La tradicional bombona de butano se encarecerá desde este martes casi un 16% y pasará a costar 17,83 euros. Frente a los 15,39 euros fijados en la última revisión bimestral. La subida, una de las más pronunciadas de los últimos años, está motivada principalmente por el fin de la rebaja temporal del IVA aplicada por el Gobierno, que vuelve a situarse en el 21%.

La nueva tarifa, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incorpora la finalización de la reducción del IVA del 21% al 10% establecida por el Real Decreto-ley 7/2026. La nueva rebaja temporal del Impuesto de Hidrocarburos prevista en el Real Decreto-ley 18/2026 fija una reducción de 3,75 euros por tonelada.

Sin el efecto derivado del regreso del IVA al tipo general, el incremento del precio de la bombona habría sido del 4,94%, por debajo del límite máximo del 5% permitido en cada revisión bimestral.

El transporte se encarece mientras cae el precio de la materia prima

La evolución del precio final responde a varios factores que se tienen en cuenta en la fórmula regulada con la que se calcula la tarifa. Entre ellos figuran: la cotización internacional del butano y el propano, el coste del transporte marítimo y terrestre y la evolución del tipo de cambio entre el euro y el dólar.

En esta ocasión, el descenso del precio de las materias primas, que cayó un 33,35%, no ha sido suficiente para compensar el fuerte incremento del coste de los fletes, que aumentaron un 51,88%. Ni la ligera depreciación del euro frente al dólar, del 0,32%, según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados en recipientes de entre ocho y veinte kilogramos (la bombona utilizada habitualmente en millones de hogares). Está regulado por el Estado y se revisa cada dos meses, el tercer martes del mes, mediante una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

El límite del 5% aplaza nuevas subidas

La normativa vigente, establece que las revisiones bimestrales no pueden superar un incremento o una reducción del 5% respecto al precio anterior. Cuando el resultado de la fórmula arroja una variación superior, el exceso se acumula para ser incorporado en futuras revisiones.

De hecho, si en esta actualización no se hubiera aplicado ese límite ni las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno, el precio máximo de la bombona habría alcanzado los 18 euros. La diferencia entre ese importe y el finalmente aprobado genera un déficit que deberá recuperarse progresivamente en próximas revisiones, siempre dentro del margen máximo permitido.

Este mecanismo pretende suavizar las oscilaciones del precio para los consumidores, aunque puede provocar que parte de las subidas o bajadas se trasladen con retraso a la factura final.

Un combustible cada vez menos utilizado

El GLP envasado continúa siendo una alternativa al gas natural en numerosas zonas rurales y municipios que no cuentan con conexión a la red gasista. Utilizado principalmente para cocinar, calefacción y agua caliente, sigue siendo un suministro esencial para miles de hogares españoles.

Sin embargo, su consumo mantiene una tendencia descendente. Durante 2025 se consumieron 57 millones de envases de GLP de distintas capacidades, una cifra que confirma el retroceso sostenido de este combustible. Desde 2021, el consumo total de bombonas ha disminuido más de un 12%, impulsado por la extensión de otras fuentes energéticas y la progresiva electrificación de los hogares.

Pese a esa caída de la demanda, la tradicional bombona de butano continúa siendo un producto regulado cuya evolución depende tanto de los mercados internacionales de la energía como de las decisiones fiscales adoptadas por el Gobierno.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha hecho este viernes 17 de julio un balance positivo de sus siete años al frente del gobierno regional, que ha considerado que han beneficiado de forma sustancial a la comunidad autónoma pese a que se han cruzado por el camino crisis graves como la de la pandemia.

El socialista ha desgranado varios datos para resumir su acción de gobierno desde el 2019 cuando asumió la presidencia sustituyendo a Javier Fernández. Barbón ha destacado la bajada del paro y el mayor número de cotizantes a la Seguridad Social, el incremento del Producto Interior Bruto de la región, la subida del número de empresas, la mayor inversión en investigación o en gasto sanitario y la inversión en educación como ejemplo de su buena gestión, entre otras.

También ha puesto en valor el crecimiento de habitantes del Principado en los últimos años, que ha supuesto revertir uno de los principales problemas, la demografía. En estos años Asturias ha ganado 5.000 habitantes más y se mantiene por encima del millón de vecinos y vecinas pese a la tendencia bajista acumulada de años anteriores. También ha destacado el saldo migratorio positivo que se ha incrementado estos años hasta las 14.000 personas anuales, “no hay semana que no me encuentre a alguien que ha venido a vivir a Asturias desde otra comunidad autónoma”.

Según Barbón, el balance “huye de la autocomplacencia” y representa un gobierno “que reconoce errores”. “Estamos construyendo un nuevo paisaje económico, haciendo Asturias desde la economía”, ha asegurado para defender las nuevas conexiones ferroviarias, aéreas y la movilidad interna del Principado con su tarjeta Conecta, que llega casi a medio millón de usuarios. Ha anunciado que en otoño habrá una rebaja de la tarifa plana de la tarjeta Conecta de 30 a 20 euros como medida extraordinaria ante las consecuencias de la guerra de Irán.

El presidente ha defendido asimismo sus planes contra el cambio climático, la inversión de más de 100 millones contra los incendios y las inversiones en el medio ambiente y la gestión industrial.

Barbón ha mantenido su negativa a la nueva financiación autonómica propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez al entender que no da solución a los problemas del Principado.

En su amplio repaso de temas, Barbón ha defendido también la gestión en materia sanitaria poniendo de ejemplo la ley de salud mental, el proyecto del nuevo Hospital de Cabueñes en Gijón o la lucha contra la soledad no deseada.

Además, ha puesto en valor el desarrollo de uno de sus proyectos estrella, 'Les Escuelines' infantiles que este año completarán su red o la matrícula gratuita en la Universidad de Oviedo.

Indra

El presidente del Principado ha defendido a preguntas de la prensa que existe “una sintonía plena” con Indra para que la empresa lleve a cabo la inversión en Barros (Langreo), donde la compañía quiere instalar una segunda planta de blindados en Asturias, y ha avanzado que “cuando sea el momento” se responderá “con hechos”.

Barbón ha hecho esta afirmación tras recibir ayer, jueves, en la sede de Presidencia al nuevo consejero delegado de Indra, Josep María Recasens, para analizar los planes de la compañía en la comunidad.

Barbón ha dicho que puede “contar muy poco por razones obvias de precaución”, pero ha remarcado que la reunión fue “muy clarificadora” y “muy, muy productiva” porque se constató que “hay sintonía plena entre Indra y el Principado para que esa inversión se haga”.

Vía Fiscal Asturiana

El líder socialista ha defendido también este viernes profundizar en la denominada 'vía fiscal asturiana' para favorecer a las clases medias y trabajadoras, que es la “inmensa mayoría social” de la comunidad, y ha asegurado que existe margen para el entendimiento con Convocatoria por Asturies-IU, su socio en el Ejecutivo.

A preguntas de los periodistas, Barbón ha señalado que su gobierno realizará simulaciones analizando los datos de que dispone para, posteriormente, realizar una propuesta a Convocatoria por Asturias-IU, que mantiene una posición contraria a bajar impuestos. “Hay margen para el diálogo durante los próximos meses. Hay margen habiendo voluntad de diálogo”, ha recalcado Barbón, quien ha afirmado que su gobierno no puede fallar a las clases medias y trabajadoras.

En este punto, ha comentado que es una “cuestión de justicia” que se pueda atender a una persona que haya incrementado su salario de 34.800 a 35.200 euros y que, por este motivo, haya perdido una deducción de 2.200 euros por dos hijos, según ha puesto como ejemplo.

“No tenemos ninguna duda de que nuestro sistema fiscal tiene que ser justo y progresivo y profundizar en la vía fiscal asturiana que lo que busca es favorecer a la clase media y trabajadora”, ha indicado tras rechazar que un trabajador que gane 60.000 euros pague menos IRPF.

Identidad asturiana

“Ha habido grandes avances en estos siete años y uno tiene que ver con nuestra propia autoestima, con la identidad de Asturias”, ha defendido. “Hemos provomido el respeto a nuestra cultura”, incidió para poner en valor la defensa de la lengua con la creación de la especialidad docente del asturiano y eonaviego reclamada durante años. La celebración del Día de la Bandera, el reconocimiento de la cultura sidrera como patrimonio de la humanidad también los ha puesto en valor.

“Asturias siembra futuro”, “Asturias por delante ante cualquier decisión”, ha defendido.

Barbón ha señalado que los tres momentos más difíciles de su mandato han sido la pandemia, el accidente minero de Zarréu con cinco fallecidos, “donde espero que avance la Justicia y que tengan la condena penal que merecen las personas responsables de estas muertes”, y las oleadas de incendios del 2023 y 2025.

“Hemos cometido fallos, sin duda, porque cualquiert actividad humana significa equivocarse pero lo que no nos ha faltado nunca son las ganas de servir a Asturias, de contribuir a este resurgir de Asturias, y de forma humilde y serena creo que estamos en el camino correcto”, aseveró.

El presidente del gobierno de Asturias cogerá vacaciones del 18 al 31 de julio según ha publicado el Boletín Oficial del Principado, periodo durante el cual la vicepresidente Gimena Llamedo se hará cargo de sus funciones.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha planteado la posibilidad de modificar la denominada vía fiscal asturiana para adaptar las deducciones del IRPF a la evolución de los salarios y evitar que familias de clase media pierdan los beneficios fiscales al superar ligeramente los límites de renta establecidos. Una propuesta del PSOE que ha tensado las relaciones con su socio de gobierno, IU-Convocatoria por Asturias, que rechazan ese planteamiento.

El jefe del Ejecutivo asturiano sostiene que la inflación y el incremento de los sueldos están provocando situaciones que considera “injustas” y que hacen necesaria una revisión del sistema, ha asegurado en un mensaje publicado en la red social X este miércoles. “La vía fiscal asturiana ha sido diseñada, desde su origen, para concentrar todas las ventajas fiscales en las clases trabajadora y media evitando que los que más ganan, paguen menos. Justicia Fiscal, siempre”, ha reseñado.

Barbón ha explicado que la política fiscal del Principado se diseñó para concentrar las ventajas tributarias en las rentas trabajadoras y medias, evitando rebajas generalizadas para los contribuyentes con mayores ingresos. Según ha explicao, ese modelo benefició a 126.000 contribuyentes en la declaración correspondiente a 2024, con cerca de 100 millones de euros en deducciones fiscales.

No obstante, el presidente considera que la actualización de los salarios está generando un efecto no previsto. Como ejemplo ha puesto el caso de una persona que pasaría de ingresar 34.800 a 35.200 euros anuales y que, pese a haber mejorado mínimamente su sueldo, perdería íntegramente una deducción de 2.200 euros por dos hijos al superar el umbral de 35.000 euros fijado para acceder a ese beneficio. “¿Es eso justo? No, no lo es”, ha afirmado.

A su juicio, la vía fiscal asturiana debe evolucionar para seguir cumpliendo su objetivo de proteger a la mayoría social. “Si la izquierda se queda en el dogma y no atiende a los problemas de las clases trabajadora y media, dejará de ser útil y estará dejando todo el espacio al crecimiento de la extrema derecha”, ha advertido, al defender que la justicia fiscal debe adaptarse a la realidad económica.

El presidente asturiano ha insistido en que el debate no pasa por reducir la tributación de las rentas más altas. De hecho, ha asegurado que cualquier reforma mantendría el principio de que quienes más ganan no se beneficien de una rebaja del IRPF. En ese sentido, ha criticado a la oposición de derechas al considerar que no respaldará una modificación que únicamente favorezca a las rentas medias y trabajadoras sin extender las rebajas fiscales a los contribuyentes con mayores ingresos: “ La derecha nunca apoyará esta mejora de la vía fiscal asturiana por una razón: porque los que más ganan no pagarán menos IRPF. A ellos las preocupaciones de la clase media, les dan igual”.

La propuesta del PSOE, socio mayoritario del gobierno de Asturias, ha chocado con sus socios de IU-Convocatoria por Asturias y el socio parlamentario de Somos, con el horizonte puesto en los presupuestos de la comunidad para el 2027. La número dos de IU Asturias, María José Miranda, advirtió que “no habrá bajada de impuestos con nuestros votos”, reprochando que la propuesta no obedece a un gobierno progresista, “Esto es un gobierno progresista, no socio liberal”.

