La contratación de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario. Los controles en la contratación pública habían saltado por los aires, suspendidos por el decreto de alarma cuando fallecían cientos de personas al día en España. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector.

La Fiscalía Anticorrupción lo dejó por escrito: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

Decenas de empresarios lograron un enriquecimiento obsceno, pero legal. 

El Ministerio de Transportes compró de urgencia millones de mascarillas (marzo de 2020) a Soluciones de Gestión, la firma impulsada por Víctor Aldama, el empresario que en aquel tiempo pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción no encontró nada anómalo en este procedimiento, según la querella presentada contra Koldo García, asesor de Ábalos: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

La práctica ilícita en estos contratos que no presentaban “irregularidades significativas” consistió en que el empresario Aldama, según confesó a cambio de salir de prisión por otro caso de corrupción, pagó una comisión ilegal al ministro Ábalos (250.000 euros) y otra a su asesor Koldo García (150.000) por haberle facilitado esos contratos. La investigación judicial no ha encontrado todo ese dinero del soborno.

El Ministerio de Transportes pagó 2,5 euros por cada una de esas mascarillas vendidas por Aldama. Otras administraciones compraron en las mismas fechas el mismo material por casi el triple, más de seis euros. Pero en esos otros contratos, salvo casos contados como el de la Diputación de Almería que todavía se investiga, no hubo pago de mordidas a los responsables públicos que facilitaron la operación. 

Conclusión: las administraciones públicas podían adjudicar contratos millonarios a dedo, beneficiar con ello a familiares o amigos o conocidos de los gobernantes y hacerlo sin concurso previo, sin límite de precio, sin concurrencia de ofertas, y sin acreditar solvencia o experiencia.

Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta, por el doble o el triple, a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

Un amigo de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, que aprovechó la emergencia para ganar un millón de euros en apenas unos días gracias al contrato que logró con la Comunidad de Madrid. El hermano de Ayuso, que conocía el sector y gestionó la compra de mascarillas en China, se llevó 234.000 euros de comisión en esa operación. De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro (seis euros por unidad). Priviet, la empresa del amigo de Díaz Ayuso, compró por 500.000 euros el material que vendió a la consejería madrileña de Sanidad por 1,5 millones.

Un alto responsable de la Fiscalía zanjó así el aparente escándalo: “La avaricia no es delito”. Anticorrupción encontró argumentos suficientes para exculpar a la presidenta madrileña del obsceno negocio de las mascarillas que benefició a su hermano: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas en pandemia intentaron engañar a Hacienda para que su beneficio fuera mayor.

La Agencia Tributaria atribuye a Víctor Aldama un delito fiscal penado con varios años de cárcel. “Utilizó mecanismos defraudatorios para reducir la carga fiscal del ejercicio de 2020”, en el que ganó seis millones de euros por su intermediación en la venta de mascarillas al ministerio de Transportes y otros organismos públicos. Aldama “facturó a través de dos sociedades interpuestas de manera artificiosa la prestación de servicios personalísimos obteniendo un importante ahorro fiscal (...) ascendiendo la cuota defraudada a 2,4 millones de euros”, señala la Agencia Tributaria.

También es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento: seis euros por mascarilla. La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones de euros por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

El comisionista Alberto González Amador, novio de Ayuso, cobró casi dos millones de euros en concepto de comisión —el 4,5% de la operación— por intermediar entre dos empresas españolas en la compraventa de mascarillas durante los peores meses de la pandemia. La operación era impecable desde el punto de vista legal, pero González Amador defraudó al fisco, según reconoció el mismo mucho tiempo después, para ahorrarse 155.000 euros que debería haber pagado por los beneficios que le dejó esa intermediación, según la Agencia Tributaria.

Algunas de esas operaciones fueron investigadas por la Fiscalía Anticorrupción sin hallar motivos para un reproche penal a los dirigentes políticos en el hecho de que hubieran adquirido mascarillas a familiares, amigos o conocidos cuyas empresas en muchos casos carecían de experiencia, solvencia y a unos precios disparatados. Es el caso que afectaría al ministro Ángel Víctor Torres que, como presidente canario, adquirió mascarillas a la trama corrupta que dirigía Víctor Aldama por mediación del asesor ministerial Koldo García sin que la investigación haya detectado el pago de mordidas al dirigente autonómico; o a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que cuando gobernaba en Baleares adquirió en 2020 material sanitario a la misma red delictiva y reclamó en 2023 la devolución de un parte por incumplir el producto entregado las condiciones contratadas.

El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, era alcalde de Valladolid en marzo de 2020 y necesitaba urgentemente mascarillas para su municipio. En abril, Puente informó al pleno que un amigo suyo podía facilitarles cientos de miles de mascarillas a 3,35 euros y consultó al interventor sobre esa operación ante una situación de acuciante necesidad. Pasados varios años, el PP denunció estos hechos, al igual que hizo un particular a través de una querella que los tribunales archivaron debido a la transparencia con la que se llevó a cabo una operación donde no hubo pago de comisiones ilegales a nadie.

En el obsceno negocio de la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, los contratos a dedo eran legales, la avaricia no era delito pero el cohecho impropio, sí.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la absolución de Luis Medina y Alberto Luceño por el delito de estafa, el más grave de cuantos fueron acusados por el denominado 'caso mascarillas' del Ayuntamiento de Madrid. Los jueces de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM han confirmado en su integridad la sentencia de la Audiencia Provincial, que solo condenaba a Luceño por un delito fiscal, en relación con la fraudulenta declaración de los beneficios obtenidos con el pelotazo del material sanitario en plena pandemia, y por otro de falsificación de documento oficial, después de que se le encontraran carnets de las Fuerzas de Seguridad, el CNI y otros documentos confeccionados por él mismo. En total, 3 años y 8 meses de cárcel.

Los jueces de la segunda instancia mantienen la absolución de Luceño y Luis Medina Abascal de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil por los que habían sido acusados en relación con la intermediación en la compra de material sanitario durante la primera fase de la pandemia de la COVID-19. Luceño deberá pagar también 3,5 millones de euros por el delito fiscal e indemnizar a la Agencia Tributaria con 1.351.386,29 euros, correspondientes a la cuota defraudada en el IRPF del ejercicio 2020, más los intereses legales, así como la pérdida del derecho a obtener ayudas públicas y beneficios fiscales durante seis años.

La Sala de lo Civil y Penal ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento de Madrid, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., y las acusaciones populares, y ha confirmado en su integridad la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en el conocido como Caso Mascarillas. La Fiscalía Anticorrupción, que dirige Alejandro Luzón, descartó recurrir la absolución por el delito más grave, el de estafa.

Ahora, el TSJ considera acreditado que Luceño utilizó documentación falsa —entre ella, identificaciones y escritos con apariencia oficial— para fines ajenos a los estrictamente administrativos, y que imputó indebidamente a una sociedad mercantil de nueva creación unos rendimientos profesionales que correspondían a su actividad personal, con el objetivo de reducir de forma ilícita su carga tributaria.

La Sala confirma igualmente la absolución de ambos acusados respecto de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil relacionados con los contratos de suministro de mascarillas, guantes y test de anticuerpos al Ayuntamiento de Madrid, a través de su empresa municipal.

El tribunal concluye que no ha quedado acreditado que existiera engaño penalmente relevante, ni que el eventual desconocimiento de las comisiones percibidas por los intermediarios fuera determinante para la formación de la voluntad contractual de la entidad compradora. La sentencia subraya que las decisiones de compra se adoptaron atendiendo al precio final, las características del producto y las condiciones de entrega, sin que la existencia o cuantía de las comisiones formara parte esencial del consentimiento.

Asimismo, la Sala destaca que no se ha probado que los acusados conocieran de antemano las incidencias posteriores en la calidad de algunos de los suministros, ni que actuaran con ánimo defraudatorio en perjuicio del Ayuntamiento o de la empresa municipal.

En su fundamentación jurídica, el TSJ de Madrid recuerda los límites legales y constitucionales para revocar sentencias absolutorias en segunda instancia, especialmente cuando la pretensión de las acusaciones exige una nueva valoración de pruebas personales practicadas en el juicio oral. La Sala considera que la sentencia de instancia está suficientemente motivada, no es arbitraria ni ilógica y se ajusta a las reglas de la sana crítica.

En consecuencia, el tribunal desestima todos los recursos interpuestos y confirma en su integridad el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, poniendo fin en esta instancia al procedimiento penal derivado del denominado Caso Mascarillas, si bien cabe recurso de casación.

La Fiscalía Anticorrupción ha asumido la absolución de Luis Medina y Alberto Luceño por una estafa al Ayuntamiento de Madrid y no ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial por el delito más grave de cuantos acusaba a los comisionistas. El recurso del Ministerio Público, al que ha tenido acceso elDiario.es, se centra en las acusaciones por falsificación de documentos, pidiendo revertir la absolución de Medina y agravar la condena a Luceño, así como en mantener el decomiso de los bienes de este último. 

La decisión de Anticorrupción de no recurrir la absolución por la estafa espanta la mayor amenaza para Alberto Luceño. El empresario y comisionista podría haber sido condenado a siete años de cárcel solo por ese delito, tal y como pedía la Fiscalía en su escrito de acusación. Finalmente, fue condenado a tres años por un delito contra la Hacienda Pública y a otros ocho meses por falsificación de documento público frente a los 15 que le pedía en total la Fiscalía.

Luceño y Medina se embolsaron seis millones de euros de los 11 que el Ayuntamiento de Madrid pagó a una empresa malasia por mascarillas, guantes y test de antígenos. Pese a lo desorbitado de los porcentajes de la comisión la Audiencia de Madrid concluyó que se trató de un acuerdo entre la empresa malasia y los comisionistas de carácter privado y que, pese a las deficiencias de una parte del pedido, no se da el engaño necesario para condenar por estafa.

A partir de la comisión Alberto Luceño defraudó 1,3 millones de euros a la Hacienda Pública al crear una sociedad para declarar por el Impuesto de Sociedades –y no como IRPF– los cinco millones de euros en comisiones que obtuvo de la venta de material sanitario al Consistorio madrileño en el peor periodo de la pandemia, según recoge la sentencia. Con el dinero obtenido, Luceño compró relojes y vehículos de lujo y una casa. 

El juez del caso ordenó su embargo durante la instrucción para satisfacer la responsabilidad civil de una futura condena, pero la sentencia no acuerda el decomiso de ningún bien porque aprecia que no derivan del delito contra la Hacienda Pública. Anticorrupción considera que la jurisprudencia del Tribunal Supremo estable que esos bienes fueron adquiridos con “una ganancia del delito” y que procede el decomiso de los productos adquiridos con el mismo por mucho que se hubiera transformado en relojes, coches y una vivienda. 

La condena a tres años por el delito fiscal incluye el pago de 1.351.386,29 euros en concepto de pago por responsabilidad civil. Alberto Luceño ya ha recurrido la condena ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

El carnet del CNI y otras falsificaciones

Los otros ocho meses restantes de prisión para Luceño corresponden al delito de falsificación de documento público, relacionado con los certificados para circular libremente durante el confinamiento que el condenado había reproducido de un hospital madrileño y del Servicio de Emergencias de Madrid, así como el carnet del CNI que había imitado y al que había acompañado de una foto suya y sus datos. La sentencia consideró que no se daban los elementos para condenar por falsificación continuada, con lo que no está de acuerdo la Fiscalía Anticorrupción. “No existe la más mínima prueba de que hubiera unidad de acto [que la falsificación de todos los documentos se hiciera a la vez]”, alega. Por tanto, pide elevar la condena de ocho meses a dos años y 10 meses.

Con todo, donde más esfuerzo emplea Anticorrupción es en rebatir la absolución de Luis Medina y Alberto Luceño por falsificación en documento mercantil, en relación a los papeles presentados a sus respectivos bancos para justificar el ingreso tan abultado por las comisiones, 5 millones para Luceño y 1 para Medina. 

La Sala absolvió a ambos de falsificación en documento mercantil alegando que aunque reflejan contratos típicamente mercantiles no son documentos de esta condición según jurisprudencia reciente del Supremo. Anticorrupción alega que los documentos llegaron al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (SEPBLAC) y a la Agencia Tributaria y que, por tanto, “trascendieron el ámbito meramente negocial entre las partes y tuvieron trascendencia frente a terceros, llegando a influir en la seguridad del tráfico mercantil”.

“Pusieron en acción los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales de dos entidades financieras distintas y motivaron la elaboración de un informe de inteligencia financiera que, previa incorporación física de los citados documentos, fue remitido a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, siendo este informe precisamente el origen del presente procedimiento penal”, recoge el recurso de Anticorrupción. En este caso, la Fiscalía aprecia delito continuado y pide condenar a Luceño y Medina como autores de falsificación en esta modalidad, al primero como autor y al segundo como cooperador necesario, aunque solicita para los dos idénticas condenas, de dos años de prisión.

La aceptación de las tesis de Anticorrupción supondría aumentar la condena a Luceño de 3 años y 8 meses a 7 años y 10 meses de cárcel. A Luis Medina, de haber resultado absuelto pasaría a ser condenado a dos años, si bien no entraría en prisión por tratarse de una pena que no supera esos 24 meses y corresponde a un solo delito. 

El Ayuntamiento de Madrid, como Consistorio o a través de su otra acusación particular, la Funeraria municipal, que adelantó los 11 millones de euros para el material sanitario, no ha decididio aún si recurrir el fallo, según confirma un portavoz. La sentencia considera perjudicado al Consistorio, pero también pone de manifiesto que el “fallo” de los colaboradores de José Luis Martínez-Almeida propició que los empresarios obtuvieran las desorbitadas comisiones.

