El Ayuntamiento de Mijas, gobernado por el PP, ha decidido que la noticia del homenaje a Dolores Vázquez, que hace veinticinco años pasó 17 meses en la cárcel condenada por un asesinato que no había cometido, no merece espacio en sus medios de comunicación. Tras publicar una pieza titulada “El Ministerio de Igualdad rendirá un homenaje a Dolores Vázquez”, Mijas Comunicación la levantó horas después porque un concejal llamó por teléfono para dar la orden de retirarla. La noticia carece de “interés municipal”, dijo luego ese concejal, que ha evitado dar más explicaciones.

Este lunes, el Ministerio de Igualdad rindió homenaje a Vázquez con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica, en un acto con la ministra Ana Redondo, quien admitió que se cometió con ella “un linchamiento social e institucional” que supone “una vergüenza compartida”. El homenaje tuvo cobertura en televisiones, radios y medios escritos del país de alcance nacional.

Vázquez y la víctima de aquel asesinato, Rocío Waninkhoff, vivían en Mijas en 1999, cuando ocurrieron los hechos. El crimen causó una conmoción en este municipio malagueño (95.104 habitantes), mencionado durante meses en programas de máxima audiencia y portadas de periódicos.

La alarma social, inflamada por el sensacionalismo mediático y la construcción de un personaje estereotipado en torno a su orientación sexual, fue clave en el error judicial que envió a prisión a Vázquez. Cuando pudo salir de la cárcel, tras casi un año y medio entre rejas en los que sufrió el escarnio público, la mujer se retiró del mundo. No ha vuelto a vivir en Mijas, donde nunca se le ha ofrecido ningún acto de reparación.

“Sin interés” para el PP, “censura” para el PSOE

Mijas Comunicación publicó en su web y difundió en sus redes sociales una previa a ese homenaje el pasado 15 de abril, cuando fue anunciado por el Gobierno. Sin embargo, horas después desapareció. La noticia aparecía en buscadores, pero al pinchar devolvía error. Lo mismo ocurrió con otra noticia sobre la posibilidad de solicitar el trámite de la regularización extraordinaria de migrantes en las oficinas municipales.

Extrañado, el concejal Roy Pérez (PSOE) preguntó en el Pleno qué había pasado con la noticia durante el Pleno del pasado viernes 24. Y allí Mario Bravo, concejal de Hacienda y consejero delegado en Mijas Comunicación, respondió lo siguiente: “Yo la vi, y consideré que no era de interés municipal. Conozco a esta señora y a su entorno. Es posible que se merezca todos los premios del mundo, pero considero que no era noticia de interés para que se publicara en los medios de comunicación municipales. Hablé con la directora y ordené que se retirara esa noticia”. Respecto a la retirada de la noticia sobre la regularización, Bravo descargó la responsabilidad en el otro concejal delegado, Juan Carlos Cuevas, de Vox. Bravo ha rehúsado ofrecer más explicaciones a este medio de por qué ordenó retirar la noticia.

Para Roy Pérez, es un “pretexto para justificar la censura de una noticia” porque parte de una iniciativa del Ministerio de Igualdad. La oposición está escandalizada por que los concejales pasen por encima del criterio periodístico de los profesionales, y lo admitan sin tapujos. “Es una barbaridad. La misión del consejero delegado es la gestión de la empresa. Que se paguen las facturas, las licitaciones… No tiene una labor editorial, para eso está la directora y los directores de área”, observa Josele González, portavoz del PSOE y alcalde de la localidad de 2019 hasta octubre de 2023, cuando fue desbancado por una moción de censura (PP + Vox + concejal no adscrito) que aupó a Ana Mata a la alcaldía.

Mijas Comunicación es una empresa 100% municipal que gestiona la televisión, radio y web públicas del municipio. Tiene un presupuesto de 3,8 millones de euros y cuenta con 38 trabajadores. Después del pacto para la moción de censura tiene dos consejeros delegados, uno del PP y otro de Vox, y los dos han intervenido para ordenar la retirada de sendas noticias: la del homenaje y la de la regularización.

Además de publicar lo que sus periodistas consideran de interés, el medio publica todas las notas de prensa de los partidos con representación, en teoría para reforzar el pluralismo. Por eso, ahora se da la paradoja de que la web tiene publicada una pieza remitida por el PSOE informando de la retirada de la noticia del homenaje a Vázquez, pero no la propia noticia del homenaje.

La construcción de un personaje y una condena sin pruebas

El asesinato de Rocío Wanninkhof y la posterior detención y condena de Dolores Vázquez ocupó cientos de horas de tertulias televisivas y decenas de portadas de medios impresos. Casi siempre, con un tratamiento prejuicioso y sensacionalista que construyó una figura estereotipada de Dolores Vázquez.

Poco antes de la desaparición de Wanninkhof, Vázquez y Alicia Hornos, la madre de Rocío, habían terminado una relación sentimental. Vázquez fue detenida el 7 de septiembre del año 2000, y pronto se sentaron las bases del arquetipo: la lesbiana despechada, fría y calculadora que había matado a la hija de su antigua amante para hacerle daño.

La Guardia Civil ya tenía móvil: los agentes descartaron otras líneas de investigación e indicios que cuestionaban la culpabilidad de la mujer. No había indicios sólidos que la situaran en la escena del crimen, pero el personaje ya había calado, y Vázquez se convirtió en una apestada: meses después, un jurado popular la condenó.

Pasó 519 días en prisión, hasta que en febrero de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la condena por la falta de motivación. También ordenó repetir el juicio, pero eso ya nunca ocurrió: en agosto de 2003 fue asesinada Sonia Carabantes. Cuando detuvo al autor, la Policía comprobó que su ADN estaba también en la colilla aparecida en el lugar donde había desaparecido Rocío Wanninkhof. El asesino de Carabantes y de Rocío era el mismo: Tony Alexander King, un británico residente en la Costa del Sol con un largo historial delictivo, autor de varias agresiones sexuales.

La orientación sexual de Vázquez fue determinante en su condena social, sin la que no puede entenderse su posterior condena judicial. “Se usaron todos los estereotipos atribuidos tradicionalmente a las lesbianas contra ella, desde el análisis de su físico a su supuesta personalidad. Se la masculinizaba y se decía que era desagradable, celosa, maltratadora y despiadada”, explicaba a elDiario.es Beatriz Gimeno, autora de La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008), donde analiza a fondo el caso.

Cuando salió de la cárcel Vázquez no volvió a Mijas, sino que se marchó a Lisboa “enfadada con el mundo y con todos”, según dijo este lunes. Ahora ha perdonado y ha aprendido “a vivir y a querer”. No ha sido indemnizada hasta ahora por los casi dos años que pasó en prisión, ni nadie le pidió perdón, hasta que este lunes tuvo lugar el acto de reconocimiento.

El Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso no acepta las condiciones impuestas por el ejecutivo de Pedro Sánchez en el Plan Estatal de Vivienda, que prevé triplicar la inversión pública en vivienda hasta 2030 hasta los 7.000 millones y que va este martes al Consejo de Ministros. A la Comunidad de Madrid le correspondían 1.113 millones hasta 2030, de los cuales Estado aportaría el 60%, o sea, unos 600 millones, y la Comunidad el 40% restante de acorde con las condiciones del Plan. Los 1.000 millones del Plan supondrían más del triple de los 298 recibidos en el periodo anterior. “Es un plan que se ha hecho a espaldas de las Comunidades Autónomas y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial”, ha dicho el consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, en un vídeo publicado en redes donde ha denunciado que “es un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas” y que “intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales como la protección permanente”.

El Plan Estatal será votado en la próxima conferencia sectorial de presidentes autonómicos, que debe celebrarse el próximo mes de mayo. Y por primera vez el Gobierno central impone condiciones a las Comunidades para transferirles fondos. La primera condición es que toda la vivienda pública que se haga a partir de este plan debe estar blindada de por vida, esto es, que no deje de ser VPO en unos años. La segunda es que las Comunidades deben cofinanciar en un 40% este plan, es decir, sumar fondos propios a estas transferencias. “La financiación, directamente es inviable. El Estado dice que aporta el 60% pero obliga a las Comunidades Autónomas a multiplicar por seis el esfuerzo. Además, parte de ese dinero ni siquiera está garantizado, porque depende de un presupuesto que no está garantizado”.

Pese a la oposición frontal del consejero de Ayuso, fuentes de la consejería dejan en el aire acogerse al Plan. “El voto no lo dirimiremos hasta la conferencia sectorial de presidentes”.

La tercera condición impuesta por el Ministerio de Vivienda es que las comunidades compartan más datos sobre vivienda. Para Rodrigo, sin embargo, se trata de una medida que conlleva “menos transparencia, menos diversidad y más riesgo de manipulación” porque permite “concentrar los datos en el Ministerio de Vivienda.

“O haces lo que el Gobierno quiere, o no hay dinero”, ha resumido el consejero. “Y todo esto al servicio de una agenda política: reforzar la Ley de Vivienda, intervenir los alquileres y ampliar el control del mercado”, ha añadido el Consejero, que añade que “llega tarde, en un momento en que el problema de la vivienda es urgente”.

“En el Gobierno de la Comunidad de Madrid, defendemos otras cosas. Defendemos respetar las competencias autonómicas, aumentar la oferta, no intervenir el mercado, colaborar con el sector privado para generar vivienda asequible y no depender permanentemente de la administración”, ha dicho.

Como respuesta, además, el Gobierno autonómico ha anunciado que aprobará esta semana una nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda, que prevé sumar 3.200 viviendas nuevas al Plan Vive de alquiler asequible. Prevé además rebajar impuestos para el acceso a la vivienda, subir el límite de edad de los avales a hipotecas a los 50 años y facilitar la transformación de oficinas en viviendas para que sumen 8.000 nuevos pisos al mercado. El programa Mi Primera Vivienda, además, aumentará su máximo subvencionable hasta los 425.000 euros.

En lo que respecta al Plan Estatal, la intención es repartir 7.000 millones entre las Comunidades, el 40% para vivienda pública, el 30% para rehabilitación y el 30% restante para otras ayudas como ayudas a jóvenes o al medio rural para combatir la despoblación.

La provincia de Málaga y, en particular, su capital, son la meca de las viviendas turísticas en España. Los indicadores conocidos hasta ahora ya permitían atisbar que estaba en lo más alto, pero faltaba concreción o uniformidad para poder comparar con otras zonas del país.

Ahora, el nuevo registro estatal puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda, obligatorio desde principios de julio, permite poner cifras oficiales al fenómeno: Málaga ciudad (591.637 habitantes) encabeza el ranking de ciudades con más oferta de pisos turísticos; le siguen Barcelona (1.702.547 habitantes), Sevilla (687.488), Marbella (159.000) y Arona (86.624).

Málaga capital registra 7.102 solicitudes de inscripción de viviendas turísticas a fecha 3 de julio, según los datos del registro estatal municipalizados facilitados por el Ministerio. La lista de los 20 municipios con más demanda de alojamientos turísticos en España tiene otros cinco pueblos malagueños: Mijas (7º), Benalmádena (9º), Fuengirola (11º), Torremolinos (12º) y Estepona (15º).

Todos superan las 2.000 solicitudes ante el Ministerio. Estos datos hacen que Málaga sea también la líder destacada a nivel provincial, con 32.093 solicitudes a dicha fecha, casi el doble que la segunda, Las Palmas con 18.954, o que Alicante, tercera con 17.045.

El nuevo registro, de carácter estatal y operado por los registradores de la propiedad, fue aprobado a finales del año pasado por decreto del Consejo de Ministros, con la finalidad de implementar el reglamento europeo de información en materia de alquileres de corta duración. Se trata de un sistema que registra y expide un número de identificación tanto a los alquileres turísticos como a los de temporada [excluidos de esta información], suscritos por tiempo inferior a un año y usados en ocasiones por los propietarios para sortear la prórroga forzosa a cinco o siete años de los arrendamientos sujetos a la Ley de Vivienda.

Andalucía es la región donde más solicitudes han atendido los registradores, con más de 50.000 para uso turístico y 2.250 para el alquiler de temporada a fecha de 30 de junio, cifra que va aumentando con el paso de los días. Con todo, la cifra representa el 65% de las viviendas turísticas que el INE estima que existen en Andalucía, y apenas un tercio de las 149.608 con licencia registrada por la Junta de Andalucía a fecha 4 de julio.

La clave del sistema es una “ventanilla única digital”, un modelo de comunicación entre Ministerio, el Colegio de Registradores y las plataformas de alquiler. Cuando el Colegio advierta de que el piso no cumple los requisitos su matrícula queda revocada y se comunica a las plataformas, que no podrán comercializar ningún anuncio con este número y deberán retirarlos de las ofertas de alquiler.

Un sistema recurrido por la Junta por invasión de competencias

Andalucía dispone de su propio registro para el alquiler turístico desde 2016. La Junta de Andalucía ha recurrido ante los tribunales el registro estatal porque considera que tiene la competencia exclusiva sobre la gestión y el control de los datos de estos arrendamientos y que el Estado está invadiendo su terreno.

La nueva herramienta del Ministerio permite homogeneizar los datos y contrastarlos, al sortear las diferencias metodológicas que pueda haber entre registros autonómicos. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, el registro de la Junta recoge 12.815 licencias para viviendas turísticas registradas en Málaga, mientras que en el recuento estatal son 7.102.

Cada administración contabiliza con criterios, tiempos y finalidades distintas. En Andalucía, es posible tener registrada una vivienda con licencia para piso turístico, pero no tenerlo anunciado para alquiler. Sólo el hecho de contar con esa licencia es un “activo” para venderlo más caro.

La otra fuente habitual para contabilizar pisos de alquiler son los informes que el INE publica dos veces al año, a partir de un barrido de las viviendas turísticas activas en las principales plataformas. Estas cifras suelen ser sensiblemente inferiores a las del registro andaluz porque se basan en la actividad efectiva en portales web. En el último sondeo, en Málaga capital había 7.496 viviendas turísticas, una cifra muy similar a la que apunta ahora el Ministerio de Vivienda.