La diputada del grupo mixto y líder de Somos Asturias Covadonga Tomé, con voto decisivo para la izquierda en la Junta General del Principado, también mostró su rechazo, “No vamos a supeditar bajo ningún concepto la negociación de los presupuestos a una propuesta fiscal”.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha exigido este lunes al Gobierno que apruebe unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que llevan prorrogados tres años. Lo ha hecho durante la Asamblea General de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, mientas el Ejecutivo da luz verde al techo de gasto para las próximas cuentas públicas: 226.032 millones de euros, la cifra más alta de la historia.

“No tiene mucho sentido que la primera empresa española, que es el Estado, no tenga presupuestos desde hace tres años”, ha afirmado Garamendi ante los representantes de las organizaciones empresariales de pequeñas y medianas empresas. “En cualquier empresa, grande, mediana o pequeña, un directivo no aguantaría ni un asalto sin presentar los presupuestos”, ha añadido el empresario vasco.

En un contexto marcado por el debate sobre el techo de gasto y con las elecciones de la patronal en el horizonte, el próximo 1 de octubre, el dirigente empresarial ha advertido de que la economía necesita “confianza” y ha cuestionado que el país funcione con unas cuentas prorrogadas desde hace tres años. “Sin confianza es muy difícil que un empresario o una empresaria tire para adelante”, ha resumido.

Del “diálogo social” al “monólogo social”

Garamendi también ha cargado contra la relación del Gobierno con los agentes sociales, una de las principales reivindicaciones de la patronal durante los últimos meses. “Llevamos una temporada en la que ese diálogo social cada día lo vemos más lejano. Muchas veces lo defino como un monólogo social”, ha afirmado.

El dirigente empresarial ha denunciado que el Ministerio de Trabajo ha modificado la reforma laboral “61 veces” desde que se firmó el acuerdo, y ha criticado el paso de las leyes debatidas en el Parlamento a los decretos-ley y, después, a los reglamentos (que no pasan por el Congreso), como muestra de una “hiperregulación” creciente.

El presidente de CEOE ha reclamado reducir la presión fiscal sobre las empresas. Citando al Instituto de Estudios Económicos (IEE), ha situado esa presión en el 34% y ha denunciado que la economía sumergida alcanza el 24% en España, frente al 14-15% de la media europea.

A su vez, ha vuelto a defender que se eluda a las empresas del pago de las bajas entre el cuarto y el decimoquinto día, para que lo asuma la Seguridad Social, ante el aumento de las incapacidades de trabajadores por enfermedad. Garamendi ha destacado el mayor aumento de las bajas entre los menores de 35 años, con mayor concentración los viernes y los lunes.

Cepyme denuncia que las pymes no son escuchadas

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, había abierto previamente la Asamblea General de la patronal con un discurso centrado en las dificultades que afrontan las pequeñas empresas y en la pérdida de peso de las pymes dentro del diálogo social. “El diálogo solo funciona cuando existe una voluntad real de escuchar, negociar y construir consensos”, ha sostenido.

De Miguel ha defendido que la obligación de la organización “no es agradar, sino representar con honestidad a las pequeñas y medianas empresas españolas”, y ha denunciado que muchas decisiones públicas se adoptan sin tener en cuenta la realidad de estos negocios. Cepyme anunció hace unos días su apoyo a Antonio Garamendi en las elecciones para liderar la CEOE

La dirigente empresarial reclamó menos burocracia, mayor seguridad jurídica y una regulación adaptada al tamaño de las empresas mediante la aplicación del principio europeo Think Small First, que plantea diseñar las normas pensando primero en las pequeñas empresas.

Salario mínimo, costes laborales y relevo generacional

La presidenta de Cepyme ha vuelto a cuestionar las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Ha explicado que su coste para la empresa asciende a “1.900 euros al mes”, sumando las cotizaciones y los impuestos, de los que el trabajador recibe unos 1.200 euros.

De Miguel ha criticado el incremento de los costes laborales en los últimos años, con especial impacto en las microempresas. La empresaria vallisoletana ha alertado de la desaparición de pequeñas sociedades, con unas “25.000 microempresas” de menos de tres trabajadores que han cerrado desde antes de la pandemia.

A esto se suma el reto del relevo generacional: la mitad de las pymes españolas están dirigidas por personas mayores de 50 años, y una de cada cinco por empresarios de más de 60. Persisten, además, dificultades para cubrir vacantes y encontrar trabajadores cualificados, ha afirmado la empresaria.

Proyección europea e internacional

Cepyme ha reforzado este año su presencia institucional fuera de España. Ángela de Miguel ha sido elegida vicepresidenta de SME United, organización que representa a 26 millones de pequeñas y medianas empresas europeas.

La organización se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha intervenido en dos ocasiones ante la Organización Internacional del Trabajo en defensa del diálogo social tripartito.

De Miguel ha destacado también un encuentro con el papa León XIV sobre la importancia del diálogo social. A lo largo del año, según ha explicado, Cepyme ha visitado 55 organizaciones territoriales y mantenido reuniones con más de 40 organizaciones sectoriales.

Entre las prioridades planteadas por Cepyme figuran: el impulso de la formación profesional dual, la digitalización de las pequeñas empresas y una respuesta al absentismo laboral, cuyo coste la organización sitúa en 33.000 millones de euros, con una tasa que dobla la media europea.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha anunciado este miércoles que su departamento estudia establecer beneficios fiscales basados en criterios objetivos para los residentes de las islas no capitalinas, como compensación por los sobrecostes derivados de la doble insularidad.

En respuesta en comisión parlamentaria al diputado del PP Juan Manuel García Casañas, la consejera ha señalado que en otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia o Madrid, se aplican beneficios tributarios en zonas desfavorecidas, si bien no se establecen por territorios concretos, sino mediante criterios objetivos.

A partir de esos ejemplos, “estamos estudiando cuáles podrían ser esos criterios objetivos para establecer beneficios fiscales dirigidos a los residentes en islas no capitalinas que cumplan determinados requisitos, de forma que puedan recibir un tratamiento fiscal más favorable que el resto de los contribuyentes”, ha señalado.

La consejera ha recordado que Canarias ya ha solicitado al Estado la extensión a La Gomera y El Hierro la bonificación en el Impuesto sobre la Renta que se aplica en La Palma.

Sobre esta petición, ha indicado que aún no existe una respuesta oficial y ha señalado que el caso palmero responde a una emergencia volcánica, mientras que las desventajas del resto obedecen a circunstancias estructurales.

Asián ha recordado que en el Régimen Económico y Fiscal (REF) hay medidas que favorecen a las islas no capitalinas, como ventajas específicas para instalarse en la Zona Especial Canaria.

También ha mencionado la bonificación extraordinaria y temporal a los combustibles para compensar el precio más elevado en las islas no capitalinas. 

La decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025, lo que supone un 2,4% menos respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado. Según los datos facilitados este martes por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.432 millones de euros, un 4,4% menos, aunque restando duplicidades --ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios--, el importe sería de 15.364 millones de euros, en este caso un 12,2% superior.

Isabel Pantoja, una de las novedades del listado de Hacienda del año pasado, repite este año y aumenta su deuda, del millón de euros a casi 1,3 millones de euros. La tonadillera volvió a los escenarios en los últimos años después de un importante parón debido a sus problemas con la justicia, que la llevaron a la cárcel en 2014 condenada por blanqueo de capitales en relación con la trama corrupta del 'caso Malaya', en el que estaba involucrado su entonces pareja, el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. 

Se mantiene en la lista uno de los nombres fijos, Paz Vega, cuyo verdadero nombre es María de la Paz Campos Vega, con un deuda que supera los 1,8 millones de euros. Hace un año, la actriz figuraba con un pasivo de 1,7 millones de euros. 

También vuelve a figurar el presentador y cantante Bertín Osborne, novedad del año pasado, que baja ligeramente la cantidad adeudada, a los 835.000 euros. Osborne es uno de los rostros televisivos con más antigüedad, con gran tirón entre la derecha, ahora con un nuevo concurso en Antena 3 y que acaba de lanzar una nueva compañía de telecomunicaciones, Española de Telefonía, con el eslogan “las cosas bien hechas, las cosas a derechas”.

Otro de los habituales, uno de los fundadores de esRadio, César Vidal, permanece en el listado de 2025 y apenas disminuye lo que tiene pendiente con las arcas públicas, unos 2,1 millones de euros. Tampoco ha reducido su deuda con Hacienda Prensa Universal, que debe casi 1,1 millones de euros. Se trata de la editora del desaparecido Diario de Alcalá, que dirigió el ahora tertuliano y presentador estrella de Telemadrid, Antonio R. Naranjo. Y repite también una de las sociedades del productor de televisión y espectáculos José Luis Moreno, Kulteperalia SL, que reduce su deuda de 887.000 euros a 781.000 euros. 

Los hermanos Olivares Garrigos, los mayores deudores

Quedan lejos, eso sí, del mayor deudor —contando únicamente personas físicas— y que en 2024 volvió a la lista. Se trata de los hermanos y empresarios inmobiliarios Ramón Olivares Garrigos y Agustín Olivares Garrigos, con 36,8 millones de euros, la misma cantidad que el año pasado. 

Tras los hermanos, entre las personas físicas, destaca una nueva entrante, Diana Grapin, vinculada a dos inmobiliarias catalanas y que figura con una deuda de 30,5 millones.

Otro que repite en la lista es el exbanquero Mario Conde, que en los últimos años ha reducido notablemente su deuda con el fisco. En 2023 alcanzaba los 6,4 millones, el listado del año pasado recogía 3,4 millones y en este último documento la cantidad desciende a 1,9 millones de euros.

Permanece otro de los nuevos rostros del listado de 2024, el exfutbolista del Atlético de Madrid y del FC Barcelona Arda Turán, con 1,27 millones. 

Matthias Kuhn, el magnate alemán ligado al sector inmobiliario de lujo de Mallorca, acusado de ocultar 21 millones de euros a Hacienda, sigue en la lista de los deudores con el Fisco. Aparece ado a través de la sociedad unipersonal Matthias Kuhn Inversiones, con una deuda que aumenta de los 1,1 a los 1,3 millones de euros.

Entre las entradas más destacadas se encuentra el regreso a la lista de la presentadora y actriz Patricia Conde, presente en varios listados de morosos de la última década pero ausente en el publicado en 2025. Este 2026, no obstante, Conde vuelve al listado de deudores con el Fisco, que le reclama 714.615 euros. 

Entre los personajes populares, vuelve al listado el tertuliano de programas televisivos del corazón, Kiko Matamoros, que entra por la mínima: 600.740 euros. Ya había estado en este ranking en el pasado, en 2022, 2018 y 2017. También repite la cantante Merche (Mercedes Trujillo Callealta), presente desde 2022, que reduce ligeramente el monto adeudado (819.500 euros), y la empresa Desguaces la Torre, de Luis Miguel Rodríguez, conocido popularmente como 'el chatarrero', que en su caso aumenta la deuda de 3,7 millones en la anterior edición a los 4,35 millones de euros.

Tampoco ha liquidado su deuda Joan Gaspart, expresidente del Fútbol Club Barcelona y ex director general de la hotelera Hotusa, a la que llevó a la quiebra. Debe 993.000 euros. 

Otro de los que se mantienen es José Manuel Enriquez Negreira, el ex árbitro y supuesto protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción deportiva del fútbol español junto al FC Barcelona. Negreira, presente en el listado desde que Hacienda revisó las facturas del club culé y encontró las facturas que han llevado el caso a los tribunales, debe un millón de euros al Fisco.  

Fraude de hidrocarburos

En cuanto a empresas, sigue en cabeza la inmobiliaria Reyal Urbis, con una deuda de 264,9 millones de euros. Como ya ocurrió en la edición de 2024, la lista está copada por empresas vinculadas a tramas de fraude en hidrocarburos, como Bio-Zenite Energy SA (232,89 millones de deuda), Metaway Combustibles (195 millones), Vertix Petroleum (194,75 millones), Marillion SLU (151,1 millones) y Biomar Oil (119,1 millones), todas ellas investigadas por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) en una de las mayores pesquisas sobre fraude en el IVA en el sector, una trama en la que también está involucrado el comisionista Víctor de Aldama. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayan que todas estas empresas ya han sido dadas de baja como operadores.

