Existe la idea arraigada en parte del debate público español de que la política fiscal debe entenderse exclusivamente como un mecanismo de redistribución. Sin embargo, la literatura contemporánea de economía política lleva años advirtiendo de que la fiscalidad cumple también una función competitiva y territorial. Los impuestos no solo redistribuyen renta; también condicionan comportamientos, orientan decisiones económicas y moldean la capacidad de un territorio para atraer o expulsar actividad productiva.

En las democracias descentralizadas, como España, este fenómeno resulta especialmente visible. Las comunidades autónomas no compiten únicamente mediante infraestructuras, servicios públicos o capital humano. Compiten también mediante seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y diseño fiscal.

La cuestión, por tanto, no es si debe existir fiscalidad. La cuestión relevante es qué estructura fiscal permite generar simultáneamente prosperidad, cohesión social y sostenibilidad financiera del Estado del bienestar.

La evidencia académica sobre el impacto económico de la fiscalidad es amplia y relativamente consistente. Christina Romer y David Romer, en un trabajo publicado en American Economic Review en 2010, concluyeron que las subidas de impuestos tienen efectos contractivos significativos sobre la actividad económica y el crecimiento. En términos similares, los economistas Karel Mertens y Morten Ravn demostraron posteriormente que los cambios fiscales influyen de forma relevante sobre el consumo agregado y la inversión privada.

Y existe un amplio consenso en torno a una idea básica: cuando la presión fiscal desincentiva inversión, ahorro, emprendimiento o consumo, el crecimiento potencial de un territorio tiende a reducirse.

La OCDE viene insistiendo desde hace años en la importancia de que los sistemas tributarios favorezcan productividad, inversión y competitividad económica. En su informe Tax Policy Reforms 2025, el organismo subraya que el diseño fiscal constituye un elemento central en la capacidad de las economías avanzadas para atraer actividad económica y sostener el crecimiento a largo plazo.

España ofrece además un interesante laboratorio comparado. El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, elaborado por Tax Foundation y la Fundación para el Avance de la Libertad, sitúa nuevamente a Madrid entre las comunidades con un sistema tributario más competitivo.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan con claridad algunas de estas diferencias. Según la Contabilidad Regional de España publicada por el INE en diciembre de 2025, Madrid alcanzó un PIB per cápita de 44.755 euros, mientras Castilla-La Mancha se situó en torno a 26.291 euros por habitante. Evidentemente, la explicación de esta divergencia es multicausal y sería intelectualmente deshonesto reducirla únicamente a la política fiscal, pero negar el impacto del marco tributario sobre la competitividad territorial resultaría igualmente simplista.

La fiscalidad tiene además una dimensión institucional frecuentemente olvidada: la legitimidad. Los ciudadanos aceptan mejor los sistemas tributarios cuando perciben proporcionalidad, eficiencia y retorno tangible en forma de servicios públicos. Por el contrario, cuando los impuestos se perciben como excesivos o incapaces de traducirse en mejoras reales, aumenta la desafección fiscal y disminuye la confianza institucional.

"Los ciudadanos aceptan mejor los sistemas tributarios cuando perciben proporcionalidad, eficiencia y retorno tangible en forma de servicios públicos"

Por ello, la cuestión relevante no es únicamente cuánto recauda una administración regional, sino cómo el diseño de su estructura tributaria condiciona la generación de actividad económica, la atracción de capital, la creación de empleo.

Andalucía constituye uno de los ejemplos más citados en este debate. Tras la puesta en marcha de una estrategia orientada a mejorar su competitividad fiscal, la comunidad registró cifras récord de inversión extranjera, alcanzando los 1.364 millones de euros. Del mismo modo, Extremadura protagonizó en 2024 la mayor mejora de España en el Índice de Competitividad Fiscal, pasando de la decimoquinta a la séptima posición.

Pero más allá del debate político, resulta difícil negar que la política fiscal se ha convertido en una herramienta de posicionamiento económico entre comunidades autónomas.

En este contexto, Castilla-La Mancha merece una reflexión específica. Según los últimos informes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), el 34% de los castellanomanchegos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Al mismo tiempo, los datos más recientes de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística sitúan el salario medio anual de la región en 26.062 euros, frente a los 29.540 euros de la media nacional.

La evaluación de políticas públicas exige analizar no solo los recursos invertidos o las intenciones declaradas, sino también los resultados obtenidos. Desde una perspectiva de análisis de políticas públicas, es obligado plantear una pregunta legítima: ¿están produciendo los resultados esperados las herramientas económicas e institucionales que se vienen aplicando durante la última década? Porque cuando una comunidad autónoma mantiene de forma persistente niveles de renta inferiores a la media nacional, salarios más bajos y mayores tasas de vulnerabilidad social, resulta razonable abrir un debate sereno sobre la necesidad de explorar estrategias alternativas.

Utilizando mecanismos de ciencia política comparada debemos analizar el porqué de que una comunidad autónoma experimente mejoras en competitividad, inversión, actividad empresarial o renta disponible tras la adopción de determinadas reformas económicas y fiscales. No para importar mecánicamente modelos ajenos, sino para comprender qué incentivos generan, qué efectos producen y cuáles de sus elementos podrían adaptarse a las características propias de cada territorio. En definitiva, la innovación institucional comienza cuando una sociedad es capaz de preguntarse si existen formas más eficaces de alcanzar los objetivos que comparte.

La cuestión verdaderamente relevante es qué modelo fiscal genera más prosperidad, más inversión, más empleo y una mayor capacidad financiera sostenible para sostener servicios públicos de calidad. Porque los territorios que penalizan sistemáticamente el crecimiento económico terminan debilitando, tarde o temprano, la propia base productiva que financia su Estado del Bienestar.

Castilla-La Mancha dispone de fortalezas extraordinarias. Su posición geográfica como eje de crecimiento económico para el sur de Europa, la capacidad de su sector agroalimentario, su posible tejido industrial y turístico emergente o su proximidad al principal mercado económico del país constituyen activos de enorme valor. Precisamente por ello resulta pertinente preguntarse si el actual marco de gestión pública está permitiendo aprovechar plenamente ese potencial.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad -promovido por el presidente del Gobierno- en relación con el apartado uno del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 5/2025, de 21 de julio, de medidas fiscales de apoyo al medio rural, en cuanto dota de contenido el apartado 8 del artículo 32 de la Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos.

En una nota se recoge que el precepto impugnado “establece una deducción para fomentar la fijación de población ocupada en el medio rural”.

El Gobierno central en su demanda sostiene que el citado artículo podría vulnerar el artículo 46.1 c) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Por tanto “sería contrario a la normativa básica y a las atribuciones constitucionales previstas en el artículo 149.1.14 en relación con los artículos 133.1 y 157.3 de la Constitución”, indica en una nota informativa.

Impuestos y moda no suelen ir de la mano. Pero seis años después del estallido de la pandemia y con la eclosión de los llamados tecnoligarcas —que cada vez acumulan más presencia, poder y riqueza—, los tributos a las grandes fortunas marcan tendencia. De Estados Unidos a Francia, de Dinamarca a Brasil. El eslogan “eat the rich” (comerse a los ricos) ha evolucionado a “tax the rich” (gravad a los ricos). Y, en España, hasta el PP parece estar de acuerdo.

Un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) constata que la imposición sobre la riqueza ha vuelto a una posición central en la agenda académica y política mundial. No solo por las desigualdades crecientes, sino porque las evidencias muestran que, proporcionalmente, las grandes fortunas son capaces de aprovechar mejor los ‘agujeros’ en el sistema para pagar menos que las rentas más bajas. 

El fenómeno, en España, se ha acelerado en la última década, como evidencia el estudio del ‘think tank’ del Ministerio de Hacienda: “En 2017, el 1% más rico de la población poseía el 24% de la riqueza nacional, proporción que aumentó hasta cerca del 30% en 2023. Esto significa que, en un período de seis años, la participación de la riqueza en manos del 1% más rico se incrementó aproximadamente en 6 puntos porcentuales”.

La acumulación de riqueza, dice el estudio, “es un proceso autorreforzante”. Es decir, como una pescadilla que se muerde la cola: “Quienes poseen mayores volúmenes de capital disponen de una mayor capacidad de inversión, lo que genera rendimientos —en forma de intereses y dividendos— que se capitalizan sobre el stock inicial, impulsando un crecimiento de carácter exponencial. Las personas con mayores ingresos tienen una mayor propensión al ahorro, lo que les permite invertir más, a menudo en activos de mayor rentabilidad, lo que, en última instancia, conduce a una mayor acumulación de riqueza”, describen los autores, y se puede ver en el gráfico siguiente.

El trabajo, La fiscalidad de los grandes patrimonios: el estado de la cuestión, recoge las grandes dinámicas a escala internacional no solo con el Impuesto de Patrimonio —que existe, comparativamente, en pocos países del entorno—, sino también con otros gravámenes como a las grandes herencias (que Sumar ya ha propuesto en España), tributos para las donaciones recibidas desde el extranjero, más progresividad en la imposición sobre las rentas del capital o el endurecimiento de los ‘exit taxes’ (impuestos de salida) para aquellos contribuyentes que abandonan el territorio y la residencia fiscal.

De la tasa Zucman en Francia a Mamdani en Nueva York

Quizá la mayor aportación ‘pop’ a esta tendencia internacional ha sido el trabajo del economista francés Gabriel Zucman, que recoge la estela de otro francés, Thomas Piketty, y propuso una tasa anual del 2% a los grandes millonarios, presentada en 2024 durante la presidencia brasileña del G-20. El estudio del economista apuntó que los multimillonarios apenas pagan un 0,3% de impuestos sobre sus fortunas y que, entre 1987 y 2004, el número de multimillonarios ha pasado del 3% al 14% a escala mundial.

