El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3,1% en Castilla-La Mancha en junio en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato de junio es el más bajo registrado en Castilla-La Mancha desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,3%.

Donde más subieron los precios en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,6% más que en junio de 2025 (3 puntos más respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); transporte, un 5,4% más (2,1 puntos menos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,7% más (0,1 puntos menos) y seguros y servicios financieros, un 3,5% más (1,5 puntos menos).

En el lado contrario, dónde más moderadas se registraron las subidas fue en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,9% (0,5 puntos más respecto a la tasa del mes precedente); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1% (0,4 puntos menos); actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,5% (0,6 puntos menos) y vestido y calzado, un 1,5% (0,5 puntos menos).

Desaparición de la medidas fiscales sobre la energía

El INE explica que en el comportamiento de la inflación de junio tiró al alza la vivienda, principalmente por el incremento de los precios de la electricidad y del gas, hecho que se justifica por la desaparición de las medidas fiscales sobre la energía que el Gobierno inició el pasado 1 de junio.

En concreto, en lo que respecta a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inició la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Por el contrario, tiraron a la baja los precios del transporte debido a la caída de los combustibles.

La Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Manca considera “viable desde el punto de vista ambiental” el proyecto para construir una planta de biometano y fertilizantes en Talavera de la Reina, y ya se tramita una autorización ambiental integrada para que pueda comenzar a funcionar.

Así lo recoge una resolución publicada este martes en el Diario Oficial de la comunidad autónoma para el proyecto presentado por Montearagón Bioenergy.

Por su parte, el Ayuntamiento talaverano considera que, “desde el punto de vista socio económico, no existe inconveniente respecto a la implantación en el término municipal del proyecto”.

Quién si ha puesto pegas ha sido el Ayuntamiento de Cazalegas que apuntan al impacto en el tráfico o a los posibles olores que genere la planta afectando a la urbanización El Cigarral, entre otras zonas. La propia resolución publicada hoy reconoce que “el principal impacto sobre el ambiente atmosférico será la potencial contaminación por sustancias que generan olores. Aunque sea de forma discontinua, estos olores se podrán manifestar durante toda la fase de explotación”, aunque el promotor asegure que se dispondrá de tecnología para evitarlo.

La planta industrial estará en una parcela de 108.181 m² en la que se construirán naves, digestores (donde se descompone la materia orgánica privándola de oxígeno), tanques y depósitos exteriores es de 12.900 m² y los viales en una superficie aproximada de 4.160 m².

Se encuentra a una distancia de 4,6 kilómetros de Talavera de la Reina, a 6,5 de Montearagón, a 2,4 de Las Vegas (La Pueblanueva), a 4,5 kilómetros de Cazalegas y a kilómetro y medio de la urbanización El Cigarral.

Se accede a la finca desde la Carretera CM-4000 que conecta Talavera de la Reina con Toledo y se sitúa a dos kilómetros de la A-5, la carretera Madrid-Extremadura. Junto a la parcela discurren el Camino Natural del Tajo y el Camino Real de Guadalupe, así como por el río Tajo, que discurre al sur de la parcela.

Gestionará 240.000 toneladas de residuos cada año

Será una instalación de producción de biometano centralizada (con residuos procedentes de varios productores) y de co-digestión (de residuos orgánicos no peligrosos: ganadero, agrícola y agroindustrial).

Del proceso de digestión anaerobia (descomposición de residuos sin oxígeno) se obtendrá un biogás que se acondicionará (upgrading) para obtener biometano y se inyectará en la red gasista. Para ello, se construirá un gasoducto soterrado de una longitud aproximada de 655 metros que discurre íntegramente por el término municipal de Talavera de la Reina hasta su punto de conexión con el gasoducto de transporte existente Torrijos-Talavera, propiedad de la red principal de Enagás.

Además, en este acondicionamiento se recuperará Bio-CO2 para usarse en el sector industrial.

Por otro lado, de la digestión se obtendrá el digestato que permitirá la producción de fertilizante orgánico y de apatita (concentrado en fósforo, magnesio y calcio) y un biofertilizante líquido NK. El proceso incluye una etapa con osmosis inversa que recupera agua osmotizada, que en parte se recirculará o se cederá para usos industriales o riego agrícola.

La instalación tendrá una capacidad de tratamiento de 240.000 toneladas de residuos cada año.

“Extremar medidas” para evitar filtraciones al Tajo

El proyecto ha recibido numerosas alegaciones, como las que se derivan del informe de los agentes medioambientales de la Delegación Provincial de Toledo. Advierten, entre otras cosas, de la posibilidad de filtraciones de agua hacia el río Tajo, por lo que indican que deben “extremar las medidas” de impermeabilización y control de vertidos para proteger el cauce.

También la Confederación Hidrográfica el Tajo advierte de que la planta se encuentra en una zona sensible de captación de agua del embalse de Azután, en la zona vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar y sobre una masa de agua subterránea. En estos aspectos, el promotor define el proyecto bajo un régimen de 'vertido cero'.

Mientras, el Servicio de Protección Ciudadana de Toledo emitió un informe técnico señalando los riesgos específicos de la zona de Talavera de la Reina que el proyecto debe observar.

Por ejemplo, identifica “riesgo alto por inundaciones”, riesgo sísmico - esta localidad está incluida entre los municipios con mayor riesgo sísmico de la comunidad autónoma- y riesgo por fenómenos meteorológicos adversos (lluvias, heladas, niebla y altas temperaturas).

Por eso exige que el proyecto se ajuste a todos los planes de emergencia regionales vigentes: Pricam (Inundaciones), Infocam (Incendios Forestales), Sismicam (Sísmico), Meteocam (Meteorológico), Radiocam (Radiológico) y Petcam (Mercancías Peligrosas) e indica la necesidad de elaborar un Plan de Autoprotección.

El vuelco de un camión cisterna de gas propano en la A-8 ha obligado a desalojar 80 viviendas en la localidad de Lua, en el concejo asturiano de Colunga. El camionero fue atendido en el mismo lugar del accidente por el equipo de Atención Primaria de Colunga y, debido a las heridas sufridas, ha sido trasladado al hospital de Cabueñes, en Gijón/Xixón.

Tres horas después de ocurrido el siniestro, los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) lograron taponar la fuga que afectaba a las válvulas del depósito de propano del camión volcado en Colunga y, una vez verificado con el explosímetro que no había peligro alguno para la población, se han levantado las restricciones, por lo que los vecinos y vecinas han podido regresar a sus casas.

Una vez controlada la situación, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha acordado rebajar de la Situación 1, en la que se había activado el Plan de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril del Principado de Asturias (PLAMERPA), a la Situación 0.

La fuga de gas

La Guardia Civil llegó a desplazar a la zona a once patrullas de Seguridad Ciudadana para las labores de evacuación. Unas 70 personas fueron trasladadas al polideportivo municipal de Colunga, donde fueron atendidas por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de albergue de Cruz Roja que contaron con el apoyo de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la zona.  

En el siguiente vídeo se puede ver el operativo desplegado en la zona y las labores realizadas para controlar la fuga.

El perímetro

Por seguridad se estableció un perímetro de 1000 metros desde la zona del accidente por riesgo de explosión. En la siguiente imagen se puede apreciar el perímetro de la zona de afección.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias cortaron la A-8 entre los kilómetros 319 y 346, en el tramo comprendido entre Villaviciosa y Llovio, así como la carretera nacional 632. La Guardia Civil ha habilitado un desvío alternativo por la carretera nacional 634.

Pasadas las 13.35 horas, los agentes de la Agrupación de Tráfico restablecían la circulación en la A-8, si bien anunciaban que la N-632 iba a permanecer cortada hasta la retirada del camión en unas labores encargadas a una empresa especializada. Una hora después, a la 14.35 horas, aún continuaba volcado en la calzada.

El Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ribadesella coordinará los desvíos. La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Asturias asumirá la instrucción de las diligencias.

Los medios movilizados

La fuga de gas movilizó numerosos medios tanto desde el SEPA como desde la Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias. Nada más tener conocimiento del accidente, hasta la zona del accidente se desplazó una patrulla de la Agrupación de Tráfico, si bien ante la posibilidad de que el propano afectara a las viviendas cercanas al lugar del siniestro posteriormente se envió a once patrullas de Seguridad Ciudadana para coordinar los desalojos de los vecinos y vecinas.

Entre tanto, en el lugar del siniestro permanecían trabajando efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de los parques de Llanes y Villaviciosa y el Jefe de zona oriental.

Además, también se llegó a movilizar al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado y un helicóptero multifunción con personal de La Morgal, así como al jefe supervisor de Bomberos del SEPA que está al frente de la intervención.

Cortes en la A-8 y la N-632

El accidente se ha producido en el kilómetro 344 en sentido hacia Cantabria, y ha causado el corte total de la carretera nacional, que posteriormente se ha extendido a la Autovía, que ha quedado cortada entre los kilómetros 346 y 319, desde el límite de Villaviciosa a Ribadesella.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias recibió el aviso a las 10.39 horas. En la llamada indicaban que había un camión volcado y que estaba ardiendo. El vehículo transportaba gas propano, catalogado como mercancías peligrosas.

Debido al impacto del golpe, la cabina del camión estaba separada del depósito. Los equipos de emergencias están trabajando actualmente en taponar una fuga en la zona de las válvulas de la cuba. Los bomberos la mantienen refrigerada con agua para bajar la temperatura a unos 19-20 grados.

Aunque la situación se ha dado por controlada, en la zona se continúa trabajando en tareas de seguridad, según ha indicado el 112 Asturias.

El puerto de Las Palmas realizó en la noche de este lunes el primer suministro de gas natural licuado (GNL) al fast ferry Mercedes Pinto de Baleària Canarias, que se estrenó el pasado viernes en la ruta entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura para reforzar la conectividad en el archipiélago.

La operativa supone todo un hito para el transporte marítimo en las islas, ya que se trata del primer suministro de GNL que se realiza en el Puerto de Las Palmas y el primero con cisternas que Baleària realiza a un buque en Canarias.

El abastecimiento se llevó a cabo en el muelle Juan Sebastián Elcano mediante el sistema MTTS (Multi Truck To Ship), que permite el suministro simultáneo desde varios camiones cisterna hasta los tanques del buque. En concreto, la operación se realizó con dos cisternas y un suministro de 600MWh, bombeando ambas unidades de forma simultánea. El caudal de bombeo fue de 600 l/min. por cisterna, consiguiendo un caudal de bombeo total de 1.200 l/min.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de Las Palmas, esta operativa refuerza la capacidad técnica y logística del Puerto para acoger suministros de combustibles más ecoeficientes, y en esta línea, Baleària Canarias da un paso más en su compromiso con la ecoeficiencia, la innovación tecnológica y la mejora continua de sus servicios en el archipiélago.

El director general de Baleària, Georges Bassoul, señaló que “con esta operación de suministro, Baleària Canarias da un primer paso para impulsar el desarrollo y suministro regular de estos combustibles sostenibles en el archipiélago, con el objetivo de seguir avanzando hacia una movilidad marítima más eficiente y ambientalmente responsable”

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, agradeció a Baleària su confianza en el Puerto de Las Palmas y subrayó: “Para nosotros, esta operación supone el pistoletazo de salida en suministro de combustibles menos contaminantes. Se trata de una actividad que hemos declarado estratégica para nuestro puerto y debemos poder suministrar cualquier tipo de combustible que los barcos necesiten y demande el mercado”.

Buque ecoeficiente

Con una inversión de 128 millones de euros, el Mercedes Pinto se posiciona como un referente en ecoeficiencia dentro del transporte marítimo de alta velocidad. El buque está equipado con motores duales que permiten el uso de gas natural (GNL) y biogás, un combustible neutro en emisiones de CO₂.

Cabe recordar que el grupo Baleària mantiene desde hace años una apuesta firme por el gas natural como combustible de transición en el transporte marítimo, ya que permite reducir las emisiones de CO2 y NOx, así como eliminar las emisiones de azufre y partículas, avanzando hacia una movilidad marítima más eficiente y ambientalmente responsable. Además, ha empezado a usar en determinadas rutas en biogás, un combustible que permite operar con cero emisiones netas, en el marco de su estrategia de descarbonización.

“Para que la legislatura pueda continuar hay que actuar, no vale quedarse de brazos cruzados”, y el movimiento clave debe ser el despliegue de la “agenda social”. Esas dos frases, pronunciadas el pasado miércoles por el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, resumen la actitud que ha adoptado el conjunto de la coalición que lidera Yolanda Díaz después de una primera reacción dubitativa ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las nuevas revelaciones del caso Leire Díez. Pese a las diferencias internas en su seno, Sumar ha apostado por presionar al PSOE para reanudar la agenda legislativa, y ha puesto en el foco tres asuntos: la vivienda, el final de la vigencia de algunas de las medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán y la derogación de la ley mordaza.

Con diferentes formulaciones, varios portavoces de Sumar pertenecientes a distintos partidos de los que integran la coalición han insistido en estos días en esta idea: la de que el Ejecutivo no puede quedarse instalado en el shock y debe recuperar la iniciativa política si quiere que la legislatura sobreviva. “Los casos [de supuesta corrupción] no pueden paralizar la acción de Gobierno”, y el Ejecutivo debe “actuar y profundizar en las reformas y abordar ya el problema de la vivienda”, señalaba hace unos días la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. “Vamos a presionar para obligar al PSOE a desbloquear y acelerar las reformas pendientes”, sostuvo por su parte el pasado martes el diputado Gerardo Pisarello, de los Comuns.

