Decenas de activistas de Greenpeace procedentes de 17 países treparon a uno de los edificios de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas y descolgaron una pancarta gigante con el lema “Guerras, pobreza, crisis climática: quemar el gas roba nuestro futuro”. “Exigimos un futuro en el que todo el mundo tenga acceso a una energía segura, limpia y renovable”, resume la organización en redes sociales.⁣

La protesta se produce este miércoles en la víspera de una cumbre de líderes comunitarios en la capital belga, en la que debatirán el incremento del precio de la energía y la dependencia de Europa de los combustibles fósiles, en un contexto de aumento de las facturas energéticas y tras un verano marcado por graves catástrofes climáticas en todo el continente, explicó la ONG en un comunicado.

Greenpeace Bélgica ha publicado recientemente nuevas estimaciones, según las cuales el aumento de los precios de la energía ha supuesto un coste adicional de 61.500 millones de euros para los hogares de la UE entre marzo y agosto, en comparación con los mismos meses de 2021, lo que supone, de media, 50 euros más al mes por hogar en la UE.

El activista de la organización ecologista Thomas Gelin dijo a EFE que la acción iba encaminada a que los legisladores comunitarios “protejan a los hogares europeos del incremento de los precios de la energía” y a que, más a largo plazo, desarrollen una hoja de ruta para que se vaya eliminando progresivamente el gas en el bloque para 2035.

“Y contar con una política de seguridad energética basada en una transición total hacia las energías renovables, y no limitarse a buscar nuevos proveedores de gas por todo el mundo, como se está haciendo actualmente”, apostilló.

Gelin dejó claro que, a corto plazo, se necesita un plan de emergencia para “ayudar a los hogares que tienen dificultades para pagar estas facturas cada vez más elevadas”.

“Pero la solución a largo plazo consiste en apostar decididamente por las energías renovables, para dejar de cometer el mismo error una y otra vez de limitarse a buscar más gas en distintos lugares del mundo. Cuando vemos eso, lo que ocurre es que acabamos teniendo otra crisis energética cada dos años”, consideró.

Así, indicó que llevan tiempo solicitando estas medidas a representantes de la Comisión Europea y a eurodiputados, aunque saben que “hay otras entidades, en particular grupos de presión del petróleo y el gas, que se esfuerzan mucho por impedir que esta transición se lleve a cabo”.

En paralelo, activistas de Extinction Rebellion Bélgica y otros colectivos se reunieron en la plaza de Luxemburgo, frente a la sede de la Eurocámara, donde el grupo de protesta Red Rebels llevó a cabo una actuación que simbolizaba la pérdida y la destrucción provocadas por la crisis climática derivada del uso de combustibles fósiles, señaló Greenpeace.

Responsables de Extinction Rebellion desplegaron, asimismo, una gran pancarta en el interior del Parlamento Europeo en la que se leía “El gas mata”, aseguró la organización.

La plataforma vecinal contraria a la planta de gas propano del barrio realejero de La Cruz Santa, en el Norte de Tenerife, ha recabado ya 6.150 firmas que se oponen a esta instalación que consideran peligrosa y contaminante en plena apuesta (supuesta) por las energías alternativas. La cifra se conoció en una reunión que celebró este sábado una entidad vecinal que surge tras descartarse esta instalación de Disa para otra zona de este municipio del Valle de La Orotava, en La Zamora, y que, como en ese caso, cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos del ayuntamiento (PP, PSOE y CC), sin que eso haya frenado al Gobierno regional para ir dando los pasos necesarios hasta conceder la autorización y publicar el proyecto en el Boletín Oficial de Canarias el pasado día 2 de este mes. 

A pesar de que estos vecinos han obtenido un apoyo popular creciente y muestras de solidaridad a modo de vídeos en redes sociales de residentes de La Cruz Santa que sienten como un atentado las obras y el proyecto comenzado, no disimulan su resignación y casi impotencia porque consideran que la iniciativa no se va a frenar y van a convivir con una planta que creen que les hará perder claramente calidad de vida y, sobre todo, seguridad.  

En este punto, llaman la atención sobre lo que consideran una contradicción del Gobierno regional: mientras respalda la planta, concede los permisos necesarios y publica las resoluciones en el BOC, uno de sus vicepresidentes, el exalcalde realejero Manuel Domínguez (PP), anima a los vecinos y al propio Ayuntamiento a recurrir las decisiones de su Ejecutivo. Una paradoja que resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que los permisos dependen de una consejería de su propio partido, la de Transición Ecológica y Energía, dirigida por el palmero Mariano Hernández Zapata. Así lo expresó Domínguez en una reciente entrevista en Radio Realejos, la emisora municipal que conoce bien.

Los vecinos, sin embargo, continuarán con su lucha, seguirán recabando firmas de apoyo y exponiendo sus profundos reparos a una instalación que consideran no sólo peligrosa, sino un sinsentido en plena época de energías limpias, por más que el Ejecutivo y la empresa la presenten como imprescindible para paliar un posible cero energético en las circunstancias actuales. 

El pasado viernes 2 de octubre, el BOC recogió ocho anuncios sobre esta planta de gas propano, lo que sentó fatal a los vecinos que integran la plataforma y demuestra la determinación del Gobierno canario y, en concreto, de la parte del PP de mantener este proyecto en Los Realejos pese al rechazo unánime en el Ayuntamiento realejero (con mayoría absoluta de los conservadores, pero que incluso han respaldado mociones contrarias del PSOE). 

Resignación intensificada tras los anuncios en el Boletín

Este impulso al proyecto intensificó esa resignación en la plataforma sobre las opciones de revertirlo, incertidumbre sobre el futuro del barrio y esta parte del municipio e indignación por el hecho de que la Comunidad no escuche a los residentes contrarios y, sobre todo, a un pleno local unánimemente en contra. Para estos afectados y los críticos del gas propano, la solución no debería pasar, en ningún caso, por una “megainstalación con ocho torres de diez metros de altura, alimentada por cientos de metros cúbicos de propano, un combustible fósil altamente inflamable”.

Además, recalcan que “las emisiones de óxidos de nitrógeno de una instalación de generación térmica son contaminantes atmosféricos que pueden contribuir a la formación de otros compuestos perjudiciales. Y nosotros vivimos en un valle donde la atmósfera no tiene fronteras. Tenemos nuestra conocida panza de burro, que cubre con frecuencia el Valle de La Orotava. Igual que la calima nos trae polvo desde África, la contaminación atmosférica tampoco entiende de municipios ni de fronteras”, subrayan. Por eso, preguntan por qué “se va poner en peligro la calidad del aire, nuestros cultivos y nuestro precioso Valle para instalar una central de combustible fósil junto a nuestras casas”.

Asimismo, recalcan que “es hora de demostrar que no todo vale. Con nuestra salud y medio de vida no se juega. No se puede poner en peligro la seguridad de todo un valle donde vivimos miles de personas (unas 110.000, más la población flotante turística) para favorecer los intereses de una empresa energética. Y no entendemos que, al tomar esta decisión, ni siquiera se haya tenido suficientemente en cuenta la situación de los vecinos, del IES Cruz Santa y del CEIP Mencey Bentor, situados a muy pocos metros de la instalación. ¿Dónde queda la protección de los vecinos?”.

La reforma que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2023 para hacer menos volátil el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada de la luz, y reducir su dependencia de las oscilaciones horarias del mercado mayorista de electricidad, está mitigando parte del impacto de los costes disparados del denominado pool, impulsados por el fuerte encarecimiento del gas en los mercados internacionales a causa del enquistamiento del conflicto en Irán.

El fuerte incremento del recibo que están sufriendo los consumidores en PVPC, unos 8 millones de suministros, acabará trasladándose a los consumidores en mercado libre, cuyas tarifas suelen revisarse anualmente, y que a la larga suele ser más caro. En la tarifa regulada, el golpe podría haber sido aún peor de no ser por el impacto del denominado “término de ajuste de Mercados a Plazo”, que está funcionando como un descuento para los consumidores en PVPC gracias a esa reforma, que dio mayor peso a los contratos a futuro.

El ajuste se determina hora a hora a partir de la diferencia entre el pool y el precio de una cesta de futuros de OMIP. Es positivo (el consumidor paga más) si el precio de los futuros supera al del pool eléctrico, y negativo cuando es inferior, como viene ocurriendo desde el verano. En los últimos meses, la cotización del gas y, en consecuencia, el mercado mayorista de la luz, se ha disparado a medida que el pasado verano se desvanecieron las expectativas de una resolución del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel que permitiera reabrir el tránsito de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz.

En septiembre, ese ajuste en el PVPC ya tuvo un impacto relevante en la tarifa regulada y en lo que llevamos de octubre está marcando niveles récord, en un momento en el que el mercado mayorista de electricidad ha superado los 200 euros/MWh por primera vez desde junio de 2022 (ocurrió el pasado lunes). Mientras, los precios futuros de la electricidad ya están en niveles superiores a los 90 euros por megavatio hora (MWh) también para el año 2027.

Según estimaciones de elDiario.es a partir de los datos horarios que publica Red Eléctrica de España (REE), desde septiembre ese ajuste horario en el PVPC se ha situado en una media de -54 euros/MWh. El mes pasado fue, de media, de -51 euros (el día 28 llegó a superar un récord de -102 euros/MWh) y en lo que llevamos de octubre alcanza ya los -68 euros/MWh. El ahorro horario obtenido en el coste de la energía con este ajuste desde septiembre ha sido de cerca del 29%. En octubre supera el 30%.

Ese mecanismo explica que en septiembre, por primera vez en la historia, y en momentos muy puntuales de algunos fines de semana (cuando la demanda de electricidad es mucho menor, y en horas solares con precios mayoristas muy bajos), el término de facturación de energía activa del PVPC (el coste de la energía) llegase a ser negativo. Eso equivale a que al consumidor encender la luz le saliera a devolver, aunque al coste de la energía se le suman otros conceptos, como los peajes y cargos (que pagan el coste de las redes o las primas de las renovables más antiguas) y los impuestos. El mes pasado, ese coste fue negativo en momentos puntuales (17 horas) los días 5, 6, 26 y 27 de septiembre.

Como explicaba recientemente en un post en su LinkedIn el experto en electricidad José Luis Sancha, profesor de la Universidad de Comillas, ese ajuste negativo en el PVPC ha sido “creciente” desde febrero. La tendencia ha culminado en agosto, septiembre y octubre, con valores negativos en todas las horas del día, y cada vez más elevados.

Pese a ello, y de acuerdo con las estimaciones de Facua, la factura promedio de un usuario tipo en PVPC —con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales— se disparó en septiembre un 28% interanual, hasta 104,31 euros, la más alta en cuatro años. La subida habría sido mayor sin esa reforma para hacer esta tarifa menos volátil. El contexto actual, resume Javier Colón, fundador de la consultora Neuro Energía, “está parando un poco la sangría”, pero tiene doble filo: “Como ahora están subiendo los futuros, cuando empiece a bajar el pool pasará al revés”, advierte.