Las acusaciones populares que ejercen Más Madrid y PSOE también han rechazado presentar sus propios recursos a la sentencia. La intención de Más Madrid, antes de conocer el contenido del recurso, era sumarse al que presentara la Fiscalía Anticorrupción.

El empresario y comisionista Alberto Luceño ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) su condena a tres años y ocho meses de cárcel por un delito de fraude fiscal y otro de falsificación de documentos en el caso de las mascarillas compradas por el Ayuntamiento de Madrid. Luceño rechaza la conclusión de la sentencia respecto de la creación de una sociedad con el único fin de ahorrarse más de 1,3 millones en impuestos y dice que el carnet que le encontró la Policía en su casa no alcanza a constituir un delito: “Era más propio de una fiesta de disfraces”.

Luceño, al igual que el otro acusado, Luis Medina, resultó absuelto del delito más grave, la estafa agravada al Ayuntamiento de Madrid. Pero contra él pesaban también las acusaciones por las que fue finalmente condenado. La más grave, un delito contra la Hacienda Pública que, además de los tres años de cárcel, le ha supuesto multas e indemnizaciones que rozan los cinco millones de euros, cantidad que se embolsó por intermediar en la compraventa del material sanitario. La sentencia consideró probado que Luceño atribuyó “mendazmente” la comisión obtenida por la compraventa del material sanitario a una sociedad, que llamó Takamaka, que no estaba constituida cuando se produjo la intermediación. De este modo, en la declaración del IRPF de 2020 se ahorró 1.351.386,29 euros.

Su defensa alega en el recurso que si no estaba formalmente creada en la fecha del acuerdo con el Consistorio madrileño, entre el 26 de marzo y el 7 de abril, fue por las dificultades que presentaba el confinamiento, pero que antes de que se abonaran las comisiones en sus cuentas, él, su cónyuge y sus hijos formalizaron por escrito un contrato de sociedad. 

Alberto Luceño también alega que en el contrato suscrito con el proveedor malasio, Leno, “se recogía expresamente la obligación de transferir el importe de las comisiones a la compañía que se iba a constituir de su propiedad y que debía ser representada legalmente por el mismo”. Uno de los argumentos para exculpar a Luceño y Medina de la estafa es que fue Leno, representada por San Chin Choon, quien acordó las comisiones con los dos acusados y que el dinero de las mismas salió de una cuenta de la sociedad malasia a la de los dos españoles. San Chin Choon no quiso viajar a España a declarar en el juicio y el tribunal consideró que no se daban las condiciones para que lo hiciera por remoto. 

El abogado de Luceño escribe también que no se da el requisito de “engaño suficiente” para considerar probado el delito contra la Hacienda Pública porque su cliente nunca tuvo intención de ocultar la operación. De lo contrario, añade, no habría ordenado el ingreso de una comisión tan abultada en sus cuentas bancarias, lo que a la postre supuso la apertura de una investigación. 

“Hubiera sido sencillo, atendiendo a su experiencia en el comercio internacional, haber percibido los honorarios de mediación en cualquier jurisdicción que no intercambiara información con España”, recoge el escrito de la defensa, al que ha tenido acceso elDiario.es. Luceño se queja de que la sentencia alegue que Takamaka no tenía medios humanos ni materiales para realizar una verdadera función y alega que para ser comisionista no hace falta más que “intelecto” y “experiencia”. Y concluye: “Pudo existir un error en la forma de tributar por los ingresos derivados de la mediación en la compraventa de material sanitario, pero difícilmente puede hablarse de una conducta dolosa o un engaño idóneo para inducir a error a la Agencia Tributaria”

Un ciudadano “no sabe” cómo es un carnet del CNI

Alberto Luceño también fue condenado por varios documentos falsificados encontrados por la Policía durante el registro de su domicilio, ordenado por el juez Adolfo Carretero el 22 de septiembre de 2022. Como ya hiciera durante el juicio, el abogado del condenado vuelve a reclamar que se declare nula la entrada y registro porque se produjo dos años después de iniciada la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y no estaba suficientemente motivado. 

En el mismo se encontraron dos certificados del Hospital Puerta de Hierro, donde trabaja la mujer de Luceño, para poder desplazarse durante el confinamiento. También se le condenó por un carnet falsificado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La sentencia ajusta la pena a que el tipo de documento no hubiera pasado el filtro de un especialista, aunque sí de cualquier “ciudadano medio”.

El abogado de Luceño replica: “A diferencia de otros documentos de identificación de los cuerpos policiales el ciudadano medio no ha visto ni tiene contacto natural o siquiera esporádico en medios de comunicación con la actividad de los agentes del CNI y menos con su carnet identificativo, desconocimiento notorio que impide –aún más– poder afirmar una presunta eficacia falsaria de simulaciones tan burdas como la que es objeto de enjuiciamiento (más propia de una fiesta de disfraces que de una presunta identificación oficial en ningún ámbito)”.

Las acusaciones populares han declinado la posibilidad de recurrir la sentencia condenatoria a Luceño por dos delitos y la que absolvía de los dos atribuidos a Luis Medina. En el caso del PSOE valoran sumarse a un eventual recurso de la Fiscalía Anticorrupción, quien, al igual que el Ayuntamiento de Madrid, que ejercía la acusación particular, todavía no han adoptado una decisión. 

¿Es ético aprovecharse de una situación de desesperación y tragedia colectiva para dar un pelotazo comercial o personal? En los peores momentos de la pandemia, en muchos ayuntamientos, comunidades o ministerios aparecieron personajes bien relacionados, buscavidas disfrazados de intermediarios de productos sanitarios. Aprovecharon la falta de controles para disparar los precios de materiales básicos con los que garantizarse comisiones valoradas en millones de euros. De momento, los tribunales no han visto delito de estafa y admiten que, en situaciones como aquella, la ley del mercado justifica los sobreprecios.

Con Alberto Pozas, periodista especializado en tribunales de elDiario.es, repasamos el caso de Luis Medina y Alberto Luceño, que acaban de ser absueltos de un delito de estafa por cobrar una comisión millonaria al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario durante las primeras semanas de la pandemia. Recordamos también la situación judicial de otros episodios mediáticos como la comisión del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid o el caso Koldo, ambos también relacionados con la compraventa de material sanitario.

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La Justicia ha tomado su decisión. Los seis millones de euros que se llevaron “pa la saca” –según sus propias palabras– Alberto Luceño y Luis Medina no son el fruto de una estafa. Todo es perfectamente legal, aunque buena parte del material sanitario fuera defectuoso, los precios fueran desorbitados e hicieran creer al Ayuntamiento de Madrid que lo suyo era filantropía y no pura codicia. Aunque lograran este pelotazo a través del primo del alcalde, que les facilitó los contactos. Aunque la comisión fuera incluso mayor que el precio real del pedido: Luceño y Medina se llevaron seis millones de los once que Madrid pagó.

No fue una estafa, dice la Audiencia de Madrid. Solo hay una condena menor para Alberto Luceño y por otros delitos: fraude fiscal y falsificar un carné con el que se hacía pasar por agente del CNI. Su absolución certifica la impunidad de los comisionistas que se enriquecieron durante la pandemia, los que hicieron grandes negocios mientras miles de personas morían. Lo mismo que pasó con Tomás Díaz Ayuso, y ese contrato a dedo de 1,5 millones que el gobierno que preside su hermana adjudicó a un amigo de su pueblo. O con Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, que ni siquiera está acusado por cobrar dos millones de comisión por la compraventa de mascarillas, sino por defraudar a Hacienda tras este pelotazo y presuntamente pagar un soborno de medio millón de euros a su cuate, el presidente de Quirón Prevención. 

Los hechos probados de la sentencia absolutoria para Luceño y Medina, pese a todo, explican mucho de cómo funcionan algunos negocios en Madrid. Quien tenía el contacto con los fabricantes de mascarillas en China era Alberto Luceño. Él fue el ideólogo y principal hacedor: puso la teoría y la práctica en esa millonaria operación. Su socio, Luis Medina, tan solo aportó un número de teléfono de su agenda. Poco más. Conocía a una amiga del primo del alcalde de Madrid, que fue quien les abrió las puertas del Ayuntamiento. Y por dos llamadas telefónicas y el envío de un email, Luceño recompensó a Medina con un millón de euros; un buen pellizco del botín. 

Todo se entiende mejor cuando se explica quién es Luis Medina, el que ponía su nombre y su agenda. No es un cualquiera. Su padre era el duque de Feria. Su hermano es el actual duque de Feria, también marqués. Y la historia de su aristocrática familia sirve para entender algunas cosas de la España actual. 

Entre los antepasados directos de Luis Medina están varios de los nobles más ricos y poderosos de los últimos siglos. Como su bisabuelo Luis Fernández de Córdoba y Salabert: once veces duque, quince veces conde, diecisiete veces marqués y también el mayor terrateniente de entre todos los grandes de España en los años de la Segunda República –poseía 74.000 hectáreas–. O su antepasado Juan Francisco de la Cerda, duque de Medinaceli y también el noble más rico del siglo XVII español. O el propio rey Alfonso X, de donde viene su familia. O el primer duque de Lerma, Francisco de Sandoval y Rojas; tal vez el mayor corrupto de la historia de España. 

Antes de hablar del duque de Lerma, hay que explicar algunas cosas de Madrid: la más anómala de las grandes capitales europeas. La única sin un puerto marítimo o un río navegable. La que está a mayor altitud sobre el nivel de mar –657 metros; solo la supera Andorra la Vella–. La única que ascendió a capital siendo poco más que un pueblo. La única que, durante siglos, tuvo como principal industria la propia corte; el favor político, los negocios alrededor del poder. 

Buena parte del origen de estas anomalías de la capital de España se explica por un coto de caza. Un coto privado que aún sigue ahí. Una cuarta parte del territorio de la ciudad de Madrid –el monte de El Pardo– sigue cerrado al público. Solo los corzos, los gamos, los borbones y sus invitados lo pueden visitar. Es tan enorme esa ciudad prohibida que hubo espacio suficiente como para que Juan Carlos I pudiera construir allí una casita para su amante, Corinna Larsen, sin que la reina Sofía se enterase. Y este coto privado de caza, del que ya te hablé hace dos años en otro boletín, es una de las principales razones que convirtieron a Madrid en la capital que es hoy.

La valla que rodea este coto de caza, y que la separa del resto de la ciudad, mide 66 kilómetros. En tiempos pasados, este real coto privado fue aún mayor. No solo todo el monte de El Pardo era de uso exclusivo de los reyes; pasaba lo mismo con el parque del Retiro y con la Casa de Campo, que estuvieron cerradas al público hasta la Segunda República. En esencia, la pequeña villa de Madrid creció alrededor de una vieja fortaleza musulmana –parte del sistema defensivo de Toledo– para dar servicio a un enorme pabellón de caza de los reyes de España. El castillo, de los tiempos del Magerit musulmán, fue construido alrededor del año 870, en una pequeña colina junto al Manzanares, donde hoy está el Palacio Real. El pabellón de caza de El Pardo vino después, tras la conquista castellana; la primera construcción fue de Enrique III, en 1405, para aprovechar la riqueza cinegética de la zona, en las laderas de la sierra Guadarrama.

En Madrid no había puerto, ni industria, ni comercio, ni catedral, ni universidad, ni tampoco un río navegable. Pero sí gamos y ciervos para disfrute del rey

La casa de Trastámara abrió el pabellón de caza en El Pardo, la casa de Austria lo amplió. Era la principal actividad económica: en 1480, Madrid apenas contaba con 3.400 habitantes. Y cuando Felipe II trasladó allí la capital, en 1561, vivían en la villa apenas 20.000 personas: una fracción de lo que entonces eran Toledo, Sevilla, Lisboa, Barcelona o Valladolid. 

Pasar de pabellón de caza a capital del imperio supuso un gran impulso para la ciudad. Con la llegada de los nobles y la administración de la corona, la población se disparó. El traslado de la corte llegó con el inicio de la construcción del monasterio de El Escorial, un enorme edificio que explicaron al expresidente estadounidense George H. W. Bush con una sencilla y precisa metáfora, en una ocasión en la que visitó este lugar: “Esto era el Pentágono del siglo XVI”. 

La entonces mujer del emperador Felipe II, Isabel de Valois, también ayudó a que llegara la capital: odiaba Toledo y sus murallas, y veía en la campestre y menos poblada Madrid un ambiente más favorable para la salud. Además del favor de la reina, había otros factores que ayudaron a Madrid. Valladolid había sido una de las ciudades que encabezó la revuelta comunera. Y en Toledo, el emperador sufría el incordio de compartir una pequeña parte del poder con la Iglesia, con el arzobispo de la ciudad –en 1561, Madrid no tenía obispo ni tampoco catedral–.

La capital fue un gran negocio; lo sigue siendo hoy. Las idas y venidas de la corte lo fueron aún más. Y aquí llegamos al famoso duque de Lerma, Francisco de Sandoval y Rojas; uno de los antepasados famosos del comisionista Luis Medina. Fue el primer valido de Felipe III. Y en 1601, logró convencer al rey de abandonar Madrid y mover la capital a Valladolid. 

Aquella fue una jugada maestra de la especulación inmobiliaria. Seis meses antes del traslado, con algo que hoy calificaríamos como un delito de información privilegiada, el duque de Lerma y sus secuaces compraron a precio de ganga numerosas propiedades en Valladolid. Terrenos y palacetes que se revalorizaron con la capitalidad y que el duque más tarde vendió con enormes plusvalías. Entre otros compradores, el duque colocó uno de sus palacios vallisoletanos al no muy listo rey.