Presionar con la agenda social es la manera que ha encontrado Sumar de resolver el complejo equilibrio que se ha visto obligado a hacer desde que el tablero político saltó por los aires hace un par de semanas, con la imputación de Zapatero. En el seno de la formación se han producido serias diferencias en relación a cómo desvincularse de las investigaciones por supuestas corruptelas que afectan al PSOE sin, en ningún caso, plantearse la salida del Gobierno. No es la primera vez que la alianza que lidera Yolanda Díaz apuesta por esta vía, la de exigir a los socialistas un impulso de las medidas sociales para no quedar atrapados en un debate sobre corrupción, aunque en ocasiones anteriores Sumar no ha tenido demasiado éxito. 

En diciembre, por ejemplo, los de Díaz exigieron al PSOE una reunión para concretar “medidas sociales y en defensa del derecho a la vivienda”, así como la sustitución de algunos ministros del PSOE, una petición que fue desdeñada desde el ala socialista del Consejo de Ministros. El encuentro se realizó, pero de él no salió ninguna conclusión, lo cual llevó a Sumar a criticar la “actitud inmovilista” del socio mayoritario del Gobierno y a alertar de que esta actitud “solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox y sus políticas de extrema derecha”.

En esta nueva crisis desatada hace un par de semanas, son tres las áreas en las que Sumar ha exigido —por ahora, sin éxito— al PSOE que apruebe nuevas medidas. El pasado lunes, el mismo día que decayeron las rebajas fiscales a la luz y el gas que aprobó el Gobierno en marzo para hacer frente a la amenaza inflacionaria por la guerra de Irán, Díaz planteó la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha de manera “urgente” un nuevo decreto que recupere estas bajadas del IVA del 21% al 10%. Por el momento, la exigencia no ha tomado demasiado cuerpo, entre otras cosas porque el debate público ha girado en torno a la posibilidad de que el PP presentara una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez y en relación al sumario del caso Leire.

Pese a la presión de Sumar, el ala socialista del Ejecutivo se ha limitado a afirmar que está analizando los efectos de las medidas que desplegó en marzo y a anunciar que se reunirá con los agentes sociales para definir cuáles extender o adaptar más allá del 30 de junio. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron el lunes que no tomarán ninguna decisión antes de estos encuentros, que se celebrarán en las próximas semanas y que también incluirán conversaciones los sectores más afectados “de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias” a partir de finales de este mes.

La prórroga de los alquileres, parada

La gran batalla de los de Díaz en el seno del Gobierno, no obstante, sigue siendo la vivienda, y así lo refieren públicamente todos sus portavoces, especialmente desde que hace algo más de un mes PP, Vox y Junts unieron sus votos para derribar el decreto que permitió durante su vigencia prorrogar su contrato de alquiler por dos años a los inquilinos a los que les vencía. Desde entonces, Sumar ha presionado al PSOE para recuperar esa medida asegurando que Junts estaría dispuesto a aceptarla siempre y cuando se le ofreciesen a cambio iniciativas como el IVA franquiciado o exenciones fiscales para los arrendatarios. 

Pero esas conversaciones no avanzan, al menos no muy rápidamente: fuentes del Ministerio de Vivienda afirman que siguen abiertos a un nuevo paquete de medidas, si bien admiten que el mazazo que ha supuesto el estallido de los casos de corrupción ha ralentizado las negociaciones. Y Junts no parece por la labor de dar ninguna victoria a un Gobierno al que han pedido que convoque elecciones porque “desde hace seis meses no tiene mayoría”... precisamente por la decisión de la formación independentista de retirarle su apoyo parlamentario.

La última de las áreas en las que Sumar ha pedido al PSOE poner el foco es la derogación de la ley mordaza, que lleva más de un año varada en el Congreso por la falta de acuerdo entre los socios del Ejecutivo para su redacción final, pese a que a priori sí hay números suficientes para aprobarla. “Existe una mayoría para democratizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, planteó a este respecto el martes pasado el diputado Alberto Ibáñez, y exigió al PSOE que “cumpla” con su compromiso electoral de acabar con la norma aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, también llamó “al conjunto de los socios a evitar vetos cruzados” y a no dar pie a que el PSOE ponga “más excusas” para poner en marcha una nueva regulación.

La Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La Laguna tiene constancia de altos niveles de gas radón desde el año 2022. La alerta saltó cuando el Laboratorio de Física Médica y Radiactividad Ambiental de la Universidad detectó en varias aulas de la planta baja niveles superiores a los 300 Bq/m3 (Bequerelios por metro cúbico), el límite sanitario que establece la ley. No fue hasta el año pasado cuando se clausuraron las clases. 

Durante un tiempo “estuvieron expuestos a niveles superiores de lo que permite la ley”, según explican que les dijeron desde Dirección a la Delegación de Estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna. Aunque pidieron los resultados de las mediciones, la Delegación de Estudiantes asegura que hasta ahora no se los han facilitado. 

Durante todo este curso las aulas donde se detectaron niveles altos de gas radón han estado clausuradas y los alumnos están dando clase en las salas de estudio del Edificio de Servicios al Alumnado ULL-CajaCanarias en el Campus de Anchieta, las que todos los alumnos conocen como las “Aulas de Caja Canarias”. 

Aulas poco adecuadas para dar clase

Desde el inicio de este curso se está dando clase en aulas provisionales “poco aptas, donde la mitad de los alumnos asiste a clase de espaldas al profesor”, aseguran desde la Delegación de Estudiantes de Ingeniería Informática de la ULL. “Eran salas de estudio, dos salas enormes, con sillas a los dos lados de la mesa, unos frente a otros, de tal modo que la mitad de los alumnos que da clase ahí está de espaldas al profesor. La universidad colocó televisores para que pudieran ver al profesor o las diapositivas que pusiera”, asegura Samuel Frías, secretario de Relaciones Institucionales de la Delegación de Estudiantes de Ingeniería Informática de la ULL. 

Son unos mil alumnos afectados. “Han sido recolocados en cinco nuevas aulas, de las que a su vez, la Universidad ha tenido que recolocar a otros estudiantes de otros cursos y grados de industriales”, asegura Frías. 

“Todos los días para ir a clase era una lotería. Me hacía siempre las mismas preguntas antes de llegar: ¿Podré ver la pizarra hoy? ¿Escucharé al profesor en algún momento? ¿Podré ver las transparencias? Cada asiento no era equitativo para todos. Si llegabas antes conseguías el mejor sitio, si no, simplemente no podías tomar apuntes”, relata con frustración un estudiante afectado.

Lentitud y falta de transparencia

La falta de transparencia es el reproche más unánime. “La Universidad no ha hecho ningún tipo de comunicado informando a los estudiantes de lo ocurrido o de cuándo podrán volver a sus aulas”, asegura Frías. La dirección de la Universidad se limitó a enviar un correo a la comunidad de la escuela para comunicar que no se debían mover ni tocar los medidores de radón. 

Los alumnos coinciden en criticar a la Universidad por falta de transparencia. “Se está demorando mucho. Pese a lo perjudicial que es la inhalación del radón, se están tomando una especial lentitud para solucionar el problema, afectando gravemente a la docencia y al avance en el aula”, lamenta otro de los alumnos afectados.

Desde el mes de julio del año pasado han tratado el asunto en todas y cada una de las reuniones de Juntas de Escuela, que tienen cada mes. Y han comunicado sus quejas por escrito a tres Vicerrectorías. El pasado mes de diciembre escribieron al Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras y la Gerencia de la Universidad de La Laguna para trasladar “enérgicamente sus quejas”, y concluían su escrito transmitiendoles lo inaceptable que “esta situación de precariedad durante lo que resta de curso y, muy probablemente del siguiente”, y recordándoles que “la salud y la calidad docente no pueden depender de una burocracia interminable”.

“La Universidad es del pueblo”

Los estudiantes critican duramente que la Universidad ha retrasado los plazos de regreso a las aulas afectadas de forma sistemática. En julio de 2025 les prometieron que volverían a las aulas el año siguiente, después en el segundo cuatrimestre de 2026, pero la realidad es que las aulas siguen clausuradas bajo la excusa institucional de que “las cosas de palacio van despacio”. Y ante esta justificación de la universidad uno de los alumnos consultados se indigna: “No me parece coherente porque esto no es de palacio, esto es del pueblo y esto es de los estudiantes y están sufriendo”, concluye. 

“La solución barata: ventilación forzada”

Desde entonces, “sólo han reformado una de las aulas afectadas, instalando un sistema de ventilación forzada”, les comunicaron desde la dirección de la Universidad a la delegación de estudiantes. 

Esta medida consiste en colocar extractores y ventiladores gigantes para forzar la circulación del aire y evitar que el radón se concentre en el ambiente. Sin embargo, el colectivo estudiantil la tacha de solución “banal y deficiente”. Son alumnos de Ingeniería, y aunque no hayan terminado la carrera plantean otras soluciones “mejores”.  

“Lo eficiente y seguro habría sido levantar el suelo y cambiarlo por completo para sellar el paso del gas de raíz”, asegura uno de los alumnos, y sobre la ventilación forzada añade: “Es la respuesta más barata de todas, es una solución pésima, y como estamos en la Facultad de Ingeniería, también me parece una construcción bastante poco práctica, sobre todo porque genera ruido”.  

Además, la llegada del verano paraliza cualquier avance: la subida de las temperaturas aligera el aire, lo que provoca que el radón fluya con más intensidad y vuelva las mediciones inestables, impidiendo la reapertura de los espacios.

Temor a un gas peligroso

El radón es un gas que produce la naturaleza, pero es radiactivo, inoloro, incoloro e insípido. Su principal peligro es que al filtrarse y acumularse en espacios cerrados, se inhala dañando los pulmones y aumentando exponencialmente el riesgo de cáncer de pulmón.  

Este gas se origina de manera natural al desintegrarse las moléculas de uranio que hay presentes en el suelo y las rocas. Debido a la naturaleza volcánica del archipiélago, la presencia de gas radón es alta, aproximadamente el 19 % del territorio está considerado de alto riesgo. El Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre establece un límite legal y sanitario de referencia de 300 Bq/m3 (Bequerelios por metro cúbico) para el promedio anual de concentración de gas radón.

El temor es generalizado ante un peligro invisible: “Nunca sabías si el aula en la que estabas metido podía tener radón o no, porque la ULL no compartió jamás los resultados”.

Esta política de ocultación y el patrón de “poner medidores y quitarlos a los meses en total silencio” se replicó de forma idéntica en la Residencia Universitaria Parque de las Islas (RUPI) de la ULL. 

“El correo inicial de la universidad indicaba lo 'urgente' que era la situación, pero después de retirarlos no se supo absolutamente nada más. Jamás se pronunciaron, nunca publicaron los datos de la residencia ni comentaron los resultados”, denuncia un estudiante residente.

La Escuela frente al Rectorado

En el trasfondo de la lenta resolución del conflicto subyace una evidente grieta política dentro de la propia institución. El alumnado exculpa en gran parte a la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT) y a su director, Ernesto Pereda de Pablo —asegurando que trabajó activamente incluso sacrificando sus vacaciones—, pero apuntan directamente a las altas esferas.

“La Escuela siempre ha intentado ayudar, pero considero que el responsable directo es el Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras. Profesores, alumnos y la junta manifestamos nuestro rotundo desacuerdo a través de documentos oficiales. Si el Vicerrectorado no pone de su mano, no se avanza en esta universidad. Parece que hasta que no ocurra el primer susto grave de salud, no se tomarán las medidas reales y definitivas que merecemos”, concluye uno de los alumnos afectados. 

La versión de la Gerencia: “Hemos actuado con prontitud y transparencia”

Lidia Pereira, gerente de la Universidad de La Laguna, defiende la gestión llevada a cabo y niega las acusaciones de opacidad. “Hemos actuado con prontitud, con inmediatez, y con transparencia”, asegura, y añade que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de las mediciones se informó a los estudiantes y se trabajó para encontrar una solución.

Sobre la demora en el regreso a las aulas, la responsable apunta a las exigencias técnicas del proceso de medición: “El periodo técnico para la medición es de noviembre a mayo y tendrían que hacerse mediciones como mínimo de unos tres meses”. Según Pereira, cuando finalizó el primer cuatrimestre “los indicadores no permitían que se volvieran”.

Respecto a las quejas de falta de información, la gerente rechaza la versión del alumnado: “No comparto esa visión, porque incluso desde el principio hemos hablado con las delegaciones de alumnos”. 

Cuando se le pregunta directamente si se han comunicado a los estudiantes los niveles de radón registrados, la gerente responde que todos los espacios medidos cuentan con cartelería con un código QR que permite contactar con el laboratorio de Física Médica y Radiactividad Ambiental (FIMERAL), responsable de las mediciones, y que los datos están a disposición de quien los solicite. 

En cuanto a las quejas escritas enviadas a las vicerrectorías, la gerente asegura tener constancia de un único escrito: “La única queja que yo tengo constancia es que se envió por correo. Tuvimos una reunión telemática y le explicamos que estábamos midiendo y que no se podía volver a esas aulas por los indicadores de medición”.

