Planificar el decrecimiento o sufrirlo

Trabaja desde casa y no gastes tiempo conduciendo al trabajo; utiliza el transporte público siempre que puedas; no circules al máximo de velocidad permitida; evita viajar en avión; modera el uso del aire acondicionado; usa la bicicleta o tus propias piernas como medio de transporte… Todas estas medidas forman parte de las demandas habituales del movimiento por el decrecimiento, pero están extraídas de las recomendaciones que la agencia internacional de la energía (IEA, por sus siglas en inglés) ha publicado a raíz de la actual crisis energética provocada tras la guerra en Irán.

Se trata de una irónica convergencia entre un movimiento político ecologista —que postula que la reducción del consumo de energía y recursos naturales es una condición necesaria para que nuestra actividad económica sea sostenible dentro de los límites del planeta— y una organización mainstream fundada hace más de medio siglo —cuyo propósito principal es monitorizar y garantizar la seguridad del flujo de energía que necesitan todas las sociedades contemporáneas—. Aunque los decrecentistas defienden estas medidas como estructurales y piensan en términos ecológicos, mientras que la IEA considera que se trata de arreglos temporales para adaptarse a la crisis actual, no deja de ser un encuentro significativo.

Como ocurrió con el apagón energético en España y Portugal, la actual crisis energética pone de relieve la enorme dependencia que tenemos de flujos de energía y recursos que normalmente son invisibles para nuestros ojos: encendemos las luces y nuestro ordenador, ponemos la calefacción o el aire acondicionado, nos duchamos con agua caliente y llenamos el depósito del coche sin apenas pararnos a pensar en todo lo que hace posible tales acciones. La energía nos rodea, pero nosotros la ignoramos. Por eso solemos despreocuparnos acerca de su suministro: básicamente lo damos por garantizado. De hecho, la mayoría de la población llega a prestar atención solo al precio, no a las cantidades biofísicas (las toneladas de recursos que se necesitan, por ejemplo) o su procedencia. La energía es la caja negra de la economía: un mecanismo esencial del que depende cómo vivimos, pero cuyo funcionamiento permanece opaco para la mayoría.

Lo cierto es que como especie vivimos por encima de lo que el planeta puede aguantar. De acuerdo con el último State of the Global Climate, de la Organización Meteorológica Mundial, en el año 2024 la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó su máximo en dos millones de años. De hecho, el incremento anual en 2024 ha sido el mayor registrado desde 1957, lo que apunta hacia un futuro muy sombrío. Y ello a pesar de que sabemos desde hace casi un siglo cuáles son las principales —y muy negativas— consecuencias de esta terrible senda. Sin embargo, los indicadores mundiales no han dejado de empeorar desde que tuvieron lugar los principales encuentros internacionales del clima —como el que llevó al Protocolo de Kioto, firmado en 1997—. Esto no quiere decir que lo que se haya hecho hasta ahora sea inútil —en absoluto: todo suma y cada décima de temperatura que no suba es una contribución bienvenida—, pero sí que es claramente insuficiente. 

Nuestro sistema económico global sigue descarrilado, y el consecuente ajuste de los parámetros del Sistema-Tierra implica ya unas consecuencias irreversibles para millones de especies… y no menos peligrosas para los humanos. Este horizonte es especialmente difícil para los humanos más pobres dentro de cada sociedad y para aquellos que viven en las regiones más afectadas por el calentamiento global. La crisis ecológica, o crisis ecosocial, es de mucho mayor alcance y profundidad que la crisis energética desatada por la guerra en Irán. Y eso es lo que más sorprende de todo: que el pensamiento mainstream es capaz de proponer soluciones extraordinarias que deberían haber sido incorporadas desde hace mucho tiempo como parte de las medidas cotidianas y normales.