Apenas cinco años después, en 1606, el duque de Lerma repitió la operación. Invirtió a precio de ganga en Madrid poco antes de que Felipe III trajera de vuelta la capital. De nuevo le salió bien, y con ambos pelotazos el duque de Lerma se convirtió en el noble más rico de su tiempo. Una fortuna descomunal que aún hoy es visible en algunas ciudades, como la propia Lerma; el impresionante palacio de 201 balcones que se construyó en esta localidad burgalesa es hoy el actual Parador de Lerma. 

Pero el mayor edificio que construyó el duque de Lerma estaba en Madrid, aunque fue demolido hace más de un siglo. Fue un gran palacio en el paseo del Prado, más tarde conocido como el palacio de los duques de Medinaceli, que fue la casa aristócrata que después lo heredó. El terreno que ocupaba ese espectacular complejo, con varias huertas, conventos y edificios para el servicio, iba desde la carrera de San Jerónimo y la plaza de Neptuno hasta la calle Huertas: el equivalente a cuatro manzanas del Madrid actual. Por entender mejor sus dimensiones: apenas una tercera parte de ese enorme terreno enfrente del Museo del Prado es donde hoy se levanta el Hotel Palace de Madrid. 

La especulación inmobiliaria no fue el único negocio corrupto del duque de Lerma. También sacó millones de maravedíes revendiendo puestos en la administración; Madrid llegó a tener más de una veintena de corregidores, adjudicados al mejor postor.

El duque de Lerma acabó cayendo en desgracia. Demasiado dinero, demasiado poder, demasiadas envidias alrededor. La mujer de Felipe III, Margarita de Austria, no se fiaba de él, con razón. El propio hijo del duque también conspiró en su contra y el valido acabó perdiendo el favor del rey. 

Tras perder ese privilegio, sus enemigos se volvieron contra él. Su mano derecha, Rodrigo Calderón, acabó ejecutado en la Plaza Mayor, condenado como chivo expiatorio por los crímenes que atribuían a su protector. Y el duque de Lerma se libró de un destino similar gracias a su red de contactos. Consiguió que el Papa de Roma, entonces Paulo V, le nombrara cardenal. De esa manera el duque de Lerma esquivó buena parte de los procesos judiciales en los que estaba inmerso: los altos cargos de la Iglesia contaban entonces con una protección similar al actual aforamiento de muchos políticos. Solo los tribunales eclesiásticos, y no los seculares, los podían juzgar y condenar. 

El nombramiento como cardenal salvó la vida al duque de Lerma. Murió en la cama, en Valladolid, desplazado de la corte por el conde-duque de Olivares, que se convirtió en el valido del siguiente rey, Felipe IV. Perdió parte de sus rentas, pero murió impune, gracias a la protección del Vaticano como cardenal. Solo la opinión pública lo condenó con una famosa copla que, en esos años, circuló por Madrid: “Para no morir ahorcado / el mayor ladrón de España / se viste de colorado”. 

Aquella villa pegada a un coto de caza ha cambiado mucho desde entonces. El monte de El Pardo sigue ahí, cerrado a los madrileños; la mayoría de ellos ignoran incluso su enorme extensión. Pero hace tiempo que la corte dejó de ser la principal industria de la región. Madrid es hoy una de las ciudades más pujantes de Europa, en gran medida apoyada por el impulso que el poder político le dio, al situar la capital de España en el centro de la península, sin un río navegable, muy cerca de corzos y jabalíes pero a 657 metros por encima del nivel del mar. España tampoco es hoy aquella que retrató Berlanga en ‘La escopeta nacional’. Aunque hay cosas que no cambian nunca. Para algunos negocios, la agenda de un aristócrata de la casa Medinaceli sigue valiendo un millón.

Me despido aquí por hoy. Espero que tengas un buen fin de semana. Gracias por leerme. 

P.D. Un último recordatorio. Tanto el pelotazo de Luceño y Medina como las comisiones del hermano de Ayuso como el fraude fiscal y demás negocios de Alberto González Amador se conocen por un motivo: por la investigación periodística de elDiario.es. Las tres exclusivas las destapó esta redacción, de la que tú también formas parte con tu apoyo. Si elDiario.es hubiera existido en el siglo XVII, estoy seguro de que el duque de Lerma también nos hubiera intentado silenciar.

El 30 de marzo de 2020, cuando las autoridades sanitarias registraban más de 800 fallecimientos diarios por COVID en España, Alberto Luceño envió un correo electrónico a Luis Medina con una frase: “Pa la saca”. Esas tres palabras servían para explicar que las comisiones habían empezado a llegar a sus cuentas bancarias. Los jueces han certificado ahora que su plan funcionó, como el de otros comisionistas que hicieron fortuna en la pandemia, y que la ausencia de controles en la compra de material sanitario en esos meses se convirtió en un coladero de intermediarios que ocultaban su botín en sobreprecios pagados con dinero público.

La sentencia del caso, todavía recurrible, deja negro sobre blanco cuál era el trabajo de Medina y Luceño: “Poner a dos partes en contacto”. Por un lado, a un Ayuntamiento de Madrid que, como todas las administraciones públicas, buscaba mascarillas hasta debajo de las piedras. Por otro, a la empresa malaya Leno, con capacidad para traer ese material desde China. Llegaron hasta la responsable de esas compras a través de un camino que engrasó un primo del alcalde y “ocultaron” durante semanas de mensajes y llamadas que un 30% del dinero que iba a pagar la funeraria municipal iba a ir directamente a sus bolsillos.

La Audiencia de Madrid ha condenado a Luceño por delinquir para ocultar su botín y por falsificar algunos documentos, pero entiende que los empresarios no estafaron al Ayuntamiento porque, en esencia, su plan salió a la perfección: ellos no tenían por qué decir que iban a cobrar esas comisiones, sus interlocutores del consistorio tampoco hicieron preguntas y el Consejo de Administración de la empresa pública nunca tuvo datos para debatir por qué estaban comprando las mascarillas más caras de España. Al amparo de los procedimientos de emergencia habilitados para comprar material sanitario sin pasar unos controles que nadie se podía permitir en ese momento.

Cazar a un comisionista en un renuncio nunca ha sido fácil para los tribunales, ni en una situación de emergencia sanitaria ni con todos los mecanismos de contratación a pleno rendimiento. Anticorrupción ya explicó hace tres años en el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso que el secreto del éxito de un comisionista es la discreción: no había ninguna prueba de que esa compra de mascarillas de la Comunidad de Madrid se hubiera amañado de alguna manera a su favor y su participación como intermediario, además, “fue desconocida por los funcionarios” que tramitaron la compra.

Los comisionistas también existen y trabajan cuando un contrato se adjudica en un procedimiento normal de compra con todos los controles en regla, pero sus expectativas mejoran cuando la situación de emergencia activa el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público y se levantan las metas flotantes: no hay expediente de contratación, no hay varias ofertas, apenas hay plazos y todo el control se realiza a posteriori. Se transforma una administración pública, en definitiva, en una privada, donde el mercado manda por encima de la función pública.

La sentencia que exonera a Medina y Luceño de la estafa lo ilustra a la perfección. Consideran los jueces que los empresarios nunca informaron al Ayuntamiento de que ellos iban a cobrar una comisión porque, en realidad, no tenían necesidad de hacerlo: no se les puede exigir una “absoluta sinceridad” y, además, “no existe previsión legal” que les obligue. Otros suministradores de material sanitario tampoco ofrecieron información al respecto a la funeraria municipal, encargada en ese momento de centralizar las compras. Y los jueces no terminan de creerse lo que dijo Elena Collado, entonces responsable de compras en el consistorio: que los empresarios negaron que fueran a cobrar comisiones. No creen a esta testigo clave del caso a pesar de que hay pruebas de que ya entonces dijo exactamente eso a todos sus colaboradores en el ayuntamiento.

De Almería al caso Koldo

La resolución de la Audiencia Provincial tiene más de un centenar de folios que se resumen en un relato de éxito de dos comisionistas. Luceño tenía los contactos necesarios en China y Medina los tenía en Madrid. Además, la ausencia de controles y preguntas propició que su botín sea perfectamente legal: los 4,58 millones de euros que fueron “pa la saca”, en sus propias palabras, del total de 14,8 millones que había desembolsado el ayuntamiento. Solo se expone a entrar en la cárcel el empresario Alberto Luceño por la gestión posterior que hizo de su fortuna, dejando de pagar impuestos e intentando ocultar sus ganancias comprando relojes y coches de alta gama e incluso una casa de lujo.

La similitud entre el caso de Medina y Luceño y el de Tomás Díaz Ayuso fue expuesta con éxito por José Antonio Choclán, abogado del hermano del duque de Feria, que tras su absolución puede solicitar incluso recuperar el yate que se compró con la comisión. “Sabemos como ejemplo que se abrió una causa en correlación al hermano de Ayuso, que fue archivada, en el que se vendieron también mascarillas a un precio de cinco euros y la Fiscalía dijo que era un precio razonable y de mercado”, dijo el letrado. 

Tribunales de todo el país analizan en una docena de causas cómo empresarios, comisionistas y cargos públicos aprovecharon la pandemia, la necesidad urgente de material y la relajación de los controles para hacer fortuna en medio de la oportunidad que fue para todos ellos la crisis sanitaria. Empezando por el caso Koldo, donde la Audiencia Nacional y el Supremo investigan si empresarios como Víctor de Aldama se aliaron con cargos públicos como Koldo García y José Luis Ábalos para, a cambio de comisiones y favores, tener información privilegiada y optar a contratos millonarios de compraventa de material sanitario en momentos de máxima necesidad.

Estas semanas avanza en un juzgado de instrucción de Almería uno de los primeros casos de supuestas mordidas y estafa en la compraventa de material sanitario. Un caso en el que permanece imputado el exvicepresidente tercero de la diputación por el PP, Óscar Liria, y que investiga si una red de empresarios y políticos del partido en la provincia amañaron contratos de compraventa de material sanitario a cambio de comisiones.

Las comisiones, legales o ilegales, salen tradicionalmente del mismo sitio: del cliente final. En el caso de Medina y Luceño, tal y como reconoce expresamente la sentencia, sus comisiones millonarias no salieron de las arcas de la empresa malaya Leno sino de las arcas del Ayuntamiento de Madrid. Con estafa o sin ella, el botín de los comisionistas salió de las arcas municipales. “De no haber existido comisión o de haber sido esta menor, el precio también hubiera sido más reducido”, reconoce la Audiencia de Madrid.

La primera sentencia por la compraventa de material sanitario en pandemia plasma en 104 páginas la historia de un mal negocio a costa del erario público madrileño. La estafa que denunciaba la Fiscalía, la oposición política y el ayuntamiento de la capital fue en realidad una operación comercial que Luis Medina y Alberto Luceño pudieron culminar porque la administración local “incurrió en un error”, pensar que los empresarios no iban a cobrar comisión y que si lo hacían estaría muy lejos de los seis millones de euros que se embolsaron de los 11 que pagó el consistorio por las mascarillas, los guantes y los test de la COVID-19.

El testimonio más relevante con el que contaban las acusaciones para demostrar el engaño necesario para condenar por estafa era el de la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. Responsable de las compras de material sanitario en pandemia, Collado aseguró en el juicio que tanto Medina como Luceño le dijeron “en varias ocasiones” que no cobrarían comisiones.  

El tribunal considera que su afirmación no se ha podido probar. Antes del juicio, cuando el ayuntamiento parecía más empeñado en demostrar que no hubo trato de favor con los comisionistas que en apuntalar los indicios de estafa, las declaraciones de Elena Collado no eran tan contundentes. Como recuerda la sentencia, la responsable de compras se había limitado a contar al fiscal Anticorrupción, en la primera y secreta fase del caso, y al juez instructor después, que la ausencia de comisiones fue una deducción suya a partir del comentario de Medina y Luceño de que querían “ayudar” en medio de una situación tan dramática.

Frente a ello, un audio reproducido durante el juicio muestra a Medina explicando a Collado que las mascarillas costaban dos dólares, pero que se estaban vendiendo a entre seis y ocho dólares cada unidad. Si el ayuntamiento pagó finalmente 6,6 dólares por unidad, los jueces, a quienes no convencen las difusas explicaciones de Collado, se vienen a preguntar a dónde creyó la representante del consistorio que iban a parar los 4,6 dólares de diferencia. 

El tribunal alega que la representante del ayuntamiento no se detuvo a pensarlo. “Se deduce que no dio a este detalle la relevancia que se pretende, puesto que para ella las prioridades eran, como ha expuesto reiteradamente, el precio final, las características del producto y posibilidad de suministro rápido”, recoge el fallo. 

Madrid terminó pagando el precio más alto por una mascarilla de todas las ciudades españolas con más de 300.000 habitantes, según estableció el Tribunal de Cuentas. Compró un millón de unidades. Los jueces concluyen: “Consideramos que la señora Collado incurrió en un error, al representarse que los acusados no cobrarían comisión, o que no lo harían por un importe tan elevado”.

“Así ocurre en el mercado: nadie regala nada”

La sentencia de la Sección Séptima alude en más de una ocasión a las normas del mercado y a cómo influyen en lo que es delito y lo que es solo una estrategia comercial. Respecto a que Medina y Luceño obviaran aludir a sus comisiones, los jueces establecen: “Una absoluta sinceridad no es esperable en cualquier ofertante, sin que su conducta deba necesariamente considerarse contraria a la norma”.

Hay otra referencia al sistema capitalista en el fallo. Aparece para rebatir el argumento del ayuntamiento de que la donación de 283.000 mascarillas por los comisionistas convenció a Collado de que su objetivo no era enriquecerse. El tribunal resuelve que Luceño y Medina descontaron esas mascarillas de lo que iban a embolsarse y que aun así les seguía mereciendo mucho la pena culminar la operación. “Así ocurre en el mercado, donde es sabido que nadie regala nada por nada”, añaden los magistrados. 