El registro estatal no define nuevos requisitos ni establece, de momento, un régimen sancionador por la falta de inscripción, pero la puesta en funcionamiento del registro estatal, el pasado 1 de julio, no está siendo uniforme. Abogados y propietarios particulares explican a este medio que se está produciendo un tapón por la lentitud del registro andaluz en realizar algunos trámites.

Por ejemplo, un cambio en la propiedad (y, por tanto, en la titularidad de la licencia) tarda meses en registrarse por la Junta de Andalucía en provincias con los servicios “saturados” como Málaga, y esto está provocando que el registro estatal rechace a su vez la inscripción.

Los datos facilitados por el Ministerio a este medio ofrecen una imagen de la provincia como destacada referencia para las viviendas turísticas. La capital encabeza el listado en cifras absolutas, pero sería más líder aún si se tomasen referencias relativas, pues tiene más viviendas turísticas registradas que Barcelona o Sevilla con menos población. En total, son 7.102 viviendas dedicadas al alquiler turístico.

De ellas, el registro recoge 3.283 en situación estado “activo” y 3.125 en “activo provisional”. Esto significa que han aportado información y documentación al registro y ya disponen de número para poder comercializar, pero la solicitud debe ser aún revisada por el colegio de registradores. Tras ese examen, si en siete días no se subsanan posibles deficiencias (falta de declaración responsable, de licencia, de referencia catastral), el registro se revoca. Hay 694 revocadas en Málaga capital.

Málaga, Marbella, Mijas y Benalmádena en el top 10

Barcelona sigue a Málaga, con 6.849 solicitudes de registro, entre activas, activas provisionales y revocadas. Completan los diez primeros puestos Sevilla (la única ciudad no costera del ranking), con 5.346 pisos, Marbella, con 4.602, Arona (Tenerife) con 3.239, Adeje (Tenerife) con 2.972, Mijas (Málaga) con 2.765, San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) con 2.765 y Benalmádena (Málaga) con 2.762.

La saturación de viviendas turísticas en algunas es un asunto central de la política municipal en ciudades como Málaga, Sevilla o Marbella, las primeras andaluzas en el ranking. Todas han adoptado medidas orientadas a restringir su proliferación, pero su efectividad por ahora es escasa, lo que permite entrever el grado de urgencia que cada gobierno municipal, todos en manos del PP, da al asunto.

Marbella aprobó en febrero la creación de un registro municipal, explicando que “es necesario contar con un censo que refleje la oferta real”. Según un estudio encargado a la Universidad de Málaga, sólo el 32% de los inmuebles dados de alta como turísticos ante la Junta “se comercializan realmente”, por lo que el municipio decidió dotarse de un nuevo registro, que se suma así al autonómico y al estatal. También anunció una nueva normativa para limitar el cambio de uso para esta actividad de los locales comerciales.

En Sevilla, se estableció que en los barrios con más del 10% de viviendas turísticas respecto al total del parque inmobiliario no se concederían nuevas licencias. A la oposición la cifra le parece poco ambiciosa, y el PP pactó con Vox estudiar periódicamente la posible reducción del porcentaje en algunas zonas. Además, hay constancia de que siguen inscribiéndose viviendas de barrios saturados, como ha desvelado el periodista Manuel Florencio.

En Málaga, el alcalde ha ido anunciando nuevas medidas en vísperas de cada nueva manifestación por la vivienda. En junio de 2024 fue la prohibición de registrar nuevas viviendas turísticas si no tenían salida y suministros independientes del resto del edificio; en octubre llegó la prohibición adicional en barrios en los que se supere el 8% del parque inmobiliario. Y en marzo de este año el alcalde Francisco de la Torre anunció que preparaba una moratoria global durante tres años, es decir una prohibición de nuevos registros. Sin embargo, no se ha vuelto a saber. Estas decisiones no han contenido las inscripciones. Desde que anunció la primera medida ha transcurrido un año y ahora hay 1.526 más inscritas: el 10 de junio de 2024 había 11.289 y hoy son 12.815. En Málaga hay secciones censales que superan el 84% de viviendas turísticas sobre el parque inmobiliario.

El veterano regidor malagueño ha ido asumiendo lentamente que la vivienda es el principal reto de su mandato, y apuesta ahora por ceder parcelas públicas a promotores privados para que construyan viviendas de protección oficial de entre 45 y 55 metros cuadrados, así como por agilizar y facilitar la promoción en otros suelos y poner “alfombra roja” a los hoteles frente al modelo de viviendas turísticas. Para la oposición, es insuficiente.

El PSOE local, siguiendo la estela del Gobierno, suele poner el ejemplo de Barcelona, que con el triple de población tiene ya menos solicitudes de vivienda turística y apunta a su extinción en 2028. “Ojalá hubiese más Collbonis”, dijo la ministra Isabel Rodríguez, en referencia a las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, basada no sólo en la muerte anunciada de las viviendas turísticas, sino también por la construcción de un parque público de vivienda y la declaración de zonas tensionadas, algo que Málaga se niega a solicitar y que la Junta de Andalucía, que tiene competencias, no va a hacer.

Andalucía, cada año, vuelve a consolidarse como uno de los destinos turísticos más buscados de España. Su clima cálido, su oferta cultural y gastronómica y la variedad de paisajes —desde playas kilométricas hasta pueblos enclavados en la montaña— hacen de esta comunidad un lugar ideal para quienes buscan combinar descanso y autenticidad.

Entre sus innumerables joyas, destaca Mijas, un municipio malagueño que ofrece lo mejor de dos mundos: la tranquilidad de un casco antiguo encalado a más de 400 metros de altitud y la proximidad de la costa, con playas a tan solo unos minutos en coche. Situado en la ladera de la sierra que lleva su nombre, Mijas es uno de esos lugares que sorprenden por su ubicación privilegiada, su cuidado entorno urbano y la diversidad de planes que ofrece al visitante.

Por todo ello, Mijas no solo enamora a los que lo visitan por unos días. Muchos viajeros terminan volviendo cada verano atraídos por su clima, su encanto, su buena conexión con la ciudad de Málaga y esa mezcla perfecta entre tranquilidad y diversión.

Un balcón blanco sobre el Mediterráneo

Mijas es un pueblo que parece haber sido dibujado con cariño sobre la ladera de la sierra con su mismo nombre, la Sierra de Mijas. Desde sus calles empedradas y casas encaladas, se contemplan unas vistas espectaculares del Mediterráneo, que se extiende a pocos kilómetros en forma de playas doradas y calas escondidas. Esta combinación única de montaña, mar y arquitectura tradicional andaluza hace de Mijas uno de los destinos más pintorescos y especiales del sur de España.

Dividido en varias zonas —Mijas Pueblo, Las Lagunas y Mijas Costa—, el municipio ofrece una gran variedad de paisajes y experiencias, pero es en Mijas Pueblo donde se concentra esa esencia andaluza que enamora al visitante. Este núcleo histórico, cuyo casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, ha sabido conservar su alma a pesar del crecimiento turístico, y se mantiene fiel a su identidad.

Callejuelas que cuentan historias

Caminar por las calles de Mijas es como entrar en un cuadro. Las fachadas blancas, adornadas con macetas de geranios, reflejan la luz del sol y contrastan con el azul del cielo. Los rincones floridos, los miradores, los patios escondidos y las tiendas de artesanía local ofrecen una experiencia tranquila, sensorial y profundamente auténtica.

Uno de los principales atractivos del pueblo es su plaza de toros, de forma ovalada y única, construida en 1900 sobre una roca. A escasos metros se encuentra el mirador de la Muralla, un lugar imprescindible para detenerse a contemplar la costa malagueña desde las alturas. También se puede visitar la iglesia de la Inmaculada Concepción, construida sobre una antigua mezquita en el siglo XVI, o dejarse llevar por los aromas de los jardines de la muralla o la ermita de la Virgen de la Peña, patrona del pueblo.

Un museo de miniaturas

Además de su patrimonio arquitectónico y natural, Mijas ofrece una notable propuesta cultural. El Museo Histórico-Etnológico, también conocido como Casa Museo, permite conocer cómo era la vida tradicional de los habitantes del pueblo. Igualmente, el pequeño, pero encantador Museo de Miniaturas sorprende con su colección de figuras en miniatura, como una copia de La Última Cena pintada en un grano de arroz.

En tu visita a Mijas, tampoco te puedes perder su excelente Centro de Arte Contemporáneo. Este museo acoge obras de grandes nombres del arte como Pablo Ruiz Picasso, Salvador Dalí o Joan Miró, entre otros. Destaca especialmente por albergar la segunda colección más importante del mundo de cerámicas creadas por Picasso.

Aunque uno de los símbolos más curiosos de Mijas son los “burro-taxi” —surgieron en los años 60 cuando los campesinos comenzaron a alquilar sus burros a los turistas para que recorrieran el pueblo— hoy en día este tipo de transporte ha generado debate por razones éticas y cada vez son más los visitantes que prefieren recorrer el casco antiguo a pie o en vehículos eléctricos ecológicos disponibles para el turismo.

Playas a solo unos minutos

A pesar de estar a más de 400 metros de altitud, Mijas se encuentra a unos de 10 minutos en coche del mar. Esto permite a locales y visitantes disfrutar tanto del ambiente sereno del pueblo como de las playas de Mijas Costa en cuestión de minutos. Las playas de Mijas cuentan con ocho distintivos Q de Calidad Turística, y el resto del litoral dispone de la Certificación Medioambiental ISO 14001, que avala el compromiso con la preservación del entorno costero.

Playas y localidades como La Cala de Mijas, una de las zonas más populares del litoral, ofrecen arena dorada, aguas tranquilas y todos los servicios necesarios para pasar un día completo al sol. Además, entre las más destacadas se encuentran la playa del Bombo, ideal para familias y conocida por sus aguas limpias, la playa de Calahonda y la playa de El Chaparral.

Por su parte, la Senda Litoral, un paseo marítimo de madera que une buena parte de la costa malagueña, permite caminar durante kilómetros junto al mar, disfrutando de la brisa y el sonido de las olas.

No te pierdas las fiestas de Mijas

A lo largo del año, y especialmente en verano, se celebran numerosas fiestas que llenan las calles de Mijas de música, color y alegría. Una de las más esperadas es la Feria de Mijas Pueblo, en honor a la Virgen de la Peña, que tiene lugar en septiembre y en la que se combinan actividades religiosas, música flamenca, bailes, casetas y atracciones.

También destacan la Romería de San Antón, el Festival Internacional de Teatro en la Calle y la Semana Santa, que, aunque más modesta que la de las grandes ciudades andaluzas, se vive con una intensidad muy especial.

Cómo llegar y cuándo ir

Mijas se encuentra a unos 35 kilómetros de Málaga capital. La forma más cómoda de llegar es en coche, aunque también hay líneas de autobuses regulares. Una forma cómoda de llegar a Mijas desde Málaga capital es por la autopista AP-7, tomando la salida 214. El trayecto dura alrededor de 30 minutos, aunque puede variar ligeramente según el tráfico. Como alternativa, también se puede optar por la E-15 y conectarse más adelante con la AP-7. La diferencia de tiempo entre ambas rutas es mínima.

En cuanto a cuándo ir, el verano es, sin duda, una de las mejores épocas para visitarlo, pero si se busca un ambiente más tranquilo, la primavera y el otoño también son estaciones ideales para visitar Mijas debido al descenso de temperaturas y una menor afluencia turística.

El Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación por las presuntas irregularidades contables en el patrocinio de la primera edición del Cala Mijas Fest (2022) por el Ayuntamiento de Mijas. Antes de hacerlo preguntó a las partes personadas qué debía hacer. El fiscal pidió archivar y el Consistorio, ahora gobernado por el PP (que siempre dijo que cancelaba el festival por sus sospechas con las cuentas), no contestó. Los socialistas interpretan la resolución como un respaldo a su tesis de que fue cancelado por el capricho político de la alcaldesa, Ana Mata, nada más llegar a la alcaldía.

En octubre de 2023 una moción de censura promovida por el PP, sostenido por Vox y un no adscrito, arrebató al PSOE la única alcaldía relevante que los socialistas mantenían en la Costa del Sol tras la debacle de las elecciones de mayo. Mata se hizo con el bastón de mando de Mijas (93.302 habitantes) desalojando a Josele González, que gobernaba con apoyo de Ciudadanos desde 2019 y había revalidado la coalición apenas cinco meses antes.

La regidora anunció un tiempo nuevo, pero ninguna de las medidas que adoptó en sus primeras semanas tuvo tanto eco como suprimir un festival de música: Cala Mijas Fest, que se había consolidado en su segunda edición con 110.000 asistentes, bandas como The Strokes o Arcade Fire y una marca aupada por una mezcla de público foráneo y nacional, fue borrado de un plumazo. Se retiró después de que el nuevo gobierno municipal le empujara a hacerlo. Al año siguiente se celebró en Madrid con otro nombre (Kalorama). La promotora Last Tour y el consistorio mijeño se enzarzaron en un pleito que aún se dirime.

Hay mucho dinero en juego, pero también imagen política. El festival, cuyo patrocinio estaba comprometido por el Ayuntamiento por cinco años (hasta 2026) por un total de 6,6 millones de euros, estaba profundamente asociado a los socialistas: fue una promesa electoral de González en 2019 y quedó marcado definitivamente aquel mismo mes de agosto, cuando Pedro Sánchez se pasó para ver a The Strokes y se dejó fotografiar entre bambalinas.

Desde entonces, el PP y sus socios le pusieron la cruz y usaron el evento para martillear a González en un momento de máxima agitación política por la aprobación de la Ley de Amnistía. En el Pleno de investidura, la alcaldesa entrante tiró del hilo afeando a Josele González que usara el Ayuntamiento como “escudo de las decisiones de Sánchez”. Mata reprochó al alcalde saliente que “Mijas sea una nota en la agenda del presidente del Gobierno cuando hay un festival de música”.

