Las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid han recurrido el archivo de la causa de corrupción contra Ana Millán, ex alcaldesa de Arroyomolinos y número 3 del PP de Madrid, dictado por un Juzgado de Valdemoro tras seis años de investigación. Ambos escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, recuperan los indicios que han sostenido la acusación contra Millán por cuatro delitos de corrupción y critican que, con los mismos argumentos con los que el Juzgado elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia, o pidió recientemente una prórroga para seguir profundizando en ellos, ahora solicite el archivo, sin haber practicado una sola diligencia nueva ni nada haya cambiado.

En el año 2008, recupera el escrito del PSOE, “la investigada alquiló su ático a un precio del doble de mercado a una empresa del señor Roselló [el empresario imputado], su pareja empezó a trabajar para una empresa del señor Roselló, su hermana también empezó a trabajar. para otra empresa del señor Roselló, y la investigada ingresó en efectivo cantidades significativas de dinero no declarado en sus cuentas corrientes”.

“Todo lo anterior –prosigue– se da en el año que el señor Reselló empezó a trabajar con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y se mantienen todos esos pagos mientras hay adjudicaciones de cientos de miles de euros hasta que se terminan los contratos a favor del señor Roselló y sus empresas. No es una anecdótica coincidencia, sino un cúmulo de no coincidencias, siendo, además, técnicas habituales par el cobro de dádivas en este tipo de delitos”. “Los indicios son demoledores”, apostilla.

Añade el escrito de Más Madrid que Ana Millán “influenciaba de manera directa en el seno de los expedientes de contratación para teledirigir la adjudicación, las prórrogas, las mejoras o las dispensas del cumplimiento de contratos en favor de las empresas de Francisco Roselló”, quien a su vez comenzó a pagar la renta desorbitada del alquiler del ático de Millán y contratar a sus familiares. Ambos escritos recuerdan como en su declaración como investigada en el juzgado, Millán ocultó que Roselló hubiera contratado a su familia y el empresario directamente lo negó.

Las acusaciones ponen el acento en el “sorpresivo” cambio de criterio de la Fiscalía, que con los mismos indicios con los que acusaba formalmente a Millán de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración, ahora haya solicitado el archivo de la causa. Y también que lo haya hecho sin que se hayan practicado dos diligencias clave propuestas por el propio Ministerio Público: la declaración del marido de Millán, a quien ella atribuyó el origen de más de 40.000 euros en efectivo en su cuenta del banco, y otra concejala que contrató a Roselló.

El Juzgado solicitó hace unos meses una prórroga para seguir investigando, habida cuenta de la carga de trabajo que soporta, y ahora, cuando la Audiencia Provincial le ha dicho que la formulación de esa petición fue incorrecta, en lugar de volverla a pedir, decide cerrar el caso. “Si la juzgadora consideró la necesidad de prórroga es porque existían en ese momento indicios, aunque no lo argumentara adecuadamente. Sin embargo, ahora entiende que procede el archivo, sin argumentar por qué el cambio de criterio, si nada se ha instruido para llevarle a esa convicción que sustituye a la anterior”, escribe el abogado del PSOE.

En su recurso de reforma subsidiario de apelación (si la jueza lo rechaza decidirá finalmente la Audiencia Provincial), los socialistas acusan a la magistrada de “arrogarse” las funciones de un tribunal. Los indicios existentes, argumentan, justifican que se decida la responsabilidad penal de Millán en fase de vista oral y no en instrucción. Es más, para el PSOE, las pruebas recabadas por la UCO de Guardia Civil, “avalan una condena”.

Por su parte, Más Madrid ha evitado que la jueza tenga opción a rectificar su decisión y ha recurrido directamente a la instancia superior, la Audiencia Provincial de Madrid. Su representación letrada reprocha a la magistrada que haya decidido no tomar declaración a la concejala y el marido de Millán por considerarlas diligencias “inútiles”. “No puede saber cuán inútil será el resultado de una testifical hasta que no se practique”, afirma esta acusación popular.

La jueza Marta Hernández Lafuente, última de los siete instructores que ha tenido el caso de corrupción de Ana Millán, ha archivado la investigación contra la número 3 de Isabel Díaz Ayuso porque, a su entender, “no ha quedado acreditada la existencia de indicios racionales de comisión” de los cuatro delitos que le atribuyeron la Fiscalía, los anteriores jueces del caso, las acusaciones populares y la Unidad Central Operativa (UCO). Hernández Lafuente no solo archiva el caso sino que, en una afirmación del todo inusual, recuerda que los “perjudicados”–Millán y el empresario Francisco Roselló– pueden ejercer ahora “acciones civiles”.

El caso contra Millán surge del momento en el que el equipo de Gobierno de Ciudadanos, que relevó al PP en Arroyomolinos en 2015, encontró al personal de la Concejalía de Millán intentando deshacerse de tres bolsas de basura. En una de ellas apareció la copia de un correo electrónico en el que se evidenciaba la relación de la concejala con el empresario Roselló, en aquel momento relacionado presuntamente con el caso Púnica. El nuevo equipo municipal denunció ante la Fiscalía Anticorrupción y cuatro años después, en 2020, la Audiencia Nacional envió la causa a un juzgado de Navalcarnero.

La acusación contra Millán se inició a partir del descubrimiento de que Roselló le pagó el doble de precio de mercado por el alquiler de un ático propiedad de la entonces concejala con el argumento de los acusados de que incluía un derecho a compra que nunca ejerció.  Además, las empresas de Roselló contrataron a la hermana de Millán y a su marido. Este último, hostelero de la noche, ejerció de bedel en un colegio por medio de esos contratos. Millán, en la actualidad vicesecretaria de Organización del PP madrileño, estaba imputada desde 2022.

La Guardia Civil calculó que Ana Millán y sus familiares se habrían beneficiado en más de 200.000 euros a cambio de los contratos concedidos a Roselló. Las empresas de Roselló obtuvieron 257.083,56 euros cuando Millán era Concejala de Cultura, entre 2005 y 2008, y otros 395.192,71 de la Concejalía de Juventud, siendo su titular la aún imputada. En total, 652.276,27 euros. Los sucesores de Millán en los citados cargos no contrataron con Roselló, según destacaba la UCO. Millán estaba acusada de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública.

Ahora, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, Marta Hernández Lafuente, concluye que de los datos obtenidos por la UCO no se pueden derivar “irregularidades ni arbitrariedades atribuibles a Ana Belén Millán, constando únicamente como indicio de irregularidad la declaración policial de Vanesa Sánchez Archidona, auxiliar administrativo de la Concejalía de Ana Belén Millán, quien refirió que la investigada habría dado un trato diferente en la forma de interactuar a nivel personal con Grupo Educativo [del empresario Roselló]”.

La magistrada concluye que el único indicio de corrupción existente en la contratación de la hermana y el marido de Millán por parte del empresario beneficiado por los contratos es “la relación familiar o sentimental” de la investigada con ellos. “No existen indicios de que la investigada utilizara su influencia para conseguir que su hermana y pareja fueran contratados, ni que estos recibieran algún trato de favor o se beneficiaran del hecho de que la investigada era concejal en ese momento”.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero ha visto desfilar a varios jueces desde que arrancó el caso en 2020. La anterior titular dedujo testimonio contra Millán recopilando los indicios contra ella y envió la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid debido a que Millán pasó a estar aforada tras la decisión de Isabel Díaz Ayuso de colocarla en un puesto de las listas electorales que garantizaban su elección como diputada autonómica y, por tanto, la condición de aforada.

La intervención del TSJM a favor de Millán

Millán y el PP madrileño comenzaron a ver el caso de cara cuando el juez conservador Juan José Goyena, del TSJ, advirtió que no había indicios contra ella en una resolución en la que simplemente debía posicionarse sobre unas diligencias pendientes y acerca del hecho de que la jueza de Navalcarnero hubiera utilizado un auto de inhibición para enviarle el caso en lugar de una exposición razonada. Goyena es el juez que envió la causa contra el anterior fiscal general del Estado al Tribunal Supremo por una nota de prensa que luego el alto tribunal resolvió que no era delito.

La actual fiscal del caso, que antes apreciaba indicios contra Millán, resolvió a principios de este mes que compartía “los argumentos expuestos” por Goyena y pidió el archivo de la causa, en contra de la posición que durante seis años había mantenido el Ministerio Público. La Fiscalía adoptó la decisión de pedir el archivo con los mismos indicios que antes valoraba como suficientes para solicitar su procesamiento.

Ahora, la jueza Marta Hernández Lafuente se ahorra dictar una laboriosa exposición razonada contra Millán que enviar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y da carpetazo al caso sin que se tome declaración a dos testigos clave para las acusaciones populares, uno de ellos el marido de Millán, quien durante años llevó a su casa más de 42.650 euros en efectivo, según ella, procedente de su trabajo en el mundo de la noche. Fuentes de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Más Madrid, adelantan que recurrirán el archivo dictado por la jueza.

Una concejal del PP de Móstoles se ha atrevido a denunciar ante su partido un caso de acoso sexual por parte del alcalde, Manuel Bautista, pero ha sido ella la que ha tenido que dimitir, desaparecer de la política y de su puesto de trabajo. El partido y sus dirigentes, que tanto se escandalizaban por denuncias similares en los partidos de la oposición, se ha puesto de parte del alcalde, sin investigar nada y hasta defendiéndose con frases machistas de épocas que creíamos superadas. 

Con José Precedo, periodista de elDiario.es que cubre la actualidad del Madrid, desgranamos los detalles de este caso, y escuchamos fragmentos de la tensa reunión entre la concejala denunciante y los dirigentes del PP madrileño.

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El círculo político y personal más cercano a Isabel Díaz Ayuso tiene problemas con la Justicia sin que las causas que afectan a sus miembros tengan continuo reflejo en las informaciones periodísticas. Desinterés aparte de la mayoría de los medios de comunicación radicados en la capital por informar de esos casos, la líder política de la derecha se beneficia del colapso de los tribunales en la Comunidad de Madrid y de las maniobras de los abogados de la defensa, que dilatan los procedimientos en el año que precede al de los próximos comicios en la región. 

La pareja de la presidenta, el empresario y comisionista Alberto González Amador, va a cumplir próximamente dos años imputado por fraude fiscal y falsificación de documentos y el juicio apunta a 2027, mientras, de forma paralela, avanza lentamente otra investigación contra él por corrupción en los negocios y administración desleal. 

En el plano político, la número tres en el PP de Madrid, Ana Millán, lleva acusada de cuatro delitos de corrupción desde 2022 y el próximo hito de la causa está fijado para dentro de cinco meses. La mano derecha de Ayuso, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, figura de momento como testigo en una causa donde los indicios se acumulan contra él desde hace 17 meses y cuya declaración se ha aplazado ya en tres ocasiones. 

La pareja de la presidenta: una agenda copada por Quirón, un cambio en el juzgado y una UCO saturada

El horizonte judicial de Alberto González Amador es sombrío. Contra él pesan las evidencias de un extenso informe de la Agencia Tributaria: 19 meses de inspección que ponen negro sobre blanco dos fraudes a Hacienda en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas para llevarlos a cabo. La Audiencia Provincial ha avalado la decisión del juzgado de enviarlo al banquillo y solo un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, podría evitar la celebración del juicio, que no una condena con pena de cárcel. 

González Amador ha defraudado una cantidad inferior a los 600.000 euros por lo que la ley establece que debe ser un Juzgado de lo Penal –con un tribunal formado por un solo juez– y no la Audiencia Provincial –tribunal de tres– quien celebre la vista. La carga de trabajo de los juzgados de lo penal de Madrid es sensiblemente superior a la Audiencia Provincial, por lo que es posible que el juicio se celebre en 2027 y que sea, incluso, después de los comicios autonómicos previstos para ese año.

La defensa de Alberto González Amador no tiene prisa. Los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden 3 años y 9 meses de cárcel para el empresario y comisionista, y el de la acusación popular, que solicita 5 años, se presentaron en junio. El actual juez del caso impuso el 26 de enero a la defensa de González Amador, y del resto de acusados, que remitieran su escrito de defensa en el plazo de diez días. González Amador tardó un año en declarar como investigado y en varias ocasiones recurrió a compromisos laborales con Quirón como argumento para retrasar su comparecencia.

En cuanto a la investigación por el presunto “soborno” a un directivo de Quirón, una pieza separada del fraude fiscal, la causa avanza con lentitud. La jueza que ha impulsado todo, Inmaculada Iglesias, se jubiló el pasado verano y el veterano Antonio Viejo se ha hecho cargo del Juzgado de Instrucción número 19, cargado de causas complejas en estos momentos. 

Antes de marcharse, la jueza Iglesias encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) que entrara en el asunto del reparto de la comisión de las mascarillas entre la pareja de Ayuso y el presidente de Quirón Prevención por la complejidad del caso. Sin embargo, como informó elDiario.es, los agentes especializados no pudieron ponerse a trabajar hasta el pasado noviembre, cuando recibieron la documentación del juzgado, en un retraso motivado por el cambio de titular. 

La número tres de Ayuso: un marido en paradero desconocido, un aforamiento y la tercera jueza en cuatro años

Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, está imputada desde 2022 por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y administración desleal en un juzgado de Navalcarnero. La investigación es tan antigua que procede del caso Púnica y los primeros indicios contra ella se remontan a 2016. 

En 2020, la Audiencia Nacional derivó a un juzgado local los indicios que habían aparecido en la macrocausa de corrupción del PP y dos años más tarde pasó a tener la condición de investigada. Ella, su hermana y su marido se habrían beneficiado con más de 200.000 euros de un empresario que había sido adjudicatario de contratos públicos correspondientes a la Concejalía de Juventud, que dirigió Millán antes de ser alcaldesa de Arroyomolinos. Durante la instrucción la jueza intentó tomar declaración como testigo al marido de Millán, pero fue imposible localizarle tras varios requerimientos. 

Pese a la imputación de Millán, su amiga Isabel Díaz Ayuso la ascendió en el partido y la situó en un puesto de la lista del PP en las elecciones de 2023 que la asegurase resultar elegida diputada autonómica y, en consecuencia, aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La decisión resultó vital para ralentizar la causa hasta casi detenerla por completo. 

La segunda jueza tuvo que desprenderse del caso en favor de un instructor del TSJ que ya ha advertido que no comparte el criterio de la jueza de Navalcarnero, de la Fiscalía ni de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que, por tanto, no ve indicios de ninguno de los cuatro delitos.

Ese juez es Juan José Goyena, el mismo que envió al Tribunal Supremo al fiscal general del Estado por una nota de prensa sobre el novio de Ayuso que luego el Alto Tribunal consideró que no revestía delito. La decisión de Goyena de elevar exposición razonada fue aprovechada por Manuel Marchena y sus compañeros para imputar por la filtración de un correo a Álvaro García Ortiz, pese a que el caso había llegado hasta a ellos por la nota de prensa de la Fiscalía General. Al final sí se consideró que ese comunicado también fue una revelación indebida de datos.

Goyena devolvió la causa a Navalcarnero, tal y como le pedía la Fiscalía, porque la jueza local se había inhibido simplemente sin dictar una exposición razonada solicitando la imputación de la aforada Ana Millán. El Ministerio Público también consideraba que había que tomar declaración al marido desaparecido antes de dar por concluida la instrucción. 

La actual jueza, tercera del caso, ha advertido que su juzgado es de instrucción y primera instancia y que eso le provoca una cargo de trabajo que aboca a un caso así a una dilación incalculable, antes de que pueda dictar un escrito tan exigente como es la exposición razonada contra un aforado. La pasada semana citó al marido de Millán y a otra testigo que también estaba pendiente. Fijó la fecha de su declaración lo antes posible, en junio de 2026. 

