El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire ha llamado a declarar como testigos tanto al ex teniente fiscal Diego Villafañe como a la también fiscal Beatriz López el próximo 15 de julio. Los dos tendrán que explicar ante el magistrado Santiago Pedraz las dos reuniones que mantuvieron tanto con Leire Díez como con el letrado Jacobo Teijelo y que la propia Fiscalía General ha detallado por escrito ante el juzgado. Solo decidirá si llama a declarar también al entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, tal y como pide la acusación popular del PP.

Diego Villafañe era teniente fiscal de la Secretaría Técnica en la Fiscalía General del Estado cuando, según ha explicado la propia Fiscalía, acudió a dos reuniones con el letrado Teijelo y Leire Díez, que se identificó como compañera del abogado. A esas dos reuniones, explicó el Ministerio Público, acudió también la otra fiscal citada como testigo, Beatriz López, adscrita entonces a ese mismo departamento. García Ortiz, reconoció la Fiscalía, fue informado “a posteriori” de ambos encuentros celebrados en la Fiscalía General, pero no estuvo presente.

El juez investiga si estas dos reuniones formaron parte de la estrategia desplegada por Leire Díez y sus colaboradores para torpedear causas judiciales que afectan al Gobierno, al PSOE o a personas del entramado. Uno de los colaboradores de Leire Díez, por ejemplo, interpuso denuncias en la Fiscalía contra la jueza que investigó y procesó al hermano de Pedro Sánchez, pero no llegaron a ningún lado: fueron remitidas desde Madrid a Extremadura y después archivadas. Tampoco prosperaron, por ejemplo, las promesas de Leire Díez al abogado del comisario José Manuel Villarejo de que la Fiscalía Anticorrupción colaboraría con él a cambio de su confesión: el fiscal del caso rechazó conversar con él en varias ocasiones.

La Fiscalía ha defendido desde el principio que García Ortiz no intervino en las reuniones ni dio “indicación alguna” al respecto, ni tampoco se llevó a cabo “ninguna actuación” tras escuchar las reclamaciones del letrado Jacobo Teijelo. Quejas y denuncias, según la Fiscalía, que no venían acompañadas de ninguna prueba concreta. Las acusaciones del entramado contra la jueza Beatriz Biedma no prosperaron y tampoco las que se presentaron contra el fiscal José Grinda, otro de los objetivos del grupo.

Leire Díez fue presentada en esas reuniones como una “compañera de despacho” de Teijelo y tuvo una “intervención menor” en esos encuentros, según la información que la Fiscalía hizo llegar a la Audiencia Nacional. Ahora tanto Villafañe como López tendrán que responder como testigos a las preguntas del juez Pedraz y de sus explicaciones dependerá que el instructor, tal y como piden las acusaciones con el PP a la cabeza, llame a declarar también a Álvaro García Ortiz.

El Partido Popular, en funciones de dirección letrada de las acusaciones populares en el caso Leire Díez, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite a declarar en calidad de testigos tanto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz como a quien fuera su número dos Diego Villafañe. Considera que ambos pueden arrojar luz sobre las reuniones que mantuvo con miembros de la Fiscalía General del Estado (FGE) la exmilitante socialista Leire Díez y el abogado investigado Jacobo Teijelo.

Para los de Núñez Feijóo, “la existencia de reuniones reconocidas, la ausencia de un registro formal de accesos y la limitada concreción sobre el contenido y finalidad de dichos encuentros” justifican estas citaciones porque pueden “colmar las lagunas existentes en la información suministrada” tanto en la declaración judicial del propio Teijelo como en el oficio remitido por la propia FGE.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, indica que es relevante preguntar a García Ortiz si tuvo conocimiento, directo o indirecto, del contenido de las reuniones mantenidas por miembros de la Secretaría Técnica con Jacobo Teijelo y Leire Díez, cómo se le trasladó ese conocimiento, las instrucciones, valoraciones o directrices que, en su condición de superior jerárquico, hubiera podido impartir, las razones por las que no se promovió actuación procesal alguna pese a la potencial relevancia penal advertida por los fiscales intervinientes, y el criterio seguido para que tales contactos no quedaran reflejados en registro formal alguno de la institución.

En cuanto a Villafañe, consideran que en su condición de entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica estuvo en al menos dos reuniones con el letrado Teijelo en las que éste expuso hechos que podían tener relevancia penal. Creen que puede explicar qué información concreta fue facilitada, si se aportó en esos encuentros documentación o datos verificables, el grado de credibilidad asignado en ese momento a lo expuesto, y las razones por las que no se promovió actuación posterior alguna.

Además de a García Ortiz y a Villafañe, el PP considera conveniente citar a otras tres personas. A Beatriz López Pesquera, porque “en su condición de fiscal adscrita a la Secretaría Técnica participó en la reunión de fecha 6 de marzo de 2025” junto con Villafañe; al jefe de seguridad del edificio de la FGE para que aclare que sistema de control de acceso existía en el momento de los encuentros en esa sede dado que el oficio remitido por la Fiscalía General reconocía que no existía un registro oficial de visitas que permitiera verificar las entradas y salidas al edificio; y a la fiscal de la Secretaría Técnica Ana Isabel García León, por cuanto puede aclarar el flujo de información derivada de esos encuentros y porque puede explicar al detalle la tramitación de escritos presentados ante la FGE por la defensa de Koldo García y la denuncia presentada por el letrado José Luis Sáenz de Tejada.

Fue el pasado 10 de junio cuando La Fiscalía General del Estado respondió al requerimiento de información realizado por el juez Pedraz, que investiga las maniobras de la exmilitante del PSOE Leire Díez contra los jefes de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción que investigaban, a su vez, a dirigentes socialistas. El escrito confirmaba la existencia de dos reuniones de Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo con el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en los meses de marzo y abril de 2025, tal y como publicó elDiario.es.

 A diferencia de lo que Leire Díez alardeaba ante sus contactos, la Fiscalía General del Estado niega que quien fuera su máximo representante en ese momento, Álvaro García Ortiz, estuviera presente en esas reuniones. Así, el escrito enviado al juez sostiene que el ex fiscal general fue informado “a posteriori” de ambas reuniones.

Además, el informe subraya que ninguno de los dos fiscales recibió “indicación alguna” de García Ortiz y que no se llevó a cabo “ninguna actuación” posteriormente por la Fiscalía, ya que se entendió que la narración efectuada por el letrado Jacobo Teijelo se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto.  

Asimismo, el escrito de la Fiscalía General del Estado afirma que Leire Díez tuvo una “intervención menor” en esas reuniones y que “fue presentada como una compañera de despacho” del letrado Jacobo Teijelo. Fue con posterioridad cuando fue “identificada a través de los medios de comunicación” como la exmilitante Leire Díez.

Además, la Fiscalía niega que ninguno de sus miembros haya mantenido ninguna reunión oficial con el citado Javier Pérez Dolset, con el abogado Ismael Oliver o con el letrado del comisario José Villarejo, José García Cabrera. 

Hemos comentado mucho el esperpento en la redacción del juez Peinado, ríos de tinta han corrido a propósito de su ofensa hasta a la policía, así reconocida por sindicatos poco sospechosos de sanchismo o afinidades ni siquiera socialdemócratas, como Jupol. Menos se ha hablado sobre otro aspecto igual de reseñable, en el que no dejo de pensar desde que así lo valorara ese mismo juez Peinado: el juicio ante jurado popular. Para un veredicto de culpabilidad, son necesarios siete votos de nueve; para la inculpabilidad, cinco. Ya son menos que en 12 hombres sin piedad, donde se necesitaba el consenso unánime; perspectiva poco halagüeña, en todo caso, porque en España el 90% de los juicios con jurado popular acaban en una condena al acusado.

12 hombres sin piedad, celebérrima película de 1957, no es sólo una película sobre el funcionamiento de los jurados populares o los procesos de deliberación. Casi todos los hombres que se encierran dentro de una sala hasta lograr una conclusión compartida se lanzan con presteza a condenar al acusado de ese caso, pese a que saben perfectamente que, si lo condenan —por homicidio—, su destino será la silla eléctrica y la muerte. Al principio lo hacen, de todos modos, casi para sacarse de encima el trámite y volver pronto a sus casas: afortunadamente se mueven las piezas, identificaciones y prejuicios de cada uno de ellos. La escena más emblemática de la película emerge cuando uno de los integrantes del jurado se queda solo mientras el resto le dan la espalda: no contempla una sentencia que no sea la condena, pues la gente de esa calaña sería naturalmente violenta y mentirosa; o sea, era un puertorriqueño matando a un blanco, y por su propia condición de puertorriqueño, a ojos de ese miembro del jurado, ya debería ser expulsado de la sociedad. Hasta él recapacita al final de esa película sobradamente humanista, pero recapacita después de haberlo condenado en un principio, esa vez y tantas otras.

La última película de Clint Eastwood, Jurado n.º 2, retoma el formato de la deliberación de un jurado popular con otro objetivo y otro dilema moral. Es una película estupenda porque los problemas que plantea no son nada fáciles, no tienen respuestas unívocas, en todos los lados se pierde y se gana, o se gana perdiendo. Sus personajes están compuestos, en el fondo, de lo mismo que los de 12 hombres sin piedad: seres humanos de carne y hueso con vidas, con personas a las que quieren, con trabajos que detestan, con días que les cansan más o menos, con ganas de volver a casa en vez de permanecer deliberando, que pueden por amor a alguien cometer una injusticia horrible ante otro, que llegan a ser crueles aspirando a la bondad. Por no destripar esa, porque es más reciente y no de 1957: lo más conveniente para su protagonista habría sido condenar al acusado, como deseaban otros miembros del jurado, pero él sabe que el acusado es inocente, y no puede desvelar que lo sabe. A alguien le puede sonar esa historia a la del fiscal general del Estado; demasiado preocupante resultaría si contuvieran las mismas moralejas.

Ambas películas apuntan y enseñan hacia lo mismo, lo mismo a lo que también apuntaba otra película de juicios de la que disfruté mucho, en esta ocasión premiada en Cannes hace unos años, Anatomía de una caída. Los veredictos los hacen personas que sangran y lloran y ríen, movidas por afectos e irracionalidades. En el temperamento y humor de alguien, al opinar sobre una vida ajena, sobre su inocencia o culpabilidad, pesa el atasco que sufrió esa mañana, como pesa en el temperamento del funcionario que estampa un documento, aunque no lo queramos en el trato que damos a cualquier persona que vemos. ¿Por qué esto es tan fácil de asumir en abstracto y tan aparentemente tabú en el caso de los jueces?

¿Quién es la justicia? La justicia del juez Peinado está hecha del mismo material que el jurado popular que él mismo ha ordenado: es decir, de esa irracionalidad, vísceras, impulsos, cosmovisión que ha construido cómo habita cada uno en el mundo. La justicia es ese hombre que se queda solo vociferando una retórica racista cuyo origen, en realidad, está en su relación tormentosa y desbrozada con su propio hijo. Que la justicia es ciega es un modelo, una aspiración, velo de ignorancia al cual aspirar. Afirmar que todos los que la aplican lo hacen con la ceguera necesaria, la que la justicia misma exige, sería cometer una ceguera aún mayor: ceguera de no querer ver los actos reales que otros obran. Mientras asisto a sus autos y actos, no dejo de preguntarme qué pensará el juez Peinado del género cinematográfico de las películas de juicios.

El juez Antonio Viejo ha pedido que se acceda a las cuentas de Alberto González Amador, el hombre conocido como novio de Ayuso, añadiendo en su providencia que también se deberá acceder a los bienes de su “entorno más próximo”. No especifica el juez a quién se refiere, pero pueden ustedes pensar en figuras que se encuentren en su cercanía personal o profesional para ver si hay quien tiene que tentarse la ropa no vaya a ser que la teoría de los entornos, que ha servido ni más ni menos para cargarse al Fiscal General del Estado, pudiera rozarle un poco. 

