Anticorrupción archiva la investigación sobre los contratos de los que se benefició el hermano de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias de investigación que abrió a raíz de las denuncias presentadas por varios grupos políticos de la oposición madrileña en relación con unos contratos de compra de material sanitario por parte de la Comunidad de Madrid de los que obtuvo una comisión el hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Anticorrupción especifica en su decreto de archivo de las actuaciones que no se pronuncia sobre el delito de malversación de fondos públicos de procedencia de la UE, fraude y cohecho que investiga la Fiscalía Europea.

La Fiscalía también descarta de plano cualquier investigación contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. “La hipótesis delictiva planteada por los denunciantes se fundamentaba en una secuencia de hechos de la que inicialmente no se deducían indicios razonablemente verosímiles ni de la realización del hecho investigado, ni de su carácter delictivo ni de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”, dice Anticorrupción.

La presidenta, según destaca la Fiscalía, “no ha intervenido en el procedimiento” de contratación de la empresa que pagó una comisión a su propio hermano. Entiende que ni siquiera tenía obligación de abstenerse. “No consta intervención directa ni indirecta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en este expediente como tampoco -ya se ha dicho- de la mediación en su nombre de D. Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna”, explica Alejandro Luzón.

Para Luzón, ni siquiera la Subdirección General que adquirió el material supo de la participación como “asesor” de Priviet, la empresa del amigo de la presidenta, en la oferta que la sociedad envió por correo electrónico. Para el fiscal Luzón no hay duda de que Tomás Díaz Ayuso no participó en la oferta por correo electrónico que Priviet envió a la Subdirección General encargada de comprar el material y aporta como “significativo al respecto” que fuera la empresa la que enviara dicha oferta y que el hermano de la presidenta estuviera en “copia oculta”. “Su intervención en la operación, de asesoramiento técnico de la empresa para preparar la oferta, fue desconocida por los funcionarios tramitadores de ésta”, concluye el fiscal.

Un contrato de 175.000 euros en una empresa en apuros

Según el fiscal, el empresario amigo de la familia Ayuso acordó pagar a Tomás una cantidad fija de 175.000 euros y un bonus que saldría de cada operación exitosa y que “no se fijó inicialmente debido a la fluctuación de precios de venta de los fabricantes y del tranpsorte, pero estableciendo en todo caso un topo máximo del 7%”. En este sentido, Luzón concluye: “El análisis de la tramitación del contrato, de su objeto, precio y ejecución no permite concretar ilegalidad alguna, al menos en lo concerniente a las conductas incluidas en el perímetro de la investigación”.

En total, recibió cuatro pagos en tan solo una semana, del 7 al 14 de julio de 2020 de más de 58.000 euros todos ellos. Los tres primeros corresponden al sueldo pactado y el cuarto es la comisión, de 59.203,52 euros, según Luzón Respecto a la comisión, el fiscal asegura que “trae causa de su trabajo para Priviete, consistente en añadir valor al proceso comercial de esta empresa mediante su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales, así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados.Glosa del currículum del hermano de Ayuso.

La Fiscalía no encuentra pruebas de que el hermano mediara

“La investigación practicada no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el Sermas o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa Priviet, ni siquiera que aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos que, por otra parte y de acuerdo con el procedimiento seguido por la Subdirección General de Contratación antes descrito, no era en absolauto necesario para presentar la oferta”.

Alejandro Luzón considera que el relato de Tomás Díaz Ayuso es “coherente” y que está refrendado por el material aportado como por las declaraciones de los testigos. “Este relato no queda ensombrecido por las hipótesis planteadas por los denunciantes que, tras la práctica de las diligencias reseñadas, no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas que no permiten avanzar, siquiera sea provisionalmente, en una tesis inculpatoria”, dice Luzón sobre Más Madrid, Podemos y el PSOE. La contundencia contra los partidos políticos denunciantes ha sido también una constante en el caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid.

El fiscal jefe de Anticorrupción relata cómo fue el hermano de Ayuso quien propuso a su amigo de la infancia, también amigo de la presidenta madrileña, el negocio del material sanitario en plena pandemia. En otro punto, Luzón dice textualmente: “Tomás Díaz Ayuso venía trabajando en el mercado sanitario desde finales del siglo pasado”, tanto por cuenta ajena como en régimen de autónomo. Y a continuación ensalza su currículum: “Tuvo la oportunidad de asistir a jornadas y congresos internacionales y a distintas ferias médicas internacionales, lo que le permitió mantener contactos con fabricantes de equipamiento y material sanitario de diferentes países del mundo, incluida China”.

En cuanto a la empresa que resultó adjudicataria del contrato, propiedad de un amigo de la infancia de Isabel Díaz Ayuso y su hermano, el fiscal se muestra comprensivo hacia que cambiara su dedicación a la importación de ropa y derivados del mercado asiático por material sanitario, ya que la crisis sanitaria “sumó a esta empresa, como a tantas otras, en una complicada situación económica, con dificultades para dar continuidad a su negocio”.

Así las cosas, según el relato del fiscal jefe, Tomás Díaz Ayuso propuso a su amigo Daniel que “aprovechara su experiencia y capacidad logística y financiera para realizar importaciones del mercado asiático aportando él al proceso comercial su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitarios, los proveedores y clientes potenciales, así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados”.

El precio de las mascarillas

El fiscal jefe Luzón, que decidió quedarse con la investigación, diserta acerca de la situación crítica que se vivía en España y en todo el mundo en el momento del contrato investigado: la escasez de material sanitario que salvara vidas, sobre todo de sanitarios, la perturbación en los habituales canales comerciales de adquisición y los mecanismos de emergencia que las administraciones habilitaron para acelerar los procesos.

“Difícilmente puede hacerse abstracción de las circunstancias que concurrieron en esta y otras adquisiciones de material de protección”, afirma el fiscal, aunque añade: “Ello no implica, como es natural, que al socaire de la situación que se había creado puedan quedar amparados comportamientos irregulares, ni mucho menos, delictivos (...).”

Tras analizar la distorsión del mercado que se daba en el momento de la adquisición de las mascarillas de Priviet, el fiscal hace referencia a un estudio realizado por la Intervención General del Estado (IGAE) sobre los precios pagados en esa época por las distintas administraciones y concluye que las del amigo de Ayuso fueron las cuarta más caras. La media del precio entre el 13 de marzo y el 1 de abril de 2020 fue de 4 euros cuando el contrato analizado fue de 5 euros por unidad. Y añade: “Y ahora bien, con una notable disparidad de precios”, que van desde 1,24 o 1,30 euros hasta 6,50. “Da la impresión de que el Servicio Madrileño de Salud intentó adquirir el mayor número de mascarillas posibles dentro de unos márgenes que comprendían un rango amplio de precios”, añade el fiscal.