“¿Por qué habríamos de permitir que los multimillonarios no pagaran nada?”, se pregunta el propio Zucman en el prefacio de Por qué los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta y cómo vamos a ponerle fin, una pequeña obra editada por Anagrama y que ha visto la luz este mes de mayo. “Los impuestos que no pagan ellos los tienen que pagar otros, ya sea directa o indirectamente, a través de un menor gasto público en educación, sanidad o infraestructuras”, defiende el economista.

Ese argumento de la pescadilla de la riqueza que se come la cola tiene consecuencias no solo en materia de desigualdad o de poder adquisitivo. También repercute en el funcionamiento de la propia democracia: “Mientras no se exija a los ultrarricos que contribuyan todos los años con una cantidad mínima de impuestos, su riqueza seguirá incrementándose más deprisa que la de los demás, al igual que su poder, incluido el de influir en los mercados, en la ideología dominante y en la configuración de las políticas”, advierte.

Con figuras como Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), Sam Altman (OpenAI) o el propio Donald Trump, ha surgido una ola en el neoliberal Estados Unidos que apuesta por aumentar los impuestos a los más ricos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, protagonizó una exitosa campaña electoral con esta promesa. Y le llevó a la alcaldía de la Gran Manzana. En California tendrá lugar el próximo noviembre un referéndum sobre la creación de un tributo del 5% a los milmillonarios en su territorio. El gobernador de ese estado, el demócrata Gavin Newsom, es uno de los posibles aspirantes a la presidencia en las elecciones de 2028.

Los agujeros de los que se benefician las grandes fortunas

En España, en los últimos años ha cobrado mucho interés no solo la posibilidad de imponer la tasa Zucman, sino también la de reforzar el Impuesto sobre el patrimonio, la figura que debería gravar a estas grandes fortunas. Ya en 2022 se impulsó desde el Gobierno el Impuesto Temporal de Solidaridad para las Grandes Fortunas para compensar las rebajas fiscales impulsadas por los gobiernos regionales del PP. Pero el diseño del tributo al patrimonio sigue teniendo demasiadas lagunas. “Agujeros”, como lo ha descrito Oxfam Intermón en un estudio reciente, por los que se pierden todos los años 8.800 millones de euros.

“Es un impuesto que tiene techo de cristal y pies de barro. Cuando uno mira la cantidad del patrimonio que queda exento estamos hablando del 98%”, resumió hace unos días el coordinador de investigaciones de la ONG, Íñigo Macías, durante una jornada en la que se presentaron las principales conclusiones del informe.

La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto.

En una mesa redonda con otros investigadores, la conclusión fue clara: el sistema fiscal no está siendo capaz de reducir las desigualdades, que cada vez son más acusadas. “El 1% y el 5% más rico se han disparado, sobre todo después de la Gran Recesión. Pero, desde 2008 en adelante, uno de los grandes problemas es que se ha dividido entre dos la riqueza del 50% que menos tiene. Son 25 millones de personas que han perdido la mitad de su riqueza neta y esto hace que seamos mucho menos resilientes a los futuros shocks económicos”, resumió Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá. 

La investigadora publicó recientemente un estudio, junto al doctorando Francisco García-Rodríguez, sobre las posibilidades de una reforma del Impuesto de Patrimonio. “¿Podemos con la fiscalidad cambiar la distribución de la riqueza? No. Es imposible. La propuesta más amplia, que es la que propone Piketty en 2014, aplicada a España recaudaría unos 15.000 millones. Con esos 15.000 millones podemos hacer políticas públicas, pero no vamos a cambiar la estructura de la riqueza”, detalló la experta.

La investigadora del Instituto de Estudios Fiscales Nuria Badenes subrayó que “el sistema fiscal está diseñado para una gran mayoría”, que son los trabajadores, no los grandes patrimonios. “Y no es que el sistema esté mal diseñado, pero tenemos que hacer algo para gravar a los más ricos, que no se escapan a un paraíso fiscal, sino que aprovechan las ventajas que les da el sistema”, afirmó. Esos “agujeros” por los que escapan casi 9.000 millones.

Sintonía entre PP, PSOE y Sumar

Y aunque pueda parecer paradójico, parece haber agua en la política española para la piscina que supone un impuesto a los superricos. No hay acuerdo sobre patrimonio, pero PP, PSOE y Sumar mostraron sintonía sobre la posibilidad de gravar a los milmillonarios. 

El diputado popular Pedro Puy, que preside la Comisión de Economía del Congreso, se mostró favorable a un “impuesto global” sobre estas grandes fortunas. “Hay una serie de mecanismos fiscales que podrían ser más efectivos que el Impuesto de Patrimonio”, aseveró. “Repensar si el impuesto de sociedades está bien hecho, si está bien hecha la tributación de los dividendos en el caso de las personas físicas, si las ganancias de capital tributan adecuadamente y, por supuesto, el Impuesto de Sucesiones, que es el mecanismo que mejor hace que se perpetúen las diferencias”, reflexionó. Ideas en las que, más o menos, coincidieron los representantes del PSOE, Juan Antonio González, y de Sumar, Carlos Martín.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, definió la imposición a los que más ganan como una “lucha justa”. “Si se quiere la democracia, se quiere un país justo. Si algo ha demostrado la historia, y lo vemos ahora, es que en los países con un menor nivel de desigualdad, sus economías funcionan mejor y son sociedades más justas”. La moda parece ser que, antes de comerse a los ricos, es mejor freírlos a impuestos.

El Gobierno trata de convencer a la Comisión Europea de que la reforma fiscal aprobada a finales de 2024 ha cumplido con sus objetivos más que de sobra y que los avances en materia tributaria de los últimos años son suficientes para evitar una medida no solo impopular, sino también inoportuna: la subida de los impuestos al diésel que pactó para recibir fondos europeos.

El Ejecutivo comunitario mantiene retenidos 475 millones de euros de los fondos Next Generation EU tras acreditar que el paquete fiscal del Ejecutivo se dejó una pieza fundamental para los objetivos medioambientales europeos. Fuentes del Gobierno explicaron en su momento que los acuerdos con los grupos parlamentarios (se sumaron desde Podemos hasta Junts) incluían esta equiparación fiscal de los combustibles, pero un “error” de los morados impidió la incorporación de la enmienda al texto final de la ley.

Y pasada la ventana de la reforma fiscal, en el Ejecutivo reconocen que las mayorías parlamentarias ya hacían difícil (si no imposible) que saliera adelante una medida con un coste político tan elevado, pero la guerra en Oriente Medio —que ha disparado los precios del petróleo y, precisamente, ha obligado a rebajar los impuestos en los carburantes— la convierten en casi suicida.

“Como se puede imaginar, estamos en una situación ahora mismo donde es difícil plantear también a nivel doméstico una subida de la fiscalidad del diésel”, respondió el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a preguntas de los periodistas a su llegada a la reunión del Eurogrupo de principios de mes.

La equiparación que intentó llevar a cabo el Gobierno —y que ya trató, sin éxito, de introducir en los Presupuestos de 2021— suponía elevar 9,37 céntimos el precio del litro del diésel, hasta los 0,40 euros, la misma cuantía con la que se grava el impuesto de hidrocarburos en la gasolina. El objetivo: “internalizar los costes ambientales que provocan estos carburantes”, de acuerdo con la enmienda del PSOE que no se llegó a aprobar.

Este compromiso se negoció con la Comisión dentro de la reforma fiscal, que formaba parte del quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation EU, solicitado en diciembre de 2024. Y, en su ausencia, el Ejecutivo comunitario la consideró incompleta y, en julio de 2025, congeló una parte de las ayudas a desembolsar.

“En base a la información proporcionada, la Comisión no tiene una garantía razonable de que las pruebas enviadas por España justifiquen debidamente el cumplimiento del hito 388, ya que España no ha proporcionado evidencia ni de la entrada en vigor de la reforma de la imposición al diesel o de alguna reforma en el área de la tributación ambiental, ni cómo las reformas adoptadas (...) han aumentado los ingresos fiscales de manera permanente en, al menos, 0,3 puntos del producto interior bruto (PIB)”, apuntó en su momento la Comisión para justificar la retención.

El Gobierno da la reforma por cumplida

Los Ministerios de Hacienda y Economía —este último departamento es quien lidera las conversaciones con la Unión Europea— se afanan ahora por tratar de convencer al Ejecutivo comunitario de que los avances de la recaudación en los últimos años han sido suficientes para dar la reforma por cumplida.

De hecho, en el Informe de Progreso Anual —el nuevo documento clave de las reglas fiscales europeas— que el Gobierno remitió a Bruselas a finales del mes pasado, el Ejecutivo ya daba por completados los compromisos adquiridos en materia de recaudación: 0,3% del PIB (algo más de 5.000 millones de euros) por la reforma tributaria y otro 0,1% a cuenta de la no deflactación del IRPF.

“La combinación de ambas etapas arroja un compromiso acumulado de un incremento de ingresos públicos de más del 0,4% del PIB en 2028, dando por tanto pleno cumplimiento al compromiso de reforma adquirido en el Plan Fiscal Estructural”, zanjó el Ejecutivo.

El Gobierno trata de cimentar con estas cifras de recaudación el cumplimiento de su compromiso con Bruselas. Una vía que dejó abierta, en parte, la propia Comisión en su valoración del quinto desembolso. “España envió sus estimaciones de ingresos permanentes derivados de las reformas que entraron en vigor, pero estas incluían el impacto del impuesto al diésel que no se aprobó y cuya aprobación estaba prevista en los próximos meses”, dice el documento. Y una vez restado de esas previsiones de ingresos el impuesto al diésel, se quedaban cortas.