No creo que eso suceda porque sé el país en que vivo y sé que si hay alguien intocable ahora mismo es la persona que gestiona el botín de los recursos públicos en la Comunidad de Madrid para repartirlos entre amigos y compañía. Pero al menos vamos a entretenernos analizando lo que podría pasar en un país que tuviera una justicia que no funcionara siempre en una sola dirección. 

Hay una figura que nos sonará de los casos de corrupción peperos, la de ser partícipe a título lucrativo, cuya insigne protagonista fue hace años Ana Mato, que tuvo su momento de gloria cuando declaró frente a un tribunal que no había visto el Jaguar en el garaje de su chalé. El caso que nos ocupa, con Ayuso de consorte a título lucrativo, es mucho más grave porque ella es la responsable de desviar los fondos públicos de la salud pública a Quirón para que luego el noviete se forrase con negocios oscuros con Quirón y presuntamente, claro, pagara comisiones a los empresarios de Quirón con la compra interpuesta de una sociedad sin valor alguno de la mujer del empresario que tenía como único patrimonio un ordenador más próximo a tener un sistema operativo MS-DOS y unas máquinas de belleza por el módico precio de 500.000 euros. 

No tengo ninguna esperanza en que Isabel Díaz Ayuso tenga que justificar ante un juez el incremento patrimonial del que disfruta, vía novio, y en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que paga ingentes cantidades de dinero a Quirón, tenga que explicar cómo es posible que su novio tenga un nivel de vida como el que tiene por los negocios con Quirón que ella como presidenta proporciona a la empresa pagadora de sus privilegios en forma de ático y Panamera. No tengo esperanzas porque sé cómo funciona la justicia en España para gente como Ayuso y porque no es como si su secretaria hubiera enviado unos correos electrónicos para gestionar asuntos de una cátedra que no le han dado un duro. Hay que ponderar. 

No podemos ser sectarios. Tenemos que separar y ser conscientes de que ni siquiera podemos equiparar el uso de recursos públicos en actividades privadas mirando a Moncloa o la casa en Chamberí que Ayuso jamás hubiera soñado cuando era becaria en Radio Marca y confundía a Florentino Pérez con Pénez. No es como si el jefe de gabinete, el número dos del Partido Popular y diputado en la Asamblea, y la propia presidenta de la Comunidad de Madrid hubieran usado todos los recursos públicos a su disposición para la defensa del ciudadano particular. La prevaricación de ese porte solo se da en personajes próximos a la izquierda, que a veces tenemos que recordar que estamos en un país donde se consideró que un mal uso de los recursos públicos era que una asesora de una ministra cogiera en brazos a la hija de la titular de la cartera. Es que lo que hemos vivido y estamos viviendo en España es de no creer. 

La defensa de la troupe de propagandistas se ha dado con una curiosa sincronía. Desde Okdiario a la pública madrileña han coincidido en exonerar de toda responsabilidad a la lideresa. Es normal en personajes como el presentador de Telemadrid de afilada crítrica que se ha escandalizado con que se conozcan las evanescencias fiscales y corruptas del novio de la lideresa y propiciadora de ingentes beneficios para el busto parlante. En cuanto se supo la noticia salió a defender al paisano, como denominó, como si le fueran los euros en ello y no tuviera independencia suficiente para hacer periodismo de control al poder del que dice que hace. Cualquiera diría leyéndole que su sustento y el de su familia dependiera del servilismo acrítico a Isabel Díaz Ayuso. Pero eso seguro que es una percepción malpensada mía porque se supone que son periodistas aguerridos. 

Hay muchos partícipes a título lucrativo en una cadena descendiente que comienza con Isabel Díaz Ayuso regando de millones a Quirón y acaba en productoras recién creadas por titulares de empresas defraudadoras a la seguridad social que de forma sorpresiva hacen documentales para las televisiones públicas. Por algo adoramos a Lester Freamon y seguimos el dinero. 

El futuro de Álvaro García Ortiz está ahora en manos de dos instancias diferentes: el Gobierno y el Tribunal Constitucional. El primero debe decidir si indulta parcialmente su condena de inhabilitación por la filtración de información de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el criterio en contra del Tribunal Supremo y a favor de la Fiscalía. El segundo anunciará en las próximas semanas si admite o no a trámite su recurso de amparo contra la condena que le impuso la Sala de lo Penal. Ninguna de las dos gestiones, según fuentes del caso, quedará zanjada definitivamente a corto plazo y mientras tanto el ex fiscal general del Estado seguirá ejerciendo como representante del Ministerio Público ante la sala del Supremo que estudia cada año miles de pleitos laborales.

La petición de indulto, planteada por terceras personas y apoyada públicamente por la Unión Progresistas de Fiscales (UPF), llegó al Ministerio de Justicia a principios de este año, apenas dos meses después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la condena. Dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general además de una multa de 7.200 euros, la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador y a pagar 39.000 euros más al comisionista por lo que había tenido que gastarse en abogados durante el proceso.

Justicia puso la maquinaria habitual en funcionamiento a finales de enero. Pidió un informe al Tribunal Supremo, otro a la Fiscalía y al propio González Amador. Además, solicitó, como es obligatorio, un informe de conducta a la Delegación del Gobierno en Madrid. Este documento fue entregado a Justicia el 21 de abril, según fuentes conocedoras del caso. El resto han sido incorporados más recientemente al expediente que maneja el departamento de Félix Bolaños. Poco después llegó la opinión de la Fiscalía, que tras pedir la absolución de García Ortiz en el juicio solicitó al Gobierno que, al menos, la condena de inhabilitación que le quedaba por cumplir fuera conmutada.

En ese informe, la Fiscalía destacó que la condena a Álvaro García Ortiz había tenido “consecuencias extrapenales desproporcionadas”. Y aunque ya había dejado su puesto en la planta noble de la Fiscalía General, un indulto parcial permitiría al menos acortar los plazos para cancelar sus antecedentes penales, algo que sí tiene consecuencias, según la Fiscalía, “en la vida civil y desarrollo profesional”. García Ortiz no se benefició personalmente desde el punto de vista patrimonial, y su finalidad en todo ese asunto fue “preservar la reputación” del Ministerio Público frente a las noticias manipuladas que se publicaban sobre su actuación en el caso de fraude fiscal de González Amador.

La respuesta de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sido la esperada. Los mismos jueces que firmaron la condena de García Ortiz y le atribuyeron la filtración —a él o a “alguien de su entorno”— entienden que no debe ser indultado, ni total ni parcialmente. A nivel general, la Sala considera que no hay razones de “justicia, equidad o utilidad pública” para otorgarle la medida de gracia, los parámetros legales en los que se mueven este tipo de decisiones. En el detalle, los jueces entienden que fue condenado por “hechos graves” que afectaron a “la institucionalidad del Ministerio Público”. El Supremo también afirma que, en realidad, su condena de inhabilitación ha tenido “una consecuencia jurídica de escasa relevancia”.

La negativa del Tribunal Supremo era esperable, igual que la negativa de Alberto González Amador todavía por conocer, pero sí tiene consecuencias. La decisión final está en manos del Consejo de Ministros, pero un informe desfavorable de los jueces que sentenciaron el caso elimina la posibilidad de que reciba un indulto total, tal y como establece la normativa de la medida de gracia del año 1870. La Fiscalía, en cualquier caso, apoya un indulto parcial y no uno total. La concesión de un indulto sin el criterio favorable del tribunal sentenciador o de la Fiscalía es relativamente habitual: desde 2011, según los datos oficiales, la mitad de las medidas de gracia se ha concedido en contra de la opinión de los jueces o los fiscales. Una minoría del 5% se concedieron, incluso, con la oposición de ambos.

Una vez recabados todos esos informes, la petición de indulto y su expediente vuelven a manos del Ministerio de Justicia, que tendrá que elevar una propuesta al Consejo de Ministros para que tome una decisión final. Fuentes del caso explican a elDiario.es que la tramitación y decisión final no va a ser inminente, por lo que su análisis en Justicia se va a solapar con el recorrido final del caso: los recursos ante el Tribunal Constitucional.

Dos recursos pendientes de admisión

El Tribunal Constitucional tiene dos recursos encima de la mesa contra la condena de Álvaro García Ortiz. El que presentó la Abogacía del Estado en su propio nombre y el que presentó también la Fiscalía, ambos pidiendo anular su condena por vulneración de sus derechos fundamentales. El Ministerio Público entiende que el ex fiscal general se limitó a “informar verazmente” del caso de González Amador con datos ya conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas”. El propio García Ortiz y la Abogacía sumaron críticas al Supremo por hacer “una valoración irracional y arbitraria de los indicios”.

Los dos recursos ya están en manos del Tribunal Constitucional, pero, tal y como pasa con el indulto, su resolución no va a ser cosa de unas pocas semanas. La impugnación de la Fiscalía está en manos de la progresista María Luisa Segoviano en la Sala Segunda, y la de la Abogacía del Estado con la conservadora Concepción Espejel como ponente en la Sala Primera. Esto significa que todavía quedan varios pasos por delante hasta que sus alegaciones sean estudiadas en profundidad y exista una hipotética sentencia sobre el fondo del asunto.

Esas Salas pueden decidir por sí mismas si admiten o no a trámite los recursos, pero lo normal es que sean llevados al pleno, lo que retrasaría ese primer filtro. Y después, como es habitual en el resto de casos que estudia el tribunal de garantías, quedarían por delante varios meses de estudio y deliberaciones, en caso de ser admitidos a trámite, antes de que exista una sentencia con efectos reales sobre su caso.

Toda esta tramitación no tendrá una gran incidencia en la vida profesional actual de Álvaro García Ortiz. La Fiscalía General entendió que esa condena penal le inhabilitaba para ejercer como máximo responsable del organismo, pero no para seguir siendo fiscal según la ley, y tras unas pocas semanas obtuvo su destino: fiscal ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Su condena se ejecuta, pero solo afecta a una hipotética e improbable posibilidad de volver a ejercer como fiscal general, y la parte económica de la sentencia ya ha sido abonada.

Esta semana hemos sabido que el Tribunal Supremo se muestra contrario a la concesión del indulto al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una decisión que no sorprende a nadie que haya seguido el rosario de incumplimientos constitucionales que supuso la investigación y posterior condena.

Incumplimientos que también se están produciendo en el caso de las pruebas aportadas por Estados Unidos en el caso Plus Ultra y que provocaron la imputación del ex-presidente Rodríguez Zapatero. En este caso, las pruebas consisten en unas transcripciones de unas conversaciones recabadas por una autoridad gubernamental dependiente del ICE, esa Agencia tan tristemente conocida en los últimos meses y que no cumple con ninguna de los requisitos que nuestro sistema procesal exige para intervenir comunicaciones que puedan servir como prueba en un proceso penal: la autorización judicial previa y una serie de garantías que aseguren que no han sido manipuladas. Nada de eso existe a día de hoy. 

Con independencia de lo que se llegue a averiguar sobre José Luis Rodríguez Zapatero, lo que parece claro a día de hoy es que la investigación se nutre de unas pruebas que no cumplen con los requisitos constitucionales exigidos en todo proceso penal. 

El Tribunal Supremo rechaza que Álvaro García Ortiz deba ser indultado. La misma Sala de lo Penal que lo condenó por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha informado en contra de que una medida de gracia elimine la condena de dos años de inhabilitación que lo sacó de la Fiscalía General. No concurren, dicen los jueces, “razones de justicia, equidad o utilidad pública”.