Una justificación económica: los reparos del interventor

Mata y su equipo denunciaron que las cuentas del patrocinio no estaban claras, y esgrimían los reparos del interventor municipal sobre la edición de 2022, lo que abocaba al Ayuntamiento a una doble disputa: con la promotora Last Tour y con el anterior equipo de gobierno, por su posible responsabilidad contable.

Ahora, casi dos años después, el Tribunal de Cuentas acaba de emitir un auto, al que este medio ha tenido acceso, que descarta que el Ayuntamiento de Mijas sufriera un perjuicio económico (lo que en términos contables se conoce como “alcance”) al patrocinar el festival, y archiva el procedimiento iniciado por los reparos del interventor.

Más allá de la conclusión, hay otro detalle relevante. El Ayuntamiento de Mijas no pidió el reintegro por los presuntos perjuicios económicos y ni siquiera contestó al Tribunal de Cuentas, en contradicción con su beligerante postura pública sobre este asunto. A la hora de reclamar, dejó sólo al interventor con su informe.

Los socialistas interpretan que esto prueba que la tesis del perjuicio económico era una excusa. Desde el consistorio subrayan que aún hay actuaciones cuestionadas por dirimir, tal y como recuerda el propio Tribunal de Cuentas, y apuntan a tres procedimientos por las liquidaciones giradas por el ayuntamiento a la empresa por el uso de los terrenos.

Málaga, escenario de una batalla entre promotoras con dinero público

Cala Mijas Fest nació en el verano de 2022, trasladando a los escenarios de la Costa del Sol una larga batalla empresarial en la que se mezclaban también rencillas personales e intereses políticos. Cala Mijas lo promovía Last Tour (BBK Live, Azkena Rock); tras el Andalucía Big Festival de Málaga, contraprogramado al poco de anunciarse el Cala Mijas, estaba Mad Cool, fundada por un antiguo socio de Last Tour. Durante años, y cada verano, las dos promotoras programaron festivales en las mismas localizaciones. En 2022 esa batalla se trasladó a Málaga.

Así fue como aquel verano de 2022 pasaron por la Costa del Sol Franz Ferdinand, C. Tangana, Muse, Suede, Los Planetas, Jamiroquai (Andalucía Big Festival), Nick Cave & The Bad Seeds, The Chemical Brothers, Kraftwerk, Arctic Monkeys o Hot Chip (Cala Mijas Fest). Aquel fue un verano irrepetible para los aficionados a la música: una concentración de bandas nunca vista, que no se ha vuelto a ver, y que sólo fue posible por la inyección millonaria de dinero público de administraciones públicas gobernadas por socialistas y populares. La factura de aquella fiesta aún no se ha liquidado.

Ambas iniciativas se sostenían sobre dinero público: Cala Mijas contaba con 6.686.013,81 euros para organizar durante cinco años un festival con “identidad propia” y alcance “nacional e internacional” que promocionara la marca “Mijas”. Obtuvo el contrato tras un concurso público al que se presentó una segunda candidatura que no podía competir con su bagaje. Por su parte, Andalucía Big Festival logró para su primera (y única) edición más de 4,2 millones de euros de fondos europeos, asignados a dedo por la consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, por entonces en manos de Ciudadanos.

Tres años después, tanto el Ayuntamiento de Mijas como la Junta de Andalucía mantienen abiertos sendos pleitos contra Last Tour y Mad Cool en los que promotoras y administraciones se reclaman dinero de ambos eventos.

En Mijas, están en el aire 1,2 millones de euros de la edición de 2023 que el Consistorio dejó sin pagar tras los reparos del interventor. Poco después de llegar, el nuevo equipo de gobierno llegó a presupuestar diez millones de euros de ingresos por el festival, contando 3,3 millones anuales aplicados retroactivamente por el uso de la parcela, cuando esto suele pactarse a tanto alzado. La exigencia se interpretó como un chantaje: en la práctica, convertía al festival en inviable y la promotora decidió marcharse.

También la Junta de Andalucía está pleiteando contra Mad Cool: cree que el patrocinio no tuvo el retorno que se le prometió y pretende una rebaja de la cuantía inicial argumentando, entre otras cosas, que Rage Against the Machine se cayó del cartel.

Irregularidades administrativas sin “daño efectivo”

Ahora, la resolución del Tribunal de Cuentas para el caso de Mijas establece que las actuaciones que se cuestionaban han sido amparadas en “acuerdos administrativos válidos, no impugnados, que gozan de la presunción de legalidad, o se encuentran aún en fase de resolución administrativa o recaudatoria”.

El interventor señalaba gastos de transporte y otros abonados por el Consistorio, así como deficiencias en la justificación de los ingresos y los abonos del Ayuntamiento. Josele González, exalcalde de Mijas, aduce que el consistorio únicamente sufragó lanzaderas en el interior del municipio, como en multitud de eventos, y que la adecuación y puesta a disposición de la parcela, una antigua escombrera, estaba prevista en el contrato.

El instructor del expediente en el Tribunal de Cuentas sí observó “diversas irregularidades administrativas y presupuestarias” en el patrocinio, pero sin constatar “daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado” para las arcas municipales. La resolución subraya que no hay responsabilidad contable “cuando se acredite que los fondos públicos han sido empleados adecuadamente” y que son irrelevantes las “meras irregularidades formales”, dejando la puerta abierta a que sí tengan otras consecuencias administrativas o judiciales.

Tanto el equipo de gobierno como el PSOE han interpretado públicamente este archivo como un refuerzo de sus posiciones. “Nos da la razón tanto a lo que denunciamos estando en la oposición, cuando sosteníamos que había habido irregularidades”, ha señalado Mario Bravo, portavoz del equipo de gobierno. Sin embargo, en la parte dispositiva no se dice nada de esas presuntas irregularidades que sí apreció el instructor.

Por su parte, el PSOE también se ve ganador. Cree que el Tribunal de Cuentas ha dejado a Mata sin argumentos para la cancelación y acusa al equipo de gobierno de manipular la resolución. “Lo único cierto es que Mijas se ha quedado sin el mayor evento cultural de su historia por una decisión tomada de forma unilateral por Ana Mata”, valora Roy Pérez, portavoz municipal de los socialistas.

Qué hacen dos obras de Picasso en un pueblo de 2.500 habitantes de Granada. Porque es así; en Salar, en la comarca de Loja, cobijan desde hace un lustro, en su Museo Etnográfico, dos piezas de Pablo Picasso. En concreto, se trata de un cuadro y de una vasija de cerámica.

Estas dos obras llegaron al museo fruto de la voluntad del director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Mijas, Javier Fructuoso, que quería fomentar el arte en aquellos lugares que no son epicentro turístico. Pero todo empieza un poco antes. El Museo Arqueológico de Granada había decidido quedarse con dos Venus que fueron encontradas en los restos de la villa romana de la localidad. Se las llevaron pese a la petición por parte del Ayuntamiento de Salar de que se quedasen allí.

Así que, desde Mijas entendieron que había que echarles una mano y apenas unas horas después de que la noticia de la pérdida de las Venus se hiciese pública, el museo malagueño contactó con el Consistorio de Salar para ponerse a su disposición.

La llamada sorprendió al alcalde de Salar, Armando Moya (IU-Para la gente). “Yo creo que se creían que era una broma”, recuerda Francisco Javier Fructuoso, director del CAC de Mijas. Pero no lo era. Apenas unas horas después de que los vecinos de este pueblo del poniente granadino viesen cómo las Venus de su villa romana se marchaban hacia la capital de la provincia, Fructuoso tomó nota del nombre del municipio y decidió hacer algo al respecto.

Adiós, Venus; hola, Picasso

“No sé para qué necesita la Junta todo lo que sale de allí”, comenta, en referencia a la decisión de quedarse con las esculturas por parte del Museo Arqueológico, dependiente de la Consejería de Cultura del Gobierno andaluz. “Las podrían haber dejado en Salar. Hubiera sido lo correcto”. Como no fue así, Mijas decidió intervenir.

El CAC de Mijas abrió sus puertas en 2013 y está gestionado por la Fundación Remedios Medina. No es un museo con grandes recursos, hasta el punto de que el edificio en el que está situado fue cedido por el propio Ayuntamiento de Mijas, pero sí cuenta con una colección más amplia de la que puede exponer en sus tres salas. “Tenemos un búnker, como lo llamamos nosotros, con muchas obras que podríamos compartir”, explica Fructuoso. De ese fondo, seleccionaron dos piezas de Picasso y se las ofrecieron a Salar sin pedir nada a cambio. “Si podemos ayudar a alguien, encantados”, dice.

El traslado de las obras tampoco tuvo coste alguno para el municipio. Fue el propio Fructuoso quien llevó las piezas en su vehículo particular hasta Salar, sin más pretensión que contribuir a que el pueblo no perdiera todo su atractivo cultural. “Nosotros no cobramos nada ni pedimos nada”, subraya. “Lo importante es que el arte siga vivo y accesible”.

Arte que revitaliza

La llegada de las obras al Museo Etnográfico supuso un pequeño revulsivo para el municipio. “Nos ha servido, junto con la villa romana, para dar visibilidad al pueblo”, admite el alcalde. Desde que en 2020 se hizo la cesión, el centro de interpretación de Salar ha ido ganando atractivo turístico, con unas 12.000 visitas anuales. La entrada, que cuesta cinco euros, incluye el acceso a la villa romana y al museo, donde siguen expuestas las Venus, aunque ahora en forma de réplica. “Queremos seguir colaborando y trabajando en esto”, añade Moya.

La relación con el CAC de Mijas sigue viva. Fructuoso ha iniciado conversaciones con el Consistorio de Salar para renovar las obras, sustituyéndolas por otras y así mantener el interés del público. “Si la gente ya ha visto las que están, podemos cambiar y poner otras”, propone.

El Ayuntamiento, por su parte, mantiene su objetivo de consolidar un museo en condiciones y que en el futuro sea más grande para acoger, por ejemplo, las exposiciones que el CAC de Mijas está dispuesto a ceder. “Hemos comprado el solar y tenemos el proyecto, pero falta la financiación”, explica el alcalde. La clave puede estar en las obras del AVE, ya que ADIF ha manifestado su compromiso de invertir en proyectos complementarios en la zona, argumenta el regidor.

No es la primera vez

El compromiso del CAC de Mijas con la difusión del arte no se ha limitado a Salar. En el pasado, han organizado exposiciones en lugares tan diversos como Bélgica, Luxemburgo, Turín o incluso Dubai. En 2012, desde la fundación que gestiona el centro llevaron una colección de 97 obras a la A&M University de San Antonio, en Texas.

“Las piezas que hoy están en Salar han viajado antes a Estados Unidos”, comenta Fructuoso, destacando la importancia de la itinerancia en la conservación y promoción del arte. También han trabajado en proyectos nacionales, como la exposición en la ermita de La Nava, en Huelva, donde cuadros de Picasso, Dalí y Miró flotaban sobre estructuras metálicas en un espacio desacralizado convertido en centro cultural.

Fructuoso insiste en que su objetivo siempre ha sido compartir el arte con el mayor número de personas posible. “Para tenerlas almacenadas, mejor que las disfrute la gente”, defiende. Además de Salar, el CAC de Mijas ha prestado obras para exposiciones en distintas ciudades y ha facilitado el acceso a su colección a museos de menor tamaño que no siempre pueden permitirse la adquisición de piezas de gran valor.

Mientras tanto, en un rincón de Granada, un cuadro y una vasija de Picasso siguen esperando a quienes quieran descubrir cómo llegaron hasta allí. Una historia con fecha de caducidad porque la voluntad de los museos de Salar y Mijas es hacer un nuevo intercambio de obras en apenas unas semanas.

Juan Carlos González, cartero de profesión y exconcejal el PP en Mijas, pudo inventarse al personaje Manuel Redondo para interponer una denuncia, pero esta tenía rasgos de verosimilitud, de modo que González, la persona tras el personaje, no puede ser autor de un delito de denuncia falsa. Así ha zanjado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el caso Cartero, del que González ha sido finalmente absuelto tras haber sido condenado en primera instancia.

El TSJA revoca de este modo la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, que hace un año lo había condenado a ocho meses de prisión y 2.160 euros de multa por denunciar bajo seudónimo una contratación del Ayuntamiento, a sabiendas de que no era irregular (según la Audiencia), con la finalidad de perjudicar a Ciudadanos, que por entonces gobernaba el municipio.

Es necesario que “los hechos en sí” sean falsos

La absolución, dictada por el TSJA tras el recurso de apelación de González, se construye sobre la noción de lo que es una “denuncia falsa”. Para que haya tal cosa, y por tanto delito, es necesario que “los hechos en sí” sean falsos, sin que importe cómo los califique el denunciante; que sean delito; y que el denunciante sea “consciente de la falsedad” que imputa. A diferencia de los de la Audiencia, los tres magistrados de la Sala de Apelación del TSJA creen que lo que contaba Redondo (o González) en su denuncia no puede “ser tildado de falso”, de modo que lo que hizo González por medio de Redondo al llevar a Fiscalía las supuestas irregularidades en la contratación de un viaje municipal no fue una denuncia falsa.

La sentencia subraya aspectos indiciarios que armaban la verosimilitud de la denuncia. Así, se resalta que el técnico de contratación de Mijas había firmado un informe proponiendo desistir del concurso público para adjudicar el viaje. También, que el contrato fue adjudicado a un hotel del cual se habían advertido graves deficiencias de higiene y estructurales. Y que se firmó cuando ya se habían realizado dos de los tres turnos de viaje.

El Pleno subsanó la falta de cobertura presupuestaria aprobando el reconocimiento extrajudicial del crédito (algo legal y muy habitual en los ayuntamientos). González lo sabía cuando interpuso su denuncia, pero el TSJA señala que eso no subsana las posibles irregularidades del expediente, ni mucho menos supone que González ya supiera que lo que denunciaba no era delito. “El hecho de que el escrito de denuncia no añadiera que la factura fue finalmente pagada mediante su reconocimiento extrajudicial (…) no troca en mendaz al resto de lo narrado en ella”, aclaran los magistrados.

