Un veterano magistrado del Supremo comentó en mayo de 2025 el estado de la investigación abierta por supuesta revelación de secretos al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: “La comidilla entre los miembros de la Sala de lo Penal [encargada del caso] es que todos los periodistas que niegan que el fiscal general les filtrase el correo mienten amparados en el secreto profesional”. El comentario del prestigioso magistrado en activo suponía casi la crónica de una condena anunciada al fiscal general.

Si los magistrados encargados del caso (un instructor, tres integrantes de la sala de apelación y siete más miembros del tribunal que juzgaría el caso), situados en lo más alto de la pirámide judicial, creían de manera unánime que los periodistas mentían, el futuro de Álvaro García Ortiz estaba sentenciado. La realidad dejó fuera de esa “comidilla unánime” a uno de los tres miembros de la sala de apelación, Andrés Palomo, que defendió el archivo de la causa; y a dos de las magistradas del tribunal sentenciador, Ana Ferrer y Susana Polo, que apoyaron la absolución del fiscal general.

Aunque ellos (Palomo, Ferrer y Polo) sí creyeron a los periodistas y defendieron por eso la inocencia de García Ortiz, estaban en minoría en la Sala de lo Penal y su criterio fracasó.  

Meses después de aquel comentario del veterano magistrado, cinco de los siete miembros del tribunal condenaron al entonces fiscal general por revelación de datos reservados, despreciando el testimonio en contra de esa tesis que hicieron bajo promesa de decir verdad hasta seis periodistas de cuatro medios de comunicación distintos. La sentencia provocó una dura protesta de una parte del mundo jurídico.

“¿El reconocimiento de su derecho al secreto profesional puede llevar aparejado que deba restarse credibilidad a las manifestaciones de periodistas en un juicio donde están obligados a decir verdad?”, se preguntaron las magistradas Ferrer y Polo en su voto particular.

El Tribunal Constitucional deberá responder a esta pregunta ante los recursos de amparo presentados por la Fiscalía del Supremo y por el ex fiscal general donde denuncian la vulneración de hasta cinco derechos fundamentales y piden anular la condena. 

El recurso de la Fiscalía lo expresa así: “La sentencia impugnada concibe el secreto profesional que asiste a los profesionales de la información como una especie de habilitación constitucional para sustraerse a la obligación de decir verdad en un juicio criminal. Para el Tribunal Supremo, existe una suerte de licencia constitucional para mentir que inhabilita de antemano la credibilidad del testimonio de descargo prestado por un periodista que se ha acogido a dicho secreto (…) Tal interpretación supone, indirectamente, una grave coacción moral sobre los profesionales de la información, a los que se pone en la tesitura de revelar la identidad de su fuente para que su testimonio exculpatorio de la persona acusada tenga algún valor probatorio. Se genera, con ello, un riesgo grave para la efectividad de la libertad de información, que es, precisamente, el fundamento de la protección constitucional de la cláusula de secreto periodístico”.

Seis profesionales de La Sexta, la Cadena Ser, El País y elDiario.es aseguraron que el fiscal general del Estado no fue quien les reveló el secreto –la información– que ellos difundieron en sus medios. Algunos de esos periodistas señalaron incluso el lugar origen de la filtración, lejos de la Fiscalía General del Estado, sin identificar a sus autores.

Pero daba igual porque “la comidilla en la sala de lo Penal” se convirtió en fundamento jurídico para condenar al fiscal general del Estado.

Los firmantes de la sentencia señalaron en varias páginas del fallo que los periodistas tenían el legítimo derecho a no identificar a las personas que les contaron el secreto y recordaron la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional en defensa del secreto profesional, vital para una sociedad bien informada.

Pese al rotundo aval judicial al secreto profesional, el testimonio de los periodistas no servía como prueba de descargo, según la doctrina que impusieron Andrés Martínez Arrieta (presidente del tribunal y ponente de la sentencia), José Ramón Berdugo, Antonio Del Moral, Manuel Marchena, y Carmen Lamela.

Estos magistrados deslizaron en el texto del fallo la idea de que los periodistas podían mentir protegidos por su derecho al secreto profesional: “En esa situación el derecho constitucional al secreto periodístico, carente de límites en nuestro ordenamiento en tanto no se proceda a su regulación, también cubre con su manto protector al periodista, autorizándole a otro tipo de manifestaciones, aunque no sean totalmente fieles a la realidad, si les guía la necesidad de mantener oculta su fuente, lo que acentúa sus diferencias frente a otros secretos (como el propio de parientes). Se trataría de una actuación amparada por el ejercicio legítimo de un derecho constitucional”.

Los magistrados de la condena no ocultaron su desconfianza hacia el testimonio de los periodistas: “No es idéntica la forma de enfrentarse a un interrogatorio de alguien consciente de su derecho al secreto y su deber protegido constitucionalmente de lealtad a sus fuentes, que la de otras personas que carecen de válvulas de escape similares y que declaran conscientes de su deber de contestar a todas las preguntas que se les dirijan sin poder eludirlas, tampoco con subterfugios”.

Y para intentar justificar que la condena no restaba credibilidad al testimonio de los profesionales de la información, los firmantes cargaron la culpa sobre el fiscal general por no actuar con la prudencia que si demostraron los periodistas al no publicar la información antes de que García Ortiz la tuviera en sus manos: “Tenemos la firme convicción de que, en ningún caso, las respuestas [de los periodistas] se vieron afectadas en su veracidad por el ejercicio de ese irrenunciable derecho [al secreto profesional]. La decisión de no difundir su contenido literal [del correo electrónico], ya fuera por respeto a las indicaciones recibidas de su fuente, ya por planificación secuencial de la información de la que ya disponían, no hace sino marcar un acusado contraste entre su prudencia profesional y la precipitación con la que García Ortiz no dudó en hacer posible la difusión pública de las comunicaciones, siempre confidenciales, entre un abogado y fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad”.

Este argumento, confuso en su formulación, es contrario al utilizado por el mismo Tribunal Supremo para rechazar una querella contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por declarar el 13 de marzo de 2024 en los pasillos del Senado que el fraude fiscal de la pareja de Ayuso estaba vinculado al cobro de comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Montero hizo esa declaración cuando ese detalle aún no había sido revelado por ningún medio de comunicación.

El Tribunal Supremo, en una resolución firmada por algunos de los magistrados que luego han condenado al fiscal general, inadmitió la querella alegando que cuando Montero hizo esas declaraciones los detalles de los supuestos delitos cometidos por la pareja de Ayuso ya circulaban -aunque no se hubieran publicado aún- por los medios de comunicación. La resolución del Supremo evitó cualquier reproche a la ministra Montero al no apreciar en su conducta ningún tipo de “precipitación” en “hacer posible la difusión pública” de los negocios privados de la pareja de Ayuso antes de que lo publicaran los medios de comunicación.

El delito de revelación de secretos cuenta con dos actores principales: quien tiene el deber legal de guardar ese secreto –en este caso, el fiscal general del Estado– y quien lo difunde, en este caso los periodistas que conocen mejor que nadie quién cometió el delito.

Pero la investigación por parte de Ángel Hurtado, el magistrado encargado de la instrucción, avaló desde el principio “la comidilla en la Sala de lo Penal” según la cual los periodistas que se acogen a su derecho de no revelar las fuentes pudieron mentir, protegidos por la Constitución, en defensa del fiscal general.

Hurtado rechazó de un plumazo los testimonios de periodistas que obligaban a archivar la causa. Lo hizo mediante un párrafo de motivación escasa y absurda: “Se trata”, escribió, “de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios prestados en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido″. Ningún testimonio del día 8 negó el relato de los periodistas que declararon ante el juez que ni el fiscal general ni nadie por orden suya les había filtrado el correo electrónico.

La sentencia del Supremo utiliza una cita de la jurisprudencia “anglosajona” para poner en valor el secreto profesional que permite a los periodistas informar en libertad sin temor a represalias que impidan una adecuada fiscalización del poder. “Si se obligara a los periódicos a revelar sus fuentes, pronto se quedarían sin la información que deberían tener. Sus fuentes se secarían. No se revelarían las malas acciones. No se podría desenmascarar a los charlatanes. Las injusticias quedarían sin remedio. Las fechorías en los pasillos del poder, en las empresas o en los departamentos gubernamentales nunca se conocerían”.

García Ortiz fue condenado por difundir el correo electrónico de un abogado a la Fiscalía. El conocimiento de ese hecho permitía desmontar el bulo –envuelto en la filtración de otro correo distinto– difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en defensa del empresario Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales. El bulo de Rodríguez, publicado por varios medios de comunicación sin contraste alguno, consistía en atribuir a la Fiscalía la perversa intención de ofrecer al supuesto defraudador, pareja de la presidenta Ayuso, un acuerdo para evitarle la prisión a cambio de que confesara los dos delitos fiscales. Era justo al revés.

Conocidos los hechos, la cita anglosajona vinculada al caso del fiscal general español quedaría así: “Si se obligara a los periódicos a revelar sus fuentes, pronto se quedarían sin la información que deberían tener. No se revelarían las malas acciones, como la difusión de bulos por parte de un Gobierno a favor de un procesado por fraude fiscal que es pareja sentimental de la presidenta de ese Ejecutivo. No se podría desenmascarar a los charlatanes, como el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, quien manipuló a determinados medios de comunicación para atacar con mentiras a la Fiscalía. Las injusticias [como la condena a un fiscal general del Estado por combatir un bulo facilitando información ya conocida antes por los medios] quedarían sin remedio. Las fechorías en los pasillos del poder, nunca se conocerían”.

Para investigar un delito de revelación de secretos difundidos por numerosos medios de comunicación, el Tribunal Supremo decidió que el testimonio de los periodistas carecía de valor probatorio porque se acogieron al secreto profesional que les permite hacer manifestaciones “aunque no sean fieles a la realidad” y las autoriza a utilizar “subterfugios” que se niegan a otros testigos en un juicio.

El derecho constitucional a no revelar la identidad de las fuentes de información se convierte, en manos del Supremo, en una prueba principal de cargo contra el implicado en una supuesta revelación de secretos.

El Tribunal Constitucional resolverá por primera vez en su historia uno de los casos más polémicos de la historia judicial de España. Y deberá contestar a la pregunta de si despreciar el testimonio de periodistas que se acogen a su derecho al secreto profesional vulnera el derecho a la presunción de inocencia del procesado por revelar secretos a esos mismos periodistas.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a tuitear este lunes a media tarde. En su mensaje, el polémico dirigente ha vaticinado que el Tribunal Constitucional absolverá al ex fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados. Y en la misma frase, ha aprovechado para insultar a los votantes socialistas. “El asalto a la Democracia cuando el Constitucional anule la condena al ex fiscal General del Estado es para que nos vayamos acostumbrando a cuando lo hagan con Begoña, el hermano, Zapatero… Banda de criminales a los que vota un tercio de españoles. Un tercio de españoles podrido”, ha escrito Rodríguez a través de su perfil personal de la red X.