Los jueces explican que, según su criterio, los hechos por los que fue condenado “fueron graves” y “han producido una afectación importante de la institucionalidad del ministerio público”. La negativa también va firmada por la magistrada Susana Polo, que redactó un voto particular apostando por su absolución. También apoyó ese voto particular Ana Ferrer, pero la magistrada se encuentra de baja y ahora, por tanto, no figura como parte de la sala hasta su reincorporación. La Fiscalía había apoyado que el Gobierno indultara la pena de inhabilitación que le queda por cumplir.

La Sala de lo Penal entiende que las personas que han pedido el indulto para García Ortiz “no justifican, en modo alguno, ni informan, sobre razones de justicia, equidad y de utilidad pública que aconsejan ejercicio de la gracia”. Y el hoy fiscal de sala, añaden los jueces, no ha tenido ninguna “actuación” que suponga “un reconocimiento de la vigencia de la norma y un acatamiento al orden jurídico”. Una forma de decir que no ha reconocido los hechos ni su ilegalidad.

El Tribunal Supremo, con el voto en contra de dos magistradas discrepantes, decidió condenar a Álvaro García Ortiz por filtrar –él mismo o “alguien de su entorno”– un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía sus delitos fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía. Una condena de dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar al comisionista con 10.000 euros. Posteriormente el tribunal añadió las costas a la factura: 39.000 euros más a abonar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La Fiscalía informó a favor de la petición de indulto, al menos de forma parcial, para que el resto de la condena de inhabilitación que le restaba por cumplir fuera conmutada. “La condena ha generado consecuencias extrapenales desproporcionadas”, dijo el documento firmado por la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que había solicitado su absolución durante el juicio.

La respuesta del Tribunal Supremo es negativa y ahora la decisión vuelve al terreno político y al Ministerio de Justicia. La revelación de secretos que los jueces atribuyeron a él o a “su entorno”, dice ahora la Sala de lo Penal, “es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia”.

En manos del Constitucional

García Ortiz abandonó la Fiscalía General después de ser condenado y puso la vista en el Tribunal Constitucional. Tanto la Abogacía del Estado como la propia Fiscalía, que defendieron la absolución durante el juicio, han presentado ya sus recursos y el tribunal de garantías tiene previsto discutir su admisió a trámite en algun pleno previo al parón de verano.

Mientras se resuelven los recursos de amparo y el Supremo tramita la petición de indulto presentada por terceras personas, García Ortiz se ha incorporado a su nuevo destino en la Fiscalía de la jurisdicción Social del Tribunal Supremo, encargada sobre todo de asuntos de carácter laboral.

La Fiscalía General del Estado ha respondido en la mañana de este miércoles al requerimiento de información realizado por el juez de la Audiencia Nacional que investiga las maniobras de la exmilitante del PSOE Leire Díez contra los jefes de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción que investigaban a dirigentes socialistas. El escrito confirma la existencia de dos reuniones de Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo con el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en los meses de marzo y abril de 2025, tal y como publicó elDiario.es. 

A diferencia de lo que Leire Díez alardeaba ante sus contactos, la Fiscalía General del Estado niega que quien fuera su máximo representante en ese momento, Álvaro García Ortiz, estuviera presente en esas reuniones. Así, el escrito enviado al juez sostiene que el ex fiscal general fue informado “a posteriori” de ambas reuniones.

Además, el informe subraya que ninguno de los dos fiscales recibió “indicación alguna” de García Ortiz y que no se llevó a cabo “ninguna actuación” posteriormente por la Fiscalía, ya que se entendió que la narración efectuada por el letrado Jacobo Teijelo se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto.  

Jacobo Teijelo es ahora uno de los dos letrados que defienden a Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE imputado en el caso de supuesto amaño de obras públicas del Ministerio de Transportes que investiga la Audiencia Nacional. El fiscal Villafañe llegó a estar imputado en el caso que acabó con la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su causa fue archivada en la fase de instrucción sin llegar a juicio.

El informe revela, por otro lado, que el 17 de septiembre de 2025, la propia Leire Díez presentó una denuncia contra el fiscal José Grinda, a quien el empresario Javier Pérez Dolset —también imputado en este caso— atribuye sus problemas con la Justicia. Esta denuncia fue archivada en diciembre de 2025 porque solo contenía “meras afirmaciones” sin indicios que justificaran una investigación, según el informe presentado en la Audiencia Nacional. 

Asimismo, el escrito de la Fiscalía General del Estado afirma que Leire Díez tuvo una “intervención menor” en esas reuniones y que “fue presentada como una compañera de despacho” del letrado Jacobo Teijelo. Fue con posterioridad cuando fue “identificada a través de los medios de comunicación” como la exmilitante Leire Díez.

Además, la Fiscalía niega que ninguno de sus miembros haya mantenido ninguna reunión oficial con el citado Javier Pérez Dolset, con el abogado Ismael Oliver o con el letrado del comisario José Villarejo, José García Cabrera. 

Negaba con la cabeza cada vez que miraba el móvil. Según explicó, alguien le estaba enviando noticias continuamente justo el día en el que se conocía el sumario del llamado caso Leire y se mostraba indignado con lo que veía. Baltasar Garzón (Jaén, 1955) recibió el miércoles a elDiario.es en un céntrico hotel madrileño en el que realizó un carrusel de entrevistas por la publicación de su nuevo libro, La democracia amenazada (Planeta, 2026). Durante la conversación, el exmagistrado mencionó una y otra vez el juicio al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como punto de inflexión de la degradación del poder judicial. Precisamente de eso trata su nuevo trabajo.

En el libro repasa las actuaciones judiciales para acabar con García Ortiz, pero también de su predecesora en el cargo Dolores Delgado, que es además pareja sentimental de Garzón. También analiza las consecuencias de la irrupción de Donald Trump en la política internacional, las investigaciones de crímenes del franquismo, los casos de lawfare, la corrupción, el racismo o los bulos.

El mes pasado el Tribunal Supremo ratificaba la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que confirmó la inhabilitación de Garzón como juez en 2012 por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'. Todo sucedió después de que el entonces juez iniciara una investigación del franquismo y tras años de polémicas por sus actuaciones contra el terrorismo de ETA.

Presenta La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia. ¿Es una respuesta a La justicia amenazada (Espasa, 2025), el libro escrito por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena hace un año?

No es una respuesta. Objetivamente la justicia no está amenazada ni lo ha estado en España. Por mucho que determinadas personas puedan llegar a inducir o induzcan a que hay un acoso a la justicia, honestamente, no lo veo. Se dice que existe. Hay medios de comunicación que hacen gala de esa supuesta amenaza o presión. Estos días estamos viendo cómo se dice que determinadas personas han podido estar actuando, conspirando para llevar a cabo alguna presión sobre casos que se investigan en la Audiencia Nacional. Siempre ha habido amenazas de este tipo. Siempre ha habido campañas. Yo recuerdo haber sufrido algunas en carne propia cuando investigaba a los GAL, incluso entrando en mi casa a sustraer causas judiciales o a dejarme señales de que mi seguridad estaba comprometida.

También cuando intentó investigar al franquismo.

Y quemaron el vehículo de una de mis hijas y colocaron cruces gamadas en la casa y en los propios vehículos de la familia. La justicia no puede aceptar ser amenazada porque si es amenazada tiene que denunciar esa amenaza. En cambio, el título La democracia amenazada plantea una serie de riesgos reales y objetivos como son las agresiones internacionales al sistema internacional de derechos, cuestionando la arquitectura de derechos creada desde la Segunda Guerra Mundial hasta el punto de intentar aniquilarla.

En nuestro sistema judicial hay mecanismos que no están bien diseñados

Habla de Donald Trump y de las políticas que está poniendo en marcha.

Efectivamente, hablo de la deriva que hay de la extrema derecha y de políticas absolutamente reaccionarias. También de la incidencia de la corrupción y de la negación y restricción de derechos fundamentales, como por ejemplo en el caso de la inmigración y esas políticas xenófobas que hemos visto en Estados Unidos.

También hablo de la posverdad, de la manipulación informativa, de la influencia de redes sociales, de una mecánica de actuación en contra de la memoria democrática como uno de los baluartes necesarios para consolidar una democracia y de acciones claramente instrumentales del Derecho en procesos judiciales que afectan, por ejemplo, al fiscal general del Estado o a la anterior fiscal, Dolores Delgado. Es decir, trato de hacer una interpretación en conjunto de esos distintos escenarios que desde mi punto de vista provocan riesgos efectivos para la democracia.

Habla de que el poder punitivo se ha convertido en un fenómeno político. ¿Cómo es posible?

Porque hay un ejercicio de la soberbia del poder y en la consideración de que tener ese poder, en vez de ser una proyección del servicio público, se ha convertido en controlador de los ciudadanos y en imposición, donde una supuesta seguridad se antepone a cualquier derecho ciudadano. El poder de la voluntad de quien lo ejerce lo impone. La Sala Segunda del Tribunal Supremo es el órgano institucional que mayor poder político ejerce. ¿Con esto quiero decir que es un órgano político o que se guía por finalidades políticas? No. El desarrollo de la administración de justicia no tiene nada que ver o no debería de tener nada que ver con la política. Lo que ocurre es que en nuestro sistema hay mecanismos que no están bien diseñados. Por ejemplo, ¿quién controla el Tribunal Supremo cuando actúa en única instancia?

¿Por qué considera que la frase de Aznar de que “el que pueda hacer que haga” es posfascismo?

Porque avasalla contra todas las normas y principios básicos de la democracia desde una posición indudablemente de poder y autoridad. Él lo dice porque además hay ejemplos previos. Este señor nos metió en una guerra de Irak y dijo que los atentados del 11 de marzo de 2004 eran de ETA. Generó una dinámica y tiene una influencia en la posición de autoridad en su partido. Porque la pregunta debería de ser qué quiere decir con eso. Es decir, las palabras no son casuales. Soy una persona obsesionada con el lenguaje y coloco las palabras que quiero colocar en cada lugar. Determinados sujetos que se manifiestan en la opinión pública y política dicen lo que quieren decir. Entonces, si José María Aznar dice “el que puede hacer que haga” y lo dice en un contexto determinado no se puede decir que se esté refiriendo a que los niños vienen de París.

¿Se refiere a actuaciones judiciales, por ejemplo, contra fuerzas progresistas o el Gobierno?

Por ejemplo, que el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, a dos días de unas actuaciones judiciales diga que va a llamar a Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, porque parece ser que aparece mencionado. ¿A eso cómo se le llama, en una comisión de investigación que es un instrumento del Legislativo?

Esa comisión se ha convertido en una especie de cajón de sastre...

Eso es lawfare. El lawfare se hace desde muchos ámbitos, no solamente como algunos creen desde el Poder Judicial o por parte de determinados jueces o fiscales. El lawfare es mucho más complejo y unas veces viene por la vía mediática, otras veces por la económica, financiera, corporativa, política y a veces también judicial. El único elemento común que tiene es que es la instrumentalización del Derecho con unos fines espurios. Por tanto, desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido la mañana del día 3 de junio de 2026 por parte del Senado de España y en la voz de su portavoz es puro lawfare.

¿Son también lawfare las investigaciones a Zapatero o el caso de Leire Díez?

Tengo que ser respetuoso con los procesos judiciales, lo mismo que reclamaría para mí porque he sido juez instructor durante muchos años. Además, en la Audiencia Nacional tengo que dar por hecho que mis colegas hacen lo propio. Lo único que nos tiene que centrar es que las acciones y las actuaciones judiciales en un proceso penal, cuando están en instrucción, son acciones provisionales, se basan en indicios. El lenguaje es muy importante. En estos casos hay que tener la prudencia necesaria a la hora del análisis de esas actuaciones judiciales.