¿Hubiera comprado el ayuntamiento las mascarillas, los guantes y los test de saber que Medina y Luceño se embolsarían seis de los 11 millones desembolsados? Collado tuvo oportunidad de responder a esa pregunta en el juicio. “Afirma [recoge la sentencia] que se hubieran replanteado la operación de saber que las comisiones eran tan altas, pero en este punto su testimonio no es tajante, puesto que también afirma que el precio no se discutía y que la negociación era un ‘o lo tomas o lo dejas'”. 

Durante la investigación, el Ayuntamiento de Madrid se disculpó con que la decisión última de la compra de mascarillas se adoptó en el consejo de administración de la Sociedad Funeraria de Madrid, el órgano de la empresa pública que podía disponer del dinero para el material sanitario y donde están representados todos los partidos. La sentencia dice al respecto que “el particular relativo a las comisiones no aparece ni en el debate del Consejo de Administración, ni en el texto en el que se documentó la operación”, y que sus miembros se limitaron a seguir las “recomendación e impresiones” que le facilitó la responsable de compras del ayuntamiento.

Aupada por Feijóo

Elena Collado fue secretaria de Estado de Función Pública en el Gobierno de Mariano Rajoy. Cuando llegó la pandemia era la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, cargo que conserva a día de hoy. Durante la investigación del caso y después de que emergiera su papel en la compra del material fue elegida por Alberto Núñez Feijóo como responsable del PP nacional en materia de Eficiencia Pública. 

Cuando ocurrieron los hechos, por encima de Collado en el consistorio estaba la coordinadora de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, a la que reportaba las compras y que también sigue en su puesto. Tras analizar la sentencia, José Luis Martínez-Almeida apostó este miércoles por “no engañar a los madrileños” y advertirles de que recuperar los 6,1 millones de euros de las comisiones de Medino y Luceño no es “un camino sencillo” . 

El consistorio ocupó el estrado de las acusaciones durante el juicio, en calidad de perjudicado. Lo hizo con dos representantes, uno propio del ayuntamiento y otro de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios. La acusación popular, que integraban PSOE y Más Madrid, siempre ha sido muy crítica con la “pasividad” que mostró el Gobierno municipal durante la instrucción del caso.

El ayuntamiento fue el primero en conocer que la Fiscalía Anticorrupción había puesto el foco en Medina y Luceño al ser advertido por el Banco de España de los anómalos ingresos que habían tenido en sus cuentas. Durante 17 meses, la Fiscalía especializada desplegó una investigación secreta en la que se requirió documentación al Ayuntamiento y se citó a declarar a Elena Collado.

elDiario.es desveló las pesquisas el 31 de marzo de 2022 y, a continuación, la Fiscalía presentó una querella. No fue hasta después de eso que el consistorio se personó como acusación particular. La actitud del ayuntamiento en el caso de Medina y Luceño contrasta con el papel activo que tuvo denunciando en los juzgados otra presunta estafa que sufrió con material sanitario y que todavía está siendo investigada.

No hubo trato de favor al hijo del duque

Las informaciones que siguieron a la exclusiva de elDiario.es habían sacado a relucir la figura de Carlos Martínez-Almeida, un abogado del Estado en excedencia, como su primo el alcalde, que habría participado en el acceso de los comisionistas hasta Elena Collado, la responsable de Compras. La instrucción del juez Adolfo Carretero, descartó una acusación por delitos que tuvieran que ver con un posible trato de favor. En cualquier caso, el abogado del ayuntamiento optó por un papel secundario, sin apenas participar en los interrogatorios y evitando impulsar las pesquisas con la solicitud de diligencias. 

Los hechos probados que recoge la sentencia establecen que Luis Medina se puso en contacto con la directora de una elitista universidad madrileña donde estudió y que esta le conectó con el primo del alcalde. Este, a su vez, requirió una dirección de correo electrónico a la mano derecha entonces de Martínez-Almeida, amiga suya, y le facilitó la misma a Medina para que se pusiera en contacto con Elena Collado. Se trataba de una dirección habilitada para cualquier oferta que pudiera llegar de material sanitario en ese momento. 

“No sabemos cuál pudo ser la intención de los acusados y si la intervención en el proceso del señor Medina hubiera podido buscar alguna forma de trato privilegiado. Lo único que resulta es que el señor Medina, con su intervención, obtuvo una dirección de correo electrónico que desde el día 17 de marzo [de 2020] era la empleada con carácter general para realizar ofertas de compraventa material sanitario”, concluyen los jueces.

Otro de los argumentos que descarta el tribunal para absolver a los comisionistas es que “los contratos se cumplieron razonablemente” pese a las dudas que planteaban la calidad de las mascarillas –no se ha podido realizar una pericial fiable del producto por el transcurso del tiempo–, la longitud de los guantes –el ayuntamiento se los quedó después de un descuento– y la fiabilidad de los test –se usaron dos de los tres lotes y voluntariamente se renunció a emplear un tercero–.

Respecto a las elevadas comisiones, el fallo admite que seguramente contribuyeron a elevar el precio final del material vendido por la empresa malasia Leno, pero añade que su responsable, San Chin Choon, tuvo que saber de esta circunstancia, que la aceptó y que eso es parte del “negocio privado” que estableció con Luis Medina y Alberto Luceño. 

Luis Medina Abascal (Sevilla, 1980) ha vivido siempre entre adjetivos. A veces, poco rebuscados: “Guapo”, “discreto”, “famoso”. En ocasiones, superlativos: “Es el soltero más atractivo del mundo”. Pero eso cambió en parte en noviembre de 2020, cuando en secreto, el nombre del hijo menor de Naty Abascal y Rafael Medina, Duque de Feria, pasó de ser mencionado únicamente en revistas del corazón y suplementos ‘rosa’ a habitar unas diligencias de la Fiscalía Anticorrupción. Un caso del que, finalmente ha quedado exonerado de todos los cargos: de la acusación de estafar al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia y de falsificar documentos.

Las investigaciones del fiscal Luis Rodríguez Sol penetraron la superficie donde se quedan los artículos del papel ‘couché’ y los suplementos ‘rosa’ de algunos digitales al hablar del hijo pequeño de Naty Abascal. Concretamente llegaron a algún espacio cerrado de marzo de 2020, en pleno confinamiento de la pandemia del Covid. Allí aparece Luis Medina marcando un número de teléfono móvil, inaccesible para el resto. Alguien se lo ha facilitado junto a un nombre. Al otro lado de la línea se pone un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid.

A ese alto cargo se le ha encargado encontrar material sanitario para repartir entre policías y bomberos de la capital, expuestos al virus en primera línea. Millones de euros saldrán de la funeraria municipal, con capacidad para adelantar pagos. Los muertos se cuentan a centenares cada día. Luis Medina Abascal ni siquiera necesita un plan. Le basta con conocer a determinada gente. 

“La fama te proporciona ciertas comodidades: te dan mesa en un restaurante, te hacen un descuento en una tienda… pero no paga la factura de tu casa”. La frase aparece en una de las pocas entrevistas que Luis Medina Abascal ha concedido a los medios que consideran que el hijo del Duque de Feria no necesita destacar en nada para resultar de interés. En un momento dado habla a XL Semanal, suplemento dominical del Grupo Vocento, sobre su madre, Naty Abascal: “No nos ha dado los lujos que dan otros padres, que les dan a los niños lo que quieran. Nos ha empujado a que estudiemos y trabajemos. Y se lo agradecemos”.

¿De qué trabaja Luis Medina Abascal? El empresario figura como administrador único en dos sociedades: una no presenta cuentas y la otra está inactiva. Tula Creative Studio, con sede en Barcelona, está dedicada a la consultoría en el ámbito de la publicidad. La empresa fue creada en 2014 y bautizada con el nombre de una perra de Medina. A día de hoy no consta actividad. 

Más recientemente, en mayo de 2020, Luis Medina creó Sextante Trade Mark, dedicada a intervenir en el comercio de productos diversos. Lo hizo dos meses después de su éxito en su intermediación para la compra de mascarillas, guantes y test de anticuerpos en la peor fase de la pandemia. Aquella nueva ocupación prometía: cuatro llamadas y un millón de euros de beneficio. Sextante Trade Mark tiene su domicilio social en la lujosa casa que Naty Abascal tiene en el centro de Madrid, aunque la empleada del hogar que abre la puerta no sabe nada de empresas radicadas allí. La sociedad no presenta cuentas.

Pero Luis Medina tiene otra ocupación, aunque esta no sea sencilla de descifrar. Así lo promocionaba una suerte de representante de ‘influencers’ hace unos años: “Aristócrata, empresario y socialité, Luis es uno de los invitados VIP más reclamados en los front rows de los desfiles de todo el mundo y en las alfombras rojas de los eventos más exclusivos. En los últimos años se ha convertido en un referente para las marcas de moda masculina, debido a su poder de prescripción tanto en el mundo online como en el offline”. Una posible traducción es que Luis Medina Santana sale mucho en las revistas de papel y en publicaciones digitales. 

Como él mismo cuenta, la infancia de Luis Medina se desarrolló desde los ocho años en exclusivos internados. “Iba a mi casa una vez al mes. Con doce años vivía en Inglaterra y de ahí me fui a Estados Unidos”. Con quince años sufrió el escándalo que marcaría a la familia: su padre, el duque de Feria, fue condenado por tráfico de drogas y corrupción de menores en una sentencia de sórdido relato. 

La noticia de que su nombre aparecía en unas diligencias de investigación abiertas en noviembre de 2020 por la Fiscalía Anticorrupción sorprendió a Luis Medina Abascal a la espera de convertirse en marqués. Los medios que le suelen prestar atención informaron de que su hermano mayor, quien heredó de su padre el título de Duque de Feria, le había cedido el marquesado de Villalba.

La “generosidad” y “honestidad” de su amigo comisionista

En aquella llamada de marzo de 2020 al teléfono del dinero del Ayuntamiento de Madrid, Luis Medina dijo que tenía un amigo con contactos en Asia y que este podría traer material sanitario. Se trata de Alberto Javier Luceño Cerón, quien aparece impartiendo una charla en un centro de formación en el que destaca los valores de “la honestidad, la generosidad, la humildad, la integridad…”. 

Medina había conseguido el contacto de la persona que centralizaba los contratos a través del primo del alcalde de Madrid. Carlos Martínez-Almeida es un abogado con el que el regidor comparte de vez en cuando partidas de golf. Según la querella que ha presentado ahora Anticorrupción, Medina mantiene con el primo de Almeida una amistad que el Ayuntamiento niega. El alcalde dice que solo habló con Medina una vez, para agradecerle una donación de mascarillas.

Luceño Cerón se embolsó cinco veces más que Luis Medina, un total de 5 millones de euros en marzo de 2020, por contactar con una empresa de Malasia que fabricaba en China guantes, mascarillas y test de anticuerpos. Los guantes no eran los que se le pidieron. Tuvo que devolver 4 de los 5 millones de dólares que recibió, según reconoce el Ayuntamiento de Madrid. Aquello cortó la comunicación. 

La Audiencia Provincial de Madrid, después de varias semanas de juicio, ha optado por absolver a Luis Medina Abascal y su socio de todos los asuntos relacionados con la estafa, imponiendo algo menos de cuatro años de cárcel a Luceño por defraudar impuestos y falsificar documentos. No hay pruebas, dicen los jueces, de que los comisionistas ocultaran a su contacto en el consistorio que fueran a cobrar comisiones. Los comisionistas, dicen los jueces, ni siquiera estaban obligados a decírselo al Ayuntamiento.

Alberto Luceño fue el gran desconocido del caso mascarillas del Ayuntamiento de Madrid y ahora se ha convertido en el único condenado de la causa. La Audiencia Provincial le ha impuesto tres años y ocho meses de cárcel por defraudar impuestos y falsificar documentación, pero le absuelve tanto a él como a su socio aristócrata, Luis Medina, de estafar al consistorio de José Luis Martínez-Almeida.

Luceño, anónimo para el gran público hasta que su nombre apareció estampado en una querella de la Fiscalía Anticorrupción tras una investigación que fue desvelada por elDiario.es, estaba acusado de fingir ser un experto en el mercado asiático, de falsificar documentos e incluso de engañar a su propio socio (y amigo por entonces) para llevarse comisiones todavía más altas de las que habían pactado al margen de la Administración. En el juicio negó el engaño y descargó la responsabilidad de los precios desorbitados de las mascarillas en su proveedor malayo, que no declaró en el juicio,

Alberto Luceño Cerón es un empresario con una trayectoria sinuosa, de lo que se ha dado en llamar emprendedor, y las pocas referencias que hay a su historia explican que en 1993 “ganó el Premio Mejor Empresario Joven de España en el sector franquicias”. El único galardón con denominación similar es el que otorga la Confederación Española de Jóvenes Empresarios y según su página web ese año no se entregó ningún galardón.

Su currículum está trufado de puestos en lugares como la Escuela Europea de Dirección y Empresa, el Foro Iberoamericano de Sostenibilidad, la junta directiva de la asociación textil ACOTEX (2014) y posteriormente marcas como 'Uno de 50' o 'Poéte'. Esa cara más pública de su trayectoria dejó, por ejemplo, una intervención ante los alumnos de la Escuela que ya ha sido borrada de YouTube, pero en la que podía escucharse a Luceño explicar cuáles eran sus valores. “La honestidad, la generosidad, la humildad, la integridad”, proclamó él mismo desde el escenario.