Esta modificación del PVPC dio carpetazo al sistema de precios horarios totalmente dependientes del pool que se implantó en 2014, que como señal de precio era imbatible, pero dejaba al consumidor acogido a esta tarifa (la que tienen que contratar los vulnerables con el bono social) plenamente expuesto a los vaivenes diarios del mercado mayorista, en un sistema único en Europa.

Ese esquema lo implantó el Gobierno de Mariano Rajoy, con Alberto Nadal, actual gurú económico de Alberto Núñez Feijóo, como secretario de Estado de Energía, tras fulminar la antigua Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz, que se calculaba con unas subastas trimestrales (Cesur), anuladas a finales de 2013 por sospechas de manipulación de este mercado.

La reforma del PVPC que el Gobierno de Sánchez aprobó en junio de 2023 introdujo de forma paulatina (a partir de 2024) esas referencias a futuro y está plenamente en vigor desde enero. Ahora los mercados a plazo tienen un peso del 55% en esta tarifa y el mercado diario, del 45% restante. En esa cesta de referencias a largo plazo, los futuros anuales tienen un peso del 54%; los trimestrales, del 36% y los mensuales, del 10%.

La reforma fue una exigencia de la Comisión Europea a cambio de autorizar la denominada excepción ibérica, que España y Portugal consiguieron aplicar tras la invasión de Ucrania para evitar el contagio al recibo de la luz de los disparatados precios de esa materia prima, que en marzo de 2022 llegaron a superar ampliamente los 500 euros/MWh. Calificada de “timo” por el PP, y aprobada pese a la fuerte contestación de las eléctricas, la solución ibérica ahorró más de 5.000 millones a los consumidores españoles, el equivalente a unos 209 euros por hogar, y con un efecto redistributivo para las rentas más bajas.

Gas disparado

El mayor peso de los futuros en el PVPC está mitigando en parte el impacto de la fuerte subida del gas en el mercado mayorista eléctrico, que se contagia del precio de esa materia prima cuando no hay suficiente producción renovable para cubrir todo el consumo. En septiembre, con las reservas de gas en Europa todavía en el 71,54%, casi 11 puntos menos que un año antes, la cotización del gas en la UE alcanzó máximos desde finales de 2022. La referencia ibérica Mibgas se situó en 77,56 euros por megavatio hora (MWh), un 25,4% más que el mes anterior y un 143,5% por encima de septiembre de 2025.

Los almacenamientos europeos de gas, con capacidad para unos cuatro meses de consumo, están todavía en el 72,6%, según datos de Gas Infraestructure Europe. Siguen lejos del objetivo de 80% de llenado al comienzo de la temporada invernal. El escenario que se atisba es que Europa tendrá que competir con Asia para traer gas natural licuado (GNL) en barco y pasar el invierno sin agotar reservas, con España mejor preparada que ningún otro país de la UE gracias a su red de regasificadoras.

Como consecuencia de la subida del gas, el mercado mayorista eléctrico marcó en septiembre la media mensual más alta desde junio de 2022, con 143,26 euros/megavatio hora (MWh), un 21,1% más que en agosto y un 134,7% por encima de septiembre de 2025. En octubre, la media ya supera los 152 euros.

En septiembre, la demanda eléctrica “real” aumentó un 14,46% y se situó un 12,89% por encima del promedio de los últimos cinco años, según estimaciones del grupo ASE, que en su último informe mensual destaca que la generación de los ciclos combinados (gas natural) creció un 33,8% interanual, mientras que la eólica cayó un 17,7%.

A esa fuerte subida del pool se suman los denominados costes del sistema, que ASE cifra provisionalmente en 25,37 euros/MWh en septiembre (ligeramente por debajo de agosto) y que incluyen los denominados servicios de ajuste para resolver congestiones de la red y la llamada operación reforzada que Red Eléctrica aplica desde el apagón peninsular del 28 de abril de 2025.

REE cifra el coste de esa operación reforzada en “menos de 275 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026, lo que supone 2 céntimos al día para un usuario sujeto a PVPC con un consumo medio mensual de 300 kWh”.

Los combustibles fósiles vuelven a invocar a Jeff Curry y su teoría, que caló en los mentideros económicos y bursátiles de todo el mundo en el otoño de 2021 –el que precedió a la guerra de Ucrania–, en la que alertaba de que la vieja economía del petróleo y del gas volvía a ejercer su dominio sobre otro nuevo ciclo de negocios. Uno más. Ininterrumpidamente desde comienzos del siglo XX. Curry era entonces estratega jefe de Goldman Sachs, firma que dejó para asumir un cargo ejecutivo en el fondo de inversión Carlyle.

Aquella fue la primera oleada de un colapso energético en toda regla que ya se saldó con escaladas de precios y encarecimiento del dinero. Sin embargo, aquella fue originada por una ruptura abrupta del crudo circulante y agravada por el elenco de sanciones a Rusia, centradas en sus exportaciones de petróleo y gas y en el veto a realizar pagos en dólares, la moneda de cambio incuestionable en los mercados de la energía. Ahora, en su segunda versión, no existe ni problema de oferta –podría inundarse otra vez de crudo el mercado– ni cuellos de botella en la demanda, dada la creciente necesidad de los centros de datos de alimentar con todo tipo de combustibles su voracidad competitiva de la IA. Incluso con reactores nucleares. 

En consecuencia, el oro negro, símbolo de la monarquía fósil, oscila en torno a los triples dígitos. Sin que haya visos de que los petroestados del Golfo, productores como Rusia, EEUU o Brasil y mucho menos el poderoso cártel de la OPEP+ vayan a cortar sus espitas. Tampoco de que un hipotético aterrizaje más o menos forzoso de las economías globales –descartada en el horizonte cercano por las instituciones multilaterales y la banca privada– vaya a coartar los flujos petrolíferos.

Sin embargo, el barril vuelve a mandar. Por la ausencia de acuerdo en torno a Ormuz, bajo el doble control iraní y estadounidense, para impedir que opere el peaje de tránsito de Teherán y por el colapso de Ban el-Mandeb, que ha sellado el Mar Rojo hacia el Canal de Suez, obstruyendo dos de las arterias navales más utilizadas por petroleros y metaneros. Pero también por el ataque al oleoducto saudí East-West, la escapatoria de Riad para eludir Ormuz, por parte de los rebeldes yemeníes y las refinerías rusas inutilizadas por drones ucranianos.

Todo ello ha generado una paradoja casi surrealista. No falta petróleo ni gas, pero la factura de la electricidad rezuma y la inflación retorna a máximos del bienio 2023. Y el temor a que su fantasma reaparezca con fuerza y alargue la recién iniciada senda de tipos de interés altos hasta contraer las rentas familiares por el paulatino encarecimiento de hipotecas, ha retornado al subconsciente colectivo de los hogares y de las empresas, muy en especial de las pymes, que temen una fase de vacas flacas crediticias.

Los carburantes se disparan

Un buen termómetro de situación es el diésel. Porque la gran obstrucción energética se descubre ahora en el refino. Motivo de que la plana mayor de las energéticas españolas hayan puesto el grito en el cielo en varios foros recientes del sector por la carencia inversora en estas instalaciones, debido a la propensión a adquirir combustibles elaborados baratos del exterior.

El gasóleo ha contagiado el pánico por Europa a un desabastecimiento o, en el mejor de los casos, a tener que sufragar un diésel caro. El precio medio del litro de diésel en la UE ha superado los 2,226 euros y, en España, los 2 euros tras una escalada del 40% desde el inicio de la guerra en Irán. Con EEUU amenazando con no enviar más cargueros al viejo continente para tratar de aplicar paños calientes a su también desmesurado gasto en las gasolineras. Para lo cual se acaba de convocar en el Despacho Oval una cita lobista de la industria petrolera americana para prohibir la exportación de diésel y movilizar el voto republicano en las midterms. Por supuesto con el beneplácito del Grand Old Party (GOP), informa Financial Times.

De esta reunión salió una ocurrencia de lo más grotesca. Chris Wright, el zar energético de Trump, ha pedido a Europa --en concreto, a Alemania y Francia-- que los socios de la UE liberen 120 millones de barriles de diésel de sus stocks durante seis meses --un tercio de sus existencias-- en un intento de aumentar la oferta global y aliviar los precios. Francesco Sassi, profesor en la Universidad de Oslo, advierte de que una interrupción del diésel americano a Europa “provocaría suministros más caros con costes adicionales a familias y empresas” y que la medida “obligaría a los gobiernos de la Unión a emplear más escudos sociales” sobre los carburantes. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, también rechazó la propuesta, aduciendo que todavía hay un tercio de las reservas globales de emergencia para colocar en el mercado.

Las próximas entregas de diésel se han encarecido en un 120% de su valor respecto a febrero. La UE y Asia, con meses de subsidios a la energía y cada vez más protestas sociales son, una vez más, las cabezas de turco de la tensión energética por el voltaje geopolítico en Oriente Próximo.

¿Crisis energética o solo vientos huracanados?

Puede que aún no se pueda proclamar que haya otro energy-crunch como en 2022. Pero suscita pocas dudas entre los expertos que Europa vivirá un otoño y un invierno con riesgos de que se interrumpan bruscamente los envíos de gas licuado y diésel estadounidenses y de que su mostrada capacidad de almacenaje abra grietas de consumo y de producción. Por mucho que los traders del sector barajen desde hace semanas rutas navales alternativas que garanticen el flujo del petróleo y del gas. El mercado energético --recitan algunos—“cada vez se parece más a una red de carreteras en la que existen desvíos, pero con menos itinerarios despejados”.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) ha emitido una de las señales más reveladoras de este escenario. Los inventarios mundiales de petróleo han disminuido en 507 millones de barriles desde febrero, a un ritmo medio de 2,8 millones diarios. Sólo en agosto cayeron otros 95 millones. Mientras la oferta mundial se redujo ese mes en 1,6 millones de barriles al día y en más de 10 millones de barriles si se comparara con la capacidad plena de los productores del Golfo de colocar crudo en el mercado. Toda una revelación de que aún existe un excedente fuera de servicio por los riesgos de seguridad. Pero, por encima de todo, la constatación de que el petróleo no revela síntomas de agotamiento, sino que exhibe una brecha entre las tensiones geopolíticas y el equilibrio económico.