Yo entiendo que los medios de comunicación tienen que cumplir con su obligación y dar información al respecto, pero no es lo mismo dar una información con las limitaciones y con las precauciones correspondientes que utilizar como un dardo envenenado ya una plataforma de comunicación en contra de determinadas personas. En el caso que usted me planteaba de José Luis Rodríguez Zapatero todavía no hemos oído siquiera a la persona afectada. Vamos a esperar.

Se lo voy a preguntar desde otro ángulo. ¿Cree que el lawfare puede terminar con el Gobierno progresista?

El uso del lawfare lo primero que puede producir es una desestabilización del Estado de Derecho democrático. Por eso hay que ser vigilantes, hay que denunciar cuando hay ese tipo de conductas. Hay que defender, por supuesto a las instituciones, cuando hay un acoso contra las instituciones. Yo no digo que no se le defienda. Yo soy el primero que las defiende. Lo que indico es que también hace daño cuando asociaciones judiciales conservadoras, como se ha conocido hoy mismo [en referencia al miércoles], critican al Poder Judicial porque no ha sido suficientemente beligerante para defender corporativamente a los jueces.

Pero es que, oiga, cuando algunos éramos objeto de ataques sistemáticos y no nos protegía el Consejo General del Poder Judicial, ¿quiere decir que no teníamos que cumplir con nuestra obligación? La justicia siempre va a estar en el ojo del huracán y cuando se hacen investigaciones concretas y difíciles siempre va a haber críticas, pero hay que hacerlo. El sistema español establece los mecanismos de protección para no tener que estar implorando que se respete la independencia judicial.

En el libro dice que no solo en España, también en diferentes países del mundo las élites del Poder Judicial o de los tribunales supremos se están apoderando de espacios que no les corresponden. ¿A qué se refiere?

No hay contrapesos de poder ante el ejercicio de esa función constitucional de administrar justicia. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo es el último eslabón de la cúspide judicial con un recurso de casación, como he dicho, ya viene un camino recorrido. En cambio, cuando es en única instancia respecto de aforados quizás habría que diseñar como mínimo una segunda instancia.

¿Esa es la revolución pendiente de la justicia de la que habla también en el libro?

Sí, uno de los aspectos.

¿Cómo se podrían construir esos contrapesos?

Por ejemplo, atendiendo a los requerimientos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que reiteradamente nos ha dicho que se instaure la segunda instancia en el Tribunal Supremo. Lo que era una protección para aforados se ha convertido en un instrumento más que cuestionable. Lo que quiero es que haya lo mismo que en todas las demás instancias. La diferencia, por ejemplo, con la Audiencia Provincial de Badajoz es que luego va a haber un Tribunal Superior de Justicia que puede ver la apelación y se puede llevar en casación ante magistrados del Tribunal Supremo, que yo cuestiono que estén en los más idóneos y que ahí se esté por méritos. Por ejemplo, en otros países hay lo que se llama el juicio político o contrapesos en la investigación de delitos de prevaricación, que a lo mejor se tienen que juzgar por un jurado popular. ¿Por qué nos tenemos que lavar los “trapos sucios” los mismos jueces, como una especie de contubernio extraño, y que no nos toquen los demás porque los demás no saben tanto como nosotros?

Habla de que la condena al fiscal general es un punto de inflexión para llegar a la conclusión de su libro, La democracia amenazada. ¿Qué antecedentes o síntomas percibió antes?

Cito algunos casos personales que me afectan y otros como el de Vicky Rosell, el diputado de Podemos también de Canarias [Alberto Rodríguez] y en otros en ámbitos diferentes que afectaban a Podemos. Y utilizo palabras del propio voto particular [de la sentencia de Álvaro García Ortiz]. ¿Cómo puede haber esas dos realidades tan diametralmente opuestas? Los hechos probados son los que dan base a una sentencia absolutoria o condenatoria. Pero cuando en la sentencia se reconoce, por ejemplo, el valor y la veracidad de las propias declaraciones de los periodistas y luego no se explica por qué no se les da razón y justificación o cuando se dice que la autoría es del condenado o de otras personas alrededor quiere decir que puede no haber sido él. Y si no ha sido él, la sentencia tendría que ser absolutoria.

¿Por qué el tribunal no creyó a los periodistas de elDiario.es que sabemos quién filtró ese documento [de la confesión de la pareja de Ayuso]?

A lo mejor tendría que contestar usted. Porque yo no lo sé. Si no los crees tienes que deducir por falso testimonio. Lo que no puedes hacer es, como dicen en mi tierra, ni chicha ni limoná. Es decir, si un testigo dice 'blanco' y el tribunal dice está bien, pero luego no lo valora, entonces es que no sé lo que quieren decir.

En un juicio oral no se puede permitir a testigos interrogar o increpar al acusado como en el caso del fiscal general

Señala al presidente de ese tribunal, al señor Andrés Martínez Arrieta, por la “desprotección” del tribunal hacia el acusado. En el juicio al fiscal general, ¿no se cumplieron las garantías debidas?

En un juicio oral no se puede permitir a testigos interrogar o increpar al acusado y que se les deje hacerlo sin cuestionarles.

¿Se refiere, por ejemplo, a las intervenciones en el juicio de Miguel Ángel Rodríguez o de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso?

Al titular responsable de la UCO, cuando dice: “Dígame usted dónde está eso”. Mire, usted no viene a interrogar. Esa función ya se hizo, se llevó a cabo en instrucción. Yo creo que hubo mucha permisividad que no fue equilibrada.

¿Cree que hubo una suerte de vendetta contra Álvaro García Ortiz por parte de sus compañeros?

En algún punto de todos estos acontecimientos, sí. De hecho, hubo una asociación fiscal profesional que ejerció la acusación popular y que incluso pidió casi la máxima pena para él. ¿Qué hace una asociación profesional ejerciendo la acusación popular, defendiendo los intereses corporativos en una estructura que es piramidal?

¿Qué cree que no se le ha perdonado al ex fiscal general?

Probablemente, su posición perfectamente admisible, defendible y sujeta a la legalidad en el caso de la ley de amnistía y en otros casos de nombramientos en planteamientos que eran totalmente indeseados por un sector conservador que cuestionaba los avances que se produjeron en los últimos dos mandatos del Ministerio Público. En algún momento a Cándido [Conde-Pumpido] se le permitió porque era magistrado del Tribunal Supremo, pero a quienes son fiscales a lo mejor no se les consiente tanto que horaden esa especie de aura tan protectora de una justicia muy conservadora.

La transición en la justicia fue inexistente

Consideraba antes que en esa sala quizás no estaban los más adecuados. ¿Parte de la revolución de la justicia debería ser también modificar las formas de acceso al Supremo?

La forma de acceso y de mantenimiento. No entiendo que se pueda llegar al Tribunal Supremo tan joven y el cargo sea vitalicio. El propio Tribunal Constitucional o la Corte Penal Internacional tienen un límite de tiempo. Es muy peligroso hacer esa estructura que viene del franquismo y que no tiene contrapesos. Y el sistema de nombramientos no es precisamente el más idóneo.

¿Ha faltado una transición en el Poder Judicial? Usted mismo ha dicho que hay reminiscencias del franquismo.

No hubo una transición en el Poder Judicial. Una Transición con la que no estoy de acuerdo en muchos puntos. La transición en la Justicia fue inexistente. No nos levantamos. Yo todavía no formaba parte porque mi promoción fue la primera de la Constitución, pero nos acostamos con la dictadura y nos levantamos demócratas.

Se acostaron con el Tribunal de Orden Público y se levantaron con la Audiencia Nacional.

Se aceptó que el Poder Judicial era puro, inmaculado y que no había ningún tipo de contaminación y probablemente en algunos casos fuera así, pero en otros no tanto. Por no haber, no hubo ni un acto de acatamiento de la Constitución. Se daba por hecho.

En el libro menciona también el caso de [la actual fiscal de Memoria Histórica y exfiscal general] Dolores Delgado. ¿Cree que no se le ha perdonado, por ejemplo, que permitiera investigaciones al rey emérito o que avalase la salida del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos?

Eso seguro. Objetivamente, el avance progresista durante el mandato de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado fue muy notorio. Y no se le perdonó que hiciera nombramientos como el de Eduardo Esteban y, luego, que se le nombrara fiscal de Sala de la Memoria Democrática. Se acabó con su integridad corporal, porque al final ella tuvo que dimitir o renunciar, mejor dicho, porque se rompió. Y en el caso de Álvaro [García Ortiz], pues terminó traumáticamente, como todos conocemos.

¿Cree que un cambio de gobierno podría poner en amenaza una Fiscalía como la de Memoria democrática?

Sí. Bueno, no es que lo crea, es que lo han dicho. Y eso, entre otras cosas, desvela la falta de consideración a las víctimas del franquismo de su categoría de víctimas, que desgraciadamente siempre ha ocurrido. Ha habido categorización de víctimas y las del franquismo están en el último grado del escalafón, cuando sin dudarlo también han sufrido persecución durante años y décadas.

Comenzábamos la entrevista hablando del libro de Marchena. Usted lo menciona como uno de esos miembros del Supremo que quizás esté poniendo la democracia en amenaza.

Eso lo dejo al juicio del lector. No es rehuir porque el que lea el libro claramente sabe.

A mí me lo ha parecido.

Lo dejo a la decisión y el juicio del lector. Yo establezco una serie de criterios, de parámetros en los que trato de expresar lo que ha sucedido y a partir de ahí. Y utilizo un término que es el de urdidor de voluntades que cada uno puede interpretar como considere.

Está de moda hablar de las cloacas del Estado. No sé si a lo largo de su trayectoria usted ha tenido contacto con esas cloacas y si se arrepiente de alguno de esos contactos.

He tenido contacto con policías que han investigado delitos de terrorismo y que en algún caso han resultado afectados por hechos que tuvieron lugar en tiempos en los que yo ya no tenía ninguna responsabilidad. Desde luego, en lo que de mí depende y bajo mi mando jamás hubiese ocurrido lo que aconteció. Dicho esto, también por respeto profesional y demás, me quedo ahí, pero para mí son inaceptables. Lo que sí quiero decir es que el despacho defendió a una de las personas que ha sido cuestionada y que no ha podido ser juzgado porque...

¿Se refiere a Eugenio Pino?

No. Me refiero a Enrique García Castaño, que por su incapacidad física después del ictus que le dio no ha podido decir nada aunque todo el mundo se refiere a él. Lo único que ocurre es que, sin quebrantar el secreto profesional, aunque él tenía sus abogados, el despacho optó por su defensa porque colaboró con la justicia. A partir de ahí no quiero tampoco incidir en este tema porque han sido muchas las falsedades y las manipulaciones que se han hecho.

En todo caso, el Estado de Derecho no se defiende como se decía desde las cloacas, se defiende con mecanismos y con la legalidad. Cuando en España hubo un ataque durísimo del Estado de Derecho con los GAL, la única respuesta que solventó la situación fue la investigación judicial. Cuando los fondos reservados se utilizaron ilegalmente, hubo respuesta judicial. Cuando después se han utilizado espero que haya respuesta judicial. Esos son los mecanismos que tenemos. No son otros.

Vídeo y fotos: Lourdes Jiménez

Las elecciones al Consejo Fiscal, órgano asesor de la fiscal general del Estado, han consolidado el dominio de la derecha. La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales ha mantenido sus seis vocales, mientras la Unión Progresista de Fiscales —que en el pasado presidió Teresa Peramato— se ha quedado con los dos representantes que tenía hasta el momento. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que llegó a pedir seis años de cárcel en el juicio contra Álvaro García Ortiz, conserva también un vocal. 