Sobre la solución de la ventilación forzada, cuestionada por los propios alumnos de ingeniería, Pereira defiende que las decisiones técnicas corresponden a los expertos: “Quien tiene que hacer la valoración del tipo de actuaciones que hay que hacer tienen que ser los técnicos que realizan las obras de los edificios”. Y descarta la opción de levantar el suelo planteada por algunos estudiantes: “Levantar el suelo lleva otro tipo de actuaciones que quizás no se hayan relatado en toda su dimensión con ellos, pero se ha hecho esa valoración y no es viable en este momento”.

Por último, ante la pregunta de si se puede garantizar que los alumnos y profesores no han corrido peligro, la gerente responde con rotundidad: “Por supuesto. Desde el primer momento hemos actuado”, y añade que duda que “exista otra institución en Canarias que haya desarrollado una actividad de salud preventiva y de actuación similar a la nuestra”.

En cuanto al plazo de regreso, Pereira no ofrece certezas: “En este momento no lo puedo asegurar porque no ha terminado ni el periodo de medición, pero lo tendremos en breve”.

La Comisión Europea ha prometido este martes ayudas de emergencia para los agricultores antes del verano para que puedan hacer frente al alza de los precios de fertilizantes, como parte de un plan de acción para reforzar la producción comunitaria y reducir la dependencia de importaciones, aunque no ha puesto por el momento cifra a esos apoyos. Sin embargo, la europarlamentaria castellanomanchega Cristina Maestre pedía “actuaciones inmediatas” al igual que las organizaciones agrarias europeas y españolas.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha explicado que el Ejecutivo comunitario presentará en junio una propuesta, con vistas a que el mecanismo esté operativo “como muy tarde después del verano”, acompañada de una modificación del presupuesto europeo para financiar estas subvenciones, con el objetivo de que lleguen “directamente a los agricultores” y no a través de los planes nacionales.

Bruselas justifica la iniciativa en el aumento de los costes energéticos, la volatilidad de los mercados internacionales y las recientes tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Oriente Próximo, factores que, según explica, han disparado el precio de estos insumos y están afectando ya a las decisiones de siembra de cara a la campaña de 2027.

“Con este nuevo plan de acción queremos responder a las necesidades a corto y medio plazo de los agricultores para poder hacer frente a los retos en la próxima temporada de cosecha, pero también queremos solucionar los problemas ofreciendo soluciones estructurales a largo plazo”, ha señalado el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

El Ejecutivo comunitario advierte de que muchos agricultores han retrasado la compra de fertilizantes para la próxima temporada debido a los altos precios, lo que podría derivar en problemas de suministro, cambios en los cultivos o una reducción del uso de estos productos, con el consiguiente impacto sobre la producción alimentaria y la resiliencia del sector agroalimentario europeo.

Hansen ha alertado además de que los precios de los fertilizantes se sitúan actualmente un 70% por encima de la media de 2024 y “significativamente” por encima de los niveles previos a la pandemia, una situación que, según ha alertado, ya está cambiando el comportamiento de los agricultores, que utilizan menos nitrógeno o reducen las superficies cultivadas.

En respuesta, la Comisión prevé presentar una propuesta legislativa específica para flexibilizar la actual PAC y permitir a los Estados miembro reasignar fondos a nuevos mecanismos de liquidez y adelantar pagos anuales “sin tanta burocracia”, según ha explicado el comisario luxemburgués.

Maestres pide actuar ya

Por su parte, Cristina Maestre, miembro de la Comisión de Agricultura, ha reclamado en el Parlamento Europeo una estrategia “estable, coherente y sostenida en el tiempo” para abordar la crisis de los fertilizantes que afecta al campo europeo y a la seguridad alimentaria de la Unión.

Durante su intervención, Maestre ha señalado que el sector agrario europeo afronta actualmente “tres grandes problemas” relacionados con los fertilizantes: la dependencia de terceros países, el incremento de los precios y la ausencia de un modelo estructural claro por parte de las instituciones europeas. Ha alertado de que “los fertilizantes nitrogenados cuestan hoy un 70% más que hace dos años”, una subida que repercute directamente tanto en los agricultores como en los consumidores europeos.

Asimismo, ha denunciado las contradicciones regulatorias existentes en la política comunitaria. “Se pide al campo que avance hacia modelos más circulares, pero las normas actuales penalizan los productos circulares y los biofertilizantes, mientras los fertilizantes químicos de síntesis compiten bajo reglas diferentes”, ha afirmado. Maestre también ha defendido la necesidad de acelerar el apoyo europeo al hidrógeno y al amoníaco verde, lamentando que “la regulación sigue siendo excesivamente compleja y burocrática” y que falta un respaldo decidido por parte de la Comisión Europea.

En relación con el plan presentado por el Comisario Hansen y la Comisión Europea, la eurodiputada socialista ha valorado positivamente la dirección de las propuestas comunitarias, aunque ha insistido en la necesidad de actuar de forma inmediata. “Además de las medidas a largo plazo, urge poner sobre la mesa actuaciones inmediatas”, ha subrayado, citando entre ellas el mantenimiento y ampliación de las suspensiones arancelarias, la garantía de previsibilidad para las campañas de siembra y una mayor transparencia en los precios dentro de la cadena de distribución.

Finalmente, Maestre ha defendido que la autonomía estratégica europea en materia de fertilizantes debe ir acompañada de políticas que aseguren la competitividad del campo, reduzcan la dependencia exterior y faciliten la transición hacia modelos más sostenibles.

Una fuga de gas por la rotura de una tubería, durante unas obras que se realizaban en la vía pública de Cuenca ha obligado a desalojar una guardería como medida preventiva, según informa el Servicio 112 de Castilla-La Mancha, que ha recibido el aviso poco después de las 12 de este mediodía.

En torno a las 14 horas, los grupos de emergencia daban por finalizada la intervención. Los técnicos de gas han cortado el suministro en la zona mientras reparan la tubería. El tráfico se ha restablecido y los trabajadores han vuelto al centro de educación infantil.

Una jueza tendrá que investigar el uso del gas pimienta por parte de los Mossos d'Esquadra contra un grupo de manifestantes en la última huelga por Palestina del pasado octubre.

Así lo ha determinado la Audiencia de Barcelona, que ha revocado el archivo que, de primeras, acordó la instructora, y le ha ordenado indagar en la actuación policial ante los indicios de que fue “desproporcionada” al gasear una protesta “pacífica” y provocar varias lesiones a los manifestantes.

La jueza instructora archivó la querella de los manifestantes, a los que representan el centro Irídia y el colectivo Alerta Solidària, sin tomarles siquiera declaración. Avaló de pleno la jueza la actuación de los Mossos. Ahora la Audiencia de Barcelona le pone algunos reparos que deben ser investigados.

Los hechos se remontan al pasado 15 de octubre. Un grupo de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra dispersó con gas pimienta a un grupo de manifestantes propalestinos que se habían sentado en la rampa de un parking de al Estación de Sants para bloquear la salida de los autocares del equipo de baloncesto israelí que debía jugar en Manresa. En la causa constan varios vídeos de los hechos.

Los magistrados de la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, tras visionar las imágenes, no aprecian “especial embotellamiento” en la rampa del aparcamiento por parte de los manifestantes, ya que se observa en los vídeos que los autobuses pudieron salir. La protesta tampoco interrumpía la circulación de los coches o pasajeros que accedían a la estación, agrega el auto.

Los manifestantes, inciden los magistrados, no realizaron “actos de violencia” contra los agentes, sino que se limitaron a estar sentados en la rampa. “Solo unos pocos ofrecieron resistencia pasiva”, agregan los jueces, que concluyen que la protesta fue “esencialmente pacífica”.

El pacifismo de la protesta conduce a que deba investigarse la actuación policial, al no poderse basar en un ataque previo a los agentes que les hubiera puesto en peligro. Por el contrario, los manifestantes han aportado partes médicos que detallan erupciones cutáneas, vómitos y afectaciones oculares y respiratorias debido al gas.

“La fuerza empleada por los agentes para disolver a los manifestantes en su protesta pacífica pudo no ser tan proporcionada como lo aprecia la instructora”, remarca la Audiencia, que con su auto abre la puerta a que la jueza cite a los dos agentes de los Mossos que gasearon a los manifestantes como imputados y que aparecen identificados en las imágenes.

Naturgy obtuvo un beneficio neto de 530 millones de euros en el primer trimestre del año, un 4,7% más que en el mismo periodo de 2025, apoyada en “el buen comportamiento de los distintos negocios y en una gestión rigurosa operativa y financiera en un contexto geopolítico y financiero marcado por una gran inestabilidad derivada del conflicto en Oriente Medio”.

Las ventas de la compañía, primera gasista y tercera eléctrica del país, ascendieron a 5.101 millones entre enero y marzo, un descenso del 6,9% que compensó con la reducción de los costes de aprovisionamiento, lo que resultó en un mayor margen bruto y un resultado bruto de explotación (Ebitda) con crecimiento en los diferentes negocios, especialmente en las actividades liberalizadas.

El Ebitda de Naturgy creció un 6%, hasta 1.362 millones de euros. Las Redes lograron un crecimiento del Ebitda respaldado por una mayor remuneración regulada en Distribución eléctrica en España y actualizaciones de tarifa en los mercados latinoamericanos, parcialmente compensados por movimientos adversos de divisas.

Las actividades liberalizadas reportaron un crecimiento en Ebitda del 10,6%, impulsadas por Gestión de la energía, que se benefició de precios más altos tras el estallido del conflicto iraní a finales de febrero, y de una gestión proactiva del riesgo.

Por su parte, la Generación térmica en España también aportó crecimiento, apoyado por el aumento de producción de los ciclos combinados de gas en los mercados de servicios auxiliares.

Mientras, la Generación renovable se benefició de una mayor capacidad instalada en España, así como de una mayor producción hidráulica y eólica durante el trimestre y la comercialización en España ofreció resultados estables, con mejores márgenes de gas que compensaron los mayores costes por servicios auxiliares en electricidad. Asimismo, el impacto negativo por tipo de cambio ascendió a 38 millones en el periodo.

En Distribución de gas, México y Brasil se beneficiaron de revisiones de tarifa y de la recuperación de desvíos de años anteriores, respectivamente, mientras que España, Chile y Argentina registraron pequeñas caídas en comparación con hace un año. Mientras, la Distribución eléctrica mejoró en las tres geografías donde opera Naturgy (España, Panamá y Argentina).

La deuda neta al cierre del primer trimestre se situó en 12.151 millones, frente a los 12.317 millones a cierre de 2025, respaldada por una sólida generación de caja. La ratio anualizada de deuda neta sobre Ebitda de los últimos doce meses es de 2,2 veces, un nivel inferior al del sector, lo que según el grupo le proporciona una notable flexibilidad financiera y capacidad para acelerar su crecimiento.

La compañía continuó avanzando en su compromiso de reforzar la liquidez de sus acciones y el 'free float' supera el 32% tras los últimos movimientos accionariales, alcanzando un máximo histórico, con un volumen medio diario negociado en el primer trimestre de casi 4,4 millones de acciones, que multiplica por seis el registrado en el mismo periodo del año anterior.

La coordinadora que agrupa las plataformas populares contra la instalación de “macroplantas de biometanización” en Navarra ha acudido al Parlamento para pedir “a los grupos políticos” la prolongación de la moratoria de un año aprobada hace unos meses “dos años más” que mantiene paralizados los proyectos. Según han señalado desde Sustrai Erakuntza en un comunicado, quedan “muchas tareas” pendientes para que la instalación de este modelo de energía “no suponga un perjuicio a los territorios y a la viabilidad del sector primario y a la calidad de vida en los territorios”.

Las plataformas populares afectadas por la instalación de las macroplantas de biogás de Viana, Los Arcos, Lodosa, Sesma, Arroniz, Mendavia, Cintruénigo, Sartaguda y Murillo el Cuende “ya habían solicitado una moratoria de dos años para la instalación de plantas de biometanización y que afectara a todas las plantas en tramitación en aquel momento”, tal y como han narrado ellos mismos. “El objetivo era la realización de una planificación democrática de esta cuestión, en condiciones y con garantías, basadas en la racionalidad, en el conocimiento de las necesidades reales y en la participación efectiva de los sectores afectados”, afirman. Sin embargo, la moratoria que aprobó el Parlamento en octubre de 2025 “descafeinaba las reivindicaciones iniciales”, ya que “acortaba el tiempo de su duración a 12 meses o hasta el momento de la aprobación de una normativa foral sobre fertilización orgánica en zonas vulnerables”. Además de limitarse a la “realización de un diagnóstico técnico sobre los proyectos en tramitación, el análisis de sus impactos, así como la presentación de recomendaciones para garantizar una planificación equilibrada y sostenible”.

Por ello, las plataformas locales afirman que “la situación es muy preocupante” y reclaman conocer “las acciones que el Gobierno de Navarra haya podido realizar” en el diagnóstico de la materia, el análisis de los impactos o las recomendaciones para una planificación sostenible. “A lo que se añade el hecho de que la moratoria puede finalizar en los próximos meses por lo ya indicado”, lo que “activaría los proyectos actualmente en suspenso” y comenzarían otros “que ya se anuncian en la Ribera”, apuntan.