Otro de los nombres que se mantienen es el de la ingeniería Eurofinsa, con una deuda de 91.959.126,26 euros, igual a la de 2024. Entre los nuevos entrantes está Liwe Española, la empresa murciana propietaria de la cadena de ropa Inside, que se encuentra en concurso de acreedores y figura con una deuda 3.496.103,19 euros.

El caso Las Teresitas ha entrado con fuerza en la nueva lista. Inversiones Las Teresitas (la sociedad central del mayor caso de corrupción juzgado en Canarias) aparece con una deuda de 64,4 millones.

Entre las nuevas incorporaciones destaca, con 2,65 millones de deuda, Baraka Holding 2020 SL, vinculada al controvertido empresario y promotor inmobiliario español Trinitario Casanova, que en los últimos años ha protagonizado algunas de las mayores y más polémicas operaciones urbanísticas de España.

Entra también al listado de grandes morosos Kampaoh, la firma andaluza de 'glampings' –camping de lujo– que tiene como primer accionista a JME Ventures, brazo inversor participado mayoritariamente por la familia Entrecanales (dueños de Acciona), con un montante de casi 1,3 millones de euros. Los fondos Alter y Axon acaban de tomar el control de la compañía, con una ampliación de capital de cuatro millones.

Nombres clásicos de la lista de morosos que han desaparecido en esta edición son los de Spanair, Viajes Iberia, Orizonia, Scytl, el Aeropuerto de Ciudad Real, una UTE de Isolux o Rivoire y Carret Española S.L., que ha aparecido sistemáticamente en los listados de grandes deudores con deudas de entre 31,6 y 31,9 millones.

Para ser seleccionadas, las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones de encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2025 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

Se habilita, no obstante, la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de enero y febrero de 2023 establece la obligación de que las deudas y sanciones tributarias hayan de ser firmes (y, en el caso de las liquidaciones vinculadas a delito, que exista sentencia condenatoria firme) para su inclusión en el listado que se publica.

Por otra parte, se incluyen expresamente en el listado no solo a los deudores principales, sino también a los responsables solidarios.

Suben las personas físicas y bajan las jurídicas

Del total de 5.853 deudores que figuran en este último listado, 1.111 son personas físicas por importe de 1.680 millones de euros (en la lista anterior eran 1.077 por importe de 1.579 millones de euros) y 4.742 son personas jurídicas por importe de 13.752 millones (frente a los 4.920 del año anterior y 14.558 millones).

Por su parte, del importe total, 4.288 millones de euros (el 28%) se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (1.166 deudores, el 20% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio proceso concursal. En el listado anterior: algo más de 4.507 millones de euros (el 28%); 1.224 deudores, el 20% del total.

Del total de deudores de la lista a publicar en junio de 2026, en relación con 2.099 deudores principales se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros distintos del deudor principal por un importe de más de 2.927 millones (equivalente al 19% del importe total de deuda incluida en el listado).

Según explica la Agencia Tributaria, estas actuaciones influyen en la prolongación en el tiempo de la recaudación de dichas deudas. Estas cifras de derivaciones no coinciden con los importes derivados que figuran en el listado, dado que en este apartado también se incluyen las derivaciones a responsables subsidiarios (por tanto, no incluidos en el listado), así como derivaciones que por importe no entran en el umbral del listado.

Un total de 879 deudores no figuran ya en el listado de deudores a publicar en junio de 2026 tras haber aparecido en el listado publicado en junio de 2025, por lo que abandonan la lista con un importe de 1.729 millones de euros.

La salida de la lista se puede deber, tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos (31/12/25), o por falta de firmeza de la deuda.

Deudores que pagan todo o parte para evitar aparecer en la lista

Por otra parte, se han realizado ingresos por importe de 79,5 millones correspondientes a deudores que han evitado aparecer en este listado de 2026. Estos eran deudores que iban a ser seleccionados para su publicación, pero en las semanas previas a la fecha de referencia del listado (31 de diciembre de 2025) ingresaron cantidades suficientes para no aparecer en el listado (42,27 millones).

También pueden ser deudores, efectivamente seleccionados, que se acogieron a la posibilidad ofrecida por la Ley General Tributaria para evitar salir publicados, efectuando el ingreso íntegro, completo, de las deudas por las que se publicarían (37,23 millones).

Por su parte, si se analizan los ingresos realizados por deudores efectivamente seleccionados en diciembre para el nuevo listado, entre el 1 de enero de 2026 y hasta este 12 de junio pasado estos deudores han ingresado 189,97 millones.

Información realizada por Antonio M. Vélez, Laura Olías, Carlos del Castillo, Álvaro Celorio, Germán Aranda y Cristina G. Bolinches. Gráficos de Raúl Sánchez y Ainhoa Díez.

El talaverano Javier de Antonio Arribas ha sido reelegido como presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) durante otros cuatro años este martes. Durante su discurso ha reivindicado ante la Asamblea General de la organización que le ha dado ese apoyo, el trabajo empresarial, una labor para la que ha pedido “respeto”, que “no es fácil”, ha admitido, pero que es “una de las formas más nobles de compromiso con la sociedad”.

Fedeto cumple 50 años de historia y su recién elegido presidente asegura que “ser empresario no es fácil. Nunca lo ha sido”, ante un auditorio en el que se ha comprometido a reivindicar una agenda clara de colaboración con ayuntamientos, Diputación, Junta de Comunidades, Gobierno de España, sindicatos, universidades, centros de formación, entidades financieras y organizaciones sociales.

Dejando claro que “colaboración no es sumisión” ha avanzado que Fedeto reclamará menos burocracia y más seguridad jurídica, licencias más ágiles y plazos administrativos razonables, una fiscalidad que no castigue el crecimiento, y cotizaciones asumibles, especialmente para autónomos y pequeñas empresas.

También pide medidas eficaces contra el absentismo “injustificado” y mejor gestión de la incapacidad temporal; apoyo “decidido” al relevo generacional, a la digitalización, a la internacionalización y a la empresa familiar y, sobre todo, “respeto” al empresario.

“Durante demasiado tiempo se ha instalado un discurso que mira a la empresa con sospecha”, ha reconocido, para advertir “alto y claro” que “sin empresarios no hay empleo, ni público ni privado. Sin empresarios no hay actividad económica. Sin actividad económica no hay impuestos. Sin pymes no hay territorio. Sin inversión no hay futuro”.

Dicho esto, como revalidado presidente de Fedeto, se ha comprometido a escuchar tanto a los autónomos “que se sienten solos” como a los comerciantes “que ven caer sus márgenes”, a los industriales “que sufren costes crecientes”, a los constructores “que esperan licencias”, a los hosteleros “que no encuentran personal”, a los transportistas “que afrontan gastos cada vez mayores”, a los jóvenes empresarios que quieren empezar y “a quienes llevan décadas sosteniendo empleo en nuestra provincia”.

“Me comprometo a llevar su voz donde haga falta”, ha abundado Javier de Antonio Arribas, quien ha admitido que los empresarios están “cansados de trabas, cansados de incertidumbre, cansados de que se les exija cada vez más sin preguntarles si pueden soportarlo”.

Tras agradecer la confianza depositada tanto en los vicepresidentes como en él mismo por la Asamblea, ha incidido en que los empresarios no piden “privilegios” sino “respeto”, “confianza” y que se les escuche, precisando cómo durante los últimos años han “demostrado una enorme capacidad de resistencia”.

“Hemos superado crisis sanitarias, incrementos de costes, inflación, tensiones energéticas con apagón nacional incluido, cambios normativos constantes, dificultades para contratar, subidas de cotizaciones, mayor presión fiscal y una burocracia que, en demasiadas ocasiones, se ha convertido en una carrera de obstáculos”, ha destacado el presidente de Fedeto, quien ha añadido que, pese a ello, siguen creando empleo, formando a trabajadores, pagando impuestos e invirtiendo.

El absentismo laboral

A partir de ahí ha ido citando distintos problemas y preocupaciones de las empresas, empezando por el absentismo laboral, un tema que ha sido objeto de polémica en los últimos días tras las palabras del presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que llamó “memos” a los jóvenes que cogen una baja laboral por razones de salud mental.

Arribas ha querido dejar claro “desde el principio” que no hablan de “cuestionar derechos legítimos ni de poner en duda la protección de quien realmente está enfermo” pues “eso sería injusto y no representa al empresariado responsable”, desmarcándose así, sin citarle, de quien le precedió en el cargo al frente de Fedeto, y que ya pidió disculpas por sus palabras.

No obstante, ha pedido “soluciones serias” en este ámbito como que se dupliquen los efectivos de la inspección sanitaria, mejor coordinación con las mutuas y mecanismos eficaces de control, así como una “gestión que proteja al trabajador que realmente lo necesita, pero que también expulse del sistema a quien abusa de él”, demandando a sindicatos y gobierno que no miren “para otro lado”.

Otro de los problemas que ha señalado el presidente de Fedeto ha sido el de la burocracia que, a su juicio, “no puede seguir frenando la actividad empresarial”, consciente de que “cuando se acumulan decenas de trámites, formularios, registros, plataformas digitales, declaraciones, autorizaciones, certificados y cambios normativos, el resultado es asfixiante”.

“Desde Fedeto venimos advirtiendo que la carga burocrática y el incremento de los costes laborales son dos de los principales retos de las pymes y los autónomos”, ha destacado, demandando “una administración aliada, no una administración que paralice”, una simplificación “real”, silencio administrativo positivo y “normas claras, plazos razonables y seguridad jurídica”.

La falta de trabajadores en sectores clave ha sido un problema más mencionado por De Antonio Arribas, quien ha declarado que no se puede normalizar “que falten profesionales en construcción, hostelería, industria, transporte, agricultura, cuidados, oficios técnicos o servicios especializados”.

En este sentido, ha exigido una Formación Profesional “más conectada con la empresa”, así como “prestigiar” los oficios, colaboración público-privada, políticas activas de empleo “que funcionen” y “que trabajar, formarse y emprender vuelva a ser socialmente reconocido”.

La presión fiscal y el margen empresarial

Otro de los puntos calientes que ha citado el recién elegido presidente de Fedeto ha sido el de la presión fiscal y las cotizaciones que “rozan lo confiscatorio”, subrayando cómo los empresarios facturan hoy “sin saber con certeza cuánto ingresaremos mañana”.

“No se puede pedir emprendimiento y, al mismo tiempo, penalizar al que emprende. No se puede hablar de reto demográfico y luego hacer inviable abrir un negocio en un pueblo. No se puede defender la creación de empleo y aumentar constantemente los costes de contratar”, ha asumido.

Aquí se ha referido al margen empresarial, que “no debe verse como una sospecha ni como algo censurable, sino como la señal que permite saber si una actividad crea valor y como el incentivo que mueve a alguien a arriesgar, invertir, contratar e innovar”, convencido de que “una sociedad que demoniza el margen empresarial termina debilitando precisamente aquello que sostiene el empleo, la inversión y el progreso”, y demandando un “entorno regulatorio favorable” y proporcionado.

Finalmente, pese a todo lo anterior, Javier de Antonio Arribas ha terminado su intervención asegurado que el mundo empresarial también está lleno de “energía, de ideas y de compromiso”, siendo esa su “mayor fortaleza”, y ha reivindicado a Fedeto como “la casa de todos los empresarios”, una “organización independiente, reivindicativa, cercana, constructiva y útil” que “no se conformará con diagnosticar problemas, sino que propondrá soluciones”.

El Gobierno vasco, al menos la parte del PNV, apoya las medidas fiscales presentadas por la Diputación Bizkaia para atraer talento e inversiones, pese a que se han lanzado a iniciativa sólo del PNV, es decir, sin consensuarse con su socio socialista, ni se han armonizado previamente con Gipuzkoa y Álava. Aunque desde el PSE-EE el secretario general del partido en Bizkaia, Mikel Torres, criticó que la diputada general Elixabete Etxanobe presentara el anteproyecto de norma el pasado viernes sin consenso con los socialistas y rompiendo la armonización fiscal entre los tres territorios, la portavoz del Ejecutivo vasco, del que Torres es vicelehendakari, ha cerrado filas ante las medidas de Bizkaia y ha considerado que se trata de un proceso que se está desarrollando “dentro de la normalidad y en los márgenes de armonización fiscal que tenemos dentro de Euskadi”. “Armonización no significa homogeneidad al cien por cien”, ha señalado.