Tras la nueva cita con las urnas, a la que fueron llamados este martes casi 2.800 fiscales, el órgano mantiene la misma correlación de fuerzas de la época de Dolores Delgado. Precisamente la percepción de García Ortiz como un fiscal continuista del trabajo de Dolores Delgado –que contó con la oposición fiera de la facción conservadora de la carrera– engrasó desde el principio una relación conflictiva con el Consejo Fiscal. 

La actual fiscal general se encontrará con la misma aritmética de una mayoría de vocales que se oponen de manera casi sistemática a cualquier propuesta de nombramiento que proceda de la Unión Progresista de Fiscales o su entorno. Hasta ahora, Peramato ha optado por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también ha nombrado a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora. 

El órgano cuenta con 12 miembros, de los que 3 son natos: la fiscal general del Estado, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde; y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite. En la jornada de este martes fueron elegidos los nueve vocales electivos propuestos por las asociaciones de fiscales. La participación alcanzó el 79,94%%.

Esta es la nueva composición del Consejo Fiscal:

Según una nota de prensa difundida por la Fiscalía General del Estado, los comicios se celebraron con normalidad en las 77 secciones electorales habilitadas, correspondientes a cada una de las fiscalías de comunidades autónomas, fiscalías provinciales y fiscalías de área.

La Sección de Madrid incluía a los fiscales de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional, del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía Antidroga, de la Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, a los Fiscales de Sala Coordinadores en materias específicas así como a los Fiscales adscritos a estos. No incluía los fiscales destinados en las Fiscalías de área.

La circunscripción electoral es única para todo el territorio nacional y los electores podían elegir un máximo de seis vocales de entre los 15 candidatos presentados. Los fiscales que así lo han deseado han podido votar por correo, de forma previa a la jornada de votación. El recuento de este voto por correo se realizó al inicio del escrutinio.

La Fiscalía ha remitido este viernes al Tribunal Supremo un informe en el que se muestra a favor de conceder un indulto parcial a Álvaro García Ortiz tras su condena a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. En concreto, solicita que se le perdone el tiempo que le resta por cumplir de la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado.

“La condena ha generado consecuencias extrapenales desproporcionadas”, recoge el informe elaborado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que reconoce que el indulto parcial que le puede ser otorgado tiene efectos “limitados”, ya que García Ortiz ya abandonó el puesto cuando se conoció la sentencia, se ha nombrado a una nueva fiscal general para un mandato de cuatro años y, por ley, él no podría volver a ser elegido para ese cargo.

Así, defiende que la minoración de la duración de la pena de inhabilitación comporta exclusivamente el acortamiento de los plazos para la cancelación de los antecedentes penales, algo que sí tiene consecuencias “en la vida civil y desarrollo profesional”.

El informe destaca que García Ortiz asumió en todo momento la responsabilidad por la nota de prensa que hizo pública la Fiscalía para desmentir un bulo propagado horas antes por el entorno de la presidenta Ayuso, dimitió de su cargo nada más conocer el fallo y ya ha abonado tanto la indemnización de 10.000 euros para el empresario y comisionista que recoge la sentencia, así como la pena de multa de 7.200 euros.

El informe valora que García Ortiz actuó con “total ausencia de beneficio personal patrimonial”. Y defiende que su finalidad fue “preservar la reputación” de la institución frente a “los ataques que cuestionaban el quehacer profesional de los fiscales en un asunto de enorme interés mediático” e incluso su propia actuación al imputársele “falsamente” un comportamiento ilegal.

Informe del Tribunal Supremo

Tras recabar la posición de la Fiscalía, el Tribunal Supremo hará un informe en el que determinará si hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. Este informe, no obstante, no es vinculante porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En caso de que el informe del Supremo fuera desfavorable eso sí cerraría la puerta a un indulto total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas—, pues la ley establece que el indulto total sólo se otorgará en caso de existir un informe favorable del tribunal sentenciador. 

Sí existiría la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

En el caso de que el indulto sea favorable, deberá tramitarse a través de un real decreto —firmado por el rey Felipe VI— y publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Aunque la ley de 1870 establecía que el indulto debía plasmarse en un decreto “motivado”, la reforma de 1988 eliminó esa exigencia expresa de motivar la medida de gracia.

El Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía que realice su informe sobre las peticiones de indulto presentadas a favor del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. El alto tribunal da curso al procedimiento tras haber recibido el 21 de abril el llamado informe de conducta de la subdelegación del Gobierno en Madrid.

Ese documento es un requisito recogido en la ley del indulto, que dice en su artículo 24 que el tribunal sentenciador pedirá “informe sobre la conducta del penado al Jefe del establecimiento en que aquel se halle cumpliendo la condena, o al Gobernador de la provincia de su residencia, si la pena no consistiese en la privación de libertad”, como ocurre en este caso. Después, prevé que solicitará el informe a la Fiscalía y a la parte agraviada, que en este procedimiento es el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Tras recabar la posición de la Fiscalía, el tribunal determinará si hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. 

El Ministerio de Justicia activó a finales del pasado enero el procedimiento para estudiar las primeras peticiones de indulto presentadas a favor de García Ortiz y solicitó al Tribunal Supremo, que es el órgano sentenciador, el informe preceptivo. Un mes después, el 25 de febrero, el alto tribunal envió su petición de informe a la Subdelegación del Gobierno, que tardó casi dos meses en responder. Su respuesta llegó el 21 de abril. Las fuentes jurídicas consultadas sostienen que se trata de los “plazos habituales” de trámites de indulto. 

Con todo lo recabado —informe de conducta y de la Fiscalía—, el Tribunal Supremo fijará su posición que, no obstante, no es vinculante porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

El indulto total depende del Supremo

Aunque el indulto es una prerrogativa del Ejecutivo, el perdón total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas— está supeditado a que haya un informe favorable del órgano sentenciador. En este caso, de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenaron a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a pagar las cantidades económicas que el ex fiscal general ya ha abonado ante el Tesoro Público. 

Sí existiría la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

En todo caso, el posible indulto a García Ortiz no le permitirá recuperar todo el dinero que ya ha abonado a la pareja de Ayuso tras la condena de dos años de inhabilitación. La ley del indulto excluye la obligación de responder civilmente, lo que deja fuera la indemnización de 10.000 euros para el empresario y comisionista que recoge la sentencia. Respecto a la pena de multa de 7.200 euros que García Ortiz también ha consignado ya, esa norma detalla que solo se le devolverá si lo recoge “expresamente” el decreto del Gobierno. 

Además, aunque el Ejecutivo le concediera la medida de gracia total, se da por seguro que el ex fiscal general no regresará a la cúpula del Ministerio Público, donde le sustituyó Teresa Peramato. También seguirá abierta la vía del recurso de amparo que ya ha presentado ante el Tribunal Constitucional, donde su defensa buscará revertir la condena por la filtración de la confesión del empresario, procesado por dos delitos fiscales. 

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es afirman que el recurso de amparo ante el tribunal de garantías mantendría el sentido si el indulto es parcial, al quedar “una parte de las penas en pie”. Pero también en caso de perdón total porque “esa totalidad no puede abarcar la indemnización”. 

Posible recurso de González Amador

Algunas fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que el informe de la Sala de lo Penal del Supremo será contrario al indulto, por lo que solo podrá ser parcial. Así, estas fuentes auguran que la inhabilitación podría quedarse en seis o 12 meses en lugar de los 24 que fijó la sentencia. Se da por hecho que García Ortiz no regresará en ningún caso a dirigir el Ministerio Público, lo que limita las consecuencias prácticas del indulto en un caso como este, en el que no hay pena de cárcel. 

Otras fuentes creen que el posible indulto —aunque sea parcial— sí puede suponer su blindaje en su nuevo destino en la Fiscalía de la Sala de lo Social del Supremo ante las impugnaciones que ya han empezado a llegar a la Fiscalía General. Entre ellas, la del propio González Amador, que ha recurrido el decreto por el que Peramato permitió el regreso a la carrera de García Ortiz con el argumento de que la pena por un delito doloso conlleva la pérdida de la condición de fiscal, por lo que reclama su expulsión. 

Está por ver, además, si el empresario también recurrirá la concesión del indulto si finalmente se produce aunque fuentes del Supremo explican que su hipotético recurso no frenaría la ejecución del indulto. El Supremo ha establecido en su jurisprudencia que quien ha ejercido en un proceso la acusación particular —como es el caso de González Amador— tiene un interés legítimo en que la pena se cumpla y, por tanto, tendría la necesaria legitimación para poder impugnar el indulto.

Álvaro García Ortiz salió del juicio que se celebró contra él en el Tribunal Supremo “convencido” de que iba a ser absuelto del delito de revelación de secretos por el caso de la filtración de la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero finalmente fue condenado a dos años de inhabilitación especial, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 para el novio de la dirigente madrileña. Casi medio año después de que se conociera la sentencia, García Ortiz sigue sorprendido por lo ocurrido y defiende su inocencia. Afirma que él no ha filtrado “nada” a ningún periodista, y que tampoco cree que lo haya hecho nadie de su equipo.

“Centrar el asunto en que fue la Fiscalía quien filtró el mail me irrita mucho. No lo puedo aceptar. Hay muchas otras personas que pudieron filtrar ese mail”, ha asegurado este domingo en Lo de Évole, de La Sexta, que ha conseguido la primera entrevista a García Ortiz tras su condena. Preguntado expresamente sobre por qué creía que iba a ser absuelto, él ha respondido con la siguiente reflexión: “Porque estaba convencido de que un fiscal general del Estado tiene derecho a conocer la verdad y porque yo en el juicio y en los hechos no veía ninguna conducta punible. No había ninguna carga probatoria contra mí, lo tenía clarísimo, y salí convencido del juicio que iba a ser así. La sentencia fue una sorpresa muy dura. El fallo fue muy duro. Fue una sorpresa dura”.

García Ortiz reconoce que ha experimentado cambios en su vida tras la condena. No lleva bien, por ejemplo, pasear por la calle. “A veces tengo algún encuentro desagradable con alguien que me dice algo que no es agradable oír”, ha afirmado. “Curiosamente, en lugar de tener la seguridad por lo que debería llevarla un fiscal, que sería por el terrorismo, la tengo porque desde ciertos sectores de la ultraderecha yo soy una persona a la que se le puede insultar y llamar cualquier cosa”, le ha señalado a Jordi Évole, a quien también le ha confesado que sus hijos no llevaron bien el proceso. No obstante, su intención es seguir mirando hacia adelante: “Afronto las consecuencias de la sentencia, pero hay que seguir viviendo”.

El ex fiscal general del Estado ya ha pagado tanto la multa como la indemnización que debía a González Amador aunque sigue dolido por todo lo ocurrido. “Es inimaginable para un fiscal estar sentado en el banquillo. Es una cuestión muy dura”, ha señalado. También ha dicho que ha recibido “muchas llamadas de apoyo” y que “alguna sorprendería”, aunque ha detallado que “las más sorprendentes son fiscales generales de otros países que no comprendían que un fiscal general del Estado fuera condenado por una nota de prensa”. “Es una paradoja que el que se dedica a perseguir delitos tenga que pagar al que está en un proceso en curso”, ha añadido, en alusión a la causa que llevará a juicio a González Amador por dos delitos fiscales. 

La “humillación” durante el juicio

Haciendo un repaso del juicio, García Ortiz asegura que vivió “como una humillación” que la pareja de Ayuso le señalara y se dirigiera sin respeto hacia él, al igual que el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Ambos declararon como testigos, pero hablaron de él como si ya estuviera condenado sin que el tribunal de la sala segunda del Supremo, presidida por Andrés Martínez Arrieta, les interrumpiera.