Alfonso Serrano: el abogado de la alcaldesa imputada no puede acudir al juzgado ni por las tardes

El PP de Madrid suma una nueva imputación con la acusación contra la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la filtración de una nota interna de la Policía Municipal con la que intentar sostener la afirmación sin pruebas que hizo la presidenta madrileña, en enero de 2024, acerca de que los migrantes internos en un centro de la localidad estaban cometiendo “agresiones sexuales”. 

La Fiscalía ha reconstruido la revelación de secretos y la Audiencia Provincial de Madrid ya ha dado por acreditada la participación de Piquet. En este contexto debe producirse la declaración como testigo del número dos del partido, Alfonso Serrano, quien publicó en X el pantallazo de la minuta policial.

El abogado de la alcaldesa ha logrado ya aplazar la declaración en tres ocasiones por citaciones que tienen fijadas otros de sus clientes. La magistrada de Alcalá puso la declaración de Piquet y Serrano el 9 de marzo a las 17:00 horas. Las tomas de declaración fuera del horario de mañana son algo inusual en los juzgados. El letrado tampoco podía porque tenía una cita en Pontevedra. Esta semana, la jueza volvió a establecer otra fecha para la declaración de Serrano, el 15 de abril por la tarde. De terminar celebrándose habrán pasado seis meses desde que la jueza acordó tomarle declaración.

Tampoco se ha celebrado un cotejo de las pruebas de la revelación de secretos que resulta meridiana en los wasaps aportados por el jefe de la Policía Municipal. Las diligencias pendientes podrían conllevar la imputación de Alfonso Serrano, foco de los medios de comunicación estos días por su actuación, junto a Ana Millán, en la denuncia interna por acoso sexual y laboral de una concejala del partido en Móstoles contra el alcalde de la localidad. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Serrano habría cometido también el delito de revelación de secretos.

Se dice que los asesinos regresan al lugar del crimen, donde con facilidad se les pilla. Los acosadores sexuales no vuelven a ningún sitio, pero despliegan tácticas discursivas que suenan a confesión de culpa. Su respuesta es la más contundente prueba de cargo. El acoso se da en el contexto de una relación de poder. De ahí que la reacción del acosador y su entorno parta de una premisa: la víctima no ha comprendido su posición de inferioridad en la escala del poder. Merece un escarmiento: entonces la siguen acosando, ahora en la esfera pública. Si un acusado o personas de su entorno de poder incurren en alguna de estas diez actitudes, lo podemos interpretar como una autodelación:

1. Mentir. Dada la sensibilidad de la sociedad con este asunto, es la única salida cuando se ha protegido al acosador. Al conocerse la información sobre el desamparo de la concejala de Móstoles, Feijóo reacciona asegurando que “se investigó y se consideró que no estaba probado”. Después hemos sabido que no se investigó. Ayuso sí que recibió al alcalde, lo que probablemente empeoró el hostigamiento a la denunciante. 

2. Invocar teorías conspiranoicas. También de manual fue la respuesta de la propia Ayuso: “Es un caso fabricado contra el PP”, dijo ese mismo día. Esta reacción nos da pereza.

3. Negarlo todo. La presidenta añadió en la Asamblea otra frase de puro negacionismo: “No he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría”.

4. Deslegitimar a la víctima. Se trata del recurso fundamental cuando no abordaste el fondo del problema: desacreditar a quien te acusa. Ayuso redirigió esa mañana el ataque hacia el PSOE diciendo que “las verdaderas víctimas de acoso” son las de Salazar. Con ello, está diciendo que la concejala de Móstoles de su partido no es “una verdadera víctima”. Por cierto, los acosadores sexuales evolucionan a acosadores laborales cuando reciben negativas reiteradas. Eso también es de manual. 

5. Culpabilizar a la víctima. El 5 de febrero se publican audios en numerosos medios que acreditan reuniones de la concejala con dirigentes del PP regional, para pedir ayuda. Pese a todo, nunca recibió amparo. Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso, la acusa públicamente de “mala fe” y de “prefabricar pruebas para una vendetta personal”. 

6. Coordinar las mentiras. Feijóo vuelve a insistir en que el PP de Madrid investigó y “no había indicios para actuar” y que se trasladó al Comité de garantías que “avaló como veraz la indagación”. Otras declaraciones similares sugieren que los dirigentes populares se coordinaron en la mentira.

7. Destapar la “ambición oculta” de la víctima. Esta reacción casi mueve a la risa, porque no falla nunca. En este caso, el alcalde acusado afirmó: “Esta persona tenía aspiraciones de ser vicealcaldesa y al no conseguirlo comenzaron las desavenencias”. Al día siguiente se publica una grabación en la que él mismo reconoce que “ella nunca le pidió nada”. La operación para desacreditarla queda en evidencia. 

8. Hacer luz de gas orgánica. Pese a que ya hay evidencia documental de que en la primera reunión de la concejala con Ana Millán y Alfonso Serrano le dicen que “se le quite de la cabeza denunciar”, Serrano asegura en público: “Es falso que el PP presionara a nadie para tapar nada”. 

9. Banalizar el acoso. A una pregunta incómoda de un periodista, Alfonso Serrano se revuelve y le pregunta: “¿Cómo ligas tú?”. Equiparar el acoso a un ligue fallido es banalizar un presunto delito. 

10. Abandonar la responsabilidad institucional y orgánica. ¿Dónde está Ayuso? Desde el jueves pasado no ha hecho declaraciones, con lo locuaz que es otras veces. Entretanto la bola de nieve crece: más mentiras, más pruebas, más audios… Su responsabilidad es evidente: su gabinete recibió nueve correos de la concejala, la presidenta nunca se reunió con ella, su círculo estrecho intervino para presionar, la concejala acabó dimitiendo… Su responsabilidad es doble: orgánica e institucional. ¿Dará la cara? 

Le preguntaron a Hemingway en cierta ocasión cuál era el don más esencial de un escritor y contestó: “Un detector de mierda integrado, a prueba de golpes”. Siempre imagino ese detector como un velocímetro, que oscila según lo que una lee o escucha. Esta semana la aguja de mi detector ha reventado. 

Isabel Díaz Ayuso recibió el 26 de febrero de 2024 un correo de una concejala de Móstoles por “una discriminación muy grave que no ha cesado y se está incrementando”. La mujer le pedía una reunión a través de un mail enviado al gabinete de la Presidencia con el objetivo de contarle lo que estaba sufriendo, para que mediara, poder mantener el asunto con discreción y “que no tengan que intervenir otros organismos”. En ese primer momento no dio más detalles, pero pronto los daría por correo y en persona: estaba sufriendo acoso sexual y laboral por parte del alcalde de la localidad.

Ayuso no la recibió alegando problemas de agenda, pero puso al frente de la crisis que se le abría en su municipio-bastión a sus dos pesos pesados: Ana Millán, número tres y persona de la máxima confianza de la presidenta, y Alfonso Serrano, número dos del partido en Madrid y quien arregla casi todos los asuntos para Ayuso. De hecho, Serrano intervino en ese mismo tiempo en el caso de fraude de su novio, con quien precisamente se reunió en una cafetería en los mismos meses en que saltaba el caso de la concejala de Móstoles, encuentro del que da testimonio una polémica foto.

Aunque la presidenta nunca recibió a la denunciante, sí se reunió a la semana de recibir el correo con el alcalde de Móstoles. Oficialmente, la Comunidad de Madrid informó a los medios de que la cita estaba enmarcada “en la habitual ronda de contactos que la jefa del Ejecutivo autonómico mantiene con los regidores de los municipios madrileños”. No hubo rueda de prensa posterior. Siete días después, Ana Millán y Alfonso Serrano organizaron una reunión con la denunciante.

Fue el 11 de marzo de 2024, pocos días después de ese primer correo, cuando Ana Millán y Alfonso Serrano citaron a la concejala en la sede del PP en Madrid para escuchar lo que tenía que decir. Allí, por las detalladas declaraciones que la propia denunciante tiene y trasladó al gabinete de la presidenta, se contó que el alcalde Manuel Bautista había intentado flirtear con ella y, al no conseguir su objetivo, la había degradado profesionalmente. “Aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel, te pone de número dos, hay un conflicto entre lo personal y profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?”, dice Serrano en ese encuentro. Millán va más allá y le pone nombre a lo que está escuchando: “Ese amparo que pides pasa porque te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Vamos a parar esto. Esto es un acoso de manual”. Lo califica como acoso, pero insiste en que la concejala no denuncie. Durante ese encuentro se intenta desincentivar a la mujer a que tome medidas o las exija. “No es cuestión de tapar, es que una denuncia pública o judicial, te afectaría a ti”, le dice el número dos del PP de Madrid.

Mientras esto pasa en un despacho de Génova 13, elDiario.es está a punto de revelar, a la seis de la mañana del día siguiente, el caso de fraude fiscal del novio de la presidenta: La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla, tituló el 12 de marzo este medio. El PP de Madrid entra en modo búnker y los pesos pesados de Ayuso salen a defender a la presidenta, que acabará acusando a Hacienda de deberle dinero a su pareja, algo que se ha demostrado falso.

Alfonso Serrano y Ana Millán hacen declaraciones utilizando el argumento de que se trata de un ataque machista, es decir, un ataque del mismo espectro que ha denunciado la concejala apenas 12 horas antes y que han recomendado acallar. “Aquí un ministro del Gobierno de España. Feministas de pancarta”, pone en la red social X Millán a los tres días de la reunión con la concejala.

Serrano llama directamente “machista” a Óscar Puente en un programa de televisión al día siguiente de la reunión con la denunciante de Móstoles y luego añade que es un “misógino” a través de sus redes sociales por atacar a Ayuso a cuenta del fraude fiscal de su pareja. La concejala a la que acaba de atender tendrá aún que esperar siete meses y enviar nueve correos para que alguien del PP de Madrid le conteste o le proponga alguna acción, algo que no llega a suceder. La concejala acabó dimitiendo y dándose de baja del PP en octubre de ese mismo año.

Ante la insistencia de la denunciante y la ausencia de medidas, hubo una segunda reunión con Ana Millán y Lucía Paniagua, miembro de la ejecutiva del PP madrileño, que siguió sin apoyar a la concejala y sin tomar ninguna medida. En octubre, Ana Millán directamente la amenaza con llevarla al Comité de Garantías por estar, supuestamente, pasando información al PSOE, como se escucha en unos audios que ha publicado elDiario.es. Ese mes, la concejala dimite, se da de baja del partido y denuncia los mismos hechos, pero ahora ante el Partido Popular Nacional, que investigó hasta el 25 de abril de 2025 y luego dio carpetazo al asunto alegando que no se habían aportado pruebas, sin llamar a la denunciante (aunque sí a Bautista) ni a los testigos que ella citaba en su escrito de 20 páginas.

A pesar de que el alcalde de Móstoles estaba inmerso en una investigación por acoso sexual y laboral, tanto Isabel Díaz Ayuso como Ana Millán y Alfonso Serrano continuaron apoyándole con normalidad. Por ejemplo, el 2 de diciembre –con el instructor del caso recién nombrado en el PP de Feijóo– se inauguró la sede del PP en la localidad que dirige Manuel Bautista con toda la plana mayor, incluida la presidenta: “Hoy hemos celebrado Comité Ejecutivo y Junta Directiva en Móstoles, ciudad magníficamente dirigida por Manuel Bautista”, decía Serrano en sus redes sociales. El 17 de diciembre también se prodigó en fotos y halagos con Bautista, el “gran alcalde”.

La presidenta de la Comunidad, pese a la constancia de que Manuel Bautista estaba siendo investigado por el Comité de Garantías de su partido, también fue al municipio a apoyar al alcalde en diciembre de 2024, le agradeció su trabajo y le acompañó en la inauguración de la sede del PP de Móstoles. Bautista fue una apuesta personal de Ayuso como candidato a la alcaldía en esta localidad de 200.000 habitantes en las elecciones municipales de 2023. La decisión provocó un motín y una carta de 400 militantes que se quejaron a la presidenta por elegir a un “desconocido” en el municipio. Hasta ser candidato a la alcaldía, Bautista había sido viceconsejero de Infraestructuras en la Consejería de Educación, mientras la lideraba Enrique Ossorio. Es precisamente el periodo en el que se produjo el escándalo de la FP que investiga un juzgado de instrucción por presunta prevaricación por el que ha sido imputado de momento un exalto cargo de la presidenta.

Nueve correos de auxilio a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Dos reuniones y media con la cúpula del PP de Madrid. Un escrito de 20 páginas al comité de Derechos y Garantías del PP nacional. El carrusel de ocho meses de gestiones ante todas las instancias del PP para frenar el “acoso sexual y laboral” que la denunciante atribuye al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, no ha dado ningún resultado. Ni un expediente, ni un protocolo antiacoso. Nada. El caso, 25 años después, recuerda al de Nevenka Fernández. La concejala que denuncia abandona la política. El alcalde sigue en su puesto. Sus superiores en el PP lo respaldan.

Lo que sigue es un repaso a la gincana de reuniones, correos y llamadas telefónicas de una concejala que debutó como candidata en 2023 para servir a sus vecinos de Móstoles y que acabó arrasada año y medio después, desengañada de la política y del partido. Ahora se dispone a denunciarlo todo en los tribunales.

Otoño de 2022. Una militante de base, profesora de profesión, empieza a acudir como voluntaria a la sede del PP en Móstoles, partido al que se había afiliado muy joven, antes de cumplir los 30, durante 2010, en plena crisis económica, con el Gobierno de Zapatero en sus últimos meses y el PSOE hundido en las encuestas. Pasados 12 años, en otoño de 2022, la mujer, de familia conservadora en el municipio madrileño, casada y con dos hijos, había decidido involucrarse en el día a día de su partido. Acudía a las sedes como voluntaria al salir de trabajar. Poco antes del verano, el dedo de Isabel Díaz Ayuso había designado como candidato en Móstoles a un paracaidista: Manuel Bautista, alto cargo de su Gobierno donde llevaba unos meses ejerciendo de director General de Educación Concertada. Bautista ya había sido concejal en Fuenlabrada y estaba ante su gran oportunidad. Corrían nuevos tiempos en el PP mostoleño, porque Ayuso y su equipo habían visto la oportunidad de hacerse con un feudo socialista en el sur. El mandato de la alcaldesa, Noelia Pose, había estado plagado de escándalos, con la contratación de familiares directos como asesores y problemas varios en los tribunales: acabó condenada por vulnerar los derechos de dos funcionarias.

El candidato debutante, que llegaba de nuevas a la agrupación, confeccionó su propio equipo y ofreció a la voluntaria que pasaba las tardes en la sede ser su número dos en la lista. No tenía experiencia institucional, pero Bautista elogió su tenacidad, su capacidad de trabajo y para organizar equipos.

Mayo de 2023. El PP de Móstoles desarrolla su campaña electoral con el viento de cola. El PP está disparado en las encuestas, Ayuso se encamina hacia su primera mayoría absoluta y a cuatro días de las municipales y autonómicas celebra un mitin junto a Bautista, con Elías Bendodo como artista invitado de la dirección nacional.

Ayuso se sube al atril y despliega su discurso favorito, carga sin compasión contra el “feminismo de la izquierda”. “Nos tratan como si fuéramos tontas”, clama ante un público entregado: “Porque soy mujer, soy víctima. No, gracias. No se trataba de eso. Se trataba de que fuéramos iguales”. La candidata novel aplaude desde la primera fila. Cuatro días después, Bautista se convierte, virtualmente, en alcalde de Móstoles. No tiene mayoría absoluta, pero servirá el apoyo de los tres concejales de Vox.