El TSJA admite que la denuncia fue presentada con un “evidente ánimo de crítica e incluso de descrédito frente a los miembros del equipo de gobierno municipal, entre ellos el Alcalde”. Sin embargo, concluye que su “contenido objetivo” no es falso.  

Es “razonable” pensar que Redondo era González

Todo parte de la contratación para los mayores de Mijas (91.691 habitantes) de un viaje de siete días al Algarve (Portugal) en febrero de 2017. El consistorio adjudicó el paquete a Halcón Viajes por 301.780 euros, a razón de 261,80 euros por cada una de las 1.150 plazas que ofrecía, a pesar de que la técnico se oponía por las deficiencias que había observado en el hotel. En septiembre de 2018, ocho meses antes de las elecciones y un año y cuatro meses después de los hechos, alguien presentó una denuncia ante la Fiscalía por una presunta prevaricación administrativa. La firmaba Manuel Redondo Gámez.

Manuel Redondo Gámez es el nombre que González o el PP mijeño (según creyó siempre Ciudadanos y deslizó la Audiencia Provincial) eligieron para presentar la denuncia, una más en los años de guerra judicial sin cuartel entre las agrupaciones locales del PP y Ciudadanos, liderados por entonces por dos hombres que se profesaban un odio cerval desde que rompieran su coalición de gobierno: Ángel Nozal (PP) y Juan Carlos Maldonado (Ciudadanos), por entonces alcalde.

El ardid saltó cuando la Guardia Civil lo buscó para ratificar el escrito, y comprobó que no había nadie en España que tuviera tal nombre. Manuel Redondo Gámez, jubilado, no existe. Entonces el fiscal archivó la denuncia inicial, se giró y apuntó su acusación contra el presunto autor del engaño.

Como los magistrados de la Audiencia Provincial, los del TSJA no tienen duda de que González fuera Redondo y el autor de la denuncia. “Su autoría se infiere de modo razonable de la prueba practicada”, escriben. González era cartero municipal, y eso lo convertía en elemento indispensable para estar al día de las notificaciones del juzgado a una persona inexistente. Dejó un reguero de pistas que conducían hacia él.

La denuncia del fiscal contra González permitió ver desfilar por los juzgados a Maldonado, aquí como testigo y perjudicado. Cuando el asunto se sentenció, en noviembre de 2023, Maldonado había vuelto a dar muestras de su ya legendaria capacidad para arrimarse a la opción más conveniente para seguir en el poder. Tras abandonar Ciudadanos y siendo único concejal de su nuevo partido, Por mi Pueblo, cambió otra vez de bando: tres meses después de apoyar el gobierno Ciudadanos-PSOE, apoyó la moción de censura de PP y Vox para integrarse como segundo teniente de alcalde de la corporación que ahora lidera Ana Mata (PP).

Last Tour, la empresa organizadora del festival Cala Mijas, ha informado este viernes de que este año no habrá festival. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la entidad (que también organiza el BBK Live o el Azkena Rock) ha cargado duramente contra el ayuntamiento de la Costa del Sol, al que acusa de incurrir en “reiterados y graves incumplimientos”, como el impago del patrocinio correspondiente a la edición de 2023, y de no tener interés en la continuidad del festival. El consistorio está gobernado desde el pasado octubre por el PP, Vox y un concejal no adscrito, que desalojaron al gobierno de PSOE y Ciudadanos tras una moción de censura.

Last Tour anuncia que resuelve y “deja sin efecto” el contrato de patrocinio que le vinculaba con el Ayuntamiento, y lamenta que los impagos persisten a pesar de los “continuos requerimientos de pago formulados”. Añade a los incumplimientos la falta de acondicionamiento y dotación de las instalaciones.

“Es obvio que la injustificada desatención por el Ayuntamiento de sus compromisos contractuales impide la continuación de la colaboración pactada”, dice Last Tour, que subraya que ese ingreso es “esencial” para promocionar el festival. Todo eso evidenciaría la “falta de interés” por el festival. La promotora asegura que ya ha comunicado la resolución contractual al consistorio.

“Last Tour rechaza la actuación del Ayuntamiento y lamenta, sobre todo, verse abocada a cesar en la organización y puesta en marcha de las próximas ediciones, habida cuenta del éxito de las anteriores ediciones”, remata el comunicado.

La promotora asegura que devolverá el precio de los abonos adquiridos durante las últimas horas de la edición anterior.

El ayuntamiento acusa a Last Tour de no justificar las inversiones

El ayuntamiento de Mijas ha reaccionado con otro comunicado remitido a los medios esta tarde, en el que acusa a la promotora de incumplir sus obligaciones, lo que permite atisbar un conflicto judicial en ciernes. El consistorio asegura que Last Tour debió presentar el cartel al finalizar la edición 2023 (algo que sería inusual entre los grandes festivales musicales). Al no tener “ni tan siquiera” una propuesta (que debe aprobar el equipo de gobierno), el ayuntamiento imputa a la promotora un “incumplimiento contractual grave”. El consistorio también exigió a la organizadora que justificara de manera detallada las inversiones, algo que “ni remotamente” ha atendido.

Por contrato, Mijas proporciona un espacio adecuado y patrocina el evento, pero no lo organiza ni lo promueve. Según el consistorio, Last Tour le habría exigido asumir partidas que no le corresponden. “Se ha mostrado inflexible”, explica la nota municipal, sin aclarar qué partidas son esas, si bien en ocasiones anteriores los concejales se han referido a gastos de seguridad o de iluminación.

Mijas apunta a un último motivo económico: las liquidaciones de las tasas de ocupación de vía pública del recinto, un terreno municipal de 145.000 metros cuadrados. “Nunca pueden ser bonificadas puesto que ese espacio (Cortijo Colorado) deja de estar destinado a la población y se utiliza de manera exclusiva para la celebración de una actividad lucrativa”. En los Presupuestos, el nuevo equipo de gobierno ha consignado unos ingresos de diez millones por esa partida, imputando 6,6 a lo que pagaría retroactivamente Last Tour por los años 2022 y 2023.

1,2 millones de euros por la edición de 2023

La cancelación del Cala Mijas, que el año pasado congregó a 110.000 en tres días de festival, era algo que a estas alturas se daba por descontado, pero sobre la que el organizador y el Ayuntamiento guardaban un mutismo absolutos, conscientes de que se dirime una partida que puede tener consecuencias millonarias.

Este medio ya adelantó que los motivos del inusual retraso eran las desavenencias económicas. El 1 de marzo, el Ayuntamiento confirmó en un Pleno que adeudaba 1,2 millones de euros a Last Tour, y se justificó en que el interventor habría puesto reparos a algunas facturas y gastos de la edición de 2023 que el ayuntamiento, y no la promotora, asumió. Las siete primeras facturas de 2023 (por valor de 950.000 euros) tienen reparo de Intervención, y la última de las ocho mensualidades y la factura final no tendrían la conformidad de los técnicos, según fuentes municipales. El consistorio asegura que los reparos del interventor suspende la tramitación del expediente de gasto.

La alcaldesa dijo en aquel Pleno que el problema no era de voluntad, sino de papeles, aunque dejó entrever que un trasfondo de discrepancias económicas, al asegurar que el coste previsto (1,2 millones anuales) se había transformado en casi dos millones. También anunció la convocatoria de un Pleno extraordinario, que nunca llegó a celebrarse.

El contrato de patrocinio, suscrito en su día por el anterior alcalde Josele González (PSOE) comprometía al Ayuntamiento de Mijas a pagar 6.686.013,81 euros (IVA incluido) por la creación y celebración durante cinco años de un festival de al menos tres días con “identidad propia” y alcance “nacional e internacional”, una promesa electoral del PSOE. A cambio, la promotora se comprometía a una inversión anual creciente de 8 millones de euros en 2022 a 12 en 2026.

Apoyo en público

Cuando Ana Mata (PP) llegó al poder, el pasado octubre, el futuro del Cala Mijas empezó a oscurecerse. Ya en la moción de censura, Mata reprochó al alcalde saliente que “Mijas sea una nota en la agenda del presidente del Gobierno cuando hay un festival de música”. Pedro Sánchez acudió a la última edición para ver a The Strokes y se fotografió en el backstage, lo que generaba una imagen para el festival asociada a los socialistas.

Sin embargo, públicamente tanto la alcaldesa como sus concejales han mantenido durante meses que el festival es positivo para Mijas, y decían apostar por su continuidad. En paralelo, deslizaban exigencias económicas que la hacían imposible.

En el Pleno de diciembre, el concejal de Hacienda, Mario Bravo, presentó los Presupuestos, donde incluía 10 millones de euros en tasas por ocupación de vía pública, cuando en 2023 Mijas recaudó en total 170.000 euros por este concepto. Los socialistas preguntaron cómo era posible, y Mario Bravo dijo que pretendían cobrar 3,3 millones de euros al festival por 2024, y además, otros 3,3 millones por cada una de las dos ediciones anteriores. En total, diez millones. Los socialistas no salían de su asombro.

Last Tour asegura que ha decidido “no promover” el festival, y no abre la puerta a una ubicación alternativa, aunque durante estas semanas se ha barajado extraoficialmente la celebración en alguna otra ciudad, con un cartel similar al del Kalorama de Lisboa, contando con la posibilidad de que los organizadores ya tuvieran avanzado el cartel. De hecho, había bandas que anunciaban su presencia en Málaga para ese fin de semana, como The Smile.

El ayuntamiento de Mijas (91.691 habitantes) no ha pagado las facturas de patrocinio del festival Cala Mijas 2023 a Last Tour (la empresa promotora), por un montante aproximado de 1,2 millones de euros. Es decir, la totalidad de lo que debía abonar. Ese impago, entre otras cuestiones económicas, mantiene en el aire la edición de 2024 a menos de seis meses de la fecha prevista para su celebración y cuando el resto de grandes festivales internacionales ya tienen su cartel casi cerrado y anunciado, y una parte importante de las entradas vendidas.

“Nos encanta a todos, pero lleva aparejadas unas facturas que no se han hecho efectivas en 2023. Si queremos seguir, hay que cumplir con nuestra obligación”, ha advertido Ana Mata, alcaldesa de Mijas (PP), durante el Pleno celebrado este viernes, en el que se ha dedicado casi una hora a justificar la incertidumbre que sobrevuela el festival.

El actual equipo de gobierno (PP, Vox y el partido local Por mi Pueblo) ha llevado este vienes a Pleno las facturas para su reconocimiento extrajudicial, pero tras el cruce de reproches, todos los concejales (del equipo de gobierno y de la oposición) se han abstenido, y la alcaldesa ha postergado la decisión a un próximo Pleno Extraordinario. Este Pleno, sin embargo, también está en el aire, ya que hay dudas de que se pueda celebrar para volver a abordar un tema que ya ha sido objeto de votación.

Tal y como adelantó este periódico, los reparos del interventor del Ayuntamiento y las exigencias del nuevo equipo de gobierno mijeño mantienen en la incertidumbre un evento que el año pasado congregó a 110.000 asistentes en tres días, con cabezas de cartel como Arcade Fire y The Strokes. El festival Cala Mijas fue una idea del PSOE, que lo llevó en su programa de 2019, lo impulsó hasta que la pandemia obligó a parar, y lo retomó convocando un concurso de patrocinio por cinco años que se adjudicó Last Tour, promotora de BBK Live o Azkena Rock. Se celebra desde 2022 y, de celebrarse finalmente, la de este año sería su tercera edición. El ayuntamiento firmó un patrocinio hasta 2026.

Inicialmente, el PP renegó del festival. Pero una vez en el gobierno (tras la moción de censura que desbancó a González, en noviembre de 2023), siempre ha manifestado públicamente su intención de darle continuidad, por considerarlo positivo para el municipio. Así lo ha hecho lo alcaldesa en el Pleno en incontables ocasiones.

Facturas mensuales sin fiscalizar

El problema, asegura la regidora, no es de voluntad sino de papeles. Las facturas que debía pagar Mijas por patrocinar la edición de 2023 (1,2 millones divididos en ocho facturas mensuales anticipadas, y una con la justificación final, todas previa acreditación del impacto publicitario) no se han abonado. Y el motivo sería la falta de fiscalización por parte del interventor, que ya había plasmado su disconformidad con determinados gastos sufragados por el ayuntamiento (y no por la promotora) en ediciones anteriores, hasta el punto de que el asunto ha acabado ante el Tribunal de Cuentas. Las siete primeras facturas de 2023 (por valor de 950.000 euros) tienen reparo de Intervención. La última de las ocho mensualidades y la factura final no tendrían la conformidad de los técnicos, según fuentes municipales.

Se trata de ocho facturas emitidas por adelantado y una con la justificación final, todas ellas previa acreditación del impacto publicitario, y por un total de 1,2 millones de euros. Las facturas están conformadas (es decir, son exigibles), pero no fiscalizadas (esto es, no han recibido la conformidad del interventor de que cumplen con la legalidad).

El Pleno tiene la capacidad de reconocer estas facturas y pagarlas, para lo que tiene que aprobar su reconocimiento extrajudicial. Ese es el trámite que se votaba hoy, de urgencia, después de vincular la próxima edición a este pago. Pero a pesar de que todos dicen querer que haya festival, nadie ha votado a favor del reconocimiento.

El PSOE denunció que no había tenido acceso al expediente, y que tan sólo había recibido dos folios con la propuesta de reconocimiento una vez comenzado el Pleno. Así que se abstuvo, y pidió tiempo para estudiar los documentos. Y el PP y Vox hicieron lo mismo para no quedarse solos aprobando unas facturas que no tenían el visto bueno de Intervención. Sin embargo, su concejal de Hacienda Mario Bravo reconoció que “nuestra obligación puede ser cumplir y abonar esas cantidades”.

Terreno y tasas de ocupación

La celebración del Cala Mijas tiene en ascuas a cientos de aficionados a la música, muchos de ellos público internacional hacia el que se ha dirigido gran parte de su promoción. El nuevo equipo de gobierno admite que el festival ha sido un éxito, y dice que no tiene intención de suprimirlo. Pero lleva semanas deslizando sus dudas respecto a cómo se elaboraron los pliegos, cómo se reparten los gastos el consistorio y la promotora y cómo se justifica su impacto publicitario, basadas en los reparos del interventor.