Durante el programa, García Ortiz también ha explicado cómo funciona la justicia en casos como el de González Amador que, según ha dicho, “no tenía ni idea de quién era” hasta que salieron a la luz las primeras informaciones de elDiario.es sobre su fraude fiscal y se mencionó que era la pareja de Ayuso. Así, ha recordado que, de forma automática, cuando “Hacienda detecta un fraude fiscal” de más de 120.000 euros “eleva esas actuaciones a la Fiscalía” que inicia el procedimiento en los tribunales. En el caso de González Amador, el fraude ascendió a más de 350.000 euros. Así, el ex fiscal general ha querido remarcar que “los delitos fiscales son delitos contra la solidaridad colectiva. Es una cuestión grave”. 

Delante de una pizarra con las fotos de muchos de los implicados en la causa, García Ortiz ha recordado cómo Miguel Ángel Rodríguez envió a varios periodistas el bulo de que había sido la Fiscalía la que había planteado un pacto a la pareja de Ayuso para evitar una condena de cárcel cuando en realidad fue al revés: fue el abogado de González Amador el que propuso ese acuerdo al Ministerio Público. “Ni la Fiscalía ha ofrecido un pacto, ni lo ha retirado ni lo ha hecho por órdenes de arriba”, ha explicado el ex fiscal general, desmintiendo así las tres premisas que trató de difundir Rodríguez y que llegaron a ser publicados por distintos periódicos. “Es una calumnia sobre la Fiscalía. Se estaba calumniando a la Fiscalía española”, ha afirmado, por lo que decidió enviar la nota de prensa desmintiendo el bulo y que luego fue utilizada por el Supremo para condenarle.

García Ortiz sí asume esa nota, pero en ningún caso haber enviado a nadie el correo del abogado de González Amador en el que se decía que “ciertamente se han cometido dos delitos”. “Si la Fiscalía iba a sacar una nota informativa, ¿qué necesidad tenía de filtrar?”, se ha preguntado. “La nota la redacto yo. Asumo la total redacción y contenido. Estaban calumniando a la Fiscalía española y queríamos dar respuesta a ese choque institucional. El ciudadano tenía derecho a que una institución pública le dijera la verdad. Merecía una respuesta”, se ha justificado.

“Ha acabado condenado según el criterio del Tribunal Supremo el perseguidor de los delitos”, ha lamentado García Ortiz, que ha defendido también que borrara el contenido de su teléfono, algo que también le reprochó el Supremo. “El borrado no está relacionado con nada que quiera ocultar a un posible investigador. Borro de manera sistemática”, ha dicho. “En el teléfono tengo información muy sensible y tengo todo el derecho del mundo a borrar lo que quiera”, ha añadido, antes de remarcar que “en el teléfono de un fiscal general del Estado hay mucha más información de la que uno se puede imaginar”. A renglón seguido, sí ha reconocido que “el peor momento” de la instrucción fue cuando el juez pidió a la compañía Meta que recuperara los mensajes borrados, algo que no ocurrió, porque temía que saltaran a la prensa conversaciones personales. Además, ha reconocido que para él fue un “shock” que registraran su despacho.

Respeto hacia los jueces

A lo largo de la conversación García Ortiz ha evitado en todo momento no solo descalificar, sino también valorar el trabajo tanto del juez Ángel Hurtado que fue el encargado de la instrucción como el de los siete magistrados del Supremo que le condenaron (con el voto particular de dos de ellas). “Yo no cuestiono la profesionalidad del juez”, ha dicho de Hurtado. “Yo no cuestiono a ninguno de los magistrados del Tribunal Supremo”, ha añadido. Sí ha dicho que si hubiera conocido que el magistrado Antonio del Moral codirigió la tesis doctoral del abogado de la acusación se podía haber llegado a plantear su recusación. También ha negado cualquier rencilla personal con otro de los magistrados, Manuel Marchena. “He tenido una cordial relación profesional con Marchena. Nunca he manifestado ninguna discrepancia pública con él”, se ha limitado a decir.

A García Ortiz también le produjo un “profundísimo dolor personal” que el presidente del tribunal que le juzgó, Martínez Arrieta, presumiera de que iba a redactar la sentencia en su contra durante un curso en el Colegio de Abogados de Madrid en el que participó durante la supuesta deliberación. En este caso, ha reconocido que nadie le ha pedido disculpas.

El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha definido su condena como una “flagrante injusticia”, desde “el punto de vista de un condenado”, que “no debe dar pena, sino ganas de cambiar las cosas”. García Ortiz se ha pronunciado de este modo durante su intervención en el cierre del acto que vecinos y personalidades de la sociedad compostelana han organizado este jueves en la Casa da Luz de Santiago de Compostela, en reconocimiento a su “compromiso y bonhomía” y en el que se ha apelado a “reparar el daño” y “restituir su honor”.

En una intervención en la que se le ha podido ver emocionado y en la que ha asegurado estar “sobrepasado emocionalmente”, ha defendido la legitimidad de la figura del Fiscal General del Estado en democracia. “Es un puesto de muchísima responsabilidad para el que nadie está preparado”, ha manifestado para asegurar que se trata de la “figura de la justicia con una legitimidad más clara” porque “emana de la voluntad democrática”, según recoge Europa Press.

Sin embargo, ha lamentado que una parte de la sociedad “lejos de entender esto como una virtud democrática” del Estado español, lo vea como una tacha, como el pecado original que tiene una figura que lo que debe de hacer es interpretar la Constitución, interpretar la norma y promover la acción de la justicia y entender que España es un Estado social y democrático de derecho“.

Dicho esto, ha sostenido que a él y a su equipo lo han “apartado del cargo” por “defender una forma de entender la justicia” como lo “único que tiene un estado democrático igual a todos los ciudadanos”.

García Ortiz, que ha señalado que es visión de la justicia es la que él intenta llevar a cabo y que no hubiese sido posible sin la Unión Progresista de Fiscales, ha asegurado ser una persona que no pertenece a ninguna elite y que llegó al cargo desde la “periferia”.

Además, ha defendido su permanencia el en cargo durante un proceso que ha calificado de “durísimo” al asegurar que cuando a uno lo intentan “destruir” con una especie de “muerte civil como la que tenían los romanos” y que “afecta” es un “ejercicio de responsabilidad” hacia las personas que creen que “una forma de dar ejemplo es resistir”.

También ha dejado claro que no se quiere ver “como un héroe” pero “tampoco como una víctima”, y ha afirmado que él tuvo una “situación privilegiada” en la que vivió lo que “desde el punto de vista de un condenado” ha calificado de “flagrante injusticia”.

En el evento han tomado la palabra múltiples personalidades de la ciudad como la alcaldesa Goretti Sanmartín; la historiadora y política Encarna Otero, el exrector de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López; el exdiputado socialista Xoaquín Fernández Leiceaga; la politóloga y exportavoz de Sumar en el Congreso Marta Lois, entre otros.

Entre el numeroso público asistente se ha podido ver al juez Luis Villares, quien recientemente fue apartado de la sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que decidía sobre los eólicos, así como cargos políticos como el secretario xrla del PsdeG, José Ramón Gómez Besteiro; y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

Intervenciones

Más de 200 vecinos y personalidades de la sociedad compostelana se han dado cita en una Casa das Máquinas que se ha quedado pequeña y en la que los participantes han puesto en valor el “ejemplo” de García Ortiz y han apelado a reparar el “daño causado” contra su persona tras una sentencia que en numerosas ocasiones han tachado de “injusta” y de “infamia”.

Y es que en la cita han tomado la palabra múltiples personalidades de la ciudad, como la alcaldesa, Goretti Sanmartín; la hostoriadora y política nacionalista Encarna Otero; el exrector de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López; el exdiputado socialista Xoaquín Fernández Leiceaga; la politóloga y exportavoz de Sumar en el Congreso Marta Lois, entre otros.

Además se ha podido ver al juez Luis Villares, quien recientemente fue apartado de la sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que decidía sobre los eólicos, así como cargos políticos como el secretario xeral del PsdeG, José Ramón Gómez Besteiro; y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

En su intervención, Goretti Sanmartín ha destacado que la sociedad compostelana quiere demostrar que la ciudad “no es indiferente ante la injusticia” con un “acto de restitución, memoria, solidaridad y justicia” que la regidora ha hecho extensivo a toda la ciudad.

“La justicia no puede ser ciega ante la realidad, tiene que tener en cuenta la realidad y el contexto”, ha dicho en una intervención en la que ha sostenido que cuando “son tantas las personas que sienten que no se está actuando bien, la justicia tiene que levantar la venda de los ojos, escuchar y actuar diferente a cómo lo hizo”.

Asimismo, el exrector de la USC Antonio López ha pronunciado un sentido discurso en el que ha citado las palabras del fiscal fusilado por el Franquismo Francisco Javier Elola Díaz-Verela para subrayar que “la Justicia española ha atravesado y está atravesando un período de crisis, y es menester que se ponga mano en ello, por el interés de la Justicia y por el interés de España”.

Además, el econimista y exportavoz parlamentario del PSdeG Xoaquín Fernández Leicega lo ha situado entre los 'bos y xenerosos' y aunque ha asegurado que en un primer momento cuando García Ortiz fue elegido para el cargo dudó “si resistiría”.

“Tengo que confesar que me equivoqué plenamente, debajo de la bonhomía había un núcleo de acero bien templado que ningún ácido era capaz de quebrar”, ha sostenido para señalar que se convirtió para él “en una especie de héroe cívico”, una especie de figura democrática que trasdecenderá el tiempo en un momento en el que es necesario ser capaces de defender los derechos“.

Por su parte, Marta Lois ha sostenido que “hay heridas que no pueden quedar en silencio” y que la ciudadanía “tiene que alzar la voz frente a la infamia” en un acto en el que el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Félix Martín González, ha dicho que fue un año “muy difícil” para la asociación pero en el que “estaban convencidos que estaban en el lado correcto” y que tenían que defender lo que estaban defendiendo.

Condena

García Ortiz es actualmente fiscal en la Sección de lo Social del Tribunal Supremo después de que el pasado año fuese condenado a dos años de inhabilitación como fiscal general del Estado y a una multa como responsable de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una condena que recientemente ha solicitado al Tribunal Constitucional que se anule.

Un veterano magistrado del Supremo comentó en mayo de 2025 el estado de la investigación abierta por supuesta revelación de secretos al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: “La comidilla entre los miembros de la Sala de lo Penal [encargada del caso] es que todos los periodistas que niegan que el fiscal general les filtrase el correo mienten amparados en el secreto profesional”. El comentario del prestigioso magistrado en activo suponía casi la crónica de una condena anunciada al fiscal general.

Si los magistrados encargados del caso (un instructor, tres integrantes de la sala de apelación y siete más miembros del tribunal que juzgaría el caso), situados en lo más alto de la pirámide judicial, creían de manera unánime que los periodistas mentían, el futuro de Álvaro García Ortiz estaba sentenciado. La realidad dejó fuera de esa “comidilla unánime” a uno de los tres miembros de la sala de apelación, Andrés Palomo, que defendió el archivo de la causa; y a dos de las magistradas del tribunal sentenciador, Ana Ferrer y Susana Polo, que apoyaron la absolución del fiscal general.

Aunque ellos (Palomo, Ferrer y Polo) sí creyeron a los periodistas y defendieron por eso la inocencia de García Ortiz, estaban en minoría en la Sala de lo Penal y su criterio fracasó.  

Meses después de aquel comentario del veterano magistrado, cinco de los siete miembros del tribunal condenaron al entonces fiscal general por revelación de datos reservados, despreciando el testimonio en contra de esa tesis que hicieron bajo promesa de decir verdad hasta seis periodistas de cuatro medios de comunicación distintos. La sentencia provocó una dura protesta de una parte del mundo jurídico.