Ahí empieza el calvario del fichaje estrella del PP local. Según el relato que ha ido haciendo en sucesivas comunicaciones a su partido, al que pidió amparo, primero fue el acoso sexual: con proposiciones, comentarios continuos sobre su físico, alusiones sexuales del alcalde que la invitaba a acompañarlo a todos sus actos. Los piropos no se quedaban entre los dos, personas de su entorno han ratificado “la obsesión tremenda” de Bautista con su subordinada. Según El País, el medio que destapó las denuncias el pasado miércoles, compañeros de la edil aseguraron que el regidor presumía de acostarse con ella y que profería todo tipo de comentarios sobre la nueva concejal: “Está buenísima, esta es solo para mí”, “esta mujer nos alegra el día y más me lo va a alegrar”.

Ese ambiente y el falso rumor de que tenían una relación llevó a la mujer a cortar por lo sano. Le pidió que no contase mentiras sobre ambos y advirtió una vez más que no iban a tener más relación que la profesional y política. No se iba a acostar con él. Por mucho que él le pidiese “dejarse llevar” y le dijese que la echaba de menos cuando no estaban juntos.

A partir de entonces, comenzó lo que la concejal del PP calificó como un “acoso profesional reiterado”. Meses de desplantes, humillaciones, de hacerle el vacío y relegarla de sus funciones en el Ayuntamiento. De no convocarla a actos, de expulsarla de algunos en los que estaba y de no dejarla intervenir en los plenos. Tras decir no, quedaba relegada al ostracismo. El País cita testigos entre el personal del Ayuntamiento de Móstoles que ratifican ese vacío.

26 de febrero de 2024. Nueve meses después de haber sido elegida concejal, sin ningún papel en el Ayuntamiento y haciendo de atrezo en los plenos municipales, la concejal decide pedir ayuda a la presidenta de la Comunidad y del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le escribe un correo a través del gabinete para que intervenga ante “la discriminación muy grave” que lleva sufriendo desde mayo de 2023. Reclama una reunión a Ayuso para que pueda “mediar” y “que no tengan que intervenir otros organismos”.

27 de febrero de 2024. El gabinete responde también por mail que la presidenta no va a reunirse con ella. Alega “motivos de agenda”, aunque no se había propuesto ninguna fecha. Pero el equipo de Ayuso dejaba el caso en manos de su mano derecha, Alfonso Serrano, número dos del PP de Madrid y diputado en la Asamblea. A la vuelta de ese correo, la concejal plantea citarse “a la mayor brevedad” con Serrano para que pueda trasladarle su situación a la presidenta. En el texto recuerda por segunda vez que está viviendo “una situación insostenible de discriminación”.

28 de febrero de 2024. El gabinete de Ayuso acusa recibo del mail anterior y comunica que lo ha reenviado a Serrano “para su conocimiento y consideración”.

4 de marzo de 2024. Ante la falta de noticias, la edil de Móstoles vuelve a escribir por tercera vez al gabinete de la presidenta madrileña. Recuerda que la semana anterior solicitó una cita con ella para “informarle de una situación muy grave” por la que está pasando en Móstoles, y que tras derivarse su petición al secretario general del PP, nadie se ha puesto en contacto con ella. “Entiendo que es difícil debido a tu agenda, pero es una situación muy grave que debéis conocer. Solicito de nuevo tener una reunión con la mayor brevedad posible, mi disponibilidad es absoluta”, escribe la concejal, que se despide agradeciendo la atención.

Ese mismo 4 de marzo, cinco días después de haber recibido el primer escrito, Ayuso acoge en su despacho de la Puerta del Sol al alcalde de Móstoles. Sin prensa ni cámaras. El departamento de comunicación de la Comunidad de Madrid lo presentó después como un encuentro enmarcado “en la habitual ronda de contactos que la jefa del Ejecutivo autonómico mantiene con los regidores de los municipios madrileños”. Así lo recogieron agencias como Servimedia y Europa Press. No hubo rueda de prensa posterior. La información que facilitó a la prensa el gabinete de Ayuso apuntaba a que la presidenta y el alcalde “abordaron los proyectos comunes de ambas administraciones, desde una perspectiva de colaboración institucional en beneficio de la prestación de unos servicios públicos de calidad que demandan los ciudadanos”. Sobre su conversación, puertas adentro, no trascendió nada más que eso. Las acusaciones contra Bautista en ese momento eran un secreto que conocían muy pocos en el PP.

11 de marzo de 2024. Una semana después del último mail y del encuentro entre Ayuso y el alcalde de Móstoles, la concejala es recibida por primera vez en la sede del PP regional. Su interlocutora es Ana Millán, número tres del PP de Madrid, vicepresidenta de la Asamblea, y persona de la máxima confianza de Ayuso. La edil le describe su infierno, las insinuaciones del alcalde y las represalias en el Ayuntamiento tras negarse a sus pretensiones sexuales. Según el relato que hará meses después en su denuncia interna, Millán le llega a reconocer que se trata de un “caso de acoso de manual”. En un momento de la reunión, se incorpora Alfonso Serrano, en quien había descargado Ayuso la gestión del conflicto. Millán, que había estado escuchando la historia de su concejal, lo pone en antecedentes. El número dos del PP resume la situación con una pregunta: “Aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel, te pone de número dos, hay un conflicto entre lo personal y profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿Estamos hablando de eso?”.

En ese mismo encuentro, en el que la edil traslada a dos de las máximas autoridades del PP madrileño sus penurias, muy afectada, tanto Serrano como Millán se comprometen a echarle una mano. “Estamos aquí para ayudarte, podemos hablar contigo”, dice Serrano. “El Partido Popular estamos para ayudarte” recalca Millán. Pero ambos insisten en que cualquier solución pasa por mantenerlo todo en secreto, y por supuesto por no acudir a los tribunales. Ambos dirigentes apelan al sufrimiento que conllevaría para ella hacer público su caso. Al peso que supondría a su familia. “Eso te va a hundir”, le dice Ana Millán, que deja una frase más: “Ese amparo que pides pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Vamos a parar esto. Esto es un acoso de manual”.

En la misma sala de Génova 13, Serrano pide a la denunciante ideas para solucionarlo. Lo hace a su manera: “¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución”. Pero también acaba subrayando: “No es cuestión de tapar, es que una denuncia pública o judicial, te afectaría a ti”. Tanto la exconcejal como su abogado aseguran ahora tener pruebas de que la conversación, mucho más larga, transcurrió en estos términos y con esas expresiones literales. Los interlocutores quedan en mantener otra reunión pronto.

14 de marzo de 2024. Tres días más tarde, la concejal llama por teléfono para buscar una fecha para esa cita. No obtiene respuesta.

15 de marzo de 2024. La edil manda el cuarto correo en tres semanas al gabinete de Ayuso. Recuerda que había pactado una segunda reunión con Serrano y Millán. Insiste en que la situación “es muy grave” y que solicita otra cita a la mayor brevedad para conocer “la postura e intervención” de la dirección de Ayuso.

18 de marzo de 2024. Lunes. El gabinete presidencial responde que ha recibido el correo y que lo reenvía al secretario general del PP, Alfonso Serrano.

22 de marzo de 2024. Casi un mes después de su primera comunicación, tras cuatro correos y una reunión infructuosa, la concejal solicita en otro mail al gabinete de la presidenta que se active el “Protocolo General de Prevención y Actuación frente a todos los tipos de acoso”. Lo escribe así: “Todos los tipos de acoso”. Invoca un acuerdo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 9 de mayo de 2017 que abre esa vía para atajar todos los tipos de acoso en la Administración de la Comunidad de Madrid y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella“. La edil propone esta medida tras recordar que ya han pasado 11 días desde su reunión con los altos cargos del PP, a los que contó la situación que estaba sufriendo. Pide celeridad, dada ”la situación de indefensión“ en que se encuentra.

10 de abril de 2024. La concejal escribe un sexto mail al equipo de la presidenta. Recuerda el compromiso adquirido por Serrano y Millán para facilitarle “ayuda y amparo”. “No está siendo así”, recuerda. “Me he puesto en contacto de nuevo con vosotros en tres ocasiones solicitando que se valoren actuaciones y se me informe de la intervención que vais a plantear ante esta situación de la que sois conocedores y no he obtenido ninguna respuesta”, lamenta. Se despide recordando que representa al PP en Móstoles como concejal y vuelve a implorar amparo e intervención por parte de la dirección de Ayuso. “La situación no ha cambiado”, recuerda.

16 de abril de 2024. Seis días después del último correo al gabinete de Ayuso, tiene lugar la segunda reunión de la concejal con emisarios de la presidenta. En esta ocasión, quienes la reciben son Ana Millán, la secretaria de Organización del PP y amiga personal de la presidenta, y Lucía Paniagua, secretaria de Municipios en la Ejecutiva del PP y teniente alcalde en Villanueva de la Cañada. Durante esa cita, celebrada como la anterior en la sede del PP y de la que constan pruebas documentales, Millán le explica a su compañera que el protocolo antiacoso no rige para ella, puesto que no es funcionaria ni trabajadora del partido. “Tú no tienes una relación laboral, tú no eres una empleada del Partido Popular”.

Paniagua, con asiento en la Ejecutiva del PP madrileño, llega a proponer a la edil de Móstoles un pacto “amistoso” con Bautista. “Que alguno de los dos tiene que dar un paso atrás”. La responsable de Municipios del PP regional la anima a tener “un perfil bajo” y dejar pasar el tiempo.

Millán, como secretaria de Organización, fue más taxativa: “Yo no sé qué entiendes tú por amparo, nuestro amparo fue decirte: 'vete a casa, habla con tu marido'”. Le aconsejó también dar un paso atrás pensando en su padre (fallecido hace unos meses, pero entonces muy conocido en el PP local) y acabó espetándole: “Todas hemos aguantado muchas cosas en política”. Tal y como había hecho en la primera reunión el 11 de marzo, volvió a desaconsejarle acudir a los tribunales: “La denuncia judicial, que luego se haría pública, no te beneficiaría”. También le advirtió que de hacerlo, no podría “seguir trabajando allí”.

17 de junio de 2024. La concejal de Móstoles envía el séptimo mail al gabinete de la presidenta. Recuerda que dos meses después de la última cita en Génova 13 “no se ha tomado ninguna medida”. “La situación, lejos de mejorar, ha empeorado debido a que el tratamiento de la información manifestada en las reuniones que hemos mantenido no se ha tratado con la confidencialidad y respeto que corresponde”, lamenta. Por último reclama que, tal y como se habían comprometido en la última reunión, se le informe de las “actuaciones realizadas”.

25 de junio de 2024.

Ocho días después del último mail, el gabinete de Ayuso responde que da traslado al PP de la Comunidad de Madrid. Ya no menciona a su secretario general, Alfonso Serrano, sino al partido.

Según fuentes conocedoras de la denuncia interna, durante el verano de 2024 no sucede nada diferente. La edil sigue viviendo humillaciones y desplantes en el Ayuntamiento, un ocaso que atribuye a haberle parado los pies al alcalde. Desde el PP se le convoca a la edil a una reunión de un día para otro y ella alega que no puede acudir con tanta premura.

24 de septiembre de 2024.

El octavo mail pidiendo ayuda a la presidenta de Madrid lo firma ya un abogado en nombre de la edil, “para tratar la situación de presunto acoso sexual y/o profesional padecida por la misma en Móstoles”. El escrito recuerda a la dirección del PP las múltiples veces que la concejal se ha puesto en contacto con ellos, “pidiendo amparo debido a la situación que están sufriendo” y de la que son “sobradamente conocedores” sin que nadie haya actuado. El letrado lamenta que no se hayan garantizado los derechos de su defendida ni se haya tomado ninguna medida preventiva para corregir la situación que viene sufriendo.

El escrito solicita pregunta por qué no se han tomado “medidas preventivas hacia la víctima” ni se ha abierto ningún protocolo en el PP o en la Comunidad de Madrid y cita dos capítulos del código de conducta del Partido Popular: el que alude al respeto a la dignidad de las personas y se compromete a no tolerar ningún tipo de violencia, abuso o conducta que lesione derechos; y el del entorno laboral que garantiza velar por la igualdad de oportunidades y la no discriminación. El abogado acaba advirtiendo que la intención de la edil es “evitar un desagradable procedimiento penal y causar el menor daño posible al partido”. Han pasado siete meses desde su primera alerta.

2 de octubre de 2024.

La concejal de Móstoles acude por tercera vez a la sede del PP en Génova 13. Ya no va sola. Le acompaña su abogado. Una secretaria le recuerda a la entrada que Millán solo se sentará con ella. La reunión no llega a celebrarse. Antes se produce un tira y afloja donde la número tres de Ayuso le reprocha haber dirigido sus escritos a la presidenta, en lugar de acudir al partido. Eso despúes de haber estado sentada contándole a la secretaria de Organización y al secretario general, Alfonso Serrano, la persecución que sufre. Millán pronuncia entonces su amenaza: comunica a la edil, con su abogado como testigo, que es el partido el que la va a denunciar a ella por haber filtrado información al PSOE. Una grabación a la que ha tenido acceso elDiario.es recoge ese momento.

En esa breve charla, Millán tras admitir que las dos reuniones con los máximos responsables del partido y los ocho correos electrónicos a la presidenta regional no habían servido para activar ningún procedimiento, reconoció su afinidad personal con el alcalde de Móstoles. Y alegó que precisamente por eso la edil no había sido relegada en la remodelación de gobierno local. El diálogo acabó de manera abrupta.

3 de octubre de 2024. La edil presenta su dimisión en el ayuntamiento y registra un escrito en el que solicita al comité de afiliaciones la baja como militante en el PP. En su despedida explica los motivos, el calvario que ha sufrido en el Ayuntamiento y que, pese a pedir auxilio a través de diferentes cauces, nadie la ha ayudado en el partido.

10 de octubre de 2024. El comité de afiliaciones del PP de Madrid tarda una semana en responder. Y cuando lo hace le ratifica que ha causado baja como militante y le responde que no puede valorar su comunicación como una denuncia porque “la situación parece haberse producido en el seno de una corporación municipal y no en el ámbito del Partido Popular”.

12 de octubre de 2024. Ya sin cargo en el Ayuntamiento de Móstoles y como exmilitante del PP, la denunciante vuelve a escribir al gabinete de Díaz Ayuso. Resume sus ocho meses de intentos por sentirse amparada y las respuestas que ha recibido de los emisarios que la presidenta envió a reunirse con ella. Entrecomilla frases en las que Serrano y Millán la presionan para no denunciar ni hacer pública su situación. Dice sentirse humillada por la última respuesta del comité de afiliaciones donde se le responde que no puede intervenir por no ser afiliada. Insiste en que su única intención era pedir “amparo” para trabajar por el partido en Móstoles. Se despide pidiendo que se “depuren responsabilidades”.

Fuera de la política, en el mes de diciembre, presenta un escrito de 20 páginas al Comité de Derechos y Garantías del PP Nacional. Se trata de un resumen de lo vivido en el ayuntamiento y también de los ocho meses en que pidió ayuda a los máximos responsables del partido en Madrid. Revela el horror que ha sufrido, el daño económico y el coste personal que le supuso el último año y medio al lado del alcalde, Manuel Bautista.

