Venezuela y el fin del imperialismo con rostro liberal

Durante décadas, la narrativa dominante ha presentado a Estados Unidos como la policía benevolente del mundo desarrollado: una potencia siempre dispuesta a intervenir para derrocar dictaduras, proteger la democracia y salvaguardar los llamados valores occidentales. Esta autoimagen fue el resultado del trabajo de muchos arquitectos. El presidente Theodore Roosevelt, a comienzos del siglo XX, desempeñó un papel central en su construcción al sostener que la política exterior estadounidense debía basarse en la imposición de los valores e instituciones norteamericanas, considerados superiores a los de otros países y, en su lenguaje explícito, de otras “razas”. Su sucesor, Woodrow Wilson, profundizó esta lógica con una intensa política intervencionista: bajo su presidencia se produjeron numerosas intervenciones militares en América Latina, justificadas tanto por la Doctrina Monroe —formulada en el siglo XIX— como por la idea de que Estados Unidos tenía una misión moral en el mundo.

La doctrina Monroe ha sido la columna vertebral de la política exterior estadounidense durante más de dos siglos, siempre enmendada e interpretada según el contexto. Solo ha habido dos excepciones destacables: la del presidente Hoover (1929-1933), que llegó a reconocer como un error la política intervencionista en América Latina, y la de Franklin Roosevelt (1933-1945), que se comprometió a la no injerencia militar y elaboró formalmente la Good Neighbor Policy. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, la lógica monroísta se reactivó plenamente en el contexto de la Guerra Fría y de la hegemonía económica estadounidense. A partir de entonces, las intervenciones pasaron a justificarse como defensa del orden liberal internacional, fundiendo en un mismo relato libre mercado, democracia y poder militar. Esa asociación sigue muy presente en el imaginario de amplios sectores de la derecha occidental, especialmente fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, esa narrativa ha sido modificada por el actual presidente Trump, quien se ha deshecho de toda la retórica de libre comercio y neoliberalismo que encapsulaba el antiguo intervencionismo. Como resultado, lo que queda ahora es un descarnado imperialismo que justifica el control de ciertos enclaves geográficos y la apropiación de recursos naturales de todo el mundo únicamente como una cuestión de “seguridad nacional”. Ello no solo rompe con el derecho internacional y las reglas consolidadas tras la II Guerra Mundial, sino que, como ya he subrayado otras veces, es un retorno a las prácticas mercantilistas de los siglos XVI a XIX. En aquel mundo de imperios y consejeros de la corte no existían democracias y, por tanto, tampoco la necesidad de articular coartadas convincentes para justificar un hecho elemental: la acumulación de riqueza se hacía abiertamente a costa de otros, especialmente cuando la ideología dominante los definía como inferiores. La cosmovisión trumpista responde a esta misma lógica.

El contexto, no obstante, importa. Estados Unidos se encuentra en este momento en un repliegue que busca preservar su hegemonía mundial. El gobierno de Trump considera que el neoliberalismo y el orden económico liberal ha sido una trampa: solo habría beneficiado a países como China, que ha pasado de ser el taller del mundo a una potencia tecnológica —y cada vez más, militar—. Una nueva versión de la Doctrina Monroe —llamada ahora Doctrina Donroe— les permite frenar la influencia de China en todo el hemisferio occidental, mientras asegura recursos naturales que necesita para mantener la maquinaria económica en funcionamiento. De hecho, entre las exigencias a Venezuela —previas a la intervención militar— se encontraban el freno a las exportaciones de petróleo a China y la apertura del mercado a las empresas estadounidenses.

El petróleo es naturalmente parte central de esta historia, en tanto es una de las principales fuentes de energía del metabolismo de las sociedades actuales. A diferencia de China, que está desarrollando una inmensa capacidad energética renovable, Estados Unidos mantiene una dependencia estructural muy elevada de los combustibles fósiles. La llamada “shale revolution” de principios de este siglo otorgó a Estados Unidos la capacidad para extraer ingentes nuevas cantidades de petróleo y gas natural del subsuelo, reduciendo su dependencia de la provisión de combustible fósil procedente de Oriente Medio. 

En 2025, Estados Unidos produjo en torno a 13 millones de barriles diarios de petróleo, pero aun así importó más de 6 millones de barriles al día. Aunque una parte de ese crudo se reexporta, estas magnitudes evidencian que la economía estadounidense continúa dependiendo de flujos externos masivos de energía fósil. Esta dependencia no es solo cuantitativa, sino también cualitativa: Estados Unidos produce mayoritariamente petróleo ligero, mientras que su sistema de refino requiere grandes volúmenes de petróleo pesado, procesable únicamente en determinadas instalaciones. El crudo venezolano pertenece precisamente a esta segunda categoría.