“¿El reconocimiento de su derecho al secreto profesional puede llevar aparejado que deba restarse credibilidad a las manifestaciones de periodistas en un juicio donde están obligados a decir verdad?”, se preguntaron las magistradas Ferrer y Polo en su voto particular.

El Tribunal Constitucional deberá responder a esta pregunta ante los recursos de amparo presentados por la Fiscalía del Supremo y por el ex fiscal general donde denuncian la vulneración de hasta cinco derechos fundamentales y piden anular la condena. 

El recurso de la Fiscalía lo expresa así: “La sentencia impugnada concibe el secreto profesional que asiste a los profesionales de la información como una especie de habilitación constitucional para sustraerse a la obligación de decir verdad en un juicio criminal. Para el Tribunal Supremo, existe una suerte de licencia constitucional para mentir que inhabilita de antemano la credibilidad del testimonio de descargo prestado por un periodista que se ha acogido a dicho secreto (…) Tal interpretación supone, indirectamente, una grave coacción moral sobre los profesionales de la información, a los que se pone en la tesitura de revelar la identidad de su fuente para que su testimonio exculpatorio de la persona acusada tenga algún valor probatorio. Se genera, con ello, un riesgo grave para la efectividad de la libertad de información, que es, precisamente, el fundamento de la protección constitucional de la cláusula de secreto periodístico”.

Seis profesionales de La Sexta, la Cadena Ser, El País y elDiario.es aseguraron que el fiscal general del Estado no fue quien les reveló el secreto –la información– que ellos difundieron en sus medios. Algunos de esos periodistas señalaron incluso el lugar origen de la filtración, lejos de la Fiscalía General del Estado, sin identificar a sus autores.

Pero daba igual porque “la comidilla en la sala de lo Penal” se convirtió en fundamento jurídico para condenar al fiscal general del Estado.

Los firmantes de la sentencia señalaron en varias páginas del fallo que los periodistas tenían el legítimo derecho a no identificar a las personas que les contaron el secreto y recordaron la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional en defensa del secreto profesional, vital para una sociedad bien informada.

Pese al rotundo aval judicial al secreto profesional, el testimonio de los periodistas no servía como prueba de descargo, según la doctrina que impusieron Andrés Martínez Arrieta (presidente del tribunal y ponente de la sentencia), José Ramón Berdugo, Antonio Del Moral, Manuel Marchena, y Carmen Lamela.

Estos magistrados deslizaron en el texto del fallo la idea de que los periodistas podían mentir protegidos por su derecho al secreto profesional: “En esa situación el derecho constitucional al secreto periodístico, carente de límites en nuestro ordenamiento en tanto no se proceda a su regulación, también cubre con su manto protector al periodista, autorizándole a otro tipo de manifestaciones, aunque no sean totalmente fieles a la realidad, si les guía la necesidad de mantener oculta su fuente, lo que acentúa sus diferencias frente a otros secretos (como el propio de parientes). Se trataría de una actuación amparada por el ejercicio legítimo de un derecho constitucional”.

Los magistrados de la condena no ocultaron su desconfianza hacia el testimonio de los periodistas: “No es idéntica la forma de enfrentarse a un interrogatorio de alguien consciente de su derecho al secreto y su deber protegido constitucionalmente de lealtad a sus fuentes, que la de otras personas que carecen de válvulas de escape similares y que declaran conscientes de su deber de contestar a todas las preguntas que se les dirijan sin poder eludirlas, tampoco con subterfugios”.

Y para intentar justificar que la condena no restaba credibilidad al testimonio de los profesionales de la información, los firmantes cargaron la culpa sobre el fiscal general por no actuar con la prudencia que si demostraron los periodistas al no publicar la información antes de que García Ortiz la tuviera en sus manos: “Tenemos la firme convicción de que, en ningún caso, las respuestas [de los periodistas] se vieron afectadas en su veracidad por el ejercicio de ese irrenunciable derecho [al secreto profesional]. La decisión de no difundir su contenido literal [del correo electrónico], ya fuera por respeto a las indicaciones recibidas de su fuente, ya por planificación secuencial de la información de la que ya disponían, no hace sino marcar un acusado contraste entre su prudencia profesional y la precipitación con la que García Ortiz no dudó en hacer posible la difusión pública de las comunicaciones, siempre confidenciales, entre un abogado y fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad”.

Este argumento, confuso en su formulación, es contrario al utilizado por el mismo Tribunal Supremo para rechazar una querella contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por declarar el 13 de marzo de 2024 en los pasillos del Senado que el fraude fiscal de la pareja de Ayuso estaba vinculado al cobro de comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Montero hizo esa declaración cuando ese detalle aún no había sido revelado por ningún medio de comunicación.

El Tribunal Supremo, en una resolución firmada por algunos de los magistrados que luego han condenado al fiscal general, inadmitió la querella alegando que cuando Montero hizo esas declaraciones los detalles de los supuestos delitos cometidos por la pareja de Ayuso ya circulaban -aunque no se hubieran publicado aún- por los medios de comunicación. La resolución del Supremo evitó cualquier reproche a la ministra Montero al no apreciar en su conducta ningún tipo de “precipitación” en “hacer posible la difusión pública” de los negocios privados de la pareja de Ayuso antes de que lo publicaran los medios de comunicación.

El delito de revelación de secretos cuenta con dos actores principales: quien tiene el deber legal de guardar ese secreto –en este caso, el fiscal general del Estado– y quien lo difunde, en este caso los periodistas que conocen mejor que nadie quién cometió el delito.

Pero la investigación por parte de Ángel Hurtado, el magistrado encargado de la instrucción, avaló desde el principio “la comidilla en la Sala de lo Penal” según la cual los periodistas que se acogen a su derecho de no revelar las fuentes pudieron mentir, protegidos por la Constitución, en defensa del fiscal general.

Hurtado rechazó de un plumazo los testimonios de periodistas que obligaban a archivar la causa. Lo hizo mediante un párrafo de motivación escasa y absurda: “Se trata”, escribió, “de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios prestados en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido″. Ningún testimonio del día 8 negó el relato de los periodistas que declararon ante el juez que ni el fiscal general ni nadie por orden suya les había filtrado el correo electrónico.

La sentencia del Supremo utiliza una cita de la jurisprudencia “anglosajona” para poner en valor el secreto profesional que permite a los periodistas informar en libertad sin temor a represalias que impidan una adecuada fiscalización del poder. “Si se obligara a los periódicos a revelar sus fuentes, pronto se quedarían sin la información que deberían tener. Sus fuentes se secarían. No se revelarían las malas acciones. No se podría desenmascarar a los charlatanes. Las injusticias quedarían sin remedio. Las fechorías en los pasillos del poder, en las empresas o en los departamentos gubernamentales nunca se conocerían”.

García Ortiz fue condenado por difundir el correo electrónico de un abogado a la Fiscalía. El conocimiento de ese hecho permitía desmontar el bulo –envuelto en la filtración de otro correo distinto– difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en defensa del empresario Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales. El bulo de Rodríguez, publicado por varios medios de comunicación sin contraste alguno, consistía en atribuir a la Fiscalía la perversa intención de ofrecer al supuesto defraudador, pareja de la presidenta Ayuso, un acuerdo para evitarle la prisión a cambio de que confesara los dos delitos fiscales. Era justo al revés.

Conocidos los hechos, la cita anglosajona vinculada al caso del fiscal general español quedaría así: “Si se obligara a los periódicos a revelar sus fuentes, pronto se quedarían sin la información que deberían tener. No se revelarían las malas acciones, como la difusión de bulos por parte de un Gobierno a favor de un procesado por fraude fiscal que es pareja sentimental de la presidenta de ese Ejecutivo. No se podría desenmascarar a los charlatanes, como el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, quien manipuló a determinados medios de comunicación para atacar con mentiras a la Fiscalía. Las injusticias [como la condena a un fiscal general del Estado por combatir un bulo facilitando información ya conocida antes por los medios] quedarían sin remedio. Las fechorías en los pasillos del poder, nunca se conocerían”.

Para investigar un delito de revelación de secretos difundidos por numerosos medios de comunicación, el Tribunal Supremo decidió que el testimonio de los periodistas carecía de valor probatorio porque se acogieron al secreto profesional que les permite hacer manifestaciones “aunque no sean fieles a la realidad” y las autoriza a utilizar “subterfugios” que se niegan a otros testigos en un juicio.

El derecho constitucional a no revelar la identidad de las fuentes de información se convierte, en manos del Supremo, en una prueba principal de cargo contra el implicado en una supuesta revelación de secretos.

El Tribunal Constitucional resolverá por primera vez en su historia uno de los casos más polémicos de la historia judicial de España. Y deberá contestar a la pregunta de si despreciar el testimonio de periodistas que se acogen a su derecho al secreto profesional vulnera el derecho a la presunción de inocencia del procesado por revelar secretos a esos mismos periodistas.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a tuitear este lunes a media tarde. En su mensaje, el polémico dirigente ha vaticinado que el Tribunal Constitucional absolverá al ex fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados. Y en la misma frase, ha aprovechado para insultar a los votantes socialistas. “El asalto a la Democracia cuando el Constitucional anule la condena al ex fiscal General del Estado es para que nos vayamos acostumbrando a cuando lo hagan con Begoña, el hermano, Zapatero… Banda de criminales a los que vota un tercio de españoles. Un tercio de españoles podrido”, ha escrito Rodríguez a través de su perfil personal de la red X.

Pocos minutos después, lanzaba más descalificaciones: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…. Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”.

Las publicaciones de Rodríguez llegan el mismo día en el que el ex fiscal general del Estado ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. En su recurso, García Ortiz afirma que el Alto Tribunal “hizo una valoración irracional y arbitraria de los indicios” y vulneró sus derechos fundamentales durante el proceso y en la propia sentencia que suscribieron cinco de los siete miembros del tribunal. 

Además, el viernes la Fiscalía presentó su propio recurso pidiendo también que anule la sentencia del Supremo y solicita amparo al tribunal de garantías al sostener que los magistrados de la Sala Segunda vulneraron cinco derechos fundamentales de García Ortiz tanto durante la investigación judicial como en la sentencia. El Ministerio Público defiende que el ex fiscal general se limitó a ejercer su deber de “informar verazmente” sirviéndose de datos que ya eran conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas aparecidas en los medios”.

El próximo 6 de mayo Miguel Ángel Rodríguez, tendrá que declarar como investigado ante el juez por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, incluso a “niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha reclamado al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. En su recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, García Ortiz afirma que el Alto Tribunal “hizo una valoración irracional y arbitraria de los indicios” y vulneró sus derechos fundamentales durante el proceso y en la propia sentencia que suscribieron cinco de los siete miembros del tribunal. 

El Alto Tribunal consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de una multa y una indemnización.

La Abogacía del Estado, que representa en este proceso al fiscal general, denuncia que en la sentencia que firmaron los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela se hizo una valoración arbitraria de la prueba, dado que “la imputación de la autoría” se sustentó “en meras inferencias abiertas, omitiendo prueba de descargo”.

“La sentencia construyó la condena mediante un análisis fragmentado y parcial, prescindiendo de hechos y pruebas de descargo que cuestionaban la inferencia incriminatoria”, dice el escrito, que hace alusión, en este punto a los testimonios de los periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024 o que negaron categóricamente que el fiscal general fuera su fuente. 

Esos testimonios no fueron tenidos en cuenta en la sentencia, en lo que la defensa de García Ortiz considera “una nueva delimitación del ámbito del secreto profesional” que le permite omitirlos. Y recuerda que la jurisprudencia constitucional se centra en una concepción del secreto como un derecho a no revelar sus fuentes y a guardar silencio que es también una garantía al servicio del derecho a la información. 