Ahora, toda vez que la recaudación y las medidas desplegadas han funcionado mejor de lo previsto, en el Gobierno confían en que sea suficiente para desbloquear los 475 millones de euros dentro del sexto desembolso que reclamó en marzo. “Con las cifras reales de recaudación correspondientes a 2025 ya disponibles, queda acreditado el cumplimiento de los objetivos cuantitativos establecidos para el hito 388”, apuntó Hacienda en la nota de prensa en la que anunciaba la solicitud.

El momento temporal lo es todo, ya que, según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) este miércoles, el precio del gasóleo antes de impuestos en nuestro país ha aumentado un 47,6% desde el estallido de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero. En cuanto al precio de venta, este martes el litro de gasóleo se vendía en las gasolineras a 1,694 euros, frente a 1,568 euros de la gasolina.

El encarecimiento ha sido amortiguado por las rebajas de impuestos aprobadas por el Ejecutivo, pero algunas de ellas (en la luz y el gas) ya se han desactivado y queda en el aire la prórroga a partir del 30 de junio, que es cuando decae el grueso del paquete que diseñó el Gobierno en marzo. A pesar de que la ampliación todavía no está asegurada, la Comisión, en las previsiones económicas publicadas este jueves, ya da por hecho que la reducción del déficit público se frenará.

Según un estudio de ING Economics publicado esta semana, los hogares españoles destinaron un 4,9% de su renta disponible al gasto en combustibles en 2025. El incremento de los precios experimentado en los últimos meses elevará esta factura al 5,3%. Y la propensión no es a conducir menos, sino a gastar menos en otras partidas, apuntan los economistas.

Sumar ha registrado este viernes una proposición de ley en el Congreso para crear un nuevo impuesto a las herencias y donaciones que superen el millón de euros, con la idea de que actúe de forma complementaria al tributo que ya existe sobre sucesiones y donaciones para “combatir el 'dumping' fiscal entre comunidades autónomas”.

La iniciativa plantea que este gravamen se aplique a herencias, donaciones o seguros de vida que superen un millón de euros, dejando fuera las herencias ordinarias y concentrando el esfuerzo fiscal en los grandes patrimonios, con la idea de garantizar un suelo común de justicia tributaria, según informa Europa Press.

El portavoz económico de Sumar en la Cámara Baja, Carlos Martín, ha explicado que con la propuesta se busca combatir prácticas de algunas comunidades como Madrid, donde a su juicio se aplican bonificaciones “que benefician a grandes fortunas incluso con la exención”.

Se permite deducir lo abonado en Sucesiones

La propuesta ha incluido un mecanismo para evitar la doble imposición, permitiendo deducir lo ya abonado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del nuevo gravamen estatal, garantizando así un suelo común de justicia tributaria en todo el territorio nacional.

Desde Sumar se ha apostado, además, por destinar la recaudación derivada de este nuevo impuesto a políticas públicas y apoyo a las personas más vulnerables, vinculando así la medida fiscal a objetivos de redistribución de la riqueza.

Martín ha subrayado que “España necesita un sistema fiscal que no mire hacia otro lado cuando se transmiten patrimonios millonarios”, enfatizando que “la igualdad de oportunidades no puede depender del código postal ni del tamaño de la herencia familiar”.

Al portavoz económico le han acompañado los diputados Enrique Santiago y Alda Recas en el registro de la iniciativa. Santiago, mediante la red social 'X', ha defendido el impulso de esta iniciativa bajo el lema “quien más tiene debe contribuir más” y ha sentenciado: “No puede ser que grandes capitales heredados y grandes donaciones hagan un 'sinpa' en las comunidades autónomas gobernadas por el PP”.

Asimismo, el grupo parlamentario ha considerado que la medida es necesaria para garantizar que las grandes fortunas contribuyan equitativamente al sostenimiento del Estado y sus servicios públicos, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan los herederos.

Ocho de cada diez euros que el Impuesto de Patrimonio podría recaudar se 'escapan' por los agujeros en su diseño. Esa es una de las conclusiones de un estudio de Oxfam Intermón publicado este jueves, que alerta que la necesidad de reformar el tributo para mejorar su capacidad recaudatoria, en un momento en el que cada vez se habla más de las tasas propuestas por economistas como Gabriel Zucman o Thomas Piketty.

De acuerdo con el informe elaborado por la ONG, el tipo medio efectivo que se pagó sobre el patrimonio declarado en 2012 apenas fue del 0,17%, muy lejos del 3,5% que se establece en la norma estatal. Una proporción que aún cae más en el caso de los más ricos: el 0,1% más acaudalado apenas pagó un 0,1%.

El impuesto de España es una rareza en el entorno comparado: solo un puñado de países del entorno (como Noruega o Suiza) cuentan con un esquema similar. El tributo español se creó en 1977 con carácter temporal, primero, pero se hizo permanente a partir de 1991. El Gobierno de Zapatero lo suprimió en 2008, pero lo reactivó en 2011, hasta ahora. La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto. En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, se llegó a bonificar al 100%, anulándolo de facto.

Tres de cada cuatro euros exentos los concentra el 10% más rico

Según Oxfam Intermón, cerca del 42% de la riqueza declarada queda fuera del ámbito del impuesto y, en su gran mayoría, se concentra en los contribuyentes más ricos. El 76% del patrimonio exento lo concentra el 10% de los declarantes con más riqueza, sostiene la organización.

El principal agujero es la exención sobre participaciones y acciones empresariales, que tiene una pérdida de recaudación potencial de 6.700 millones de euros, con datos de 2021. Aunque nació para proteger pequeñas y medianas empresas familiares, el análisis sostiene que actualmente beneficia especialmente a grandes patrimonios con importantes participaciones empresariales.

Otro gran agujero es el 'tope' conjunto a la cuota del impuesto de patrimonio y el IRPF, que conlleva pérdidas de en torno a 2.100 millones de euros. Hasta la entrada en vigor del impuesto temporal sobre las grandes fortunas, el dumping fiscal promovido por algunas Comunidades Autónomas, aplicando sustanciales bonificaciones de la cuota a pagar (de hasta el 100%), suponían otro importante agujero para la recaudación, especialmente beneficioso para las grandes fortunas.

“El impuesto sobre el patrimonio es una herramienta necesaria, pero con un diseño muy débil e insuficiente frente a unas grandes fortunas que estructuran su riqueza para esquivar el pago del impuesto. Está diseñado de tal forma que se va vaciando desde dentro mismo, como si fueran termitas. Y esto reduce su progresividad, su capacidad para recaudar de quién más tiene y para redistribuir la riqueza”, señala Iñigo Macías, investigador de Oxfam Intermón y autor del informe.

Un estudio reciente de los investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Olga Cantó y Francisco García-Rodríguez ya apuntó que una reforma en profundidad del Impuesto de Patrimonio, equiparándolo con el tributo en vigor en Noruega o con un esquema como el planteado por el economista francés Thomas Piketty, dispararía su capacidad recaudatoria y permitiría financiar una prestación universal de crianza de más de 2.000 euros por menor.

Las compañías de mayor tamaño siguen pagando menos, proporcionalmente, que las pequeñas y medianas empresas en su declaración del Impuesto de Sociedades. Un análisis del Consejo General de Economistas confirma que, con datos de 2023, aquellas empresas con más de 250 empleados abonaron un tipo efectivo del 20,8% sobre su base imponible, dos puntos menos que las pymes (22,97%).

A pesar de que España cuenta con un tipo general del 25% en el Impuesto de Sociedades –el tercer gravamen que más recauda del sistema fiscal, por detrás del IRPF y el IVA–, el empleo de deducciones u otros beneficios como la compensación de bases imponibles negativas (es decir, pérdidas en ejercicios previos), así como los recursos para contratar a grandes despachos de abogados fiscalistas, permiten rebajar la carga tributaria de las grandes compañías.

Así, con datos de 2023, el tipo efectivo de las 54.288 grandes empresas que declararon el Impuesto de Sociedades fue del 20,8%, el más bajo de la clasificación. Por encima se encuentran las compañías sin asalariados, con un tipo del 21,2%, 356.471 declarantes; las medianas, aquellas con entre 100 y 250 trabajadores (22,02%, con 159.408 compañías); las microempresas, con menos de 10 empleos (22,37%, 823.652 sociedades); y las pequeñas, hasta 50 empleados (22,97%, 289.315).

La recaudación supera los 40.000 millones

El paquete fiscal que aprobó el Ejecutivo a finales de 2024 incluyó una rebaja del gravamen para aquellas compañías con una facturación inferior a los 50.000 euros, que verán cómo se recorta progresivamente hasta el 17% en 2027 (en 2026 es del 19%), en tanto que se situará en el 20% para aquellas pymes y empresas de tamaño reducido por encima de esa barrera.

El 60% del 1,63 millones de empresas que declararon el Impuesto de Sociedades facturaron menos de 100.000 euros aquel año, y apenas el 16% facturó más de un millón de euros. Algo más de 2.500 compañías reportó una cifra de negocios superior a 100 millones de euros en 2023.

En aquel año, la recaudación del Impuesto de Sociedades alcanzó los 35.060 millones de euros. Los últimos datos, de 2025, arrojan unos ingresos de 42.266 millones, superando la barrera de los 40.000 millones por primera vez desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Desde 2021, año severamente golpeado por la pandemia, esta partida ha aumentado cerca del 60%.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha cifrado este miércoles en 9.428 millones de euros el IVA defraudado en 2022, un 13,3% de los ingresos teóricos de esta figura fiscal y el 0,69% del producto interior bruto (PIB) de ese año.