La cara B de su periplo empresarial está en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. En 2010 se proclamó administrador único de una consultora llamada Gekko. Un año después de que, además, Luis Medina Abascal fuese nombrado administrador único de otra empresa de consultoría llamada Gekko Partners. El mismo día de abril de 2015, Luceño fue nombrado administrador único de tres empresas de golpe que habían sido creadas un mes antes: la consultora Trendstter Capsule, la consultora Fly Fishing y una tercera consultora llamada Rip and Roll, las tres con domicilio social en la misma casa de Madrid. Dos meses después se pone al frente de otra consultora más, Iprojects Diseño.

Este ovillo de empresas nació mucho antes de que en 2020, según la Fiscalía, se lanzase de la mano de Luis Medina Abascal a por los contratos que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó por once millones de euros para comprar a una empresa malaya mascarillas, test de anticuerpos y guantes. Esos contratos que ahora investiga el juzgado 47 de Madrid llevaban escondidas jugosas comisiones para ambos y fueron firmados y cobrados unos pocos meses antes de que abriera su última empresa: Takamaka Invest. Una sociedad con página web pero sin teléfono de contacto y dedicada, supuestamente, a la “intermediación comercial o venta a comisión de productos diversos, tanto en el ámbito nacional como internacional”.

La primera referencia oficial al comercio internacional en sus empresas y sociedades llega, por tanto, después de cobrar cinco millones en comisiones salidas de las arcas públicas madrileñas. Pero él se presentó ante el Ayuntamiento de Madrid como un experto en el mercado asiático que podía traer material sanitario en un momento de máxima necesidad y en un contexto inhóspito de precios desorbitados y material a veces defectuoso. Hasta allí lo llevó Luis Medina Abascal, que a su vez llegó al Ayuntamiento a través de Carlos Martínez-Almeida, un primo hermano y amigo del alcalde que trabaja en un bufete privado y que hasta el momento ha evitado dar explicaciones.

Altruismo y beneficios

En unos momentos en los que los ayuntamientos españoles buscaban material hasta debajo de las piedras y con la cadena de suministros internacionales convertida en un mercado persa, Alberto Luceño se presentó como el salvador de los trabajadores de los servicios esenciales de la ciudad de Madrid, donde cientos de personas morían al día víctimas del coronavirus. Dijo, según Anticorrupción, que no sólo era un experto en traer productos de Asia: alardeó de tener fábricas en China a su disposición y de ser agente exclusivo de la empresa malaya que iba a traer las mascarillas y guantes. Además, añadió, hacía esto “movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia”.

La realidad es que Luceño no abrió su primera y única empresa dedicada a la importación y la mediación hasta meses después, no hay rastro de sus fábricas en China, no tenía una experiencia significativa en el sector y tampoco era agente exclusivo de Leno, la empresa que finalmente contrató el Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto, según la Fiscalía no actuaba “movido por ninguna intención altruista”. Su intención y la de Luis Medina era “obtener un exagerado e injustificado beneficio económico”. Seis millones de euros, que hubieran llegado a 10 si hubiese prosperado la venta de una partida millonaria de guantes defectuosos que el Ayuntamiento pidió devolver.

Con más experiencia en el ámbito empresarial que su socio Medina Abascal, cuyo único trabajo consistió en conseguir entrar en el Ayuntamiento según ha reconocido él mismo, Luceño emprendió entonces un plan paralelo. Pactó unas comisiones con Medina, pero por detrás consiguió que la empresa malaya le pagase todavía más a sus espaldas. Por ejemplo, en el contrato de venta de un millón de mascarillas los dos habían pactado una comisión de un millón de dólares para cada uno, pero él se terminó llevando tres millones. En otro de los contratos fue él quien decidió que Medina no cobraría su comisión, pero él sí se garantizó la suya. También fue Luceño quien, según la Fiscalía, engañó al Ayuntamiento con el precio de unos guantes que ni siquiera eran los que habían pedido.

El plan para cobrar comisiones millonarias se complicó cuando llegó el momento de gestionar el botín. El dinero llegó rápidamente desde Malasia hasta Madrid a las cuentas de Luceño y Medina, que tuvieron que dar explicaciones al banco cuando las entidades pidieron la justificación de esos ingresos. Fue entonces cuando Alberto Luceño, empresario, colisionó con un artículo del Código Penal: la falsedad documental. Simuló varios documentos y firmas para justificar su relación empresarial con la empresa malaya. Y ayudó a Medina a hacer lo mismo con su propia firma cuando también tuvo que responder ante su banco por su fortuna recién llegada desde Asia.

La Fiscalía investigó si, además, decidió introducir sus comisiones en el curso legal a base de comprar productos de lujo de forma escandalosa: tres relojes, una docena de coches de superlujo, una vivienda de más de un millón de euros en el municipio más rico de España, además de una semana en un hotel de Marbella a razón de más de 10.000 euros la noche.

Medina dio una entrevista a El Confidencial para admitir su comisión y advertir que todo es legal y que las cifras son las normales para este tipo de operaciones. Sobre él circulan fotos del velero que registró a nombre de una sociedad de Gibraltar y con el que navega en Sotogrande e incluso declaraciones a la prensa rosa de que el barco era un sueño cumplido.

El resultado, al menos por el momento, es una condena de tres años y ocho meses de cárcel para Luceño y una absolución para Luis Medina. Una condena que, en caso de ser firme, obligará al empresario a entrar en prisión. Los primeros tres años de cárcel son por todo el dinero que defraudó a Hacienda ocultando la comisión, y los ocho meses restantes por falsificar documentos: los que usó para transitar libremente a pesar de las restricciones sanitarias o para hacerse pasar por agente del CNI.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Luis Medina y a Alberto Luceño del delito de estafa al Ayuntamiento de Madrid por haberse quedado con 6 de los 11 millones que el Consistorio desembolsó en material sanitario en una operación durante la pandemia. El tribunal solo condena a Luceño por el delito de fraude fiscal y otro de falsificación de documento público, al haber fabricado un carnet del CNI, entre otros documentos.

Alberto Luceño ha sido condenado a tres años de cárcel y al pago de una multa de 3,5 millones de euros, a los que hay que sumar una indemnización de 1.351.386,26 euros a la Agencia Tributaria. Esta última es la cantidad que dejó de ingresar al hacer pasar como un trabajo de una sociedad creada 'ex profeso' las tareas de intermediación que había realizado él como persona física.

Por la falsificación del carnet del Centro Nacional de Inteligencia y la manipulación de dos salvoconductos para poder circular durante el periodo que duró el confinamiento ha sido condenado a ocho meses de prisión y 12.000 euros de multa. Luis Medina ha sido absuelto también del delito de falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía Anticorrupción solicitaba 15 años de cárcel para Alberto Luceño y 9 años y 10 meses para Luis Medina en el denominado 'caso mascarillas'. El fiscal Luis Rodríguez Sol consideraba a Luceño responsable de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y un delito contra la Hacienda Pública. A Medina le atribuye estafa agravada y falsedad en documento mercantil.

Los acusados obtuvieron 6 millones de euros en comisiones de un total de 11 que desembolsó el Ayuntamiento de Madrid por tres tipos de material sanitario en el mes de marzo de 2020, el periodo más fatídico de la epidemia del coronavirus.

El Ayuntamiento compró a Medina y Luceño un millón de mascarillas KN95, por los que pagaron 6,6 millones de dólares; 2,5 millones de guantes de nitrilo, por valor de cinco millones de dólares y 250.000 test rápidos por un precio de 4.250.000 dólares. El precio real de las mascarillas era de 2,7 millones, por lo que los acusados se llevaron un beneficio neto de 4 millones, es decir, “el 148 % del precio real del producto”, según defendió Anticorrupción.

La representante de compras del Ayuntamiento, Elena Collado, defendió durante el juicio que Medina y Luceño le aseguraron en varias ocasiones que no cobrarían comisiones. Sin embargo, la Sala considera que durante la vista no se pudo probar que realizaran una afirmación que, según Collado, le repitieron ambos en varias ocasiones.

El tribunal destaca que Collado, quien sigue siendo coordinadora de Recursos y Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, no había hecho tal afirmación ni en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción ni durante la que realizó ante el juez del caso, Adolfo Carretero, pese a que se le había preguntado expresamente por ello.

El Consistorio madrileño solo denunció a los comisionistas una vez presentó Anticorrupción su querella y en el juicio reclamaba casi 8 millones de euros que ahora no podrá recuperar. En ningún momento la señora Collado preguntó a los acusados si percibirían por las operaciones comisión por intermediación“, añade el fallo.

Los magistrados del tribunal concluyen que ni Medina ni Luceño estaban obligados legalmente a decir que iban a cobrar comisiones al comprador, en este caso el Ayuntamiento de Madrid y la Funeraria pública, organismo que adelantó el dinero.

El Tribunal asume que Elena Collado pudo incurrir en un error en relación con el cobro por parte de los acusados de una comisión o, al menos, de su importe. Sin embargo, este error no habría sido determinante para cerrar el acuerdo, ya que el Ayuntamiento asumió que el material costaba lo que le pedían Medina y Luceño, recoge la sentencia. La ausencia de comisión no se discutió en las sesiones del Consejo de Administración de la entidad compradora, pese a que pudo hacerse, ni se incluyó en los contratos como condición de la operación, añaden los jueces.

No hubo engaño

En conclusión, el tribunal concluye que no se dio la estafa “puesto que los acusados no estaban obligados a poner de manifiesto a la entidad compradora que cobrarían del vendedor una comisión ni su importe, por lo que no hay engaño por omisión típico y que la compra se decidió por parte de la entidad Servicios Funerarios de Madrid, en consideración a dos condiciones básicas en el contrato de compraventa, básicamente sobre la cosa vendida y el precio, condiciones que conocía y pudo negociar o simplemente no aceptar”. 

Por lo que se refiere a los defectos que presentaron las mascarillas y los test de antígenos –o el modelo erróneo de guantes contratado– el Tribunal entiende que los acusados, como meros intermediarios, no podían conocer al tiempo de celebrar los contratos que dichos defectos pudieran existir. Se trataría, en todo caso, de un incumplimiento contractual de la vendedora que debe dirimirse en la jurisdicción civil.

La sentencia no aprecia tampoco un trato de favor a los comisionistas. La oferta que realizaron, dice el fallo, no fue “respaldada más que por sus propias manifestaciones” y “el acceso de esta oferta al Ayuntamiento se canalizó como tantas otras que lo hicieron por idéntica vía”. 

Por último, se les absuelve del delito de falsedad en documento mercantil, ya que los documentos que habrían falsificado, como los que presentaron ante sus bancos para justificar el elevado importe de la comisión, son “documentos privados” y nadie acusó a Medina y Luceño del delito que enmarca falsear ese tipo de documentación.

La defensa de Luis Medina ha solicitado en la última sesión del juicio la absolución para el hijo del anterior duque de Feria y de Naty Abascal por los delitos que se le atribuyen en el caso mascarillas, el más grave de ellos el de estafa agravada. El letrado José Antonio Choclán ha expuesto en su alegato final el caso de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, al que la Fiscalía investigó por un pelotazo similar y concluyó que no había motivos para presentar una querella contra él.

“Sabemos como ejemplo que se abrió una causa en correlación al hermano de Ayuso, que fue archivada por decreto de la Fiscalía el 14 de marzo de 2023, en el que se vendieron también mascarillas a un precio cinco euros y la Fiscalía dijo que era un precio razonable y de mercado y se archivó. El precio que aquí se ha puesto es de 6,24 euros, que teniendo en cuenta la donación al final vamos a 4,99 euros, fue el mismo precio”, ha defendido el abogado de Luis Medina, según informa Europa Press. Medina se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 9 años de cárcel por estafa agravada y falsificación de documento mercantil.

El juicio por el caso de las mascarillas ha quedado este jueves visto para sentencia sin que Luis Medina y Alberto Luceño hayan hecho uso de su derecho a la última palabra. La vista oral llega a su fin tras ocho sesiones en las que han comparecido diversos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos la entonces jefa de compras del Consistorio en la pandemia y el director gerente de Madrid Salud, peritos de la Agencia Tributaria y peritos de la Policía Municipal de Madrid.

En sus declaraciones, los procesados dejaron claro que nunca hablaron con Elena Collado de las comisiones, en contra de los manifestado por esta, y que el precio de las mascarillas las fijó la empresa malaya Leno, el proveedor del material que se suministro al Ayuntamiento.

En la última sesión, han expuesto sus conclusiones finales las acusaciones populares, PSOE y Más Madrid, y los abogados defensores. La letrada del PSOE ha planteado posibles acciones legales contra los procesados por incurrir en contradicciones en la vista oral y para que se investiguen igualmente delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

El abogado de Luis Medina, el letrado José Antonio Choclán, ha solicitado una sentencia absolutoria al considerar que la acusación de estafa carece de fundamento en primer lugar porque no se podía calcular un sobrecoste de los precios de las mascarillas debido a que el mercado estaba roto sin oferta y no hay incumpliendo de los contratos porque “el fin era traer ese material” sanitario.

“El pelotazo del que habla el fiscal... ¿no lo querrá tener ahora el Ayuntamiento de Madrid por la vía penal?, ¿No es un pelotazo para el Ayuntamiento quedarse con toda la comisión que ha pagado el intermediario? Esa es la pretensión acusatoria”, ha afirmado, en referencia a los siete millones de perjuicio a las arcas públicas que reclama el Consistorio en el proceso. Choclán ha subrayado que nadie le dijo a Elena Collado que no fueran a cobrar comisiones y que eso fue algo que “pensó” ella.

“El tema ético o moral no tiene nada que ver con la estafa”, ha agregado el letrado, quien ha insistido en que la empresa malaya Leno podía pagar los comisiones que quisiera. Ayer, Alberto Luceño manifestó que fue el proveedor el que fijó la cantidad de dinero que iban a recibir por la operación.