La respuesta del órgano interno fue que no podían cursar el procedimiento porque ella había iniciado un procedimiento en el juzgado. Aludían a una denuncia que la exconcejala presentó para averiguar quién había borrado la bandeja de los correos electrónicos que remitió al gabinete de Ayuso desde la cuenta que utiliza como profesora, adscrita a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. La denuncia no aludía al acoso, solo a la intrusión en su correo. La archivó provisionalmente un juzgado que no pudo identificar al autor y ahora será la Audiencia de Madrid quien determine si se ha de seguir investigando ese episodio. El comité de garantías del PP no volvió a dar señales de vida.

Poco antes de esas navidades, Ayuso escenifica su cercanía con el dirigente al que una concejal había atribuido acoso sexual en varias comunicaciones, verbales y por escrito. Acude a inaugurar la nueva sede del PP en Móstoles. En el vídeo todo son brindis y risas. Junto al regidor aparece también Serrano, el secretario general. El que había preguntado a la edil si tras dar calabazas a su jefe, el que le había tirado los tejos, la empezó a tratar mal. De fiesta con su alcalde.

4 de febrero de 2026. Dieciséis meses después de abandonarlo todo, El País desvela la denuncia interna de la exconcejal con el siguiente titular: El PP de Madrid presionó a una edil para tapar una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles: “El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia”. Las comillas son de la secretaria de Organización del PP, Ana Millán, la frase que dijo en la primera reunión el 11 de septiembre. El artículo hace un repaso sobre su carrera de obstáculos para obtener el amparo del partido.

5 de febrero de 2026. La oposición en la Asamblea de Madrid exige la dimisión del alcalde de Móstoles y de los cargos del partido que presionaron a la concejal, Millán y Serrano, ambos presentes en el Pleno. PSOE y Más Madrid recuerdan donde puso el listón Ayuso con otras denuncias como las que se presentaron contra Paco Salazar en el PSOE o Íñigo Errejón en Más Madrid. En aquellos casos la presidenta fue implacable. En la sesión de control, donde hasta Vox pregunta por Móstoles, Ayuso se muestra huidiza. Trufa todo su discurso de ataques a la izquierda, como siempre, y al final suelta una frase: “Se trata de un caso fabricado contra el PP”.

El alcalde comparece en Móstoles rodeado de su equipo de gobierno para negarlo todo. Sostiene que es una venganza de su concejal por no haber sido nombrado vicealcaldesa. La acusación tardaría en desmoronarse menos de 24 horas.

En la Puerta del Sol el aparato de propaganda se pone en marcha. Desde el equipo de Ayuso se filtran los correos de las denuncias de acoso que la concejal envió en su día al gabinete de Ayuso. En varios medios aparecen transcritos con la identidad de la concejal. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, responderá después que fue un error y que los correos, datos confidenciales de un cargo del partido que denunció acoso, se filtraron “por transparencia”.

El líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, da por buena la actuación de Ayuso. Y asegura que el PP archivó el caso porque no encontró pruebas tras “escuchar a los afectados”. Y pronuncia otra frase que choca con todo lo que había dicho durante semanas sobre el caso Salazar y que traslada a las víctimas toda la responsabilidad: “Las mujeres tienen todo el derecho, y en mi opinión, también el deber de acudir a la Justicia”.

Esa noche, en el programa Horizonte, de Iker Jiménez, un tertuliano lee en el móvil un mensaje que según dice le envía una persona “muy cercana a la presidenta en la Comunidad de Madrid”. Dice que la concejal ya había denunciado por acoso a un compañero en un instituto. Pone en duda su testimonio. Argumentarios similares tratando de desacreditar a la exedil se remiten desde el entorno de Ayuso a otros medios de comunicación. El Debate lo acabará publicando con la foto de la denunciante.

6 de febrero de 2026. Diferentes medios de comunicación emiten audios que desmontan la versión del alcalde de Móstoles: en uno aparece él reconociéndole a la edil que ella nunca le pidió nada en el Ayuntamiento. En otros sale la voz de Ana Millán amenazando a la concejal con denunciarla por pasar información al PSOE. El abogado confirma que presentará una denuncia por acoso contra el regidor de Móstoles, pero también contra Millán y Serrano, a quienes acusa de presionar para evitar una denuncia.

El portavoz del PSOE, Óscar López, insinúa que su partido también podría denunciar por revelación de secretos: la filtración de los correos de la denunciante. Todos piden la dimisión del alcalde de Móstoles.

Serrano mientras hace ronda por las televisiones e intenta alegar que los audios están recortados y manipulados. Defiende que él no intentó tapar nada. La víspera incluso llegó a decir que que de encontrar alguna prueba él mismo habría acompañado a la concejal al juzgado. El mismo dirigente que el 11 de septiembre avisó a la concejal: “No es cuestión de tapar, es que una denuncia pública o judicial, te afectaría a ti”. Mientras su compañera Ana Millán reconocía que era “un acoso de manual”. En medio del carrusel de entrevistas, Serrano deja una frase que resume su gestión. Responde a un periodista con otra pregunta: “¿Y tú cómo ligas?

El equipo de Ayuso insiste mientras tanto en que no hay acoso sexual y trata de derivar la polémica a un debate semántico. Que un alcalde haya hecho la vida imposible a una concejal tras negarse esta a tener relaciones con él y que la cúpula del partido lo conociese y haya presionado a la edil para que no lo hiciese público no le parece grave. Bautista se presenta como víctima y amenaza también con denunciar a quien le difame.

El Partido Popular nacional reconoce que archivó la denuncia tras escuchar las explicaciones del alcalde. Desde el comité de Derechos y Garantías no se citó a nadie más, no se convocó a testigos. Caso cerrado para el PP. Mientras el abogado de la concejal promete nuevas entregas de audios que demuestran cómo la cúpula del Partido Popular de Madrid, la misma que sigue defendiendo al alcalde de Móstoles, intentó enterrar una denuncia de acoso. Y en Móstoles, que ha vuelto a saltar estos días a los telediarios nacionales, resuenan aquellas palabras de Ayuso en el mitin de 2023 frente a la candidata debutante: “Porque soy mujer, soy víctima. No, gracias”.

La exconcejala del Partido Popular en Móstoles que denunció internamente al alcalde de la localidad por acoso sexual se dirigió varias veces al partido, en persona y por escrito, para exponer su situación. La grabación de una de esas reuniones con Ana Millán, alto cargo del PP en Madrid y una de las más estrechas colaboradoras de Isabel Díaz Ayuso, revela que su respuesta fue cuestionar el supuesto acoso por no haber acudido al Comité de Derechos y Garantías, negarse a reunirse con ella en presencia de su abogado e, incluso, anunciar que estaba siendo investigada bajo la acusación de filtrar información de este caso al PSOE. “El partido tiene una denuncia hacia ti con pruebas de que llevas tiempo pasando información al PSOE de todo este tema”, dijo Millán antes del final de la reunión. Un día después dejó su acta y causó baja en el partido.

El caso fue revelado esta semana en exclusiva por el periódico El País. Una concejala de la localidad madrileña de Móstoles, que con más de 214.000 habitantes es uno de los municipios más poblados del país, denunció que había sido acosada por el alcalde Manuel Bautista. Esta concejala, tal y como informa el rotativo del grupo PRISA, se reunió con altos cargos del partido de Isabel Díaz Ayuso entre marzo y octubre de 2024, entre ellos sus dos colaboradores más estrechos: Alfonso Serrano y Ana Millán.

Una grabación a la que ha tenido acceso elDiario.es dibuja que la última reunión, celebrada en octubre de ese año en la sede central del partido en la calle Génova, terminó de forma tensa. La concejala acudió a reunirse con Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Ayuso, después de haber escrito directamente a la presidenta regional para explicar lo que estaba pasando, enviando hasta seis emails y con dos reuniones previas. Acudió acompañada de su abogado, Antonio Suárez-Valdés, especialista en la jurisdicción militar y en materia de acoso, en su día abogado defensor de la comandante Zaida Cantera.

“No te íbamos a recibir con abogado”, afirmó Millán mientras le reprochaba que se hubiera dirigido a Isabel Díaz Ayuso y no al Comité de Derechos y Garantías. “Una vez más me acabas de confirmar que sigues mezclando la institución”, afirmó al término de la reunión antes de pasar al ataque contra la denunciante. “Te digo, con toda honestidad, este partido sí que tiene una denuncia presentada hacia ti con pruebas de que llevas tiempo pasando información al PSOE de este tema”. 

Millán explica a la entonces todavía concejala en Móstoles que se enfrentará a una investigación interna por esas supuestas filtraciones que ella niega. “Te llamarán de lo que es el procedimiento interno del partido que establecen nuestros estatutos, te llamarán de Derechos y Garantías”. El mismo comité ante el que emplaza a denunciar el supuesto acoso del alcalde. “Que me llamen porque no tengo ningún problema”, contesta la denunciante. El caso no se ha conocido hasta año y medio después y ella no fue llamada finalmente a declarar por esa supuesta filtración.

Las informaciones desveladas por El País revelan que altos cargos del PP de Ayuso llegaron a reconocer que lo que denunciaba era “un caso de acoso de manual” y que llegó a ser estudiado y archivado por el partido a nivel nacional. En esta grabación, Millán cuestiona que exista ese acoso por no haber acudido al Comité y haberse dirigido a ellos: “¿Dónde está el caso de acoso? Si tu tienes pruebas tendrás las herramientas que establecen los estatutos. Desde el primer momento has dicho que no querías denunciar”. La concejala replica: “La que me has dicho que eche un paso atrás…” afirma antes de dar la reunión por terminada. Poco después renunció a su acta. “No voy a permitir ya más victimización, hasta aquí”. 

“No tengo por qué reunirme con nadie con abogado”

La número tres de Ayuso comenzó el encuentro imponiendo “las premisas” bajo las que se iba a producir y cuestionando la presencia de un abogado cuando “no hay constancia de ningún procedimiento judicial”. “Con todos los respetos pero yo no tengo por qué reunirme con nadie con abogado”, le dijo, para a continuación aclarar que solo la atendía “como a cualquier compañero del partido que pide hablar”. Millán insiste en que la denuncia de acoso de la concejal de Móstoles “es un tema estrictamente municipal” del que no tienen “constancia formalmente” pese a las dos reuniones previas y los intercambios de correos en los que hablaba de la “discriminación muy grave” que sufría.

“¿Como organización no tenéis ningún protocolo?”, le pregunta en un momento la denunciante mientras Millán insiste en que la atienden “con todo el cariño del mundo” como atienden “a cualquiera” pero la vía es el Comité de Derechos y Garantías, que no ha activado. “He venido aquí y te he contado unos hechos, como responsable del partido tendrás que trasladarlo donde corresponda”, dice ella, algo que niega Millán, porque el partido “tiene sus procedimientos”. También le reprocha que se haya comunicado por correo con el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid en lugar de dirigirse al partido. 

La concejal escribió posteriormente para denunciar su caso ante este órgano del PP nacional, sin éxito. Desde el equipo de Feijóo confirmaron a elDiario.es que “se abrió un procedimiento de información” pero no han querido responder sobre cómo fue el proceso ni a quién se llamó. El País ha revelado este viernes que el PP archivó el expediente sin citar ni escuchar en persona a la presunta víctima ni a los testigos que ella mencionaba en su escrito.

“Un caso de acoso sexual y laboral se trata a nivel de compañero”

La concejala denunciante de acoso reprocha a Millán que, en un momento dado, pretendiera abordar un “presunto caso de acoso sexual y laboral” a “nivel de compañero” con una conversación con el alcalde sin “activar nada”. “No soy juez ni parte”, contesta Millán. 

Las alusiones al Comité de Derechos y Garantías son constantes por parte de la número 3 de Ayuso. “Si tú tenías algún problema laboral (...) te dijimos que una cosa es el partido como organización política, hemos intentado darte el amparo que nos pedías porque no querías que se te quitaran competencias”. Presume en ese momento Millán de haber obligado al alcalde de Móstoles a mantener a la denunciante en sus funciones incluso después de la denuncia. “Fíjate si hemos intentado que se te mantuviera como creo que te mereces y sigues con las mismas competencias”.

El alcalde de Móstoles se defendió ayer de las acusaciones de acoso afirmando que la polémica respondía a un enfrentamiento profesional con la denunciante, que quería ser teniente de alcalde y no se le concedió. Unos audios desvelados este viernes por El País apuntan en dirección contraria: “Efectivamente tú no me has pedido nada... ni ser teniente de alcalde ni nada”.

Los correos electrónicos de la edil de Móstoles que denunció a través de canales internos el acoso del alcalde, Manuel Bautista, primero sexual y después laboral, cuando ella se negó a tener una relación extraprofesional con el político, desmontan las explicaciones de la dirección del PP madrileño, que ha defendido en las últimas horas que la edil en ningún momento habló de acoso sexual. El número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, ha llegado a decir en una entrevista en el programa En Boca de Todos de Cuatro que él mismo “hubiera acompañado a su compañera de partido al juzgado”, de existir pruebas.

La tesis de que no hubo acoso sexual también la ha defendido la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la primera persona a la que la edil de Móstoles pidió ayuda a través de una carta, y que ha calificado todo como un “caso fabricado contra el PP”. El portavoz parlamentario en la Asamblea Regional, Carlos Díaz Pache, ha llegado a decir que en el momento en que se produjeron los hechos ni Ayuso era presidenta, ni Bautista candidato del PP. elDiario.es ha intentado sin éxito que el PP nacional responda a preguntas sobre este caso.

Todas esas informaciones difundidas por el PP son falsas, a tenor de los correos de la denunciante que el Gobierno de Ayuso ha filtrado esta tarde a distintos medios de comunicación y que ha adelantado El Debate. En varios de los emails, la denunciante —que ha pedido proteger su identidad— y su abogado solicitan medidas de protección contra un caso de acoso sexual. Lo dice explícitamente el letrado de la denunciante en el escrito remitido al gabinete de Ayuso el 24 de septiembre de 2024, ocho meses después de lanzar la primera llamada de auxilio (el 26 de febrero del mismo año). La misiva arranca así: “Buenos días, me pongo en contacto con ustedes como letrado defensor de [...] para tratar la situación de presunto acoso sexual y/o profesional padecida por la misma en Móstoles. Son muchas las veces que se ha puesto en contacto con ustedes pidiendo amparo debido a la situación que está sufriendo y de la que ustedes son sobradamente conocedores, que nos conste acción correctora”.

En esa carta, el abogado de la concejal pregunta por qué tras dos reuniones con miembros de la dirección del PP madrileño en las que participaron el secretario general, Alfonso Serrano, y la secretaria de Organización, Ana Millán, “no se han abierto los protocolos internos del Partido Popular respecto del comité de garantías, por qué no se han tomado medidas preventivas hacia la víctima ante esta situación, por qué no se ha abierto el protocolo de acoso que rige en la Comunidad de Madrid” y “por qué Ana Millán, conocedora y responsable de gstionar esta situación, no ha tomado ninguna medida preventiva y no ha gestionado ningún tipo de protocolo”. En la parte final de la carta el letrado de la concejal que escribe al gabinete de Ayuso cita el código ético del Partido Popular, que se compromete a no tolerar “ningún tipo de violencia, acoso, abuso o cualquier otra conducta tendente a lesionar los derechos personales de sus miembros o de terceros”.

En la despedida del correo, se aclara que la intención de la edil es intentar evitar un desagradable procedimiento penal y causar el menor daño al partido.