Fedea ha publicado este miércoles el estudio 'Una aproximación a la brecha fiscal en el IVA de los hogares residentes en España', en el que calcula la brecha fiscal de cumplimiento del IVA de 2022, entendida como la diferencia entre los ingresos teóricos que se obtendrían si no hubiera fraude y lo realmente recaudado, lo que “constituye una aproximación al fraude existente en el impuesto”.

El estudio sitúa los ingresos teóricos del IVA -calculados conforme a la encuesta de presupuestos familiares, la de condiciones de vida y el consumo de los hogares a partir de la contabilidad nacional- en 70.717 millones de euros, lejos de los 61.289 millones de euros efectivamente recaudados.

Fedea advierte de que su cálculo de la brecha, de 9.428 millones, está condicionado por varios supuestos metodológicos, entre ellos la asunción de que no hay fraude en impuestos especiales, un concepto que sirve de base imponible para el IVA de esos productos.

Así, en caso de que se introdujeran en el cálculo del IVA teórico los ingresos reales de los impuestos especiales la brecha fiscal se reduciría a 8.403 millones.

La cantante Shakira se anotó este lunes una importante victoria en su periplo contra la Hacienda española, después de que la Audiencia Nacional condenara a la Agencia Tributaria a devolver 55 millones de euros, procedentes de las declaraciones del IRPF y el Impuesto de Patrimonio de un ejercicio (2011) en el que no era residente fiscal en el país. 

Si bien cabe recurso contra la sentencia ante el Tribunal Supremo, algo que desde el fisco ya han adelantado que van a solicitar a la Abogacía del Estado, el fallo desmonta la interpretación del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y la Agencia Tributaria para considerar a la artista como contribuyente en nuestro país en el año 2011. Este ejercicio fiscal se recurrió por la vía administrativa y no por la penal, una senda que siguieron los ejercicios de 2012 a 2014 y en los que la artista reconoció haber defraudado 14,5 millones de euros al fisco español. Estos son los argumentos con los que la defensa de Shakira ha torcido el brazo a Hacienda.

¿Qué es la residencia fiscal?

La ley fija varios supuestos para determinar la residencia fiscal, como explica el fiscalista Alejandro del Campo, socio fundador del bufete DMS Legal Intelligence, siendo los más relevantes la permanencia más de 183 días en el país o que el núcleo de sus intereses económicos se encuentre en nuestras fronteras. “Cualquiera de esos dos criterios, o ambos, son los que permiten a España considerarte residente fiscal. Hay un tercer criterio, que se maneja de pasada en la sentencia de la Audiencia Nacional, que es cuando tu cónyuge o hijos menores viven en España, lo que supone una presunción de que lo eres, salvo prueba de lo contrario”, apunta en conversación con elDiario.es.

El problema es que, como recoge la sentencia, la Agencia Tributaria solo apunta 163 días de estancia en el país en 2011, en tanto que la defensa de Shakira reconoce 143, menos de la barrera legal. Y en aquel ejercicio ni el centro de sus intereses económicos se encontraba en España ni la pareja, en los primeros compases de su relación, tenía hijos (el primero, Milán, nació en enero de 2013). 

“El elemento más relevante de la sentencia de la Audiencia Nacional es que refuerza una interpretación estricta y probatoria del concepto de residencia fiscal en dos planos”, detalla José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea. “El tribunal insiste en que, si no se acredita la permanencia física en España por encima de 183 días, no puede hablarse de residencia fiscal. Y se subraya que la carga probatoria corresponde a Hacienda, y que no bastan indicios indirectos (consumos, tarjetas, etc.) si no hay prueba sólida de presencia física o de centro de intereses económicos”, apunta por correo electrónico. 

Su noviazgo con Gerard Piqué

Shakira y el exfutbolista del Barça Gerard Piqué se conocieron en 2010, en el Mundial de Sudáfrica, pero no hicieron oficial su relación hasta marzo de 2011. Su idilio –que finalizó en 2022– coincidió con las 90 fechas de la gira “Sale el sol” para presentar su séptimo álbum de estudio y, a pesar de la oficialidad de su romance, para la Audiencia Nacional –a diferencia de lo expuesto por la Agencia Tributaria– no es suficiente para justificar un arraigo fiscal en el país.

Según el abogado Pelayo Ballesteros, del bufete Mas y Calvet, la sentencia subraya que “jurídicamente no es equiparable una relación sentimental a una relación conyugal”, a lo que se suma el hecho de que no había tenido hijos “con un residente fiscal en España”. 

Este, precisamente, era uno de los argumentos fundamentales de Hacienda para amarrar la residencia fiscal en aquel año y el fallo lo rechaza: “Por lo tanto, no existía un núcleo familiar a efectos legales de una persona extranjera”.

¿Qué son esas “ausencias esporádicas”?

Otra de las claves para atar la residencia fiscal son las “ausencias esporádicas”, es decir, las salidas puntuales del país que interrumpen la presencia física pero no las obligaciones fiscales. “España puede considerar que una persona que está en el país tres meses pero luego se va dos meses fuera está en una ausencia esporádica y, por tanto, se computa como permanencia en el país”, dice Del Campo. 

El fiscalista recuerda el precedente que sentó la llamada sentencia de los becarios, de 2017, en la que el Tribunal Supremo cerró la puerta a que la Agencia Tributaria cobrara el IRPF a unos becarios del ICEX que permanecieron fuera más de 183 días, ya que el fisco estimaba que esta era solo una ausencia puntual del país. “Ya esa sentencia dio un buen escudo ante Hacienda frente al cómputo de la permanencia”, dice el experto.

El secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha cree que este caso es “difuso” y coincide con una gira mundial de la cantante que evitó que pasara ese umbral de los 183 días, aunque España fue el país donde más estuvo la artista. 

“La sentencia corrige una práctica administrativa relevante: el uso expansivo del concepto de ”ausencias esporádicas“, dejando claro que no puede vaciar de contenido el criterio de permanencia”, apunta Corrales, lo que, a pesar de reforzar la seguridad jurídica, “podría dificultar inspecciones basadas en presunciones amplias, y potencialmente abrir la revisión de expedientes donde la prueba haya sido débil o indirecta”.

¿Cuánto ha de devolver Hacienda?

La sentencia aún podría ser recurrida al Tribunal Supremo en casación, algo que no descartan los ninguno de los expertos consultados. Los 55 millones que tendría que devolver son las cuantías que tuvo que abonar la cantante, de las cantidades presuntamente defraudadas en el IRPF y el Impuesto de Patrimonio, junto a las dos sanciones muy graves. Sin embargo, Del Campo calcula que el fisco tendrá que abonar unos 73 millones de euros, incluidos intereses, en tanto que Gestha apunta a una cuantía inferior, unos 34 millones.

“Previsiblemente, por lo mediático y por la cuantía millonaria del caso, la Administración interpondrá contra esta sentencia un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. No obstante, en mi opinión el punto es claro y no presenta dudas de derecho –y como se ha visto, tampoco de hecho–, es un tema de prueba. Por ello, lo normal es que el Alto Tribunal considere que el recurso carece de interés casacional y que, en consecuencia, lo inadmita a trámite”, apunta Ballesteros.

Un hecho en el que coincide Mollinedo, el portavoz de Gestha: “La Audiencia Nacional ha hecho una interpretación de las pruebas que ha recabado la Agencia Tributaria y no parece deducirse de esa valoración que la Agencia Tributaria hubiera amarrado correctamente la residencia fiscal”, apunta. “Tal vez esa sea una de las razones por las que no se llevó ese año a delito contra la Hacienda pública”, dice, como sí sucedió con los ejercicios de 2012 a 2014. Shakira reconoció haber defraudado 14,5 millones de euros entre aquellos años para evitar la cárcel.

“Supone un alivio inmenso y un profundo orgullo comprobar el rigor e independencia de nuestros tribunales y nos reconforta constatar que, frente a posiciones administrativas inaceptables, podemos confiar en una Justicia que funciona de verdad y asegura la prevalencia de la ley”, dijo, en declaraciones a través de una nota de prensa, el abogado que ha defendido a la cantante en el proceso, José Luis Prada. 

“Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”, declara la cantante que, desde 2023, reside en Miami.

El economista francés Gabriel Zucman ha ganado relevancia mundial en los últimos años por sus estudios sobre la desigualdad pero, sobre todo, por ser el impulsor de una propuesta para que los patrimonios de más de 100 millones paguen al menos un 2% anual de impuestos. Esta 'tasa Zucman' es ahora una de las peticiones que los Comuns han puesto sobre la mesa de Salvador Illa para actualizar el acuerdo de los presupuestos catalanes, que el grupo de Jéssica Albiach ya pactó hace unos meses, pero que el Govern quiere volver a presentar la próxima semana, tras alinearse con ERC.

La propuesta de los Comuns es prácticamente calcada a la del francés. Se trataría de que las fortunas de más de 100 millones paguen un tipo efectivo del 2%. Es decir, que después de contar todas las exenciones, reducciones y bonificaciones que la ley permite, se les imponga un suelo mínimo del 2% de su patrimonio a pagar anualmente. “Se trata de acabar con los privilegios fiscales de los ultrarricos con una medida de sentido común: la tasa Zucman”, recalcan fuentes de la formación.

De esta manera, los Comuns pretenden enmendar algunos flecos del impuesto temporal que en España se aplica desde 2022 a las grandes fortunas. Por un lado, buscan que la tasa sea permanente. Por otro, apuestan a que la aplicación de este umbral mínimo vaya de la mano de cambios en la forma en cómo se contabilizan las fortunas. “Ahora, la ley deja fuera de los impuestos al patrimonio varios tipos de bienes, entre ellos bienes o inmuebles vinculados a una empresa”, aseguran desde los Comuns, que indican que debería contabilizarse el conjunto de la fortuna en la línea a las tesis de Zucman.