Borrado del teléfono de García Ortiz

El escrito denuncia, por otro lado, que el Supremo infringió el derecho a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo de García Ortiz. Así, critica que el tribunal utilizara el borrado del teléfono móvil del entonces fiscal general como un indicio de autoinculpación. “La interpretación que recoge la sentencia vulnera el derecho a no declarar contra uno mismo, ya que el borrado equivale a un silencio por parte del acusado, más aún cuando no existe ninguna prueba de que la supuesta filtración fuera hecha por alguno de los terminales borrados”, sostiene el recurso. 

El recurso defiende, asimismo, que la nota de prensa que hizo pública la Fiscalía para desmentir un bulo propagado horas antes por el entorno de la Comunidad de Madrid fue un ejercicio legítimo de libertad de expresión. Sostiene que su objetivo no era incriminar, sino desmentir una información “absolutamente falsa e infundada” y que representaba una grave descalificación de la neutralidad política y servicio al principio de legalidad que deben caracterizar la actuación de la Fiscalía. 

El recurso también cuestiona el registro de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general, que califica de “desproporcionado”. Sostiene que la orden del juez instructor de ordenar ese registro y la incautación de mensajes y correos, al principio con pocos límites temporales, fue una medida “de gran ambigüedad en cuanto al material concreto a incautar”. Critica, por ejemplo, que esta ausencia de modulación incrementó la desproporción, al no excluir ni siquiera aquello que claramente estaba protegido, como las comunicaciones privadas familiares, datos médicos o materiales ajenos al caso. 

Interpretación “expansiva y novedosa”

El recurso expone, por otro lado, que el objeto de la acusación “se ha modificado en varias ocasiones” a lo largo de la instrucción: fluctuó entre la filtración del correo, el envío a presidencia del Gobierno y la propia nota de prensa. Y que eso llegó hasta el punto de “no llegar a saberse en concreto qué hechos eran objeto de la investigación y posteriormente de enjuiciamiento e impidiendo su defensa”. 

Por último, la Abogacía del Estado acusa al Supremo de realizar una interpretación “expansiva y novedosa” del delito de revelación de secretos al considerar delictiva la mención en un comunicado oficial de datos que ya estaban en “el centro del debate mediático”, como la pretensión de la pareja de Ayuso de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. 

La Abogacía sostiene que solo puede ser delito revelar algo “ignorado o secreto”, y en este caso es imposible revelar jurídicamente una información que ya era de conocimiento público, al haber sido previamente publicada por multitud de medios de comunicación y autodivulgada por el propio investigado. 

La Fiscalía reclama al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por la filtración de la confesión de culpa del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal.

El recurso solicita amparo al tribunal de garantías al sostener que los magistrados de la Sala Segunda vulneraron cinco derechos fundamentales de García Ortiz tanto durante la investigación judicial como en la sentencia. Y defiende que el ex fiscal general se limitó a ejercer su deber de “informar verazmente” sirviéndose de datos que ya eran conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas aparecidas en los medios”. 

El Ministerio Fiscal denuncia que el Supremo vulneró el derecho a la presunción de inocencia de García Ortiz porque realizó una valoración “sesgada e irrazonable” de los testimonios de los periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024 o que negaron categóricamente que el fiscal general fuera su fuente. 

El recurso acusa a los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela de hacer una interpretación del derecho constitucional de los periodistas a no revelar sus fuentes que supone “una grave coacción moral” sobre los informadores. Y cuestiona que para el Supremo exista “una suerte de licencia constitucional para mentir que inhabilita de antemano la credibilidad del testimonio de descargo prestado por un periodista que se ha acogido a dicho secreto”.

El escrito argumenta, por otro lado, que la condena se basó en una prueba indiciaria débil, excesivamente abierta y con explicaciones alternativas mucho más razonables que la culpabilidad. Así, la Fiscalía trata de rebatir algunos de los principales indicios que sustentan el fallo. Uno de ellos es la llamada de cuatro segundos que realizó a García Ortiz Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER al que, según la sentencia, filtró el correo. Según el Ministerio Público, esa llamada es compatible con un buzón de voz o una llamada no atendida. 

El periodista testificó en la vista que solo duró cuatro segundos, porque el fiscal general no respondió y saltó el buzón de voz. García Ortiz, por su parte, afirmó que en ese momento estaba hablando con la jefa de la fiscalía provincial de Madrid. 

El recurso ante el Constitucional se refiere también a la prisa por conseguir los correos, que es otro de los indicios que recoge la sentencia condenatoria. La Fiscalía defiende que la urgencia para reunir los correos se explica por la necesidad de desmentir un bulo propagado horas antes por el entorno de la Comunidad de Madrid, no por el deseo de filtrarlos. Y cuestiona la afirmación que hace la sentencia sobre el “círculo reducido” que pudo acceder al correo filtrado al sostener que circuló por multitud de carpetas compartidas a las que tuvieron acceso decenas de personas. 

El Supremo consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. En su recurso, la Fiscalía considera “impropia del razonamiento probatorio de una sentencia penal” esa “críptica referencia” al entorno del acusado y cuestiona que en la sentencia no se haga “el más mínimo esfuerzo en delimitar ese entorno”. 

El recurso también alega una vulneración del derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a un proceso justo en relación con el registro de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general, que califica de “ilegal”. Sostiene que la orden del juez instructor de ordenar ese registro y la incautación de mensajes y correos, al principio con pocos límites temporales, fue una medida “indiscriminada y desproporcionada”, impropia para este tipo de delito y que no tuvo en cuenta la enorme sensibilidad de la información custodiada.

Asimismo, la Fiscalía considera que la sentencia vulneró el derecho de García Ortiz a conocer la acusación dado que introdujo de forma “sorpresiva” la condena como un delito autónomo por la nota de prensa que la Fiscalía emitió en marzo de 2024 para combatir los bulos del caso. Y también el principio de legalidad al haber condenado al entonces fiscal general por publicar una nota de prensa que contenía información que ya era de dominio público. A su juicio, eso desborda los límites del Código Penal, ya que no se puede “revelar” un secreto que ya circula en los medios. 

“La condena penal del fiscal general del Estado plantea interrogantes fundamentales sobre la independencia judicial, la politización de los procesos penales contra altos cargos y la utilización del sistema de justicia con fines partidistas”, ha advertido el principal grupo europeo de defensa de las libertades civiles, la Unión de Libertades Civiles por Europa (Liberties), formado por 40 ONG de 22 países, en su Informe sobre el Estado de Derecho 2026.

Según esta organización no gubernamental de la sociedad civil que promueve las libertades civiles de todas las personas en la UE, “la prueba clave” de la condena del Tribunal Supremo sobre el entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, “no pudo ser recuperada de Google ni WhatsApp”, pero “fue considerado prueba indiciaria, sentando un precedente peligroso”.

“El Partido Popular ha presentado esta victoria como un éxito dentro de su estrategia para acorralar al Gobierno central, el único poder del Estado que no controla”, añade el informe sobre la controvertida condena.

Los autores del documento aseguran que “la condena en noviembre de 2025 no es un hecho aislado, sino un síntoma de la captura estructural del Poder Judicial por la política partidista desde 1986” y que “la renovación del Consejo General del Poder Judicial en 2024 no ha revertido la politización del poder judicial”.

“El entorno del Estado de derecho en España en 2025 ha estado dominado por un conflicto creciente entre los dos principales partidos: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). En este conflicto, la oposición al gobierno central parece estar ganando terreno al controlar todos los poderes del Estado, excepto el propio gobierno central. La condena penal del Fiscal General representa la culminación de décadas de captura partidista del poder judicial, ahora en una fase avanzada de consolidación”, insiste el informe sobre la situación del Estado de Derecho en España.

En el mismo sentido, el informe añade que “el enjuiciamiento penal del fiscal general en ejercicio marca un punto de inflexión: la judicatura se ha convertido en un campo de batalla de la guerra partidista, en lugar de ser un poder independiente del Estado. Esta condena sin precedentes del fiscal general de España, Álvaro García Ortiz —inhabilitado para ocupar cargos públicos durante dos años por el Tribunal Supremo por revelar información confidencial en un caso de fuerte carga política— ha profundizado la percepción de fragmentación judicial e instrumentalización política”.

Otros puntos críticos

El informe también apunta que en “el desastre de la DANA” que causó más de 230 muertes en Valencia, “el uso de la inmunidad parlamentaria por parte del presidente regional Carlos Mazón para bloquear la investigación penal sobre la actuación de los funcionarios frente al desastre planteó cuestiones fundamentales sobre la rendición de cuentas”.

También que España “ha ignorado sistemáticamente” las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el sector público, lo que ha provocado que la Comisión Europea suspendiera 626 millones de euros de los fondos NextGeneration EU.

Por otro lado, vuelve a señalar algunas críticas lanzadas en otros informes anteriores como la persistencia de la Audiencia Nacional como “una anomalía jurisdiccional centralizada”, que no se ajusta a los estándares europeos sobre descentralización y el derecho al juez de turno, o que la “Ley Mordaza” cumplió 10 años sin ser derogada y sigue utilizándose como herramienta “para restringir el espacio cívico, las protestas pacíficas, la libertad de expresión y sancionar a periodistas”.

En otros puntos no relativos a la Justicia, el informe señala que “no ha habido reformas estructurales” reales en temas de lobbies, conflictos de intereses o transparencia en la contratación pública, que “existen vínculos opacos” entre partidos políticos, grandes corporaciones y servicios públicos privatizados, en relación al grupo Quirón y la Comunidad de Madrid, con un “riesgo muy alto de corrupción”.

El informe subraya el peor brote de violencia racista organizada en décadas (en Torre Pacheco), el acoso impune a mujeres en clínicas de salud reproductiva debido a que los jueces absolvieron a activistas antiabortistas y fallos que provocaron muertes en la gestión de la sanidad pública en Andalucía relacionados con retrasos de diagnósticos de cáncer de mama.

Finalmente, esta organización no gubernamental denuncia que existe un “grave riesgo de captura económica” de los medios de comunicación por parte de grandes grupos financieros y acreedores, así como “falta de regulación en la publicidad institucional”, lo que compromete la independencia editorial.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, anunció este lunes en una entrevista en el programa La noche en 24 horas de TVE que la Fiscalía presentará su propio recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia que condenó a su predecesor, Álvaro García Ortiz.

“Recientemente, me planteó la teniente fiscal del Tribunal Supremo [María Ángeles Sánchez Conde] su intención de interponer un recurso de amparo y, por lo tanto, lo que he hecho es dictar un decreto designando a la teniente fiscal del Supremo para la interposición de ese recurso”, afirmó Peramato. En paralelo, la Abogacía del Estado, que representó a García Ortiz en el proceso, tiene intención de presentar su propio recurso antes de que acabe el mes de marzo, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. 

El pasado febrero, el Tribunal Supremo rechazó anular la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado. El Alto Tribunal consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de una multa y una indemnización.

La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que solo cabía solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías, que es el paso que darán ahora la Fiscalía y García Ortiz. En su recurso de nulidad ante el Supremo, la defensa de García Ortiz argumentó que se habían vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denunció siete motivos de nulidad. 

La teniente fiscal del Supremo, por su parte, sostuvo que los jueces de la Sala de lo Penal habían ignorado “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que lo condenaron por una “filtración inexistente”. Afirmó que los jueces realizaron una “incompleta selección de los hechos” al omitir los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

García Ortiz se incorporó hace unas semanas como fiscal a la Sección Social del Supremo tras la decisión de Peramato de no expulsarle de la carrera tras su condena. La fiscal general argumentó que, al no haber sido condenado a prisión, debe aplicársele el mismo criterio que rige para los jueces, que solo pierden su condición si hay prisión.