Pocos minutos después, lanzaba más descalificaciones: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…. Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”.

Las publicaciones de Rodríguez llegan el mismo día en el que el ex fiscal general del Estado ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. En su recurso, García Ortiz afirma que el Alto Tribunal “hizo una valoración irracional y arbitraria de los indicios” y vulneró sus derechos fundamentales durante el proceso y en la propia sentencia que suscribieron cinco de los siete miembros del tribunal. 

Además, el viernes la Fiscalía presentó su propio recurso pidiendo también que anule la sentencia del Supremo y solicita amparo al tribunal de garantías al sostener que los magistrados de la Sala Segunda vulneraron cinco derechos fundamentales de García Ortiz tanto durante la investigación judicial como en la sentencia. El Ministerio Público defiende que el ex fiscal general se limitó a ejercer su deber de “informar verazmente” sirviéndose de datos que ya eran conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas aparecidas en los medios”.

El próximo 6 de mayo Miguel Ángel Rodríguez, tendrá que declarar como investigado ante el juez por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, incluso a “niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha reclamado al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. En su recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, García Ortiz afirma que el Alto Tribunal “hizo una valoración irracional y arbitraria de los indicios” y vulneró sus derechos fundamentales durante el proceso y en la propia sentencia que suscribieron cinco de los siete miembros del tribunal. 

El Alto Tribunal consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de una multa y una indemnización.

La Abogacía del Estado, que representa en este proceso al fiscal general, denuncia que en la sentencia que firmaron los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela se hizo una valoración arbitraria de la prueba, dado que “la imputación de la autoría” se sustentó “en meras inferencias abiertas, omitiendo prueba de descargo”.

“La sentencia construyó la condena mediante un análisis fragmentado y parcial, prescindiendo de hechos y pruebas de descargo que cuestionaban la inferencia incriminatoria”, dice el escrito, que hace alusión, en este punto a los testimonios de los periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024 o que negaron categóricamente que el fiscal general fuera su fuente. 

Esos testimonios no fueron tenidos en cuenta en la sentencia, en lo que la defensa de García Ortiz considera “una nueva delimitación del ámbito del secreto profesional” que le permite omitirlos. Y recuerda que la jurisprudencia constitucional se centra en una concepción del secreto como un derecho a no revelar sus fuentes y a guardar silencio que es también una garantía al servicio del derecho a la información. 

Borrado del teléfono de García Ortiz

El escrito denuncia, por otro lado, que el Supremo infringió el derecho a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo de García Ortiz. Así, critica que el tribunal utilizara el borrado del teléfono móvil del entonces fiscal general como un indicio de autoinculpación. “La interpretación que recoge la sentencia vulnera el derecho a no declarar contra uno mismo, ya que el borrado equivale a un silencio por parte del acusado, más aún cuando no existe ninguna prueba de que la supuesta filtración fuera hecha por alguno de los terminales borrados”, sostiene el recurso. 

El recurso defiende, asimismo, que la nota de prensa que hizo pública la Fiscalía para desmentir un bulo propagado horas antes por el entorno de la Comunidad de Madrid fue un ejercicio legítimo de libertad de expresión. Sostiene que su objetivo no era incriminar, sino desmentir una información “absolutamente falsa e infundada” y que representaba una grave descalificación de la neutralidad política y servicio al principio de legalidad que deben caracterizar la actuación de la Fiscalía. 

El recurso también cuestiona el registro de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general, que califica de “desproporcionado”. Sostiene que la orden del juez instructor de ordenar ese registro y la incautación de mensajes y correos, al principio con pocos límites temporales, fue una medida “de gran ambigüedad en cuanto al material concreto a incautar”. Critica, por ejemplo, que esta ausencia de modulación incrementó la desproporción, al no excluir ni siquiera aquello que claramente estaba protegido, como las comunicaciones privadas familiares, datos médicos o materiales ajenos al caso. 

Interpretación “expansiva y novedosa”

El recurso expone, por otro lado, que el objeto de la acusación “se ha modificado en varias ocasiones” a lo largo de la instrucción: fluctuó entre la filtración del correo, el envío a presidencia del Gobierno y la propia nota de prensa. Y que eso llegó hasta el punto de “no llegar a saberse en concreto qué hechos eran objeto de la investigación y posteriormente de enjuiciamiento e impidiendo su defensa”. 

Por último, la Abogacía del Estado acusa al Supremo de realizar una interpretación “expansiva y novedosa” del delito de revelación de secretos al considerar delictiva la mención en un comunicado oficial de datos que ya estaban en “el centro del debate mediático”, como la pretensión de la pareja de Ayuso de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. 

La Abogacía sostiene que solo puede ser delito revelar algo “ignorado o secreto”, y en este caso es imposible revelar jurídicamente una información que ya era de conocimiento público, al haber sido previamente publicada por multitud de medios de comunicación y autodivulgada por el propio investigado. 

La Fiscalía reclama al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por la filtración de la confesión de culpa del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal.

El recurso solicita amparo al tribunal de garantías al sostener que los magistrados de la Sala Segunda vulneraron cinco derechos fundamentales de García Ortiz tanto durante la investigación judicial como en la sentencia. Y defiende que el ex fiscal general se limitó a ejercer su deber de “informar verazmente” sirviéndose de datos que ya eran conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas aparecidas en los medios”. 

El Ministerio Fiscal denuncia que el Supremo vulneró el derecho a la presunción de inocencia de García Ortiz porque realizó una valoración “sesgada e irrazonable” de los testimonios de los periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024 o que negaron categóricamente que el fiscal general fuera su fuente. 

El recurso acusa a los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela de hacer una interpretación del derecho constitucional de los periodistas a no revelar sus fuentes que supone “una grave coacción moral” sobre los informadores. Y cuestiona que para el Supremo exista “una suerte de licencia constitucional para mentir que inhabilita de antemano la credibilidad del testimonio de descargo prestado por un periodista que se ha acogido a dicho secreto”.

El escrito argumenta, por otro lado, que la condena se basó en una prueba indiciaria débil, excesivamente abierta y con explicaciones alternativas mucho más razonables que la culpabilidad. Así, la Fiscalía trata de rebatir algunos de los principales indicios que sustentan el fallo. Uno de ellos es la llamada de cuatro segundos que realizó a García Ortiz Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER al que, según la sentencia, filtró el correo. Según el Ministerio Público, esa llamada es compatible con un buzón de voz o una llamada no atendida. 

El periodista testificó en la vista que solo duró cuatro segundos, porque el fiscal general no respondió y saltó el buzón de voz. García Ortiz, por su parte, afirmó que en ese momento estaba hablando con la jefa de la fiscalía provincial de Madrid. 

El recurso ante el Constitucional se refiere también a la prisa por conseguir los correos, que es otro de los indicios que recoge la sentencia condenatoria. La Fiscalía defiende que la urgencia para reunir los correos se explica por la necesidad de desmentir un bulo propagado horas antes por el entorno de la Comunidad de Madrid, no por el deseo de filtrarlos. Y cuestiona la afirmación que hace la sentencia sobre el “círculo reducido” que pudo acceder al correo filtrado al sostener que circuló por multitud de carpetas compartidas a las que tuvieron acceso decenas de personas. 

El Supremo consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. En su recurso, la Fiscalía considera “impropia del razonamiento probatorio de una sentencia penal” esa “críptica referencia” al entorno del acusado y cuestiona que en la sentencia no se haga “el más mínimo esfuerzo en delimitar ese entorno”. 

El recurso también alega una vulneración del derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a un proceso justo en relación con el registro de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general, que califica de “ilegal”. Sostiene que la orden del juez instructor de ordenar ese registro y la incautación de mensajes y correos, al principio con pocos límites temporales, fue una medida “indiscriminada y desproporcionada”, impropia para este tipo de delito y que no tuvo en cuenta la enorme sensibilidad de la información custodiada.

Asimismo, la Fiscalía considera que la sentencia vulneró el derecho de García Ortiz a conocer la acusación dado que introdujo de forma “sorpresiva” la condena como un delito autónomo por la nota de prensa que la Fiscalía emitió en marzo de 2024 para combatir los bulos del caso. Y también el principio de legalidad al haber condenado al entonces fiscal general por publicar una nota de prensa que contenía información que ya era de dominio público. A su juicio, eso desborda los límites del Código Penal, ya que no se puede “revelar” un secreto que ya circula en los medios. 

“La condena penal del fiscal general del Estado plantea interrogantes fundamentales sobre la independencia judicial, la politización de los procesos penales contra altos cargos y la utilización del sistema de justicia con fines partidistas”, ha advertido el principal grupo europeo de defensa de las libertades civiles, la Unión de Libertades Civiles por Europa (Liberties), formado por 40 ONG de 22 países, en su Informe sobre el Estado de Derecho 2026.

Según esta organización no gubernamental de la sociedad civil que promueve las libertades civiles de todas las personas en la UE, “la prueba clave” de la condena del Tribunal Supremo sobre el entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, “no pudo ser recuperada de Google ni WhatsApp”, pero “fue considerado prueba indiciaria, sentando un precedente peligroso”.

“El Partido Popular ha presentado esta victoria como un éxito dentro de su estrategia para acorralar al Gobierno central, el único poder del Estado que no controla”, añade el informe sobre la controvertida condena.

Los autores del documento aseguran que “la condena en noviembre de 2025 no es un hecho aislado, sino un síntoma de la captura estructural del Poder Judicial por la política partidista desde 1986” y que “la renovación del Consejo General del Poder Judicial en 2024 no ha revertido la politización del poder judicial”.

“El entorno del Estado de derecho en España en 2025 ha estado dominado por un conflicto creciente entre los dos principales partidos: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). En este conflicto, la oposición al gobierno central parece estar ganando terreno al controlar todos los poderes del Estado, excepto el propio gobierno central. La condena penal del Fiscal General representa la culminación de décadas de captura partidista del poder judicial, ahora en una fase avanzada de consolidación”, insiste el informe sobre la situación del Estado de Derecho en España.

En el mismo sentido, el informe añade que “el enjuiciamiento penal del fiscal general en ejercicio marca un punto de inflexión: la judicatura se ha convertido en un campo de batalla de la guerra partidista, en lugar de ser un poder independiente del Estado. Esta condena sin precedentes del fiscal general de España, Álvaro García Ortiz —inhabilitado para ocupar cargos públicos durante dos años por el Tribunal Supremo por revelar información confidencial en un caso de fuerte carga política— ha profundizado la percepción de fragmentación judicial e instrumentalización política”.

Otros puntos críticos

El informe también apunta que en “el desastre de la DANA” que causó más de 230 muertes en Valencia, “el uso de la inmunidad parlamentaria por parte del presidente regional Carlos Mazón para bloquear la investigación penal sobre la actuación de los funcionarios frente al desastre planteó cuestiones fundamentales sobre la rendición de cuentas”.