Actualmente, el impuesto temporal en España contempla un tipo del 3,5% por encima de 10,7 millones de euros. Además, el impuesto al patrimonio de Catalunya tiene, gracias a un acuerdo de 2022 de los Comuns, un tipo del 2,75 por encima de los 10,7 millones y del 3,48 por encima de los 2. Pero, debido a las excepciones y descuentos a las que los multimillonarios pueden acogerse y que los Comuns quieren topar, el impuesto medio que se recauda en Catalunya y en España “no llega ni al 0,3% del total de patrimonio que declaran las personas con grandes fortunas”, explican fuentes de la formación.

Para llevar a cabo esta reforma fiscal, el plan del grupo de Albiach es convencer a los socialistas de sacar adelante una propuesta para que el Parlament ejerza su iniciativa legislativa ante el Congreso. Una fórmula que la Cámara catalana ha ejercido en diversas ocasiones, la última hace pocas semanas para proponer cambios en la ley de la eutanasia, y que permitiría que tres diputados catalanes acudan a Cortes a defender la proposición de ley.

Gabriel Zucman es un economista muy influyente en el conjunto de la izquierda global, pero al que recientemente el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado cercano. En febrero pasado, el presidente recibió a Zucman en Madrid, durante unas jornadas ministeriales contra la desigualdad. Dos meses después el economista participó en el gran encuentro progresista de Barcelona con el que Sánchez enmarcó la cumbre con Lula y otros jefes de Estado y de Gobierno de izquierdas.

Los Comuns quieren ahora que los socialistas vayan más allá de las palabras y muestren su compromiso con la propuesta estrella de Zucman sobre fiscalidad. De sellarse este acuerdo, se incorporaría al conjunto de medidas que ya firmaron en su día Comuns y PSC a cambio del apoyo a las cuentas. Entre los pactos destaca la nueva regulación para prohibir las compras de vivienda por parte de inversores, una medida que dependerá de los municipios y finalmente afectará tanto a los grandes caseros y como a empresas.

Gestionar y sacar adelante una pyme implica mucho más que vender un producto o prestar un servicio concreto. Y cualquier que tenga una lo sabe: entre facturas, proveedores, nóminas y clientes, las obligaciones fiscales suelen convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza. Y no es raro: el sistema tributario español cambia con frecuencia, exige numerosos trámites y deja poco margen para los despistes.

Sin embargo, muchos de los problemas con Hacienda no llegan por grandes fraudes ni por decisiones deliberadas, sino por errores cotidianos que pueden derivar en sanciones, recargos o pérdidas económicas que suelen ser evitables. Los errores se repiten con frecuencia: desde presentar impuestos fuera de plazo hasta deducirse gastos que no corresponden. Fallos que, en muchos casos, se pueden solucionar con una mejor organización y planificación.

Uno de los errores fiscales más frecuentes es no cumplir correctamente con los plazos de presentación de impuestos. IVA, retenciones, pagos fraccionados o Impuesto de Sociedades forman parte de un calendario tributario que obliga a estar pendiente durante los doce meses del año. Es habitual que muchas empresas pequeñas, especialmente aquellas que no cuentan con un departamento financiero propio, dejen todo ese tipo de trámites para el último momento. Y no conviene: incluso un retraso leve puede traducirse en recargos automáticos, intereses o sanciones económicas.

Para evitarlo, cada vez más negocios recurren a programas de gestión, recordatorios automáticos o asesorías externas. Tener un calendario fiscal actualizado y revisarlo periódicamente sigue siendo una de las medidas más eficaces para evitar errores innecesarios.

Otro fallo muy común es mezclar gastos personales y profesionales. Esto ocurre especialmente en autónomos y pequeñas sociedades familiares, donde determinados pagos terminan difuminándose entre lo privado y lo empresarial. Comidas, vehículos, teléfonos móviles o suministros son algunos de los conceptos que más dudas generan.

El problema aparece cuando la empresa intenta deducirse un gasto sin poder demostrar claramente que está vinculado a la actividad profesional. Hacienda suele vigilar especialmente este tipo de deducciones y, si considera que no están justificadas, puede reclamar las cantidades correspondientes junto con sanciones.

El IVA, un foco de errores

El IVA continúa siendo uno de los terrenos donde más fallos cometen las pymes. Tipos impositivos incorrectos, facturas mal emitidas o declaraciones inconsistentes son incidencias relativamente habituales. En muchos casos, el problema no responde a mala fe, sino simplemente a desconocimiento de la normativa.

Hay que tener en cuenta que no todas las actividades tributan igual, y algunos productos o servicios pueden estar sujetos a tipos reducidos o exenciones específicas. Además, el auge del comercio electrónico y de los servicios digitales ha complicado todavía más la situación, especialmente en operaciones con clientes extranjeros o ventas intracomunitarias. Por eso, revisar periódicamente la facturación y contar con asesoramiento especializado resulta especialmente importante en negocios que operan online o trabajan fuera de España.

A esto se suma otro problema frecuente: la mala gestión documental. Aunque la digitalización ha facilitado muchos procesos administrativos, todavía hay empresas que almacenan facturas y justificantes de forma desordenada o poco segura. Facturas perdidas, tickets deteriorados o archivos mal clasificados siguen siendo situaciones habituales.

La normativa obliga a conservar determinada documentación durante varios años, y no poder aportarla ante un requerimiento de Hacienda puede convertirse en un problema serio. Digitalizar facturas, mantener sistemas de archivo organizados y utilizar herramientas de almacenamiento seguro ayuda a reducir riesgos y ahorrar tiempo.

Adaptarse a los cambios 

Otro de los grandes errores que cometen muchas pymes es descuidar las novedades normativas. La fiscalidad cambia constantemente y no siempre resulta sencillo mantenerse al día. Nuevos sistemas de facturación, modificaciones tributarias o cambios en deducciones afectan directamente a la gestión diaria de miles de pequeñas empresas.

Uno de los ejemplos más recientes, y de los que más se habla en el mundo de las pymes, es Verifactu, el nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para reforzar el control sobre la facturación empresarial. Aunque muchas compañías todavía no han empezado a adaptarse, los cambios tecnológicos y administrativos asociados obligarán a revisar procesos internos y herramientas digitales.

El problema, una vez más, es que muchas empresas reaccionan tarde, cuando los cambios ya son obligatorios y el margen para la adaptación es mínimo o prácticamente nulo. Una situación que suele traducirse en prisas, lo que conlleva la comisión de errores y, en última instancia, unos costes mayores.

Además, muchas pymes continúan gestionando sus impuestos de forma reactiva, sin una planificación fiscal mínima. Solo piensan en Hacienda cuando llega el momento de presentar declaraciones, lo que dificulta prever pagos, organizar la tesorería o aprovechar posibles deducciones.

Por ello, planificar la carga fiscal no significa tratar de pagar menos, sino evitar sobresaltos financieros y gestionar mejor los recursos disponibles. Revisar ingresos, prever gastos y anticipar obligaciones tributarias permite tomar decisiones con más estabilidad y margen de maniobra.

En ese contexto, cada vez más pequeñas empresas están apostando por profesionalizar su gestión administrativa y apoyarse en herramientas digitales o asesoramiento externo. En un entorno donde las obligaciones fiscales son cada vez más complejas y cuentan con un factor tecnológico clave, la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar problemas con Hacienda de cara a centrar los esfuerzos en lo realmente importante para cualquier pyme: hacer crecer el negocio.

En las últimas semanas, hemos vuelto a escuchar con frecuencia, especialmente por parte de portavoces conservadores, la propuesta de deflactación del IRPF: una modificación fiscal que permitiría corregir el sobrecoste fiscal añadido por la llamada 'progresividad en frío'. Pero, en el fondo, abordar la pérdida de poder adquisitivo desde ese planteamiento es atacar las consecuencias y no las causas del problema.

La pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas se produce como consecuencia del mayor crecimiento de los precios de los bienes de consumo respecto al crecimiento de los salarios: aunque suban los salarios nominales —lo que vemos en nuestra nómina—, si con ellos podemos comprar menos cosas, eso significa que ha empeorado nuestra capacidad adquisitiva; es decir, el salario real se ha reducido. Como se puede ver en el siguiente gráfico, los salarios reales en España apenas han avanzado desde principios de siglo: tras un periodo de mejora hasta 2008 y caídas marcadas a partir de 2021, hoy se sitúan en niveles muy similares a los de hace dos décadas. La inflación se ha terminado comiendo casi todas las ganancias nominales acumuladas.

Una consecuencia no deseada de este proceso es que pagamos más impuestos porque declaramos ingresos mayores, e incluso podemos ubicarnos en tramos del IRPF más altos sin que en ningún caso realmente nos hayamos convertido en personas más ricas. Como se sabe, el sistema fiscal está diseñado por tramos de ingresos, a modo de escalones. Como el sistema es progresivo, eso significa que cuando pasamos de escalón —porque cobramos más— también pagamos un tipo marginal mayor sobre los nuevos ingresos, lo que arrastra al alza nuestro tipo efectivo medio. El problema es que se puede subir de escalón porque la nómina indica mayor cantidad ingresada en concepto de salarios nominales, pero en realidad no existe su correspondiente mayor poder adquisitivo. En suma: pagamos más impuestos como si fuéramos más ricos, pero sin serlo.