Apoyándose en estas razones, la coordinadora ciudadana ha registrado “en el Parlamento un escrito” para ser analizado por “los grupos políticos”, al considerar que queda trabajo pendiente para que “la opción de la biometanización no suponga un perjuicio” al entorno y a sus ciudadanos. Primero, piden “aprobar una nueva moratoria, o en su caso la prolongación de la actual”, pues estiman que “se necesita al menos dos años más” para abordar “realmente este proceso con garantías territoriales, ambientales y sociales”. Otra de sus reclamaciones es el compromiso de “protección del suelo agrícola y acuíferos” frente a los intereses de las empresas promotoras“, pues es parte del ”interés general“ de sus habitantes y ”del sector primario“, productor de ”alimentos de calidad“. Y, por último, exigen la apuesta de un ”modelo de cercanía“, ya que ”el modelo adecuado para compatibilizar la actividad agroganadera de calidad con el uso de la biometanización debe tener un carácter descentralizado y autosuficiente, que asegure la cercanía entre generación y aprovechamiento de los residuos, respondiendo a las necesidades agroganaderas a nivel local“.

“Se debe imponer el principio de prudencia frente a la instalación de macroplantas de gran tamaño. Estas mezclan residuos de origen distinto al agroganadero, su transporte implica recorrer largas distancias, y producen riesgos de importantes afecciones ambientales en zonas ya de por sí consideradas vulnerables por la contaminación por nitratos”, exponen desde las plataformas.

Además de elevar las reclamaciones a las fuerzas políticas, la coordinadora ecologista también ha querido hacer “un llamamiento a la población” para que apoye y se una a “las acciones que ya se están realizando en las localidades afectadas”. Por eso mismo, la charla en el Centro Comunitario Salesianas de la Txantrea a las 19.00 estará abierta al público. También han convocado para el domingo 10 de mayo una manifestación con el lema 'Lurraren defentsan, STOP macroplantas BIOGÁS', a las 12: horas desde el Baluarte de Pamplona.

Con casi toda seguridad Estados Unidos entró en guerra con Irán porque buscaba un descabezamiento del régimen, similar al que a comienzos de año había tenido lugar en Venezuela, que diera paso a un gobierno más sensible a los intereses estadounidenses. Sin embargo, y tras casi dos meses de guerra, los objetivos de Donald Trump parecen ahora oscilar entre la reapertura del estrecho de Ormuz, cerrado por Irán como represalia por los ataques, y la mucho más arriesgada asfixia económica de Irán.

Aunque la narrativa oficial no lo acepte aún, la situación está mucho más empantanada de lo que el gobierno de Estados Unidos anticipó. De hecho, Donald Trump comenzó la guerra planteándola como una operación breve y quirúrgica que llevaría la «libertad» a los iraníes al tiempo que proporcionaría mayor tranquilidad a Israel —que considera a Irán su principal amenaza existencial— y a los países del Golfo. La realidad ha sido muy distinta.

El estrecho de Ormuz es un nodo del metabolismo de la economía-mundo, siendo además un cuello de botella (“chokepoint”) extremadamente vulnerable a los fenómenos geopolíticos. El impacto de su cierre es muy grande para los países productores y, de acuerdo con los datos de la Agencia Internacional de la Energía, el volumen de petróleo que transita por el estrecho de Ormuz se ha reducido a un promedio del 10% respecto a los niveles de preguerra. Como vemos en el siguiente gráfico, las rutas alternativas —a través del Mar Rojo, por ejemplo— han tenido que sostener la mayoría de las exportaciones desde el inicio de la guerra; algo claramente insuficiente para mantener los niveles de exportaciones preguerra.

De todos los países del Golfo, la mayor parte de las exportaciones corresponden a Arabia Saudí, Iraq y Emiratos Árabes, seguidas luego por Irán y Kuwait, como se puede ver en el siguiente gráfico. Eso significa que, aunque Irán está sufriendo los costes directos de la guerra —como la mayoría de víctimas mortales y la destrucción de infraestructura—, las pérdidas económicas agregadas recaen sobre países que mantienen vínculos históricos con Washington.

Y no se trata solo del petróleo. Por Ormuz transita cerca del 20% del gas natural licuado mundial, y Qatar es el gran damnificado del lado gasístico. Esto agrava especialmente la situación asiática: en torno al 28% del GNL que importa China procede de Qatar, y casi un tercio de los flujos totales de GNL hacia Asia depende del estrecho. La crisis energética global tiene, por tanto, dos patas simultáneas, petróleo y gas, que se refuerzan entre sí, además de todas las industrias de productos derivados de los combustibles fósiles.

Como explicaba la semana pasada respecto al sector petroquímico, los países del Golfo llevan décadas elevando sus lazos comerciales con Asia y, particularmente, con China: desde 2010 hasta 2024 este comercio se ha multiplicado prácticamente por tres. De acuerdo con las estimaciones del think-tank Asia House, esta dinámica no hará sino aumentar en los próximos años.

Esta es una situación comprometida para los países del Golfo, que tienen que mantener un delicado equilibrio entre sus alianzas con Occidente y sus vínculos crecientes con Asia. Debemos tener en cuenta que la Comisión de Revisión Económica y Seguridad EEUU-China, que informa al Congreso de Estados Unidos, ha declarado que China, Rusia, Irán y Corea del Norte conforman un nuevo “eje de la autocracia” y afirma que comparten el deseo de retar el liderazgo global de Estados Unidos. En cierta medida este marco opera como profecía autocumplida: cuanto más Washington hostiga y sanciona a las periferias, más empuja a los Estados del Golfo a pensárselo dos veces antes de cualquier gesto de distanciamiento respecto de Pekín.

El caso es que, en condiciones normales, la mayor parte del crudo que salía en 2025 del estrecho de Ormuz tenía como destino países asiáticos, como muestra el siguiente gráfico. Podemos observar que tanto Europa como América dependen muy marginalmente del abastecimiento físico de petróleo procedente de los países del Golfo. Eso no significa que el cierre no les afecte, ya que al determinarse los precios a nivel global sí sufren los impactos de la inflación, y además pueden ser especialmente dependientes de productos específicos, como los fertilizantes. Pero en general, es claro que es Asia la primera damnificada por la actual situación, como demuestra el hecho de que allí las medidas de reducción del consumo de energía —políticas decrecentistas, podríamos decir— hayan sido más rápidas y más profundas.

La interrupción de los flujos comerciales tiene graves implicaciones físicas, no sólo económicas. No es sólo que el petróleo se haga más caro —como ocurre en Europa o Estados Unidos—, sino que sencillamente puede dejar de llegar en cantidades suficientes para satisfacer la demanda. Adelantándose a esa posibilidad, China lleva años incrementando sus reservas de petróleo, y se estima que podrían ser suficientes para cubrir cuatro meses sin nuevas importaciones por mar; aunque con medidas de reducción de la demanda podríamos hablar de un período mucho más prolongado.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, China depende de manera intensa de las importaciones de petróleo procedentes de países del Golfo como Arabia Saudí, Iraq, Emiratos, Kuwait y Omán, la mayoría de las cuales transitan por el estrecho. Pero los datos oficiales no muestran las importaciones procedentes de Irán ni Venezuela, ya que en ambos casos se trata de países con sanciones internacionales. La práctica habitual es el “rebranding”, es decir, la puesta en marcha de complejas operaciones para hacer pasar el petróleo sancionado como importaciones de países legales, como Indonesia o Malasia. Las estimaciones más fiables señalan que, teniendo en cuenta esta estrategia, casi el 50% de las importaciones chinas de petróleo proceden del Golfo.

Una de las consecuencias de lo anterior es que China se ha volcado crecientemente en Rusia, su gran proveedor de petróleo. De hecho, Rusia es una de las grandes beneficiadas de la crisis energética, y según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, en marzo sus ingresos por exportaciones prácticamente se han duplicado hasta alcanzar los 19.000 millones de dólares. A ello ha contribuido, claro está, el alivio que Estados Unidos le ha proporcionado en relación con las sanciones internacionales —igual que a Venezuela—.

Ahora bien, si la dependencia china de las importaciones de petróleo es grande, aún es mayor su inversa: la dependencia de las exportaciones iraníes a China. Como muestra el siguiente gráfico, China se ha convertido en los últimos años en el cliente del 90% de las exportaciones de petróleo iraní. La consolidación ha sido rápida: aunque China ya era el principal comprador tras las sanciones de Trump de 2018, el salto de los últimos tres o cuatro años hacia la cuasi-exclusividad convierte a Teherán en un Estado-cliente energético de Pekín en toda regla, con todo lo que ello implica en términos de asimetría negociadora.

A día de hoy sabemos que Israel ha entrado en esta guerra principalmente porque proyecta en el futuro su idea de un “Gran Israel” donde el expansionismo territorial le permita consolidarse como potencia hegemónica en la región. Sabemos también que Irán ha encontrado en el control del estrecho de Ormuz su principal baza para negociar y, en la medida de lo posible, lograr garantías de que no haya futuros ataques. Más confuso es el objetivo real de Estados Unidos, más allá de la ingenuidad inicial de quienes creyeron que sería una operación rápida y fácil. El hecho es que la situación se ha estancado, llevando a una crisis energética global de gran envergadura.

Con todo, las crisis nunca golpean a todos por igual. Como he tratado de mostrar, el impacto económico principal está teniendo lugar en las economías del Golfo y en Asia, justo en un momento en el que ambas regiones están profundizando sus relaciones y retando la primacía occidental. No está claro si esta guerra debilitará esa dinámica previa o si, por el contrario, la profundizará; pero lo que sí está claro es que China tiene buenas razones estructurales para empujar hacia la desescalada.

Aunque no sea el principal afectado, Estados Unidos no puede permitirse que la guerra se prolongue indefinidamente. Sus problemas tienen que ver con la inflación, el impacto sobre los mercados financieros y el desgaste doméstico de Donald Trump. Para Europa, la situación es considerablemente peor: más expuesta al shock energético vía precios y cadenas de suministro, con un BCE atenazado entre una inflación importada que no se doma con subidas de tipos y una desaceleración que esas mismas subidas agravarían. El margen de maniobra europeo, una vez más, es más estrecho que el de Estados Unidos.

Lo que se dirime en el estrecho de Ormuz es la arquitectura energética —y, por tanto, el equilibrio de poder— del siglo XXI. El 'chokepoint' simboliza la vulnerabilidad del metabolismo de la economía-mundo, pero la guerra está revelando también la incapacidad de Estados Unidos para imponer por la fuerza un orden geográfico-energético que se le escurre hacia Asia a velocidad acelerada. Cuando China defiende la paz, sabe mejor que nadie que sus ganancias estructurales —la consolidación del eje euroasiático, el refuerzo de sus lazos con el Golfo, la paulatina autonomía del dólar en los intercambios estratégicos— son incompatibles con una guerra larga. En esa ecuación, a Pekín la paz le conviene hoy más que a Washington. Y el precio de esa asimetría podría medirse, a medio plazo, en un desplazamiento más rápido hacia Asia del centro de gravedad del sistema-mundo.

Pintan una tormenta perfecta que combina escasez de recursos como el petróleo o el gas que están provocando conflictos bélicos en todo el planeta con una crisis ambiental galopante azotada por el calentamiento global.

El bautizado como 'No Normal Tour' llega a Castilla-La Mancha “para analizar las consecuencias y las posibles medidas por la crisis del estrecho de Ormuz” y que es tan solo la última de una larga lista en todo el planeta en los últimos años.

Se trata de una “iniciativa ciudadana” autogestionada que han auspiciado científicos y divulgadores de toda España, y que se están apoyando “personas preocupadas por el momento histórico que estamos atravesando”, para trasladar el mensaje que que algo tiene que cambiar en el planeta. Lo explicaba este miércoles Lorenzo Flores, uno de los dinamizadores del encuentro en Ciudad Real, junto a las activistas Patricia Grande y Carmen Ciudad.

El objetivo es alertar de que la “normalidad”, tal y como se conocía, “ha llegado a su fin” y la sociedad se enfrenta a “un cambio profundo e irreversible”.

Durante la sesión, que ha podido seguirse online y que se repetirá en los próximos días en Albacete y Guadalajara, se han analizado las consecuencias reales de la situación actual: escasean los hidrocarburos -el gas o el petróleo- y otros materiales esenciales que permiten que el mundo se siga moviendo al actual ritmo de vida. Una dependencia que ya está teniendo los primeros efectos en la economía mundial y que, advierten, terminará llegando a España. También a lo más local.

“¿Por qué tenemos que actuar ya?” Porque tenemos una crisis ambiental y de recursos y eso lo sabemos desde hace 50 años“, señalaba Patricia Grande de Ecologistas en Acción. Ahora, con la guerra en Irán iniciada por Donald Trump ”todo se ha precipitado y nos entran las prisas por conseguir energía“, lamentaba.

En su charla se ha remontado a septiembre de 2025 cuando la Agencia Internacional de la Energía advirtió de la crisis de hidrocarburos, tanto del petróleo como del gas, que han experimentado una rápida caída de extracción a nivel mundial. “Esta no es solo una crisis energética sino ambiental: falta agua, hay destrucción de suelos y de la biodiversidad. No lo estamos notando mucho en España todavía, pero cada vez llegan menos recursos”, subrayaba.

Frente a eso, se ha puesto sobre la mesa el hecho de una transición energética fallida. “El sistema de energías renovables planteadas no sirven ni para la industria ni para el sector transporte”, ha opinado, renegando de “tecnologías milagrosas” como el coche eléctrico porque “tampoco sirven para todo el mundo, entre otras cosas por su precio”.