Preguntada tras el Consejo de Gobierno por la cuestión y por las discrepancias entre PNV y PSE-EE ante el asunto, la portavoz María Ubarretxena ha señalado que no es un tema que se haya abordado en la reunión del Ejecutivo, pero, en cualquier caso, ha señalado que las medidas de Bizkaia cuentan con el aval del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). En este sentido, ha señalado que viernes mismo a primera hora de la mañana, es decir, poco antes de que Etxanobe hiciera público el anteproyecto a la prensa, se celebró una reunión en la que se analizó el anteproyecto de norma foral de medidas tributarias de Bizkaia para 2026 “y fue informado favorablemente por unanimidad de todas las instituciones”.

Ha indicado la portavoz que las cuatro instituciones vascas -las tres diputaciones y el Gobierno vasco- “comparten la necesidad de utilizar las capacidades que nos reconoce el Concierto Económico para abordar las necesidades de Euskadi”. En este sentido, las medidas anunciadas continúan en la senda de apoyo al tejido productivo y a la creación de empleo de calidad y abordan cuestiones relevantes en relación con los recursos humanos en un contexto de transición demográfica que es uno de los retos principales que estamos abordando entre todos“, ha apuntado.

Ubarretxena ha insistido en que para el Gobierno vasco es un proceso que se está desarrollando “dentro de la normalidad y en los márgenes de armonización fiscal que hay dentro de Euskadi”. “Armonización no significa homogeneidad al cien por cien”, ha insistido, en línea con lo que se ha manifestado desde Álava y Gipuzkoa, que prepararán sus propias medidas en la misma línea de atraer talento e inversión. “Las medidas que se barajan no desbordan los márgenes de la armonización”, ha dicho, para recordar que “cada territorio tiene diferentes ritmos porque existen plazos diferentes de tramitación de sus proyectos”.

Este martes la diputada general, Elixabete Etxanobe, ha presentado en Madrid la fiscalidad de Bizkaia y las nuevas medidas que quiere aprobar este mismo año como elemento de atracción de talento e inversión, en un acto en el que ha estado acompañada de alrededor de 200 representantes de empresas y entidades financieras, y en el que han tomado parte representantes empresariales de compañías como Petronor o Iberdrola, con sede social en Bizkaia, que han puesto en valor la fiscalidad vizcaína. También ha elogiado las medidas fiscales de Bizkaia el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que ha considerado que la fiscalidad vizcaína “deberían servir de ejemplo para otros territorios”. “Compartimos esa visión de la Diputación de invertir en fiscalidad para facilitar que la iniciativa privada haga avanzar la economía, haga avanzar la competitividad, a través del talento”, ha apuntado el máximo representante de la patronal.

En su intervención, la diputada general ha señalado que desde las instituciones vizcaínas se aporta “estabilidad, seguridad jurídica y un marco fiscal que alinea las oportunidades de crecimiento de la empresa con las necesidades de la sociedad”. No obstante, ha puntualizado para “no llevar a engaño”, que el modelo tributario de Bizkaia “no pasa por aplicar bajadas generalizadas de impuestos”, sino incentivar a las empresas “que sean proactivas en el avance común”. “En Bizkaia las empresas que invierten en I+D o que financian proyectos innovadores; que garantizan la calidad en el empleo; que son más verdes; que lideran la transición energética; las que demuestran un compromiso de arraigo… compiten con ventaja. Pagan menos impuestos y tienen más facilidades para financiar sus proyectos. En Bizkaia los profesionales con talento, cualificados, que aportan valor a la empresa, tienen, y van a tener aún más, apoyo fiscal!, ha señalado. ”Bizkaia no solo es un buen lugar para invertir, sino un lugar para construir el futuro“, ha indicado.

La jornada ha contado con una mesa redonda, moderada por Ainara Basurko, diputada foral de Promoción Económica, bajo el título 'Cómo crecer desde el talento, la innovación y la digitalización', que ha analizado el papel que desempeñan estos tres factores como motores de competitividad y crecimiento económico, en la que han participado el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa. En el debate se ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones y grandes empresas para acelerar la transformación tecnológica, impulsar la innovación abierta, fortalecer el ecosistema empresarial y consolidar a Bizkaia como un territorio atractivo para desarrollar nuevos proyectos industriales y tecnológicos y el ecosistema de innovación y emprendimiento de Bizkaia, articulado en torno a proyectos como el Centro Internacional de Emprendimiento BAT-B Accelerator Tower, el Energy Intelligence Center (EIC), el Automotive Intelligence Center (AIC), el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA), la estrategia cuántica dirigida a la industria Biqain o el Global Smart Grids Innovation Hub.

En la segunda mesa redonda, moderada por Itxaso Berrojalbiz, diputada foral de Hacienda y Finanzas, y con la participación del country manager de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, y el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, el debate se ha centrado en la fiscalidad vizcaína como una “herramienta estratégica” al servicio de la economía productiva. Se ha subrayado que el Concierto Económico permite diseñar políticas fiscales “adaptadas a las necesidades” del tejido empresarial, “favoreciendo la inversión, la innovación y la creación de empleo de calidad” y se han repasado algunas de las principales ventajas fiscales del territorio para impulsar la transición verde y la innovación, entre ellas las deducciones de hasta el 75% para actividades de I+D+i, la deducción del 35% para inversiones en proyectos de desarrollo sostenible, energías renovables, hidrógeno verde o economía circular, así como instrumentos innovadores de monetización del crédito fiscal que permiten a empresas tractoras financiar proyectos de terceros y generar nuevas cadenas de valor vinculadas a la innovación y la descarbonización.

Además, se han presentado las principales novedades de la futura Norma Foral de Medidas Tributarias para 2026, que busca “reforzar el atractivo de Bizkaia para el talento y la inversión”. Entre ellas, se encuentran el incremento hasta el 50% de la exención sobre los rendimientos derivados de actividades profesionales (porcentaje que se elevará al 60% para menores de 36 años), nuevas deducciones por movilidad geográfica para facilitar la llegada de profesionales cualificados, de 2.000 euros anuales durante el año del desplazamiento y los tres siguientes. La cantidad será de 3.000 euros si se trata de menores de 36 años. Así como medidas supuestamente destinadas a mejorar la calidad de vida y hacer así el territorio más atractivo para trabajar. Por ejemplo, deducción del 20% sobre las primas de seguros sanitarios privados, con una base máxima de 1.500 euros por persona asegurada, o una deducción del 20% para gastos en gimnasios y actividades deportivas, con una base máxima de 1.000 euros, entre otras cuestiones.

Existe la idea arraigada en parte del debate público español de que la política fiscal debe entenderse exclusivamente como un mecanismo de redistribución. Sin embargo, la literatura contemporánea de economía política lleva años advirtiendo de que la fiscalidad cumple también una función competitiva y territorial. Los impuestos no solo redistribuyen renta; también condicionan comportamientos, orientan decisiones económicas y moldean la capacidad de un territorio para atraer o expulsar actividad productiva.

En las democracias descentralizadas, como España, este fenómeno resulta especialmente visible. Las comunidades autónomas no compiten únicamente mediante infraestructuras, servicios públicos o capital humano. Compiten también mediante seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y diseño fiscal.

La cuestión, por tanto, no es si debe existir fiscalidad. La cuestión relevante es qué estructura fiscal permite generar simultáneamente prosperidad, cohesión social y sostenibilidad financiera del Estado del bienestar.

La evidencia académica sobre el impacto económico de la fiscalidad es amplia y relativamente consistente. Christina Romer y David Romer, en un trabajo publicado en American Economic Review en 2010, concluyeron que las subidas de impuestos tienen efectos contractivos significativos sobre la actividad económica y el crecimiento. En términos similares, los economistas Karel Mertens y Morten Ravn demostraron posteriormente que los cambios fiscales influyen de forma relevante sobre el consumo agregado y la inversión privada.

Y existe un amplio consenso en torno a una idea básica: cuando la presión fiscal desincentiva inversión, ahorro, emprendimiento o consumo, el crecimiento potencial de un territorio tiende a reducirse.

La OCDE viene insistiendo desde hace años en la importancia de que los sistemas tributarios favorezcan productividad, inversión y competitividad económica. En su informe Tax Policy Reforms 2025, el organismo subraya que el diseño fiscal constituye un elemento central en la capacidad de las economías avanzadas para atraer actividad económica y sostener el crecimiento a largo plazo.

España ofrece además un interesante laboratorio comparado. El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, elaborado por Tax Foundation y la Fundación para el Avance de la Libertad, sitúa nuevamente a Madrid entre las comunidades con un sistema tributario más competitivo.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan con claridad algunas de estas diferencias. Según la Contabilidad Regional de España publicada por el INE en diciembre de 2025, Madrid alcanzó un PIB per cápita de 44.755 euros, mientras Castilla-La Mancha se situó en torno a 26.291 euros por habitante. Evidentemente, la explicación de esta divergencia es multicausal y sería intelectualmente deshonesto reducirla únicamente a la política fiscal, pero negar el impacto del marco tributario sobre la competitividad territorial resultaría igualmente simplista.

La fiscalidad tiene además una dimensión institucional frecuentemente olvidada: la legitimidad. Los ciudadanos aceptan mejor los sistemas tributarios cuando perciben proporcionalidad, eficiencia y retorno tangible en forma de servicios públicos. Por el contrario, cuando los impuestos se perciben como excesivos o incapaces de traducirse en mejoras reales, aumenta la desafección fiscal y disminuye la confianza institucional.

"Los ciudadanos aceptan mejor los sistemas tributarios cuando perciben proporcionalidad, eficiencia y retorno tangible en forma de servicios públicos"

Por ello, la cuestión relevante no es únicamente cuánto recauda una administración regional, sino cómo el diseño de su estructura tributaria condiciona la generación de actividad económica, la atracción de capital, la creación de empleo.

Andalucía constituye uno de los ejemplos más citados en este debate. Tras la puesta en marcha de una estrategia orientada a mejorar su competitividad fiscal, la comunidad registró cifras récord de inversión extranjera, alcanzando los 1.364 millones de euros. Del mismo modo, Extremadura protagonizó en 2024 la mayor mejora de España en el Índice de Competitividad Fiscal, pasando de la decimoquinta a la séptima posición.

Pero más allá del debate político, resulta difícil negar que la política fiscal se ha convertido en una herramienta de posicionamiento económico entre comunidades autónomas.

En este contexto, Castilla-La Mancha merece una reflexión específica. Según los últimos informes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), el 34% de los castellanomanchegos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Al mismo tiempo, los datos más recientes de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística sitúan el salario medio anual de la región en 26.062 euros, frente a los 29.540 euros de la media nacional.

La evaluación de políticas públicas exige analizar no solo los recursos invertidos o las intenciones declaradas, sino también los resultados obtenidos. Desde una perspectiva de análisis de políticas públicas, es obligado plantear una pregunta legítima: ¿están produciendo los resultados esperados las herramientas económicas e institucionales que se vienen aplicando durante la última década? Porque cuando una comunidad autónoma mantiene de forma persistente niveles de renta inferiores a la media nacional, salarios más bajos y mayores tasas de vulnerabilidad social, resulta razonable abrir un debate sereno sobre la necesidad de explorar estrategias alternativas.

Utilizando mecanismos de ciencia política comparada debemos analizar el porqué de que una comunidad autónoma experimente mejoras en competitividad, inversión, actividad empresarial o renta disponible tras la adopción de determinadas reformas económicas y fiscales. No para importar mecánicamente modelos ajenos, sino para comprender qué incentivos generan, qué efectos producen y cuáles de sus elementos podrían adaptarse a las características propias de cada territorio. En definitiva, la innovación institucional comienza cuando una sociedad es capaz de preguntarse si existen formas más eficaces de alcanzar los objetivos que comparte.