Una de esas cuestiones afecta al terreno. El Cortijo Colorado era un antiguo vertedero municipal donde se depositaban las cañas y escombros de obra. El ayuntamiento, obligado por el pliego a proporcionar a la promotora un espacio para el festival, lo acondicionó. Pero el interventor estaría disconforme con algunos de esos gastos. También con gastos de 500.000 euros en horas extra de personal municipal, y con facturas sueltas imputadas a bienes y servicios. Según la alcaldesa, el coste de 1,2 millones de euros para las arcas públicas se habría transformado finalmente en dos millones. El presupuesto del consistorio para 2024 es de 129 millones de euros.

Otra cuestión son las tasas de ocupación. Según ha dicho Mata, se liquidó por 500 euros al día, una cifra muy alejada de lo que permitiría la ordenanza. Ahora, el nuevo equipo de gobierno ha consignado casi 10 millones de euros en los presupuestos de este año, contando con que Cala Mijas pague retroactivamente 3,3 millones por las ediciones de 2022 y 2023. Si esto fuera así, el evento quedaría muy tocado.  

“No tenemos claro si se va a celebrar el festival”

“Ustedes no quieren el festival porque lo impulsó otro equipo de gobierno”, ha protestado Josele González, que ha recordado que los pliegos tuvieron todos los informes favorables, y ha acusado al actual equipo de gobierno de hipocresía: “Buscan enmarañar para que parezca que este año no se va a celebrar por algo del anterior equipo de gobierno”.

“El Cala Mijas es un gran evento, que ojalá siga adelante. Pero tengo que decir que no hizo las cosas como tenía que hacerlas”, ha replicado la actual alcaldesa.

José Carlos Martín (Ciudadanos), responsable de Turismo en la anterior corporación, sacó esta conclusión: “El mensaje que hemos lanzado en este Pleno es que no tenemos claro si se va a celebrar el festival. Y eso no es bueno para el municipio”. 

A poco más de seis meses para la fecha prevista para la tercera edición, nada se sabe del Cala Mijas Festival. Su celebración a finales de agosto está prevista para cinco años en el contrato de patrocinio publicitario suscrito entre Mijas y Last Tour. También está marcada en las agendas de cientos de asistentes que compraron el abono para 2024 al terminar la edición de 2023.

Nadie descarta su celebración, que sigue siendo el escenario más probable. Pero mientras los grandes eventos del verano ya han cerrado carteles de artistas y preventas de entradas, el de Mijas sigue sin confirmar y ni el consistorio ni la promotora aclaran qué ocurrirá ni de qué depende. “Seguimos trabajando en la edición de este año”, replican desde Last Tour, que no responde a cuándo se anunciarán los cabezas de cartel o se pondrán las entradas a la venta.

Hay, parece claro, una partida millonaria en juego: el concejal de Hacienda ha aludido a supuestos reparos del interventor a los gastos municipales en ediciones anteriores, mientras reclama diez millones de euros a cuenta de la ocupación del terreno donde se ubican los escenarios y el camping. Una cifra, consignada en los Presupuestos de 2024 y con carácter retroactivo a las ediciones de 2022 y 2023, que de confirmarse alteraría el esquema económico del festival, con una inversión municipal de en torno al millón de euros por año en concepto de patrocinio.

A esto se añade un ruido de fondo político, que trae aún el eco del año pasado. El festival fue impulsado por el anterior gobierno PSOE-Ciudadanos y quedó marcado en su última edición por la presencia entre bambalinas de Pedro Sánchez, que lo puso como ejemplo de la “potencia cultural” de España y “destino turístico mundial de festivales”. Acudió al concierto de The Strokes y luego se fotografió con Lori Meyers y Cariño.

El 2 de noviembre, PP, Vox y un concejal no adscrito desalojaron de la alcaldía a Josele González (PSOE) mediante una moción de censura, y la nueva alcaldesa Ana Mata (PP) no pudo evitar recordar el episodio: “Mijas no puede ser solo una nota en la agenda del presidente del Gobierno cuando hay un festival de música”.

“Sí, habrá festival”

La tercera edición del festival Cala Mijas está prevista para los próximos 29, 30 y 31 de agosto. Coincidiría con el Kalorama de Lisboa (Portugal), que también promueve Last Tour, lo que hace prever que compartirían muchos de sus artistas, una práctica habitual entre las promotoras. Los cabezas de cartel para la capital lisboeta son LCD Soundsystem, Massive Attack y Sam Smith, y también se prevé el concierto doble de The Postal Service y Death Cab for Cutie.

En 2023, Cala Mijas atrajo a 110.000 asistentes en sus tres días de duración. Muchos de ellos extranjeros, que suelen adquirir sus entradas con más antelación una vez que empiezan a ponerse a la venta en el circuito europeo. Hasta ahora, sólo se han vendido los abonos con descuento que el festival puso a la venta mientras se celebraba la última edición.

El misterio en torno a este festival tiene en ascuas a cientos de aficionados, que solo han logrado un escueto “sí, habrá festival” de parte de Last Tour en X. La promotora subraya que el festival está anunciado y tiene fechas. Con respecto a cartel y abonos, aduce que tienen “sus tiempos”, aunque estos ya hayan sobrepasado con creces los habituales, incluyendo los del festival lisboeta que también organiza Last Tour.

Tampoco hay aclaración oficial desde el consistorio, que pide paciencia desde hace meses. Hasta ahora, el equipo de gobierno solo ha explicado el retraso por boca de su concejal de Hacienda, Mario Bravo, de cuyas palabras se infiere que hay una negociación económica abierta con la promotora.

“El ayuntamiento no puede ceder parcelas gratuitamente”

La primera pista la soltó en el Pleno de diciembre, donde sorprendió a la oposición presentando unos presupuestos que contemplan casi 10 millones de euros en ingresos por la tasa de ocupación de vía pública. Cuestionado por cómo pretendía multiplicar por 58 la recaudación de 2023 por este concepto (170.000 euros), Bravo dijo que los pagaría la promotora del Cala Mijas, a 3,3 millones por años incluyendo dos años retroactivamente (2022 y 2023). “Lo que no puede este ayuntamiento es ceder parcelas gratuitamente a empresas privadas con fines de lucro que han ganado dinero y no han compartido con el municipio la retribución que nos corresponde”, advirtió. Last Tour ha declinado comentar estas previsiones presupuestarias o la declaración del concejal.

La ordenanza reguladora de la tasa por el aprovechamiento de la vía pública prevé por cada metro cuadrado cedido para la instalación de espectáculos se cobren 1,55 euros diarios. El festival Cala Mijas tiene un recinto de 150.000 metros cuadrados, lo que arrojaría una tasa de 232.000 euros diarios. Sin embargo, este tipo de eventos suelen negociar una tasa a tanto alzado, tal y como prevé la propia ordenanza.

Una cifra así obligaría presumiblemente a revisar las cifras del evento, al alterar sustancialmente el equilibrio del contrato de patrocinio firmado entre Last Tour y Mijas en 2021: el ayuntamiento se comprometía a pagar 6.686.013,81 euros (IVA incluido) por la creación y celebración durante cinco años de un festival de al menos tres días con “identidad propia” y alcance “nacional e internacional”, con la finalidad de promocionar la marca “Mijas”, único patrocinador del evento. Por su parte, la adjudicataria se comprometía a un impacto publicitario mínimo y a una inversión creciente, que de media arroja diez millones anuales.

Reparos del interventor

La segunda pista económica la dejó el concejal en el Pleno extraordinario del pasado 9 de febrero, cuando aludió a los presuntos reparos del interventor a facturas “cuyo pago ha hecho el ayuntamiento en principio sin tener la obligación de hacerlo”. Según dijo, “da la impresión” de que deberían haber sido abonados por la organizadora, y explicó que mientras se licitaba el proyecto para reformar la parcela donde se celebró el evento, el ayuntamiento tenía empleados públicos trabajando allí: “No puede adaptar una parcela mientras se está gastando el dinero en un proyecto que le diga cómo adaptar una parcela”.

En los pliegos, el ayuntamiento se comprometía a proporcionar al adjudicatario un “recinto acondicionado” con servicios básicos y las instalaciones necesarias.

Según Bravo, estas facturas estarían entre las que están siendo revisadas por el Tribunal de Cuentas, que investiga al ayuntamiento después de que no haya presentado sus cuentas anuales desde 2015. Este medio ha intentado obtener el informe con los reparos del interventor o, al menos, aclaraciones del consistorio, sin conseguirlo. No es inhabitual que el interventor, con una larga trayectoria en el municipio, presente reparos a gastos.

Durante el Pleno, el concejal remarcó en tres ocasiones que el nuevo equipo de gobierno es partidario de continuar con el festival, pero cunde la sospecha de que el PP está tanteando el terreno después de haberlo criticado mientras estaba en la oposición. En septiembre, poco antes de convertirse en responsable de Hacienda, el propio Bravo explicó que su coste para las arcas municipales está “muy fuera” del patrocinio habitual de otros ayuntamientos, remarcó que no se atendiera “otras necesidades más perentorias” y añadió dudas sobre los recursos humanos destinados por el consistorio: “Nos preocupa el dinero de las horas extras de Policía Local, Protección Social, la empresa de inserción social… Y 30 farolas que han puesto en una carretera de acceso”, dijo en una entrevista radiofónica. 

En la madrugada de este lunes, un incendio se desató en la localidad de Mijas (Málaga), específicamente en las zonas de Lomas del Flamenco y Los Pedregales, lo que provocó la evacuación de varias viviendas.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, conocido como Plan Infoca, ha desplegado dos grupos de bomberos forestales y dos autobombas. Además, se cuenta con la colaboración de efectivos de Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Marbella y Málaga.

Alrededor de las 3.00 horas de este lunes, el Plan Infoca informó en la red social X (anteriormente Twitter) que el incendio mostraba una “evolución favorable”. Los equipos desplegados continúan trabajando en la zona para estabilizar la situación.

La alcaldesa de Mijas, Ana Carmen Mata, también compartió información sobre las labores de extinción y el desalojo de las áreas más pobladas, instando a la precaución.

Pero durante la mañana, los efectivos del INFOCA han conseguido controlar el fuego y a esta hora están con labores de vigilancia.

Hasta el momento, se desconocen tanto el alcance del incendio como sus causas.

Hace algo más de cinco años, Manuel Redondo Gámez interpuso una denuncia contra el alcalde y dos concejales de Mijas (Málaga, 89.502 habitantes). Aseguraba que había gato encerrado en la tramitación administrativa de un viaje para mayores al Algarve, y su denuncia movilizó a la Guardia Civil, la Fiscalía y un juzgado de instrucción, que abrió diligencias previas. Sin embargo, cuando llegó la hora de ratificarla, Redondo Gámez no se presentó. La Guardia Civil lo buscó, no lo encontró y, finalmente, concluyó que no existía.

El invento enervó al fiscal, quien se propuso castigar a la persona tras al personaje por usar la justicia sin motivo y con una finalidad exclusivamente política. Seis años después de los hechos (no delictivos) que dieron origen a la denuncia de una persona que no existió, su trasunto real, José Antonio González, que por entonces era concejal del PP en el municipio y repartidor de Correos, ha sido condenado a ocho meses de prisión y multa de 2.160 euros por un delito de denuncia falsa.

“Con la denuncia se orquestó una maniobra dirigida a perjudicar a los políticos municipales del partido Ciudadanos en tiempo electoral y le aprovechaba al partido al que pertenecía el acusado”, concluyen los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga, que subrayan que “no queda duda alguna” de la autoría de González, aunque admiten que en la maniobra probablemente participaron otros responsables del PP.

Sí González acabó cargando con la culpa es porque dejó un rastro inconfundible: “embaucó” a un compañero cartero para estar enterado de las notificaciones que el juzgado remitió al falso Redondo, de donde se desprende su participación en la trama, que a su vez puso en marcha “indebidamente la maquinaria judicial con motivos espurios”, según la sentencia: “menoscabar y desgastar” a los rivales políticos de González y su partido, el PP.

Una versión “absurda”

Durante el juicio, González negó ser la persona que se oculta tras Manuel Redondo, y explicó que una vez alguien que dijo llamarse así y de quien nunca más supo le pidió poner un buzón a su nombre. Pero los magistrados no le han creído, y llegan a calificar de “absurda” su versión, pues está probado que le pidió reiteradamente a un compañero que le entregara la correspondencia que llegara a ese nombre. La trama saltó por los aires cuando la Guardia Civil comprobó que no existía nadie con tal nombre en España.

La investigación del viaje de mayores, ampliamente difundida en los medios y en redes sociales, se produjo en plena campaña de las elecciones andaluzas, y provocó la intervención de los órganos nacionales de dirección de Ciudadanos, que por entonces tenía en Mijas su mayor alcaldía de España. Estuvo en juego la expulsión de los entonces investigados.

En realidad, todos los concejales, también González, sabían que el expediente de la adjudicación del viaje, que se había sacado a licitación pública, se había subsanado con un reconocimiento extrajudicial de créditos votado en Pleno, igual que se hace con otros 1300 expedientes al año. En este caso, además, se votó con unanimidad, incluyendo por tanto al concejal denunciante.

“Seguramente no actuó solo”

En Ciudadanos siempre sospecharon no solo que el denunciante Manuel Redondo Gámez no existía, sino que quien lo manejaba en la sombra era, también él, una marioneta que actuaba manejada por la dirección del PP mijeño. Aunque la sentencia no entra en ello, los magistrados admiten que es “posible” que, como cree la acusación particular, “seguramente no actuó solo”.

La denuncia se enmarca en un clima de alta tensión política entre el PP y Ciudadanos en Mijas, disparada tras la ruptura del pacto que les llevó a gobernar juntos de junio de 2015 a abril de 2016. A partir de entonces, se desató una guerra sucia con episodios rocambolescos como las acusaciones de espionaje en la televisión pública municipal, intentos de compra de concejales o, en este caso, la invención de una personalidad para interponer una denuncia. Ciudadanos gobernó de 2015 a 2019 en coalición sucesiva con todos los grupos municipales, hasta acabar gobernando en solitario.