Como se sabe, Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Pero su nivel actual de producción es muy limitado, debido tanto a la falta de tecnología y capital como, desde 2017, al impacto de las sanciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos. La producción es tan baja que Trump, evocando la teoría de la tierra de John Locke y los ‘improvers’, considera que es legítimo que las empresas norteamericanas se hagan cargo de las tareas de multiplicar la extracción de combustible. El petróleo en el subsuelo venezolano se convierte, en palabras de Trump, en “nuestro petróleo”. Tiene sentido para un gobierno que considera que América Latina es parte de “nuestro hemisferio”.

Reactivar plenamente la extracción, el refinado y la comercialización del petróleo venezolano llevará años. Pero lo que sí puede hacerse de inmediato es redirigir los volúmenes actualmente producidos hacia Estados Unidos. Eso es lo que se ha anunciado por parte de Trump como una victoria, y que ha alegrado tanto a las refinerías estadounidenses como preocupado a las canadienses. Las empresas canadienses fueron las principales beneficiadas del desplome de importaciones de petróleo pesado venezolano debido a las sanciones, porque ellas también exportan el mismo tipo de combustible; la reversión actual conllevará importantes pérdidas para Canadá. El CEO de Phillips 66, una de las refinerías estadounidenses agraciadas con el nuevo mapa, ha saludado la situación como una “bendición”. Todo ello se ha expresado también en los índices bursátiles —que teóricamente expresan los beneficios futuros—: las empresas de refino de Estados Unidos subieron en bolsa hasta un 10% el mismo día del secuestro de Maduro, mientras las canadienses perdieron hasta un 6%. 

Esto explica por qué Trump reconoció que había avisado a la industria petrolera antes del ataque y la ha mantenido informada en todo momento. Trump no deja de ser un oligarca que gobierna sobre la idea de que, si los negocios de sus amigos van bien, entonces el resto de la economía también lo hará. No olvidemos, por cierto, que el 50% de los beneficios de las empresas de combustibles fósiles termina en manos del 1% más rico de la sociedad estadounidense, como puso de relieve este estudio de Isabella Weber y sus compañeros. No obstante, el conjunto de la población también se beneficiará de los menores precios de la energía para el transporte o la calefacción; algo que la base social del movimiento MAGA agradecerá. Cuando además este petróleo es extraído de la periferia por la fuerza de la coerción militar, lo que tenemos son unas transferencias de riqueza y renta claramente de naturaleza imperialista.

El ataque sobre Venezuela también ofrece otras enseñanzas. La más obvia es que nadie está a salvo, tampoco los países que cuentan con una democracia. Eso ha quedado claro con las nuevas amenazas que Trump ha verbalizado contra Groenlandia (parte de Dinamarca y, por lo tanto, de la UE y OTAN) o Colombia. La nueva doctrina Donroe no se preocupa por la naturaleza de los regímenes políticos, sino únicamente por si son funcionales a las estrategias e intereses de Estados Unidos. Esto obliga necesariamente a una profunda actualización de las ideas liberales en los países democráticos, que tienen la antigua narrativa demasiado atravesada por todo su cuerpo ideológico. Pero lo cierto es que las democracias languidecen en todas partes y nadie está a salvo en este nuevo reparto del mundo entre grandes potencias que anteponen los privilegios de parte de sus poblaciones a cualquier otra consideración política. La confusión que hoy muestra la derecha española, que durante décadas instrumentalizó el caso venezolano como arma de política interna y ahora se encuentra desorientada ante este giro, es un síntoma elocuente de esa crisis intelectual.

La operación militar y el secuestro de Maduro —junto con las muchas víctimas que han pasado desapercibidas— es un laboratorio adelantado del mundo que viene. Un mundo en el que la escasez energética, la competencia geopolítica bajo crisis ecosocial y el agotamiento del relato liberal empujan a las grandes potencias a abandonar cualquier pretensión universalista. Cuando el imperialismo deja de justificarse como defensa de la democracia y pasa a exhibirse como pura razón de fuerza, la pregunta ya no es si estamos ante una regresión histórica, sino si las sociedades democráticas están dispuestas a reconocer —y enfrentar— el vínculo estructural entre el bienestar material del modo de acumulación fósil y la violencia ejercida más allá de sus fronteras.