Se trata del noveno email que la concejal remitió al equipo de Ayuso entre febrero y septiembre de 2024. El noveno se produjo el 12 de octubre de ese mismo año. Y en él, la concejal detalla que tras tres reuniones en la sede del PP con los más altos cargos del partido de Ayuso, y seis escritos pidiendo apoyo, “no se ha activado ningún protocolo”. En el repaso que hace de sus llamadas de socorro, la concejal recuerda lo que le dijo en un encuentro celebrado en Génova 13 el número dos de Ayuso, Alfonso Serrano: “Aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel [...] hay un conflicto entre lo personal y el profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?”.

En otro tramo de la conversación, la edil cuenta que el propio Serrano le dijo: “No es cuetión de tapar, es que una denuncia pública o judicial te afectaría a ti”.

En esas frases que constan en el noveno correo electrónico remitido al gabinete de Ayuso y que, según la ya exconcejal del PP, Serrano afirmó en esa reunión queda patente que no se trataba solo de una cuestión laboral, tal y como ha intentado hacer ver el entorno de la presidenta de Madrid en las últimas horas, sino que ya evidencia el interés sexual del regidor. En el mismo correo figura otra frase pronunciada que la denunciante atribuye a Ana Millán, donde la número 3 del PP, le admite: “Esto es un acoso de manual”. Y a continuación le advierte: “Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada”.

Frente a estos entrecomillados, la mano derecha de Ayuso, Alfonso Alonso, ha llegado a decir en el programa En Boca de Todos, que emite Cuatro, que la edil no presentó ninguna prueba. “De ser así, yo mismo la hubiera acompañado al juzgado”, dijo Serrano en el programa de Mediaset, en una interevención que partido ha tuiteado.

Según figura en los correos electrónicos, lejos de ofrecerle ayuda para denunciar, la dirección del PP pidió a su edil que no hiciese nada, supuestamente para protegerse a sí misma y a su familia.

En varios de los correos, la denunciante alude a comportamientos del regidor que contó ya durante la primera reunión del 11 de septiembre a los emisarios de Ayuso. En el primer mail, antes de esa cita con los altos cargos del PP madrileño, la edil alude a “la situación laboral” por la que está pasando. Y en los siguiente repite varias veces expresiones como “la situación muy grave por la que estoy pasando en Móstoles”, “la situación que estoy sufriendo”, y otras similares.

El Partido Popular decidió cerrar el expediente alegando que la edil no presentó pruebas después de que ella renunciase a todos sus cargos y pidiese la baja como militante, en octubre de 2024. El alcalde, entretanto, se niega a dimitir, dado que su partido cerró el caso sin ver irregularides y en una comparecencia junto a su actual equipo de gobierno acusó este jueves a su exconcejala de que su exconcejala respondió así porque pretendía un puesto más alto en el Gobierno municipal.

El equipo de Ayuso ha ido más lejos y ha concluido que se ha “fabricado un caso contra el Partido Popular”. Mientras los grupos de la oposición han exigido la dimisión del alcalde de Móstoles y también las de los altos cargos que presionaron a la exconcejala del PP para que no denunciase a su regidor.

Fuentes conocedoras de la denuncia interna presentada por la edil aseguran a elDiario.es que dispone de material probatorio para sustentar sus acusaciones y desmentir las afirmaciones del PP y del regidor de Móstoles.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, evitó recibir a la concejal de Móstoles que se dirigió a ella para informarle del acoso sexual y laboral que estaba sufriendo por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, pero seis días después de recibir el primer escrito sí citó en su despacho de la Puerta del Sol al regidor.

Según la cronología que hace El País, el diario que ha destapado este caso, la primera carta que la mujer dirige al gabinete de la presidenta de Madrid se fecha el 26 de febrero de 2024. La entonces edil de Móstoles, según el citado diario, escribe a Ayuso: “Desde mayo de 2023 llevo sufriendo una discriminación muy grave que no ha cesado y se está incrementando. Me gustaría poder mantener una reunión contigo para que conozcas la situación y puedas mediar para que no tengan que intervenir otros organismos”.

Al día siguiente, el 27 de febrero de 2024, el gabinete de la presidenta madrileña hace acuse de recibo: responde que Ayuso no la podrá recibir pero fija como interlocutor a su mano derecha, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid. Días después la concejala es citada para el 11 de marzo a una reunión en el edificio de Génova 13, la sede del Partido Popular. Allí es recibida por la secretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, y después se incorpora al encuentro el propio Alfonso Serrano. Es en esa reunión cuando ambos le hacen ver a la edil de Móstoles que no debe denunciar en los tribunales. Se le recomienda callar y no hacer ruido, supuestamente porque le puede pasar factura a ella y a su familia. En esa cita Millán, tras admitir que estaban ante “un caso de acoso de manual”, pronuncia frases como estas: “El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dijo Ana Millán. “Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada”.

En ese encuentro, celebrado en la sede del PP, Serrano intervino en la misma dirección. “No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer una solución”, la avisó en ese mismo encuentro el secretario general del PP, quien preguntó a la mujer qué podía hacer el partido, dejando claro que la denuncia no era una opción.

Entre el 27 de febrero de 2024, que la edil pide ayuda por escrito a su presidenca, y el 11 de marzo del mismo año, en que sus personas de máxima confianza en el partido, Serrano y Millán, reciben a la concejala en Génova 13, es Ayuso quien cita al alcalde de Móstoles en su despacho en la Puerta del Sol.

La reunión se produce el 4 de marzo de 2024 en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, solo cinco días después de que la presidenta de Madrid hubiese recibido la llamada de auxilio de su concejal. Oficialmente, la Comunidad de Madrid informó a los medios de que la cita estaba enmarcada “en la habitual ronda de contactos que la jefa del Ejecutivo autonómico mantiene con los regidores de los municipios madrileños”. Así lo recogieron agencias como Servimedia y Europa Press. No hubo rueda de prensa posterior. Toda la información que se facilitó a la prensa fue que “Ayuso y Bautista abordaron los proyectos comunes de ambas administraciones, desde una perspectiva de colaboración institucional en beneficio de la prestación de unos servicios públicos de calidad que demandan los ciudadanos”.

Sin ayuda para la concejala, apoyo al alcalde

Oficialmente, eso fue todo. En los 9 meses, entre marzo de 2024 y diciembre de ese mismo año, en que la concejal trató de recibir ayuda de su partido, al que envió seis escritos, incluido uno de 20 folios relatando su calvario al comité de Garantías del PP nacional, la presidenta nunca recibió a la concejala que denunció el acoso sexual y laboral.

Las dos reuniones que mantuvo la denunciante con su equipo de confianza solo le sirvieron, según relata El País, para disuadirla y que no denunciase ni hiciese público el comportamiento del alcalde de Móstoles. Finalmente, en octubre, la edil renunció a su acta de concejal y solicitó la baja como militante en el partido.

Según las fechas que cita El País y que se basan en la denuncia interna, entre noviembre y diciembre de 2024, la edil presenta un escrito de 20 folios ante el comité de garantías del PP nacional donde relata un calvario de un año en el que sufrió acoso sexual y laboral por parte del regidor.

El trato dispensado por la dirección del PP a la concejal, ignorando sus denuncias y negándose a prestarle ayuda, según su propio relato, contrasta con el que dispensó al alcalde de Móstoles, que mantuvo la plena confianza de la dirección para seguir al frente del Ayuntamiento y también de la agrupación de Móstoles.

En la mismas fechas en las que la edil presentaba su escrito ante el comité de garantías, Ayuso acudía a inaugurar, el 2 de dicembre de 2024, la sede del PP local y se fotografiaba, entre risas con el regidor y con el propio Alfonso Serrano, que conoció de primera mano las denuncias de acoso. El acto quedó inmortalizado porque lo publicitó en su propias redes sociales. Allí ambos descubrieron la bandera de España que tapaba la placa con la fecha de la apertura de la sede.

El periódico local Móstoles Diario tiene varios vídeos publicados donde se ve a Ayuso a Serrano y a Bautista entre risas, junto al grupo municipal, en el que ya no estaba la edil que denunció el acoso. El propio Alfonso Serrano, que fue uno de los interlocutores de la dirección de Ayuso con la concejala, compartió otro vídeo con momentos de la inauguración junto al alcalde.

Este jueves, después de que la oposición le haya pedido explicaciones en la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso trató de desacreditar el testimonio de la exconcejal de su partido y culpó a la oposición de “fabricar un caso contra el PP”. Y en la misma línea se manifestó su número dos, Alfonso Serrano, una de las personas a las que la edil contó de primera mano su calvario en el Ayuntamiento.

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El relato es calcado al de Nevenka Fernández en Ponferrada. Una mujer joven y cualificada de una familia conservadora que vio en el PP, el partido con el que simpatizaban sus padres, el camino para implicarse en política y mejorar la vida de sus vecinos de Móstoles. Empezó muy joven a acudir por la sede y en vísperas de las últimas municipales, el candidato, Manuel Bautista la reclutó para las listas electorales. La convenció alabando su tenacidad, su capacidad para gestionar equipos y la forma que tenía de trabajar.

De aquellos comicios, en mayo de 2023, Bautista salió alcalde. Ella, mucho más joven que él, tomó posesión del acta de concejala y fue presentada como el fichaje estrella del nuevo gobierno. El alcalde empezó a pedirle que lo acompañase a todo tipo de actos y reuniones. Y ahí, el mismo mes de los comicios, empezaron las insinuaciónes del regidor, las alusiones al físico de la edil, las invitaciones para quedar fuera del marco de trabajo, las conversaciones de índole sexual. Y también las negativas de ella a mantener cualquier relación ajena a la política o el trabajo del ayuntamiento.

Según la documentación aportada en la denuncia interna presentada ante el PP que ha adelantado este miércoles El País, el alcalde hizo correr el rumor en el Ayuntamiento de que tenían una relación con la nueva concejala. Cuando ella se enteró, quiso zanjarlo todo hablando directamente con su jefe. Le insistió, como había hecho otras veces, en que su relación era profesional y política, que nunca habría vínculos sentimentales ni de ningún otro tipo. Según relata la mujer en la documentación aportada al partido, entonces arrancó otro tipo de acoso, el laboral: desplantes, faltas de respeto, desconsideraciones. El regidor le hizo el vacío. No le dejaba intervernir en los plenos municipales. Su trabajo dejó de contar.

Fue entonces cuando decidió pedir auxilio a la dirección regional de su partido. Escribió a Isabel Díaz Ayuso una primera carta el 26 de febrero de 2024. Y en los meses siguientes buscó la ayuda del PP madrileño hasta en seis ocasiones: tres cartas, dos reuniones y una cita que no se llegó a producir. Nadie hizo nada. Le pidieron silencio. No solo eso, según el escrito que cita El País, personas de la máxima confianza de Ayuso, como su número dos en el PP regional, Alfonso Serrano, y la secretaria de Organización, Ana Millán, la presionaron varias veces para que no denunciase.

El País ha reunido a varios testigos que corroboran la versión de la denunciante. Cita a trabajadores municipales que dicen haber visto los desplantes y el cambio de actitud del alcalde con la que había sido su fichaje estrella en el Gobierno municipal. Esas voces, que según el periódico piden mantener su anonimato, igual que la denunciante, aseguran que todo era vox populi en el ayuntamiento. Según la información, el alcalde no ha querido hacer comentarios y se escuda en el comité de garantías. El comité de garantías del PP nacional cerró el caso sin entrevistar a los testigos que proponía la denunciante.

Pero antes de acudir al PP nacional, la concejala trató durante varios meses que le ayudase la presidenta del partido en Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le escribió al menos dos cartas relatándole el infierno que le había hecho sufrir el alcalde. Ayuso nunca la recibió y tampoco contestó a sus escritos. Sí lo hicieron dos de las personas de su máxima confianza: el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, también vicepresidenta de la Asamblea regional.

Según el relato que hace la denunciante de las reuniones, ambos dirigentes le recomendaron callar y trataron de disuadirla, de que bajo ningún concepto acudiese a los tribunales.

“El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dijo Ana Millán. “Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada”, añadió la número tres del PP en Madrid en una cita que mantuvieron el 11 de marzo de 2024, apenas 15 días después de que la denunciante escribiese a Ayuso.

Según las citas que se recogen de ese encuentro, Millán admitió que se trataba de un caso de “acoso de manual”, pero desaconsejó varias veces que se presentase una denuncia y le pidió: “Quítatelo de la cabeza”. La secretaria de Organización, actualmente imputada en un caso de corrupción, invocó el daño que podrían sufrir sus padres, y su familia.

Cuando se incorporó a la cita, Alfonso Serrano aseguró a la edil que estaban ahí para ayudarla pero también le desaconsejó la denuncia: Una denuncia pública o judicial te afectaría a ti, le dijo el número dos de Ayuso, según figura en la documentación presentada. “No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer una solución”, advirtió en ese encuentro el secretario general del PP, quien preguntó a la mujer qué podía hacer el partido, dejando claro que la denuncia no era una opción.

Nadie decidió nada. El secretario general del PP de Madrid y la responsable de Organización se comprometieron a volver a sentarse con ella, pero pasaban los días y no lo hicieron. El 22 de marzo, once días después de esa cita, la mujer volvió a dirigirse al gabinete de Ayuso solicitando la apertura de un protocolo de acoso. Tres semanas más tarde, el 16 de abril Ana Millán volvió a sentarse con ella e insistió en que no debía denunciar. “La denuncia judicial que luego se haría pública no te beneficiaría, yo no sé que entiendes tú por amparo, nuestro amparo fue decirte, vete a casa, habla con tu marido”.

Millán, una de las personas más cercanas a Ayuso en el PP de Madrid, le dijo que no podría seguir trabajando en el Ayuntamiento de Móstoles tras denunciar, subrayó que muchas mujeres han “aguantado muchas cosas en política” y que tal vez le convendría “dar un paso atrás”.

Otra dirigente del PP madrileño, Lucía Paniagua, presente en este segundo encuentro llegó a aconsejarle buscar “un acuerdo amistoso” con el alcalde. Y ambas le dijeron que no podían abrir el protocolo de acoso porque no se trataba de una empleada del PP, sino que se circunscribía al ámbito del Ayuntamiento, pese a ser tanto la denunciante como el denunciado militantes del Partido Popular y compartir candidatura en la lista de Móstoles.

El 17 de junio de ese mismo año, 2024, escribió de nuevo al gabinete de Ayuso, tras haber pasado dos meses sin recibir noticias del partido. La citaron en julio, con solo un día de antelación, y la mujer no pudo acudir. Dejó pasar el verano, y el 23 de septiembre ya escribió su abogado para interesarse por las medidas de protección que el partido había implementado. En octubre de 2024, volvieron a citarla y al acudir con sus abogados, ya no la recibieron.

Decidió dimitir de sus cargos y solicitar la baja en el PP. El 10 de octubre el comite de afiliación del PP confirmó la baja y, pese a que en la petición constaban los motivos, descartó adoptar alguna medida. Alegó que no podía considerar su escrito una denuncia y subrayó que además los hechos se habían producido en la corporación municipal y no en el Partido Popular.

Ya sin el acta de concejal, la mujer denunció en el juzgado una intromisión en el correo electrónico desde el que había enviado las solicitudes de amparo al gabinete de Díaz Ayuso.

Entre noviembre y diciembre de 2024, la exconcejala y su abogado presentaron un escrito de 20 páginas ante el Comité de Garantías del PP nacional. Adjuntaba documentación y citaba a testigos a los que se podía preguntar por la situación que vivió en el Ayuntamiento, y que define como más de un año de acoso sexual y laboral. Según El País, el comité de garantías del PP no interrogó a nadie. Y un portavoz autorizado confirmó que el caso se había cerrado porque no había “elementos probatorios”. Este jueves Serrano ha dicho que “carecía de sustento” y la presidente de la Comunidad de Madrid lo ha calificado de “caso fabricado contra el Partido Popular”.