Ángel Nozal (PP) y Juan Carlos Maldonado (Ciudadanos, por entonces alcalde) llevaron este enfrentamiento al terreno personal. Nozal declaró que jamás daría su apoyo a un gobierno liderado por Maldonado, y lo cumplió incluso contra el criterio de su partido, quien le abrió expediente por negarse a cumplir sus directrices en 2019. Cuatro años después, también Maldonado se negó a apoyar a Nozal contra la decisión de Por Mi Pueblo, en el que se integró tras abandonar Ciudadanos en 2021.

Ambos han llevado su enemistad hasta el final, y cuando el PP ha colocado a una persona ajena al círculo de confianza de Nozal como candidata, Maldonado ha roto su pacto inicial con PSOE y Ciudadanos, y ha entregado su apoyo al PP en una moción de censura que ha aupado a Ana Mata (PP) como alcaldesa, con el apoyo de Vox y el propio Maldonado. 

Ana Carmen Mata (PP) es la nueva alcaldesa de Mijas (Málaga, 89.502 habitantes), tras triunfar la moción de censura articulada por los populares, Vox y el concejal no adscrito Juan Carlos Maldonado contra Josele González (PSOE), al que sostenían los socialistas, Ciudadanos y el propio Maldonado. El PP completa un dominio absoluto en la Costa del Sol y la provincia, que incluye los diez municipios con más habitantes, y el PSOE pierde su último gran reducto malagueño y el tercero de los más poblados de los que hasta ahora gobernaba en Andalucía. Mijas es el tercer municipio por población de Málaga y 15º de Andalucía. Para Vox, supone entrar en el gobierno de un gran municipio andaluz por primera vez.

Mata es la primera alcaldesa en la historia del municipio, marcado en la última década por las turbulencias políticas. En Mijas se han sucedido pactos, traiciones, denuncias (incluyendo alguna falsa) y vendettas, hasta desembocar en la moción de hoy, en la que logró el voto del decisivo del decimotercer edil. El cambio de rumbo de Juan Carlos Maldonado, que hace apenas tres meses apoyó a González, ha sido determinante. Los socialistas creen que será recompensado por el PP, como ya ocurrió con el tránsfuga Juan Cassá.

Lo que pasa aquí, admiten todos, es diferente, y tiene mucho que ver con el peso de Juan Carlos Maldonado y, hasta ahora, Ángel Nozal, el factótum histórico del PP local, hoy teóricamente sin peso orgánico en el PP, pero sentado en primera fila.

La amnistía como argumento

Teóricamente, la moción se articula por cuestiones locales, pero la nueva regidora, el portavoz de Vox y el propio Maldonado fueron más allá para justificarla, citando la situación política nacional como aspecto clave. Maldonado, con pasado en Ciudadanos y PSOE, y expulsado de Por mi Pueblo en junio precisamente por negarse a apoyar al PP, fue el más explícito. “No quiero ocultar que [la amnistía impulsada por el PSOE y otros grupos parlamentarios] ha tenido una influencia decisiva y definitiva”, dijo, mientras los ediles del PSOE ponían cara de asombro. “Un ser humano vale no por lo que dice, sino por lo que hace”, y entonces los socialistas rieron abiertamente.

Mata defendió la moción apelando, primero, a su legitimidad: Vox, PP y Por mi Pueblo (por el que se presentó Maldonado) sumaron en torno al 46% de los votos el 28 de mayo, un porcentaje en realidad similar al que sumaba la anterior formación de gobierno. Las elecciones las ganó el PSOE, y la diferencia de la suma PP-Vox y PSOE-Ciudadanos fue de dos puntos porcentuales a favor de los primeros.

El segundo argumento fue la supuesta opacidad en torno a las cuentas municipales. En 2022, se abonaron 32 millones de euros con reparos del interventor, servicios en precario y facturas y expropiaciones sin pagar. El alcalde saliente aseguró que el Consistorio tiene deuda cero y un remanente de 120 millones de euros, que ya estarían comprometidos, según el PP.

Además, Mata atacó al alcalde saliente por, según dijo, usar el Ayuntamiento como trampolín político, afeándole la visita de Pedro Sánchez al Cala Mijas Fest. “El Ayuntamiento no puede ni debe ser usado como ariete para confrontar ni como escudo para las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez”, dijo la alcaldesa, que a continuación criticó “algunas” de esas decisiones de ámbito nacional: “Son indefendibles: los mijeños no están a favor de la amnistía”.

“Hay personas que tienen precio”

Mata avanzó que asumirá las competencias de Igualdad, un previsible flanco débil por su dependencia de Vox. Emocionado, el portavoz del partido ultra, Juan Carlos Cuevas, tuvo que dejar de leer su discurso.

Amadrinada por Esperanza Oña, y durante años edil en Fuengirola, Mata defendió que no es una “paracaidista”. “Pasa por encima de todos sus compañeros para colocarse la primera. Detrás de todo esto está larga mano del PP de Málaga y Andalucía”, denunció el exalcalde González, que denunció que la moción no tiene “causas reales”, sino el “reparto de cargos”. Los socialistas creen que la moción se ha urdido a nivel provincial y andaluz, y ven tras ella la mano de Elías Bendodo.

La nueva regidora llega al cargo saltando directamente del número seis en las listas a la candidatura, lo que ha permitido evitar no sólo a Nozal sino a su núcleo duro. De ahí que los socialistas lo califiquen de “doble traición”. “Es un asalto a golpe de chequera, comprando voluntades para okupar el sillón de alcaldía”, dijo Roy Pérez, concejal del PSOE: “Hay personas que tienen precio y chaquetas de todos los colores, y si tienen precio, siempre hay alguien dispuesto a comprar con dinero de todos. Estaremos vigilantes para ver cómo se paga”.

Concejal no adscrito y ¿fuera del gobierno?

Más allá de la alcaldesa, el gran protagonista del Pleno fue Juan Carlos Maldonado, exalcalde, exPSOE, exCiudadanos, ex Por mi Pueblo, exsocio de PSOE y Ciudadanos, y ex enemigo del PP, y ahora socio de PP y Vox, y teóricamente no adscrito, aunque a estas alturas ya no se sepa muy bien.

Blandiendo un informe del secretario, el equipo de Gobierno saliente había maniobrado en las semanas previas a la moción para arrojar de vuelta al PP el argumento al que se abrazaban los populares hasta hace dos semanas y del que ahora rehúyen. A saber: que, dado que Por mi Pueblo había expulsado a Maldonado, al concejal veleta hay que catalogarlo como no adscrito. Y esto, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, le inhabilitaría para asumir alguna responsabilidad en el nuevo gobierno de Ana Carmen Mata. Quedarse sin la tenencia de Alcaldía y la delegación de Economía y Comercio que ocupaba con el PSOE y Ciudadanos en un gobierno de PP y Vox, precisamente propiciado por él, va a ser para Maldonado un trago difícil de digerir.

Ocurre que el PSOE ha abrochado su venganza con un informe jurídico que deja poco margen para la duda. Según ese documento, firmado por el secretario del Ayuntamiento el pasado 24 de octubre, Maldonado es concejal no adscrito desde el 16 de junio, fecha en la que el partido por el que concurrió a las elecciones (Por mi Pueblo) presentó un escrito solicitándolo.

Da igual, dice el secretario, que el Pleno solo “tomara razón” de esa condición el pasado 25 de octubre, justo cuando Maldonado dejó de ser aliado del PSOE y Ciudadanos, para convertirse en socio de PP y Vox. Da igual que ahora Por mi Pueblo haya presentado un escrito de urgencia informando de su reconciliación con Maldonado. Da igual que el partido que pidió por escrito que se le considerara no adscrito (el PP), ahora se desgañite para lo contrario, y que el partido que hasta ahora lo integró en el gobierno como si no lo fuera (el PSOE) ahora exija su repudio.

La consideración de no adscrito tiene otra consecuencia que puede alterar el próximo gobierno: es irreversible, aunque el secretario admite que hay dudas. Maldonado pasó a ser no adscrito antes de que se constituyera el Pleno, y eso hace que el caso sea tan singular que no hay precedentes.

Una década de enredos

En realidad, este entuerto da continuidad a casi una década de enredos en Mijas. La enemistad de Maldonado con Ángel Nozal (PP) desde que traicionó su pacto (en 2015) ha marcado la política municipal. Tras romper con Nozal, que le declaró su rivalidad eterna, Maldonado fue alcalde con un gobierno Ciudadanos-PSOE-Costa del Sol Sí Puede; Ciudadanos-PSOE; y, finalmente, solo Ciudadanos. Durante meses, gobernó un municipio con cien millones de presupuesto con cinco concejales sobre veinte posibles. Y en un mandato (2015-2019), Mijas conoció cuatro gobiernos distintos.

El mandato 2019-2023 fue el de la reconciliación PSOE-Ciudadanos (todavía con Maldonado), gracias a su animadversión común por Nozal, quien a su vez fue expedientado por el PP por negarse a dar su voto a Maldonado. Finalmente, el propio Maldonado se marchó de Ciudadanos cargando contra su antiguo partido, hasta el punto de que dejó de hablarse con sus excompañeros de grupo municipal.

Pero aún guardaba una (o varias) vidas políticas. Se enroló en Por mi Pueblo, y el pasado mayo obtuvo el acta de concejal decisiva para decidir el gobierno municipal. Contra el criterio de Por mi Pueblo, optó por el PSOE y Ciudadanos. Tres meses después, cambió de criterio y volvió al redil. Entre medias, se marchó Nozal, y el PP puso al frente a Ana Carmen Mata, ajena al núcleo duro del enemigo íntimo de Maldonado. 

De la relevancia de la moción daba cuenta la nómina de cargos en el salón de Plenos y en el patio del Ayuntamiento, donde se habilitó una pantalla. Estaban José Ramón Carmona, presidente del PP malagueño, para felicitar a la alcaldesa entrante; Daniel Pérez, secretario general provincial del PSOE, para ayudar en el trago al alcalde saliente; el portavoz en el Parlamento andaluz de Vox, Manuel Gavira, para sellar su primer gran éxito municipal en Málaga; militantes de Ciudadanos para arropar a José Carlos Martín y los otros dos ediles en la despedida del poder municipal; y algunos fieles que aplaudieron con fervor la intervención de Maldonado, quien, desde 2015, tiene la llave de todo en Mijas. 

El Partido Popular está a punto de completar el incontestable dominio municipal que ya tenía en la Costa del Sol y Málaga con una moción de censura en Mijas (89.502 habitantes). De prosperar, y todo apunta que así será, arrebatará el tercer municipio más poblado de los que hasta ahora estaban en manos del PSOE en Andalucía, y gobernará en todos los del litoral malagueño, una docena, desde Estepona a Nerja.

El éxito de la moción de censura del PP mijeño, que fue segundo en las elecciones municipales, requiere el apoyo de Vox y una nueva “conversión” de Juan Carlos Maldonado, que pasó por el PSOE y Ciudadanos (con quien fue alcalde), antes de ser presentarse con Por mi Pueblo y ser expulsado de este partido local precisamente por pactar el pasado junio con el PSOE y Ciudadanos. En un comunicado remitido a mediodía, el equipo de gobierno ha calificado la moción de “despropósito”, recordando que el PSOE ganó las elecciones el pasado 28 de mayo mejorando su resultado de hace cuatro años.

La moción, que se ha registrado este miércoles por la mañana, se votará el próximo 2 de noviembre. Si se cumple lo previsto, Ana Mata (número 6 de las listas en mayo) será alcaldesa con los votos de sus nueve ediles, los tres de Vox y de Juan Carlos Maldonado, hasta ahora integrado en el actual equipo de gobierno de PSOE (diez concejales) y Ciudadanos (dos). El PP gobernaría así los diez municipios más poblados de Málaga, con más de 1.300.000 habitantes censados. El municipio más poblado de la provincia en manos del PSOE será Cártama (27.000 habitantes).

Varapalo para el PSOE

Para los socialistas, el varapalo es mayúsculo. Mijas es uno de sus bastiones municipales en Andalucía, el más poblado tras Dos Hermanas (Sevilla) y San Fernando (Cádiz). De las municipales de 2019 a las de 2023, el PSOE andaluz perdió 428 concejales y 130.000 votos en una comunidad que no hace tanto era una reserva fiable de poder autonómico y municipal.

El pasado mayo, los populares superaron en cinco puntos al PSOE en Andalucía, que había sacado casi diez puntos de ventaja en 2019. Un retroceso de quince puntos porcentuales reflejado en los gobiernos municipales: los populares ya gobiernan las ocho capitales de provincia, además de otros grandes municipios como Marbella, Jerez, Algeciras o Roquetas de Mar.

El PP ha pasado de gobernar en 189 municipios andaluces antes del 28 de mayo (el 24% de los 785 que hay) a 306 (casi el 39%), según sus propias cifras, mientras el PSOE menguaba de 459 a 347. Pero el declive del socialismo en los municipios andaluces es, sobre todo, cualitativo: a la pérdida de diputaciones como Córdoba, Huelva o Granada, se suma la de los municipios más significativos en los que gobernaban, como Sevilla, Granada, Jaén, Huelva, Jerez, Benalmádena, Vélez-Málaga y, ahora, Mijas. Su poder local ha quedado reducido pequeños y medianos municipios, con alguna excepción.

La retirada de Nozal y una candidata ajena a su núcleo duro

La clave de la moción de Mijas está en el viraje de Juan Carlos Maldonado, teniente de alcalde y concejal de Economía y Comercio en el actual equipo de gobierno. Seguirá al menos ostentando esas responsabilidades, dicen fuentes cercanas al pacto, pero el beneficio para él puede ir más allá: tras pasar por Ciudadanos y Por mi Pueblo, ahora está sin partido, y el PP ya ha sabido atraerse a perfiles similares en la provincia con ofertas a largo plazo. Es el caso de Juan Cassá, cuya reciente designación como responsable del área de Nuevas Tecnologías en la Diputación ha sido interpretado por el PSOE como un “pago” por su apoyo pasado en el ayuntamiento de Málaga.