La cuestión verdaderamente relevante es qué modelo fiscal genera más prosperidad, más inversión, más empleo y una mayor capacidad financiera sostenible para sostener servicios públicos de calidad. Porque los territorios que penalizan sistemáticamente el crecimiento económico terminan debilitando, tarde o temprano, la propia base productiva que financia su Estado del Bienestar.

Castilla-La Mancha dispone de fortalezas extraordinarias. Su posición geográfica como eje de crecimiento económico para el sur de Europa, la capacidad de su sector agroalimentario, su posible tejido industrial y turístico emergente o su proximidad al principal mercado económico del país constituyen activos de enorme valor. Precisamente por ello resulta pertinente preguntarse si el actual marco de gestión pública está permitiendo aprovechar plenamente ese potencial.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad -promovido por el presidente del Gobierno- en relación con el apartado uno del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 5/2025, de 21 de julio, de medidas fiscales de apoyo al medio rural, en cuanto dota de contenido el apartado 8 del artículo 32 de la Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos.

En una nota se recoge que el precepto impugnado “establece una deducción para fomentar la fijación de población ocupada en el medio rural”.

El Gobierno central en su demanda sostiene que el citado artículo podría vulnerar el artículo 46.1 c) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Por tanto “sería contrario a la normativa básica y a las atribuciones constitucionales previstas en el artículo 149.1.14 en relación con los artículos 133.1 y 157.3 de la Constitución”, indica en una nota informativa.

Impuestos y moda no suelen ir de la mano. Pero seis años después del estallido de la pandemia y con la eclosión de los llamados tecnoligarcas —que cada vez acumulan más presencia, poder y riqueza—, los tributos a las grandes fortunas marcan tendencia. De Estados Unidos a Francia, de Dinamarca a Brasil. El eslogan “eat the rich” (comerse a los ricos) ha evolucionado a “tax the rich” (gravad a los ricos). Y, en España, hasta el PP parece estar de acuerdo.

Un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) constata que la imposición sobre la riqueza ha vuelto a una posición central en la agenda académica y política mundial. No solo por las desigualdades crecientes, sino porque las evidencias muestran que, proporcionalmente, las grandes fortunas son capaces de aprovechar mejor los ‘agujeros’ en el sistema para pagar menos que las rentas más bajas. 

El fenómeno, en España, se ha acelerado en la última década, como evidencia el estudio del ‘think tank’ del Ministerio de Hacienda: “En 2017, el 1% más rico de la población poseía el 24% de la riqueza nacional, proporción que aumentó hasta cerca del 30% en 2023. Esto significa que, en un período de seis años, la participación de la riqueza en manos del 1% más rico se incrementó aproximadamente en 6 puntos porcentuales”.

La acumulación de riqueza, dice el estudio, “es un proceso autorreforzante”. Es decir, como una pescadilla que se muerde la cola: “Quienes poseen mayores volúmenes de capital disponen de una mayor capacidad de inversión, lo que genera rendimientos —en forma de intereses y dividendos— que se capitalizan sobre el stock inicial, impulsando un crecimiento de carácter exponencial. Las personas con mayores ingresos tienen una mayor propensión al ahorro, lo que les permite invertir más, a menudo en activos de mayor rentabilidad, lo que, en última instancia, conduce a una mayor acumulación de riqueza”, describen los autores, y se puede ver en el gráfico siguiente.

El trabajo, La fiscalidad de los grandes patrimonios: el estado de la cuestión, recoge las grandes dinámicas a escala internacional no solo con el Impuesto de Patrimonio —que existe, comparativamente, en pocos países del entorno—, sino también con otros gravámenes como a las grandes herencias (que Sumar ya ha propuesto en España), tributos para las donaciones recibidas desde el extranjero, más progresividad en la imposición sobre las rentas del capital o el endurecimiento de los ‘exit taxes’ (impuestos de salida) para aquellos contribuyentes que abandonan el territorio y la residencia fiscal.

De la tasa Zucman en Francia a Mamdani en Nueva York

Quizá la mayor aportación ‘pop’ a esta tendencia internacional ha sido el trabajo del economista francés Gabriel Zucman, que recoge la estela de otro francés, Thomas Piketty, y propuso una tasa anual del 2% a los grandes millonarios, presentada en 2024 durante la presidencia brasileña del G-20. El estudio del economista apuntó que los multimillonarios apenas pagan un 0,3% de impuestos sobre sus fortunas y que, entre 1987 y 2004, el número de multimillonarios ha pasado del 3% al 14% a escala mundial.

“¿Por qué habríamos de permitir que los multimillonarios no pagaran nada?”, se pregunta el propio Zucman en el prefacio de Por qué los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta y cómo vamos a ponerle fin, una pequeña obra editada por Anagrama y que ha visto la luz este mes de mayo. “Los impuestos que no pagan ellos los tienen que pagar otros, ya sea directa o indirectamente, a través de un menor gasto público en educación, sanidad o infraestructuras”, defiende el economista.

Ese argumento de la pescadilla de la riqueza que se come la cola tiene consecuencias no solo en materia de desigualdad o de poder adquisitivo. También repercute en el funcionamiento de la propia democracia: “Mientras no se exija a los ultrarricos que contribuyan todos los años con una cantidad mínima de impuestos, su riqueza seguirá incrementándose más deprisa que la de los demás, al igual que su poder, incluido el de influir en los mercados, en la ideología dominante y en la configuración de las políticas”, advierte.

Con figuras como Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), Sam Altman (OpenAI) o el propio Donald Trump, ha surgido una ola en el neoliberal Estados Unidos que apuesta por aumentar los impuestos a los más ricos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, protagonizó una exitosa campaña electoral con esta promesa. Y le llevó a la alcaldía de la Gran Manzana. En California tendrá lugar el próximo noviembre un referéndum sobre la creación de un tributo del 5% a los milmillonarios en su territorio. El gobernador de ese estado, el demócrata Gavin Newsom, es uno de los posibles aspirantes a la presidencia en las elecciones de 2028.

Los agujeros de los que se benefician las grandes fortunas

En España, en los últimos años ha cobrado mucho interés no solo la posibilidad de imponer la tasa Zucman, sino también la de reforzar el Impuesto sobre el patrimonio, la figura que debería gravar a estas grandes fortunas. Ya en 2022 se impulsó desde el Gobierno el Impuesto Temporal de Solidaridad para las Grandes Fortunas para compensar las rebajas fiscales impulsadas por los gobiernos regionales del PP. Pero el diseño del tributo al patrimonio sigue teniendo demasiadas lagunas. “Agujeros”, como lo ha descrito Oxfam Intermón en un estudio reciente, por los que se pierden todos los años 8.800 millones de euros.

“Es un impuesto que tiene techo de cristal y pies de barro. Cuando uno mira la cantidad del patrimonio que queda exento estamos hablando del 98%”, resumió hace unos días el coordinador de investigaciones de la ONG, Íñigo Macías, durante una jornada en la que se presentaron las principales conclusiones del informe.

La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto.

En una mesa redonda con otros investigadores, la conclusión fue clara: el sistema fiscal no está siendo capaz de reducir las desigualdades, que cada vez son más acusadas. “El 1% y el 5% más rico se han disparado, sobre todo después de la Gran Recesión. Pero, desde 2008 en adelante, uno de los grandes problemas es que se ha dividido entre dos la riqueza del 50% que menos tiene. Son 25 millones de personas que han perdido la mitad de su riqueza neta y esto hace que seamos mucho menos resilientes a los futuros shocks económicos”, resumió Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá. 

La investigadora publicó recientemente un estudio, junto al doctorando Francisco García-Rodríguez, sobre las posibilidades de una reforma del Impuesto de Patrimonio. “¿Podemos con la fiscalidad cambiar la distribución de la riqueza? No. Es imposible. La propuesta más amplia, que es la que propone Piketty en 2014, aplicada a España recaudaría unos 15.000 millones. Con esos 15.000 millones podemos hacer políticas públicas, pero no vamos a cambiar la estructura de la riqueza”, detalló la experta.

La investigadora del Instituto de Estudios Fiscales Nuria Badenes subrayó que “el sistema fiscal está diseñado para una gran mayoría”, que son los trabajadores, no los grandes patrimonios. “Y no es que el sistema esté mal diseñado, pero tenemos que hacer algo para gravar a los más ricos, que no se escapan a un paraíso fiscal, sino que aprovechan las ventajas que les da el sistema”, afirmó. Esos “agujeros” por los que escapan casi 9.000 millones.

Sintonía entre PP, PSOE y Sumar

Y aunque pueda parecer paradójico, parece haber agua en la política española para la piscina que supone un impuesto a los superricos. No hay acuerdo sobre patrimonio, pero PP, PSOE y Sumar mostraron sintonía sobre la posibilidad de gravar a los milmillonarios. 

El diputado popular Pedro Puy, que preside la Comisión de Economía del Congreso, se mostró favorable a un “impuesto global” sobre estas grandes fortunas. “Hay una serie de mecanismos fiscales que podrían ser más efectivos que el Impuesto de Patrimonio”, aseveró. “Repensar si el impuesto de sociedades está bien hecho, si está bien hecha la tributación de los dividendos en el caso de las personas físicas, si las ganancias de capital tributan adecuadamente y, por supuesto, el Impuesto de Sucesiones, que es el mecanismo que mejor hace que se perpetúen las diferencias”, reflexionó. Ideas en las que, más o menos, coincidieron los representantes del PSOE, Juan Antonio González, y de Sumar, Carlos Martín.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, definió la imposición a los que más ganan como una “lucha justa”. “Si se quiere la democracia, se quiere un país justo. Si algo ha demostrado la historia, y lo vemos ahora, es que en los países con un menor nivel de desigualdad, sus economías funcionan mejor y son sociedades más justas”. La moda parece ser que, antes de comerse a los ricos, es mejor freírlos a impuestos.

El Gobierno trata de convencer a la Comisión Europea de que la reforma fiscal aprobada a finales de 2024 ha cumplido con sus objetivos más que de sobra y que los avances en materia tributaria de los últimos años son suficientes para evitar una medida no solo impopular, sino también inoportuna: la subida de los impuestos al diésel que pactó para recibir fondos europeos.

El Ejecutivo comunitario mantiene retenidos 475 millones de euros de los fondos Next Generation EU tras acreditar que el paquete fiscal del Ejecutivo se dejó una pieza fundamental para los objetivos medioambientales europeos. Fuentes del Gobierno explicaron en su momento que los acuerdos con los grupos parlamentarios (se sumaron desde Podemos hasta Junts) incluían esta equiparación fiscal de los combustibles, pero un “error” de los morados impidió la incorporación de la enmienda al texto final de la ley.

Y pasada la ventana de la reforma fiscal, en el Ejecutivo reconocen que las mayorías parlamentarias ya hacían difícil (si no imposible) que saliera adelante una medida con un coste político tan elevado, pero la guerra en Oriente Medio —que ha disparado los precios del petróleo y, precisamente, ha obligado a rebajar los impuestos en los carburantes— la convierten en casi suicida.

“Como se puede imaginar, estamos en una situación ahora mismo donde es difícil plantear también a nivel doméstico una subida de la fiscalidad del diésel”, respondió el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a preguntas de los periodistas a su llegada a la reunión del Eurogrupo de principios de mes.

La equiparación que intentó llevar a cabo el Gobierno —y que ya trató, sin éxito, de introducir en los Presupuestos de 2021— suponía elevar 9,37 céntimos el precio del litro del diésel, hasta los 0,40 euros, la misma cuantía con la que se grava el impuesto de hidrocarburos en la gasolina. El objetivo: “internalizar los costes ambientales que provocan estos carburantes”, de acuerdo con la enmienda del PSOE que no se llegó a aprobar.

Este compromiso se negoció con la Comisión dentro de la reforma fiscal, que formaba parte del quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation EU, solicitado en diciembre de 2024. Y, en su ausencia, el Ejecutivo comunitario la consideró incompleta y, en julio de 2025, congeló una parte de las ayudas a desembolsar.

“En base a la información proporcionada, la Comisión no tiene una garantía razonable de que las pruebas enviadas por España justifiquen debidamente el cumplimiento del hito 388, ya que España no ha proporcionado evidencia ni de la entrada en vigor de la reforma de la imposición al diesel o de alguna reforma en el área de la tributación ambiental, ni cómo las reformas adoptadas (...) han aumentado los ingresos fiscales de manera permanente en, al menos, 0,3 puntos del producto interior bruto (PIB)”, apuntó en su momento la Comisión para justificar la retención.