McKinsey Global Institute lo explica en términos comerciales. Dos tercios de los flujos energéticos mundiales atraviesan estrechos marítimos estratégicos y el 95% de la población global vive en regiones que dependen de sus importaciones de carburantes. La economía ha resistido hasta ahora gracias a inventarios, cambios de proveedores, rutas alternativas y capacidad excedentaria. “Pero resiliencia —alertan— no significa inmunidad”, aunque explica que esta crisis es la primera que no necesita generar colas en las gasolineras, como en los años setenta o, en menor medida, en décadas recientes, porque puede manifestarse de forma más silenciosa, con un barril por encima de los 100 dólares que impulsa la inflación al alza, propulsa los tipos de interés que hacen más caras las hipotecas y reducen el consumo y, en consecuencia, provocan rémoras de crecimiento y empleo. 

Es como si la energía entrara en las economías familiares por las visitas a las gasolineras y terminar recorriendo todas las habitaciones del hogar. En septiembre, el euríbor ha alcanzado al 3,25% en España. Porque Europa es aún muy sensible a este mecanismo de la Vieja Economía. Los socios de la Unión siguen adquiriendo buena parte de los hidrocarburos que consume. Entre otros motivos, porque conserva una industria intensiva en energía y afronta este nuevo shock con un dinamismo modesto y unas finanzas públicas menos holgadas que en la Gran Pandemia. Y la oligarquía petrolífera global es maestra en impulsar subidas sostenidas del petróleo y el gas, como enfatiza Curry, y en propiciar transferencias de rentas desde consumidores y empresas a firmas de energía.

A su favor, sorprendentemente, también juega un inesperado impulso de la actividad económica. En EEUU y en el Viejo Continente —incluido Reino Unido— el ritmo del primer semestre supera las expectativas privadas y la confianza empresarial augura otro trimestre, el tercero, de dinamismo creciente. Factor que aleja a todas las potencias industrializadas, prácticamente, de la temida estanflación. La inflación de la zona del euro ha escalado hasta el 3,8% en septiembre, seis décimas más que en agosto, y la cota más alta en tres años. Con datos del 3,3% en Alemania, del 3,4% en Francia, del 4,1% en Italia y del 4,9% en España. La inflación de las cuatro mayores economías de la divisa europea lejos del 2% del límite estatutario que gobierna el BCE.

Otoño caliente, invierno helado

El mes de septiembre ha encendido el carburador inflacionista y vuelve a añadir presión a Fráncfort para que decrete al menos otra subida de tipos antes de que finalice 2026. El consenso del mercado también se decanta por uno o, incluso, dos movimientos alcistas de la Reserva Federal en el último tramo del año.

Aunque todo está en el aire. Porque, pese a que hubiera bandera blanca en Ormuz y se superara el desacuerdo entre Washington e Irán para otro alto el fuego con tregua naval antes de las elecciones de medio mandato en EEUU quedaría sin resolver la obstrucción en los flujos de los productos de refino. La gasolina, el queroseno y, sobre todo, el diésel, mantienen un 50% menos de buques a flote por las dificultades para movilizar cargas de estos carburantes. En gran medida, porque una decena de refinerías del Pérsico fueron atacadas al inicio de la contienda bélica contra Irán y todavía no están a pleno rendimiento. 

Si el shock energético fuera más intenso y persistente y se transmitiera con mayor fuerza a salarios y precios internos, la inflación de la eurozona podría llegar al 5,4% en 2027, mientras el dinamismo del PIB retrocedería al 0,4%. No es la previsión central del BCE, sino su escenario severo. Pero no es descabellada su predicción sin un horizonte inflacionista despejado. De modo que la autoridad monetaria se enfrenta a una coyuntura que simultáneamente sube precios y resta vigor al PIB.

En EEUU, el panorama no es mucho más alentador. Su economía sigue revelando resistencia, lo que permite a la Fed dedicarse a combatir los precios. Pero el cóctel de petróleo caro, actividad resistente y expectativas de IPC persistentes, aunque más moderadas en agosto de lo previsto, siguen dando alas a la rentabilidad de los bonos y, en consecuencia, dejan en perspectiva una senda de dinero excesivamente caro.

Rob Kaplan, vicepresidente de Goldman Sachs y expresidente de la Reserva Federal de Dallas, observa ya una economía americana a dos velocidades. Mientras la inversión en IA y defensa continúa avanzando con enorme fuerza, sectores especialmente sensibles al precio del dinero, como la vivienda o el automóvil, acusan mucho más el endurecimiento financiero. “El shock energético amenaza con recetar más tratamiento de choque, que empieza a tener efectos secundarios sobre el consumo”, avisa. Aunque este factor de la demanda interna se ha mostrado vigoroso en agosto. Al igual que la productividad asociada a la IA, que ha generado 4 décimas al PIB cada trimestre de este año, convienen en calcular varios estudios recientes.

Mientras Seema Shah, estratega jefe de Principal Asset Management, detecta nubarrones sobre los beneficios empresariales con tipos al alza si las billonarias inversiones en IA --en especial, de las bigtechs– empiezan a generar dudas e insuflan volatilidad. A escasos días del inicio de la campaña de resultados del tercer trimestre. Shah llama la atención del binomio tecnología-IA. Porque el desenfreno por crear centros de datos, adquirir chips y asegurar capacidades eléctricas reivindica cantidades extraordinarias de capital y los llamados hiperescaladores (Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft y Oracle) podrían emitir más de un billón de dólares de deuda adicional en los próximos años para financiar esa expansión.

Greg Peters, codirector de PGIM, tilda de histórico el volumen de deuda que llega al mercado. Y no solo desde las tecnológicas; también desde compañías que están readaptando sus emisiones para captar inversores. De modo que la IA promete, por un lado, abaratar costes y aumentar la productividad futura, pero, por otro, sus entramados exigen, en la actualidad y a priori, capital y energía a raudales; precisamente, cuando ambos se encarecen sin remedio.

La publicación, durante este viernes 2 de octubre, de ocho anuncios en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) sobre la planta de gas propano para el barrio de La Cruz Santa, en Los Realejos (en el norte de Tenerife), ha sentado como una patada en el estómago a los vecinos de este núcleo y otros que rechazan esta instalación.

Según recalca a Canarias Ahora la presidenta de la plataforma contraria a la planta de gas, Carmen Luisa González, esta se divide, en realidad, en ocho nuevas instalaciones de baterías de una opción energética que no sólo no consideran sostenible, sino contradictoria con la lucha contra el cambio climático, sucia, peligrosa y contraproducente, aunque su objetivo pase por paliar eventuales ceros energéticos o apagones parciales en la Isla.

Los anuncios en el BOC confirman la determinación del Gobierno canario y, en concreto, de la parte del PP de mantener este proyecto en Los Realejos pese al rechazo unánime en el Ayuntamiento realejero (con mayoría absoluta de los conservadores, pero que incluso han respaldado mociones contrarias del PSOE). Este impulso al proyecto ha creado resignación en la plataforma sobre las opciones de revertirlo, incertidumbre sobre el futuro del barrio y esta parte del municipio e indignación por el hecho de que la Comunidad no escuche a los residentes contrarios y, sobre todo, a un pleno local unánimemente en contra.

Según subrayan en una reacción instantánea en redes sociales tras la decisión, el pasado 28 de septiembre, de impulsar este proyecto, la plataforma censura con dureza que la única solución para contrarrestar un apagón en Tenerife con una “megainstalación con ocho torres de diez metros de altura, alimentada por cientos de metros cúbicos de propano, un combustible fósil altamente inflamable”. Los vecinos critican duramente al consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata (PP), del que aseguran que “está condenando a los crusanteros a soportar los impactos de una instalación de estas características sobre nuestro entorno y nuestra salud”.

En este sentido, subrayan que “las emisiones de óxidos de nitrógeno de una instalación de generación térmica son contaminantes atmosféricos que pueden contribuir a la formación de otros compuestos perjudiciales. Y nosotros vivimos en un valle donde la atmósfera no tiene fronteras. Tenemos nuestra conocida panza de burro, que cubre con frecuencia el Valle de La Orotava. Igual que la calima nos trae polvo desde África, la contaminación atmosférica tampoco entiende de municipios ni de fronteras”, subrayan. Por eso, preguntan por qué “se va poner en peligro la calidad del aire, nuestros cultivos y nuestro precioso Valle para instalar una central de combustible fósil junto a nuestras casas”.

“Con nuestra salud y nuestro medio de vida no se juega”

Para la plataforma, “es hora de demostrar que no todo vale. Con nuestra salud y medio de vida no se juega. No se puede poner en peligro la seguridad de todo un valle donde vivimos miles de personas (unas 110.000, más la población flotante turística) para favorecer los intereses de una empresa energética. Y no entendemos que, al tomar esta decisión, ni siquiera se haya tenido suficientemente en cuenta la situación de los vecinos, del IES Cruz Santa y del CEIP Mencey Bentor, situados a muy pocos metros de la instalación. ¿Dónde queda la protección de los vecinos?”.

Los vecinos recuerdan que, “el pasado martes 22 de septiembre, durante su intervención en el Parlamento de Canarias, la diputada Alicia Vanoostende (PSOE) le planteó al consejero las reivindicaciones de nuestra plataforma. El señor Zapata respondió que actuaría movido por la preocupación y respeto hacia la posición de los vecinos y el Ayuntamiento y que tenía que compatibilizar dos obligaciones: proteger a los vecinos y garantizar el suministro eléctrico. Pero nosotros nos preguntamos: ¿qué ironía es esta? ¿Cómo puede un consejero de Transición Ecológica decir que quiere proteger a los vecinos y, al mismo tiempo, autorizar una planta de propano, combustible fósil altamente inflamable, a escasos metros de nuestras viviendas? ¿Cómo puede hablar de respetar la preocupación de los vecinos cuando precisamente los vecinos le estamos diciendo que no queremos esta instalación?”.

Asimismo, consideran muy llamativo que el consejero reconociera que “la planta de Sampol, alimentada con gasóleo y que hace apenas cuatro meses se levantó junto a las instalaciones de uno de los Mercadona con mayor afluencia de público de la Isla, sólo se ha conectado unas 20 horas, aproximadamente un 1% del tiempo. Y, ahora, se decide autorizar muy cerca otra instalación de generación de emergencia, esta vez alimentada con propano. Pensamos que una inversión de alrededor de 28 millones de euros para una instalación concebida como de emergencia, cuyo promotor cobraría desde el minuto 1 aunque no estuviera funcionando, merece una reflexión: ¿realmente necesitamos seguir invirtiendo decenas de millones en nuevas instalaciones fósiles de emergencia? ¿No existen otras soluciones? ¿No podemos utilizar almacenamiento energético, baterías y otras tecnologías limpias para garantizar el suministro sin colocar nuevas instalaciones de combustibles fósiles junto a nuestras viviendas?”, se cuestionan.

Rechazo unánime del pleno local

La postura de la plataforma coincide con la postura unánime y en contra del pleno municipal de Los Realejos del pasado 24 de septiembre. De hecho, una propuesta de los vecinos y otra del PSOE (apoyada previamente en comisión por el PP, con la abstención de CC) fueron debatidas conjuntamente y se consensuó un texto único consensuado que fue aprobado por todos como moción institucional.