También que España “ha ignorado sistemáticamente” las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el sector público, lo que ha provocado que la Comisión Europea suspendiera 626 millones de euros de los fondos NextGeneration EU.

Por otro lado, vuelve a señalar algunas críticas lanzadas en otros informes anteriores como la persistencia de la Audiencia Nacional como “una anomalía jurisdiccional centralizada”, que no se ajusta a los estándares europeos sobre descentralización y el derecho al juez de turno, o que la “Ley Mordaza” cumplió 10 años sin ser derogada y sigue utilizándose como herramienta “para restringir el espacio cívico, las protestas pacíficas, la libertad de expresión y sancionar a periodistas”.

En otros puntos no relativos a la Justicia, el informe señala que “no ha habido reformas estructurales” reales en temas de lobbies, conflictos de intereses o transparencia en la contratación pública, que “existen vínculos opacos” entre partidos políticos, grandes corporaciones y servicios públicos privatizados, en relación al grupo Quirón y la Comunidad de Madrid, con un “riesgo muy alto de corrupción”.

El informe subraya el peor brote de violencia racista organizada en décadas (en Torre Pacheco), el acoso impune a mujeres en clínicas de salud reproductiva debido a que los jueces absolvieron a activistas antiabortistas y fallos que provocaron muertes en la gestión de la sanidad pública en Andalucía relacionados con retrasos de diagnósticos de cáncer de mama.

Finalmente, esta organización no gubernamental denuncia que existe un “grave riesgo de captura económica” de los medios de comunicación por parte de grandes grupos financieros y acreedores, así como “falta de regulación en la publicidad institucional”, lo que compromete la independencia editorial.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, anunció este lunes en una entrevista en el programa La noche en 24 horas de TVE que la Fiscalía presentará su propio recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia que condenó a su predecesor, Álvaro García Ortiz.

“Recientemente, me planteó la teniente fiscal del Tribunal Supremo [María Ángeles Sánchez Conde] su intención de interponer un recurso de amparo y, por lo tanto, lo que he hecho es dictar un decreto designando a la teniente fiscal del Supremo para la interposición de ese recurso”, afirmó Peramato. En paralelo, la Abogacía del Estado, que representó a García Ortiz en el proceso, tiene intención de presentar su propio recurso antes de que acabe el mes de marzo, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. 

El pasado febrero, el Tribunal Supremo rechazó anular la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado. El Alto Tribunal consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de una multa y una indemnización.

La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que solo cabía solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías, que es el paso que darán ahora la Fiscalía y García Ortiz. En su recurso de nulidad ante el Supremo, la defensa de García Ortiz argumentó que se habían vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denunció siete motivos de nulidad. 

La teniente fiscal del Supremo, por su parte, sostuvo que los jueces de la Sala de lo Penal habían ignorado “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que lo condenaron por una “filtración inexistente”. Afirmó que los jueces realizaron una “incompleta selección de los hechos” al omitir los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

García Ortiz se incorporó hace unas semanas como fiscal a la Sección Social del Supremo tras la decisión de Peramato de no expulsarle de la carrera tras su condena. La fiscal general argumentó que, al no haber sido condenado a prisión, debe aplicársele el mismo criterio que rige para los jueces, que solo pierden su condición si hay prisión.

La nueva fiscal general del Estado ha afrontado este viernes su primer gran pulso ante la cúpula fiscal con una batería de 17 nombramientos. Teresa Peramato, que llegó a la institución afirmando que contaría con “todos” para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a Álvaro García Ortiz, ha optado por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también ha nombrado a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora. 

Tras oír al Consejo Fiscal, uno de los tres puestos de fiscal de Sala jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo ha sido para Ana García León, que fue fiscal jefa de la Secretaría Técnica con García Ortiz y una de las personas de máxima confianza del ex fiscal general. Otro lo ocupará la actual fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, que no está asociada aunque tiene un perfil progresista, de acuerdo a las fuentes fiscales consultadas por elDiario.es. 

Además, Peramato ha optado por mantener en la tercera de esas jefaturas a Javier Huete, que fue uno de fiscales de la máxima categoría que firmó un escrito que pedía formalmente la dimisión de García Ortiz tras su declaración como investigado en la causa abierta contra él por revelación de secretos tras la querella del comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Esa misiva, entre otras, llevaba también las firmas de los cuatro fiscales del procés, que mantuvieron un enfrentamiento abierto con García Ortiz prácticamente desde su llegada a la cúpula de la Fiscalía. Dos de ellos —Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado con Mariano Rajoy (PP)— optaban a una de esas jefaturas, pero Peramato ha optado por otros perfiles. 

Del Consejo Fiscal de este viernes también han salido tres nuevos fiscales del Supremo, en este caso sin categoría de jefe. Uno de esos puestos es para Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica con García Ortiz y a quien Peramato mantuvo en ese puesto. Villafañe, que estuvo imputado en la causa abierta tras la querella de la pareja de Ayuso y que declaró como testigo en el juicio, ha sido uno de los más estrechos colaboradores del ex fiscal general.

También ascienden al Supremo la actual fiscal jefa de Cuenca, Isabel Gómez, que desde junio de 2022 era vocal del Consejo Fiscal por parte de la conservadora Asociación de Fiscales. Y Antonio Colmenarejo, que estuvo en la Secretaría Técnica con García Ortiz y que está especializado en materias como el medio ambiente y urbanismo. A uno de esos puestos optaba la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, enfrentada a García Ortiz, que no ha resultado elegida.

Al frente de la Fiscalía de Sala de Discapacidad seguirá la ex fiscal general María José Segarra, que era la única aspirante al puesto. Segarra, que fue la primera fiscal general nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, también firmó la carta en la que se pedía la dimisión de García Ortiz tras su declaración en el Supremo en enero del año pasado.

La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente pasará a manos de Javier Rufino, que actualmente es teniente fiscal de la Inspección Fiscal, donde ha asumido la redacción de las actas de medio ambiente. Rufino no está asociado, aunque se le atribuye una sensibilidad conservadora, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Peramato también ha hecho dos nombramientos en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Una de las propuestas ha sido Raquel Muñoz, que también formó parte de la Secretaría Técnica con el ex fiscal general. El otro es Ignacio Rodríguez, que en la actualidad era letrado del tribunal de garantías y que formó parte del grupo de expertos que hizo un proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal durante el mandato del ministro Juan Carlos Campo (PSOE).

Además, en la Audiencia Nacional recalará Beatriz López Pesquera, que también formó parte del equipo de García Ortiz en la Secretaría Técnica y que está asociada a la Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió Peramato en el pasado. Por otro lado, logra una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción Virna Alonso, que era decana de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid.

Tres meses después de tomar posesión tras la histórica sentencia que inhabilitaba a su predecesor, la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, afronta este viernes su primer gran pulso ante la cúpula del Ministerio Público. El Consejo Fiscal, que ejerce como órgano asesor y tiene mayoría conservadora, se pronunciará sobre la provisión de 19 plazas, si bien la última palabra sobre esas designaciones la tendrá Peramato. Fuentes fiscales dan por hecho que ascenderá a antiguos colaboradores de Álvaro García Ortiz, aunque también nombrará a independientes y miembros de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales. 

Peramato se enfrenta al reto de construir su liderazgo en un escenario complejo y tras una época marcada por la oposición a la cúpula de la Fiscalía por parte de los sectores más conservadores del Ministerio Público. Esa oposición la han encarnado, entre otros, los fiscales que ejercieron la acusación en el juicio del procés, que mantuvieron un enfrentamiento abierto con García Ortiz prácticamente desde su llegada a la cúpula de la Fiscalía. 

Ahora, dos de ellos —Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado con Mariano Rajoy (PP)— optan a ocupar alguno de los tres puestos de fiscal de Sala jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo. Por ese ascenso competirán, entre otras siete personas, con Ana García León, que fue fiscal jefa de la Secretaría Técnica con García Ortiz y una de las personas de máxima confianza del ex fiscal general. Tras su cese, García León fue sustituida por Julio Cano, que ejercía como fiscal superior en Baleares. 

En uno de esos puestos aspira a mantenerse Javier Huete, que fue uno de fiscales de la máxima categoría que firmó un escrito que pedía formalmente la dimisión de García Ortiz tras su declaración como investigado en la causa abierta contra él por revelación de secretos tras la querella del comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esa misiva, entre otras, llevaba también las firmas de los cuatro fiscales del procés. 

Entre los aspirantes a una de esas jefaturas está también Álvaro Redondo, el fiscal que hizo el informe que descartaba que hubiera base para perseguir por terrorismo a Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democrátic. Redondo, que pertenecía a la conservadora Asociación de Fiscales, se dio de baja después de que los seis vocales de esa asociación votaran en contra de otorgarle el amparo por los ataques que recibió de la prensa tras trascender el dictamen en el que descartaba el delito de terrorismo y la imputación de Puigdemont y que fue rechazado por la mayoría de los fiscales de lo Penal del Supremo. 

Esas tres jefaturas han quedado vacantes debido al puesto que dejó Peramato al asumir la plaza de fiscal general, a la próxima jubilación de otro de los fiscales del procés, Fidel Cadena, y a la finalización del mandato de Huete, que opta a la reelección. 

Colaboradores de García Ortiz

Del Consejo Fiscal de este viernes también saldrán tres nuevos fiscales del Supremo, en este caso sin categoría de jefe. A uno de esos puestos aspira Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica con García Ortiz y a quien Peramato mantuvo en ese puesto. Villafañe, que estuvo imputado en la causa abierta tras la querella de la pareja de Ayuso y que declaró como testigo en el juicio, ha sido uno de los más estrechos colaboradores de García Ortiz. 

A una de esas plazas también concurre la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, enfrentada a García Ortiz. De hecho, ambos se lanzaron severos reproches durante la vista oral, en la que ella compareció como testigo y afirmó que sospechó desde el principio del entonces fiscal general como autor de la filtración del correo electrónico vinculado al empresario González Amador. 

También se renueva la Fiscalía de Sala de Discapacidad, en la que será renovada su actual titular, la ex fiscal general María José Segarra, que es la única aspirante al puesto. Segarra, que fue la primera fiscal general nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, también firmó la carta en la que se pedía la dimisión de García Ortiz tras su declaración en el Supremo en enero del año pasado. También sale a concurso la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente tras la jubilación de su anterior representante, Antonio Vercher. 

En la sesión de este viernes se resolverán, asimismo, destinos en las Fiscalías Anticorrupción, Antidroga, ante el Tribunal Constitucional y en la Audiencia Nacional, además de varias jefaturas provinciales. En la relación de aspirantes aparecen otros tres integrantes de la Secretaría Técnica, lo que evidenciará hasta qué punto la nueva fiscal general opta por ascender a perfiles vinculados a la figura de su predecesor apenas tres meses después de afirmar que su voluntad era contar con “todos” los miembros del Ministerio Público para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a García Ortiz.