Como consecuencia, es posible hablar de que este proceso supone una subida indirecta de impuestos: el contribuyente paga más IRPF aunque no sea más rico, y el Estado ingresa más por la misma cantidad de renta real. De ahí que emerja de vez en cuando la propuesta de que hay que ‘deflactar’ el IRPF, es decir, ajustarlo de modo que se pague impuestos de acuerdo con los salarios reales y no con los salarios nominales. Esto implicaría que los contribuyentes pagarían menos impuestos respecto a la situación actual y el Estado dejaría de percibir esas cantidades de recursos adicionales: sería, de facto, una bajada de impuestos. Además, tal y como suele plantearse —deflactación lineal de toda la tarifa— el ahorro absoluto crece con la renta y no llega a quienes no tributan.

Siendo todo lo anterior cierto, el problema real tiene que ver con que la deflactación del IRPF es una medida dirigida a atacar las consecuencias de la inflación, y no sus causas. Y aquí es evidente que la ideología influye a la hora de determinar dónde hay que poner el foco, si en lo que provoca la inflación o en las consecuencias de la misma. Mientras la propuesta de deflactación del IRPF construye una narrativa según la cual es el Estado el problema de la pérdida de poder adquisitivo —porque te da un mordisco fiscal extra como consecuencia de la inflación—, el problema de fondo de la inflación, como analizamos la semana pasada, nos empuja a hablar de los beneficios empresariales, del poder de mercado de determinadas grandes empresas y de la dificultad de la clase trabajadora para indexar salarios, es decir, para que estos acompañen el ritmo de subida de los precios. Sobra decir que esto es lo que explica que las derechas estén más interesadas en hablar de deflactación del IRPF, y las izquierdas de las causas originales de la inflación.

Pero no se trata únicamente de ideología. Hay aquí una secuencia lógica difícil de discutir: en un escenario de inflación cero —o en otro en el que los salarios nominales suban por encima de los precios— la propuesta de deflactar el IRPF sencillamente no sería necesaria. La deflactación es, por definición, una respuesta defensiva ante un problema previo; nunca una solución a ese problema. Por eso atacar la causa primera —los precios, no los tramos— es lo único que vuelve innecesarias todas las medidas correctoras posteriores. La deflactación, en el mejor de los casos, alivia; pero también resigna: asume que la inflación seguirá comiéndose nuestros salarios y se limita a impedir que, encima, paguemos más impuestos por ello.

Como ya argumenté en el análisis anterior, la causa principal de la inflación de los últimos años viene explicada por la subida de los beneficios empresariales: los distintos modelos utilizados para evaluar este fenómeno apuntan a ello, razón por la cual incluso el FMI [Fondo Monetario Internacional], el BCE [Banco Central Europeo] y la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] —todos tradicionalmente reacios a este tipo de conclusiones— han acabado reconociendo el papel crítico de las grandes empresas en la elevación de la inflación; y todos concuerdan en que los salarios no tienen ninguna responsabilidad, más allá de que los trabajadores intenten luego vanamente recuperar terreno. Frenar ese proceso es posible, pero requiere centrarse en aquellas empresas con gran poder de mercado y que aprovechan ciertos shocks de oferta —como el cierre del estrecho de Ormuz— para elevar los márgenes de beneficios. Esto sucede sobre todo en sectores como la energía, pero también en los que cadena abajo tienen protagonismo grandes empresas que operan como oligopolios de facto. Una fuerte imposición fiscal a sus ganancias permitiría no tanto recaudar —un objetivo aquí secundario— como reducir el incentivo a aprovechar la situación: si gran parte del margen extraordinario acaba siendo expropiado vía impuestos, la rentabilidad esperada de subir precios disminuye, y con ello la presión inflacionaria. En ciertas condiciones, incluso la fijación de precios permitiría contener la inflación, como sucedió con el tope al gas para la generación eléctrica (la llamada excepción ibérica) durante la guerra en Ucrania.

Hay en todo esto una excepción significativa: los perceptores del salario mínimo. A diferencia de los salarios medios, el salario mínimo ha disfrutado de grandes subidas tanto nominales como reales en los últimos años, especialmente desde 2019, primera subida importante pactada con apoyos parlamentarios y luego con socios de coalición. El siguiente gráfico lo ilustra con claridad: los perceptores del salario mínimo sí han tenido mejoras considerables de poder adquisitivo.

Ya tuve oportunidad de hablar de este fenómeno en otro análisis, titulado “Los límites de las subidas del salario mínimo”. En realidad, esta asimetría entre el salario mínimo y el salario medio tiene que ver con la dificultad que encuentra el Gobierno en incidir en los problemas que enfrentan los trabajadores a la hora de negociar con las grandes empresas. Tras décadas de políticas neoliberales, los trabajadores están más expuestos a los caprichos de sus empleadores, tienen menos instrumentos para negociar colectivamente —como consecuencia de las reformas laborales, sobre todo la de 2012— y lo hacen en estructuras empresariales más flexibles y con menos trabajadores —nada que ver con las viejas industrias de los años 80—. Eso es lo que explica que cuando sube la inflación, los trabajadores apenas tienen capacidad para recuperar el terreno perdido. Y el Gobierno, incapaz de entrar en ese terreno, ha recurrido en la última década a la política del salario mínimo para compensar. Y aunque ha tenido efectos muy beneficiosos, tanto para sus perceptores como para la economía en general, se trata de una política limitada, tanto en el alcance —no a todos los trabajadores— como en el tiempo. Resulta insostenible porque comprime la estructura salarial en torno al SMI: trabajadores con antigüedad o cualificación terminan cobrando lo mismo que quienes acaban de incorporarse, lo que aplana las trayectorias internas y traslada tensiones a la negociación colectiva.

En definitiva, la deflactación del IRPF puede actuar como un parche de alivio temporal, pero confunde el síntoma con la enfermedad. Si los salarios reales se mantienen planos década tras década, si la negociación colectiva ha quedado debilitada y si el SMI ha alcanzado el techo de lo que puede aportar como herramienta compensatoria, el debate fiscal en torno al IRPF resulta una distracción frente a lo que de verdad está en juego: la capacidad de la mayoría social para que sus salarios acompañen a los precios, y la capacidad del Estado para intervenir aguas arriba —en los márgenes empresariales, en el poder de mercado de los oligopolios, en la arquitectura de la negociación colectiva— y no solo aguas abajo, en la nómina del contribuyente.

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a moderar el crecimiento del gasto público en 2026 hasta el 4,2%, a pesar de las medidas extraordinarias por la guerra en Oriente Medio, y después de que en 2025 avanzara un 4,5% sin tener en cuenta las inversiones en Defensa. El Ejecutivo ha trasladado a la Comisión Europea que seguirán embridando las cuentas públicas, con una reducción del déficit y de la ratio de deuda pública. Este último indicador cerrará 2026 por debajo del 100% del producto interior bruto (PIB) por primera vez desde 2019.

Los Ministerios de Economía y Hacienda han remitido este jueves, al filo de la medianoche, el Informe de Progreso Anual, el documento clave de las reglas fiscales europeas, en el que detallan el cumplimiento del Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo que el Ejecutivo pactó con la Comisión Europea a finales de 2024.

Como ya avanzó el Ejecutivo el martes, el documento se reafirma en que España cumplió con la regla de gasto -la medida de referencia para el nuevo marco de gobernanza económica- en 2025. El año pasado el gasto público -una vez descontadas las medidas de ingresos, que compensan el avance de estos costes- creció un 4,5%, en el límite máximo fijado por Bruselas.

Esto se debe, como explica el documento enviado al Ejecutivo comunitario, a que el crecimiento potencial de la economía española -es una medida teórica de cuánto puede avanzar el PIB sin provocar desequilibrios- ha sido superior tanto en 2025 a las previsiones que se manejaron en la elaboración del Plan Fiscal Estructural. Si a finales de 2024 se estimaba que este avance potencial era del 2%, las últimas simulaciones lo sitúan entre el 2,6 y el 2,8%. Esto ha dado mayor margen de gasto al tiempo que se cumplen las reglas fiscales.

El vicepresidente Carlos Cuerpo confirmó el martes que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea activar la cláusula de escape del gasto en Defensa, un mecanismo puesto en marcha por Bruselas para impulsar las inversiones en seguridad, que permiten que estas partidas no computen a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Según el Informe, esto equivale 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del gasto computable.

En términos acumulados, entre 2024 y 2025 el gasto creció un 8,7%, por debajo del margen permitido por las reglas fiscales. Si las previsiones del Gobierno se cumplen, con ese avance del 4,2% para este ejercicio, el gasto acumulado será del 13,3%, por debajo de las líneas rojas fijadas en la reforma de 2024.

El menor déficit en 20 años

Este menor crecimiento del gasto público redundará en una mejora de las cuentas públicas. El Gobierno estima que el déficit público cerrará el año en el 1,6% del PIB, una vez descontados los gastos extraordinarios a los que aún está haciendo frente el Gobierno por la DANA de 2024 y por las inundaciones de principios de este año. Esto supone una reducción de seis décimas desde el 2,2% notificado a Bruselas en 2025 y muy por debajo del objetivo que se fijó el Ejecutivo para este año, que era del 2,1%.

El Gobierno asegura que este año cerrará también con un superávit primario del 0,9% (esto es, la diferencia positiva entre ingresos y gastos públicos una vez descontado el coste de pagar los intereses de la deuda), lo que permitirá acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. En concreto, ya este año se situará en el 99,3% del PIB, la menor tasa desde 2019 y adelantando un año el objetivo fijado para el final de la legislatura.

Además, el Ejecutivo da por cumplida la reforma fiscal y cifra en 2.300 millones la recaudación extra en 2025 por no actualizar con la inflación los tramos del IRPF, unos ingresos 'extra' que suponen el 0,14% del PIB y que permiten al Ejecutivo cumplir con el objetivo de la reforma fiscal pactada con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación de los fondos europeos.

