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Anticorrupción investiga comisiones millonarias en compras de material sanitario por el Ayuntamiento de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en una visita al almacén de material sanitario del Ayuntamiento el 31 de agosto de 2021.

La Fiscalía Anticorrupción investiga comisiones millonarias obtenidas por dos empresarios que intermediaron en la compra de material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020, durante el peor momento de la pandemia y unos días después de que se decretase el estado de alarma. La investigación todavía trata de determinar cómo uno de esos dos empresarios, Luis Medina Abascal, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, contactó con el cargo del Ayuntamiento que durante aquellos días se afanaba en cerrar contratos para adquirir equipos de protección contra el virus.

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Anticorrupción mantiene abiertas desde finales de 2020 unas diligencias de investigación para seguir el rastro de seis millones de euros (por dos contratos que suman 11 millones) que fueron a parar a los dos intermediarios que facilitaron la llegada de mascarillas y test de anticuerpos procedentes de China para proteger al personal que trabajaba en las emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Hasta ahora los investigadores sospechan que la comisión obtenida por Luis Medina Abascal ronda el millón de euros, mientras que otro empresario amigo suyo, Alberto Luceño Cerón, logró embolsarse cinco millones en la misma operación, según han revelado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación.

La unidad especializada rastrea indicios de falsedad documental, delito fiscal y blanqueo de capitales en la actuación de ambos, según las mismas fuentes. Pocas semanas después de estallar la pandemia, Luis Medina Abascal habría contactado con el cargo del Ayuntamiento que se encargaba de las compras en tres o cuatro ocasiones de forma telefónica para hablarle de un amigo suyo empresario, especializado en importar material textil de Asia, e informar del material que podría venderle al Consistorio. Lo contó en una declaración ante el fiscal a principios de 2021 la persona que coordinaba la adquisición del material en el Gobierno de Almeida y que compareció ante Anticorrupción como testigo.

A esas llamadas se habría reducido, según la investigación, la actuación del hijo menor del duque de Feria y de Naty Abascal para embolsarse un millón de euros de dinero público en un momento en que los muertos se contaban a diario por centenares.

Según ese relato, esas primeras llamadas dieron entrada en el Ayuntamiento a Alberto Luceño Cerón, amigo de Luis Medina, y lo pusieron en contacto con la persona que coordinaba las compras de material en el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y que se tramitaron a través de la empresa pública funeraria de Madrid. En la documentación que figura en Anticorrupción consta que esas propuestas fueron ratificadas por el Consejo de Administración de la funeraria municipal, que fue elegida para sellar los contratos porque a diferencia del Ayuntamiento, la empresa pública sí podía adelantar dinero público para garantizarse los contratos. Entre las adjudicaciones que se investigan, la primera asciende a 6,2 millones de euros y estaba destinada a comprar mascarillas FFP2 y KN95; un segundo lote de 4,6 millones de euros estaba compuesto por guantes de nitrilo; y un tercero, de 3,9 millones sirvió para adquirir test de autodiagnóstico. Se trataba de un material que todas las administraciones estaban intentando importar en un momento en que los mercados internacionales se habían convertido en zocos donde el primero que garantizaba el pago se llevaba la mercancía.

Fuentes de los grupos municipales confirman que entonces, durante los meses más duros de la pandemia, dieron el visto bueno a todas las propuestas de compra de material que llegaban del Ayuntamiento y que también consistieron en utilizar a la empresa funeraria para agilizar los procedimientos. La urgencia y el caos de aquellos días impidió fiscalizar cada uno de los contratos. En total, el Ayuntamiento de Madrid formalizó 72 contratos a través de la funeraria municipal por un valor de 42,1 millones de euros, según los datos del Tribunal de Cuentas.

El primer pedido (de los tres que se encargaron a través de los dos empresarios investigados) fue el de las mascarillas de grafeno que se repartieron entre el personal del Ayuntamiento que trabajaba más expuesto al virus, como los policías municipales, los bomberos y el Samur. La materialización del segundo de los contratos firmados provocó el fin de la relación entre el Ayuntamiento y el empresario Luceño Cerón, según se concluye de la declaración que la funcionaria, cargo del Ayuntamiento, realizó ante la Fiscalía Anticorrupción. Los guantes entregados eran de una calidad muy inferior a lo acordado y el intermediario dejó de contestar al teléfono.

El cargo del Ayuntamiento volvió a hablar en ese momento con Luis Medina Abascal para que advirtiera a su amigo de que le estaban buscando. Finalmente, el Ayuntamiento pudo requerir directamente al empresario la devolución del adelanto, que Alberto Luceño reintegró en un plazo de entre 48 y 72 horas, aunque solo en parte. Según asegura el Ayuntamiento este viernes, Luceño devolvió 4 millones de dólares de los 5 que se le habían pagado por los guantes. El tercer contrato (formalizado antes de que llegasen los guantes de peor calidad y el Ayuntamiento rompiese las relaciones con estos empresarios) surtió al Ayuntamiento de test de autodiagnóstico a cambio de 4,6 millones . El primer y el tercer contrato, correspondientes a las mascarillas y los test, centran la investigación de Anticorrupción.