Un rechazo calcado al que se produjo cuando se propuso esta planta para La Zamora, barrio también realejero. El alcalde, Adolfo González, recalcó que el polígono industrial La Gañanía ya acoge una planta así y no cree justo que Los Realejos “deba acoger otra más habiendo 31 municipios en toda la Isla”.

El Ayuntamiento de Los Realejos “reconoce la necesidad de garantizar el suministro eléctrico en Tenerife, pero considera que esa necesidad debe atenderse mediante soluciones y emplazamientos compatibles con la protección de las personas y del territorio”. Su acuerdo, como el anterior, lo remitió al Gobierno de Canarias y su consejería de Transición Ecológica y Energía y Dirección General de Energía, al Cabildo de Tenerife, así como al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico “como parte financiadora del proyecto”, y a Disa Generación, “como peticionario y titular del proyecto, solicitando que reconsideren el mismo, para que no sea declarado de interés general y se paralice su implantación y para que no obtenga financiación pública al no contar con apoyo institucional ni social”.

El Gobierno prorrogará este martes las rebajas fiscales en la gasolina y el gasóleo hasta finales de diciembre, a través de un recorte en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que supondrá un alivio de 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre, pero con una cláusula de salvaguarda que permitirá elevar su cuantía en caso de que los precios del petróleo sigan disparados.

El borrador del Real Decreto-Ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, al que ha tenido acceso elDiario.es y que el Consejo de Ministros aprobará este martes, también apuesta por limitar la tarifa del gas y del butano coincidiendo con la llegada del invierno, a la vista de que los precios del gas de referencia en Europa se han disparado en las últimas semanas y ya más que duplican el coste previo a la guerra en Irán.

La norma vuelve a intervenir la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, a la que están acogidos más de 3 millones de consumidores. Para evitar “un aumento de la TUR superior al 45 por ciento respecto de la tarifa vigente desde el 1 de julio”, se introduce un mecanismo similar al que estuvo vigente entre finales de 2021 y junio de 2024 para limitar las subidas de la tarifa regulada del gas, limitando la componente relacionada con el coste de la materia prima a un 35% para el último trimestre de este año y a un 15% para los siguientes.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha confirmado en declaraciones a los medios, a su llegada al Consejo Europeo de Energía de Dublín, ese tope a la TUR, que supondrá que “en vez de subir ese 49% se quede en un 15%”. Aagesen ha confirmado también que se vuelve a limitar temporalmente el precio del butano como ocurrió tras la invasión de Ucrania: hasta el 30 de junio de 2027, no podrá superar el precio máximo establecido en la resolución de mayo de 2022. Para la bombona de 12,5 kg, el límite será de 19,55 € por envase en Península.

También se establece un mecanismo para recuperar temporalmente el IVA del 10% sobre electricidad y determinados combustibles, y vuelve a rebajarse el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5% si el IPC energético supera el umbral del 15%.

El decreto introduce nuevas obligaciones relativas al control de la tensión eléctrica, clave en el apagón de 2025. Se modifica el real decreto 413/2014 para que las instalaciones renovables tengan una participación más activa en el control de tensión, de forma que se incorpore como una capacidad operativa más exigible a energías limpias, en lugar de descansar principalmente en generación convencional.

Ante “la imperiosa necesidad de reforzar los mecanismos de control y disuasión en un contexto de extraordinaria volatilidad de los mercados energéticos”, se endurece el régimen sancionador de la Ley de Hidrocarburos al duplicarse la cuantía máxima de las multas, hasta 60 millones para las infracciones “muy graves”, 30 millones para las “graves” y 1,2 millones para las “leves”. Además, el borrador introduce un nuevo régimen sancionador para los combustibles sostenibles de aviación.

Asimismo, se establece una obligación extraordinaria de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. Y se da más capacidad a la Corporación de Reservas Estratégicas (CORES) para decidir dónde se liberan las reservas estratégicas de petróleo en una situación de escasez.

Además, se endurece y concreta el régimen de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) y se abre “excepcionalmente” el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) a inversiones de los propios ministerios para ahorro y eficiencia energética.

El borrador también encarga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la elaboración de dos estudios sobre la evolución de los precios de la energía y los alimentos, prestando especial atención a la formación de precios, la competencia y la traslación de las ayudas a los consumidores, en el caso de luz o carburantes, y analizando la cadena de valor alimentaria, especialmente la repercusión de los costes de energía y fertilizantes sobre los precios finales.

La Fiscalia demana cinc anys de presó per un presumpte delicte de desordres públics contra 11 activistes de Greenpeace per una protesta celebrada contra un vaixell de gas al Port de Sagunt el 26 d’octubre de 2021. Es tracta d’un “judici històric”, previst per al pròxim 23 de setembre davant de la plaça número 8 de la Secció Penal del Tribunal d’Instància de València, una vista oral que comptarà amb observadors independents d’Amnistia Internacional, ateses les implicacions del cas en relació amb el dret a la protesta, segons ha anunciat l’organització ecologista.

L’escrit del Ministeri Públic, al qual ha tingut accés elDiario.es, reconeix que els fets van ocórrer “en el marc d’una protesta sobre protecció del medi ambient”, encara que apunta que els ecologistes es van manifestar “a consciència” de la “gravetat” de l’acció, que va consistir a bloquejar durant gran part de la jornada l’accés al port del vaixell de gas Merchant, procedent dels EUA i carregat amb 138.000 metres cúbics de gas extret mitjançant la tècnica del fracking.

L’acusació pública relata que els activistes van arriar del vaixell Esperanza, pertanyent a Greenpeace, quatre llanxes pneumàtiques semirígides que es van aproximar al Merchant, “entorpint la navegació d’aquest”, i van fer dues pintades reivindicatives al vaixell metaner.

Les patrulleres del Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil van intentar, sense èxit, “evitar o minimitzar l’acció”. Per la seua banda, el vaixell de Greenpeace va aprofitar la conjuntura per a fondejar a l’interior del Port de Sagunt per a entorpir l’entrada del metaner.

Un activista es va encadenar a una de les àncores de l’Esperanza, “obligant el vaixell de càrrega Merchant a avortar la maniobra d’accés al Port i a dirigir-se de nou a fondeig”. Al seu torn, les quatre llanxes de l’organització ecologista van aconseguir accedir a la dàrsena.

El Ministeri Fiscal sosté que el capità del vaixell Esperanza es va negar a complir les ordres de les patrulleres de l’Institut Armat. Poc després del migdia, dos agents de la Guàrdia Civil van irrompre en la cabina de comandament i van reiterar les ordres al capità, que va fer “de nou cas omís”.

Més de cinc hores després, amb autorització de la Capitania Marítima de València, efectius del Grup de Reserva i Seguretat (GRS), la unitat d’elit de la Guàrdia Civil, van abordar el vaixell i, davant de la negativa del capità, “es va procedir a la fractura de la porta” del pont de comandament i, després de la presa del control de l’embarcació, al seu atracament mitjançant remolcadors al Port de Sagunt.

El vaixell metaner, després de l’acció de desobediència civil, va poder atracar finalment a les 23.35 hores. “Els fets relatats van ser duts a terme pels acusats en el marc d’una protesta sobre protecció del medi ambient, amb acord previ i amb coneixement de la perillositat de les maniobres executades, i van ocasionar la inoperativitat del moll de la planta de regasificació del port durant hores”, conclou l’acusació pública, que demana una indemnització de 39.542 euros en concepte de responsabilitat civil.

L’escrit de la defensa, al qual també ha tingut accés aquest diari, argumenta que es tractava d’una “acció de protesta pacífica” sense més intenció que l’exercici del dret constitucional de manifestació. Els activistes de Greenpeace —“entitat reconeguda a tot el món per la seua defensa de la pau i el medi ambient”— es van limitar a expressar la seua “disconformitat amb l’activitat que realitzen aquest tipus de vaixells”.

La defensa, que sol·licita la lliure absolució dels acusats, al·lega que els fets relatats pel Ministeri Públic “no són constitutius de delicte”.

La protesta no va causar “cap perill”, segons Greenpeace

A més, recorda que l’únic detingut per la Guàrdia Civil va ser el capità del vaixell, mentre que la resta d’activistes, procedents de huit països, van tornar al vaixell Esperanza sense ser arrestats.

“En conseqüència, decau el relat de l’acusació respecte al fet que els integrants de les tripulacions de les llanxes Zodiac que es trobaven en les proximitats del vaixell metaner Merchant dugueren a terme cap activitat que s’emmarcara fora del seu únic objectiu, que era cridar l’atenció sobre el subministrament de substàncies que incideixen greument en la producció del canvi climàtic”, afirma l’escrit.

D’altra banda, la defensa recorda que no es va produir “cap incident” ni “situació de tensió” o de “confrontació” entre els activistes i els uniformats de la Guàrdia Civil.

“La conducta dels acusats des de les seues embarcacions Zodiac en cap moment va causar cap perill, ni va interferir gens en les activitats del Port de Sagunt, limitant-se únicament a exercir el seu dret de manifestació”, apunta.

Un judici “insòlit i preocupant”

Greenpeace considera que es tracta d’“un dels judicis més insòlits i preocupants que es recorden en la història recent dels moviments socials” en defensa del medi ambient. I això que, des de 2020, fins a 30 activistes s’han vist embolicats en procediments penals a Espanya vinculats a protestes pacífiques.

L’organització ecologista ha convocat la vespra del judici una roda de premsa al trencaglaç Arctic Sunrise, al Port de València, i un acte amb mitja dotzena de relators de l’ONU en suport als activistes acusats.

La Fiscalía pide cinco años de prisión por un presunto delito de desórdenes públicos contra 11 activistas de Greenpeace por una protesta celebrada contra un barco gasero en el Puerto de Sagunt el 26 de octubre de 2021. Se trata de un “juicio histórico”, previsto el próximo 23 de septiembre ante la Plaza número 8 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de València, una vista oral que contará con observadores independientes de Amnistía Internacional, dadas las implicaciones del caso en relación con el derecho a la protesta, según ha anunciado la organización ecologista.

El escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso elDiario.es, reconoce que los hechos acaecieron “en el marco de una protesta sobre protección del medio ambiente”, aunque apostilla que los ecologistas se manifestaron “a sabiendas” de la “gravedad” de la acción, que consistió en bloquear durante gran parte de la jornada el acceso al puerto del buque gasero Merchant, proveniente de EEUU y cargado con 138.000 metros cúbicos de gas extraído mediante la técnica del fracking.

La acusación pública relata que los activistas arriaron del buque Esperanza, perteneciente a Greenpeace, cuatro lanchas neumáticas semirrígidas que se aproximaron al Merchant, “entorpeciendo la navegación del mismo”, y realizaron dos pintadas reivindicativas en el barco gasero.