El Tribunal Supremo rechaza anular la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. En un auto, la Sala de lo Penal desestima los incidentes de nulidad promovidos por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, esta última en representación de Álvaro García Ortiz y, por tanto, confirma la condena. El auto incluye el voto particular suscrito por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que discrepan con la decisión mayoritaria.

En su recurso, la defensa de García Ortiz argumentó que se habían vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denunció siete motivos de nulidad. La presentación de un incidente de nulidad es un trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que sólo cabía solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías, que es el paso que dará ahora García Ortiz.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostenía en su escrito que los jueces de la Sala de lo Penal habían ignorado “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que lo condenaron por una “filtración inexistente”. Afirmó que los jueces realizaron una “incompleta selección de los hechos” al omitir los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

La mayoría del tribunal responde que sí valoró esa prueba de descargo, pero consideró que los testimonios debían ser “tamizados” por el derecho al secreto profesional de los periodistas y que existía un conjunto de “indicios” suficientemente sólidos como para sustentar la condena.

La Fiscalía también acusó a la Sala de lo Penal de introducir un “hecho novedoso que trastoca de modo radical el objeto del proceso” al considerar delictivo el citado comunicado de la Fiscalía sobre el caso, algo que no se debatió ni imputó durante la instrucción y que se introdujo en la sentencia “de un modo deliberadamente ambiguo”. Frente a esa queja, la Sala subraya que tanto la filtración del correo como la publicación de la nota informativa formaron parte del objeto del proceso penal desde el principio, por lo que el acusado pudo defenderse plenamente de ambos hechos.

En sus escritos, ambos recurrentes sostenían también que no se puede “revelar” un secreto que ya era público en los medios de comunicación. Su tesis era que como los datos habían sido difundidos previamente por radio, televisión y en prensa escrita habían dejado de ser secretos, por lo que no pueden integrar el delito de revelación de secretos conforme al tenor literal de la norma.

El Supremo rebate, sin embargo, que el deber de “confidencialidad” del fiscal general exigía no divulgar esos datos reservados obtenidos por razón de su cargo, y que hacerlo produjo una “lesión” a la presunción de inocencia del empresario, independientemente de las filtraciones previas.

El voto particular da credibilidad a los periodistas

El voto particular firmado por las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer expresa su discrepancia con la decisión de la mayoría y afirma que los incidentes de nulidad presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberían haber sido estimados. En esencia, las magistradas se reafirman en los argumentos que ya expusieron en la sentencia condenatoria, en la que consideraron que no había quedado probado que García Ortiz “o su entorno” filtraran el correo en el que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía el fraude fiscal. Tampoco veían delito en la difusión de una nota de prensa para desmentir informaciones sobre el caso “no ajustadas a la verdad”.

Ambas magistradas denuncian que la mayoría no ha tenido en cuenta las pruebas de descargo. En concreto los testimonios bajo juramento de los periodistas. Subrayan que estos testigos afirmaron tener el correo antes de que se publicara la nota de la Fiscalía y que varios de ellos negaron de forma expresa que García Ortiz fuera su fuente. A juicio de las magistradas, los testimonios de estos informadores fueron “creíbles” por su contundencia, por no incurrir en contradicciones con sus declaraciones anteriores y, en especial, porque contaban con corroboraciones periféricas. 

Álvaro García Ortiz ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de fijar en 79.942,70 euros los honorarios del abogado del empresario Alberto González Amador que debe abonar en virtud de su condena. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa del ex fiscal general del Estado argumenta que la cifra es “manifiestamente desproporcionada” y propone reducirla a 4.240 euros. 

Alega, entre otras cuestiones, que incluye costas de la fase en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde no estaba imputado o actuaciones referidas a la fiscal Pilar Rodríguez, que no se llegó siquiera a sentar en el banquillo. A su juicio, la cifra es “absolutamente incompatible con los reiterados criterios de proporcionalidad, moderación y razonabilidad exigidos de forma constante por el Tribunal Supremo para la inclusión de honorarios en una tasación de costas”. 

El Supremo asumió íntegramente los 64.778,78 euros en costas que habían sido reclamados por el letrado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a los que añadió el IVA. Además, García Ortiz tendrá que pagar 1.560,38 euros a la procuradora. La cifra finalmente acordada cuadruplica la condena que impuso el Supremo a García Ortiz entre la multa y la indemnización después de declarar probado que él o alguien de “su entorno” filtraron a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista.

La Sala de lo Penal, con dos magistradas en contra, condenó al ex fiscal general del Estado al responsabilizarle de la filtración. La condena fue a dos años de inhabilitación para ejercer como líder de la Fiscalía, a los que se sumaron dos sanciones económicas: una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros a González Amador por las consecuencias de la filtración. Son cifras que están por debajo de los 300.000 euros de resarcimiento que había pedido la pareja de Ayuso y también de la multa de 108.000 euros solicitada.

Respecto a las costas, el Alto Tribunal sí acogió los argumentos del letrado de González Amador, que alegó el “innegable” esfuerzo realizado debido a la complejidad de un caso que, además, fue muy mediático. Así, argumentó que el procedimiento fue difícil porque tuvo que enfrentarse no solo a la defensa del acusado, sino a la maquinaria del Estado, dado que la Fiscalía, al no acusar a García Ortiz, no adoptó una posición “neutral” y, además, fue defendido por la Abogacía del Estado. 

La defensa de García Ortiz considera que la cifra de 79.942,70 euros es incompatible con la complejidad real del procedimiento y con la cuantía de la responsabilidad civil, fijada en 10.000 euros. Afirma, además, que la mayoría de las diligencias solicitadas por la acusación particular fueron rechazadas, carecieron de utilidad real o se refieren a actuaciones ajenas a la defensa del ex fiscal general. Y recuerda que el “contexto institucional” y la presencia en medios son elementos extrajurídicos que no aumentan la carga de trabajo legal y no pueden usarse para inflar la factura. 

Por otro lado, el ex fiscal general reclama que el Ilustre Colegio Abogados de Madrid no pueda realizar un informe sobre las costas. Argumenta su “falta de idoneidad” para pronunciarse sobre ello. La entidad profesional fue la primera en presentar una querella contra la Fiscalía por este asunto y, después, ejerció la acusación popular. Llegó a pedir una condena de cuatro años de cárcel para García Ortiz.

José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) ejerció desde los últimos años de la dictadura hasta 2011. Primero como fiscal y después como magistrado del Tribunal Supremo y abogado, este jurista se ha erigido como una voz firme contra lo que considera un “activismo judicial” en casos como el procés independentista catalán, las causas abiertas y cerradas contra miembros de Podemos y ahora contra el entorno del presidente del Gobierno. En su último libro, 'Visto para sentencia' (editorial Siglo XXI), el magistrado emérito repasa la actualidad judicial del país. “El juicio contra el fiscal general se celebró y todos los que asistieron fueron conscientes de que no hubo ninguna prueba de cargo”, dice sobre la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz.

¿Qué es la “ofensiva judicial reaccionaria” que denuncia en su libro? ¿Cuándo arranca?

El punto más determinante para mí fue el caso Atutxa. El fiscal se retiró y quedó, para no faltar a la fiesta, Manos Limpias, que recurrió la primera absolución de Juan Mari Atutxa, expresidente del Parlamento Vasco. Entonces se aplicaba la 'doctrina Botín', según la cual si el fiscal no acusa y no hay acusación particular hay que sobreseer. Entonces el señor Manuel Marchena le da la vuelta a la doctrina y explica que eso solo vale para asuntos particulares La cuestión llega a Estrasburgo que lo anula todo por razones formales. Ahí empieza a focalizarse que hay un sector de la judicatura, todavía no muy definido, que creía que su misión era luchar contra el independentismo que se refuerza con la famosa sentencia del procés.

Después se amplía y se considera, y esto es lo que estamos viviendo, que algún sector de la judicatura puede aportar su potestad jurisdiccional no solamente contra los independentistas sino contra aquellos que pertenecen al espectro de la izquierda y contribuyen a un Gobierno que no es de su agrado y consideran ilegítimo. Esa campaña alcanza unas cotas preocupantes y estadísticamente desorbitadas cuando emerge Podemos y es un desmadre total, se utiliza la 'policía patriótica' para inventarse cosas.

¿Las causas contra Podemos fueron un punto de inflexión?

Algunos jueces, de la mano de la derecha más reaccionaria, pensaron que podían contribuir a parar ese auge a partir de la utilización del proceso penal. Yo destacaría dos querellas: el conocido como caso Neurona que el juez Juan José Escalonilla mantuvo abierto casi tres años y siguió por tierra, mar y aire. Y esto reproduce lo que está pasando a Begoña Gómez, acuérdate de cuando se acusó a Irene Montero de usar delictivamente a una colaboradora para cuidar de un bebé. Esto alcanza su culmen contra Ada Colau, que recibe un total de 16 querellas y algunas de ellas son para quitarle el carnet de conducir al juez que las admitió a trámite.

Vieron que no pasaba nada y un sector de la judicatura decidió alinearse. Adquiere una dimensión beligerante y preocupante cuando se suman a la tesis de la derecha de que es un Gobierno ilegítimo. Hay un sector de la judicatura muy importante que dice que va a hacer todo lo posible para desgastar y derribar a este Gobierno ilegítimo y es lo que estamos viendo. Se busca derrocar al Gobierno por la vía judicial enjuiciando al presidente.

¿Las causas contra su esposa y su hermano forman parte, según usted, de ese desgaste?

Hay gente inteligente y maniobrera que dice que ir directamente contra el presidente puede ser un choque demasiado injustificable y entonces van a por la familia: su esposa y su hermano. Y también contra el fiscal general. Estamos en una lucha en la que las acusaciones populares han proliferado como las setas en otoño: en el caso del hermano de Sánchez hay siete personadas, un desbarajuste procesal. ¡Incluso Abogados Cristianos! Igual es que David Sánchez no programó el 'Réquiem' de Mozart y se han sentido ofendidos.

Se habla de 85 querellas rechazadas contra Pedro Sánchez, no sé si la cifra es exacta pero es numerosa. Hasta ahora en febrero no se han atrevido a dar el paso, pero tengo el pálpito de que si las cosas siguen así y esto no se viene abajo con el reguero de elecciones autonómicas al final a lo mejor dan el paso.

¿Cuáles son los ingredientes del “activismo judicial” que describe en el libro?

En este momento es imprescindible que el proceso lo active una acusación popular, son el detonante. Lo que está pasando ahora yo lo denomino “activismo judicial”. El lawfare designa cuando se sustituye la intervención del Ejército, que es costoso, por los tribunales de Justicia para derrocar presidentes e incluso intentar cambiar el régimen. Ahora en mi opinión lo que pasa es un activismo judicial que colabora con el PP fundamentalmente y han decidido aliarse.

Enrique López ha dicho que los jueces son mayoritariamente del PP. En una cena le dicen a Alberto Núñez Feijóo que esperan que sea presidente. Yo a eso le llamaría activismo judicial.