Ahora bien, es fundamental entender que las medidas de reducción de demanda no son socialmente neutras. No es lo mismo pedir teletrabajo a quien tiene un empleo de oficina que a quien trabaja en un almacén o conduce un camión; no es lo mismo recomendar el uso de transporte público a quien vive en una ciudad con red de metro que a quien habita en un pueblo mal conectado de la España vaciada. Si no se tiene en cuenta esta asimetría, el riesgo es evidente: que el ajuste lo paguen quienes menos han contribuido al problema y/o menos recursos tienen para adaptarse. Por eso cualquier programa serio de reducción del consumo material debe llevar integrada una política redistributiva que compense las desigualdades de partida. De lo contrario, el decrecimiento se convertirá en un privilegio de quienes pueden permitírselo y en una condena para el resto.

En todo caso, los gobiernos actuales podrían hacer de la necesidad virtud, y aprovechar la crisis actual para abordar algunos retos fundamentales. Casi la mitad del petróleo que se consume en la Unión Europea procede del transporte por carretera, de modo que las emisiones podrían disminuir enormemente con una intervención drástica en ese sector. Según la IEA, solo con el teletrabajo en aquellos puestos que se lo pueden permitir se reduciría hasta un 6% del consumo total por vehículos; otro 6% podría alcanzarse con una reducción de 10 km/h de la velocidad máxima; otro 3% promoviendo transporte público; y hasta un 8% adicional con medidas como compartir vehículos, conducción más eficiente y revisiones de neumáticos. La IEA está pensando en términos de reducción de consumo de petróleo, para depender menos de las importaciones, pero ello también implica una reducción de las emisiones. Es ahí donde el decrecimiento se encuentra con la seguridad energética.

Por lo general los gobiernos han optado siempre por mirar a las políticas de oferta, como la producción de vehículos eléctricos y los cambios en las fuentes energéticas de las grandes industrias. Esas medidas son necesarias, pero también pueden y deben ir acompañadas de medidas de demanda, como las planteadas en el informe de la IEA. Y aquí los efectos serían mucho más rápidos, pero exigirían igualmente una determinación importante. Por ejemplo, es central que exista una inversión multimillonaria en el transporte público a fin de que sea una alternativa viable al vehículo particular —especialmente a los motores de combustión interna—. Eso ayudaría, por cierto, a evitar los innumerables problemas de calidad del servicio en la red ferroviaria. Hay que diseñar nuevas redes y conexiones, garantizar mayores frecuencias y, sobre todo, priorizar aquellas infraestructuras que muevan mayor volumen de personas. Las inercias juegan en nuestra contra, ya que las geografías urbanas de las ciudades se han diseñado como si la era de los combustibles fósiles fuera a durar para siempre; de modo que adaptar la movilidad a los nuevos tiempos es un reto enorme. 

Los bancos centrales y la Unión Europea “encontraron” fondos suficientes para rescatar bancos durante la crisis financiera de 2008. Algo parecido ocurrió en 2020 cuando el mundo se paralizó a consecuencia de la pandemia, y los gobiernos pusieron en marcha planes de estímulo multimillonarios. Ahora deberíamos hacer exactamente lo mismo, incluso con más razón y urgencia. Pero no solo por la guerra de Irán, sino por la crisis ecosocial que es el telón de fondo. Aunque el decrecimiento quiere decir mucho más que reducción de consumo de energía y recursos naturales, este es precisamente uno de los aspectos que deben abordarse con celeridad. Y esta es una oportunidad inmensa para hacerlo.

En definitiva, las medidas que el pensamiento convencional propone como respuestas de emergencia son el tipo de transformaciones que deberían constituir la normalidad de cualquier política económica responsable. Se trata de reconocer que o gestionamos el descenso del consumo material de forma ordenada, democrática y justa, o serán las propias crisis —energéticas, climáticas, geopolíticas— las que impongan ese ajuste de manera caótica y desigual. El decrecimiento, lejos de ser una utopía ingenua, es sencillamente uno de los nombres políticos que le damos al reconocimiento de los límites físicos del planeta. El metabolismo material de nuestras sociedades tarde o temprano sufrirá una reducción de la energía y de los recursos consumidos, pero el tiempo que tenemos por delante es lo que nos permite decidir cómo y para quiénes serán más intensos esos ajustes.