Las patrulleras del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil intentaron, sin éxito, “evitar o minimizar la acción”. Por su parte, el buque de Greenpeace aprovechó la coyuntura para fondear en el interior del Puerto de Sagunt para entorpecer la entrada del gasero.

Un activista se encadenó a una de las anclas del Esperanza, “obligando al carguero Merchant a abortar la maniobra de acceso al Puerto y dirigirse de nuevo a fondeo”. A su vez, las cuatro lanchas de la organización ecologista consiguieron acceder a la dársena.

El Ministerio Fiscal sostiene que el capitán del buque Esperanza se negó a cumplir las órdenes de las patrulleras del Instituto Armado. Poco después del mediodía, dos agentes de la Guardia Civil irrumpieron en la cabina de mando y reiteraron las órdenes al capitán, que hizo “de nuevo caso omiso”.

Más de cinco horas después, con autorización de la Capitanía Marítima de València, efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la unidad de élite de la Guardia Civil, abordaron el barco y, ante la negativa del capitán, “se procedió a la fractura de la puerta” del puente de mando y, tras la toma del control de la embarcación, a su atraque mediante remolcadores en el Puerto de Sagunt.

El buque gasero, tras la acción de desobediencia civil, pudo atracar finalmente a las 23.35. “Los hechos relatados fueron llevados a cabo por los acusados en el marco de una protesta sobre protección del medio ambiente, con previo acuerdo y con conocimiento de la peligrosidad de las maniobras ejecutadas y ocasionaron la inoperatividad del muelle de la planta de regasificación del puerto durante horas”, concluye la acusación pública, que pide una indemnización de 39.542 euros en materia de responsabilidad civil.

El escrito de la defensa, al que también ha tenido acceso este diario, argumenta que se trataba de una “acción de protesta pacífica” sin más intención que el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación. Los activistas de Greenpeace —“entidad reconocida en todo el mundo por su defensa de la paz y el medio ambiente”— se limitaron a expresar su “disconformidad con la actividad que realizan este tipo de buques”.

La defensa, que solicita la libre absolución de los acusados, alega que los hechos relatados por el Ministerio Público “no son constitutivos de delito”.

La protesta no causó “ningún peligro”, según Greenpeace

Además, recuerda que el único detenido por la Guardia Civil fue el capitán del barco, mientras que el resto de activistas, provenientes de ocho países, regresaron al buque Esperanza sin ser arrestados.

“En consecuencia, decae el relato de la acusación respecto a que los integrantes de las tripulaciones de las lanchas Zodiac que se encontraban en las proximidades del buque metanero Merchant realizaran ninguna actividad que se encuadrara fuera de su único objetivo, que era llamar la atención sobre el suministro de sustancias que inciden gravemente en la producción del cambio climático”, afirma el escrito.

Por otro lado, la defensa recuerda que no se produjo “incidente alguno” ni “situación de tensión” o de “confrontación” entre los activistas y los uniformados de la Guardia Civil.

“La conducta de los acusados desde sus embarcaciones Zodiac en ningún momento causó ningún peligro, ni interfirió para nada en las actividades del puerto de Sagunto, limitándose única y exclusivamente a ejercer su derecho de manifestación”, apostilla.

Un juicio “insólito y preocupante”

Greenpeace considera que se trata de “uno de los juicios más insólitos y preocupantes que se recuerdan en la historia reciente de los movimientos sociales” en defensa del medio ambiente. Y eso que, desde 2020, hasta 30 activistas se han visto envueltos en procedimientos penales en España vinculados a protestas pacíficas.

La organización ecologista ha convocado la víspera del juicio una rueda de prensa en el rompehielos Arctic Sunrise, en el Puerto de València, y un evento con media decena de relatores de la ONU en apoyo a los activistas acusados.

Nuevo lunes de escalada de los precios energéticos. El precio del petróleo brent para entrega en noviembre sube el 2,6% y alcanza de nuevo los 107 dólares, mientras el mercado sigue pendiente de las tensiones en Oriente Medio. Por su parte, el gas de referencia en Europa, el TTF, sube casi un 5% hasta los 83 euros/MWh, nuevo máximo desde finales de 2022.

A las 7 horas de este lunes, el crudo brent, el de referencia en Europa, sube ese 2,6% en el mercado de futuros de Londres, hasta los 107,30 dólares, aunque durante esta madrugada ha llegado a tocar los 108,49 dólares, informa la agencia EFE.

El precio del crudo ha iniciado la semana al alza, después del respiro del pasado viernes, que registró una importante caída del 2,81%, pero tras cinco sesiones consecutivas de ascensos en las que se superó de nuevo la barrera psicológica de los 100 dólares el barril. El viernes el precio del crudo llegó de hecho a tocar los 109,97 dólares –máximo desde mediados de mayo–.

El retroceso del cierre de la semana pasada coincidió con el anuncio de Irán de convocar para este lunes una reunión con ocho estados ribereños del Golfo Pérsico para abordar el establecimiento de rutas seguras de navegación en el estrecho de Ormuz.

Hace semanas, el Gobierno iraní informó de un acuerdo con Omán para crear un corredor de tránsito marítimo en el estrecho gestionado por ambos países, aunque la medida aún no se ha aplicado.

No obstante, la citada reunión prevista para hoy entre Irán y varias naciones del Golfo Pérsico ha sido aplazada, según ha publicado el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, en una publicación en X.

El gas rompe un nuevo máximos desde 2022

El gas de referencia en Europa, el TTF, inicia la semana con un importante ascenso, de casi un 5%, hasta alcanzar los 83 euros/MWh. Se trata de un nuevo máximo desde finales de 2022, en plena crisis energética por la guerra en Ucrania.

Si el pasado agosto, en vísperas de la cuesta de septiembre más dura desde el inicio deon conflicto en Ucrania, el temor era que el TTF superase los 70 dólares, esa barrera ya ha quedado superada en septiembre, ante la falta de expectativas para una reapertura duradera del estrecho de Ormuz, las dificultades para normalizar la producción de gas natural licuado (GNL) y unos niveles de almacenamiento en Europa muy inferiores a los habituales.

La bombona de butano sube un 5% hasta los 19 euros

Por su parte, el precio máximo de venta al público de la bombona de butano de 12,5 kilogramos subirá a partir de mañana hasta los 18,84 euros, un 4,96 % más que el precio fijado en la última revisión, según ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La subida de esta última revisión tiene en cuenta la reducción temporal del Impuesto de Hidrocarburos que establece el Real Decreto-ley 18/2026 a partir del 1 de septiembre, de 11,25 euros/t.

A esta medida, explican fuentes del Ministerio de para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se añade un ascenso de la cotización de las materias primas (8,24%), un aumento del coste de los fletes (10,27%), y la apreciación del euro frente al dólar (7,1%). Todo ello, en el contexto energético internacional marcado por las tensiones en Oriente Medio.

Dicha revisión del precio de la bombona de butano, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones. En el caso de no haberse aplicado el límite del 5% al alza o a la baja en la revisión bimestral ni la medida fiscal, el precio máximo habría ascendido a 18,89 euros, informa EFE.

Esto implica, explican las mismas fuentes, que se ha generado un déficit que tendrá que recuperase en sucesivas revisiones de la tarifa regulada, dentro del citado margen del 5%.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha rebasado los 105 dólares este jueves, con subidas de hasta el 4% y en niveles máximos desde mayo, mientras que el gas europeo está ya en máximos desde finales de 2022, en el mismo día que el Banco Central Europeo (BCE) ha optado por subir los tipos de interés y mientras las tensiones en Oriente Próximo no se rebajan.

El precio del Brent, que esta semana ha vuelto a superar la barrera de los 100 dólares por barril, ha subido más del 70% este año, aunque se mantiene muy por debajo de los 126 dólares por barril alcanzado en abril.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, ha superado ya barrera de los 100 dólares, con una subida superior al 4%.

La referencia energética más alcista en los últimos meses es el gas europeo, el conocido como TTF, que este jueves sube otro 2,5% y ha llegado a superar los 82 euros por megavatio hora (MW/h), el nivel más alto desde diciembre de 2022, lo que alimenta los temores sobre nuevas subidas de la inflación. Desde el inicio de la guerra en Irán, el TTF acumula ya una subida superior al 155%, según datos recogidos por Bloomberg.

El Consejo de Gobierno del BCE ha optado este jueves por subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, de forma que la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%, citando precisamente los altos precios de la energía como principal motivo.

Se trata de la segunda subida de la tasa de referencia este año tras la acometida en junio, que fue la primera ejecutada por la institución desde septiembre de 2023.

En Oriente Próximo, la guerra no apunta a un final cercano mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emplazado a acabar el conflicto después de las elecciones de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre.

“Creo que la guerra va a terminar justo después de las elecciones porque ya no pueden aguantar más. Están desesperados por intentar influir en las elecciones”, ha afirmado en declaraciones a la prensa antes de participar en la convención republicana celebrada en Dallas, en el estado de Texas.

Washington y Teherán han recrudecido los últimos días los ataques en torno al estrecho de Ormuz, unas acciones militares que van en paralelo con la campaña de sanciones de Estados Unidos destinada a asfixiar la economía iraní y aislarla de los mercados internacionales y el sistema financiero global.

En esta línea, el Ministerio de Exteriores de Irán ha condenado el ataque efectuado recientemente por el Ejército estadounidense contra varios petroleros iraníes en aguas del golfo Pérsico, en medio de las crecientes hostilidades entre ambos países y el estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Igualmente, las autoridades iraníes han defendido los ataques de Irán contra la base militar de Al Azraq, en Jordania, como parte de “su derecho inherente a la legítima defensa” por los ataques previos de Washington y ha incidido en que estas bases “apoyan la agresión de Estados Unidos contra Irán”.

Por otro lado, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha reiterado este jueves sus advertencias a Irán sobre una “poderosa respuesta” a cualquier ataque contra el país y ha manifestado que el golpe que darían las fuerzas israelíes provocaría que el país asiático “retrocediera varias décadas” y viera “aún más desestabilizado al régimen de los ayatolás”

La Bolsa española ha cerrado este miércoles por debajo de los 19.700 puntos al ceder un 1,51%, en su peor sesión desde finales de julio, lastrada por un barril de crudo que ha cotizado durante la sesión por encima de los 101 dólares, en su nivel más alto desde julio, tras los ataques entre Estados Unidos e Irán, que reavivan las presiones inflacionistas en la víspera de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de este jueves.

Al cierre de la sesión, el principal índice del mercado español, el Ibex 35, restó 301,8 puntos, ese 1,51%, lo que le ha hecho volver al nivel de la pasada semana, en los 19.695,3 enteros. De esta manera, el rendimiento del selectivo desde el inicio del año se sitúa con una revalorización del 13,79%.