El Gobierno da la reforma por cumplida

Los Ministerios de Hacienda y Economía —este último departamento es quien lidera las conversaciones con la Unión Europea— se afanan ahora por tratar de convencer al Ejecutivo comunitario de que los avances de la recaudación en los últimos años han sido suficientes para dar la reforma por cumplida.

De hecho, en el Informe de Progreso Anual —el nuevo documento clave de las reglas fiscales europeas— que el Gobierno remitió a Bruselas a finales del mes pasado, el Ejecutivo ya daba por completados los compromisos adquiridos en materia de recaudación: 0,3% del PIB (algo más de 5.000 millones de euros) por la reforma tributaria y otro 0,1% a cuenta de la no deflactación del IRPF.

“La combinación de ambas etapas arroja un compromiso acumulado de un incremento de ingresos públicos de más del 0,4% del PIB en 2028, dando por tanto pleno cumplimiento al compromiso de reforma adquirido en el Plan Fiscal Estructural”, zanjó el Ejecutivo.

El Gobierno trata de cimentar con estas cifras de recaudación el cumplimiento de su compromiso con Bruselas. Una vía que dejó abierta, en parte, la propia Comisión en su valoración del quinto desembolso. “España envió sus estimaciones de ingresos permanentes derivados de las reformas que entraron en vigor, pero estas incluían el impacto del impuesto al diésel que no se aprobó y cuya aprobación estaba prevista en los próximos meses”, dice el documento. Y una vez restado de esas previsiones de ingresos el impuesto al diésel, se quedaban cortas.

Ahora, toda vez que la recaudación y las medidas desplegadas han funcionado mejor de lo previsto, en el Gobierno confían en que sea suficiente para desbloquear los 475 millones de euros dentro del sexto desembolso que reclamó en marzo. “Con las cifras reales de recaudación correspondientes a 2025 ya disponibles, queda acreditado el cumplimiento de los objetivos cuantitativos establecidos para el hito 388”, apuntó Hacienda en la nota de prensa en la que anunciaba la solicitud.

El momento temporal lo es todo, ya que, según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) este miércoles, el precio del gasóleo antes de impuestos en nuestro país ha aumentado un 47,6% desde el estallido de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero. En cuanto al precio de venta, este martes el litro de gasóleo se vendía en las gasolineras a 1,694 euros, frente a 1,568 euros de la gasolina.

El encarecimiento ha sido amortiguado por las rebajas de impuestos aprobadas por el Ejecutivo, pero algunas de ellas (en la luz y el gas) ya se han desactivado y queda en el aire la prórroga a partir del 30 de junio, que es cuando decae el grueso del paquete que diseñó el Gobierno en marzo. A pesar de que la ampliación todavía no está asegurada, la Comisión, en las previsiones económicas publicadas este jueves, ya da por hecho que la reducción del déficit público se frenará.

Según un estudio de ING Economics publicado esta semana, los hogares españoles destinaron un 4,9% de su renta disponible al gasto en combustibles en 2025. El incremento de los precios experimentado en los últimos meses elevará esta factura al 5,3%. Y la propensión no es a conducir menos, sino a gastar menos en otras partidas, apuntan los economistas.

Sumar ha registrado este viernes una proposición de ley en el Congreso para crear un nuevo impuesto a las herencias y donaciones que superen el millón de euros, con la idea de que actúe de forma complementaria al tributo que ya existe sobre sucesiones y donaciones para “combatir el 'dumping' fiscal entre comunidades autónomas”.

La iniciativa plantea que este gravamen se aplique a herencias, donaciones o seguros de vida que superen un millón de euros, dejando fuera las herencias ordinarias y concentrando el esfuerzo fiscal en los grandes patrimonios, con la idea de garantizar un suelo común de justicia tributaria, según informa Europa Press.

El portavoz económico de Sumar en la Cámara Baja, Carlos Martín, ha explicado que con la propuesta se busca combatir prácticas de algunas comunidades como Madrid, donde a su juicio se aplican bonificaciones “que benefician a grandes fortunas incluso con la exención”.

Se permite deducir lo abonado en Sucesiones

La propuesta ha incluido un mecanismo para evitar la doble imposición, permitiendo deducir lo ya abonado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del nuevo gravamen estatal, garantizando así un suelo común de justicia tributaria en todo el territorio nacional.

Desde Sumar se ha apostado, además, por destinar la recaudación derivada de este nuevo impuesto a políticas públicas y apoyo a las personas más vulnerables, vinculando así la medida fiscal a objetivos de redistribución de la riqueza.

Martín ha subrayado que “España necesita un sistema fiscal que no mire hacia otro lado cuando se transmiten patrimonios millonarios”, enfatizando que “la igualdad de oportunidades no puede depender del código postal ni del tamaño de la herencia familiar”.

Al portavoz económico le han acompañado los diputados Enrique Santiago y Alda Recas en el registro de la iniciativa. Santiago, mediante la red social 'X', ha defendido el impulso de esta iniciativa bajo el lema “quien más tiene debe contribuir más” y ha sentenciado: “No puede ser que grandes capitales heredados y grandes donaciones hagan un 'sinpa' en las comunidades autónomas gobernadas por el PP”.

Asimismo, el grupo parlamentario ha considerado que la medida es necesaria para garantizar que las grandes fortunas contribuyan equitativamente al sostenimiento del Estado y sus servicios públicos, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan los herederos.

Ocho de cada diez euros que el Impuesto de Patrimonio podría recaudar se 'escapan' por los agujeros en su diseño. Esa es una de las conclusiones de un estudio de Oxfam Intermón publicado este jueves, que alerta que la necesidad de reformar el tributo para mejorar su capacidad recaudatoria, en un momento en el que cada vez se habla más de las tasas propuestas por economistas como Gabriel Zucman o Thomas Piketty.

De acuerdo con el informe elaborado por la ONG, el tipo medio efectivo que se pagó sobre el patrimonio declarado en 2012 apenas fue del 0,17%, muy lejos del 3,5% que se establece en la norma estatal. Una proporción que aún cae más en el caso de los más ricos: el 0,1% más acaudalado apenas pagó un 0,1%.

El impuesto de España es una rareza en el entorno comparado: solo un puñado de países del entorno (como Noruega o Suiza) cuentan con un esquema similar. El tributo español se creó en 1977 con carácter temporal, primero, pero se hizo permanente a partir de 1991. El Gobierno de Zapatero lo suprimió en 2008, pero lo reactivó en 2011, hasta ahora. La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto. En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, se llegó a bonificar al 100%, anulándolo de facto.

Tres de cada cuatro euros exentos los concentra el 10% más rico

Según Oxfam Intermón, cerca del 42% de la riqueza declarada queda fuera del ámbito del impuesto y, en su gran mayoría, se concentra en los contribuyentes más ricos. El 76% del patrimonio exento lo concentra el 10% de los declarantes con más riqueza, sostiene la organización.

El principal agujero es la exención sobre participaciones y acciones empresariales, que tiene una pérdida de recaudación potencial de 6.700 millones de euros, con datos de 2021. Aunque nació para proteger pequeñas y medianas empresas familiares, el análisis sostiene que actualmente beneficia especialmente a grandes patrimonios con importantes participaciones empresariales.

Otro gran agujero es el 'tope' conjunto a la cuota del impuesto de patrimonio y el IRPF, que conlleva pérdidas de en torno a 2.100 millones de euros. Hasta la entrada en vigor del impuesto temporal sobre las grandes fortunas, el dumping fiscal promovido por algunas Comunidades Autónomas, aplicando sustanciales bonificaciones de la cuota a pagar (de hasta el 100%), suponían otro importante agujero para la recaudación, especialmente beneficioso para las grandes fortunas.

“El impuesto sobre el patrimonio es una herramienta necesaria, pero con un diseño muy débil e insuficiente frente a unas grandes fortunas que estructuran su riqueza para esquivar el pago del impuesto. Está diseñado de tal forma que se va vaciando desde dentro mismo, como si fueran termitas. Y esto reduce su progresividad, su capacidad para recaudar de quién más tiene y para redistribuir la riqueza”, señala Iñigo Macías, investigador de Oxfam Intermón y autor del informe.

Un estudio reciente de los investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Olga Cantó y Francisco García-Rodríguez ya apuntó que una reforma en profundidad del Impuesto de Patrimonio, equiparándolo con el tributo en vigor en Noruega o con un esquema como el planteado por el economista francés Thomas Piketty, dispararía su capacidad recaudatoria y permitiría financiar una prestación universal de crianza de más de 2.000 euros por menor.

Las compañías de mayor tamaño siguen pagando menos, proporcionalmente, que las pequeñas y medianas empresas en su declaración del Impuesto de Sociedades. Un análisis del Consejo General de Economistas confirma que, con datos de 2023, aquellas empresas con más de 250 empleados abonaron un tipo efectivo del 20,8% sobre su base imponible, dos puntos menos que las pymes (22,97%).

A pesar de que España cuenta con un tipo general del 25% en el Impuesto de Sociedades –el tercer gravamen que más recauda del sistema fiscal, por detrás del IRPF y el IVA–, el empleo de deducciones u otros beneficios como la compensación de bases imponibles negativas (es decir, pérdidas en ejercicios previos), así como los recursos para contratar a grandes despachos de abogados fiscalistas, permiten rebajar la carga tributaria de las grandes compañías.

Así, con datos de 2023, el tipo efectivo de las 54.288 grandes empresas que declararon el Impuesto de Sociedades fue del 20,8%, el más bajo de la clasificación. Por encima se encuentran las compañías sin asalariados, con un tipo del 21,2%, 356.471 declarantes; las medianas, aquellas con entre 100 y 250 trabajadores (22,02%, con 159.408 compañías); las microempresas, con menos de 10 empleos (22,37%, 823.652 sociedades); y las pequeñas, hasta 50 empleados (22,97%, 289.315).

La recaudación supera los 40.000 millones

El paquete fiscal que aprobó el Ejecutivo a finales de 2024 incluyó una rebaja del gravamen para aquellas compañías con una facturación inferior a los 50.000 euros, que verán cómo se recorta progresivamente hasta el 17% en 2027 (en 2026 es del 19%), en tanto que se situará en el 20% para aquellas pymes y empresas de tamaño reducido por encima de esa barrera.

El 60% del 1,63 millones de empresas que declararon el Impuesto de Sociedades facturaron menos de 100.000 euros aquel año, y apenas el 16% facturó más de un millón de euros. Algo más de 2.500 compañías reportó una cifra de negocios superior a 100 millones de euros en 2023.

En aquel año, la recaudación del Impuesto de Sociedades alcanzó los 35.060 millones de euros. Los últimos datos, de 2025, arrojan unos ingresos de 42.266 millones, superando la barrera de los 40.000 millones por primera vez desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Desde 2021, año severamente golpeado por la pandemia, esta partida ha aumentado cerca del 60%.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha cifrado este miércoles en 9.428 millones de euros el IVA defraudado en 2022, un 13,3% de los ingresos teóricos de esta figura fiscal y el 0,69% del producto interior bruto (PIB) de ese año.

Fedea ha publicado este miércoles el estudio 'Una aproximación a la brecha fiscal en el IVA de los hogares residentes en España', en el que calcula la brecha fiscal de cumplimiento del IVA de 2022, entendida como la diferencia entre los ingresos teóricos que se obtendrían si no hubiera fraude y lo realmente recaudado, lo que “constituye una aproximación al fraude existente en el impuesto”.

El estudio sitúa los ingresos teóricos del IVA -calculados conforme a la encuesta de presupuestos familiares, la de condiciones de vida y el consumo de los hogares a partir de la contabilidad nacional- en 70.717 millones de euros, lejos de los 61.289 millones de euros efectivamente recaudados.

Fedea advierte de que su cálculo de la brecha, de 9.428 millones, está condicionado por varios supuestos metodológicos, entre ellos la asunción de que no hay fraude en impuestos especiales, un concepto que sirve de base imponible para el IVA de esos productos.