¿Debería reformarse entonces la figura de la acusación popular para evitar este uso de los tribunales?

Por supuesto. Tiene sus pros y sus contras, en España está instaurada desde 1812, aunque fuera muy limitada en un principio hasta que Alonso Martínez la extendió. Tiene el pro de que ante una Fiscalía excesivamente sumisa al Gobierno una persona puede ejercitar la acción popular. Eso no existe en toda Europa. Pero esto ha degenerado en lo que ha degenerado y ya hay que pensar si no hay que poner coto a determinadas posiciones.

El ministro Félix Bolaños hizo un proyecto de ley para modificar la acción popular. Estoy completamente de acuerdo con él, en una sociedad democrática los partidos políticos no pueden estar legitimados para ejercer la acción popular. Con los sindicatos haría un matiz con los delitos contra los derechos de los trabajadores, creo que ahí tiene una legitimación. Con esos matices, ahora hay asociaciones profesionales de la acción popular, una especie de cofradías que se han extendido, y tenemos que tener cuidado ante el abuso como sucede el caso de Begoña Gómez.

Hay un factor temporal. En esa cátedra entre 2020 y 2024 nadie dice nada. Pero hay un factor temporal, que es julio de 2023 cuando ya Feijóo no es presidente porque no quiere y se les viene abajo, y empiezan a surgir las causas. La plaza del hermano de Sánchez se adjudica hace años y la causa se abre en 2024. Blanco y en botella. Habría que ser muy riguroso y demostrar una vinculación suficiente y motivada con el hecho que se está persiguiendo.

Por ejemplo, una asociación ecologista estaría justificadísimo que persiga delitos medioambientales. Si estas asociaciones refuerzan los fines de un partido de derechas para derrocar al Gobierno reciben el apoyo mediático, no podrían hacer nada si hubiera una prensa que las pusiese en su sitio.

¿Qué piensa del proceso judicial que ha terminado en condena para Álvaro García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso?

Me parece una cacería, una programación con unos personajes con protagonismo: el instructor Ángel Hurtado y los cinco jueces de la mayoría de la condena. Es una idea verdaderamente disparatada considerar que la Fiscalía había hecho una nota de prensa que constituía un delito de revelación de secretos. Primero hay un problema técnico-jurídico, y es que ese delito solo puede cometerlo un funcionario de la Administración Pública y el Ministerio Fiscal no lo es.

Al principio, además, se produjo un hecho gravísimo que me conmocionó como ciudadano y como fiscal: cuando entró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Fiscalía General casi como si fuese una guarida de narcotraficantes o de ladrones. Me consta que había allí dentro gente llorando y la sentencia considera proporcionada esta entrada 'manu militari'.

La sentencia contra el fiscal general remata con una afirmación que daría lugar a que les retirasen hasta la licencia de conducir: que tuvo que ser él o alguien "de su entorno". Eso para hablarlo en la barra del bar puede pasar, pero en una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo...

¿Considera que fue condenado con pruebas suficientes?

El juicio se celebró y todos los que asistieron fueron conscientes de que no hubo ninguna prueba de cargo. Era evidente que no había pruebas y los jueces redactaron una sentencia en la que falsifican qué es lo que había pasado. El núcleo de la cuestión, lo que lo desencadena todo, es cuando aparece una información que asegura que la Fiscalía no había aceptado la conformidad “por órdenes de arriba”. Eso es rigurosamente falso y lo que hace la Fiscalía es una nota de desmentido, que además en principio no se consideró delictiva.

La sentencia remata con una afirmación que daría lugar a que les retirasen hasta la licencia de conducir: que tuvo que ser él o alguien “de su entorno”. Eso para hablarlo en la barra del bar puede pasar, pero en una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo... es una aberración contra el principio de individualización de la persona que ha cometido el delito, no se puede hacer. Hay que individualizar. El entorno cuál es, ¿el familiar? ¡Podría haber sido yo, que tengo buena amistad con él! Fíjate hasta dónde podría llegar el entorno. Eso descalifica jurídicamente el fallo y pone de relieve que su única intención era contribuir a desgastar al presidente del Gobierno dando munición.

Acusa directamente al juez Peinado de prolongar “artificialmente” la causa contra Begoña Gómez para “desgastar al Gobierno”...

En principio hubo una crítica generalizada a que admitiera la querella de Manos Limpias cuando solo tenía recortes de periódico y al final quizás esto sea lo de menos. Cualquier juez dice: “Señores, esto se archiva”. Pero no, Peinado empieza a tirar y se ve claramente su intención de ir salpicando al presidente del Gobierno y dar carnaza. Volvemos al 'caso Niñera' de Podemos: una ayudante que ayuda a redactar correos no tiene ninguna relevancia, no puede ser malversación.

Todo está montado con la intención de alargarlo y hay que reconocer que, por lo menos, en el caso del fiscal general y del hermano de Pedro Sánchez los jueces han cumplido y han actuado con celeridad, pero este caso va camino de los dos años infringiendo la ley que dice que se debería instruir rápido. Las resoluciones de Peinado son absolutamente disparatadas, incluso gramaticalmente, como destaca Álex Grijelmo. Se ha metido en un charco.

¿Es necesario un Tribunal Constitucional?

Hay muchos países que no tienen uno, se puede funcionar sin él, pero en España era absolutamente imprescindible porque veníamos de 40 años de dictadura en la que jueces y fiscales no teníamos la posibilidad de aplicar la Declaración de Derechos Humanos o el Convenio Europeo. Estábamos al margen del Derecho internacional. Fue imprescindible e hizo una gran labor, pero con el advenimiento de José María Aznar, que pretendió controlarlo excesivamente valiéndose de su mayoría absoluta, empieza a jugarse una partida parecida a la que se juega con los vocales del Consejo del Poder Judicial.

Eso deteriora mucho. La sentencia de 2021 del estado de alarma solamente pone de relieve que lo único que querían no solo era, incluso, casi un 'impeachment' de Pedro Sánchez por encerrar a los españoles, sino también algo aberrante. Decir unos magistrados de un Tribunal Constitucional que procedía un estado de excepción, que lleva aparejado un internamiento total, la abolición de la libertad de prensa, la entrada y registro en domicilios sin autorización judicial... Esto es inaudito.

¿A qué se refiere en el libro con “arrastrar las togas por el barro”?

Legislar desde un tribunal es una tentación, no solo en España sino en todos los sistemas judiciales y es lo que dio lugar a acuñar el término “activismo judicial” en Estados Unidos, cuando el Tribunal Supremo se cargó 140 leyes de Roosevelt. Con esa expresión me refería fundamentalmente a la inaudita concentración de jueces con toga contra un proyecto de ley que no se había redactado. El Consejo del Poder Judicial ha mirado para otro lado, hay un protocolo que prohíbe sacar las togas a la calle.

También dedica un pasaje a la Sala Tercera del Supremo y sus sentencias tumbando nombramientos como el de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado o los ascensos de Eduardo Esteban y Dolores Delgado en la Fiscalía.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo es un caso típico del juez legislador. Cuando legitiman a la acusación popular para oponerse a los indultos del procés, por ejemplo, están cambiando la ley, es un caso de libro. En cuanto a los nombramientos podemos entrar en un debate estadístico: no hay ni una sola corrección de nombramientos hechos por gobiernos del PP y sí varios de gobiernos del PSOE. El caso de Eduardo Esteban es mucho más grave todavía porque primero dicen que la decisión no está motivada, y es verdad que era muy escasa, pero cuando la Fiscalía hace una motivación de más de 20 páginas siguen diciendo, porque les sale de donde les sale, que no está motivado y tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que corrigiese el entuerto.

Actualmente se planifican cambios para las oposiciones con un menor peso de las pruebas memorísticas. ¿Considera, como un sector de la judicatura, que es un atentado contra la independencia judicial? En su libro habla de una necesaria “democratización” del sistema.

El sistema español memorístico no tiene parangón en la Unión Europea y el mundo democrático. No tiene ningún sentido. Este año la jueza más joven de España tiene 23 años, tú dices en Alemania o Francia que alguien puede ser juez a esa edad por embotellarse unos temas en la cabeza y es como darle a pilotar un avión a un chico que solo se sabe las coordenadas y las altitudes. Esto crea, además, una endogamia con el preparador, que escandalosamente defrauda a Hacienda.

Es un cambio muy importante, el objetivo es detectar que el aspirante tiene otras habilidades más allá de las puramente memorísticas y eso es la clave de por qué se oponen a instaurar un sistema parecido al europeo. La Asociación Profesional de la Magistratura y otras asociaciones han ido por Europa diciendo que ataca la independencia judicial. Si eso es atacar la independencia es que esos jueces no saben lo que es la independencia y eso es muy peligroso, aquí no se han atrevido a decir eso porque no han tenido el apoyo de nadie. ¿En qué cabeza cabe? Este nuevo ejercicio será bueno, malo o incompleto, pero desde luego de ninguna manera ataca a la independencia judicial.

Yo sería partidario de introducir un mínimo de 50% de jueces del turno libre que hubieran acreditado experiencia profesional, que digan lo que digan ha dado magníficos resultados y uno de ellos ha llegado a presidir la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

La situación es crítica en Estados Unidos. ¿Son allí los jueces la última barrera de contención ante la deriva de Donald Trump?

Ojalá. Me recuerda a la leyenda del molinero de Potsdam que se enfrenta al rey y a la que se atribuye la frase de “aún quedan jueces en Berlín”. Yo creo que todavía quedan jueces en Estados Unidos y dentro de la tremenda preocupación de la pérdida de democracia en lo que fue la primera democracia del mundo, algunos jueces son la barrera de contención. Cuando se anuló el internamiento de un niño de cinco años en Texas las personas se escondieron en los asientos del avión, el plano es muy significativo, no es porque no fuesen partidarios sino porque tenían miedo.

En su libro también aborda la reforma legal de los delitos sexuales conocida como ley del 'solo sí es sí'. ¿Considera que su modificación para frenar las rebajas de condena fue un error?

Esa ley se tergiversó de una manera digna de Goebbels en sus mejores momentos, diciendo que todos los días salían dos o tres personas de la cárcel. La ley se ajustaba estrictamente al contenido del Convenio de Estambul y al PSOE le preocupaba cortar la hemorragia que se encargaba de repetir la tamborrada mediática, algunos incluso con un contador de rebajas de condena. Se estropeó una ley que era impecable y que tiene 52 artículos que son clave para hacer frente a la violencia de género. Y nadie se los ha leído porque exigen un desembolso presupuestario; sin embargo, poner que las penas se rebajan un año o dos es muy barato.

La Fiscal Jefa Inspectora, María Antonia Sanz Gaite, ha dirigido un escrito a todos los miembros de la carrera en el que justifica la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de no expulsar a Álvaro García Ortiz tras su condena por revelación de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, argumenta que, al no haber sido condenado a prisión, debe aplicársele el mismo criterio que rige para los jueces, que sólo pierden su condición si hay prisión.