La concejala está ya fuera de la política. Manuel Bautista sigue como alcalde y presidente del PP de Móstoles.

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La vicesecretaria de Organización del Partido Popular de Madrid y exalcaldesa de Arroyomolinos Ana Millán ha informado de que va a abandonar la Presidencia del PP en esta localidad y va a pasar a asumir la gestora del partido en Fuenlabrada. “Es el momento adecuado para hacerlo”, ha expresado.

En una carta dirigida a la militancia y publicada en redes sociales, la 'número tres' de Isabel Díaz Ayuso imputada por corrupción ha informado de que la presidenta de la Comunidad le ha confiado “la responsabilidad de asumir la gestora del Partido Popular en Fuenlabrada”.

“Acepto este nuevo reto con enorme ilusión y con el compromiso que requiere trabajar por una de las grandes ciudades de nuestra región, históricamente gobernada por la izquierda, y contribuir a configurar un equipo que haga realidad el cambio que tanto necesita esta ciudad”, ha trasladado. Aunque estatutariamente ha indicado que esta nueva tarea no le obliga a dejar de ser presidenta del PP en Arroyomolinos, ha defendido que no es “amante de acumular cargos porque sí”.

“Siendo coherente con la posición que siempre he mantenido y con la premisa que siempre aplico en mi vida de 'quien mucho abarca, poco aprieta', considero que lo más leal es dar un paso a un lado”, ha informado Millán. “Quiero dejar claro que es solo una despedida como presidenta del Partido Popular de Arroyomolinos, pero no como afiliada”, ha dado a conocer, a lo que ha agregado que continuará siendo “una más de esta gran familia”.

Millán considera que el nuevo líder del partido en Arroyomolinos desempeñará sus funciones “con plena dedicación” al municipio y añade que es necesario “acabar con bicefalias” para que Ayuntamiento y partido “tengan una sola dirección”.

Imputada por corrupción

El Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero imputó hace tres años a Ana Millán ante los indicios de que contrató, como concejala de Juventud de Arroyomolinos, a un empresario a cambio de prebendas para ella y empleos para su marido y su hermana. La imputación de Millán no frenó su ascenso en el PP de Madrid e Isabel Díaz Ayuso la nombró número 3 del partido y la incluyó en un puesto destacado en las elecciones de 2023. 

La obtención de un escaño en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, motivó la inhibición de la magistrada de Navalcarnero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el Millán que pasó a estar aforada. A petición de la Fiscalía, el TSJM devolvió en diciembre pasado la causa al juzgado local porque la magistrada no había dictado una exposición razonada con los indicios contra Millán y porque aún quedaban diligencias por practicar.

Las dos principales diligencias son la declaración del marido de Millán y de la concejala que la sustituyó en el cargo y que dejó de contratar con las empresas de Francisco Roselló, también investigado en la causa. El empresario contrató al esposo de la antigua alcaldesa de Arroyomolinos para un puesto de bedel en un colegio. En su declaración como imputada, Millán afirmó que el dinero en efectivo que ingresó durante años en sus cuentas, algo más de 40.000 euros, procedía del trabajo de su pareja en la hostelería y el ocio nocturno. Roselló también dio empleo a la hermana de Millán, trabajadora social.

Toma el relevo de Noelia Núñez

Millán recoge el testigo de Noelia Núñez, que el pasado mes de julio dimitió de todos sus cargos “orgánicos” e “institucionales” menos de 24 horas después de admitir que había falseado su currículum.

Núñez, a su vez, fue la elegida por el Comité Ejecutivo Regional para asumir la presidencia de la gestora del PP en Fuenlabrada tras la renuncia de Sergio López.

En la actualidad, el municipio madrileño está gobernado por el socialista Francisco Javier Ayala, que cuenta con otros 15 concejales del PSOE. El PP es el principal partido de la oposición, con siete —de los 27 totales—.

Y Madrid creció por el suroeste. En 20 años, la población de Arroyomolinos se multiplicó por siete. Entre principios de la década y 2021, los unifamiliares se alinearon en una ciudad dormitorio donde antes había solo un pueblo. Ubicado entre dos autovías, el enclave se convirtió en una solución para muchas jóvenes familias que no podían acceder a un adosado más cerca de la capital. Suelo disponible, un rápido crecimiento. Oportunidades de negocio. Para colocar un marco político al fenómeno ya estaría el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Arroyomolinos tiene en la actualidad 34.000 habitantes y suma, desde julio, su segundo alcalde consecutivo camino del banquillo por corrupción. 

Una jueza de Navalcarnero procesó el pasado 15 de julio a Luis Quiroga, regidor de Arroyomolinos desde junio de 2023. La magistrada dictó el final de la investigación y propuso juzgar a Quiroga, quien había accedido al cargo después de que Ana Millán, su antecesora, decidiera por fin dedicarse en cuerpo y alma a la política autonómica, como vicesecretaria de Organización del PP madrileño y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. A esos cargos llegó Millán de la mano de su amiga Isabel Díaz Ayuso, quien ha apostado decididamente por ella pese a la imputación por cuatro delitos de corrupción.

Ambos casos, el de Quiroga y el de Ana Millán, reservan un espacio privilegiado al tema de la vivienda. La investigación a la actual 'número tres' de Ayuso del partido arrancó con el hallazgo de unos correos electrónicos en 2015, cuando Ciudadanos descabalgó del poder al PP. En tres bolsas de basura de las que pretendía deshacerse el equipo saliente había una copia de un correo en el que Ana Millán reclamaba unos pagos pendientes a un tal “Paco”. Resultó ser Francisco Roselló, empresario que había recibido de la Concejalía de esta un total de 660.915,21 euros en contratos. Con el tiempo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil establecería que Roselló pagaba casi el doble del precio de mercado por el alquiler de un ático propiedad de Millán en el centro de Arroyomolinos. 

Los guardias civiles, primero, la Fiscalía después, y finalmente los jueces que ha tenido el caso sospechan de que se trataba del método para blanquear una mordida a cambio de las adjudicaciones de la Concejalía de Juventud. Después descubrieron que Roselló había contratado al marido y a la hermana de la alcaldesa. Una jueza de Navalcarnero considera que reúne indicios contra Millán de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración. 

Ana Millán fue imputada en 2022, pero eso no fue obstáculo para su ascenso en el PP de Madrid. Isabel Díaz Ayuso la convirtió en vicesecretaria de Organización Territorial con funciones tales como entrevistar antes de las elecciones a todos los candidatos del PP en las diferentes localidades madrileñas para cerciorarse de que no tendría problemas con la justicia. Millán también ocupó un puesto alto en las listas, lo que le garantizaba convertirse en diputada autonómica. 

Millán está pendiente de que la última jueza en llegar al Juzgado de Instrucción de Navalcarnero practique las diligencias pendientes, entre ellas la declaración como testigo del marido de la dirigente del PP, y eleve, si sigue el criterio de su antecesora, una exposición razonada pidiendo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue a Millán, dada su condición de aforada. 

La magistrada Sandra García González acaba de solicitar una prórroga para el caso en la que se queja de la carga de trabajo del juzgado de Navalcarnero, al entender este de asuntos civiles y penales. Millán no quiere esperar tanto y acaba de solicitar que se archive la causa contra ella incluso antes de que declare su esposo. 

El sucesor, camino del banquillo

Ana Millán dejó a uno de sus máximos colaboradores, Luis Quiroga, al frente del Ayuntamiento de Arroyomolinos. Quiroga había ido de número dos en su lista y realizado destacados cometidos en el pasado. Entre ellos presidir la Empresa Municipal de Gestión de Servicios de Arroyomolinos (Emugesa), encargada de la política del suelo y la vivienda del municipio que ha multiplicado por siete sus habitantes en lo que va de siglo. 

La jueza María Leticia García Clérigo cree que hay indicios suficientes de que Luis Quiroga modificó el acta de una sesión de la empresa pública, celebrada el 26 de septiembre de 2019, para que constara que se había cesado al entonces secretario del Consejo, I. D.L.R, y nombrado a María Isabel Santamaría Alonso, a la que también se le habría sumado el cargo de adjunta a la Presidencia. En su auto, la jueza señala la posible comisión de los delitos de falsedad en documento mercantil y prevaricación en concurso medial con un delito de malversación.

En realidad, nada de eso ocurrió en la Junta, tal y como demuestran las grabaciones realizadas por I. D. L. R, el secretario saliente y denunciante de los hechos. La magistrada considera que concurren en el alcalde de Arroyomolinos y en María Isabel Santamaría Alonso, nombrada secretaria del Consejo de Administración de la empresa pública, indicios de los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación. 

La magistrada llegó a esta conclusión después de que la Guardia Civil validara la grabación de la reunión realizada por el demandante, de que prestaran declaración en el juzgado varios testigos y se recabara distinta documentación de Emugesa, como los pagos a la imputada como adjunta a la presidencia en un cargo que nunca se propuso ni aprobó en el consejo de administración. 

La noticia del auto de fin de la instrucción y pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para este tipo de delitos, motivó la reacción de Quiroga, que decidió utilizar la página web del Ayuntamiento para publicar un comunicado y corregir los titulares de prensa: “El alcalde de Arroyomolinos no tiene constancia de que el Juzgado haya dictado auto de procesamiento. Únicamente existe un auto, trasladado a las partes el pasado 23 de julio, en el que se acuerda la continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado”.

En ese comunicado, Quiroga asegura que la denuncia que dio origen al caso “responde únicamente al deseo de venganza personal y política” contra él del trabajador despedido en 2020. Pese a los avances en la investigación judicial, que le sitúan a un paso del banquillo, el alcalde de Arroyomolinos se refiere a “un asunto exclusivamente administrativo” y traslada que su defensa ha solicitado el actúa como acusación particular y ha presentado un escrito de conclusiones provisionales en el que solicita 7 años de cárcel para el actual regidor de Arroyomolinos por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Falta por conocer el escrito de acusación de la Fiscalía. 

La vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, ha solicitado a la jueza que la investiga por cuatro delitos de corrupción que archive la causa antes de realizar las diligencias pendientes, entre ellas la declaración como testigo de su marido. En un extenso escrito, la defensa de Millán impugna los cinco años de instrucción y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por estar, dice, repletos de “suposiciones”.

“El presente procedimiento está suponiendo un auténtico linchamiento mediático para mi representada, la cual lleva años viendo como, con fines puramente políticos y demagógicos, se la ha condenado públicamente por unos delitos inexistentes, afectando con ello a su honorabilidad y la de su familia”, recoge el escrito de la defensa de Millán, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero imputó hace tres años a Ana Millán ante los indicios de que contrató, como concejala de Juventud de Arroyomolinos, a un empresario a cambio de prebendas para ella y empleos para su marido y su hermana. La imputación de Millán no frenó su ascenso en el PP de Madrid e Isabel Díaz Ayuso la nombró número 3 del partido y la incluyó en un puesto destacado en las elecciones de 2023. 

La obtención de un escaño en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, motivó la inhibición de la magistrada de Navalcarnero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el Millán que pasó a estar aforada. A petición de la Fiscalía, el TSJM devolvió en diciembre pasado la causa al juzgado local porque la magistrada no había dictado una exposición razonada con los indicios contra Millán y porque aún quedaban diligencias por practicar. 

Las dos principales diligencias son la declaración del marido de Millán y de la concejala que la sustituyó en el cargo y que dejó de contratar con las empresas de Francisco Roselló, también investigado en la causa. El empresario contrató al esposo de la antigua alcaldesa de Arroyomolinos para un puesto de bedel en un colegio. En su declaración como imputada, Millán afirmó que el dinero en efectivo que ingresó durante años en sus cuentas, algo más de 40.000 euros, procedía del trabajo de su pareja en la hostelería y el ocio nocturno. Roselló también dio empleo a la hermana de Millán, trabajadora social. 

En su auto de inhibición, la jueza Lidia Prado Zurdo apreciaba indicios de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y fraude a la Administración. El pasado mes de septiembre, la sutituta de Prado acordó una prórroga de seis meses en el procedimiento debido a la carga de trabajo que sufre su juzgado. La defensa de Millán también ha impugnado esa prórroga. 

El primer indicio que investigó la Guardia Civil fue el alquiler de un ático en el centro de Arroyomolinos propiedad de Millán. El arrendatario fue una empresa de Roselló, que alejó allí a uno de sus empleados. Según la UCO, la renta estaba casi al doble del precio de mercado, lo que apuntaba a que el empresario devolvía así el favor de que la entonces concejala acordara contratos con una de sus sociedades. Millán y Roselló defendieron en el juzgado que el alquiler era caro porque incluía un derecho a compra que nunca se llegó a ejercer. 

Entre 2008 y 2016, las sociedades de Francisco Roselló ingresaron un total de 214.638,45 euros a Millán, su hermana y su marido, si se suman los ingresos por el ático y los montos de los contratos a los familiares de la ex alcaldesa. En el mismo, Roselló obtuvo más de 600.000 euros de contratos públicos procedentes de la Concejalía que dirigía la imputada. En el escrito que ha presentado la defensas alega que la hermana de Millán “se presentaba a todos los procesos de selección de la zona”, que no fue seleccionada pero que “la llamaron para trabajar en otra parte de esa empresa”. 

Respecto a los 42.650 euros ingresados en metálico entre 2008 y 2017, Ana Millán dijo en el juzgado que le gustaba tener ese dinero en casa. El abogado de Millán reprocha a la Guardia Civil que incluya este hecho como un indicio cuando no hay ninguna alusión a que procedan de una “actividad ilícita”. “Si hubiera tenido un ánimo defraudatorio en la actuación de mi patrocinada no habría realizado ingreso alguno, sino que lo habría guardado en casa o lo haría gestionado a través de terceras personas o sociedades”, añade el escrito. 

“Estamos en el terreno de la presunción (siempre en contra de la investigada) para sostener abierta una instrucción que consideramos que debería de estar conclusa por falta de indicios de cualquier tipo de actividad delictiva imputable a mi mandante”, escribe el letrado.

La defensa de Millán habla de “revanchismo político” y recurre a que la denuncia no se puso hasta 2015, pese a que circunscribe los hechos investigados al periodo entre 2005 y 2011. Obvia que el origen de la denuncia es el cambio de gobierno municipal tras las elecciones de 2015 y el hallazgo entonces de unos correos electrónicos entre Millán y Roselló referentes al alquiler del ático por parte de la corporación entrante.

También critica que no se incoaran diligencias hasta 2020. La denuncia de Ciudadanos aludía a una presunta relación de Millán con un empresario de la trama Púnica, además de con Roselló. La compleja instrucción del caso de corrupción a nivel regional motivó que el juez Manuel García Castellón no resolviera sobre esos indicios hasta cuatro años después de presentados. Entonces, a instancias de la Fiscalía, acordó que una parte estaban prescritos, pero que había motivo para investigar otros en un juzgado local. 

El abogado de Millán asegura que solo siete de los nueve contratos investigados corresponden a su etapa como concejala y que las sociedades adjudicatarias ya trabajaban anteriormente con el Consistorio de Arroyomolinos. La defensa analiza uno a uno los contratos y concluye que no hay un solo indicio de una intervención de Millán de acuerdo a beneficiar al empresario imputado. 

La defensa pide que se anulen las declaraciones en sede policial que tomó la UCO “cuya autorización judicial no consta en ninguna parte”. La propia Millán fue citada en dependencias de la Guardia Civil, acudió pero se negó a declarar. Luego lo hizo en el juzgado. 