Así, en caso de que se introdujeran en el cálculo del IVA teórico los ingresos reales de los impuestos especiales la brecha fiscal se reduciría a 8.403 millones.

La cantante Shakira se anotó este lunes una importante victoria en su periplo contra la Hacienda española, después de que la Audiencia Nacional condenara a la Agencia Tributaria a devolver 55 millones de euros, procedentes de las declaraciones del IRPF y el Impuesto de Patrimonio de un ejercicio (2011) en el que no era residente fiscal en el país. 

Si bien cabe recurso contra la sentencia ante el Tribunal Supremo, algo que desde el fisco ya han adelantado que van a solicitar a la Abogacía del Estado, el fallo desmonta la interpretación del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y la Agencia Tributaria para considerar a la artista como contribuyente en nuestro país en el año 2011. Este ejercicio fiscal se recurrió por la vía administrativa y no por la penal, una senda que siguieron los ejercicios de 2012 a 2014 y en los que la artista reconoció haber defraudado 14,5 millones de euros al fisco español. Estos son los argumentos con los que la defensa de Shakira ha torcido el brazo a Hacienda.

¿Qué es la residencia fiscal?

La ley fija varios supuestos para determinar la residencia fiscal, como explica el fiscalista Alejandro del Campo, socio fundador del bufete DMS Legal Intelligence, siendo los más relevantes la permanencia más de 183 días en el país o que el núcleo de sus intereses económicos se encuentre en nuestras fronteras. “Cualquiera de esos dos criterios, o ambos, son los que permiten a España considerarte residente fiscal. Hay un tercer criterio, que se maneja de pasada en la sentencia de la Audiencia Nacional, que es cuando tu cónyuge o hijos menores viven en España, lo que supone una presunción de que lo eres, salvo prueba de lo contrario”, apunta en conversación con elDiario.es.

El problema es que, como recoge la sentencia, la Agencia Tributaria solo apunta 163 días de estancia en el país en 2011, en tanto que la defensa de Shakira reconoce 143, menos de la barrera legal. Y en aquel ejercicio ni el centro de sus intereses económicos se encontraba en España ni la pareja, en los primeros compases de su relación, tenía hijos (el primero, Milán, nació en enero de 2013). 

“El elemento más relevante de la sentencia de la Audiencia Nacional es que refuerza una interpretación estricta y probatoria del concepto de residencia fiscal en dos planos”, detalla José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea. “El tribunal insiste en que, si no se acredita la permanencia física en España por encima de 183 días, no puede hablarse de residencia fiscal. Y se subraya que la carga probatoria corresponde a Hacienda, y que no bastan indicios indirectos (consumos, tarjetas, etc.) si no hay prueba sólida de presencia física o de centro de intereses económicos”, apunta por correo electrónico. 

Su noviazgo con Gerard Piqué

Shakira y el exfutbolista del Barça Gerard Piqué se conocieron en 2010, en el Mundial de Sudáfrica, pero no hicieron oficial su relación hasta marzo de 2011. Su idilio –que finalizó en 2022– coincidió con las 90 fechas de la gira “Sale el sol” para presentar su séptimo álbum de estudio y, a pesar de la oficialidad de su romance, para la Audiencia Nacional –a diferencia de lo expuesto por la Agencia Tributaria– no es suficiente para justificar un arraigo fiscal en el país.

Según el abogado Pelayo Ballesteros, del bufete Mas y Calvet, la sentencia subraya que “jurídicamente no es equiparable una relación sentimental a una relación conyugal”, a lo que se suma el hecho de que no había tenido hijos “con un residente fiscal en España”. 

Este, precisamente, era uno de los argumentos fundamentales de Hacienda para amarrar la residencia fiscal en aquel año y el fallo lo rechaza: “Por lo tanto, no existía un núcleo familiar a efectos legales de una persona extranjera”.

¿Qué son esas “ausencias esporádicas”?

Otra de las claves para atar la residencia fiscal son las “ausencias esporádicas”, es decir, las salidas puntuales del país que interrumpen la presencia física pero no las obligaciones fiscales. “España puede considerar que una persona que está en el país tres meses pero luego se va dos meses fuera está en una ausencia esporádica y, por tanto, se computa como permanencia en el país”, dice Del Campo. 

El fiscalista recuerda el precedente que sentó la llamada sentencia de los becarios, de 2017, en la que el Tribunal Supremo cerró la puerta a que la Agencia Tributaria cobrara el IRPF a unos becarios del ICEX que permanecieron fuera más de 183 días, ya que el fisco estimaba que esta era solo una ausencia puntual del país. “Ya esa sentencia dio un buen escudo ante Hacienda frente al cómputo de la permanencia”, dice el experto.

El secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha cree que este caso es “difuso” y coincide con una gira mundial de la cantante que evitó que pasara ese umbral de los 183 días, aunque España fue el país donde más estuvo la artista. 

“La sentencia corrige una práctica administrativa relevante: el uso expansivo del concepto de ”ausencias esporádicas“, dejando claro que no puede vaciar de contenido el criterio de permanencia”, apunta Corrales, lo que, a pesar de reforzar la seguridad jurídica, “podría dificultar inspecciones basadas en presunciones amplias, y potencialmente abrir la revisión de expedientes donde la prueba haya sido débil o indirecta”.

¿Cuánto ha de devolver Hacienda?

La sentencia aún podría ser recurrida al Tribunal Supremo en casación, algo que no descartan los ninguno de los expertos consultados. Los 55 millones que tendría que devolver son las cuantías que tuvo que abonar la cantante, de las cantidades presuntamente defraudadas en el IRPF y el Impuesto de Patrimonio, junto a las dos sanciones muy graves. Sin embargo, Del Campo calcula que el fisco tendrá que abonar unos 73 millones de euros, incluidos intereses, en tanto que Gestha apunta a una cuantía inferior, unos 34 millones.

“Previsiblemente, por lo mediático y por la cuantía millonaria del caso, la Administración interpondrá contra esta sentencia un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. No obstante, en mi opinión el punto es claro y no presenta dudas de derecho –y como se ha visto, tampoco de hecho–, es un tema de prueba. Por ello, lo normal es que el Alto Tribunal considere que el recurso carece de interés casacional y que, en consecuencia, lo inadmita a trámite”, apunta Ballesteros.

Un hecho en el que coincide Mollinedo, el portavoz de Gestha: “La Audiencia Nacional ha hecho una interpretación de las pruebas que ha recabado la Agencia Tributaria y no parece deducirse de esa valoración que la Agencia Tributaria hubiera amarrado correctamente la residencia fiscal”, apunta. “Tal vez esa sea una de las razones por las que no se llevó ese año a delito contra la Hacienda pública”, dice, como sí sucedió con los ejercicios de 2012 a 2014. Shakira reconoció haber defraudado 14,5 millones de euros entre aquellos años para evitar la cárcel.

“Supone un alivio inmenso y un profundo orgullo comprobar el rigor e independencia de nuestros tribunales y nos reconforta constatar que, frente a posiciones administrativas inaceptables, podemos confiar en una Justicia que funciona de verdad y asegura la prevalencia de la ley”, dijo, en declaraciones a través de una nota de prensa, el abogado que ha defendido a la cantante en el proceso, José Luis Prada. 

“Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”, declara la cantante que, desde 2023, reside en Miami.

El economista francés Gabriel Zucman ha ganado relevancia mundial en los últimos años por sus estudios sobre la desigualdad pero, sobre todo, por ser el impulsor de una propuesta para que los patrimonios de más de 100 millones paguen al menos un 2% anual de impuestos. Esta 'tasa Zucman' es ahora una de las peticiones que los Comuns han puesto sobre la mesa de Salvador Illa para actualizar el acuerdo de los presupuestos catalanes, que el grupo de Jéssica Albiach ya pactó hace unos meses, pero que el Govern quiere volver a presentar la próxima semana, tras alinearse con ERC.

La propuesta de los Comuns es prácticamente calcada a la del francés. Se trataría de que las fortunas de más de 100 millones paguen un tipo efectivo del 2%. Es decir, que después de contar todas las exenciones, reducciones y bonificaciones que la ley permite, se les imponga un suelo mínimo del 2% de su patrimonio a pagar anualmente. “Se trata de acabar con los privilegios fiscales de los ultrarricos con una medida de sentido común: la tasa Zucman”, recalcan fuentes de la formación.

De esta manera, los Comuns pretenden enmendar algunos flecos del impuesto temporal que en España se aplica desde 2022 a las grandes fortunas. Por un lado, buscan que la tasa sea permanente. Por otro, apuestan a que la aplicación de este umbral mínimo vaya de la mano de cambios en la forma en cómo se contabilizan las fortunas. “Ahora, la ley deja fuera de los impuestos al patrimonio varios tipos de bienes, entre ellos bienes o inmuebles vinculados a una empresa”, aseguran desde los Comuns, que indican que debería contabilizarse el conjunto de la fortuna en la línea a las tesis de Zucman.

Actualmente, el impuesto temporal en España contempla un tipo del 3,5% por encima de 10,7 millones de euros. Además, el impuesto al patrimonio de Catalunya tiene, gracias a un acuerdo de 2022 de los Comuns, un tipo del 2,75 por encima de los 10,7 millones y del 3,48 por encima de los 2. Pero, debido a las excepciones y descuentos a las que los multimillonarios pueden acogerse y que los Comuns quieren topar, el impuesto medio que se recauda en Catalunya y en España “no llega ni al 0,3% del total de patrimonio que declaran las personas con grandes fortunas”, explican fuentes de la formación.

Para llevar a cabo esta reforma fiscal, el plan del grupo de Albiach es convencer a los socialistas de sacar adelante una propuesta para que el Parlament ejerza su iniciativa legislativa ante el Congreso. Una fórmula que la Cámara catalana ha ejercido en diversas ocasiones, la última hace pocas semanas para proponer cambios en la ley de la eutanasia, y que permitiría que tres diputados catalanes acudan a Cortes a defender la proposición de ley.

Gabriel Zucman es un economista muy influyente en el conjunto de la izquierda global, pero al que recientemente el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado cercano. En febrero pasado, el presidente recibió a Zucman en Madrid, durante unas jornadas ministeriales contra la desigualdad. Dos meses después el economista participó en el gran encuentro progresista de Barcelona con el que Sánchez enmarcó la cumbre con Lula y otros jefes de Estado y de Gobierno de izquierdas.

Los Comuns quieren ahora que los socialistas vayan más allá de las palabras y muestren su compromiso con la propuesta estrella de Zucman sobre fiscalidad. De sellarse este acuerdo, se incorporaría al conjunto de medidas que ya firmaron en su día Comuns y PSC a cambio del apoyo a las cuentas. Entre los pactos destaca la nueva regulación para prohibir las compras de vivienda por parte de inversores, una medida que dependerá de los municipios y finalmente afectará tanto a los grandes caseros y como a empresas.

Gestionar y sacar adelante una pyme implica mucho más que vender un producto o prestar un servicio concreto. Y cualquier que tenga una lo sabe: entre facturas, proveedores, nóminas y clientes, las obligaciones fiscales suelen convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza. Y no es raro: el sistema tributario español cambia con frecuencia, exige numerosos trámites y deja poco margen para los despistes.

Sin embargo, muchos de los problemas con Hacienda no llegan por grandes fraudes ni por decisiones deliberadas, sino por errores cotidianos que pueden derivar en sanciones, recargos o pérdidas económicas que suelen ser evitables. Los errores se repiten con frecuencia: desde presentar impuestos fuera de plazo hasta deducirse gastos que no corresponden. Fallos que, en muchos casos, se pueden solucionar con una mejor organización y planificación.

Uno de los errores fiscales más frecuentes es no cumplir correctamente con los plazos de presentación de impuestos. IVA, retenciones, pagos fraccionados o Impuesto de Sociedades forman parte de un calendario tributario que obliga a estar pendiente durante los doce meses del año. Es habitual que muchas empresas pequeñas, especialmente aquellas que no cuentan con un departamento financiero propio, dejen todo ese tipo de trámites para el último momento. Y no conviene: incluso un retraso leve puede traducirse en recargos automáticos, intereses o sanciones económicas.