Tampoco convence el hidrógeno verde del que recordaba que “no es energía sino un vector energético, es decir, un producto que se consigue con otro tipo de energía, como la solar” y eso, apostillaba, “también es muy caro porque hay que consumir agua, porque es un elemento que se volatiliza fácilmente y del que se pierde un50% entre el proceso de almacenar y distribuir”.

Patricia Grande cree que tampoco pintan bien los combustibles orgánicos, el biogás o la biomasa. “La mayoría de ellos son contaminantes y no rentables. Lo único que se busca es la subvención”, ha asegurado, para zanjar que “la energía será cada vez más escasa y más cara”. Hay que actuar porque “además ”la crisis ambiental no espera“.

La energía será cada vez más escasa y más cara y además la crisis ambiental no espera

Patricia Grande — Ecologistas en Acción

'No Normal Tour' en Ciudad Real ha puesto el acento en los ejemplos que preocupan en Ciudad Real. “Producimos 4.500 megavatios de energía solar. El 95% son grandes plantas y el autoconsumo solo supone el 5%”. De esos porcentajes, un 60% se lo lleva la industria. “Eso quiere decir que no hay repercusión social”, decía Patricia Grande.

Ciudad Real produce más de lo que consume. “Nos sobran megavatios para exportar pero la red no es estable. Y aún así seguimos creciendo en proyectos fotovoltaicos”, criticaba.

Ha cargado contra los diversos proyectos de renovables que, desde su punto de vista, no resolverán el problema. Como el que se prepara para la localidad de Saceruela, que tendrá una de las mayores plantas de hidrógeno de España, con una inversión de 245 millones de euros por parte del IDAE y que necesitará abastecerse de agua del río Agudo. A esta se sumarán otras plantas similares en Alcázar de San Juan o en Valdepeñas.

“Se proyectan 15 plantas de biogás en Ciudad Real que afectan a 154.000 habitantes para gestionar 2,7 millones de residuos que no tenemos en Ciudad Real. Nos los tienen que traer de fuera, no se sabe de dónde”, añadía en relación a otro tipo de tecnología renovable. “Daimiel tendrá la segunda plana más grande de España, para gestionar 486.000 toneladas anuales de residuos”. En Caracuel, un pueblo de 100 habitantes, la planta gestionará 220.000 toneladas al año.

La “preocupación” por la minería “especulativa” en Ciudad Real

En el análisis coincidía Carmen Ciudad, otra de las participantes en la charla divulgativa. “No es solo la escasez de petróleo sino la elevada demanda de metales. Y para hacerlo más divertido ya estamos en la fase de las guerras por los recursos”, advertía.

Muchos de los conflictos bélicos tienen que ver con esta cuestión, según argumentaba: Ucrania y su gran riqueza en recursos minerales como las tierras raras, Gaza y sus reservas de gas, el petróleo en Irán o en Sudán del Sur o el caso de Níger, que produce el 5% del uranio mundial.

No es solo la escasez de petróleo sino la elevada demanda de metales. Y para hacerlo más divertido ya estamos en la fase de las guerras por los recursos”,

Carmen Ciudad — Ecologistas en Acción

En lo local, mostraba preocupación por el avance de los proyectos relacionados con la minería en Ciudad Real: fosfatos para fabricar fertilizantes, oro, wolframio, plomo, zinc, tierras raras… “Esta es una minería altamente especulativa. Es negocio sin tener en cuenta implicaciones sociales o ambientales”, criticaba. A eso suma en su opinión una legislación española “obsoleta”.

¿Hasta dónde vamos a permitirlo y estar callados?, se preguntaba, porque “el impacto no es solo ambiental sino social y económico. Son pelotazos y , son un viaje hacia el empobrecimiento.

La activista pide un cambio del modelo económico y social, “con una transición pautada y planificada” porque “hemos sobrepasado siete de los nueve límites planetarios”, decía, al señalar los excesos en la producción de plásticos y pesticidas que provocan contaminación química, la pérdida de biodiversidad, la alteración de los ciclos del nitrógeno y el fósforo para producir fertilizantes, el calentamiento global por el exceso de energía acumulada por el planeta, la deforestación, el impacto en el agua dulce o la acidificación de los océanos.

“A eso se suman los eventos extremos. Si estos límites están sobrepasados cada vez serán menos raros. No volveremos a la normalidad, entendida como el equilibrio”. Desde su punto de vista “otra tecnología es posible, más local, más resiliente, más eficiente y no dependiente de materiales escasos”.

Ha reclamado “un cambio en la sociedad, en la forma de producir y de consumir. Se necesita una transición pautada y planificada”.

Nuevas citas en Albacete y en Guadalajara

En Castilla La Mancha se celebrarán tres charlas. Junto a la de este miércoles en Ciudad Real, el jueves 16 de abril tendrá lugar otra en Albacete, a las 19:00 en la Sala de Conferencias Antigua Comisaría. En Guadalajara se celebra el lunes 20, a las 19:00 en El Rincón Lento.

El impulsor de esta iniciativa en toda España es el físico del CSIC Antonio Turiel, y en ella se han implicado otras figuras de la Ciencia y la divulgación científica como Fernando Valladares y Yayo Herrero, entre otras personalidades, que abordarán, durante toda la semana en buena parte de la geografía española, los retos económicos, energéticos, climáticos y sociales que ya están impactando en la ciudadanía.

El mensaje central de la iniciativa es que no se recuperará el statu quo previo y que, incluso en escenarios favorables, el contexto global, marcado por tensiones geopolíticas, fragilidades económicas, largas y complejas cadenas de suministro y límites físicos, “obliga a repensar el modelo actual”.

En opinión de Lorenzo Flores “la senda actual nos lleva al colapso. No podemos violar las leyes de la física. Debemos recuperar saberes antiguos aplicando las nuevas tecnologías. Pero hablamos de un concepto que es de la tecnología bien aplicada”, matizaba, y enfocada a sectores imprescindibles para el ser humano, como la Sanidad. “Debe ser compatible con la vida en el planeta”.

Las sesiones, abiertas al público, buscan informar, generar conciencia y fomentar la participación ciudadana en un momento clave. Las personas interesadas pueden consultar las fechas, ubicaciones y detalles de las charlas más cercanas en la web oficial del tour: www.nonormal.org

Las décadas de 1920 y 1930 enfrentaron al químico alemán Hermann Staudinger con casi todo el mundo, tanto en su disciplina como en la arena política. Pacifista durante la Primera Guerra Mundial, hijo de un militante socialdemócrata y casado con una comunista, Staudinger acabaría siendo denunciado por el filósofo Martin Heidegger con la llegada del nazismo. Al tiempo de la denuncia, Staudinger era consejero de la IG Farben, el gigante industrial conformado en 1925 mediante la fusión de las grandes empresas químicas alemanas —entre ellas, BASF y Bayer— y que sería una herramienta fundamental del poder nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este poder derivaba en gran parte de los descubrimientos científicos de Staudinger, quien en 1953 recibiría el premio Nobel de Química por sus trabajos sobre las macromoléculas.

Ya desde 1920, Staudinger había defendido que las moléculas podían estar unidas a través de una larga cadena. Se tardó más de una década en que la comunidad científica aceptara esa idea, pero hoy a esas macromoléculas las llamamos polímeros (por ejemplo, el ADN, el ARN, el almidón y las proteínas lo son). Como si fuera un tren, cada polímero está formado por una serie de subunidades —los vagones— llamados monómeros; y el tipo de combinación de los monómeros proporciona las características químicas del polímero en cuestión. Podemos entenderlo como si se tratara de bloques de construcción que pueden ordenarse de diferentes formas, dando lugar a distintas sustancias que están presentes de forma natural a nuestro alrededor. Y que también pueden crearse artificialmente.

Pongamos el caso del caucho vulcanizado, un producto semisintético creado a partir del caucho natural y que en la década de 1930 se obtenía en un 90% de Sri Lanka, India y Malasia; una concentración peligrosa desde el punto de vista geopolítico. El caucho era indispensable a nivel militar, pues se usaba para los neumáticos y para el sellado y aislamiento de las piezas de los vehículos, de modo que aprender a crear caucho completamente sintético se convirtió en un objetivo central de las industrias químicas —siempre apoyadas, cuando no directamente dirigidas, por los Estados—. En aquellos tiempos convulsos los países buscaban garantizarse la autosuficiencia, para lo que necesitaban tanto el control activo de los recursos naturales —lo que empujaba al expansionismo territorial y al imperialismo— como reducir las dependencias comerciales respecto a otros países.

Desde finales de los años veinte y, sobre todo, en la década de los treinta, los descubrimientos de cómo construir polímeros sintéticos a gran escala se produjeron en cascada. El PVC, el caucho sintético, el polietileno —el polímero más simple de todos—, el nailon… fueron apareciendo en escena. Como en otras ocasiones, la industria militar se convirtió en el catalizador de las innovaciones y descubrimientos. De hecho, el investigador Adam Hanieh considera que la Segunda Guerra Mundial puede etiquetarse sin exageración como ‘Guerra de los Polímeros’. En todo caso, estos productos transformaron el mundo: hicieron los productos más baratos y reproducibles a gran escala, algo ideal para la guerra, pero también facilitaron la democratización posterior del consumo de bienes y la multiplicación de estos. Se trata del despliegue de la industria petroquímica, y nuestro mundo actual no puede comprenderse sin tales acontecimientos —a pesar de que apenas forman parte del debate contemporáneo—.

Para comprender por qué la actual guerra en Irán no es sólo una cuestión de barriles de crudo, sino un golpe al corazón de la producción material contemporánea, es necesario abrir la caja negra de la industria petroquímica y entender de qué está hecha.

Son productos fósiles

Con la producción de polímeros sintéticos los países lograron escapar de las dependencias de ciertos recursos naturales, viéndose así libres de servidumbres geográficas. En realidad, el cambio fue de una dependencia por otra. El problema es que entonces, exactamente como ocurre ahora, se minusvaloraba la importancia de la energía fósil: ya fuera en carbón o petróleo, era tan abundante que no se consideró como una limitación seria para la producción de polímeros y bienes de consumo. Pero lo cierto es que toda la industria petroquímica es dependiente de estas fuentes de energía, y según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) supone actualmente el 14% de la demanda global de petróleo y el 8% de la de gas natural. Lo relevante es que esta demanda no es sólo para usarse como energía, sino que también es para usarse como insumo del proceso productivo.

Debe tenerse presente que cuando se extrae petróleo crudo de los pozos, lo que se obtiene no se parece mucho a la gasolina con la que alimentamos cotidianamente nuestros vehículos. Es una mezcla de compuestos hidrocarbonados que deben transformarse o ‘refinarse’. Esta fase de refino es la que sigue a la de extracción, y consiste en separar químicamente los diferentes componentes del crudo utilizando procesos que involucran muy altas temperaturas. En la misma planta de refino también se suelen tratar y mejorar las calidades de los productos resultantes, algunos de los cuales son la gasolina —que supone en torno al 45% del barril de crudo—, el gasóleo y diésel, combustibles para reactores, y otras sustancias que se usan como insumos de la industria petroquímica —como la nafta—.

Será la industria química, en una tercera fase, la que recoja los insumos pertinentes del proceso de refinado y los transforme en los productos petroquímicos básicos. Así, en esta fase entran la nafta, el etano, el propano y el metano —todos procedentes del refinado de petróleo y gas natural—, y salen productos tales como las olefinas ligeras (etileno y propileno) y los aromáticos (bencenos, toluenos y xilenos). Todos estos nombres resultan totalmente ajenos a nuestro día a día, pero son la base del 95% de todos los bienes manufacturados: pocos bienes actuales no son producidos de una u otra forma por la industria petroquímica. Por ejemplo, el empaquetado de productos representa el 36% de la demanda global de plástico, pero le sigue la industria textil sintética, la industria de la construcción y los productos de consumo tales como juguetes y utensilios pero también medicinas, paneles solares, gafas, bicicletas y hasta chalecos antibalas.

El punto central de este análisis es comprender que todos esos productos manufacturados dependen de la extracción y procesamiento de la energía fósil. Como ya he mencionado, los combustibles fósiles —actualmente sobre todo petróleo y gas natural— son usados como combustible y como materia prima. Eso es lo que explica que sea tan habitual lo que se conoce como integración vertical, es decir, la propiedad por parte de una misma empresa tanto de las fases de extracción como refino y petroquímica. Asimismo, esta situación explica la ventaja que encuentra Oriente Medio en el desarrollo de la industria petroquímica: sus costes energéticos son mucho más bajos.

El giro de Oriente Medio hacia China

Como expliqué en un análisis anterior, la creciente importancia del petróleo a principios del siglo XX convirtió a Oriente Medio en el objeto central de la rivalidad imperial europea —con Gran Bretaña controlando directa o indirectamente desde Egipto hasta Irán, donde adquirió el control de la Anglo-Persian Oil Company (APOC), actual BP—. Tras la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía pasó a las compañías estadounidenses, pero también emergieron movimientos nacionalistas que culminaron en episodios como la nacionalización iraní de la APOC —en ese momento llamada Anglo-Iranian— por parte de Mossadegh en 1951 y el consiguiente golpe de Estado anglo-estadounidense. Como ha mostrado Adam Hanieh en Crude Capitalism, ese espíritu nacionalista cristalizó en la creación de la OPEP en 1960 y, al calor de la guerra del Yom Kippur, en la oleada de nacionalizaciones petroleras de los años setenta. De manera significativa, aquellos movimientos de socialización de empresas no se revirtieron en las décadas posteriores cuando el neoliberalismo se convirtió en la ideología oficial de Occidente.