El Tribunal Supremo consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de la una multa y una indemnización.

Según una interpretación literal del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), un fiscal perdería su condición por cualquier condena por delito doloso [intencionado] superior a “seis meses”, incluso si la pena es solo una multa. En cambio, los jueces solo pierden su condición si la condena implica cárcel, de acuerdo a la ley del Poder Judicial. A juicio de la Fiscalía resulta “desigual e injustificadamente más gravoso el tratamiento dispensado a los miembros del Ministerio Fiscal”. 

El escrito explica que esta “sensible diferencia” entre las normas reguladoras de los estatutos de fiscales y jueces fue analizada por la Inspección Fiscal en el año 2019, que determinó que el “rigor” del Estatuto “podía salvarse con una interpretación integradora de su redacción para incorporar la referencia a las penas privativas de libertad”, tal y como establece la ley del Poder Judicial. Asegura que ese el criterio que se ha seguido desde entonces y que existe “al menos un precedente más referido a un fiscal condenado por delito doloso”.

Sanz Gaite recuerda que esa “interpretación” coincide con la realizada por la Sala de lo Contencioso-Administrativos, que determinó en una sentencia de 2017 que “si la condena por delito doloso no conlleva privación de libertad, entonces no habrá pérdida de la condición judicial o fiscal”.

La comunicación afirma, en este sentido, que la jurisprudencia constitucional y la doctrina científica administrativista ha establecido también que la Administración no puede imponer un “plus aflictivo”, esto es, un castigo adicional que vaya más allá de la sentencia penal, ya que esto vulneraría derechos constitucionales y la tutela judicial efectiva. 

El decreto por el que la actual fiscal general permitió el regreso a la carrera de García Ortiz ha sido recurrido por el empresario y comisionista González Amador. En su escrito defendió que la condena conlleva la pérdida de la condición de fiscal y no una mera suspensión o sustitución por una sanción menor. Los abogados de González Amador insisten en que García Ortiz ha “quebrado dolosamente el deber de secreto” y sostienen que eso es incompatible con mantener su plaza en la carrera fiscal.

La causa contra Álvaro García Ortiz ha llegado a un nuevo punto de conflicto después de ser condenado: las costas judiciales. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, según ha adelantado esta mañana el periódico El Mundo, ha solicitado que el ex fiscal general del Estado pague casi 65.000 en costas por los honorarios generados por su abogado durante la tramitación de la causa. Una petición que cuadruplica la condena que impuso el Tribunal Supremo a García Ortiz entre la multa y la indemnización después de declarar probado que él o alguien de “su entorno” filtraron a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista.

La Sala de lo Penal, con dos magistradas en contra, decidió condenar al ex fiscal general del Estado al responsabilizarle de la filtración. Una condena de dos años de inhabilitación para ejercer como líder de la Fiscalía añadida a dos sanciones económicas: una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por las consecuencias de la filtración. Muy por debajo de los 300.000 euros de resarcimiento que había pedido la pareja de Ayuso y también de la multa de 108.000 euros que había pedido.

El Supremo condenó a García Ortiz a pagar las costas de la acusación particular y la mitad de “las restantes” y ahora la defensa del empresario, ejercida por el letrado Gabriel Rodríguez-Ramos, ha presentado al Tribunal Supremo sus honorarios: 64.778 euros según sus propios cálculos. La cantidad final, en cualquier caso, será establecida por la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y su decisión podrá ser recurrida tanto por González Amador como por García Ortiz.

Fuentes cercanas al ex fiscal general entienden que se trata de una cantidad desmesurada, sobre todo teniendo en cuenta que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estableció unas responsabilidades económicas más de diez veces inferiores a las solicitadas por González Amador. Los propios jueces consideraron desproporcionadas sus solicitudes de condena, también la de cuatro años de prisión, dejando el castigo en dos de inhabilitación. Ahora el Supremo tendrá que examinar el detalle de los gastos remitido por el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El caso contra Álvaro García Ortiz, después de haber sido condenado en firme, está a la espera de los últimos trámites antes de poder presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han presentado incidentes de nulidad contra la condena y la Sala de lo Penal tiene pendiente su resolución en las próximas semanas. Cuando ese incidente de nulidad quede previsiblemente rechazado por la misma mayoría que firmó su condena, García Ortiz podrá acudir al Tribunal Constitucional.

Mientras tanto el Ministerio de Justicia ya tramita varias peticiones de indulto presentadas por terceras personas para que la condena de García Ortiz sea perdonada. Por el momento, el departamento que dirige Félix Bolaños se ha limitado a pedir un informe al Ministerio Público en un proceso en el que también tendrá que dar su opinión el Tribunal Supremo. Un posible indulto, tal y como ha explicado elDiario.es, no le permitirá recuperar el dinero que ya ha pagado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió García Ortiz y que ha sido crítica tanto con la condena como con la instrucción del caso, hizo una colecta para conseguir todo el dinero que el ex fiscal general había sido condenado a pagar.

El posible indulto a Álvaro García Ortiz no le permitirá recuperar todo el dinero que ya ha abonado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso tras la condena de dos años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por la filtración de su confesión de fraude fiscal. La ley del indulto excluye la obligación de responder civilmente, lo que deja fuera la indemnización de 10.000 euros para el empresario y comisionista que recoge la sentencia. Respecto a la pena de multa de 7.200 euros que García Ortiz también ha consignado ya, esa norma detalla que solo se le devolverá si lo recoge “expresamente” el decreto del Gobierno. 

Aunque el indulto es una prerrogativa del Ejecutivo, el perdón total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas— está supeditado a que haya un informe favorable del órgano sentenciador. En este caso, de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenaron a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a pagar las cantidades económicas que el ex fiscal general ya ha abonado ante el Tesoro Público. 

Además, aunque el Ejecutivo le concediera la medida de gracia total, se da por seguro que el ex fiscal general no regresará a la cúpula del Ministerio Público, donde le sustituyó Teresa Peramato. También seguirá abierta la vía del posible recurso de amparo al Tribunal Constitucional, donde su defensa buscará revertir la condena por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales. 

Miguel Ángel Cabellos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona, explica que el recurso de amparo ante el tribunal de garantías mantendría el sentido si el indulto es parcial, al quedar “una parte de las penas en pie”. Pero también en caso de perdón total porque “esa totalidad no puede abarcar la indemnización”. 

Informe del Supremo

Precisamente esta semana, el Ministerio de Justicia activó el procedimiento para estudiar una primera petición de indulto al solicitar al alto tribunal que realice su informe. Tras recabar la posición de la Fiscalía, los magistrados expondrán si consideran que hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. 

En caso de informe desfavorable, seguirá existiendo la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas las todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

Algunas fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que el informe de la Sala de lo Penal será contrario al indulto, por lo que solo podrá ser parcial. Así, estas fuentes auguran que la inhabilitación podría quedarse en seis o 12 meses en lugar de los 24 que fijó la sentencia. Se da por hecho que García Ortiz no regresará en ningún caso a dirigir el Ministerio Público, lo que limita las consecuencias prácticas del indulto en un caso como este, en el que no hay pena de cárcel. 

Otras fuentes creen que el posible indulto —aunque sea parcial— sí puede suponer su blindaje en su nuevo destino en la Fiscalía de la Sala de lo Social del Supremo ante las impugnaciones que ya han empezado a llegar a la Fiscalía General. Entre ellas, la del propio González Amador, que ha recurrido el decreto por el que Peramato permitió el regreso a la carrera de García Ortiz con el argumento de que la pena por un delito doloso conlleva la pérdida de la condición de fiscal, por lo que reclama su expulsión. 

Está por ver, además, si el empresario también recurrirá la concesión del indulto si finalmente se produce aunque fuentes del Supremo explican que su hipotético recurso no frenaría la ejecución del indulto. El catedrático Cabellos explica que podría hacerlo “alegando estar afectado en sus derechos e intereses legítimos”. Este jurista recuerda que el Supremo ha establecido en su jurisprudencia que quien ha ejercido en un proceso la acusación particular —como es el caso de González Amador— tiene un interés legítimo en que la pena se cumpla y, por tanto, tendría la necesaria legitimación para poder impugnar el indulto.

No sería el caso de las acusaciones populares personadas en la causa. El Supremo ya lo dejó claro en el caso de los indultos del procés tras los recursos presentados por varios partidos políticos. Entre ellos, Vox, que había sido acusación popular. “Haber sido parte en el previo proceso penal no entraña de manera ineludible que se produzca la afectación por la concesión del indulto, porque dicha afectación no surge (...) por la sentencia que impone la condena, sino de la resolución que otorga el indulto de la pena ya impuesta”, dijeron entonces los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. 

Además, el Supremo ha definido en varias sentencias hasta qué punto es recurrible esta medida de gracia. Por ejemplo, en la sentencia que anuló el indulto que el Gobierno de Mariano Rajoy había concedido a un conductor kamikaze, los magistrados de esa misma Sala afirmaron que su revisión no puede extenderse a “la decisión de indultar o no indultar”. 

En otra sentencia posterior, de 2018, la misma Sala dijo que el Gobierno es libre para elegir y valorar las razones de “justicia, equidad y utilidad pública” —los tres motivos recoge la ley— que les llevan aprobar esa medida. Y advirtieron, no obstante, que esas razones han de “guardar la necesaria coherencia con los hechos que constituyen su soporte fáctico” y esto sí puede ser comprobado para “descartar todo atisbo de arbitrariedad”. 

Estos días publican los medios de comunicación que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes comienza a tramitar el expediente de indulto del Ex Fiscal General del Estado condenado por el Tribunal Supremo en sentencia 1000/2025 de fecha 9 de diciembre de 2025 como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años. Además, incluía el pago de las costas y las indemnizaciones que se entendían que correspondían.

La solicitud de indulto realizada por dos ciudadanos, encuentra su amparo en lo que autorizan los artículos 62 de la Constitución Española, 130.4 del código penal y el artículo 19 de la ley 18/6/1870 reguladora para el ejercicio de la gracia de indulto, y corresponde al Gobierno, el ejercicio del derecho de Gracia del ya mencionado artículo 62 de la Constitución.

Y el indulto solicitado se basa, a juicio de los solicitantes, en evidentes razones de justicia, equidad y utilidad pública.

Y es aquí donde se puede analizar o razonar sobre los motivos que aconsejan su concesión.

En primer lugar, la solicitud del indulto y la eventual aceptación del mismo por parte de la persona condenada, no supone aceptar su responsabilidad en los hechos. La sentencia ha establecido unos hechos y unas consecuencias jurídicas de los mismos. Esto es así conforme a las normas de procedimiento y a las reglas del Estado de derecho. Pero la discrepancia con la sentencia, que no implica su no acatamiento, es, a su vez, un derecho de cualquier ciudadano, y especialmente del propio condenado. De modo que el aceptar el indulto no priva de que pueda ejercer su derecho a recibir amparo constitucional por entender que se han vulnerado, precisamente, sus derechos constitucionales en la sentencia.

