían enterado de qué diría la ministra Sánchez porque lo habían leído en La Vanguardia, que lo había avanzado. Ambos están perplejos.

La comparecencia sorprendió al Govern por su contenido pero también por su urgencia. Aunque no sobra el tiempo porque la fecha del 30 de septiembre es el límite, el Ministerio no tenía obligación de tomar decisiones firmes este jueves, ni siquiera esta semana. Esta falta de comprensión por parte de la Generalitat de las razones profundas en el Ministerio ha hecho circular todo tipo de teorías. Entre las esgrimidas tanto por Aragonès como por Puigneró, la idea de que es una última maniobra de presión antes de la aprobación definitiva del DORA el próximo 30 de septiembre. En la Generalitat se muestran dispuestos a reconducir la situación, pero afirman, sobre todo desde la parte de ERC, que la exigencia de no afectar a la laguna de La Ricarda es una condición irrenunciable. A la vez separan esta cuestión de la mesa de diálogo, a la que aseguran que irán “con más fuerza” y también de la estabilidad del Gobierno en el Congreso, incluyendo la negociación de los próximos presupuestos.

A falta del indispensable visto bueno de la Unión Europea, Gobierno y Generalitat de Catalunya han llegado a un acuerdo este lunes para ampliar el aeropuerto de El Prat de Barcelona. Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo español y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, la inversión será de 1.700 millones de euros y se traducirá en 83.000 empleos directos y 365.000 empleos directos.

La obra, ha dicho Rodríguez, incrementará en dos puntos al PIB catalán e irá pareja a otros 1.600 millones que se invertirán en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas. El acuerdo entre ejecutivos no solo contempla la ampliación del aeropuerto, sino también la conexión de El Prat con los aeropuertos de Girona y Reus (Tarragona) a través de trenes de alta velocidad para el año 2026. El objetivo principal es, según ambas administraciones, crear un “hub aéreo intercontinental” que sitúe al aeródromo barcelonés entre los aeropuertos de referencia a nivel internacional.

Pese al pacto entre Gobierno y Generalitat, la ampliación del aeropuerto del Prat debe todavía recibir la aprobación de la Unión Europea al estar afectado La Ricarda, un espacio protegido por la red europea Natura 2.000. Ni Generalitat ni Gobierno han dado detalles sobre el impacto medioambiental de la ampliación, si bien han avanzado que se consultará a la UE antes de su aprobación definitiva. “El proyecto cumple con todas las necesidades de sostenibilidad medioambiental”, se ha limitado a expresar Rodríguez.

En rueda de prensa, el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha dicho que la tercera pista no se ampliará 500 metros, tal y como contemplaban los planes iniciales de Aena, lo que afectaba a toda la laguna de La Ricarda, protegida por las directivas europeas. El vicepresident no ha sido capaz de concretar cuántos metros más de pista se construirán, ya que, según ha dicho Puigneró, en el acuerdo con el Gobierno “no aparece el número de metros en que se ampliará la pista”.

La concreción de la obra se detallará en el plan director urbanístico que, en palabras de Puigneró, diseñará la ampliación “con el mínimo de afectación ambiental posible”. Por su lado, Rodríguez, ha explicado que la ampliación del aeropuerto de Barcelona se concretará, previa consulta a Bruselas, el próximo 30 de septiembre, con la aprobación en Consejo de Ministros del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el próximo lustro.

En cualquier caso, la ampliación de El Prat depende de Bruselas, ya que solo puede alterarse un espacio de la red Natura 2000 por motivos relacionados con la salud humana o la seguridad pública, pero también debido a “razones imperiosas de interés público superior”, si así lo avala previamente la Comisión Europea. El impacto medioambiental de la ampliación, sumado a la demanda de reducción de emisiones de contaminantes del sector ante la actual emergencia climática y la reciente caída del tráfico aéreo debido a la pandemia ha hecho que el proyecto se vea con recelos no solo desde colectivos ecologistas sino también desde partidos como ERC y los 'comuns', que lideran la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

Acuerdo fuera de la bilateral

La ampliación de El Prat se ha acordado en una reunión distinta a la comisión bilateral. Tal y como ha desvelado elDiario.es, el encuentro, que no figuraba en la agenda oficial ni del Gobierno ni de la Generalitat, se ha producido en la mañana de este lunes en Madrid y ha reunido a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, al vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, y al consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.

El acuerdo sobre El Prat ha eclipsado la bilateral, organismo creado en virtud del Estatut de 2006, y del que la reunión de este lunes no han salido grandes pactos tangibles. La valoración de ambos ejecutivos ha sido opuesta: mientras Rodríguez ha calificado la reunión como “un buen comienzo de la reactivación de las conversaciones”, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, la ha tildado de “insuficiente”.

Según Rodríguez, se ha acordado crear grupo de trabajo, traspaso de becas y ayudas para el estudio (pendiente desde hace dos décadas) y otro sobre la viabilidad de los traspasos de competencias en trabajo, formación profesional o salvamento marítimo. En rueda de prensa, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha avanzado que el traspaso de las becas será una realidad a partir del curso 2022/2023.

Vilagrà también se ha referido a dos de los aspectos que más preocupaban a ERC: el recurso del Gobierno a la ley catalana que limitaba los precios del alquiler y el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según la consellera, se ha acordado crear un grupo de trabajo para hacer los “cambios legislativos que convengan” para retirar el recurso, algo que implicaría un acuerdo del Ejecutivo de cara a la ley estatal del alquiler que todavía negocian PSOE y Unidas Podemos. Se creará otro grupo de trabajo sobre el IMV.

En cambio Vilagrà ha mostrado su decepción con la falta de acuerdo sobre la ley estatal del audiovisual que prepara el Gobierno y que según la consellera “no prevé la protección del catalán”. “Queremos ir mucho más allá, en relación a los 56 traspasos pendientes exigimos trabajo intenso y concreciones”, ha apostillado.

Para la portavoz del Gobierno ha sido una “reunión fructífera” para la “reactivación económica” y con la “perspectiva de un país que no quiere parar y un Gobierno que quiere que Catalunya participe” de la recuperación de los próximos meses. Rodríguez ha reconocido que por parte de los representantes de la Generalitat se han planteado varias exigencias durante la reunión que se ha celebrado en Madrid, y ha querido dejar claro que desde el Ejecutivo se ha recalcado a los dirigentes catalanes que esos “deseos”, tienen que “estar dentro del orden jurídico” del país. También ha señalado la “importancia de priorizar” en asuntos como las transferencias pendientes por parte de la administración central a la catalana.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reaccionado este lunes a última hora al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat catalana para invertir 1.700 millones de euros en la ampliación del aeropuerto de El Prat de Barcelona, atribuyendo esa inversión al anterior Ejecutivo, del PP. 

“El Gobierno sigue engañando a los españoles: La inversión en el Aeropuerto de Barcelona la dejó aprobada el PP con 1.929 millones€ hasta 2026.Pero Sánchez paralizó todas las inversiones al llegar a Moncloa. Que no nos vendan gato por liebre. Ya no cuela”, ha escrito Casado, en un tuit.