El abogado de Medina ha sostenido que en un contrato se puede contemplar “cualquier precio, siempre que sea aceptado por el comprador”, y que la ley no obliga a detallar los márgenes que se obtengan. “¿Es costumbre ir al Mercadona a comprar un producto y que te expliquen cuál ha sido el margen comercial del producto que se ha ido generando desde la fábrica hasta su venta?”, ha preguntado a la Sala.

El abogado de Alberto Luceño se ha adherido a los alegatos de su compañero Choclán en relación al delito de estafa agravada, que se imputa a ambos procesados, apuntando que no ha habido ocultación de los cinco millones que recibió en concepto de comisión. “Llegó de una manera transparente a España y las comisiones se cobran en una cuenta personal en un banco español”, ha dicho.

“Apariencia de buen samaritano”

Desde la acusación popular que ejerce el PSOE, la letrada Juncal Fernández ha relatado que los acusados perpetraron un doble engaño que justifica la estafa: aseguraron que no cobrarían comisión y que donarían miles de mascarillas, cuanto todo era falso.

“Generaron una apariencia de buenos samaritanos y una confianza que afectó directamente a la voluntad de la señora Collado”, que era la responsable de compras del Consistorio, ha sostenido. Y ha aseverado que “la renuncia a la comisión y la donación fue la zanahoria” para que el Ayuntamiento aceptara un precio en el que entendió que se incluían solo costes, cuando en realidad eran “comisiones absolutamente abusivas”, informa Efe.

La letrada del PSOE ha señalado a Luis Medina como “el referente para el Ayuntamiento”. “Es claro que no se obtiene un millón solo por un email y un teléfono”, ha añadido. En la misma línea la letrada de Más Madrid, Nuria Zapico, ha considerado probados todos los delitos por los que Luceño y Medina se sientan en el banquillo. Para Más Madrid los dos acusados perpetraron una estafa y “lo hicieron de una manera privilegiada”, ya que Luis Medina utilizó un contacto de una profesora de su universidad (María Díaz de la Cebosa) para llegar al Consistorio.

Almeida: “No hay responsabilidad penal del Ayuntamiento”

Este jueves, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el Consistorio va a agotar “todos los mecanismos legales y judiciales” para recuperar el dinero que perdió en la operación con los comisionistas. El alcalde ha subrayado que “no hay ningún tipo de responsabilidad por parte del Ayuntamiento en el ámbito penal ni de ninguna persona que trabaje en el Ayuntamiento en el ámbito penal”.

Almeida ha añadido que para “tranquilidad de los madrileños” en el Consistorio “no hubo ningún Koldo, ni ningún Ábalos, ni ningún Aldama”, en referencia al caso mascarillas relacionado con exmiembros del PSOE.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de 15 años de cárcel para Alberto Luceño y 9 para Luis Medina durante su informe final del juicio por el caso mascarillas. En el nudo principal de la causa, la acusación por estafa agravada, el fiscal Luis Rodríguez Sol ha defendido que se dan las condiciones para que ambos sean condenados por este delito: el engaño bastante y el ánimo de lucro. “Es difícil encontrar una expresión que ejemplifique mejor el ánimo de lucro”, ha dicho sobre el correo en el que ambos acusados se reparten las comisiones y Luceño escribe: “Pa la saca”.

La testigo principal del caso ha sido Elena Collado, responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid. En su declaración como testigo, durante la segunda sesión del juicio, Collado aseguró que Medina y Luceño le repitieron “en varias ocasiones” que ellos solo querían ayudar y que no cobraban comisiones. Ellos han negado que dijeran nada sobre las comisiones (“tampoco lo preguntó”) y han añadido que haciendo su trabajo, y cobrando por ello, ya estaban ayudando. 

Otro de los elementos que Anticorrupción ha utilizado para rebatir la defensa de los acusados es el audio que Medina le envía a Luceño, reproducido durante la vista, en el que el primero propone que repartan las cantidades en el informe que tenían que entregar a sus bancos porque de lo contrario iban a pensar que habían dado “un pelotazo”.

A ese ánimo de lucro contribuye, según Rodríguez Sol, que las comisiones por los tres productos llegaran a tener hasta un 426% de beneficio. A este respecto, el fiscal se ha referido a la declaración de un experto en comercio internacional que declaró como testigo y que situó el porcentaje habitual de las comisiones entre un 2 y un 5%, si bien ha reconocido que no hay límite legal para las mismas. 

En cuanto al “engaño bastante” que se tiene que dar para que alguien sea condenado por estafa, el fiscal Anticorrupción se ha centrado en las comisiones, concretamente al hecho de ocultárselas al comprador, el Ayuntamiento de Madrid. Collado escribió un correo a sus superiores en el Ayuntamiento de Madrid, tales como la teniente de alcalde, Inmaculada Sanz, y la delegada de Economía, Engracia Hidalgo en la que les trasladaba que Luceño le había dicho que él y Medina no cobraban comisiones. “Habría que darles varias medallas”, añadió en ese mensaje. 

Luceño había dicho en su declaración, también este miércoles, que habló por primera vez con Collado ese mismo día del correo, el 22 de marzo de 2020. “Es muy difícil escribir una cosa distinta [por Collado] de algo que se ha hablado ese mismo día”, ha alegado el fiscal. 

Los dos comisionistas hicieron una donación de mascarillas al Hospital Puerta de Hierro, donde trabaja la mujer de Luceño. El fiscal se ha preguntado al respecto: “Si se llevan comisiones, qué sentido tiene hacer una donación”. Con ello ha querido respaldar su tesis de que Medina y Luceño sí que dijeron al Ayuntamiento que no cobrarían. 

El otro elemento que probaría el engaño reside, para la Fiscalía, en la mala calidad de los materiales suministrados al Consistorio madrileño. De las mascarillas no se pudo hacer una pericial porque estaban ya caducadas y el resultado de la misma no sería fiable. Pero queda el comentario de Luceño a su socio cuando hablan del precio de las mismas y el empresario le pide a Medina que no compare las que van a vender a Madrid con las de la marca 3M porque las que suministrarán son “una copia barata china”.

Más grave es, en criterio del fiscal, el caso de los guantes. Si las mascarillas fueron las más caras compradas por un Ayuntamiento de más de 300.000 habitantes, con los guantes pasó algo similar. Solo otra ciudad pagó un precio mayor. Y eso si se toma como referencia los 0,20 euros por unidad una vez Collado reclamó a Luceño por haber enviado un modelo que solo cubría hasta la muñeca cuando debían ser de 40 centímetros y alcanzar el codo. El Ayuntamiento recibió 4 millones de devolución y se quedó con 900.000 euros en guantes que repartió entre funcionarios distintos de los sanitarios, como son los conductores de autobús. Luceño intentó hacer creer que había obtenido una devolución del dinero cuando lo que hizo fue renunciar a la comisión que le había ocultado a Medina. 

Por último está el caso de los test de antígenos. De los 250.000 que se compraron solo entre 90 y 95.000 pudieron ser utilizados. Fueron los más caros comprados en España: 17 euros la unidad. Fueron “claramente defectuosos”, ha concluido el fiscal. 

Los test fueron de calidad defectuosa .90-95.000 de los 250.000 que se compraron. Claramente defectuosos. Los más caros de toda España. Diez euros más por test que otros ayuntamientos (17 en Madrid).

El carnet falso del CNI

En cuanto a la falsedad de los carnets hallados en casa de Luceño, el fiscal se ha ceñido al del CNI porque está demostrado que lo elaboró el propio acusado, no como la placa de policía nacional que, al parecer, se puede adquirir en Internet. Un perito declaró en el juicio que el carnet del Centro Nacional de Inteligencia tenía muchas similitudes al verdadero y que podría pasar por uno de ellos. 

Antes de cerrar su intervención, Luis Rodríguez solo ha querido contestar a la afirmación de Luceño que, en la misma jornada, ha dicho que él no sabía qué comisión iba a cobrar hasta que no se firmó el contrato con el Ayuntamiento y que esa comisión la decidió el empresario malasio y proveedor del material, San Chin Choon, quien no está acusado en la causa. “Nunca nadie ha actuado así en un negocio”, ha dicho el fiscal. 

También ha rebatido que el documento con el que intentó engañar a Medina, un cuadro de reparto de comisiones, lo elaborara San Chin Choon y Luceño simplemente lo reenviara a su socio. En ese cuadro hay un reparto de comisiones y Luceño se lleva un millón, en lugar de los cinco que obtuvo. “Por eso nadie sabe quién es Lin Shin, porque se lo inventa él”, ha defendido Luis Rodríguez Sol.

Este jueves se celebrará la octava y última sesión del juicio con los informes finales de las acusaciones populares de Más Madrid y PSOE y también de las defensas. Los acusados tendrán derecho a ejercer la última palabra.

El principal acusado del caso mascarillas, Alberto Luceño, ha descargado este miércoles la responsabilidad del precio desorbitado pagado por el Ayuntamiento de Madrid y las comisiones que percibieron él y Luis Medina, en el banquillo junto a él, en el empresario malasio San Chin Choon, proveedor del material sanitario por el que el Consistorio desembolsó en los peores momentos de la pandemia 11 millones de euros. De esos 11 millones, cinco fueron para Luceño y uno para Medina.

A preguntas del fiscal Anticorrupción, Luceño ha dicho que los 6,6 euros por mascarilla –el precio más caro pagado por una ciudad española con más de 300.000 habitantes– “lo fija Leno”, el nombre de la sociedad malasia de San Chin Choon que a su vez tenía el contacto en la fábrica china. “Hasta que no se firma el contrato no conozco mi comisión”, ha añadido Luceño, que ha atribuido también el porcentaje que se llevó al empresario malasio.

Luceño se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por estafa agravada, falsificación de documento mercantil y público y delito fiscal. La estafa agravada es el núcleo del procedimiento y habría consistido en engañar al Ayuntamiento, por una parte asegurando que ni él ni Medina iban a cobrar comisiones y atribuyendo el precio final a circunstancias distintas a su beneficio.

Al altribuir a San Chin Choon todas las decisiones de las que derivan la supuesta estafa, Luceño se ha descargado de responsabilidad en este punto. Las partes habían solicitado la declaración de San Chin Choon como testigo, pero el malasio no ha tenido en ningún momento interés en viajar a España y el tribunal decidió que una videoconferencia desde la embajada no era algo que permitiera la ley.

Del precio de las mascarillas, Luceño corresponsabilizó al Ayuntamiento de Madrid. “Uno propone [Leno] y el otro dispone [el Consistorio]. Como cuando se va a comprar una casa”, ha dicho Luceño. Tal era su desconocimiento de las ganancias que el acusado ha dicho no saber quién es Lin Shin, un misterioso personaje que aparece en el cuadro de reparto de las comisiones que él envió a Medina. Según Luceño, ese cuadro, que desveló en su momento elDiario.es, no lo elaboró él sino San Chin Choon.

Anticorrupción atribuye también su acusación de estafa a que el Ayuntamiento recibió guantes por algo más de 5 millones de euros pero no se trataba de los que había pedido. Llegaban hasta la muñeca cuando tenían que proteger a los sanitarios hasta el codo. Cuando la responsable de compras, Elena Collado, se quejó a Luceño este le envió en pocas horas una devolución de más de 4 millones. Según la acusación, no se trataba de una devolución de dinero sino de la renuncia a la comisión del propio Luceño, una comisíon que, por otra parte, le había ocultado a Medina.

Este miércoles, Alberto Luceño dio su versión de los hechos. Se centra en la elasticidad. Asegura que se trató de un “desacuerdo comercial” porque los vendedores y sus intermediarios, ellos, entendían que alcanzaban los 40 centímetros que recogía el contrato una vez estirados. Luceño ha negado que le dijera a Collado, en contra de lo que ella declaró, que no iba a cobrar comisiones. “Tampoco me lo preguntó”, ha añadido.

El empresario Luis Medina se ha calificado a sí mismo como “un facilitador” ante el tribunal que le juzga por la presunta estafa de venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia. Medina ha defendido que no participó en los contactos con el Consistorio y que se limitó a poner en contacto a la Administración pública con su socio, Alberto Luceño, y la empresa Leno que facilitó las mascarillas.

Medina ha remarcado que solo cobró comisión por uno de los tres productos vendidos, las mascarillas, un millón de unidades a 6,6 euros cada una. Por esa venta cobró un millón de euros y hasta en tres ocasiones el acusado ha repetido: “Me doy por satisfecho con la comisión”.

Esta tesis alberga un cambio de postura en Medina, que durante la instrucción del caso conoció que Luceño le había engañado. El socio de Medina le había trasladado que cobrarían lo mismo por el negocio pero Alberto Luceño se llevó 6 millones de euros. Para consumar el engaño a su socio le trasladó un cuadro de reparto de comisiones donde aparecía San Chin Choon y un tal Lin Shin –sin identificar– que cobrarían lo mismo que ellos, un millón cada uno.

Este martes, en la sexta sesión del juicio, Luis Medina ha defendido que ese 50% para cada uno estaba supeditado a que él trajera otros clientes distintos al Ayuntamiento de Madrid, y que eso finalmente no ocurrió. El fiscal, Luis Rodríguez Sol, le ha recordado que él mismo llegó a reclamar su comisión por los guantes, otro producto distinto a las mascarillas y que, como los test, también se vendieron al Ayuntamiento de Madrid. Todo supuso un desembolso de 11 millones de euros de las arcas públicas, de los que los comisionistas se llevaron más de 50%.