El Gobierno ha mantenido la previsión de crecimiento económico en el 2,2%, ante la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, pero calculan que los efectos de la guerra podrían costarle entre 0,1 y 0,4 puntos de PIB. Los datos de cierre de 2025, cuando España creció un 2,8% con una aceleración a final del ejercicio, y la robustez del principio de año (el PIB ha avanzado un 0,6%) sostienen esta proyección.

Sí prevén una mayor inflacion, medida por el deflactor del PIB, pero justifican que esta subida (al 3,1%) se debe a que el año pasado cerró por encima de lo que habían anticipado. Es decir, que tampoco incorpora el efecto de la subida de los precios del petróleo y el gas por la guerra.

Arcadi España (Carcaixent, 1974) cumple este fin de semana un mes con la llave de la caja del Gobierno central en su bolsillo. El nuevo ministro de Hacienda llegó al Gobierno a mitad de legislatura, con la tarea de llenar el gran hueco dejado por la exvicepresidenta María Jesús Montero, unos Presupuestos prorrogados, un modelo de financiación al que le falta letra pequeña por escribir y una guerra en Oriente Medio cuyos efectos pueden convertirse en un dolor de cabeza a la hora de cuadrar las cuentas públicas.

En su primera entrevista con un periódico desde que tomó posesión, España atiende a elDiario.es en la mañana del viernes. Se reafirma en que presentará los Presupuestos, pero apunta que ahora el Gobierno está centrado en “amortiguar las consecuencias” del conflicto en los bolsillos. Hace suya la propuesta de reforma de la financiación autonómica diseñada por Montero y carga contra el dumping fiscal de algunos gobiernos autonómicos: “Decir que no a este modelo no responde a razones racionales”.

¿Cuándo va a presentar los Presupuestos?

Lo importante son dos elementos. El primero, un elemento de tranquilidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que, con presupuestos prorrogados, el Gobierno de España puede hacer frente a todas las necesidades que hay en nuestra economía. Por ejemplo, el último paquete de medidas de 5.000 millones de euros para amortiguar los efectos de la guerra en Irán. 

Vamos a presentar los Presupuestos, pero en este momento el Gobierno de España está centrado en la misma preocupación que tienen todos los españoles y españolas: cómo amortiguar las consecuencias de la guerra en Irán en su actividad diaria, en la cesta de la compra, en la gasolina, en el recibo de la luz y también para nuestras pymes, autónomos, agricultores y el sector del transporte.

En 2024 también dijeron que presentarían los Presupuestos. Pasó lo mismo en 2025. Ahora, en 2026, ya estamos a finales de abril. ¿Por qué esta vez sí tenemos que pensar que van a hacerlo y que no van a ir directamente a los de 2027?

Por desgracia, esta guerra ilegal cada día cambia, con las consecuencias que tiene en las familias. Estamos trabajando conjuntamente con la Vicepresidencia primera y el Ministerio de Economía para tener un cuadro macro que sea lo más fidedigno y, con esas previsiones, presentar los presupuestos. Por lo tanto, funcionamos bien y con normalidad, a pesar de tenerlos prorrogados. 

Vamos a presentar los Presupuestos, pero el Gobierno está centrado en amortiguar las consecuencias de la guerra en Irán

Hablando de las consecuencias de la guerra, ¿cuánto espacio fiscal queda para tomar nuevas medidas en el caso de que fueran necesarias?

El primer paquete es de 5.000 millones de euros con una vigencia de tres meses, que luego ya veremos en función de cómo evolucione si es necesario tomar medidas adicionales o no. Pero partimos de dos elementos importantes: el elemento fiscal, al que hace referencia. Yo quiero reconocerle a la anterior vicepresidenta y ministra de Hacienda que tenemos el déficit más bajo en 18 años, que nuestra deuda pública ha bajado más de 25 puntos desde el pico de la pandemia, y que nuestra prima de riesgo está por debajo de los 50 puntos básicos, mucho mejor que otras grandes economías de la zona euro. Las constantes vitales financieras de nuestro país nos permiten tener ese margen necesario para afrontar estos 5.000 millones y las circunstancias que pudieran venir en el futuro. 

Otro segundo elemento es que, como país, estamos mejor preparados, no solo en términos financieros, sino también por la apuesta por las renovables. La vacuna para protegerse mejor ante estas guerras ilegales de energía es tener autonomía estratégica. Que el 60% de la electricidad de nuestro país sea de renovables es una garantía de que podemos capear el temporal provocado por esta guerra ilegal.

España es uno de los cinco países que ha reclamado a la Comisión Europea un impuesto extraordinario a los beneficios de las energéticas por este conflicto. España ya tuvo uno, pero decayó por falta de apoyos. ¿No resulta contradictorio tratar de impulsarlo a nivel europeo cuando aquí se ha dejado en un cajón?

Yo creo que es fundamental tener en cuenta la perspectiva de la crisis internacional y del europeísmo que tiene el presidente del Gobierno. Recuerde también la iniciativa del presidente Pedro Sánchez y del presidente de Brasil, Lula da Silva, de poner ese impuesto a los ultrarricos del mundo, que se tiene que hacer de una forma global, porque los grandes patrimonios siempre buscan alguna fórmula para poder esquivar sus responsabilidades fiscales en los países. En esta iniciativa, que no solo está impulsada por España, sino también por una gran economía como es Alemania y otros países, tenemos que buscar ese ámbito europeo.

¿Y se plantea hacerlo de manera autónoma, a la española, en el caso de que no salga adelante una solución europea?

Estamos en la solución europea y tenemos que centrarnos en eso. Estos dos días en Chipre, en el Consejo Europeo informal, se estará hablando, a iniciativa del Gobierno de España y de otros de la Unión, de esa propuesta que me parece muy positiva y necesaria para que los costes de esta guerra se distribuyan justamente. También con determinadas empresas que están haciendo unos beneficios extraordinarios a raíz del conflicto.

En el caso de que la guerra se enquiste, ¿se plantea pedir la suspensión de las reglas fiscales?

El presidente, esta misma mañana [la de este viernes] antes de entrar en el Consejo informal, ha planteado dos cosas que me parecen muy relevantes. La primera es la necesidad de extender los Fondos Next Generation EU para acelerar el proceso de transformación energética, de descarbonización y de apuesta por las renovables. España lidera ese proceso en la Unión Europea, y es lo que nos permite tener una situación de partida mejor para afrontar la situación. 

Y la segunda, que tiene que ver con una cláusula de salvaguarda para, igual que se ha hecho con el gasto en defensa, que no compute en términos de déficit la inversión en la descarbonización y la electrificación. Y lo hacemos con la legitimidad de que estamos cumpliendo nuestros compromisos financieros y de estabilidad.

Mencionaba usted el gasto en Defensa. Los Presupuestos tendrán que incorporar el gasto del 2,1% del PIB. Justo esta mañana hemos conocido un correo del Pentágono en el que se plantea la posible expulsión de España de la OTAN por su actuación en relación con la guerra en Irán. ¿Cuál es la opinión sobre este asunto?

Es un correo electrónico interno. Lo que tenemos claro es que España cumple con sus compromisos internacionales con la Alianza. Estamos ya en esa cifra de inversión respecto al PIB y actuamos siempre con lealtad con nuestros socios. Por lo tanto, cumplimos y actuamos con lealtad. Eso sí, si me permite, lealtad no significa sumisión.

Cumplimos con nuestros compromisos con la OTAN. Pero lealtad no significa sumisión

Otro de los asuntos pendientes que le dejó la vicepresidenta Montero, quizá el más espinoso, es el modelo de financiación autonómica. ¿Lo asume como propio?

Absolutamente. Yo he tenido la responsabilidad de ser consejero de Hacienda en la Generalitat Valenciana y es un modelo muy esperado y muy justo con todas las comunidades autónomas. Ninguna pierde, todas ganan. El Gobierno de España, de sus recursos, pone encima de la mesa 21.000 millones de euros para el conjunto de comunidades autónomas, que es como decir para el Estado del bienestar de nuestro país. Es más transparente, con reglas justas y el gap que hay entre las diferencias de inversión per cápita entre unos ciudadanos y otros se reduce radicalmente. Decir que no a este modelo no responde a razones racionales por parte de ninguna comunidad autónoma.

Después de ser consejero de la Comunitat Valenciana, ¿se puede defender como ministro un modelo en el que se le va a dar cierta financiación singular a Catalunya?

Es un modelo aplicable para todos, transparente. Hemos visto las cifras. Las comunidades que mayor volumen de recursos van a tener están gobernadas por el Partido Popular: la Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia… Las más infrafinanciadas históricamente. Es un modelo muy justo y que trata a todo el mundo por igual. Puedo entender determinados argumentos de la estética, sobre cómo se presentó o no se presentó. Pero el modelo es profundamente justo, igualitario con el conjunto y que beneficia a todas las comunidades autónomas. No hay ningún trato preferente. Lo que hay es un trato más justo con todas las comunidades autónomas que el modelo que existe en la actualidad.

¿Cuándo va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar a los consejeros el anteproyecto de ley?

Como sabe, ya se presentó por parte de la vicepresidenta Montero en el Consejo de Política Fiscal. Estos meses nos hemos encontrado con procesos electorales, con configuraciones de nuevos gobiernos y ahora está todavía el proceso electoral en Andalucía. Pero la hoja de ruta se mantiene igual, con el mismo compromiso firme de tener también un diálogo con las comunidades autónomas, como así se acordó y se dijo en el Consejo de Política Fiscal. El objetivo es el mismo: presentar el proyecto de ley de un nuevo modelo y que cuanto antes pueda estar en vigor. Al Gobierno de España le gustaría que esa fecha fuera el 1 de enero de 2027.