En efecto, durante los años ochenta y noventa los países occidentales abrazaron la ideología neoliberal que promovía el triunfo del mercado sobre el Estado, lo que llevó a una oleada de privatizaciones que alcanzó también a España con la venta de más de cien empresas públicas. La ironía es que en ese mismo momento China desplegaba una estrategia de desarrollo basada en la industrialización dirigida por el Estado, con un enorme peso de las empresas públicas y semipúblicas. Por su parte, los países del Golfo Pérsico no sólo retuvieron el control público de las empresas, sino que también iniciaron un proceso de diversificación de su economía para no depender tanto de la extracción de petróleo.

Los países del Golfo se convencieron de que debían industrializarse con nuevas manufacturas, y también en refino y petroquímica, pero no confiaron en el libre mercado para ello. Por el contrario, en 1968 Bahrein lanzó un primer plan quinquenal destinado a crear una industria de aluminio y astilleros; algo que Dubai y Omán harían también unos años más tarde. En 1976, Arabia Saudí daría el salto con la creación de Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC), hoy convertida en una de las principales compañías petroquímicas del mundo y propiedad principalmente de Aramco, la empresa pública de petróleo y gas de Arabia Saudí. Otros países, como Emiratos, también llevan décadas utilizando sus empresas públicas petroleras para controlar las fases de refino y petroquímica y, de ese modo, tener un mayor control sobre la cadena fósil al tiempo que diversifican parcialmente su economía. Las empresas estatales del Golfo no son enteramente públicas, sino que están participadas también por capitales privados tanto nacionales como internacionales —lo que ha dado lugar a la multiplicación de una élite multimillonaria vinculada a sus gobiernos—.

Esa estrategia energética no se ha limitado a la región. El proceso de industrialización china, y su incorporación a la economía mundial a partir de 2001, requirió grandes cantidades de petróleo que los países del Golfo estuvieron dispuestos a abastecer. Desde ese momento, las relaciones entre el Golfo y China se han estrechado tanto que el año 2024 fue el primero en el que el comercio Golfo-China superó al comercio Golfo-Occidente. En el caso de las exportaciones de bienes petroquímicos, la orientación hacia Asia es clara, pues China recibe el 28% e India el 23%.

En el año 2024, las dos regiones mundiales que más crecieron en producción de bienes petroquímicos fueron China (6,8%) y los países del Golfo (5,7%). Sin embargo, la interrelación no fue solo comercial sino también de inversión, con capital asiático invirtiendo en el Golfo y con capital del Golfo invirtiendo en Asia. Según ha señalado Adam Hanieh, entre 2017 y 2021 más del 30% de la inversión petrolera de China se dirigió hacia la región de Oriente Medio —cinco veces más que en el período anterior—. A la inversa también ocurre, con empresas como Aramco tomando posiciones en industrias de refino y petroquímica asiáticas.

El problema de la guerra

Con el cierre del Estrecho de Ormuz no se ha interrumpido sólo el paso al petróleo sino a todo el comercio que lo atravesaba. Y eso implica también a los fertilizantes y a los productos petroquímicos. Toda la estrategia de industrialización de los principales países del Golfo —Iraq, Irán, Kuwait, Emiratos, Bahrein y Qatar— se ha quedado paralizada, por no hablar de los costes generados a las infraestructuras atacadas. En el caso de Arabia Saudí, el impacto es menor porque aún tiene salida por el Mar Rojo —al menos mientras la situación en Yemen lo siga permitiendo—.

Ahora bien, las consecuencias se ramifican mucho más allá de la región. La interrupción del suministro de productos de refino afecta directamente a las plantas petroquímicas de Asia oriental que dependen de esos insumos, lo que a su vez encarece la producción de plásticos, textiles sintéticos y fertilizantes nitrogenados, entre otros. Para Europa, que ya había reducido su dependencia del gas ruso tras la guerra de Ucrania, aunque aumentando la dependencia del gas natural licuado procedente de Estados Unidos, el cierre de Ormuz supone otro shock en la cadena de aprovisionamiento energético e industrial. Y cuanto más dure, más altas serán las olas inflacionarias.

A escala global, el conflicto acelera una tendencia que ya estaba en marcha: la bifurcación de las cadenas de suministro petroquímico entre un bloque euroatlántico que intenta retener su poder y un eje Golfo-Asia que profundiza su integración. Pero esa bifurcación no resuelve el problema de fondo, ya que ambos bloques siguen dependiendo de la misma base material fósil, sólo que ahora fragmentada en circuitos más tensos y vulnerables a la siguiente disrupción geopolítica.

En ese contexto de reconfiguración, el analista qatarí Khalid Al-Jaber, vinculado al gobierno de Doha, ha apuntado recientemente que la guerra en Irán ha demostrado a los países del Golfo la necesidad de “reformular” la alianza con Estados Unidos. La lectura es clara: Washington ha sido incapaz de garantizar la seguridad de sus aliados en el Golfo cuando ese objetivo entra en colisión con su compromiso con Israel. Pero reformular no significa necesariamente romper. Lo que se dibuja es más bien un escenario de cobertura múltiple en el que los países del Golfo mantienen la alianza militar con Estados Unidos mientras profundizan la integración económica con China —que ya es su principal socio comercial— y exploran vínculos con otros actores como India y Turquía. El nuevo escenario global no les permite elegir un bando, sino que les obliga a moverse en un precario equilibrio altamente inestable, agravado por la frustración de haber visto cómo la guerra estallaba sin que sus intereses fueran considerados por Washington.

Como he defendido en otras ocasiones, estamos ante la reordenación de la división internacional del trabajo en un contexto de guerra por la hegemonía. Pero ello mismo también revela la fragilidad estructural de un sistema económico construido sobre una base material extremadamente concentrada y finita. Al fin y al cabo, vivimos en un mundo de polímeros sintéticos y fertilizantes cuya existencia depende de flujos continuos de petróleo y gas que atraviesan unos pocos cuellos de botella geográficos. Cuando esos flujos se interrumpen, como ocurre ahora en Ormuz, se tambalea el suministro energético y se resquebraja el metabolismo social que sostiene la vida cotidiana en las economías industriales. La verdadera cuestión, por tanto, va más allá de quién controla el Golfo Pérsico o el estrecho de Ormuz, y apunta hasta qué punto es viable sostener indefinidamente una civilización basada en la expansión de una infraestructura petroquímica global que, tarde o temprano, se enfrenta a sus propios límites materiales. Vivimos en una anomalía histórica facilitada por los combustibles fósiles, y la necesaria adaptación implica mucho más que una simple transición energética: exige repensar la base material sobre la que se organiza la economía global.

En el primer trimestre del año, Estados Unidos se situó como el principal origen del gas natual licuado (GNL) suministrado a España, con un 36,6% del total en dicho periodo, seguido por Argelia, con el 29,6%, según los datos del boletín estadístico de Enagás de marzo de 2026 publicado este viernes.

Tras estos países, se situó Rusia, con un 18,1%, y Nigeria, con un 7,5% del total del gas suministrado a España en el primer trimestre.

El gas procedente de Rusia se duplicó en marzo con respecto al mismo mes del año pasado y alcanzó en marzo los 9.807 GWh, para cubrir el 26,1% del total llegado a España y tocar unos niveles que no se veían desde mayo de 2023.

La Unión Europea ha aprobado una prohibición gradual de las importaciones de gas ruso (por gasoducto y GNL) para eliminar la dependencia de energía rusa para 2027.

Así, desde mediados de marzo se prohíbe la firma o modificación de contratos de importación de gas ruso y el reglamento contempla restricciones severas al GNL ruso adquiridos en mercados al contado (spot). También se prevé el objetivo de que todos los flujos de gas ruso por tubería cesen a más tardar el 30 de septiembre de 2027. En el caso de los contratos a largo plazo de importación de GNL, la prohibición se aplicará a partir del 1 de enero de 2027.

En el caso concreto de España, la mayoría del gas natural que llega de Rusia procede de contratos a largo plazo con Yamal LNG, un consorcio liderado por la empresa privada rusa Novatek y en cuyo accionariado hay capital europeo y de otros países.

En el primer trimestre de 2026, Estados Unidos refuerza su liderazgo como primer suministrador, con 37.809 GWh (36,6% del total), seguido de Argelia, con 30.616 GWh (29,6%), y Rusia, con 18.763 GWh (18,1%).

Ningún sumnistrador de Oriente Próximo

En lo que va de año, España ha recibido gas natural desde 10 países de origen diferentes. Junto a Estados Unidos, Argelia y Rusia, figuran como suministradores países como Nigeria, Angola, Francia, Portugal, Congo, Camerún y Senegal, pero ninguno de Oriente Próximo, lugar afectado por el conflicto en Irán.

En lo que respecta a los almacenamientos subterráneos, actualmente en España se encuentran al 60% de capacidad y las plantas de regasificación al 65%.

Asimismo, hasta el pasado 8 de abril, el total de exportaciones ha crecido un 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 12,6 teravatios hora (TWh), y el total de salidas -demanda más exportaciones- ha crecido un 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 111 TWh.

En lo que se refiere a la demanda de gas natural en marzo, se incrementó un 1,3% con respecto al mismo mes de hace un año, hasta los 28.765 GWh, impulsada por la destinada al sector eléctrico que se disparó un 46,8%. Mientras, la convencional cayó un 9,3% en el mes.

Irán ha convertido la guerra en un pingüe beneficio. En las mismas narices de sus dos agresores: Estados Unidos e Israel. Una tupida y eficiente red de negocios opacos vinculados al tránsito petrolífero y gasístico con peaje por el geoestratégico estrecho de Ormuz, bajo el estricto control del régimen de los ayatolás y vigilancia aún más férrea de la Guardia Revolucionaria, ha sacado de la UVI a la maltrecha economía persa. Los ingresos caídos del cielo de un barril que se ha disparado hasta los triples dígitos y las regalías adicionales solicitadas a buques bajo bandera de países a los que la cúpula dirigente iraní otorga el plácet de amistad diplomática —como India, que inició el tráfico de petroleros por la pasarela del Golfo Pérsico—, han proporcionado los balones de oxígeno que las arcas iraníes demandaban como agua de mayo para sanear las cuentas estatales.

Teherán ha convertido la presión geopolítica global en ventaja estratégica al cumplir el mandato de Alí Jamenei de regionalizar, primero, y globalizar, después, las hostilidades armadas. El líder espiritual asesinado por los ataques aéreos de EEUU e Israel al inicio del conflicto estaba en lo cierto. Su país tenía la capacidad de protagonizar un doble efecto bumerán. Dañar, por un lado, a la economía mundial y sanear, al mismo tiempo, la suya propia en caso de guerra abierta con Washington y Tel Aviv.

El sistema productivo persa ha entrado en una fase de rápida y profunda transformación. Desde una economía sometida al yugo de las sanciones internacionales por los avances en su programa nuclear —siempre declarado de uso civil por parte del régimen— hacia un modelo en emergencia de guerra sofisticado y capaz de extraer rentas extraordinarias del encarecimiento del oro negro. Ormuz ha devuelto recursos a las desangeladas arcas iraníes mientras fragmentaba en paralelo el orden internacional. En varios frentes. Desde el temor de los principales bancos centrales a una estanflación que les obligaría a retomar la senda restrictiva de tipos de interés y a formalizar ventas masivas de bonos del Tesoro americano para apuntalar sus economías y divisas, hasta el riesgo de un colapso energético que el mercado, que viene de registrar un marzo negro, todavía no descarta. 

Por el contrario, la guerra, que para no pocos analistas tendría que haber precipitado a Irán a la quiebra técnica por su fragilidad productiva, la escasez de su cesta de divisas internacionales y una galopante y persistente inflación provocada, en gran medida, por las sanciones y embargos occidentales, ha impulsado la mutación hacia una economía militarizada a marchas forzadas que ha generado una sorprendente rentabilidad. Así lo subraya The Economist en un reciente análisis en el que asegura que el régimen puede estar siendo golpeado en el campo de batalla, pero está ganando, al mismo tiempo, la contienda energética. Esencialmente, por el shock de oferta en el crudo y el gas.

El bypass de Ormuz ha mermado las ventas de combustibles fósiles de sus vecinos pérsicos —los emiratos y Arabia Saudí—, mientras Teherán hace caja con su combinación de peajes de tránsito, una sutil tolerancia del riesgo mediante permisos de tránsito a una selecta lista de petroleros y metaneros y la experiencia larvada en décadas para eludir las sanciones occidentales con cargos en alta mar que esperan contratos al mejor postor y rumbos sin definir.

El resultado es una paradoja que, a buen seguro, no estaba en los esquemas de la Administración Trump. Ni del Gobierno de Benjamín Netanyahu: cuanto más se desestabiliza el mercado, mayor es la rentabilidad potencial para que Irán siga operando con sus márgenes de beneficio.