Medina ha defendido que nunca le dijo al Ayuntamiento que no fuera a cobrar por su intermediación. La responsable de compras del Ayuntamiento, Elena Collado, declaró como testigo en el juicio y defendió en todo momento que Medina y Luceño le dijeron “en varias ocasiones” que no iban a cobrar comisiones. Los 6,6 euros de compra por unidad representan el precio más caro por unas mascarillas que pagó una ciudad de más de 300.000 habitantes en España durante la pandemia, según acreditó el Tribunal de Cuentas.

“En ningún momento hablamos de ninguna gratuidad de ningún tipo más allá de que nuestra intención era ayudar a que llegara material aquí. Alberto, lejos de apartarse y dejar al ayuntamiento a su suerte con unos chinos, estuvo 24/7 ayudando”, ha dicho ante el tribunal Luis Medina. Elena Collado sigue en su puesto de responsable de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid y Alberto Núñez Feijóo la ha puesto al frente de Eficiencia Pública en el PP nacional. Medina ha dicho que Collado nunca le preguntó si iba a cobrar una comisión.

Con su declaración, Medina se desmarca de la negociación de las comisiones y, por tanto, intenta esquivar la acusación de estafa. En cualquier caso, a preguntas de su abogado, remarcó que desde el principio le dijo a Collado que tenía “un socio”, con la intención de negar que hubiera negado que iba a hacer negocio.

El fraude fiscal de Luceño

Luis Medina se enfrenta a una petición de la Fiscalía de nueve años de cárcel por estafa agravada y falsificación de documento mercantil mientras que Luceño se arriesga a quince años de cárcel por esos dos delitos más uno fiscal y otro de falsificación de documento público. Este jueves también ha declarado la técnico de Hacienda que elaboró el informe de la Agencia Tributaria. Sobre el presunto delito fiscal de Luceño ha explicado que Luceño organizó “un negocio simulado”.

“Existía un negocio real que se pretende ocultar para el delito. La prestación de servicios [la compraventa del material sanitario], es un negocio real del 24-25 marzo, lo que se ha hecho es ocultarlo por la persona de Luceño a través de no declarar IRPF y pone una sociedad simulando que es ella la que presta el servicio”, ha explicado la perito. “El objetivo y la finalidad es reducir la tributación. Cobra servicios dos meses más tarde, crea una sociedad y simula con su declaración que la finalidad era reducir su tributación, del 47% al 15%”, ha añadido la inspectora de Hacienda.

Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de la ciudad de Madrid, ha comparecido este martes como testigo en el juicio por el caso Mascarillas para reiterar su versión de la fase de instrucción: que se limitó a dar un correo electrónico al empresario Luis Medina para que ofreciera sus mascarillas al consistorio. “Me llama directamente el señor Medina, me dijo que tenía experiencia con la industria textil y el comercio con China y que estaba interesado en poder ayudar al Ayuntamiento de Madrid”, ha explicado al tribunal que juzga a Luis Medina y Alberto Luceño.

La abogada de Más Madrid ha denunciado ante la Audiencia Provincial que el testigo ha incurrido en una “contradicción” a la hora de explicar si le explicaron si su intención era hacer negocio o una donación altruista de mascarillas.

Tal y como afirmó en el juzgado, Martínez-Almeida ha explicado de refilón la razón por la que considera que María Díaz de la Cebosa le puso en contacto con Luis Medina cuando el empresario llamó para pedir un teléfono del consistorio y ofrecer sus mascarillas: “No me dijo nada, me imagino que es obvio”, ha explicado el primo del alcalde. Ante el juez, en fase de instrucción, reconoció que Medina acudió a él “por mi condición de familiar del alcalde de Madrid”.

Matilde Díaz de la Cebosa, a la que conocía por la relación de ambos en el “tercer sector” y las fundaciones que ella tenía, contactó con él en los primeros días de pandemia “para decirme que hay un antiguo alumno de su universidad que, me dijo, tenía cierta experiencia con negocios en China y estaba en disposición de conseguir mascarillas”. Quería ofrecer ese material, dijo, al Ayuntamiento de Madrid. Él contactó con Matilde García Duarte, coordinadora general del consistorio de su primo, y ella le facilitó un correo electrónico de su departamento.

El siguiente en llamarle, ha relatado hoy ante la Audiencia de Madrid, fue el propio Luis Medina. “Me dice lo mismo, creo recordar que me dijo que tenía experiencia con la industria textil y comercio con China, que podría obtener material de protección, en concreto mascarillas, y que estaba interesado en poder ayudar al Ayuntamiento de Madrid”. Él, según su versión, le dio el correo y volvió a hablar con él unos días más tarde, cuando el empresario se quejó de que el consistorio no respondía a sus ofrecimientos.

El primo del alcalde ha dedicado varios tramos de su declaración a destacar que ni conocía ni conoce a día de hoy a los dos imputados. “Nunca les he conocido, es la primera vez que les veo en mi vida hoy”. Ha afirmado no recordar si le dijeron que querían ofrecer ese material a más administraciones públicas o si su intención era altruista o hacer negocio. “Lo que me dice es que con la situación que hay en ese momento son personas que tienen una preocupación especial por Madrid, que es donde más está afectando en aquellos días la pandemia y que quieren ayudar”.

La jueza ha cortado en varias ocasiones a las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid cuando han hecho varias preguntas sobre si, por ejemplo, consideró que Medina tenía experiencia suficiente en el sector sanitario para ofrecer ese tipo de negocio: “Los testigos no vienen aquí a opinar”, ha dicho la magistrada. La letrada de Más Madrid ha acusado al primo del alcalde de incurrir en contradicciones.

La coordinadora general de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, es la principal testigo en el juicio por el caso de las mascarillas que sienta en el banquillo a Luis Medina y Alberto Luceño. Durante su declaración, Collado, responsable de las compras del Consistorio en pandemia, ha sellado la tesis del engaño por parte de los acusados: “No cobraban comisiones. Me lo dijeron personalmente ambos y en varias ocasiones”.

Tras recibir un correo de Luis Medina y ser advertida de que lo leyera y contestara por Matilde García Duarte, mano derecha del alcalde, Collado habló con el hijo de Naty Abascal varias veces y luego pasó a hacerlo con el socio del anterior, Alberto Luceño. “Estaba muy preocupado por lo que estaba pasando. Morían cientos de personas al día. Tenía una mujer trabajando en el hospital. Medina y él querían ayudar. Yo pensé que de forma desinterada y altruista. Querían ayudar a Madrid”, ha declarado Collado. 

Los dos comisionistas se quedaron en comisiones 6 de los 11 millones de euros que el Ayuntamiento de Madrid ingresó en la cuenta bancaria del proveedor malasio. Medina y Luceño están acusados de estafa agravada y otros delitos. Para ser condenados por estafa el tribunal deberá considerar acreditado el engaño al Ayuntamiento de Madrid. 

En un momento de su declaración, el fiscal Anticorrupción, Luis Rodríguez Sol, ha preguntado a la responsable de compras del Consistorio si hubieran reconsiderado la compra de saber que los acusados se quedaban con más del 50% del dinero público desembolsado. La respuesta ha sido la siguiente: “Decir esto, cinco años después… desde luego hubiéramos repensado todo, hubiéramos consultado con los servicios jurídicos y la policía, y no sé lo que hubiéramos hecho, estábamos desesperados. Había gente muriendo en la calle. El bien jurídico a proteger era la vida de nuestros empleados. Hubiéramos parado en seco. Hubiéramos valorado pros y contras”.

Ni el juez instructor ni Anticorrupción valoraron la posibilidad de investigar al Ayuntamiento en ningún momento de la instrucción. De hecho, el Consistorio, que no denunció el engaño hasta que la Fiscalía se querelló, ejercita la acusación particular y reclama más de 7 millones de euros a los comisionistas.

Durante el juicio se ha oído un audio que Medina le envió a Collado en marzo de 2020, en sus primeros contactos. El comisionista defendía la calidad de las mascarillas de grafeno que iba a regalar, en realidad vender, al ayuntamiento. “Son las Rolls Royce de las máscaras. Las lleva el presidente de China”.

La declaración de Collado ha evidenciado aspectos cuestionables de la decisión de comprar a Medina y Luceño. Ha ocurrido cuando, por ejemplo, el fiscal Anticorrupción se ha preguntado cómo es posible comprar unos test a 17 euros que días antes tenían un precio de 6 la unidad. O cuando ha preguntado a Collado si no le pareció raro que le enviaran una factura de las mascarillas saliendo de China por 57.000 euros cuando el Ayuntamiento iba a pagar 5 millones de euros. Collado ha respondido: “Me dijo que la diferencia era por el transporte y los gastos fiscales. Se pagaba menos en aduana. Me pareció plausible”.

La primera sesión del juicio por la presunta estafa de las mascarillas de Luis Medina y Alberto Luceño se ha centrado en el modo en el que ambos comisionistas accedieron al Ayuntamiento de Madrid. Una de las personas clave en este trámite fue Matilde García Duarte, entonces coordinadora general del Consistorio y mano derecha de José Luis Martínez-Almeida, quien ha repetido que la oferta del hijo del Duque de Feria recibió el mismo tratamiento que otro millar que llegaron por esas fechas.

Luis Medina obtuvo el contacto de Carlos Martínez-Almeida a través de una antigua profesora. El primo del alcalde, que también declarará en el juicio, preguntó a su amiga García Duarte y esta nunca se lo dijo a su jefe, según repite José Luis Martínez-Almeida desde que elDiario.es desvelara el caso el 31 de marzo de 2022. Matilde García Duarte ha defendido este martes que Luis Medina no tuvo un trato preferente aunque admitió que habló con él por teléfono y no aclaró si lo hizo con el resto de esas “1.200 ofertas”, según precisó en otro momento.

“Se recibió un correo el 18 de marzo de 2020. Yo no fui consciente porque se referían muchos correos pero recibí otra llamada de Carlos Martínez Almeida que dice que ha mandado un correo esta persona. Yo me puse en contacto con Luis Medina para aclarar qué tipo de ofrecimiento o donación hacía. Quedó claro que era una venta, un ofrecimiento oneroso. Me mandó un correo dándome más información”, ha relatado García Duarte, quien ahora trabaja en la empresa privada.

El nombre del alcalde no ha aparecido durante las dos declaraciones de testigos de hoy. Antes, en las cuestiones previas, el tribunal había rechazado las peticiones de las acusaciones populares para que declararan Almeida y Engracia Hidalgo, delegada de Economía del Consistorio. Pese al agradecimiento que Almeida tuvo con los presuntos estafadores, según comentan ellos mismos en mensajes que se intercambian, el tribunal consideró que ni él ni su responsable de Economía “están vinculados con los hechos”, y ha desestimado la petición.

En uno de esos mensajes, Medina le dice a su socio que le ha llamado García Duarte “de parte del alcalde” para adelantarle que Martínez-Alemeida se pondría en contacto con él para agradecerle la venta del material que está siendo juzgada. “De parte del alcalde no lo creo. Cuando el alcalde quiere llamar, llama él. He sido cuatro años y medio [como coordinadora general] y no recuerdo haber llamado de parte del alcalde a alguien”, ha dicho García Duarte durante el juicio.

La testigo ha negado que la llamada de Carlos Martínez-Almeida informándole de que Luis Medina tenía material sanitario en los peores días de la pandemia se la tomara de forma distinta a si otra persona le hubiera dicho algo similar en momentos de tanta necesidad. También ha dicho que no conocía a Medina y que no sabía quién era. Ha explicado que le dijo al primo del alcalde que le diera el correo genérico que se había publicitado como el punto de contacto con el Ayuntamiento para donar o vender material sanitario.

La mano derecha de Almeida ha justificado su llamada a Luis Medina para aclarar si lo que iba a hacer junto a su socio era una donación o una venta y que en esa llamada quedó claro que era lo segundo. Sin embargo, una vez superó ese filtro y pasó al de Elena Collado, responsable de compras del Consistorio, la versión es otra. Consta en la causa cómo Elena Collado escribe un correo, entre cuyos destinatarios está García Duarte, asegurando que Medina y Luceño no cobran comisiones y que habría que darles “varias medallas”. La ex coordinadora general ha dicho este martes en el juicio que ella no leía los correos en copia.

“Mi obligación como española era moverlo”

Antes que ella ha declarado María García de la Cebosa, directora de la universidad privada donde estudió Luis Medina y a la que el comisionista llamó, según ha dicho ella, buscando contactos en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. No así en el Gobierno central, de distinto signo político. No ha quedado claro por qué pensó en Carlos Martínez-Almeida, solo ha dejado entrever que eran dos personas, comisionista y primo del alcalde, que querían ayudar. “Mi obligación como persona y como española era moverlo. Y lo mismo le pasó a Carlos”, ha declarado García de la Cebosa.

En el trámite de las cuestiones previas ha quedado claro que uno de los atractivos de la vida, la declaración del proveedor malasio San Chin Choon, no se producirá porque el tribunal lo ha citado para que viajara a España y ni siquiera ha sido localizado. La defensa de Luceño ha pedido que prestara declaración desde la Embajada, pero el tribunal le ha contestado que ese no es un cauce reconocido y ha añadido que tampoco es “esencial”.

Los comisionistas defienden que los 11 millones de euros salieron de una cuenta del Ayuntamiento a otra de la empresa Leno, propiedad de San Chin Chon. Y que su comisión fue de esa cuenta malasia a la de ellos, por lo que la comisión fue pactada entre Medina y Luceño y el proveedor y, por tanto, no hay estafa. Luceño se enfrenta a 15 años de cárcel por estafa agravada, falsificación de documento público, falsificación de documento privado y delito fiscal. En el caso de Medina, la pena que Anticorrupción pide se reduce a nueve años por la estafa agravada y la falsificación de documento privado.