Los ataques y declaraciones cruzadas entre Washington y Teherán sitúan el precio del barril de brent en los 101,42 dólares, tras subir este miércoles un 3,56%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 96,42 dólares, un 3,60% más.

El crudo Brent llevaba sin superar la barrera de los 100 dólares desde el pasado 24 de julio, aunque sigue lejos de los 126 dólares que llegó a alcanzar al inicio del conflicto.

Por su parte, el gas europeo continúa su espectacular escalada y sube ya casi un 150% desde el inicio de la guerra en Irán. La referencia holandesa, el TTF, ha llegado a superar los 80 dólares el megavatio hora (MW/h) tras dispararse más de un 4% y toca nuevos máximos desde 2023.

Dentro de la tabla de cotizaciones, con tan solo cuatro empresas en terreno positivo, han destacado las caídas del 3,99% y del 3,61% de Amadeus e Inditex, respectivamente, frente a las ganancias de Repsol, que ha liderado los avances con una subida del 1,69%.

La petrolera es con gran diferencia la empresa del Ibex que más se ha revalorizado en 2026, con una subida que ya supera el 91% desde enero. Por su parte, Inditex ha cerrado con una caída del 3,6% tras anunciar un beneficio de 2.980 millones en el primer trimestre y presentar unos resultados récord que sin embargo están por debajo de lo esperado por los analistas.

Los valores que más han caído este miércoles han sido Amadeus (-3,99%), Inditex (-3,61%), Fluidra (-3,45%), ACS (-3,34%), Ferrovial (-2,74%), Aena (-2,74%) y Sacyr (-2,48%).

Del lado contrario, solamente cuatro valores han cerrado la sesión en positivo: Repsol (+1,69%), Endesa (+1,01%), Iberdrola (+0,23%) y Redeia (+0,07%).

El sentimiento negativo ha sido común para el resto de los principales mercados europeos. Londres ha caído un 1,31%; París, un 1,94%; Fráncfort, un 1,66%; y Milán, un 0,58%.

En este contexto, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha escalado al 3,897%, desde el 3,805% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo ha escalado levemente hasta los 45,3 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba levemente frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1629 dólares por cada euro.

El petróleo Brent, de referencia para Europa, ha rondado este martes la barrera psicológica de los 100 dólares por barril, un nivel en el que no cotiza desde el pasado mayo, como consecuencia de la escalada del conflicto bélico en Oriente Próximo. Por su parte, el gas europeo se dispara ya más de un 138% desde el inicio de la guerra en Irán; la principal referencia, el TTF, cotiza este martes por encima de los 75 euros por megavatio hora (MWh), el nivel más alto desde 2023.

El barril de Brent ha llegado a cotizar en la mañana de este martes en 99,4 dólares, mientras las tensiones en Oriente Próximo continúan elevándose con nuevos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra objetivos en territorio de Arabia Saudí, que han dejado al menos 73 heridos, en respuesta a la muerte de al menos siete personas por bombardeos de la coalición liderada por Riad, y tras el bombardeo de petroleros iraníes por parte de Estados Unidos el pasado fin de semana.

Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se sitúa cerca de los 93 dólares por barril, con una subida respecto al lunes del 1,3%, aunque ha llegado a rozar los 95 dólares durante la sesión.

En cualquier caso, el petróleo no es el producto energético que más se ha encarecido desde el inicio de la Guerra de Irán desde que Donald Trump inició el conflicto el pasado 28 de febrero. Desde esa fecha, el crudo de referencia para Europa se ha encarecido cerca del 35%, tanto como lo ha hecho la gasolina en Estados Unidos, según datos de Bloomberg.

En España, el diésel ha subido cerca de un 30% y la gasolina, en torno a un 16%. La peor parte se la lleva el gas europeo, que antes de los ataques ordenados por Donald Trump contra Teherán cotizaba en el entorno de los 30 euros/MWh.

Si el pasado agosto, en vísperas de la cuesta de septiembre más dura desde el inicio de la guerra en Ucrania, el temor era que el TTF superase los 70 dólares, esa barrera ya ha quedado superada en septiembre, ante la falta de expectativas para una reapertura duradera del estrecho de Ormuz, las dificultades para normalizar la producción de gas natural licuado (GNL) y unos niveles de almacenamiento en Europa muy inferiores a los habituales.

El llenado de los depósitos de gas en la UE está todavía en el 66,9% (hace un año rozaba el 80%) y en países como Alemania no alcanza todavía ni el 55%, según datos de Gas Infraestructure Europe. No obstante, el TTF sigue lejos de los disparatados niveles que alcanzó en 2022, tras la invasión de Ucrania, cuando llegó a rondar los 350 euros/MWh, lo que provocó la intervención del mercado eléctrico en España a través de la denominada solución ibérica para evitar el contagio a la factura de la luz.

El repunte del gas añade presión adicional a la competitividad de la industria del bloque comunitario, a la inflación y a la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que previsiblemente subirá un cuarto de punto los tipos de interés, hasta el 2,5%, en su reunión del próximo jueves, con el euríbor (indicador al que se referencian las hipotecas) ya por encima del 3,1%.

La escalada del gas tiene reflejo directo en España en la cotización del mercado mayorista de electricidad, sobre todo en momentos de menor producción de la eólica, que en primavera protegió a los consumidores españoles de las subidas, con un recorte de la factura estimado en unos 10 euros mensuales gracias a las renovables.

Si en agosto el denominado pool eléctrico se situó en una media diaria superior a los 118 euros/MWh, los futuros para el último trimestre del año se sitúan ya por encima de 135 euros/MWh.

En lo que va de septiembre, el precio mayorista de la luz cotiza ya de media por encima de 148,5 euros/MWh, frente a los 50,6 euros de hace un año. Esta subida se traslada en parte de forma directa a la tarifa semirregulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), y en el mercado libre (mayoritario) se va incorporando a medida que vencen los contratos.

La guerra de Estados Unidos contra Irán ha propiciado un sobrecoste de 10.300 millones de dólares (más de 8.800 millones de euros, al cambio actual) en las importaciones de combustibles fósiles de España, que es también el segundo país que más ha ahorrado en su factura energética durante este conflicto (más de 1.750 millones de dólares) gracias a las renovables instaladas desde 2020.

Son estimaciones de un informe que publica este miércoles el Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), laboratorio de ideas (think tank) con sede en Helsinki (Finlandia) que estudia la contaminación atmosférica, sus causas y sus efectos en la salud.

El informe sitúa a España (que apenas produce petróleo ni gas) entre los diez países del mundo que mayor sobrecoste han tenido que pagar en sus importaciones de combustibles fósiles por el encarecimiento de la energía desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el pasado 28 de febrero junto a Israel este conflicto, que mantiene prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, por el que transitaba el 20% del crudo y el gas natural licuado (GNL) que consume el planeta.

Esos 10.300 millones de dólares extra en importaciones equivalen al coste que tendría para la próxima década el sistema antiapagones que autorizó recientemente Bruselas al Gobierno mediante un mecanismo de ayudas de Estado. La cifra convierte a España en el noveno país del mundo que más sobrecoste ha pagado por sus importaciones de hidrocarburos por la guerra de Trump contra Irán, según CREA.

Entre los diez países más afectados están también Países Bajos (con un gasto extra de 13.500 millones de dólares), Italia (12.700 millones) y Francia (11.100 millones), que como España son miembros de la UE, territorio al que Trump impuso en julio de 2025 la compra de energía por importe de 750.000 millones de euros a cambio de suavizar los aranceles que luego le tumbó el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El sobrecoste para los países europeos está en cualquier caso lejos de los tres gigantes económicos que encabezan el ranking, según CREA: China (35.500 millones de dólares más), India (22.500 millones) y Estados Unidos (16.500 millones). El informe, que ha analizado información de 170 países, estima que el conflicto en Irán ha disparado la factura mundial en combustibles fósiles en más de 330.000 millones de dólares extra: unos 283.000 millones de euros, al cambio actual.

El cálculo (unos 55.000 millones al mes), que equivale a todo el PIB de Finlandia, se refiere al sobrecoste respecto a lo que los mercados esperaban pagar antes de la guerra, sin incluir mayores costes de transporte marítimo, seguros de guerra u otros costes. Por eso CREA considera que es una estimación “conservadora”.

El informe señala que este conflicto supone el mayor shock de precios sostenido desde la Guerra del Golfo de 1990. Hace unos días, el Gobierno español esgrimió esta crisis como el argumento central para justificar la prórroga hasta 2030 de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), que previsiblemente va a trastocar el cierre nuclear paulatino hasta 2035 que el Ejecutivo pactó con las eléctricas en 2019, antes de esta crisis, de la pandemia o de la guerra en Ucrania.

El informe de CREA destaca que los países que han aumentado su generación con energías renovables desde 2020 han reducido su exposición al encarecimiento de los combustibles fósiles. Según el think tank, la nueva capacidad instalada desde el año de la gran pandemia ha permitido ahorrar unos 36.000 millones de dólares en importaciones de carbón, gas y petróleo durante los primeros cinco meses de la crisis.

De esa cifra, 10.600 millones corresponden específicamente al ahorro derivado de evitar comprar combustibles a los precios inflados por la guerra. España ocupa la segunda posición, solo por detrás de Italia, que ha logrado evitar más de 1.800 millones en importaciones de carbón, petróleo y gas en estos meses gracias a las energías limpias.

Otro informe publicado en junio por otro think tank europeo, Ember, cifraba en 10 euros mensuales el ahorro estimado en la factura eléctrica de los hogares españoles desde el inicio del conflicto gracias a las renovables.

De esos 330.000 millones de dólares sobrecoste, el crudo concentra prácticamente la mitad que estima CREA: unos 164.000 millones, con un precio medio un 35% superior al previsto antes de la guerra. Pero es en los productos refinados, de los que la población depende para su vida diaria, en los que se han sufrido incrementos mayores.

En el diésel ese sobrecoste ha sido del 59% (unos 74.000 millones de dólares); en la gasolina, del 43% (36.000 millones); y en el combustible para aviación, del 59%, hasta 20.000 millones de dólares. CREA cifra en 38.000 millones el sobrecoste en el GNL, algo mayor en los países del área del Pacífico (75%) que en los de la cuenca Atlántica (60%).

Impacto desigual

El informe recoge que los países de renta baja y media-baja están soportando un coste adicional equivalente al 1% de su PIB de 2024 debido al encarecimiento de los combustibles fósiles, frente al 0,45% en los países de renta alta. Es decir, más del doble en términos relativos. La razón es que tienen menos capacidad para absorber aumentos de precios y, en muchos casos, más dependencia de las importaciones energéticas.

El informe subraya también que la electrificación —especialmente en transporte y calefacción— está reduciendo la demanda de combustibles fósiles. Recuerda que, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el parque mundial de vehículos eléctricos podría sustituir 5 millones de barriles diarios de petróleo en 2030. Esta cantidad equivale al crudo que Arabia Saudí está exportando a través del oleoducto Este-Oeste como alternativa a Ormuz.