Para más inri, esta estrategia dista mucho de ser improvisada. Durante años, Irán ha puesto en liza una estructura paralela a la que opera en los circuitos globales para comercializar su petróleo sin represalia alguna. Formalmente, su venta la gestiona la todopoderosa Guardia Revolucionaria, que acapara cada vez más control sobre las finanzas estatales. Pero, en la práctica, el régimen de los ayatolás ha configurado una arquitectura disgregada en una multiplicidad de actores que ejercen distintos poderes e influencias. Desde líderes religiosos, hasta militares o miembros del establishment administrativo que se reparten las cuotas de crudo y las convierten en liquidez a través de redes propias de negocios.

Una tupida y efectiva red de control económico

Esta descentralización a golpe de botín energético resulta ineficiente en tiempos de estabilidad geoestratégica, pero se muestra especialmente resistente con el ruido de las armas.

Desmantelar este modus operandi requeriría para los agresores del régimen atacar de una forma simultánea a decenas de nodos de poder dispersos, algo prácticamente inviable incluso con la superioridad aérea estadounidense e israelí. Aunque sea la cúpula de la Guardia Revolucionaria la que marca el paso. Desde hace décadas este estamento militar acumula músculo económico. Hasta el punto de operar como un conglomerado empresarial dentro y fuera de las fronteras de Irán.

Es este cuerpo de asalto del régimen chií el que ejerce el dominio estricto de las rutas marítimas, el que escolta a los buques, monetiza los peajes navales, ordena los ataques a las instalaciones energéticas de sus vecinos pérsicos y maneja el caudal exportador con métodos coercitivos.

La dimensión logística de esta transformación es igualmente reveladora. Ante la vulnerabilidad de infraestructuras clave como la isla de Jarg, Teherán ha diversificado sus terminales y rutas, distribuyendo riesgos y aumentando los ingresos monetarios. Este enfoque implica más costes, pero responde a la lógica de supervivencia de todo conflicto bélico que se precie, en los que la resiliencia sustituye a la eficiencia como criterio económico. Y, en este sentido, la red de pagos a la sombra generada por la Guardia Revolucionaria y sustentada en miles de cuentas fiduciarias, empresas-pantalla y mini-bancos —sobre todo, asiáticos— es un aval de garantía demostrada.

No por casualidad, Irán emplea este mecanismo desde que soporta el régimen sancionador del exterior. Con él canaliza ingresos petroleros a través de múltiples capas de intermediación que dificultan tanto el rastreo internacional como doméstico. Con la inestimable cooperación china. Porque el gigante asiático no solo absorbe la inmensa mayoría del crudo iraní mediante su cada vez más extensa constelación de refinerías independientes, sino que también ofrece un entorno financiero lo suficientemente flexible como para sostener estas operaciones. Como detalla The Economist, este artificio contable ha alcanzado tal densidad que incluso las autoridades iraníes tienen dificultades para rastrear completamente los flujos.

La relación con China deja traslucir varias sinergias. Todas de calado. A Pekín, el petróleo iraní le resulta indispensable para abastecer su tejido productivo en tiempos disruptivos, mientras que, a Teherán, el gigante asiático le aporta un comprador fiel y dispuesto a actuar fuera del sistema mundial. Así lo explica Ahmed Aboudouh, investigador de Chatham House: la aparente pasividad de China respecto a la guerra “no debe confundirse como debilidad o abandono, sino que responde a una lógica estratégica deliberada”. Xi Jinping ha evitado implicarse en el plano militar y económico porque prioriza mantener la estabilidad regional y preservar así sus relaciones con múltiples actores, incluidos rivales de Irán.

Este enfoque —dice Aboudouh— deja un rasgo diferencial con la política exterior estadounidense. “Mientras Washington tiende a actuar de una manera reactiva y coercitiva, la diplomacia china apuesta por una acumulación gradual de influencia desde la prudencia”. A corto plazo, puede parecer inacción, pero, a la larga, va a permitir a Pekín “posicionarse como actor imprescindible en cualquier escenario postconflicto y ganar competitividad global”.

Ormuz actúa de marcapasos recaudatorio

A ello se suma que la demostrada capacidad iraní para sellar o restringir el tránsito de Ormuz le otorga una herramienta de presión directa sobre la economía global. Más allá del crudo y el gas le concede la posibilidad de institucionalizar el cobro de peajes y, con ello, pasar de ser un mero exportador de energía a convertirse en un recaudador de rentas geopolíticas derivadas del flujo energético mundial. Las dobles primas de riesgo —sobre el barril y los seguros mercantes— ayudan a elevar la factura petrolífera iraní. Pero, por encima de todo, la mayor contribución a las arcas la aporta la veintena de barcos que han empezado a pasar a diario por el estrecho. Con pasajes y vetos discriminatorios de por medio.

El cambio de relato de Donald Trump —del ultimátum para destruir centros energéticos y redes de distribución de agua a avanzar que la guerra terminará “en dos o tres semanas” con la reserva de retirar al Ejército estadounidenses incluso sin victoria militar— responde al incómodo dilema que le ha creado su guerra ilegal. O aceptar un nuevo equilibrio en la región con un régimen que permanece en el poder en Irán o arriesgarse a una escalada geopolítica e inflacionista de difícil resolución.

Algunos analistas ya anticipan un IPC en EEUU del 4% este año y el siguiente, lo que dejaría sin opciones a sus nuevos delfines en la Reserva Federal, con su futuro presidente, Kevin Warsh, a la cabeza, sin margen para maniobrar a la baja los tipos como desea el líder MAGA. A medio año vista de las elecciones midterm para renovar el Congreso y gobernadores de estados de la Unión. Con la intención de voto republicano a la deriva.

Aun así, en el lado iraní, la guerra, pese a consolidar una alternativa económica adaptada a unos parámetros globales más inestables, fragmentados y competitivos, también engendra un patrón menos transparente y eficiente y, por el contrario, con más capacidad coercitiva y basado en un precio del petróleo caro y en una tela de araña clientelar de puertas adentro. 

Del ataque sin cuartel al alto el fuego

En las últimas horas, la balanza geoestratégica parece inclinarse del lado del alto el fuego. No es fruto de la casualidad que este clima en favor de la paz surja en las horas más bajas de Trump en las cinco semanas de conflicto. O que se haya dado relevancia en las cancillerías occidentales al plan conjunto de Pakistán, mediador desde hace una quincena entre Washington y Teherán, y China. Sin embargo, de formalizarse, el escenario en Irán tampoco invita al optimismo. Varias voces de observadores internacionales y analistas económicos alertan de un peligro de colapso postbélico, con repunte del desempleo, interrupción de negocios y retrocesos del comercio con recortes salariales. Una especie de contracción en diferido que podría traducirse en un malestar social una vez desaparezca el riguroso control militar actual por la urgencia bélica.

Ali Ansari, profesor de Historia Moderna de la universidad escocesa de Saint Andrews, de origen iraní, recuerda a Reuters que su país ya atravesaba por “profundos problemas” económicos con anterioridad al conflicto y que la guerra solo agravará una crisis política y social previa. A su juicio “reaparecerán con más fuerza y generarán inestabilidad interna” porque su coyuntura “no será capaz de absorber el shock sin consecuencias civiles e institucionales significativas”. También el director de Human Rights Watch Louis Charbonneau cree que “si el deterioro de la actividad se acompaña de una intensificación de la represión, con arrestos de disidentes y descontentos, los enfrentamientos estallarán y volverán a estar a la orden del día”.

Bajo unas condiciones económicas débiles, que acrecientan la amenaza de una recaída. El FMI preveía antes del conflicto armado que el PIB iraní creciera un 1,1% en 2026, lejos del 4% de los mercados emergentes en su conjunto, con una inflación que superó el pasado año el 40% anual, una depreciación constante del rial y unas necesidades de financiación del gasto público a través de los ingresos petrolíferos demasiado elevadas.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este jueves que el mayor riesgo que arrastra el mercado energético español es “la dependencia de los combustibles fósiles” porque “nos hace vulnerables”. “En España, tenemos energías renovables, tenemos sol y viento, y tenemos que impulsarlos porque es la forma más competitiva de producir energía y es la que ha demostrado que es un salto sustancial”, ha afirmado en una entrevista durante la segunda jornada del IV Foro Económico de elDiario.es tras ser preguntada sobre el debate del cierre de las centrales nucleares.

Aagesen ha asegurado que la seguridad del suministro está garantizada y que el Gobierno va a continuar adelante con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye el cierre de las nucleares. En una entrevista por videollamada desde Málaga con el redactor jefe de Economía, Serafí del Arco, la vicepresidenta tercera también ha defendido que este cierre cumple con una de las máximas del Ejecutivo: “El consumidor no va a ver incrementada su factura”.

En esta misma línea, Aagesen ha afirmado que la factura de los consumidores “está subiendo, está bajando, sobre todo si comparamos con nuestros socios europeos”. “Si miramos la factura de un consumidor, desde enero hasta ahora paga menos si lo comparamos con el año 2025. Se está pagando menos por la entrada de las energías renovables”, ha argumentado al tiempo que ha insistido en seguir apostando por reforzar la soberanía con “el sol y el viento”. 

Sobre todo en una coyuntura como la actual, marcada ahora mismo por la guerra de Irán que ha disparado los precios del gas y el petróleo. “Somos menos vulnerables cuando miramos la factura de la electricidad. Lo que hemos conseguido es que cuando las horas en las que el gas fije el precio, sea mucho menor. Esto marca una gran diferencia”, ha explicado Aagesen.

En este punto, la vicepresidenta ha puesto de relevancia la convalidación este jueves en el Congreso del plan anticrisis del Gobierno. “Es una combinación de lo urgente y lo importante. Es un plan integral de respuesta. Actúa donde sabemos que tenemos debilidad, que en la dependencia de los combustibles fósiles”, ha sostenido Aagesen que también ha adelantado que el Ejecutivo tiene que “seguir avanzando en electrificación y en renovables”, ya que es necesario que “el consumidor vea que es más barato recargar un vehículo eléctrico y no repostar”. 

No obstante, ha insistido en que el decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán lo que hace es actuar en “la fiscalidad del gas y de la electricidad” para intentar “proteger a los más expuestos con un paquete asociado a la reducción fiscal de carburantes, gas y electricidad”. “Es fundamental dar esa señal a los consumidores”, ha defendido Aagensen que también ha apuntado que es muy importante actuar siempre para los “más vulnerables” con medidas como la prohibición de cortes o la ampliación del bono eléctrico y térmico. 

Sobre el apagón: “Fue algo inédito y con un origen multifactorial”

Durante la entrevista con elDiario.es, Aagesen también ha respondido sobre el apagón, a poco más de un mes de que se cumpla el primer aniversario. Tras la publicación la semana pasada de dos informes sobre lo sucedido el pasado 28 de abril, uno de los expertos europeos y otro de la CNMV, la vicepresidenta ha destacado que ambos están “alineados con las conclusiones del Gobierno”.

“Lo que ocurrió el 28 de abril fue algo inédito y con un origen multifactorial”, ha afirmado Aagesen que ha recordado que “la principal causa fue la sobretensión” y que en ese momento ya se contaba con “todos los mecanismos para que se hubiera evitado”. “No fue un problema de renovables ni de falta de nucleares. Fue una situación extraordinariamente complicada”, ha reconocido.

El Parque Municipal de Jardinería ha puesto en marcha una nueva instalación renovable y gasinera para la carga de vehículos eléctricos e híbridos. Se trata de una instalación fotovoltaica de autoconsumo con almacenamiento energético ubicada en la zona de Monte del Cristo, en las instalaciones municipales de jardinería, y una gasinera, que ya está en funcionamiento. Surtirán el 60% de la energía necesaria para la flota de vehículos que se emplea para el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.

Tal y como ha explicado López, “el proyecto contempla una potencia renovable solar instalada de 128,52 kWp, combinada con un sistema de baterías de almacenamiento de 105,21 kWh, lo que permitirá generar aproximadamente 158,41 MWh anuales de energía renovable. De esta producción, cerca del 74% será autoconsumida directamente, cubriendo en torno al 58,6% del consumo eléctrico anual del suministro”. Esto supone, en palabras del edil, “un ejemplo más de la apuesta del consistorio por una ciudad más verde, más eficiente y sostenible”. 

La instalación fotovoltaica, que se realizará de forma inminente, está compuesta por 252 módulos fotovoltaicos de alta eficiencia y un inversor híbrido trifásico de 100 kW, integrados sobre una cubierta coplanar optimizada para maximizar el rendimiento energético. El sistema de almacenamiento permite gestionar de forma más eficiente la energía generada, incrementando el nivel de autoconsumo y reduciendo la dependencia de la red eléctrica en los periodos de menor producción solar.

Además, la solución ha sido diseñada teniendo en cuenta las condiciones específicas del emplazamiento, incluyendo orientación, inclinación y superficie disponible, garantizando un equilibrio óptimo entre producción, consumo y almacenamiento. El concejal de Medio Ambiente ha destacado que “gracias a la implementación de este sistema, se estima un ahorro económico anual desde el primer año, con una mejora progresiva a lo largo de la vida útil de la instalación”.

Según los expertos, a largo plazo, el proyecto permitirá alcanzar un ahorro acumulado significativo en torno a los 400.000€ en 25 años, derivado tanto de la reducción del consumo de energía de red como de la estabilidad del modelo energético implantado. Adicionalmente, la instalación contribuirá “no sólo a reducir la exposición a la volatilidad del mercado eléctrico, sino también a mejorar la eficiencia energética del suministro, así como a optimizar la gestión del consumo mediante generación distribuida y almacenamiento”.