En segundo lugar, los solicitantes entienden que es de justicia su concesión. La sentencia ha generado una amplia controversia jurídica, legítima en el Estado de derecho, que se pone de manifiesto por el voto particular que dos magistradas integrantes del Tribunal, y por el debate jurídico suscitado con respecto a haberse podido conculcar gravemente el principio constitucional de la presunción de inocencia y el principio general del derecho “in dubio pro reo”. Estas importantes dudas, o ausencia de certezas en un proceso penal, hacen necesario que en interés de la justicia se dé la respuesta que el derecho de gracia constitucionalmente reconocido, puede ofrecer.

En tercer lugar, hay razones de equidad. La equidad significa dar a cada uno lo que merece atendiendo a las circunstancias que concurren en la persona a quien se ha de aplicar. Esto que puede decirse de Álvaro García Ortiz como merecedor de que se aplique el principio de equidad, justificante de la gracia de indulto, lo manifiesta la propia sentencia condenatoria, cuando en el Fundamento Jurídico Sexto al individualizar la Pena y refiriéndose al fiscal acusado, expresa que éste posee una trayectoria en una carrera estrechamente ligada con la Administración de Justicia, cuya brillantez y dedicación no nos pasa desapercibida y no podemos dejar de tomar en consideración. Basta con atender a la propia valoración del Tribunal sentenciador para que sea adecuada la consideración de que la razón equitativa para aplicar la gracia de indulto está plenamente justificada.

Y, por último, existen razones de utilidad pública. El Ministerio Fiscal es una Institución Constitucional con el mandato de defender legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Es, por lo tanto, sujeto de un interés público y lo es, también atendiendo a lo que dice la Sentencia, en el mismo Fundamento Jurídico citado, cuando afirma que el entonces Fiscal General, actuó con el deseo prevalente, de salir en defensa del prestigio de la institución que representaba, aunque, y esto lo dice también la sentencia, ello no anula su antijuricidad, porque, de lo contrario no podría condenar, aunque es evidente la duda que late en todo el razonamiento. Por lo tanto, es de utilidad pública reconocer el conflicto ante el que la Institución del Ministerio Fiscal pudo encontrarse ante noticias falsas, y el deseo del Fiscal General de defender la Institución, lo que hizo hasta el final con alto coste personal, familiar y profesional, en una actuación que el Tribunal considera antijurídica y que nuevamente siembra de dudas y abunda la discrepancia con su definitiva resolución.

La otra consideración a tener en cuenta se refiere a que la concesión de la gracia de indulto no perjudica a terceros, lo que queda suficientemente acreditado por su naturaleza de justa, equitativa y de interés público. Pretender que causa daño a terceros como obstáculo para su concesión, sería admitir el ensañamiento particular, y la bajeza moral de quien lo sostenga, y aunque estos conceptos puedan esgrimirse no deben ni pueden ser aceptables en una sociedad española democrática y acorde con los valores constitucionales que la informan desde su preámbulo. 

En definitiva, es justo, equitativo y de interés público que el Gobierno de España indulte al Sr. D. Álvaro García Ortiz totalmente, de la pena y accesorias impuestas. 

Eugenio Ribón Seisdedos es decano del Ilustre Colegio de Abogados (ICAM) desde hace tres años. Una institución que, con más de 70.000 letrados en sus filas, presume de ser el colegio de abogados más grande de toda Europa y que, desde la llegada de Ribón, destaca por algo más que por su actividad corporativa: encabezó la acusación penal contra el ex fiscal general del Estado, va camino de abrir un centro universitario con el permiso de Isabel Díaz Ayuso y está sumido en una guerra directa con la Abogacía Española. Ribón, abogado especialista en derechos de los consumidores, se erige como un líder de la abogacía que se hizo popular como defensor de preferentistas y ahora ejerce con un perfil personalista y cercano a la Comunidad de Madrid.

Ribón, gaditano que estudió Derecho en ICADE, se dio a conocer en la capital cuando, hace ya 15 años, la crisis de las participaciones preferentes llegó a los juzgados españoles. Miles de personas vieron cómo sus ahorros se habían quedado atrapados en unos productos que prometían una rentabilidad astronómica, pero cuya letra pequeña terminó arruinando a muchos pequeños inversores. El preludio de otras crisis judiciales como las de las cláusulas suelo de las hipotecas o los desahucios en el que Eugenio Ribón emergió como paladín de los consumidores. Consiguiendo, por ejemplo, que un juzgado obligara a Bankia a devolver los 140.000 euros que un matrimonio afectado por el aceite de colza tenía atrapados en las preferentes.

Curtido en el turno de oficio y en las batallas contra los bancos, Ribón dio el salto al ICAM en 2013 como responsable de la Sección de Consumo. Una división del colegio en el que se ofrecía información y asesoramiento a los letrados encargados de defender a los consumidores en sus peleas con los bancos, aseguradoras, inmobiliarias o agencias de viajes. Algunos de los que pasaron por allí recuerdan que las herramientas que Ribón puso a su disposición impulsó sus pleitos y fueron de gran ayuda para que mucha gente recuperase su dinero.

Los años pasaron y en el ICAM, que entonces tenía como decana a Sonia Gumpert, algunos consideraban que la intensidad con la que Ribón gestionaba la Sección de Consumo iba más allá de la formación. Las sospechas sobre un uso inadecuado de su puesto y sus bases de datos para promocionar su propia actividad profesional o promover la litigiosidad llevaron al ICAM a pedirle que dejara el puesto, según fuentes conocedoras del proceso. La invitación a coger la puerta coincidió con una queja contra Ribón presentada por una sección antónima del colegio: la de derecho bancario. Sus rivales en el juzgado.

Era mayo de 2016 y Ribón tomó la delantera. Se dirigió por correo a sus compañeros atribuyendo a esa queja un papel “determinante” en su expulsión. El David de los preferentistas contra el Goliat de los bancos. En un movimiento que puede causar estupor con una década de por medio, la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) –hoy los mayores detractores de la gestión de Ribón– pidió explicaciones a la decana Gumpert, salió en su defensa y destacó la “extraordinaria utilidad” de un trabajo que terminaba abruptamente. El ICAM nunca explicó públicamente su punto de vista de lo sucedido. Muchos de los que entonces le defendieron hoy se encuentran entre sus principales detractores.

Ribón no pasó mucho tiempo fuera del colegio madrileño. Un año después de su salida fundó la Asociación Española de Derecho del Consumo, pero en diciembre de 2017 formó parte de la lista electoral de José María Alonso, ganador de las elecciones a decano. Ribón volvía al ICAM como diputado tercero y como una de las caras visibles de la candidatura que había ganado a la opción continuista de Gumpert por menos de 600 votos de diferencia con una participación por debajo del 10% del censo. Cinco años después, Ribón subió el último peldaño y se presentó a decano del ICAM. Su candidatura, llamada 'Compromiso Abogacía', se impuso al irreverente Juan Gonzalo Ospina por 875 votos en unas elecciones marcadas, una vez más, por la pírrica participación: votaron poco más de 5.500 abogados de los casi 75.000 que habían sido convocados a las urnas. En el colegio de abogados más grande de Europa nadie parece muy preocupado por su gobierno corporativo.

José María Alonso, su antecesor en el cargo, era socio director de Baker McKenzie. Ribón presentaba un perfil completamente distinto. Había fundado su propio despacho y había quemado suela en los pasillos de los juzgados defendiendo consumidores y trabajando en el turno de oficio. En 2012 se había encerrado en el ICAM para defender el turno y siempre había mantenido un pie en ALTODO, la asociación referente en este ámbito de la abogacía. Surgió entonces un nuevo perfil de un Ribón más personalista, con una junta de gobierno más desdibujada y con una línea de acción que ha acercado al ICAM a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso mientras se enfrenta con el Consejo General de la Abogacía Española.

Juicio al fiscal general y universidad propia

El primer mandato de Ribón ha cruzado el ecuador con el ICAM convertido en el protagonista de algunos momentos inéditos de los tribunales en Madrid. El más relevante, sin duda, cuando acudió a los juzgados de la Plaza de Castilla a presentar la primera denuncia interpuesta contra la Fiscalía por la filtración de un correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El correo en el que su letrado Carlos Neira ofrecía un pacto y reconocía, en nombre de Alberto González Amador, un fraude fiscal de 350.000 euros. “Hoy el ICAM no se arrodilla”, dijo Ribón ese día tras fotografiarse presentando la denuncia en el registro de los juzgados, un lugar donde no es fácil sacar fotos sin llamar la atención de los miembros de seguridad del edificio.

La abogacía madrileña se convirtió así en el ariete penal contra Álvaro García Ortiz, escoltando a la acusación ejercida por el propio González Amador y llegando a pedir cuatro años de cárcel para el entonces fiscal general. Compareció ante el juez Ángel Hurtado en instrucción y ante el tribunal ya fase de juicio a medio camino entre el testigo y el perito dejando clara su posición: la pareja de Ayuso había perdido cualquier oportunidad de defenderse gracias a la filtración de su confesión.

Su declaración ante Hurtado fue una de las más tensas de la fase de investigación. Sobre todo cuando la Abogacía del Estado puso a prueba sus afirmaciones sobre cómo las conformidades habían saltado por los aires a raíz de la filtración. “Es una inconsciencia venir sin datos para afirmar algo incierto”, le reprochó la Abogacía del Estado por decir eso cuando los datos demostraban que los abogados no habían dejado de llegar a acuerdos con la Fiscalía. “¿Está cuestionando la imparcialidad de un juzgador?”, dijo entonces la abogada del Estado. La pregunta sobre si Ribón estaba acusando a los jueces de condenar por adelantado a la pareja de Ayuso se quedó sin contestar.

El ICAM de Ribón se personó en esa causa alegando que el trabajo del abogado de González Amador había sido dinamitado por la filtración. No reconsideraron su posición cuando la investigación puso de manifiesto que la defensa del comisionista había ocultado datos clave a los tribunales: que el propio empresario reveló datos confidenciales del caso a Miguel Ángel Rodríguez o que el abogado Carlos Neira también había mandado ese correo a un abogado del Estado buscando el beneplácito de Hacienda. Tampoco cuando se supo que González Amador había autorizado al jefe de gabinete de Ayuso a difundir entre decenas de periodistas un correo igual de confidencial del fiscal Julián Salto.

Ribón compaginó su papel de testigo con el de comentarista del proceso con un protagonismo inédito del ICAM en un proceso judicial de máxima envergadura penal y política. Todo mientras sus detractores pedían su dimisión por embarcar al colegio en esta causa sin consultar a la abogacía madrileña de forma extraordinaria. Unas críticas que se reproducen después del juicio, no solo por ejercer la acusación, sino por buscar la impunidad de González Amador en su caso de fraude fiscal a través de sus alegaciones en el Tribunal Supremo. También por celebrar cursos durante las deliberaciones con tres miembros del tribunal entre los ponentes.