La jueza que instruye el caso de corrupción contra la número 3 de Ayuso en el PP madrileño, Ana Millán, ha dictado un auto acordando una prórroga de seis meses más en la instrucción. La magistrada alega la carga de trabajo que tiene el Juzgado de Instrucción y de Primera Instancia número 6 de Valdemoro (Madrid) al entender de casos de civil y penal. “Habida cuenta de la gran pendencia de asuntos civiles y penales existente en el mismo, es razonable pensar que aquellas diligencias no puedan practicarse en el plazo ordinario de un año, por lo que es necesario aplicar el plazo de instrucción”, añade.

La magistrada Lidia Pardo escribe en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, asegura que “es probable la necesidad de practicar nuevas diligencias” consecuencia de las que ya están acordadas y aún no han tenido lugar, como es el caso de la declaración como testigo del marido de Ana Millán, por el dinero en efectivo que manejaba la pareja y que Millán atribuyó a los negocios nocturnos y de hostelería de él.

La jueza Pardo dedujo testimonio contra Millán por cuatro delitos de corrupción al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una vez la antigua alcaldesa de Arroyomolinos se convirtió en aforada. Ayuso situó a Millán en un puesto destacado de su lista a las autonómicas de 2023 pese a que ya llevaba más de un año investigada por corrupción.

El TSJ devolvió la causa a la jueza porque entendió que aún quedaban diligencias por practicar y porque resolvió que la deducción de testimonio no era el procedimiento correcto. Una vez concluya la instrucción, la jueza deberá elevar una exposición razonada recogiendo todos los indicios de delito contra la número 3 del PP de Madrid.

Millán está investigada por haber recibido prebendas, ella y su familia, de un empresario que recibía adjudicaciones de la Concejalía que en ese momento encabeza la actual visecretaria de Organización Territorial del PP. La jueza, de acuerdo con la Fiscalía y los informes de la UCO, atribuía presuntamente a Millán prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la Administración.

El PP insiste en que no hay “nada nuevo bajo el sol”

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha sostenido este lunes que no hay “nada nuevo bajo el sol” en la causa y ha insistido en que “no hay absolutamente nada”.

Lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea después de que el pasado viernes la juez que instruye el caso ampliase la investigación seis meses más para dilucidar la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares en la época en la que era concejal en Arroyomolinos.

“La juez que está investigando no ha encontrado nada. Cuando elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia se la tuvo que devolver para decirle todo lo que describe aquí: no hay nada que sea delictivo y por lo tanto, o usted me presenta otra cosa o cierre usted esta causa. La jueza ha decidido, en lugar de cerrar la causa, seguir investigando, pues que siga investigando”, ha indicado Díaz-Pache al tiempo que ha afirmado confiar en la Justicia.

“Tienen que difamar porque tienen que tapar la montaña de corrupción”. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acudió a la sesión de control del pasado jueves en la Asamblea de Madrid dispuesta a contestar a todos los ataques que recibe de la oposición echando mano del caso Koldo y de la implicación de Santos Cerdán. Y no solo arremetió contra el PSOE, también contra Más Madrid: “Son peores por amparar la corrupción del Estado”.

Ayuso lleva meses en los que solo puede salir a la defensiva en los plenos semanales. La oposición le echa en cara las informaciones que afectan a su pareja y al grupo Quirón, y hasta ahora su respuesta no pasaba de aludir a una persecución contra ella y encapsular el presunto fraude en los negocios de un ciudadano particular: “Lo lamento, mira que les fastidia, no tengo nada que ver”. Lejos quedaron aquellas primeras horas en que defendía que era Hacienda la que debía 600.000 euros a su pareja y que la inspección de Hacienda que derivó en una denuncia de la Fiscalía escondía en realidad una operación de “todos los poderes del Estado”.

La implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo y las ramificaciones de la trama en Navarra sirven ahora a Ayuso para pasar al ataque y emprender una cruzada contra la corrupción en la que tanto ella como el resto de su Gobierno acusan a los demás de “auspiciar” y “tapar” mientras minimiza los casos que afectan a la presidenta madrileña.

Ana Millán, la investigada que no para de ascender

“Lo que queda claro es que Pedro Sánchez lo sabía y lo tapó; lo sabía y permitió que la legislatura continuara como si no pasara nada”, dijo el pasado miércoles el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa. No le habían preguntado por el presidente del Gobierno, si no por Ana Millán.

Millán es una política del PP imputada por cuatro delitos de corrupción en una investigación que arrancó en 2022 en un juzgado de Navalcarnero (Madrid). La causa sostiene, a partir de informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que Millán favoreció con contratos públicos a un empresario durante su etapa al frente de una Concejalía de Arroyomolinos (Madrid), a cambio de prebendas para ella y dos familiares próximos.

Ayuso no solo no ha actuado contra Millán: ha ido ascendiéndola y dándole más responsabilidades. Millán fue en las listas del partido en las últimas elecciones, cuando ya estaba siendo investigada, en un movimiento que le garantizó el aforamiento. Tras los comicios, Ayuso la colocó como vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid y recientemente la ha nombrado la vocal que representa a los populares madrileños en la Comisión Organizadora del XXII Congreso Nacional del PP.

El Gobierno regional y la propia Ayuso navegan por este caso de corrupción como por el resto de escándalos que les afectan: nunca son relevantes y menos aún comparados con todo lo que hace el Ejecutivo de Sánchez. O, como en el caso, que afecta a su pareja, el argumentario vira hacia la persecución desde todas las estructuras del Estado.

Los pisos de Ayuso

Ayuso se ha escudado en esa falsa persecución para esquivar cualquier explicación sobre los negocios de su pareja con el gigante sanitario Quirón, sobre el dinero que Alberto González Amador reconoció haber defraudado tras dar un pelotazo con mascarillas en la pandemia, sobre la investigación abierta por corrupción en los negocios o sobre la derivada que afecta directamente a la presidenta regional: los pisos en los que vive.

Mientras lanza las acusaciones contra los demás, Ayuso aún no ha respondido en más de un año sobre la solución habitacional que le ha permitido esquivar la crisis de la vivienda que ella misma lamentaba hace no mucho. La presidenta madrileña vive en el piso de lujo que su pareja compró tras el presunto fraude, pero además disfruta de un ático de lujo, situado en el piso de arriba, propiedad de una empresa vinculada a un abogado de González Amador.

El combo de falta de explicaciones y comodín de la persecución contra ella se ha repetido en los otros dos casos que le han afectado más directamente. En primer lugar, el de Avalmadrid: la entidad semipública avaló en 2011 un crédito de 400.000 euros para MC Infortécnica, la empresa participada al 25% por el padre de Ayuso. Lo hizo en contra del criterio de los técnicos y tras una mediación de la propia Ayuso por email.

La operación, tal y como advertían los técnicos, fue un fracaso. La empresa del padre de Ayuso no pagó el crédito, así que Avalmadrid se tuvo que hacer cargo de la devolución. “Yo no he mediado, no he presionado, no era nadie”, dijo entonces Ayuso, que era asesora de Aguirre y estaba a punto de convertirse en diputada autonómica del PP. La comisión de investigación de la Asamblea concluyó que hubo irregularidades y que su padre obtuvo un “trato preferente”.

De las cuentas de la Comunidad a las de su hermano

Pero sin duda, el caso más claro que ha afectado a Ayuso es el contrato de mascarillas con el que se enriqueció su hermano. La Consejería de Sanidad de su gobierno licitó un contrato de 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive SL a cambio de traer a España 250.000 mascarillas.

Hasta ahí, un caso más de los que se dio en la pandemia: una empresa sin relación con el sector sanitario que hace un enorme negocio vendiendo mascarillas a precios desorbitados. Igual que el de González Amador. Pero este tiene una particularidad: el dueño de la empresa es un amigo de la infancia de Ayuso y el comisionista que hizo negocio era su hermano.

Tomas Díaz Ayuso cobró, en total y en cuatro pagos, 234.103,52 euros. Es decir, ganó dinero con las gestiones realizadas para conseguir unas mascarillas que compró el gobierno de su hermana. “Me parece denigrante tener que aclarar las relaciones comerciales de mi hermano”, dijo Ayuso cuando por fin se decidió a hablar del caso, que acabó archivado por la Fiscalía Europea.

Este es, por cierto, el único escándalo que se ha cobrado una dimisión: la de Pablo Casado, que señaló públicamente la posibilidad de que el dueño de la empresa de las mascarillas fuera un mero intermediario entre el presupuesto regional y el bolsillo de Tomás Díaz Ayuso, y añadió: “Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueden contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas”. Poco después un golpe interno en el partido le desalojó de la presidencia del PP y colocó a Alberto Núñez Feijóo.

Los contratos fraccionados

La estrategia de Ayuso siempre es negarlo todo y hablar de una conspiración. Pero hay un caso sobre el que no le hemos escuchado aún una palabra: el de los centros de FP. Mientras la presidenta regional da lecciones de ejemplaridad en la Asamblea y afea la corrupción de los demás, la justicia tiene una investigación abierta por el fraccionamiento de contratos en la construcción de centros de formación profesional.

Un resumen. En decenas de centros de FP de la Comunidad de Madrid se hicieron reformas millonarias fraccionando contratos. Dejando las licitaciones por debajo de los 40.000 euros el gobierno regional eludía los controles, esquivaba a la intervención y podía otorgarlas a dedo.

En el informe de la Fiscalía y en las declaraciones de testigos e imputados ha quedado acreditado que se actuó así en casi todas las zonas de Madrid (cada una tiene un director general) e incluso en centros que no eran de FP, y se benefició a empresas diferentes, lo que hace sospechar que la orden de gastar irregularmente el dinero no partió de los directores de los institutos. El entonces consejero de Educación era Enrique Ossorio, ahora presidente de la cámara regional.

La Asamblea de Madrid, desde la que Ayuso acusó a la oposición de intentar “tapar la montaña de corrupción”, ha rechazado poner en marcha una investigación sobre el caso de los centros de FP. Su presidente, Enrique Ossorio, era el consejero de Educación en el Gobierno de Ayuso que financió algunas de las obras que investiga la Justicia.

La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP de Isabel Díaz Ayuso, no considera contradictorio mantener en sus filas a Ana Millán —'numero 3' de la formación política autonómica y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid— a pesar de que está imputada por cuatro presunto delitos relacionados con la corrupción, al mismo tiempo que arremete contra el presidente del Gobierno, al que han llegado a acusar de “auspiciar” y “tapar” la presunta corrupción de sus dos últimos secretarios de organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha defendido la presunción de inocencia de su compañera de partido, aunque no aplica ese mismo principio al hablar del presidente de Gobierno, que no está imputado en ninguna causa. “Lo que queda claro es que Pedro Sánchez lo sabía y lo tapó; lo sabía y permitió que la legislatura continuara como si no pasara nada”, ha asegurado en referencia a “los casos de corrupción” y las nuevas revelaciones sobre Cerdán, que han dejado al PSOE noqueado.

Ana Millán está siendo investigada desde 2022 por un juzgado de Navalcarnero (Madrid) por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y fraude a la Administración Pública. Según las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía y la jueza de Navalcarnero, Millán favoreció con contratos públicos a un empresario durante su etapa al frente de una Concejalía de Arroyomolinos (Madrid), a cambio de prebendas para ella y dos familiares próximos.

Esta situación judicial no ha impedido que Millán haya ido escalando puestos en el PP de Ayuso. De hecho, la vicepresidenta del parlamento regional será la vocal que representa a los populares madrileños en la Comisión Organizadora del XXII Congreso Nacional del PP.

La 'mano derecha' de Ayuso en el Ejecutivo autonómico ha defendido este miércoles a su compañera de partido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Ana Millán está respondiendo”, ha asegurado García Martín, dejando claro su respaldo a la dirigente del PP. “Hemos prestado apoyo a Ana Millán porque estamos seguros de que no hay absolutamente nada, pero será un tribunal el que decida si ha habido algún tipo de irregularidad”, ha apuntado. Y ha añadido: “En lo que a nosotros respecta, tenemos tranquilidad absoluta”.

En su respuesta, García Martín ha asegurado que las nuevas revelaciones sobre Santos Cerdán y Ábalos desvelan “corrupción de Estado”. En este contexto, Sánchez “se siente acorralado” y, por ello, insiste el portavoz de Ayuso, es necesario que se convoquen elecciones para que sean “los ciudadanos los que se pronuncien y digan si este Gobierno corrupto debe seguir al frente del país”.

“Por muy sórdido que nos parezca lo que estamos viendo relacionado con Cerdán o con Ábalos, el problema es la corrupción de Estado, que ha venido para quedarse con Pedro Sánchez”, ha insistido García Martín.

Desde la Comunidad de Madrid no señalan solo al PSOE, consideran que los socios de los socialistas en el Gobierno y en el Congreso le dan “oxígeno” porque necesitan a un Sánchez desgastado en La Moncloa. Con todo, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha reseñado que el presidente “cuenta con el apoyo de partidos independentistas a los que les viene bien un Gobierno débil y rehén”.

Varios usuarios de X han recibido en las últimas horas un burofax firmado por Ana Millán, la vicesecretaria de Organización del PP madrileño, para que eliminen los mensajes en los que hablan de su imputación por cuatro delitos de corrupción y los sustituyan por otros que hagan referencia a un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que, a su entender, adelanta el “previsible” archivo de la causa. “En caso contrario, me veré obligada a ejercer las acciones legales pertinentes para la legítima protección de mi Derecho Fundamental de respeto a mi honor”, finaliza los escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es.

Ana Millán está siendo investigada desde 2022 por un juzgado de Navalcarnero (Madrid) por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y fraude a la Administración Pública. Según las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía y la jueza de Navalcarnero, Millán favoreció con contratos públicos a un empresario durante su etapa al frente de una Concejalía de Arroyomolinos (Madrid), a cambio de prebendas para ella y dos familiares próximos. Uno de los tuits que Millán considera que atentan contra su honor se limita a señalar que está “imputada por corrupción”.

En los últimos días, el nombre de Millán ha vuelto a los titulares al ser elegida por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como vocal de la comisión organizadora del congreso de la formación política que se celebrará entre los días 4 y el 6 de julio. Ana Millán es la 'número tres' del Partido Popular en Madrid, amiga personal y colaboradora de toda confianza de Isabel Díaz Ayuso. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, Lidia Prado, se inhibió en junio de 2024 al TSJM porque Millán había pasado a ser aforada, después de haber resultado elegida diputada autonómica en las últimas elecciones.

Durante la instrucción de la causa, que arrancó en 2020, y el afloramiento de los indicios contra Millán, Ayuso ha optado por ir aumentando el peso de la exalcaldesa de Arroyomolinos en el PP. Primero la puso al frente de la organización del partido y luego la aupó en la lista de las elecciones de 2023, garantizándose que sería elegida diputada y pasaría a estar aforada ante el TSJM.

En diciembre, el magistrado de este tribunal Juan José Goyena admitió un recurso de la Fiscalía y devolvió a la jueza de Navalcarnero la causa contra ella porque el medio que había utilizado para trasladar la competencia, un auto de inhibición, no era el correcto. La magistrada debe redactar una exposición razonada y, tal y como reclamaba el Ministerio Público, practicar las diligencias pendientes. Pese a no ser el momento procesal requerido, el magistrado Goyena decidió entrar en el fondo del caso y adelantó a que no veía indicios de delito en el auto remitido por el juzgado de Navalcarnero, fruto de cuatro años de investigación. 