Seis meses después del inicio del conflicto, el estratégico estrecho continúa prácticamente cerrado. Ante el estancamiento de las negociaciones, este verano la cotización del petróleo Brent, de referencia para Europa, ha vuelto a superar los 90 dólares por barril. Y el precio del gas de referencia para Europa (conocido como TTF) ya está cerca de los 80 euros por megavatio/hora (MWh), un nivel inédito desde que comenzó esta crisis. En febrero rondaba los 30 euros/MWh.

La escalada del gas está contagiando a la factura eléctrica en España en un verano en el que la aportación de la eólica ha descendido por motivos estacionales, mientras se ha disparado la producción de los ciclos combinados (que queman gas natural), con la demanda al alza por las sucesivas olas de calor y el mayor uso de aparatos de aire acondicionado. Ya en julio los ciclos fueron la segunda fuente de generación de electricidad en España (20% del total), solo por detrás de la fotovoltaica.

La energía ya propició que la inflación se situase en julio en España en el 3,6%, en máximos desde mayo de 2024, con el diésel disparándose más de un 15%, lo que obligó al Gobierno a volver a elevar la rebaja fiscal al diésel hasta los 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos. Este viernes se publicará el avance del IPC de agosto. Servicios de Estudios como el del BBVA han anticipado que podría superar el 4% por el encarecimiento de la energía.

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González (PP), lo sigue teniendo claro: la planta eléctrica de gas pretendida por la compañía Disa en el polígono industrial del municipio, el de La Gañanía, no tiene cabida por su cercanía a los núcleos residenciales de la zona y, por tanto, se topa con el total rechazo del gobierno municipal, que goza de una amplísima mayoría de 15 de los 21 ediles con que cuenta el consistorio. Eso sí, y como el propio mandatario reconoce en declaraciones a Canarias Ahora, poco más que protestar y ejercer el derecho al pataleo le queda a su equipo, “ya que se trata de unas plantas que permite y costea el Ministerio de Transición Ecológica, que es el que le paga a la empresa, el Gobierno regional se ve en la obligación de aceptar lo que viene del Ministerio y la compañía negocia con propietarios privados con terrenos en el polígono, con lo que el ayuntamiento tiene poco que hacer o decir”.

No obstante, el alcalde anuncia que, en el próximo consejo de gobierno, que ya será en septiembre, aprobarán dirigirse al Gobierno central, al regional y a Disa para reiterar que siguen oponiéndose “totalmente” a la creación de esta planta en el polígono industrial realejero, tal y como ya hicieron cuando se pretendió ubicar junto a la carretera general de La Zamora. “Es verdad que, en ese caso, la vivienda más cercana quedaba a apenas unos cinco metros y que ahora se alejan más, pero sigue habiendo rechazo y temor vecinal y este ayuntamiento se opone. Ahora, que se ha creado una plataforma vecinal en contra en La Cruz Santa, ya tenemos el interlocutor que necesitábamos para comunicarnos con los afectados y también les plantearemos en las próximas horas nuestra posición y los pasos que daremos”, explica a este periódico. El pasado domingo, unos 65 vecinos de La Cruz Santa y otros núcleos poblados afectados se reunieron y decidieron constituir una entidad para luchar contra este proyecto.

González admite que el ayuntamiento no cuenta con ninguna parcela o es conocedor de un lugar ideal para ubicar una planta de este tipo, pero insiste en que es el Ministerio el que las ha permitido “con esas características y debe ser el Gobierno central el que se pronuncie sobre esta afección a los vecinos y sobre las posibles soluciones”.

Mientras, desde la consejería regional de Transición Ecológica, que dirige el también conservador Mariano Hernández Zapata, se traslada a Canarias Ahora que la instalación resulta imprescindible por la situación eléctrica actual de la Isla. “Tenerife se encuentra en una situación de emergencia energética. Por este motivo, se están desarrollando diferentes plantas de emergencia, con el objetivo de evitar que se produzcan ceros. Estas instalaciones son de carácter temporal y flexible, usando combustibles menos contaminantes y contando con todas las garantías medioambientales, territoriales y de salud pública”. Según remarcan, “las plantas sólo actuarán en momentos de riesgo de apagón y estarán instaladas hasta que Canarias no se encuentre en situación de emergencia”.

Alegaciones respondidas por la empresa, “procedimiento ordinario”

En cuanto al proceso de alegaciones, y tras las críticas vecinales por el hecho de que les respondiese Disa y no la consejería, señalan que “se trata del procedimiento ordinario. Durante el proceso de autorización administrativa, se ha de exponer a información pública el proyecto para que los ciudadanos puedan alegar. Estas alegaciones siempre se trasladan al promotor del proyecto, siendo el propio promotor el que responde a todas y cada una de ellas, Aparte de esto, desde la consejería se trabaja de manera coordinada junto al Ayuntamiento de Los Realejos”, sostienen.

El proyecto consiste en la creación de una planta de gas para la generación eléctrica con grupos de emergencia de 14,8 megawatios, la llamada planta Tigaiga de Los Realejos (aunque no en el barrio realejero del mismo nombre). El rechazo vecinal surgido por buena parte de los afectados en La Zamora se ha trasladado ahora a residentes que viven a escasos 50 metros, en las casas del Granadillar, a los que se ubican a entre 90 y 190 metros, en las viviendas de El Lagar-El Mocán, y a los que se sitúan a 160 del primer núcleo residencial de La Cruz Santa, uno de los barrios más populosos de Los Realejos.

Según critican los residentes, se trata de una planta con ocho motores generadores y dos depósitos de propano de 300 metros cúbicos cada uno, por lo que alertan de sus posibles impactos ambientales, como la “emisión de gases invernaderos y contaminantes que deterioren la calidad del agua, así como los riesgos de fugas de gas”. También temen “riesgos de incendios y explosiones por el propano, contaminación acústica por los motores y efectos para la calidad de vida de la zona”.

En la respuesta a las alegaciones presentadas por una vecina, la compañía argumenta que la elección del suelo y su ubicación responden “al criterio de mínima afección posible, así como a criterios técnicos tales como la proximidad a infraestructuras eléctricas, la accesibilidad y la seguridad”. Asimismo, subraya que ni el planeamiento insular ni el local impiden su implantación, después de que el PGO local recalificase esa zona de rústica a industrial.

Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC) se ha sumado al rechazo de los vecinos de La Cruz Santa al proyecto de la nueva planta eléctrica promovida por DISA en Los Realejos. La formación considera que la instalación de una nueva central de respaldo alimentada con combustibles fósiles carece de justificación tras los últimos cambios normativos, que reconocen el almacenamiento energético con baterías como una alternativa para garantizar la seguridad del suministro eléctrico en Canarias, y reclama apostar por un modelo basado en las energías renovables, la modernización de las redes y la participación ciudadana.

El secretario insular de Transición Energética de Nueva Canarias - Bloque Canarista (NC-BC) en Tenerife, Jesús Arvelo Hermida, recuerda que la organización ya denunció esta situación cuando el proyecto salió a la luz, advirtiendo de que “no tiene sentido seguir insistiendo en soluciones propias del siglo pasado cuando la realidad tecnológica y normativa ha cambiado de forma evidente”.

Arvelo señaló que la reciente aprobación del Real Decreto-ley 18/2026 supone “un cambio de paradigma” al reconocer el almacenamiento mediante baterías como un recurso válido para garantizar la seguridad del suministro en los sistemas eléctricos insulares, permitiendo cubrir funciones que históricamente se atribuían exclusivamente a las centrales térmicas de emergencia.

“Seguir apostando por nuevas plantas alimentadas con combustibles fósiles mientras existen alternativas más limpias, más eficientes y plenamente reconocidas por la normativa estatal es una decisión difícilmente justificable desde el interés general”, afirmó.

Desde NC-BC también se hacen eco de las advertencias realizadas por la asociación Salto a la Transición Ecológica, que viene defendiendo que los problemas de seguridad del sistema eléctrico de Tenerife no obedecen a una falta de potencia térmica instalada, sino a deficiencias en la planificación de las redes eléctricas y en los protocolos de actuación ante incidencias en la generación.

“Durante años se ha intentado presentar estas infraestructuras como inevitables, pero cada vez existen más evidencias de que el futuro del sistema eléctrico canario pasa por acelerar la implantación de energías renovables, reforzar las redes y desarrollar sistemas de almacenamiento, no por perpetuar la dependencia del gasóleo o del gas”, añadió Arvelo.

Nueva Canarias - Bloque Canarista (NC-BC) considera además que cualquier proyecto de estas características debe contar con la máxima transparencia, información pública y participación ciudadana, especialmente cuando afecta de manera directa a núcleos residenciales consolidados.

“Los vecinos tienen derecho a defender su territorio y a exigir que las administraciones exploren todas las alternativas disponibles antes de imponer una instalación potencialmente contaminante y con importantes afecciones sobre su entorno. Desde NC-BC estaremos al lado de esa reivindicación porque creemos que una transición energética justa no puede hacerse de espaldas a la ciudadanía ni reproduciendo un modelo energético obsoleto.”

La organización concluye reclamando al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al conjunto de administraciones competentes que reevalúen este proyecto a la luz del nuevo marco normativo estatal y de los avances tecnológicos, apostando decididamente por un modelo energético basado en las energías renovables, el almacenamiento y la modernización de las redes eléctricas, en lugar de seguir promoviendo nuevas infraestructuras fósiles.

Un escape de gas ha generado cierta preocupación en Autol. Varios particulares alertaron a SOS Rioja de un posible escape de gas en un edificio de cuatro alturas ubicado en la calle Fuente La Higuera, número 3, de Autol. Desde el Centro de Coordinación Operativa de Emergencias informaron a las Fuerzas de Seguridad y se movilizaron con urgencia a los Bomberos del CEIS Rioja, técnicos de la empresa suministradora de gas y recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras su intervención en el lugar, los bomberos confirmaron la existencia de una fuga de gas en el portal del edificio. Los técnicos localizaron el punto de fuga y precintaron el registro afectado para garantizar la seguridad y evitar nuevas emisiones de gas.

No se han registrado daños personales.

El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes la declaración de interés insular del plan de ordenación y urbanización de la parcela en el polígono industrial de Granadilla para la implantación de instalaciones energéticas destinadas a la producción de hidrógeno verde en la isla, impulsada por la entidad DISA.

El proyecto, según el Cabildo, ha salido adelante por la “unanimidad” del pleno, y supone, a juicio del grupo de gobierno insular (CC y PP), una infraestructura “clave” que simboliza, además, el Primer Proyecto de Interés Insular (PII) en Canarias que integra, simultáneamente, la documentación de ordenación, la ambiental, la de gestión urbanística y la ejecución del proyecto de urbanización, lo que permite la ejecución inmediata de la actuación tras su aprobación como PII.