Noviembre de 2020: arranca la investigación

La investigación para tratar de determinar el destino de los seis millones de euros de estos contratos públicos arrancó en otoño de 2020. El 26 de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid recibió un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Solicitaba los contratos, las actas del Consejo de Administración de Servicios Funerarios de Madrid (SFM) y la composición de dicho consejo. Tres semanas después, el Consistorio remitió la documentación a la unidad especializada en perseguir la corrupción. 

En un segundo requerimiento, el 30 de diciembre de 2020, el fiscal Luis Rodríguez Sol solicitó al Ayuntamiento que la persona que coordinó las compras entregara sus mensajes de teléfono y de mensajería instantánea de las fechas de las compras, así como los mensajes de su dirección de correo electrónico corporativo. La información fue remitida desde el Ayuntamiento a Anticorrupción el 25 de enero de 2021.

Con posterioridad a la apertura de las diligencias de investigación de la Fiscalía, los tres contratos llamaron la atención del Tribunal de Cuentas. El trámite de emergencia por el que fueron aprobados fue el habitual en las distintas administraciones en aquella época y que estaba amparado por la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno de España. El objetivo era agilizar la adquisición de material por parte de las instituciones en una situación desesperada y con los proveedores internacionales subastando el material al mejor postor. El material importado por el empresario Luceño Cerón pertenecía a una empresa radicada en Malasia, denominada Leno, aunque el material procedía de China.

La Fiscalía Anticorrupción se ha topado hasta ahora en diferentes administraciones con contratos que presentaban ganancias desorbitadas por la escasez mundial de material, que encarecía enormemente el producto, y que se beneficiaban de las concesiones a dedo, autorizadas por las administraciones para agilizar su adquisición en un periodo de elevadísima mortalidad por los contagios de COVID-19. En muchos casos, los fiscales han tenido que archivar las pesquisas tras concluir que los negocios, de apariencia poco ética en un momento de sufrimiento global, no tienen reproche penal porque no se traspasó ningún límite legal para su realización, puesto que la declaración del estado de alarma facultó a los distintos gobiernos para evitar los concursos públicos aunque los importes fuesen millonarios. En el caso de las comisiones derivadas de los dos contratos citados de mascarillas y test de anticuerpos Anticorrupción sigue investigando. 

Sin experiencia en el mercado sanitario

Ni Luis Medina Abascal ni el empresario Luceño Cerón tenían experiencia en el mercado de productos sanitarios. Luis Medina Abascal, habitual de las revistas del corazón, figura como administrador único de Tula Creative Studio, con sede en Barcelona y dedicada a la consultoría en el ámbito de la publicidad, así como al diseño de campañas, desde el año 2014. 

Semanas después de su intermediación ante el Ayuntamiento de Madrid, en mayo de 2020, Luis Medina creó Sextante Trade Mark, dedicada a intervenir en el comercio de “productos diversos”. Los contratos investigados son de un par de meses antes. elDiario.es acudió a la dirección que figura como sede de esta empresa en Madrid, pero la persona que abrió la puerta negó que el lujoso piso en el centro de la ciudad albergue sociedad alguna. Este medio ha trasladado a Luis Medina a través de terceros el interés por recabar su versión, pero el empresario ha rechazado dar cualquier explicación.

Su amigo Alberto Javier Luceño Cerón es un empresario que hace una década ostentó la dirección de la Escuela Europea de Dirección y Empresa de Madrid. Según el Boletín del Registro Mercantil, es administrador único de una sociedad dedicada a “la intermediación comercial o venta a comisión de productos diversos, tanto en el ámbito nacional como internacional” desde junio de 2020. Esta última empresa se montó pocos días después de que Luis Medina Abascal constituyese la suya y ambas después de que ambos hubieran logrado cerrar ese negocio con el Ayuntamiento de Madrid. elDiario.es ha llamado reiteradamente a Luceño Cerón y le ha trasladado el contenido de su consulta, sin obtener respuesta.

“Colaboramos con la Justicia”

En un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Madrid después de la publicación de esta información, el ejecutivo local que dirige José Luis Martínez-Almeida reconoce la existencia de la investigación, de la declaración testifical de una funcionaria encargada de las compras en esas fechas y de la entrega de toda la documentación requerida. En este comunicado, explica el consistorio madrileño que es el “primer interesado en conocer si se ha producido algún delito con dichos contratos” y que, además, está “prestando la máxima colaboración con la Justicia y lo seguirá haciendo hasta que se esclarezcan todos los hechos”.

A su llegada al congreso del Partido Popular en Sevilla, el alcalde Martínez-Almeida se ha referido a la información de elDiario.es intentando desvincular al Consistorio de la investigación de Anticorrupción. “Nadie del Ayuntamiento está siendo investigado por la Fiscalía. Ningún delito es imputable al Ayuntamiento, sino a la relación de dos empresarios al margen”, ha dicho Martínez-Almeida, informa Aitor Riveiro.

El alcalde de Madrid ha asegurado que el Consistorio colabora con Anticorrupción “desde el primer momento” y que ha aportado la documentación que se le ha requerido. Según ha dicho, los contratos objeto de investigación fueron “aprobados por unanimidad de todos los grupos en la empresa funeraria, todos tenían la información relativa para tomar una decisión”. Martínez-Almeida ha añadido que en el Ayuntamiento están “muy tranquilos” respecto a la investigación de la Fiscalía.

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