El papel protagonista del ICAM en la causa contra Álvaro García Ortiz –con una condena final de dos años de inhabilitación mucho menos gravosa que los cuatro años de cárcel que llegó a pedir el colegio de Ribón– ha coincidido en el tiempo con la consumación de un proyecto que se ha encontrado incluso con un recurso del Gobierno: la creación de un centro universitario del ICAM con la autorización de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Un centro adscrito a la Universidad Complutense donde el ICAM tiene intención de ofrecer un grado en Derecho y tres másteres.

El acercamiento judicial e institucional del ICAM a la Comunidad de Madrid coincide con la consumación de su divorcio con el Consejo General de la Abogacía Española. El último pleno de este organismo estatal finalizó con la expulsión de Ribón de sus órganos directivos. El CGAE no confirma de forma oficial cuál es el motivo, pero distintas fuentes apuntan al enfrentamiento que existe entre ambas instituciones desde que Ribón es decano en Madrid. El colegio madrileño ha decidido disminuir la cuota que aporta a la financiación del Consejo estatal y que los nuevos abogados no tengan que pagar una tasa de incorporación. Ribón presume de esa medida como una “reducción del coste de la colegiación” y la eliminación de dobles pagos y que en el CGAE consideran, sin micrófonos, como una reducción de su aportación que afecta al resto de colegios territoriales.

Los detractores de Ribón se asombran de las diferencias que separan al abogado que en 2013 defendía a capa y espada a los preferentistas del decano que hace oídos sordos a las críticas, se enfrenta al Consejo al que pertenece y se acerca al poder político en Madrid. En una de las últimas juntas, incluso, alguien le comentó a medio camino entre la ironía y el lamento que sus críticos iban a acabar echando de menos a José María Alonso como decano. Los que ya hace años consideraban que Ribón usaba el ICAM para promocionarse como abogado recuerdan que, hace tan solo unos días, el colegio tuvo que modificar una guía jurídica para víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz porque contenía un repaso de su currículum como experto en defender a consumidores, incluyendo su foto en una primera versión.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid tiene la fuerza que otorga la representación de más de 70.000 abogados y una presencia institucional grande frente a otros actores del mundo de la Justicia. Sostenido, en paralelo, por votaciones que lustro tras lustro dejan una participación impensable, por ejemplo, en unas elecciones municipales de una localidad con un número similar de habitantes. Y con un peso político cada vez mayor dirigido por un decano que, con varios años de mandato todavía por delante, ha decidido ir al choque con el resto de la abogacía mientras camina de la mano institucional de la Comunidad de Madrid.

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha recibido este jueves el respaldo de parte de la judicatura “indignada” con la decisión del Tribunal Supremo de condenarle por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ha sido durante la presentación del manifiesto 'Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia', firmado por más de 150 juristas, magistrados, abogados, fiscales y catedráticos, muchos de los cuales han arropado al ex fiscal general en este acto celebrado en el Ateneo de Madrid.

El manifiesto recoge la indignación de parte de la judicatura por una sentencia que creen basada en conjeturas e indicios al no haber ninguna prueba de cargo que incriminara a García Ortiz, propia de “jueces justicieros” que parten de una convicción y buscan una vía para acreditarla, según ha denunciado el abogado y exdiputado en el Congreso y en la Asamblea de Madrid por el PSOE, Manuel de la Rocha. Para éla, la sentencia se ha saltado de manera “irracional” y “exasperante” el principio constitucional de presunción de inocencia. “Es una decisión política”, ha advertido, tras lo que ha lamentado la división “profunda” que existe entre conservadores y progresistas en la justicia y ha incidido en que la Sala 2ª del Tribunal Supremo siempre se sitúa a la derecha.

La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Pepa Berdugo, ha hablado de numerosas anomalías en el proceso y ha incidido en que todo el procedimiento contra García Ortiz ha sido “inquietante”, desde la instrucción hasta la sentencia y el tiempo pasado hasta conocer los argumentos de la resolución. “Más que inquietante, la sentencia es absolutamente decepcionante”, ha matizado Joaquín Giménez, exmagistrado de la Sala Segunda del Supremo, al considerar que desprestigia al sistema judicial, que es el “último refugio” y la “última esperanza” de la ciudadanía.

Sartorius: “Nunca he visto nada parecido”

Ella ha incidido en que la sentencia no surge de la nada, sino que se encuadra en el “cerco” que, según ha dicho, hay alrededor del Gobierno para hacerle caer. En su opinión, se trata de “un auténtico desafío a la lógica” al haber sacado certeza de unas dudas, de tal modo que García Ortiz “no ha podido acreditar su inocencia”, ha ironizado. Pero además de haberse vulnerado su presunción de inocencia, con esta sentencia se han laminado también, según Giménez, el derecho a una información veraz y el derecho de los profesionales de los medios de comunicación al secreto profesional, dos principios fundamentales en una sociedad democrática.

El exparlamnetario Nicolás Sartorius ha advertido, por su parte, de la politización de la justicia, de tal modo que los jueces de forma consciente o inconsciente introducen en el ejercicio de su actividad elementos que distorsionan al Ejecutivo, al Parlamento y al resto de instituciones democráticas. Según ha dicho, hay algunos grupos minoritarios de jueces, pero bien situados en determinas salas que creen que hay que salvar a la patria de los separatistas y acabar con el Gobierno.

“Nunca he visto nada parecido a lo que está pasando ahora. Es verdaderamente preocupante”, ha asegurado.

El Ministerio de Justicia ha activado el procedimiento para estudiar las primeras peticiones de indulto presentadas a favor del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, según ha publicado El País y ha confirmado elDiario.es. El Ministerio de Justicia ha solicitado al Tribunal Supremo el informe preceptivo, un primer paso en la tramitación de este tipo de medidas de gracia. Fuentes jurídicas aseguran a este periódico que la previsión era enviar el expediente al tribunal sentenciador la semana pasada. 

Tras recabar la posición de la Fiscalía, el tribunal determinará si hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. 

Este informe, no obstante, no es vinculante porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. En caso de que el informe del Supremo fuera desfavorable eso sí cerraría la puerta a un indulto total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas—, pues la ley establece que el indulto total sólo se otorgará en caso de existir un informe favorable del tribunal sentenciador. 

Sí existiría la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

En el caso de que el indulto sea favorable, deberá tramitarse a través de un real decreto —firmado por el rey Felipe VI— y publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Aunque la ley de 1870 establecía que el indulto debía plasmarse en un decreto “motivado”, la reforma de 1988 eliminó esa exigencia expresa de motivar la medida de gracia.

La Unión Progresista de Fiscales, asociación que llegó a presidir Álvaro García Ortiz y que cuenta con representación en el Consejo Fiscal, ha apoyado públicamente una petición de indulto para el ex fiscal general. “Llamamos a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa”, dijo la asociación en su cuenta de la red social X mientras comparte una recogida de firmas difundida por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) para apoyar que el Gobierno otorgue la medida de gracia tras su condena.

Un total de 150 juristas entre magistrados, fiscales, abogados y catedráticos han firmado un manifiesto que, bajo el título “Una sentencia inquietante”, critica la decisión del Tribunal Supremo de condenar a Álvaro García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El documento, suscrito entre otros por antiguos miembros del propio tribunal como Alberto Jorge, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez o José Antonio Martín Pallín, recuerda que en un proceso penal “no bastan las sospechas, ni las imaginaciones” y la sentencia del Supremo que condenó a García Ortiz “no cumple” con esas exigencias.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió, fraccionada, condenar al entonces fiscal general por la filtración a la prensa del email con el que el abogado de Alberto González Amador confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros y ofrecía un pacto a la Fiscalía. El Supremo no contó con prueba directa sobre quién difundió el documento pero concluyó que el fiscal general o una persona de su “entorno” eran los culpables. Dos magistradas progresistas se quedaron en minoría apostando por la absolución de García Ortiz.

Este manifiesto firmado por 150 juristas, la mayoría considerados del espectro progresista, incide en lo que consideran debilidades de esta resolución. Por ejemplo, que el Supremo no creyera a los periodistas que afirmaron que García Ortiz no fue su fuente esa noche. “Prescinde del valor de sus testimonios sobre la base de una desconfianza genérica hacia el secreto profesional periodístico, lo cual invalida una garantía constitucional esencial para el buen ejercicio del periodismo en una sociedad democrática”.

El documento ha sido suscritos por varios exmagistrados de esa misma Sala del Supremo así como por jueces y fiscales en ejercicio y decenas de abogados y catedráticos. Los fiscales jubilados Félix Pantoja y Carlos Jiménez Villarejo, abogados como Enrique Lillo y Francisca Sahuquillo así como catedráticos como Javier Pérez Royo, María Loureiro o Ana Isabel Pérez Cepeda. También firma el documento Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid y exmagistrada.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido el decreto por el que la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, permitió el regreso a la carrera de Álvaro García Ortiz tras su condena a dos años de inhabilitación, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado elDiario.es. En un escrito, sostiene que esa pena por un delito doloso conlleva la pérdida de la condición de fiscal, por lo que reclama su expulsión de la carrera.

El Supremo consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de la multa y la indemnización, pero dejaba una puerta abierta: si el reglamento interno de la Fiscalía implica que también perderá su condición de fiscal.

La actual fiscal general acordó mediante un decreto firmado el pasado 23 de diciembre el regreso a la carrera de García Ortiz. En esa resolución, la máxima representante del Ministerio Público sostuvo que la inhabilitación acordada por el Supremo se limitaba al ejercicio del cargo de fiscal general y no se extendía a su continuidad dentro de la carrera fiscal.

En su escrito, el empresario y comisionista alega, sin embargo, que la condena por un delito doloso [intencionado] impuesta a García Ortiz conlleva la pérdida de la condición de fiscal y no una mera suspensión o sustitución por una sanción menor. Los abogados de González Amador insisten en que García Ortiz ha “quebrado dolosamente el deber de secreto” y sostienen que eso es incompatible con mantener su plaza en la carrera fiscal.

El reglamento de la Fiscalía explica que un fiscal condenado por delito doloso perderá esa condición, pero abre la puerta a que no sea expulsado y solo suspendido temporalmente si su condena es inferior a “seis meses”. Los abogados de González Amador alegan que, en este caso, “ninguna de las penas impuestas es inferior a los seis meses, por lo que nunca sería de aplicación” las previsiones del citado reglamento. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación, pero no a pena de cárcel.

En paralelo, los abogados de González Amador también cuestionan la “inactividad” de la Inspección Fiscal en relación con supuestos “hechos delictivos y generadores de responsabilidad disciplinaria padecidos” por González Amador.

En este sentido, reclaman la apertura de un expediente disciplinario por falta muy grave a García Ortiz por “inobservancia del deber de abstención a sabiendas”. Afirman que el ex fiscal general intervino en la dación de cuenta y comunicaciones de procedimientos relacionados con la pareja de la Ayuso mientras él mismo estaba siendo investigado.