Este PII persigue “dotar a la isla de Tenerife de suelo estratégico destinado a la implantación de infraestructuras energéticas vinculadas al proceso de transición energética”, consolidando al sistema general insular del Polígono Industrial de Granadilla como uno de los “principales enclaves” para el desarrollo de proyectos vinculados a la sostenibilidad, la innovación y la seguridad del suministro energético de la isla.

“Queda claro que con los Proyectos de Interés Insular sí se agiliza la implantación de actuaciones consideradas estratégicas y de interés insular, dado que la tramitación ordinaria de una actuación como esta podría alargar el procedimiento en torno a unos 10 años de media”, ha indicado la directora insular de Proyectos Estratégicos, Alicia Concepción Leirachá, en su intervención en pleno, que fija el presupuesto de ejecución material de este proyecto en algo más de 3 millones de euros.

La obra de construcción duró cuatro años y la sacudieron fuertes huelgas, la más sonada dos meses antes de la muerte del dictador y que dejó la imagen de dos obreros antifranquistas encaramados a la chimenea más alta de Europa, 356 metros de altura. La central térmica de As Pontes (A Coruña) entró en funcionamiento al año siguiente, hace ahora medio siglo. La quema de carbón cesó en noviembre de 2023. Y Endesa, su actual propietaria, ha demolido este jueves las icónicas cuatro torres de refrigeración, de 99 metros de altura, 84 metros de diámetro en base y 57 en la coronación, con una explosión de 1,2 segundos. Defensores del patrimonio industrial había solicitado repensar el derrumbamiento. Sin éxito.

La central térmica marcó el paisaje social y físico de As Pontes desde la caída del franquismo. La que había sido una pequeña localidad agrícola y ganadera en la comarca de O Eume, en el noroeste gallego, se convirtió en un centro industrial y operario. Seis mil trabajadores llegaron a participar en las obras entre 1972 y 1976, algunos de ellos despedidos de Bazán, en Ferrol, tras las revueltas en las que la policía asesinó a Daniel Niebla y Amador Rey. Las instalaciones producían energía eléctrica a través de la quema de lignito, extraído de la mina en el lugar. A partir de los 90, el combustible comenzó a ser mezcla con carbón importado. La explotación se agotó y la central se alimentó durante lustros de carbón importado.

Fue precisamente el carbón, cuya combustión emite importantes cantidades de CO2 a la atmósfera, la que llevó a organizaciones ecologistas a tildar la central de “fábrica de cambio climático”. Su cierre escalonado -Endesa lo anunció para 2021, fue total a finales de 2023- acabó por confirmar la denuncia de los ambientalistas. Galicia acabó 2024 en mínimos históricos de emisiones de CO2, una caída del 50% respecto del año anterior. El Observatorio Galego de Acción Climática estableció la relación: “El abandono total del carbón y la elevada producción hidroeléctrica son las razones principales de la fuerte merma de las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción eléctrica”.

La plataforma Galiza Sen Gas, que agrupa a Adega, Greenpeace, Ecoloxistas en Acción o al mencionado observatorio, emitió este jueves, coincidiendo con la demolición de las torres, un comunicado en el que calificaba el cierre de As Pontes como “la mayor acción climática en la historia de Galicia”. El comunicado entra en detalles y cifra en 330 millones de toneladas de dióxido de carbono las expulsadas por su chimenea: el equivalente a 20 años de emisiones de gases de efecto invernadero de toda Galicia al ritmo actual. “El fin de la producción eléctrica con carbón, posibilitado por el desarrollo renovable, es la causa principal del descenso del 42,2% en las emisiones brutas de gases de efecto invernadero de nuestra tierra en 2024 respecto a 1990”, señala Galiza Sen Gas. La Xunta suele presumir de ese descenso y se lo atribuye a sus propias políticas, algo que desmienten los datos.

Chipperfield y el patrimonio industrial

Apenas unos días antes de la voladura de las torres de refrigeración, la Unión de Asociaciones para la Defensa y Promoción del Patrimonio Natural y Cultural (conformada por 20 entidades de todo el Estado “comprometidas con la protección y estudio del patrimonio cultural y natural) también se posicionó. ”También el siglo XX forma parte de nuestra historia“, señala, ”los edificios industriales, aunque todavía nos resulten cercanos en el tiempo, son ya testimonios de un pasado que no volverá. Si esperamos a que pasen otros cien años para reconocer su valor, muchos de ellos ya habrán desaparecido“.

La nota concluye que “conservar el patrimonio industrial no significa conservar las chimeneas humeando. Significa conservar la memoria de quienes levantaron el mundo contemporáneo”. La Unión por el Patrimonio no fue la única en manifestarse en ese sentido. ICOMOS España, la Asociación pola Protección do Patrimonio de Galicia (Apatrigal) o el departamento de Historia da Arte de la Universidade de Santiago también solicitaron una paralización cautelar del derrumbamiento para estudiar el conjunto industrial. A la petición se sumó el célebre arquitecto británico David Chipperfield, que reside parte del año en Galicia. No sirvió de nada.

La operación ha generado, según datos difundidos por Endesa, 45.000 toneladas de residuos, sobre todo hormigón, “un 90% revalorizables”. El desamntelamiento de la zona finalizará en 2028.

El Gobierno vasco, a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), ha comprado el 1% del capital social de Enagás. Es una operación ejecutada a través de Indartuz, una herramienta creada con una dotación de 1.000 millones que fue incorporada a los presupuestos de 2026. “Esta adquisición es la primera inversión directa de este vehículo transformacional de la sociedad, constituye una inversión estratégica en un activo fundamental en la autonomía energética y en la seguridad de suministro de energía”, asegura el Ejecutivo en un comunicado.

“Enagás cuenta con una infraestructura crítica para el funcionamiento del sistema energético y para la garantía de suministro en Euskadi. Su papel adquiere una relevancia aún mayor en un contexto de transformación del modelo energético, en el que la compañía está llamada a desempeñar también un rol central en el despliegue de la red troncal de hidrógeno verde y en el corredor europeo H2Med, la iniciativa transeuropea que permitirá conectar la red de transporte de hidrógeno de la Península Ibérica con el noroeste de Europa”, añaden.

Además, “Enagás y el Gobierno vasco lideran, de manera conjunta, el proyecto Hub COnet2”. “Este proyecto será clave para ayudar a descarbonizar sectores industriales difíciles de abatir, en línea con los objetivos europeos de reducción de CO2. Tanto la red troncal de hidrógeno verde, como el proyecto Hub COnet2, son Proyectos de Interés Común (PCI) europeo”, señala el área de Hacienda del Gobierno vasco.

“Desde el punto de vista económico, Enagás reúne las condiciones de un activo sólido, con ingresos regulados y una hoja de ruta clara hacia la transición de la actividad gasística tradicional al hidrógeno verde. El plan estratégico 2025-2030 de la compañía contempla inversiones relevantes, concentradas especialmente en hidrógeno verde y en nuevas infraestructuras energéticas, con el objetivo de adaptarse para preservar el crecimiento en un contexto de cambio hacía vías y actuaciones más sostenibles del sector energético”, justifica el Gobierno vasco.

Los Bomberos de Barcelona confían en que la fuga de gas de la plaza de Sants quede completamente sellada en las próximas horas. Cuando se corte el suministro de gas, la llama que todavía permanece activa se extinguirá por sí sola, según ha explicado el jefe de la intervención, Albert Ventosa.

El mando de los Bomberos ha detallado que, para detener la fuga, es necesario obturar las tuberías que suministran gas y que ya han conseguido hacerlo en tres de los cuatro puntos en los que están trabajando. También ha explicado que su actuación sobre la llama ha consistido en refrigerarla, ya que extinguirla suponía un riesgo “mucho mayor” debido a la posible dispersión del gas. Por su parte, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha afirmado que los ocho heridos evolucionan “positivamente”.

Ventosa ha indicado que están trabajando de forma coordinada con los operarios de la compañía distribuidora de gas para intentar sellar la cuarta y última tubería necesaria para cortar la fuga. “Esta cuarta tubería ha sido más compleja de intervenir”, ha señalado Ventosa, quien ha explicado que requiere un procedimiento mediante un globo que se introduce en el interior. Una vez finalice la actuación sobre esta última tubería, ha dicho, el chorro de fuego se extinguirá por sí solo.

A partir de ese momento, sin embargo, ha avanzado que probablemente todavía no podrán reabrir el acceso. “Hasta que podamos comprobar el estado de la perforadora, de la máquina, ya sin llamas y podamos acercarnos, no veremos en qué condiciones de estabilidad se encuentra”, ha señalado.

El jefe de la intervención ha insistido en que hasta ahora no era posible apagar la llama por motivos de seguridad y ha explicado que el objetivo durante toda la noche ha sido controlar la radiación térmica mediante el aporte de agua, con cinco monitores proyectándola sobre el chorro de fuego para evitar cualquier afectación a las viviendas del entorno. “Era espectacular, pero el riesgo estaba contenido”, ha asegurado.

Por su parte, Batlle ha señalado que las causas de la fuga y de la deflagración deberán esclarecerse posteriormente y que esa responsabilidad corresponderá tanto al Departamento de Territorio como a la empresa constructora.

“Lo que sí podemos decir es que ha habido información y acompañamiento”, ha afirmado el teniente de alcalde, quien ha indicado que las afectaciones a la actividad residencial han sido “muy mínimas”.

Batlle ha reconocido las “molestias” ocasionadas a vecinos y comerciantes y ha señalado que, cuando se produce un incidente de este tipo, todas las partes están “obligadas” a revisar los procedimientos.

“Ya ven que estos tres incidentes, en Sant Gervasi, Vallbona y hoy aquí, están relacionados con obras que ejecutan otras administraciones. Nosotros, como Ayuntamiento, debemos acompañar a las personas afectadas, pero también, en ocasiones, exigir todas las explicaciones y todas las responsabilidades a las administraciones y empresas responsables de estas actuaciones”, ha concluido.

Comercios cerrados

Como consecuencia del incidente, los comercios de la zona permanecen cerrados y el paso de peatones continúa restringido, ya que el área sigue acordonada. Así, los comerciantes del entorno afectado no podrán desarrollar hoy su actividad con normalidad.

Según ha explicado la vicepresidenta de Sants Establiments Units, los únicos establecimientos que no han podido abrir son los situados dentro del perímetro cerrado por los agentes de seguridad en la calle de Sants. También ha explicado que tanto los Bomberos como la Guardia Urbana les han comunicado que, previsiblemente, antes de mañana “todo estará estabilizado” y, por tanto, los establecimientos afectados podrán volver a abrir. “Esperamos que mañana vuelva la normalidad”, ha manifestado.