Para evitarlo, cada vez más negocios recurren a programas de gestión, recordatorios automáticos o asesorías externas. Tener un calendario fiscal actualizado y revisarlo periódicamente sigue siendo una de las medidas más eficaces para evitar errores innecesarios.

Otro fallo muy común es mezclar gastos personales y profesionales. Esto ocurre especialmente en autónomos y pequeñas sociedades familiares, donde determinados pagos terminan difuminándose entre lo privado y lo empresarial. Comidas, vehículos, teléfonos móviles o suministros son algunos de los conceptos que más dudas generan.

El problema aparece cuando la empresa intenta deducirse un gasto sin poder demostrar claramente que está vinculado a la actividad profesional. Hacienda suele vigilar especialmente este tipo de deducciones y, si considera que no están justificadas, puede reclamar las cantidades correspondientes junto con sanciones.

El IVA, un foco de errores

El IVA continúa siendo uno de los terrenos donde más fallos cometen las pymes. Tipos impositivos incorrectos, facturas mal emitidas o declaraciones inconsistentes son incidencias relativamente habituales. En muchos casos, el problema no responde a mala fe, sino simplemente a desconocimiento de la normativa.

Hay que tener en cuenta que no todas las actividades tributan igual, y algunos productos o servicios pueden estar sujetos a tipos reducidos o exenciones específicas. Además, el auge del comercio electrónico y de los servicios digitales ha complicado todavía más la situación, especialmente en operaciones con clientes extranjeros o ventas intracomunitarias. Por eso, revisar periódicamente la facturación y contar con asesoramiento especializado resulta especialmente importante en negocios que operan online o trabajan fuera de España.

A esto se suma otro problema frecuente: la mala gestión documental. Aunque la digitalización ha facilitado muchos procesos administrativos, todavía hay empresas que almacenan facturas y justificantes de forma desordenada o poco segura. Facturas perdidas, tickets deteriorados o archivos mal clasificados siguen siendo situaciones habituales.

La normativa obliga a conservar determinada documentación durante varios años, y no poder aportarla ante un requerimiento de Hacienda puede convertirse en un problema serio. Digitalizar facturas, mantener sistemas de archivo organizados y utilizar herramientas de almacenamiento seguro ayuda a reducir riesgos y ahorrar tiempo.

Adaptarse a los cambios 

Otro de los grandes errores que cometen muchas pymes es descuidar las novedades normativas. La fiscalidad cambia constantemente y no siempre resulta sencillo mantenerse al día. Nuevos sistemas de facturación, modificaciones tributarias o cambios en deducciones afectan directamente a la gestión diaria de miles de pequeñas empresas.

Uno de los ejemplos más recientes, y de los que más se habla en el mundo de las pymes, es Verifactu, el nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para reforzar el control sobre la facturación empresarial. Aunque muchas compañías todavía no han empezado a adaptarse, los cambios tecnológicos y administrativos asociados obligarán a revisar procesos internos y herramientas digitales.

El problema, una vez más, es que muchas empresas reaccionan tarde, cuando los cambios ya son obligatorios y el margen para la adaptación es mínimo o prácticamente nulo. Una situación que suele traducirse en prisas, lo que conlleva la comisión de errores y, en última instancia, unos costes mayores.

Además, muchas pymes continúan gestionando sus impuestos de forma reactiva, sin una planificación fiscal mínima. Solo piensan en Hacienda cuando llega el momento de presentar declaraciones, lo que dificulta prever pagos, organizar la tesorería o aprovechar posibles deducciones.

Por ello, planificar la carga fiscal no significa tratar de pagar menos, sino evitar sobresaltos financieros y gestionar mejor los recursos disponibles. Revisar ingresos, prever gastos y anticipar obligaciones tributarias permite tomar decisiones con más estabilidad y margen de maniobra.

En ese contexto, cada vez más pequeñas empresas están apostando por profesionalizar su gestión administrativa y apoyarse en herramientas digitales o asesoramiento externo. En un entorno donde las obligaciones fiscales son cada vez más complejas y cuentan con un factor tecnológico clave, la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar problemas con Hacienda de cara a centrar los esfuerzos en lo realmente importante para cualquier pyme: hacer crecer el negocio.

En las últimas semanas, hemos vuelto a escuchar con frecuencia, especialmente por parte de portavoces conservadores, la propuesta de deflactación del IRPF: una modificación fiscal que permitiría corregir el sobrecoste fiscal añadido por la llamada 'progresividad en frío'. Pero, en el fondo, abordar la pérdida de poder adquisitivo desde ese planteamiento es atacar las consecuencias y no las causas del problema.

La pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas se produce como consecuencia del mayor crecimiento de los precios de los bienes de consumo respecto al crecimiento de los salarios: aunque suban los salarios nominales —lo que vemos en nuestra nómina—, si con ellos podemos comprar menos cosas, eso significa que ha empeorado nuestra capacidad adquisitiva; es decir, el salario real se ha reducido. Como se puede ver en el siguiente gráfico, los salarios reales en España apenas han avanzado desde principios de siglo: tras un periodo de mejora hasta 2008 y caídas marcadas a partir de 2021, hoy se sitúan en niveles muy similares a los de hace dos décadas. La inflación se ha terminado comiendo casi todas las ganancias nominales acumuladas.

Una consecuencia no deseada de este proceso es que pagamos más impuestos porque declaramos ingresos mayores, e incluso podemos ubicarnos en tramos del IRPF más altos sin que en ningún caso realmente nos hayamos convertido en personas más ricas. Como se sabe, el sistema fiscal está diseñado por tramos de ingresos, a modo de escalones. Como el sistema es progresivo, eso significa que cuando pasamos de escalón —porque cobramos más— también pagamos un tipo marginal mayor sobre los nuevos ingresos, lo que arrastra al alza nuestro tipo efectivo medio. El problema es que se puede subir de escalón porque la nómina indica mayor cantidad ingresada en concepto de salarios nominales, pero en realidad no existe su correspondiente mayor poder adquisitivo. En suma: pagamos más impuestos como si fuéramos más ricos, pero sin serlo.

Como consecuencia, es posible hablar de que este proceso supone una subida indirecta de impuestos: el contribuyente paga más IRPF aunque no sea más rico, y el Estado ingresa más por la misma cantidad de renta real. De ahí que emerja de vez en cuando la propuesta de que hay que ‘deflactar’ el IRPF, es decir, ajustarlo de modo que se pague impuestos de acuerdo con los salarios reales y no con los salarios nominales. Esto implicaría que los contribuyentes pagarían menos impuestos respecto a la situación actual y el Estado dejaría de percibir esas cantidades de recursos adicionales: sería, de facto, una bajada de impuestos. Además, tal y como suele plantearse —deflactación lineal de toda la tarifa— el ahorro absoluto crece con la renta y no llega a quienes no tributan.

Siendo todo lo anterior cierto, el problema real tiene que ver con que la deflactación del IRPF es una medida dirigida a atacar las consecuencias de la inflación, y no sus causas. Y aquí es evidente que la ideología influye a la hora de determinar dónde hay que poner el foco, si en lo que provoca la inflación o en las consecuencias de la misma. Mientras la propuesta de deflactación del IRPF construye una narrativa según la cual es el Estado el problema de la pérdida de poder adquisitivo —porque te da un mordisco fiscal extra como consecuencia de la inflación—, el problema de fondo de la inflación, como analizamos la semana pasada, nos empuja a hablar de los beneficios empresariales, del poder de mercado de determinadas grandes empresas y de la dificultad de la clase trabajadora para indexar salarios, es decir, para que estos acompañen el ritmo de subida de los precios. Sobra decir que esto es lo que explica que las derechas estén más interesadas en hablar de deflactación del IRPF, y las izquierdas de las causas originales de la inflación.

Pero no se trata únicamente de ideología. Hay aquí una secuencia lógica difícil de discutir: en un escenario de inflación cero —o en otro en el que los salarios nominales suban por encima de los precios— la propuesta de deflactar el IRPF sencillamente no sería necesaria. La deflactación es, por definición, una respuesta defensiva ante un problema previo; nunca una solución a ese problema. Por eso atacar la causa primera —los precios, no los tramos— es lo único que vuelve innecesarias todas las medidas correctoras posteriores. La deflactación, en el mejor de los casos, alivia; pero también resigna: asume que la inflación seguirá comiéndose nuestros salarios y se limita a impedir que, encima, paguemos más impuestos por ello.

Como ya argumenté en el análisis anterior, la causa principal de la inflación de los últimos años viene explicada por la subida de los beneficios empresariales: los distintos modelos utilizados para evaluar este fenómeno apuntan a ello, razón por la cual incluso el FMI [Fondo Monetario Internacional], el BCE [Banco Central Europeo] y la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] —todos tradicionalmente reacios a este tipo de conclusiones— han acabado reconociendo el papel crítico de las grandes empresas en la elevación de la inflación; y todos concuerdan en que los salarios no tienen ninguna responsabilidad, más allá de que los trabajadores intenten luego vanamente recuperar terreno. Frenar ese proceso es posible, pero requiere centrarse en aquellas empresas con gran poder de mercado y que aprovechan ciertos shocks de oferta —como el cierre del estrecho de Ormuz— para elevar los márgenes de beneficios. Esto sucede sobre todo en sectores como la energía, pero también en los que cadena abajo tienen protagonismo grandes empresas que operan como oligopolios de facto. Una fuerte imposición fiscal a sus ganancias permitiría no tanto recaudar —un objetivo aquí secundario— como reducir el incentivo a aprovechar la situación: si gran parte del margen extraordinario acaba siendo expropiado vía impuestos, la rentabilidad esperada de subir precios disminuye, y con ello la presión inflacionaria. En ciertas condiciones, incluso la fijación de precios permitiría contener la inflación, como sucedió con el tope al gas para la generación eléctrica (la llamada excepción ibérica) durante la guerra en Ucrania.

Hay en todo esto una excepción significativa: los perceptores del salario mínimo. A diferencia de los salarios medios, el salario mínimo ha disfrutado de grandes subidas tanto nominales como reales en los últimos años, especialmente desde 2019, primera subida importante pactada con apoyos parlamentarios y luego con socios de coalición. El siguiente gráfico lo ilustra con claridad: los perceptores del salario mínimo sí han tenido mejoras considerables de poder adquisitivo.

Ya tuve oportunidad de hablar de este fenómeno en otro análisis, titulado “Los límites de las subidas del salario mínimo”. En realidad, esta asimetría entre el salario mínimo y el salario medio tiene que ver con la dificultad que encuentra el Gobierno en incidir en los problemas que enfrentan los trabajadores a la hora de negociar con las grandes empresas. Tras décadas de políticas neoliberales, los trabajadores están más expuestos a los caprichos de sus empleadores, tienen menos instrumentos para negociar colectivamente —como consecuencia de las reformas laborales, sobre todo la de 2012— y lo hacen en estructuras empresariales más flexibles y con menos trabajadores —nada que ver con las viejas industrias de los años 80—. Eso es lo que explica que cuando sube la inflación, los trabajadores apenas tienen capacidad para recuperar el terreno perdido. Y el Gobierno, incapaz de entrar en ese terreno, ha recurrido en la última década a la política del salario mínimo para compensar. Y aunque ha tenido efectos muy beneficiosos, tanto para sus perceptores como para la economía en general, se trata de una política limitada, tanto en el alcance —no a todos los trabajadores— como en el tiempo. Resulta insostenible porque comprime la estructura salarial en torno al SMI: trabajadores con antigüedad o cualificación terminan cobrando lo mismo que quienes acaban de incorporarse, lo que aplana las trayectorias internas y traslada tensiones a la negociación colectiva.

En definitiva, la deflactación del IRPF puede actuar como un parche de alivio temporal, pero confunde el síntoma con la enfermedad. Si los salarios reales se mantienen planos década tras década, si la negociación colectiva ha quedado debilitada y si el SMI ha alcanzado el techo de lo que puede aportar como herramienta compensatoria, el debate fiscal en torno al IRPF resulta una distracción frente a lo que de verdad está en juego: la capacidad de la mayoría social para que sus salarios acompañen a los precios, y la capacidad del Estado para intervenir aguas arriba —en los márgenes empresariales, en el poder de mercado de los oligopolios, en la arquitectura de la negociación colectiva— y no solo aguas abajo, en la nómina del contribuyente.