Daniel Pérez, secretario general del PSOE malagueño, ha acusado al PP de “falta de escrúpulos y valores” por “comprar voluntades y tránsfugas”, en referencia a Maldonado. “En esta provincia el PP ha demostrado que la compra de tránsfugas es algo que está en su ADN”, ha dicho. El equipo de gobierno también ha apuntado a la existencia de “oscuros acuerdos” que beneficiarían a Maldonado.

Para este giro de guion han sido necesarios otros ingredientes. Fuentes populares admiten que la retirada en junio de Ángel Nozal (candidato a la alcaldía del PP y enemigo declarado de Maldonado) ha contribuido a su apoyo. Sin embargo, aunque Nozal se haya apartado de la primera línea, su influencia en el grupo popular de Mijas sigue siendo notable, como demuestra el hecho de que les acompañara este miércoles en la presentación de la moción, tal y como ha podido comprobar este medio.

Es también relevante que la candidata a la moción sea Ana Mata, y no otros ediles históricos del PP mijeño que la precedían en la lista. De 2003 a 2019 Mata fue concejala del PP en Fuengirola, donde hace su día a día, antes de ser nombrada secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Junta de Andalucía.

Su designación permite esquivar al núcleo duro de Nozal, fundador y auténtico factótum del PP mijeño desde hace más de dos décadas. En este tiempo, ha sido investigado en casi una decena de procedimientos penales. Casi siempre por sus actuaciones políticas, pero también por su actividad profesional de administrador de fincas. La última, una presunta administración desleal denunciada por Aída Nizar, exconcursante de Gran Hermano.

Oficialmente, el PP motiva la moción en las cuentas del consistorio y la “falta de transparencia”. Pretenden, dicen, “acabar con el descontrol económico y el oscurantismo”. Mijas es un municipio con un tercio de su población extranjera (la mayoría británicos), saneado, rico y con un ahorro de 116 millones de euros. Este martes, el PP había preparado el terreno alertando del “descontrol económico” y el supuesto impago a proveedores, asegurando que se han gastado 30 millones de euros “sin el debido control” de la Intervención Municipal, que lo habría comunicado al Tribunal de Cuentas.

El sinuoso recorrido del concejal que tiene la llave de gobierno

Bajo la moción subyacen claves locales que llevan años fraguándose. La más importante, la personal. Juan Carlos Maldonado es la llave de todo lo que sucede en la política municipal desde hace ocho años, y vuelve a serlo ahora, cuando rompe el pacto con PSOE y Ciudadanos (en ambos militó) para dar la alcaldía al PP.

En 2015 militaba en Ciudadanos, y se convirtió en su principal referente municipal al hacerse con la alcaldía de Mijas, con su plaza más relevante. Lo hizo siendo tercera fuerza y solo cinco concejales, y pactando sucesivamente con todos los demás. Primero, con el PP (hasta septiembre de 2016); después, rompió con el PP y unió fuerzas con el PSOE y la marca local de Podemos. Para entonces, Nozal (PP) no podía ver a Maldonado, al que inicialmente había convertido en alcalde por orden del partido, a pesar de que le doblaba en ediles (once). A cambio, Ciudadanos sostenía a los populares en la Diputación de Málaga.

Tras la ruptura, Nozal anunció que Maldonado nunca sería alcalde con sus votos. Y cumplió. En paralelo, dio comienzo una guerra sucia con rocambolescos episodios, a cada cual más delirante. A la denuncia de un espionaje informático en los ordenadores de la radiotelevisión local le siguió una histriónica rueda de prensa de Maldonado, en la que desveló información policial de un perito informático, que le denunció por revelación de secretos. Poco después, un concejal de Podemos denunció el intento de soborno de otro del PP, convenientemente grabado. Y aún hoy, un exconcejal del PP está acusado por la Fiscalía (y pendiente de sentencia) por interponer una denuncia falsa bajo seudónimo contra concejales de Ciudadanos.

Detrás de todo está la enemistad entre Nozal y Maldonado, que también ha condicionado los pactos locales. En 2019, el PP abrió expediente a Nozal por negarse a alternar la alcaldía con Maldonado. Como era imposible repetir como regidor, Maldonado y Ciudadanos apoyaron entonces al PSOE y Josele González, que integró a los naranjas en su equipo de gobierno.

A mitad de mandato (en noviembre de 2021), Maldonado se fue de Ciudadanos con un sonoro portazo, asegurando que el partido le había “ninguneado”, y fue expulsado del equipo de gobierno mijeño, enfrentándose ya no solo a Nozal, sino a sus excompañeros. Pero aún le quedaban vidas políticas. Se integró en Por mi Pueblo, un partido personalista concebido para las elecciones locales, que en la provincia obtuvo 37 concejales el pasado 28 de mayo. Y logró acta de concejal: suficiente para volver a tener la llave del gobierno municipal.

Su apuesta inicial por un gobierno de PSOE, Ciudadanos y él mismo le supuso la expulsión de Por mi Pueblo, que prefería al PP. Ya sin adscripción a ningún partido, ha sostenido el gobierno con sus antiguos partidos durante cuatro meses, hasta que ha registrado una moción con el PP y la ultraderecha. En todos los gobiernos mijeños desde 2015 hay un ingrediente común: Juan Carlos Maldonado. 

Hace ahora poco más de un año, una columna de fuego arrancó de un bocado un buen trozo del cinturón verde de la Costa del Sol. Las llamas arrasaron 2.000 hectáreas de la Sierra de Mijas en poco más de 48 horas, obligando a desalojar a más de 3.000 vecinos de Mijas, Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, que vieron peligrar sus casas.

Un año después, en el terreno arrasado abundan los brotes de palmito, romero o torvisco, mientras los camiones siguen abriéndose paso para sacar de allí la madera quemada. La Junta de Andalucía acaba de darse más plazo para realizar las tareas que prevengan avenidas o caídas de árboles, mientras grupos ecologistas locales reclaman que la sierra sea declarada Parque Natural para facilitar la protección de sus valores naturales, y alertan del riesgo de que la apertura de nuevos carriles facilite la antropización del terreno y nuevos incendios.

Además de abordar las obras “de emergencia”, consistentes en poner diques y extraer la madera quemada, la Junta de Andalucía ha aprobado también un plan de caza integrado. Entre tanto, nada se sabe de la autoría de un fuego que, según concluyeron los investigadores, fue intencionado.

Dos millones de euros para 600 hectáreas

Entre el mediodía del 15 de julio de 2022 y la tarde del 17 agosto las llamas arrasaron 1.939,33 hectáreas de la sierra, la mayor parte (el 87%) superficie forestal pública. Desde un paraje de Mijas, fueron avanzando hacia el norte y el oeste, hasta quedarse a las puertas de las casas de Lauro Golf o Pinos de Alhaurín. El fuego, estabilizado el 17 de julio, controlado dos días después y extinguido el 3 de agosto, revivió el calvario de Sierra Bermeja, donde un bombero forestal falleció y se quemaron cerca de 15.000 hectáreas en dos incendios ocurridos en 2021 y 2022, afectando gravemente a un valioso pinsapar. En la Sierra de Mijas, la difícil orografía del terreno hacía temer un fuego nuevamente incontrolable, pero el intenso despliegue (más de 400 personas) y la mejora de las condiciones ambientales lo evitaron.

Las llamas arrasaron con una densa superficie forestal de pinos, pero también erosionaron el terreno, debilitaron laderas y alteraron el equilibrio del ecosistema. Apenas un mes después de dar el incendio por extinguido, la Junta de Andalucía adjudicó las obras de emergencia, que siguen ejecutándose hoy. Se trata de mitigar con diques e infraestructuras sobre las laderas el riesgo de erosión y avenidas durante las lluvias, y de evitar la caída súbita y las enfermedades de árboles afectados por el incendio.

En total, la administración autonómica ha destinado algo más de dos millones de euros, sufragados al 75% por fondos europeos, en tres lotes adjudicados a tres empresas diferentes: ha destinado 802.000 euros a 287 hectáreas de La Sierra; 769.000 a 213 hectáreas de La Mezquita y Puerto Blanquillo; y 385.000 a 111 hectáreas de Sierra Blanca y Bermeja. La dirección adjunta de los trabajos se adjudicó por 58.383,79 euros a Montes y Caminos Ingenieros Consultores, dirigida por el ingeniero de montes Luis Fernando Gutiérrez Jodra.

Aunque el 70% de las obras están certificadas desde el pasado mayo y la ejecución de los trabajos probablemente ya supera el 80%, fuentes de la consejería explican que se ha ampliado el plazo de ejecución de las obras de emergencia de nueve a 13 meses, hasta octubre, y no descartan que vuelva a ampliarse.

270.000 euros en madera quemada

La apertura de nuevas pistas forestales, teóricamente con el fin exclusivo de extraer la madera quemada y facilitar futuros trabajos de entresaca, degrada el paisaje, facilita el acceso al monte y eleva el riesgo de nuevos incendios, que se originan junto a caminos en un 55% de los casos, según Ecologistas en Acción. El pasado marzo, el grupo ecologista envió una carta a la Junta de Andalucía expresando su “indignación” por la “obsesión de sacar la madera quemada. No entendemos como a estas alturas se siguen utilizando prácticas forestales obsoletas, más propias de los años 70 y principios de los 80 del pasado siglo”.

La Consejería calcula que ya ha extraído 30.000 toneladas de madera de la Sierra de Mijas, que actualmente se está licitando por un precio base de “8-9 euros por tonelada”. Es decir, la madera de la sierra, calcinada en distinto grado, podría tener un valor económico de entre 240.000 y 270.000 euros.

La extracción de la madera quemada la rechazan quienes defienden un tratamiento “natural” tras el incendio. O sea, dejar la madera quemada en el terreno, porque aporta nutrientes al suelo, favorece la supervivencia y crecimiento de las plantas, incrementa la biodiversidad y favorece la llegada de semillas dispersas por las aves, según sus partidarios.

“Retirar los troncos muertos del monte supone retirar una gran cantidad de nutrientes (nitrógeno y fósforo, sobre todo) que habían sido extraídos del suelo por los pinos para poder crecer”, lamenta Eduardo Sáez, portavoz de la veterana Plataforma por la Defensa de la Sierra de Mijas (PDSS). Sáez coincide en su diagnóstico con Ecologistas en Acción: “Más allá de los nutrientes que se han perdido este año por la escorrentía y los que se van a perder en el futuro próximo, retirar del monte los troncos muertos supone empobrecer más el suelo”.

Un “plan integrado de caza” para la Sierra de Mijas

Algunos colectivos ecologistas locales lamentan que se esté perdiendo la oportunidad de orientar estos trabajos hacia una restauración ecológica de la zona y su protección mediante la figura del parque natural, y advierten de que los trabajos de ahora pueden ser contraproducentes. “Si lo que queremos es una especie de patio trasero de la Costa del Sol para poder organizar carreras a pie, en bicicleta, tirolinas y romerías varias, entonces cuantos más carriles hagamos, mejor”, dice Sáez. “Pero si a lo que aspiramos es a renaturalizar la sierra con la idea de preservar zonas lo menos afectadas posible por las agresivas actividades humanas de masas, entonces los carriles sobran”, opina.

La plataforma denuncia que, más allá de mostrar una buena predisposición inicial, la Junta de Andalucía ha ignorado sus sugerencias y las de otros grupos locales, algunos de los cuales integran un movimiento que promueve la declaración de la Sierra de Mijas Alpujata como parque natural y un “uso razonable” de su territorio que prevenga nuevos incendios o canteras ilegales como las que han horadado durante años la cara sur. También lamentan que la Junta no les haya informado de sus planes.

En respuesta a este medio, la consejería replica que su proyecto es la aplicación de un “plan integrado de caza”, aprobado el pasado enero, con directrices específicas para los cotos incluidos en el terreno quemado. El fuego arrasó o perjudicó gravemente la vegetación en el 54% de la superficie cinegética. El plan tiene el objetivo de “establecer el equilibrio poblacional de las especies cinegéticas” en los terrenos afectados por el incendio, “reajustando su efecto sobre la vegetación dañada”. “En circunstancias ecológicas excepcionales como la derivada del incendio de la Sierra de Mijas 2022 [la ley] permite su elaboración de oficio por la Administración Forestal”, aclaran fuentes de la consejería.

“¿Qué queremos restaurar? ¿Un gran parque para disfrute de la ciudadanía? ¿Un densísimo pinar de repoblación como el que se ha quemado? ¿Un ecosistema naturalizado?”, se pregunta Sáez, quien cree que es ahora (o quizá nunca) cuando la sierra podría ser, al fin, un parque natural. 

El 12 de septiembre de 2018, una persona de carne y hueso se plantó ante la sede de la Fiscalía de Fuengirola y presentó por registro una denuncia en nombre de una persona inexistente. La denuncia se dirigía contra Juan Carlos Maldonado, por entonces alcalde de Mijas, y José Carlos Martín, concejal de contratación, ambos de Ciudadanos, a los que se acusaba de un delito de prevaricación administrativa por irregularidades al contratar un viaje para mayores. El encabezamiento recogía el nombre del denunciante: Manuel Redondo Gámez, jubilado.

Pocas semanas después, la Guardia Civil buscó a Manuel Redondo, no lo encontró y los agentes elaboraron un informe: no hay nadie que se llame así en España. Nunca más volvió a saberse nada del tal Redondo. Y cinco años más tarde, la Audiencia Provincial de Málaga acaba de empezar a juzgar a Juan Carlos González, por entonces concejal del PP y cartero, al que la Fiscalía acusa de inventarse el personaje con el único ánimo de perjudicar a sus rivales políticos.