Desde el punto de vista ambiental, la instalación permitirá evitar la emisión de aproximadamente 47,8 toneladas de CO₂ al año, equivalente al impacto positivo de miles de árboles en términos de absorción de carbono. Este proyecto se enmarca en las políticas municipales orientadas a la circularidad, descarbonización, la mejora de la eficiencia energética y el impulso de las energías renovables en el ámbito local.

Protección Civil ha enviado un mensaje a la población a través del sistema Es-Alert por una fuga de gas natural de uno de los depósitos del matadero El Navazo de Fuentes de Béjar (Salamanca), aunque no hay personas heridas ni atrapadas.

Se han desalojado de la instalación a unos 300 trabajadores y se ha establecido un perímetro de seguridad de 1 kilómetro, según ha explicado por teléfono a EFE el alcalde del municipio, Gustavo Rodríguez Sánchez (PSOE).

El sistema Es-Alert, que ha enviado el mensaje a todos los teléfonos móviles en un radio de unos siete kilómetros alrededor del matadero, “ha funcionado perfectamente”, ha indicado el alcalde de este pueblo de unos 240 habitantes de la comarca de la Sierra de Béjar, donde la población se mantiene “tranquila” a pesar del suceso.

Se ha recomendado a los ciudadanos mantenerse alejados a un kilómetro, dejar cerradas puertas y ventanas, así como no circular por las proximidades.

La Junta de Castilla y León ha activado el plan de protección civil en situación dos y están interviniendo los Bomberos de la Diputación de Salamanca y la Guardia Civil, aunque pasada la una del mediodía aún no se había accedido al punto de la fuga, ha precisado el alcalde. 

Las guerras modernas no se libran tan solo con misiles o incursiones aéreas. También se disputan en el orden económico y en los mercados de capitales. El conflicto armado desatado por EEUU e Israel contra Irán ha desempolvado uno de los secretos a voces mejor guardado por los centros de análisis del negocio energético: las primas de riesgo asociadas al barril de petróleo. Capaces de aparecer o de brillar por su ausencia en función de si el mercurio del termómetro geopolítico global se dispara o, por el contrario, se hunde hacia el fondo. Es el precio a pagar por garantizarse el abastecimiento de los combustibles fósiles; en especial, el oro negro, aunque también el gas.

El Estrecho de Ormuz se ha convertido en el barómetro de estos acontecimientos. Hasta el punto de determinar el calibre de este doble impuesto revolucionario que grava en principio la energía, pero que también lanza sus tentáculos hacia el tránsito marítimo. Es decir, no solo a petroleros o metaneros, sino también a los buques mercantes que atraviesan por una de las zonas de mayor tráfico naval, bajo la amenaza de dejar de ofrecer garantías para alcanzar sus puertos de destino. Todo este collage amenaza con romper contratos mercantiles y encarecer cargos.

Son mecanismos suficientemente conocidos en el funcionamiento de los mercados energéticos. Sin embargo, las primas de riesgo asociadas al crudo siempre han sido un tributo invisible en un orden económico mundial que ha vuelto a dominar, desde la Gran Pandemia, la vieja economía, la de los combustibles fósiles, según preconizó Jeff Curry, entonces estratega jefe de Goldman Sachs. Con objeto de restablecer su influencia en los ciclos de negocios ante la pérdida de sus cuotas de mercado por la irrupción de las fuentes renovables y la avalancha de inversiones ESG que empezaba a emerger en las carteras de capital. 

Este diezmo petrolífero, que no exige pasar por aduana alguna, irrumpe cada vez que el mercado percibe riesgos reales de interrupción en el suministro. A modo de sabotajes a infraestructuras, tensiones geopolíticas o, como ocurre ahora, por el cierre casi hermético de un corredor naval de especial valor estratégico como el Estrecho de Ormuz, chokepoint que separa Irán de Omán y conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. De apenas 21 millas náuticas de anchura es un punto neurálgico por el que circulan a diario entre 18 y 20 millones de barriles de crudo, la quinta parte del consumo global. Toda perturbación por ese paso crea volatilidad energética inmediata.

Desde el inicio de la guerra, el Brent –de referencia en Europa– oscila en torno a la barrera de los 100 dólares por barril. Las jornadas que se asienta por debajo, los expertos del sector lo achacan a entregas de cargas de petroleros parias –la mayoría rusos, bajo bandera de conveniencia– que vagan por los mares en busca del mejor postor para colocar barriles siberianos sometidos a los topes de 60 dólares impuestos por el G7. Aunque ahora, estos límites acaban de ser liberados por EEUU. A instancias de la Administración Trump, que teme desabastecimientos y escaladas del barril que impulsen la inflación e impidan bajar tipos como exige desde hace un año a la Fed. A media semana, con la intensificación de los ataques, el crudo tocó los 119 dólares.

El nerviosismo se instala en la Casa Blanca

De hecho, el líder MAGA, acaba de aprobar una exención temporal de 60 días de la Ley Jones, la normativa marítima vigente en EEUU desde 1920 y que obliga a que el transporte de mercancías entre puertos estadounidenses se realice en barcos construidos y registrados con pasaporte de EEUU. La medida permitirá a buques con bandera extranjera transportar petróleo, gas y otros productos energéticos dentro del país. Con la finalidad de reducir costes de transporte y frenar la subida de los combustibles, que ya empieza a retroalimentar un IPC que, por otro lado, nunca ha estado a raya, por debajo del 2%. Según fuentes oficiosas americanas, el cierre de Ormuz ha blanqueado –permitido actos de piratería petrolera–alrededor de 15 millones de barriles diarios y acrecentado las tensiones energéticas globales.

No por casualidad, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha calificado la disrupción actual como la mayor en la historia del oro negro. El galón de gasolina en EEUU ha remontado un 22% desde el inicio de las hostilidades en Irán, hasta superar los 3,70 dólares. El gran temor de Trump es que estos precios colapsen la actividad industrial y retraigan el consumo. Bancos de inversión como JP Morgan no descartan que el barril se eleve a los alteres de los 200 dólares si Ormuz perpetúa su cierre.

Que el shock energético empieza a tomar forma y que su evolución no gusta precisamente a la Casa Blanca se revela en un informe del Consejo Nacional de Comercio que dirige Peter Navarro, uno de los más fieles delfines trumpistas, donde se sostiene que el riesgo vinculado a la guerra en la región ha añadido históricamente entre 5 y 15 dólares por barril a su precio comercial. En sus cálculos, el conflicto contra Irán ha llevado el crudo a una primera escala de subidas del 21%, cota que coincide el consenso del mercado sobre el montante del impuesto revolucionario que se ha exigido esta semana.

JP Morgan lo cifra ente el 15% y el 20%. Sin resquicios para el optimismo. Porque lo estipula así pese a que productores como Arabia Saudí logren desviar sus flujos por su oleoducto East-West y embarcarlo a través del Mar Rojo, aduciendo que esta canalización solo puede transportar un caudal de entre 3 y 4 millones de barriles diarios, muy por debajo de los cargos de la ruta Ormuz. Por si fuera poco Teherán ha declarado objetivo militar a los centros logísticos y de servicios que apoyan al portaaviones estadounidense Gerald R. Ford, que transita por el Mar Rojo. Entre otros, el oleoducto saudí. Pero incluso sin ataques iraníes, este enclave marítimo, avisa David Oxley, economista en Capital Economics, “no era precisamente un bastión de estabilidad geopolítica” sin la presencia de la armada americana.

Según estimaciones de JPMorgan, incluso con estos desvíos por oleoducto, persistiría una prima de riesgo de entre el 15% y el 20%. Ormuz es más trascendental que el Mar Rojo. Las previsiones de este banco de inversión son de un calibre bastante más pronunciado que el impuesto que se exigió los años que precedieron y sucedieron al colapso crediticio de 2008, estipulado en el 12%.

Eso sí, con un barril que marcó su cota histórica, en los 147,50 dólares, en julio de ese año, justo tres meses antes de la quiebra de Lehman Brothers. Justificado, entonces, por la amenaza de los ataques yihadistas a instalaciones pérsicas. Y, por supuesto, por encima de la cuota, algo menor, por casus belli, que fue añadida durante la invasión de Kuwait en 1990 o de Irak en 2003, en las que el petróleo tocó techos que se moderaron una vez las cadenas de suministro superaron sus disrupciones.

Primas extraordinarias por travesías marítimas

Pero el conflicto armado actual presenta otra factura de riesgo adicional, la del transporte naval. La prima marítima es el seguro –en este caso, de nuevo, por amenaza bélica– que los buques se deciden a pagar como cobertura de sus hojas de ruta. La aseguradora Lloyd’s of London calcula que este war risk insurance ha pasado de significar aproximadamente el 0,25% del valor de cada barco mercante al 1,5%. Por travesía. En términos financieros, este salto es enorme. Porque para un superpetrolero valorado en 100 millones de dólares, el seguro ha pasado de un coste de unos 250.000 dólares –montante previo a la guerra– a alrededor de 1,5 millones por viaje. Y en ciertos desplazamientos de especial peligro, los brokers marítimos estiman aumentos del 1000%.

El Golfo Pérsico ha reconfigurado su calificación en los cuadros de mando de las aseguradoras. Ahora, se la declara zona de guerra marítima, lo que implica renegociar pólizas con frecuencia –en ocasiones, cada semana– por el incremento del riesgo financiero de armadores y compañías de seguros. Por supuesto, este encarecimiento se traslada inmediatamente al precio del crudo y, por ende, a los ingresos de los hogares y a las cuentas de resultados de las empresas.

A ello se suma el pánico a los fletes. Las tarifas diarias de los superpetroleros VLCC, capaces de transportar 2 millones de barriles, han alcanzado casi 800.000 dólares al día, aproximadamente cuatro veces más que antes del conflicto. Y en algunos cargamentos por el Golfo, su transporte puede añadir una penalización de más de 20 dólares por barril, un coste equivalente a una cuarta parte del precio del crudo. El 20% de sus 100 dólares actuales. “Son niveles de terror”, empiezan a admitir analistas del sector, porque la tarifa del seguro “no es el único problema”, sino que se une la “disponibilidad, cada vez menor, de barcos dispuestos a cruzar estas latitudes”.

Las citas surgen de un informe de S&P Global Commodity Insights que resumen con crudeza el panorama: “conseguir una cobertura es una cosa; atravesar el Estrecho de Ormuz es otra muy distinta”. Numerosos capitanes y armadores han decidido simplemente evitar el área por motivo de seguridad de la tripulación. El daño colateral ha sido fulminante. El estrangulamiento logístico ha llevado a que el tránsito marítimo haya caído drásticamente. Solo 47 buques lo realizaron en las dos primeras semanas de conflicto.

Reducción del tráfico naval, retención de buques y, por supuesto, interrupciones más o menos parciales de exportaciones energéticas. Impulsadas, además, por unas intervenciones armadas que han puesto en el punto de mira iraní instalaciones petrolíferas y de gas en territorio de los emiratos y Arabia Saudí y, en el caso de los ejércitos americano e israelí, contra la isla de Jark, estratégica para el negocio de crudo de Teherán, o contra el yacimiento de gas más importante del mundo, de copropiedad irano-catarí.

Las autoridades monetarias, en alerta

Pero hay, además, más efectos secundarios. La decena de bancos centrales que se han reunido esta semana han aplicado una política de prudencia. Solo el australiano ha encarecido el precio del dinero. El resto, han optado por esperar hasta ver el grado de importación inflacionista que recala en sus economías a través del barril de crudo y de los nuevos cheques del gas, que se ha instalado por encima de los 50 dólares y ha llegado a superar los 70.

Para más inri, desde Goldman Sachs se advierte de que una prolongación sine die del conflicto o superior a un mes- podría dar lugar a una escalada energética de calado de los combustibles refinados –diésel, queroseno o diésel– porque “dependen de crudos pesados del Golfo difíciles de sustituir”. En algunas regiones asiáticas, sus precios ya se han duplicado. No por casualidad, más del 80% del petróleo que atraviesa Ormuz se dirige a China, India, Japón y Corea del Sur. A lo que hay que unir que el enclave del Pérsico es una arteria también esencial del comercio de fertilizantes, productos petroquímicos o helio industrial.

En todos estos destinos, la doble prima –energética y marítima– se traduce en inflación galopante y presión sobre las balanzas comerciales. Pero también genera nuevas encrucijadas monetarias a sus bancos centrales. En general, el fantasma de la estanflación –estancamiento económico y precios disparados– es el escenario que los bancos emisores nunca desean abordar.

El conflicto iraní ha llegado a instalar en el mercado la idea de una transformación internacional del negocio asegurador. Así lo cree Andrew Westlake, socio del despacho Kennedys. A su juicio, la guerra abre la puerta a una ola potencial de reclamaciones por violencia geopolítica, daños a infraestructuras y pérdidas comerciales en el Golfo. A raíz de reclamaciones multimillonarias por pólizas de daños a activos privados. “Y abrir un frente legal entre armadores y fletadores”, si los buques quedan atrapados meses al activarse las cláusulas por caída de ingresos y detención del buque. O incluso por pérdida total si la retención supera los plazos previstos en las pólizas.