“Publicaciones de mala fe”

En plena polémica por la elección de Feijóo para que cumpla un puesto destacado en el congreso nacional del PP, Ana Millán ha escrito al menos tres burofaxes que llevan su firma y que repiten de forma textual este párrafo: “Si bien es cierto que, a pesar de haber recibido este Auto [del TSJ de Madrid], el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero no se ha pronunciado todavía sobre el previsible archivo de la causa, ejerceré las acciones que correspondan contra aquellos que, teniente esta información, continúen realizando publicaciones de mala fe”.

Goyena, el magistrado del TSJM que se pronunció en los términos referidos sobre la causa de corrupción es quien ha participado últimamente en decisiones de gran atención mediática. Se trata del juez que apreció indicios de delito en la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra el fiscal general del Estado y que la admitió a trámite en un auto que reproducía fielmente los argumentos de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador. 

Después, el magistrado Goyena propuso al Tribunal Supremo investigar a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos en relación a la nota de prensa de la Fiscalía General que desmentía un bulo difundido por varios medios. El Tribunal Supremo no apreció delito en la nota de prensa, a diferencia de Goyena, pero sí en la publicación de un correo electrónico con información veraz que acreditaba el bulo difundido por la Comunidad de Madrid y publicado por El Mundo y otros medios. 

A Goyena también le correspondió pronunciarse sobre la admisión a trámite de una querella presentada por el presidente del Gobierno por prevaricación del juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso contra Begoña Gómez. En este caso, Goyena inadmitió la querella y evitó la investigación al juez Peinado. 

Su juzgado había investigado durante cuatro años el cobro de mordidas por parte de Ana Millán procedentes de un empresario que obtuvo más de 600.000 euros en contratos de la Concejalía de Juventud que ella dirigía a partir de 2008. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye en varios atestados que tanto Millán como su hermana y su actual marido obtuvieron contraprestaciones por la adjudicación de los citados contratos, más de 200.000 euros en total.

Según el magistrado Goyena, la jueza de Navalcarnero reproduce “una serie de hechos que, objetivamente, no ostentan por sí la naturaleza de delito” tal y como quiere que aparezca ahora en los mensajes de Twitter la vicesecretaria de Organización del PP madrileño. 

“Adiós a la corrupción, adiós a la incompetencia, adiós al ego y adiós a Sánchez”. Así ha concluido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el discurso con el que ha cumplido este lunes el trámite de anunciar su candidatura a un segundo mandato al frente del partido en el congreso que se celebrará entre el 4 y el 6 de julio. Feijóo ha anunciado ante su Junta Directiva el listado completo de quienes organizarán el cónclave. Como representante del PP de Madrid, la 'número tres' de Isabel Díaz Ayuso, la imputada Ana Millán.

Feijóo ha comparecido ante la plana mayor de su partido para lanzar el XXI Congreso Nacional del PP y postularse para una segunda intentona de alcanzar el Palacio de la Moncloa. No habrá ningún misterio al respecto: nadie planteará una alternativa viable y todo el partido está de acuerdo en darle al gallego otra oportunidad de recuperar el poder para el PP casi una década después

Mucho más interesante será la redacción de las dos ponencias que se debatirán y votarán en el congreso: la de estatutos y la política. Para la primera, Feijóo ha elegido al presidente murciano, Fernando López Miras, y a la extremeña (hoy ausente), María Guardiola, además de a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y al portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

El debate orgánico estará atravesado por una cuestión: las primarias. Una amplia mayoría del partido quiere renegar del sistema de doble vuelta impulsado en 2017 por Mariano Rajoy y que permitió la elección de Pablo Casado, con la colaboración de un Feijóo que ahora se desdice. Pero no todo el PP está de acuerdo.

Ayuso apuesta por primarias puras (un militante, un voto y sin posibilidad de que los compromisarios modifiquen el resultado), pero Feijóo ya planteó la semana pasada que ese es “el nudo gordiano” orgánico que debe abordar el partido. Este mismo lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha apostado por eliminar las primarias: “Lo que digo respecto de las primarias es que las primarias no suelen funcionar muy allá en los partidos, eso sí lo tengo claro. Soy partidario de democratizar desde el punto de vista de la participación de los afiliados pero tengo que reconocer que tengo cierto escepticismo respecto de cómo funcionan las primarias en los partidos”.

La parte política del congreso la pilotarán los dos barones que, por calendario, están llamados a abrir el nuevo ciclo electoral: el castellano y leonés Alfonso Fernández-Mañueco y el andaluz Juan Manuel Moreno. Además, participan la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la eurodiputada del PP de Madrid Alma Ezcurra, quien en campaña tildó de “perros” a los miembros del Gobierno y lamentó que los independentistas estén “vivitos y coleando”.

También esta ponencia generará tensión interna porque el PP tiene que fijar posición sobre asuntos tan espinosos para la derecha como la eutanasia, el aborto o la gestación subrogada.

El líder del PP ha asegurado que el congreso de 2022 que lo encumbró se convocó para “responder a una crisis del partido”. “Lo hicimos bien”, ha resumido, pese a que su primer asalto a la Moncloa se saldó con un fiasco. Sobre su derrota en 2023, Feijóo ha sostenido que “fue una gran lección”. “Soy mejor. Estoy más preparado, más consciente y más determinado en cumplir mi obligación y mi compromiso, que es vuestra obligación y vuestro compromiso”, ha remarcado.

Esta última frase pronunciada por Feijóo no estaba prevista así. En la versión del discurso distribuida por el equipo de prensa del PP no aparece la última parte, que hace partícipes a todos del “compromiso” adquirido por el líder del partido. Fuentes del equipo de Feijóo aseguran que el añadido “es una forma de evidenciar que es un congreso de todos”, no solo del jefe de filas. Las mismas fuentes zanjan: “Es una forma de implicar”.

El congreso de 2025, ha continuado Feijóo, se convoca para “resolver una crisis de país”. “Lo haremos bien”, ha dicho. Feijóo ha sostenido que va a “pedir la confianza” del PP “para rescatar a España de la degradación y las mentiras”. “Me presento a este congreso para volver a ganar a Sánchez y gobernar”, ha añadido, “para darle un cambio” al país porque “es lo que se merece”.

Feijóo ha dicho que el objetivo del congreso es “discutir de fondo, construir ideas, revisar propuestas, decir lo que pensamos y a decidir lo que haremos. ”No llegaremos a improvisar. No fallaremos. Lo que prometa, se hará. Os doy mi palabra y os aseguro que tengo palabra“, ha remachado.

Ana Millán y el portavoz de Mazón, en la comisión organizadora

La Junta Directiva de este lunes ha aprobado el calendario formal del XXII Congreso Nacional del PP, además de la lista definitiva de los integrantes de la Comisión Organizadora (COC) que presidirá Alfonso Serrano, 'número dos' de Ayuso en el PP de Madrid.

La dirigente madrileña logra así que su más estrecho colaborador esté al frente del equipo que marcará las pautas del congreso. Pero no es el único peón avanzado de Ayuso. Su vicesecretaria de Organización ('número tres' orgánica) y estrecha amiga, Ana Millán, será la vocal que represente al PP de Madrid ante el COC.

Millá es exalcaldesa del municipio de Arroyomolinos (35.000 habitantes) y está investigada judicialmente por hasta cuatro delitos de corrupción. La acusación que se le hace: cobrar de un empresario a cambio de adjudicaciones. La jueza elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que Millán es ahora diputada autonómica y, por lo tanto, aforada. Pero este tribunal ha devuelto el caso a la jueza al considerar que la investigación de la Guardia Civil no es suficiente para imputarla.

Entre los vocales anunciados por Feijóo destaca también Juanfran Pérez Llorca, portavoz del PP en Les Corts Valencianas y uno de los nombres que suena como posible relevo de Carlos Mazón. La presencia del presidente valenciano es uno de los principales quebraderos de cabeza de Feijóo, y el ruido interno para que deje su cargo empieza a subir de intensidad.

Con todo, este lunes Mazón ha recibido la defensa de uno de los principales barones. López Miras ha asegurado antes de entrar a la reunión de este lunes que “hay que intentar que la Generalitat valenciana tenga la mayor estabilidad posible para avanzar en la reconstrucción”. “Todo lo que se pueda hacer para dar estabilidad a la Comunitat es lo mejor. Se requiere estabilidad y que el presidente Mazón pueda seguir liderando la reconstrucción”.

El presidente de la Generalitat no pisaba Madrid de forma oficial desde que dijo en un acto informativo en el hotel Ritz que se considera un “daño colateral” de la DANA que mató a 228 personas el 29 de octubre mientras él estaba desaparecido. Aquel día, Mazón relató sus llamadas telefónicas durante las riadas. Feijóo no estaba en ellas, pese a que el líder del PP dijo que había mantenido un estrecho contacto con su barón.

La última vez que Mazón había acudido a una reunión interna oficial del PP fue en septiembre de 2024, hace ocho meses.

Ambas designaciones han sido “pactadas” con las respectivas direcciones autonómicas, según han confirmado desde el PP a elDiario.es.

La decisión de Isabel Díaz Ayuso de que su 'número 3' en el PP madrileño, Ana Millán, dejara de ser alcaldesa para convertirse en diputada autonómica y, en consecuencia, estar aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha empezado a revelarse clave en el futuro de la antigua regidora de Arroyomolinos. Un juez del citado tribunal, el conservador Juan José Goyena, acaba de dictar un auto en el que asegura que ninguno de los indicios recabados por la Guardia Civil desde 2020 alcanzan siquiera para abrir una causa, pese a que la magistrada de Navalcarnero al frente del caso detecta cuatro posibles delitos de corrupción.

La jueza Lidia Prado se inhibió el pasado junio en favor del TSJM. Su juzgado había investigado durante cuatro años el cobro de mordidas por parte de Ana Millán procedentes de un empresario que obtuvo más de 600.000 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, que ella dirigía, a partir de 2008. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye en varios atestados que tanto Millán como su hermana y su actual marido obtuvieron contraprestaciones por la adjudicación de los citados contratos, más de 200.000 euros en total.

Cuando la investigación todavía no había concluido, Ayuso decidió que su amiga Ana Millán ocupara un puesto destacado en la lista a las elecciones autonómicas de mayo de 2023, lo que le aseguraría un puesto de diputada autonómica y, automáticamente, el aforamiento. El juzgado que la investigaba se tendría que deshacer del caso. Pese a estar imputada, Ayuso había nombrado a Ana Millán vicesecretaria de Organización del PP madrileño, la número tres. Una vez elegida diputada autonómica, la exalcaldesa de Arroyomolinos se convirtió en vicepresidenta de la Asamblea madrileña.

Para desprenderse del caso, en lugar de dictar una exposición razonada, la jueza de Navalcarnero se limitó a dictar un auto de inhibición en favor del TSJM. La Fiscalía se opuso por no tratarse del procedimiento que requería el caso y porque aún no se habían agotado las diligencias, entre ellas la toma de declaración al marido de Ana Millán, al cual había sido imposible localizar para ser citado.

En un auto del pasado día 4, el juez del TSJM Juan José Goyena da la razón a la Fiscalía. El magistrado ordena a la jueza de Navalcarnero que siga investigando y que, una vez haya concluido las pesquisas, dicte una exposición razonada –escrito más detallado que el auto de inhibición– solicitando la imputación de la aforada. La decisión del TSJM era tan esperada como que la magistrada Lidia Prado ya había atendido el recurso de la Fiscalía ante su propio juzgado y había anunciado que elaboraría la exposición razonada.

“No implican una conducta delictiva”

Pero Goyena aprovecha para advertir de que el auto de inhibición de la jueza “se limita a apuntar una serie de hechos sobre la participación de la aforada” y que tales hechos, “prima facie, no implican sin más una conducta delictiva”. El auto de Goyena se podía haber limitado a archivar las diligencias abiertas a la espera de la exposición razonada, pero el juez decide entrar al fondo del asunto y advertir así que, o la jueza encuentra algo más contra Millán, o los atestados de la UCO y las conclusiones provisionales de la Fiscalía morirán en su mesa.

Hay un párrafo del auto de Goyena descriptivo al respecto. En él, el juez del TSJM dice que no hay “conducta delictiva” en lo que él considera que describe la jueza local, esto es, “dar el visto bueno a los Pliegos de Prescripciones Técnicas e Informas de necesidad en tres expedientes”; “solicitar la prórroga y modificación de tres expedientes”; “emitir un escrito proponiendo a las empresas a las que invitar al concurso, entre las que se encontraba una en particular”; o “dar la conformidad de las facturas confeccionadas en el marco de los expedientes tramitados desde su Concejalía”.

Junto a Ana Millán está imputado en la causa el empresario Francisco Roselló, quien dejó de tener contratos de la Concejalía de Juventud de Arroyomolinos cuando Millán pasó a otro departamento. Roselló estuvo pagando el doble de precio de mercado por el alquiler de un ático propiedad de Millán mientras recibía contratos de su Concejalía. Pero, según el juez del TSJM, en el auto de la magistrada de Navalcarnero “no se vincula con una presunta actuación delictiva en su condición de concejala”.

Roselló contrató durante los años de las adjudicaciones a la hermana de Millán y a su marido, un empresario de la noche que estuvo trabajando de bedel en una contrata del empresario imputado para un colegio. “Únicamente se indican los pagos y la mencionada relación familiar, pero no que hayan sido consecuencia de una presunta actuación delictiva de la investigada”, dice Goyena al respecto.

La jueza de Navalcarnero resumió en su auto las conclusiones alcanzadas en su atestado de conclusiones la UCO de la Guardia Civil. El origen del caso son unos correos electrónicos que colaboradores de Millán intentaban destruir cuando fueron sorprendidos con tres bolsas de basura por el equipo de Gobierno, de Ciudadanos, que relevó al PP en la Alcaldía de Arroyomolinos en 2016.

La denuncia puesta en la Fiscalía Anticorrupción entonces terminó por convertirse en una investigación en un juzgado local cuatro años más tarde, una vez se constató que los hechos presuntamente delictivos no estaban directamente relacionados con el caso Púnica, como creían los denunciantes, y que no estaban prescritos.

El auto de inhibición de la jueza Prado, dice Goyena, no da ni para que él abra siquiera una investigación. “No establece –continúa el magistrado– una relación precisa, dentro de lo que es la fase de investigación criminal en la que nos encontraríamos, entre una serie de hechos, que objetivamente no ostentan por sí la naturaleza de delito y la obtención de beneficios patrimoniales, para sí o para personas de su entorno familiar, o que configuren una actuación de tráfico de influencias o de presunta corrupción en el ejercicio de su cargo”.

En concreto, la jueza de Navalcarnero apreciaba, de acuerdo a las investigaciones de la UCO, que Millán y el empresario podrían haber cometido tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y administración desleal.

Ahora, la jueza, de no echarse atrás, deberá plasmar con más detalle los indicios recogidos desde 2020 –Millán está imputada desde 2022– y elevar la exposición razonada para que el TSJM resuelva. Antes, deberá interrogar al marido de Millán y analizar unas agendas de la exconcejala que unos testigos aportaron cuando la causa ya había sido enviada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El magistrado Juan José Goyena ha participado últimamente en decisiones que han suscitado gran atención mediática. A él le correspondió informar sobre la querella de Alberto González Amador contra el fiscal encargado del caso de fraude fiscal y falsificación de documentos que afecta a la pareja de Ayuso. En ese caso, Goyena admitió a trámite la querella reproduciendo fielmente los argumentos de González Amador y luego propuso al Tribunal Supremo que investigara por revelación de secretos, cometida a través de una nota de prensa, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Goyena también integró el tribunal que rechazó la querella del presidente del Gobierno contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso contra Begoña Gómez.