La denuncia fue archivada a los pocos meses, pero entre su presentación y el archivo se habían celebrado unas elecciones autonómicas y había aparecido un puñado de noticias que incriminaban a los políticos de Ciudadanos en Mijas (por entonces, el municipio en manos del partido con mayor población, 89.502 habitantes) en ese presunto caso de corrupción. Hasta Juan Manuel Moreno, por entonces aspirante a presidente de la Junta de Andalucía, sacó el tema en el debate televisado en Canal Sur. Maldonado asegura que el secretario general del partido, por entonces José Manuel Villegas, le pidió la renuncia. “Estuvimos más fuera que dentro”, ha explicado el concejal José Carlos Martín.

La carta que se quedó el acusado

El archivo de aquella denuncia ocurrió una semana después de los comicios, sin que casi nadie se enterara. Sin embargo, al descubrir el presunto ardid en el que la habían involucrado, la Fiscalía no lo dejó pasar. También en Ciudadanos ataron cabos: si Manuel Redondo no existe, hay alguien que quiso ocultarse tras él. Y si la denuncia que presentó ese personaje ficticio no se sostiene, es posible que la finalidad fuera espuria. Así que tanto la Fiscalía como los políticos de Ciudadanos denunciaron al, hoy por hoy, único acusado de haberse inventado el personaje: el cartero y concejal Juan Carlos González. La Fiscalía cree que aprovechó su trabajo para quedarse con las citaciones que el juzgado enviaba a nombre de Redondo, y concluye que eso indicaría su participación en la denuncia falsa.

Por partes. Si hay algo más o menos claro en el juicio celebrado este martes ante la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga es que Manuel Redondo no existe. No lo cree el fiscal, ni la Guardia Civil. Al fin y al cabo, nadie lo ha visto ni da cuenta de él. Excepto el acusado Juan Carlos González (el cartero y concejal del PP), quien sigue sosteniendo que una vez habló con una persona que dijo llamarse así. “Me dijo que esperaba una carta y que no tenía buzón en su diseminado”, relató este martes en el juicio.

En Mijas hay unas 4.000 viviendas en diseminados, muchas de ellas irregulares y con defectuosa identificación postal. En su declaración ante la Audiencia Provincial, González explicó que decidió hacerle un favor a ese desconocido, Redondo, al que nunca volvió a ver, haciéndole llegar la carta. Su relato es que, aunque estaba de baja, contactó con el compañero encargado de la zona para que le avisara cuando llegase correo a nombre de Redondo. Así ocurrió, y la carta acabó en manos del acusado. Él sostiene que tras recogerla, la echó en una especie de “buzón colectivo”, en lugar de seguir el procedimiento reglamentario, que consiste en redirigirla a la oficina de Correos y ponerla a disposición del destinatario durante 15 días.

Este relato no encaja con lo que cuenta su compañero cartero: según éste, cuando Juan Carlos González le pidió el favor de guardarle la carta, le dijo que la persona a la que iba dirigida era “amigo o conocido suyo”, y en los días siguientes se mostró especialmente interesado en si había llegado. Parece que tenía un especial interés en recoger ese documento dirigido a una persona a la que solo había visto una vez.

El acusado: “No sé cómo se pone una denuncia”

Las declaraciones del juicio parecen confirmar las sospechas de la Fiscalía: Manuel Redondo no existió y el concejal cartero del PP, que necesariamente tenía que saber que no existía, siempre quiso estar al tanto de las notificaciones le enviaba el juzgado. Pero queda la segunda parte. ¿Fue realmente el cartero concejal el artífice y ejecutor de una estratagema para involucrar a rivales políticos o es tan solo un chivo expiatorio que tuvo la mala suerte de tener el trabajo equivocado? “Nunca he puesto una denuncia ni sé cómo se hace”, dijo el martes, antes de explicar que en este tiempo ha recibido amenazas en cartas anónimas: “Sabemos que no has sido tú, pero di quién fue”.

Para comprender del todo esta historia, hace falta contexto. Mijas vivió durante aquel mandato (2015-2019) todos los líos políticos que puedan imaginarse. Durante cuatro años, se dirimieron ante tribunales y medios de comunicación asuntos a cada cual más rocambolesco: hubo denuncias de espionaje informático en ordenadores municipales, denuncias por sobresueldos y un intento por parte de un concejal del PP para comprar al de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), oportunamente grabado y fotografiado. Este carrusel de sucesos tenía su reflejo en la relación de fuerzas del ayuntamiento: Ciudadanos empezó gobernando con el PP; luego deshizo ese pacto expulsando al PP y aliándose con PSOE y CSSP; luego el pacto fue Ciudadanos-PSOE; y finalmente Ciudadanos acabó gobernando en solitario con cinco de 25 concejales. Un récord.

Cuando se produce la denuncia presuntamente falsa, Ciudadanos ya había deshecho el pacto con el PP y las espadas judiciales estaban en alto. Ángel Nozal, líder popular, había jurado venganza contra su antiguo socio de gobierno. En el juicio celebrado este martes también ha quedado claro que a la supuesta denuncia falsa se acompañaron documentos que sólo concejales o técnicos podían tener, y que dos ediles del PP, Mario Bravo y Lourdes Burgos, retiraron el expediente al completo pocas semanas antes de que el inexistente Manuel Redondo pusiera la denuncia.

Las miradas se dirigen al grupo popular, del cual González era un concejal raso.

La política municipal mijeña: denuncias y alianzas rotas

Adentrarse en la política de Mijas, un municipio que maneja un presupuesto de más de 110 millones cada año, requiere de la ayuda de un sherpa. Cinco años después de este turbio asunto, en el consistorio se ha acabado conformando un puzle muy diferente con las mismas piezas de entonces. Ahora hay un alcalde del PSOE que gobierna con el apoyo de Ciudadanos (ahora reducido a dos concejales, entre ellos Martín) y Juan Carlos Maldonado. Pero este ya no está en Ciudadanos, del que salió rebotado y mal avenido con sus antiguos compañeros.

Maldonado ni siquiera está en Por mi Pueblo, el partido al que se fue, y que ahora tramita su expulsión por dar su apoyo el pasado sábado al reelegido alcalde socialista, y no a su gran enemigo, Ángel Nozal (PP). En esto, Maldonado se ha tomado fría venganza de Nozal, que en 2019 se negó a apoyarle a él y fue expedientado por el PP. Y aun hay un último giro en este guion de odios políticos y lealtades frustradas: el abogado del cartero acusado es Abdeslam Lucena, alcalde de Benamocarra… y cara reconocible de Por Mi Pueblo.

Todas estas consideraciones de la micropolítica pueden explicar un asunto que se sostiene sobre una certeza pero plantea dos dudas jurídicas que las magistradas deberán resolver: Manuel Redondo no existe, pero ¿quién fue realmente y por qué denunció?

La Guardia Civil ha detenido a un hombre atrincherado en Mijas (Málaga) que hirió con arma de fuego a un miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR). La intervención policial, motivada por un altercado doméstico con la madre del individuo, culminó con la detención del joven, con movilidad reducida que requiere de silla de ruedas.

Así lo ha confirmado la Guardia Civil, que señalan que los agentes se desplazaron al lugar donde se encontraba el hombre para detenerlo. Precisan que les habría “recibido a tiros”, hiriendo a uno de ellos en el pie que ha sido trasladado al Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) donde se recupera de la herida. Fuentes sanitarias han señalado a Europa Press que el agente se encuentra estable y está previsto que pase a planta para continuar con la asistencia médica.

“¿Por qué no va a votar en las elecciones del domingo?”. Sentada al sol y sombra de la terraza El Gusto, y rodeada de amigas que han venido a pasar una temporada en la Costa del Sol, la octogenaria Rita Morgan responde con precisión y exquisito inglés a la pregunta. “Nunca he votado en Mijas porque no sé nada de política española”, dice: “Si no sabes español, no entiendes nada de lo que pasa… Y no creo que esté bien votar si no entiendo nada”. Morgan, que lleva 18 años en la Cala de Mijas, intentó aprender el idioma, pero a su edad es difícil. Su marido Daniel sí es capaz de chapurrear algunas palabras, pero ella admite: “La verdad es que los británicos no somos buenos hablando otros idiomas”.

Unos 9.000 británicos son residentes en Mijas, de los cuales unos 6.000 podrían votar este domingo. Sin embargo, la inmensa mayoría no lo hará. Al desconocimiento, la desconfianza o el desapego por la política española, en estos comicios se ha sumado un factor burocrático: desde que se consumó el Brexit, en 2019, no son ciudadanos de la Unión Europea. Y aunque un acuerdo bilateral les reconoce el derecho al voto en las elecciones municipales, para ejercerlo necesitaban inscribirse en el Censo de Electores Extranjeros antes del 15 de enero. Muchos no lo hicieron.

Es el caso, por ejemplo, de Pauline, que apiló la carta que le remitió el Gobierno. “Cuando le di la vuelta ya se había pasado el plazo”, cuenta resignada. “Han votado aquí durante décadas y han perdido la oportunidad”, lamenta Bill Anderson, escocés, concejal y candidato del Partido Popular. “Votar es un derecho y también una responsabilidad. Es importante que las personas tengan voz allá donde viven, y yo quiero sinceramente que se involucren en el día a día del municipio”.

A pesar del aumento de la población extranjera que vive en la provincia en los últimos cuatro años (de 253.153 a 287.344), en estos comicios habrá un 30% menos de votantes extranjeros. Una cifra que en municipios de la costa y algunos del interior puede dar o quitar algún concejal. El caso de Mijas, donde un tercio de sus 89.500 habitantes son extranjeros, es ejemplo de esa desconexión.

“Dejaremos que otros decidan por nosotros”

Anderson lleva meses avisando de los nuevos requisitos para votar. Hace días se desahogó en Facebook al conocer el número de compatriotas que se han registrado en Mijas. De los aproximadamente 6.000 británicos que podían votar, se han registrado 710, según la cifra aportada por el Ayuntamiento. “No puedo creerlo, estoy sin palabras. He trabajado con más expatriados que esos en los últimos cuatro años. En lugar de que la comunidad internacional decida quién gobierna Mijas, dejaremos que otros decidan por nosotros”, escribió.

Este miércoles era algo más optimista. “Me han dicho que en otros lugares es un 1%, así que un 10% no es mucho, pero puede que no esté tan mal…”, sonríe. Admite que los británicos no tienen mucho interés ni siquiera por comunicarse en español, y eso lo hace todo más difícil: “El mejor profesor es la necesidad, y para el 90% de las cosas no es necesario hablarlo”.

También cree que hay cosas que se podrían haber hecho: “Hace un año pedí al Ayuntamiento una campaña, y me dijeron que no hacía falta. Yo tengo un programa de televisión, listas de difusión… Pero informar a todos es muy difícil”. Además, a muchos (incluyendo él mismo) de quienes viven en zonas rurales ni siquiera les llegó la carta del Ministerio con las instrucciones.

A su lado, Gillian y Peter Drury, que llevan 26 años en Mijas, señalan que la cifra de compatriotas votantes es “patética”. Su principal reclamo a las autoridades municipales es que garanticen que los ascensores municipales funcionan siempre.

Un 10% de británicos en Mijas

El tajo al voto británico no afecta a todos los partidos por igual. “No veo mucho esfuerzo por fomentar este voto en el equipo de gobierno [PSOE-Ciudadanos]”, desliza Anderson, que este miércoles atiende a sus compatriotas en el Bar González, en Mijas Pueblo. Hasta el sábado, peregrinará por el Carob Bar, The Blarney y Bridges Bar.

Anuncia sus charlas en Facebook, consciente de que sólo así podrá arañar algún voto: “Por favor, animaos a venir para charlar. También tengo los papeles para votar (por el Partido Popular) y hacer que el día de las elecciones sea menos estresante”. Solo repetirá como edil si su partido obtiene mayoría absoluta. Ha sufrido un descenso en la lista del PP proporcional a la desaparición de electores británicos: del puesto 7 en 2019 al 13 ahora. Preguntado sobre si tiene algo que ver con la desaparición de los votantes extranjeros, responde con una sonrisa: “Seguro que sí, pero lo acepto”.

La repentina reducción del censo electoral tiene mayor impacto cuanto mayor es el peso de los ciudadanos británicos en el conjunto de la población. El ejemplo es Mijas, con casi un 10% de la población con nacionalidad británica. 8.804 de sus 89.502 habitantes provienen de las islas. Una cifra que no ha dejado de crecer desde 2019, año de las últimas elecciones municipales y en el que se consumó el Brexit, cuando había 7.893.

Las razones del sí: “Si no votas, no protestes”

“¿Vivís en Mijas?”. “¡Ojalá!”. El miércoles a mediodía, hay en la Plaza Virgen de la Peña turistas de toda procedencia que pasean entre artesanías de mercadillo, olor a cuero y rebuznos de burro. Cerca de un centenar se arremolina en torno a la pérgola para contemplar un espectáculo flamenco. Después podrán hacerse una foto y beber vino de Málaga, les dicen.

La mayoría de los británicos mijeños residen en urbanizaciones o en La Cala de Mijas. Como cada miércoles, una veintena de mujeres se había reunido para comer en La Esquina. “Tienen que asfaltar la urbanización. Se lo dijimos al alcalde en el club de jubilados, y no ha hecho nada. ¿Cuál es el sentido de votar?”, se pregunta Kathy Lewis. “Las promesas no se cumplen”, critica Karen Prown, que dejó de votar en 1997 cuando Tony Blair metió a su país en la guerra de Irak.

A su lado, Alison Hyatt da su motivo para sí hacerlo: “Si no, no podría quejarme”. Es el mismo argumento de Ann Bowles, del Club de Leones, una entidad con solera entre los británicos mijeños: “Si no votas, no protestes”. Diane Scrimshaw votará porque Anderson le ayudó a completar el registro online.

Hyatt aporta otra clave. “Probablemente, quien te dice que no es importante tampoco votaría en Reino Unido”. Cuesta encontrar a un residente en Mijas pueblo, pero al final aparece, y tras gruñir, muestra que quizá todo tenga que ver con algo más profundo: “No voto en mi país, como para votar aquí”.