El juicio a Luis Medina y Alberto Luceño ya estará visto para sentencia cuando en marzo se cumplan cinco años del confinamiento de los españoles por la pandemia de la Covid-19. El martes arranca la primera vista que juzga delitos relacionados con la compraventa de material sanitario durante el acontecimiento más dramático desde la Guerra Civil. Los dos empresarios se enfrentan a 9 años de cárcel (Medina) y 15 (Luceño) por, entre otros delitos, la estafa de engordar hasta un 60% el precio de unas mascarillas que salvaban vidas y por las que el Ayuntamiento de Madrid pagó una cifra récord entre las grandes ciudades españolas. 

La pandemia provocó un caudal de dinero que salió de las arcas públicas en un tiempo récord para intentar atajar la avalancha de muertes. Fue terreno abonado para los comisionistas que, en medio del pánico de los ciudadanos encerrados en sus casas, comenzaron a hacer llamadas. 

Con el tiempo fueron llegando las denuncias contra la voracidad y el oportunismo pero la Fiscalía estableció una gruesa línea entre lo que consideró falta de ética y delito. A la espera de cómo evolucione el caso Koldo, el juicio por los seis millones que se embolsaron Medina y Luceño es una isla entre un mar de procedimientos archivados o que ni siquiera se llegaron a convertir en causa judicial. Los 234.000 euros que obtuvo Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es uno de sus principales ejemplos de dinero público que fluyeron a manos privadas sin ninguna repercusión en los tribunales.

La investigación secreta de la Fiscalía Anticorrupción se había encallado cuando elDiario.es publicó el 31 de marzo que el órgano especializado investigaba el pelotazo del hijo de Naty Abascal y el antiguo Duque de Feria y de otro empresario, amigo suyo. De los 11 millones que pagó el Ayuntamiento de Madrid por el material, los dos investigados se habían quedado más de la mitad. El Consistorio no firmó una compra más alta de material en toda la crisis sanitaria. 

Las diligencias de investigación habían comenzado a finales de 2020, 17 meses antes, pero Anticorrupción no se decidía a presentar una querella en el juzgado a la espera de la improbable respuesta de una comisión rogatoria enviada a Malasia. El levantamiento del secreto reveló que el órgano dirigido por Alejandro Luzón presentó la querella al día siguiente de la exclusiva de elDiario.es.

La causa reúne otra peculiaridad: la administración implicada es acusación y no acusada. Pese a que la acción popular, ejercida por Más Madrid, PSOE y Podemos –este último se acabó retirando–, insistió en que se investigaran los vínculos de los comisionistas, principalmente Medina, con el círculo del alcalde, Anticorrupción y el juez del caso, Adolfo Carretero, descartaron connivencia del Consistorio y lo consideraron en todo momento víctima del engaño. 

La estafa, el nudo gordiano

El engaño, la estafa. Aquí reside el nudo gordiano que desentrañará el tribunal en su sentencia. El siguiente párrafo del escrito de acusación de Anticorrupción resume su tesis: “La intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello, como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación”.

Los 16 millones de dólares salieron de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, la entidad pública dependiente del Consistorio que tenía los fondos para afrontar el pago inmediato. Y no fueron a las cuentas de Medina y Luceño sino a la de la empresa malasia Leno, que supuestamente tenía las fábricas o el contacto en China. De una cuenta de esta empresa, con el ya popular San Chin Choon al frente, salieron las transferencias con las comisiones. Los acusados alegan que si el Ayuntamiento pagó a Leno y el proveedor acordó con ellos sus comisiones, nada puede objetar el pagador. 

Luis Medina lo recoge así en su escrito de defensa: “No existía ni existe la obligación por parte del proveedor o de sus intermediarios de informar al comprador sobre las comisiones por intermediación o sobre cualquier sobrecoste, incluido la fabricación del producto (…) En cualquier caso, los responsables del Ayuntamiento de Madrid que participaron en la contratación, en ningún momento se interesaron por conocer la existencia de las comisiones que percibían por la operación don Alberto Luceño y don Luis Medina”.

Las acusaciones, por su parte, recurren a uno de los episodios de la negociación entre el Ayuntamiento y los acusados para intentar probar la estafa. Uno de los tres contratos firmados respondía a la venta de 2,5 millones de guantes de protección que el Consistorio repartiría entre los sanitarios dependientes de su administración. El precio sería de 2 euros por guantes y estos deberían cubrir hasta el codo. Ese fue el pacto verbal entre Luceño y Elena Collado, antigua secretaria de Estado de Función Pública con Cristóbal Montoro y la persona que el Gobierno de Almeida puso a dirigir las compras del material sanitario en medio del caos de la pandemia. 

Sin embargo, los guantes que llegaron solo cubrían hasta la muñeca. Cuando Collado advirtió a Luceño de que ese no era el trato, los comisionistas devolvieron más de 4 millones al Ayuntamiento, haciendo creer al Consistorio que le estaban pagando la diferencia entre lo que costaban unos guantes y otros. En realidad lo que hacían era renunciar a la comisión oculta por ese producto, cuyo precio era de 0,39 euros, muy inferior al que lo habían vendido a Madrid. Los guantes acabaron en las manos de otros funcionarios menos expuestos al virus que los sanitarios, como los conductores de la Empresa Municipal de Transportes.

Esos palés de guantes no fueron el único material defectuoso que se compró desde el ayuntamiento de la capital a Medina y Luceño. Solo una remesa de las tres de test de antígenos adquiridos cumplía con los requisitos. En total, el Ayuntamiento se quedó con material defectuoso por valor de 4 millones y nunca denunció. Solo se personó a través de la empresa municipal funeraria cuando supo de la investigación de Anticorrupción que derivó en querella.

Material defectuoso

Para recalcar su perfil pretendidamente altruista, los acusados regalaron al Ayuntamiento de Madrid 283.000 mascarillas. El entusiasmo del comprador con los vendedores se refleja en un correo electrónico que Elena Collado remitió el 23 de marzo de 2020 a la que era mano derecha de Almeida en el Ayuntamiento, Matilde García Duarte: “Nuestros proveedores Luis Medina y Alberto Luceño (que tiene empresas en China pero es madrileño) a los que habría que dar varias medallas, se están encargando de la parte 'gruesa' de nuestras necesidades y han renunciado a todo tipo de comisiones”.

El propio alcalde de Madrid, según contaba en un audio de Whatsapp Luis Medina a Alberto Luceño, llamó al primero para mostrarle su agradecimiento por el material sanitario. “Ha llamado el alcalde de Madrid, muy cariñoso y agradecido”, dice el aristócrata. La instrucción desveló que Martínez-Almeida firmó una carta de recomendación para que Luceño la pudiera mostrar al Gobierno chino.

La oferta que había hecho Luceño consistía en 1 millón de mascarillas KN95 (6.683.000 millones de dólares), 2,5 millones de pares de guantes de nitrilo (5 millones de dólares) y 250.000 test rápidos (4.250.000 dólares). “Estos precios los impuso Alberto Luceño al Ayuntamiento de Madrid diciendo que era el precio fijado por el exportador. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio final ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía a comisiones que los acusados iban a percibir”, recoge el escrito de conclusiones de la Fiscalía. 

A su vez, Luceño confeccionó un documento para hacer creer a Luis Medina, su socio en la intermediación, que ambos cobrarían 1 millón de euros en comisiones cuando en realidad él mismo había pactado con Leno, el proveedor malasio, una comisión adicional de 2 dólares por mascarilla. Solo por este tipo de material, Luceño otubvo en total 3 millones de euros en comisiones. Entre los dos lograron 4 millones de euros de comisiones solo en mascarillas, para lo que tuvieron que inflar el precio en un 148%. Los Ayuntamientos de Barcelona y Zaragoza adquirieron en la misma época las mismas mascarillas por 2,5 euros y 1,6 euros, respectivamente, frente a los 6,24 desembolsados por Madrid.

Favores en la élite

Existe una fase previa en el caso que ocupó una buena parte de los interrogatorios y otras diligencias solicitadas por los partidos de la oposición y a la que Anticorrupción nunca se sumó: ¿cómo accedieron al Ayuntamiento de Madrid los dos acusados? El caso ha permitido determinar que Luis Medina, destacado miembro de la jet set madrileña y sevillana, recurrió en pleno confinamiento a la directora de la universidad privada donde había estudiado. Ella, María de la Cebosa, pensó en un primo del alcalde, Carlos, y este, en su amiga y compañera de la Abogacía del Estado, Matilde García Duarte, la mano derecha de Almeida, quien le facilitó la dirección de Elena Collado. 

Todos los mencionados en esta cadena de contactos declararán como testigos en el juicio, después de haberlo hecho en fase de instrucción. García Duarte le dijo al juez Carretero que nunca le contó al alcalde de Madrid que su primo le había preguntado por cómo podían unos vendedores acceder a la administración que él dirigía para vender material sanitario en un momento en que cada día se registraban centenares de muertos. Ni siquiera se lo dijo, según su relato, cuando la Fiscalía, 17 meses antes de arrancar el caso, requirió documentación al Ayuntamiento y citó a declarar a Elena Collado. El alcalde siempre ha defendido que se enteró de la participación de su primo por la primera información de elDiario.es.

Documentos y carnets de policía falsos

La elevada condena que requieren las acusaciones se debe a que al delito de estafa agravada que se atribuye a ambos hay que sumar el de falsedad en documento mercantil, otro en documento público y un delito contra Hacienda, siempre en el caso de Luceño, mientras que a Medina se le añade solo el de falsedad en documento mercantil. 

Ambos habían presentado una lista de documentos falsos a sus respectivos bancos para justificar tan abultados e inmediatos ingresos y, en el caso de Luceño, además registró una factura falsa. Por ello se arriesgan a ser condenados a dos años de prisión. Luceño tendrá que hacer frente a otra petición de dos años de cárcel por falsificación de documento oficial, entre ellos una placa de agente del CNI.

Alberto Luceño creó una sociedad el 26 de mayo de 2020, Takamaka Investements SL, a la que él luego facturó el trabajo para ahorrarse 1,3 millones de euros en impuestos, al declarar como ingresos de la empresa lo que debería haber incluido en su IRPF.  

Si prospera la tesis de la Fiscalía, Medina y Luceño deberán indemnizar a la Funeraria pública madrileña, que adelantó el dinero público, 7.852.580,21 euros entre ambos, a los que hay que sumar 1.351.386,29 que Luceño le debe a Hacienda. Anticorrupción insta a decomisar los bienes que por ahora están embargados hasta alcanzar los 4,6 millones en el caso de Luceño y 912.700 euros en el de Medina. 

El hijo de Naty Abascal se compró un barco con las ganancias. Luceño optó por coches y relojes de lujo. Todo para hacer desaparecer, según las acusaciones, el rastro del pelotazo. En uno de los correos electrónicos incorporados a la causa, Luceño informa del primer cobro de comisiones. En el cuerpo del mensaje escribió: “Pa la saca”.

La Audiencia de Madrid juzgará a partir de la próxima semana a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño por la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en las primeras semanas de la expansión del coronavirus en 2020. Ambos empresarios aprovecharon lo peor de la pandemia para hacer negocio y cobrar seis millones en comisiones salidas de las arcas públicas madrileñas.

El sumario que recoge la investigación incluye un audio remitido por Medina a Luceño en marzo de 2020, a los pocos días de haber firmado los contratos millonarios con el Consistorio, en el que el primero revela que le ha llamado el alcalde, José Luis Martínez Almeida, “muy cariñoso y muy agradecido”, según revela un audio adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es.

En el mismo audio, Medina informa a su socio de que el alcalde de Madrid le ha dicho que está a su disposición para lo que quieran y que les ha prometido que se sentará con ellos cuando pase la pandemia.

El sumario del caso revela que esa llamada se produjo el 26 de marzo, cuatro días antes de que los empresarios ingresaran sus primeras comisiones, de un millón de euros en el caso de Medina, y cuando Luceño todavía estaba gestionando los pedidos, según se desprende de varios mensajes incorporados a la causa. La relación de los comisionistas con el Ayuntamiento siguió intensamente en los días posteriores a la llamada de Almeida y solo concluyó ocho meses después, en noviembre de 2020.

La investigación libró de toda responsabilidad al Ayuntamiento de Madrid a pesar de que el instructor reconoció la “laxitud en los controles en la contratación” y que “pagó un precio totalmente excesivo por un material que en parte era defectuoso”.

Seis millones en comisiones

En su auto de procesamiento, el juez Adolfo Carretero explica que, “en el peor momento de la pandemia”, cuando había “miles de muertos” por causa del coronavirus, Luceño y Medina “urdieron un plan” para “obtener (...) el mayor beneficio económico posible” a costa del Ayuntamiento. Un plan que consistía en la intermediación para la compra de grandes cantidades de material sanitario —mascarillas, guantes y test— de una empresa malaya.

Según el relato del magistrado, los dos investigados habrían cobrado “unas comisiones muy elevadas” que formaban parte del precio y que habrían ocultado al Ayuntamiento “sin que los gestores municipales se dieran cuenta”. Algo que ocurrió, según el juez, debido a la “laxitud en los controles en la contratación” y a la “urgencia” y la “inestabilidad” de los precios del material sanitario que había en todo el mundo como consecuencia de la pandemia.

El auto afirma que ambos inflaron el precio de los contratos en un 60% en el caso de las mascarillas, en un 81% en el de los guantes de nitrilo y en un 71% en el de los tests a causa de las “elevadas” comisiones fijadas. Fruto de estas mordidas, Luceño cobró 5,1 millones de dólares y Medina un millón. En algunos casos esto implicó que entre el 60% y el 80% del dinero que pagaron los madrileños a través de la funeraria municipal fue a parar a los bolsillos de estos dos empresarios.