¿Entonces el proyecto saldrá o irá al Consejo de Ministros antes del verano para dar tiempo a que suceda?

Veremos los plazos administrativos que tenemos. Lo que sí que tenemos es el compromiso de presentarlo. Pero yo creo que todas las comunidades autónomas, especialmente las que tienen más problemas financieros, tienen mucha urgencia de que este nuevo modelo se apruebe cuanto antes.

No puede ser que determinados territorios bajen los impuestos a las rentas más altas y luego pretendan que el Gobierno de España, con los impuestos del conjunto de los españoles, les pague el regalo fiscal

¿Cuándo va a recaudar Catalunya el 100% del IRPF?

El Gobierno de España cumple sus compromisos y, en este ámbito, el compromiso es el asumido en la comisión bilateral con la Generalitat de Catalunya, que establecía que, para el conjunto de comunidades autónomas, había que buscar vías para una mayor corresponsabilidad de la gestión y para una mayor implicación también. Siempre en red con la Agencia Tributaria.

Una de las obsesiones de la vicepresidenta Montero en relación con el modelo de financiación era poner freno al dumping fiscal que se hace desde determinadas comunidades como Madrid o Andalucía. ¿Cómo va a intentar evitar esa competencia a la baja en materia de impuestos?

La competencia a la baja en materia de impuestos es una competencia desleal dentro de un Estado autonómico, desde mi punto de vista, y va contra el Estado del bienestar. No puede ser que determinados territorios bajen los impuestos a las rentas más altas y luego pretendan que el Gobierno de España, con los impuestos del conjunto de los españoles, les pague el regalo fiscal. Eso hay que criticarlo y hay que combatirlo. 

Este modelo es muy transparente. Va a permitir que todo el mundo vea la situación de cada una de las comunidades autónomas, de los flujos que va a haber de solidaridad entre territorios e incrementa también el grado de corresponsabilidad fiscal. Si un gobierno autonómico decide bajar los impuestos a las rentas más altas y los grandes patrimonios y hacerse un agujero en sus propios presupuestos, sus ciudadanos tienen que saber que irá en detrimento de sus servicios públicos.

Otra de las iniciativas impulsadas por el Gobierno, tras un acuerdo de investidura, fue la condonación de 83.000 millones de deuda autonómica. El proyecto ya está en el Congreso de los Diputados, pero no ha habido avances. ¿Le va a dar un nuevo impulso?

Son los grupos parlamentarios y la Cámara la que tiene que decidir cuándo actuar. Yo creo que el proyecto es muy bueno y quiero hacer una defensa de lo que significa, porque he visto muchas reacciones de comunidades autónomas absolutamente incomprensibles. Siempre pongo un ejemplo: imagínese usted que tiene una hipoteca con un banco. Va al banco y el director o directora le dice “Mire, usted me debe 200.000 euros. Le voy a quitar 100.000 euros y no me los va a tener que devolver”. Y tú te levantas y te vas y dices que te parece mal. No es racional. Ninguna comunidad autónoma puede decir que no a este proyecto de ley de condonación. Te puede parecer poco o mucho, pero no puedes decir que no.

Ministro, ¿vivimos en un infierno fiscal?

No, no vivimos en un infierno fiscal. Los bulos no solo están en el ámbito más político, también hay bulos en el ámbito fiscal. Tenemos que hacer dos ejercicios, si me permite. El primero es compararnos cómo estamos respecto a otros países de nuestro entorno. Nuestra presión fiscal está tres puntos por debajo de la media, muy lejos de la presión fiscal de Alemania, de Francia o de Italia, que son países referentes y vecinos nuestros. 

Y dentro de España hemos hecho durante todos estos años un esfuerzo sin precedentes de mejorar la progresividad. En España ahora el sistema fiscal es más justo que en el año 2018, cuando llegamos al gobierno. Las rentas más bajas, las clases medias y trabajadoras pagan menos impuestos que lo que pagan los grandes patrimonios y los grandes beneficios empresariales.

Lo del infierno fiscal, además de un eslogan peligroso. Ya no es el debate clásico que había entre izquierda y derecha, en el que la izquierda defendía un sistema progresivo donde quien más tiene, más paga; y la derecha apostaba por unas bajadas a los grandes patrimonios y la gente con más dinero, porque así decían que tendrían más recaudación. Yo no comparto la visión de la derecha, pero puedo respetar ese debate. El Partido Popular ha dado un paso más en la irresponsabilidad de un partido que quiere ser de gobierno y ya solo plantea “¿impuestos sí o impuestos no?”. Yo quiero recordarle al Partido Popular de dónde sale el dinero para pagar un trasplante de corazón, que vale 90.000 euros, o una noche de UCI de 3.700 euros. ¿De dónde sale el sueldo de la Policía, de la Guardia Civil, del Ejército, de los profesores y profesoras, de los maestros, de los enfermeros y las enfermeras? “¿Impuestos sí o impuestos no?” es “¿Estado de Bienestar sí o Estado de bienestar no?”. Debatamos si quieren sobre la progresividad, pero es una irresponsabilidad plantearlo en términos de que todos los impuestos son un robo a los ciudadanos.

Uno de los argumentos que utiliza el PP para hablar de ese infierno fiscal es que no se ha deflactado la tarifa estatal del IRPF. ¿Por qué no se hacerlo después de la mayor crisis inflacionaria en 50 años?

Hay un elemento muy importante, que no se ha valorado suficiente, que es que ahora no tributa la gente que cobra el salario mínimo interprofesional (SMI). Antes pagaba y ahora no. Yo siempre soy partidario de ver el sistema fiscal desde el punto de vista global, no solo de una figura tributaria. Hay otras rebajas que hemos hecho en otro ámbito. Por ejemplo, las medidas tomadas ahora por la guerra de Irán, que hacen que te baje la factura de la luz, la factura del gas, la factura de la gasolina. En su conjunto, vemos que el sistema tributario está apoyando a las familias, sobre todo a las clases medias y trabajadoras. 

Nos encontramos con una contaminación mediática de bulos y un ataque a lo que es un sistema fiscal que tiene muchas cosas que mejorar, pero en nuestro país a quien más se les pide es a quien más tiene, a grandes patrimonios y a grandes beneficios empresariales. 

¿Y si se lo piden los socios para aprobar los Presupuestos, estarían por la labor?

Nosotros vamos a estar siempre dialogando con todos los grupos parlamentarios. Cuando empiece la negociación veremos todos los ámbitos que hay. Pero yo quiero dejar claro que la posición del Gobierno de España siempre va a ser la misma: apostamos por la progresividad. Esto es, quien más tiene, más aporte, que sean suficientes para financiar nuestros servicios públicos y poder tratar con dignidad a todos los servidores públicos que cobran del Presupuesto General del Estado. Y también tiene que facilitar la actividad económica. Ese es nuestro marco. Dentro de ese marco podemos hablar con los grupos parlamentarios sin ningún problema y llegar a acuerdos como hemos hecho durante todos estos años.

Quizá se echa en falta desde el Gobierno cierta pedagogía fiscal en un debate en el que la derecha ha marcado muy bien su discurso y la izquierda se está quedando atrás.

Lo último que dicho el propio señor Feijóo, que me parece arriesgado y peligroso en términos democráticos, es decir que el Gobierno de España se está forrando y que los ciudadanos no perciben una mejora en la calidad de los servicios públicos. El Gobierno de España tiene más recaudación porque la economía crece el doble que la media comunitaria y porque estamos en máximos de creación de empleo. Crece la recaudación del Gobierno de España y la recaudación de las comunidades autónomas. ¿O solo cuando hacen ese comentario, utilizando perversamente la palabra forrarse, lo hace el Gobierno de España? ¿Acaso no se está forrando Moreno Bonilla con la recaudación extra que tiene por la mejora de la economía de nuestro país?

El Gobierno de España, en el ámbito de sus competencias, ha subido las becas, tenemos el ingreso mínimo vital, dependencia, y en competencias que no son nuestras, como la vivienda, que es de las comunidades autónomas, el plan presentado hace unos días de 7.000 millones de euros, 4.200 millones son aportados por el Gobierno central. La gran pregunta de esto, y de la pedagogía fiscal que usted me hacía referencia, es ¿qué están haciendo las comunidades autónomas? Tienen 300.000 millones de euros más durante estos años que durante los años del señor Rajoy. ¿Están destinando esos recursos que nuestra economía y el Gobierno de España les ha transferido para rebajar las listas de espera o están gastándolo para hacer regalos fiscales a las rentas altas y a privatizar? 

La pedagogía fiscal fue uno de los argumentos que utilizó la vicepresidenta Montero hace dos años, cuando se planteó la posibilidad de que el SMI comenzase a tributar el IRPF. ¿A partir de qué nivel cree que el SMI debería empezar a tributar?

Si la economía va creciendo, tienen que crecer también los salarios y la productividad. Y yo creo que sobre todo la gente que percibe unos salarios más bajos también tiene que verse reflejada en que las cifras macro se traducen a las cifras micro. Y en ese momento, en este caso, tenemos una no tributación del salario mínimo. Y yo creo que ese es el camino.

Hablaba usted antes de esa reunión en Barcelona con su homólogo brasileño y con el economista Gabriel Zucman para impulsar a escala global un tributo a los superricos. ¿Estaría dispuesto a impulsarlo a escala nacional?

Nosotros ya tenemos un sistema fiscal que pide a las rentas más altas y a los grandes patrimonios un esfuerzo adicional. Incluso hemos tenido que evitar que las comunidades autónomas hagan dumping fiscal y se creen reductos para los grandes patrimonios. Pero este tipo de medidas necesitan un acuerdo internacional. Es un problema que es irracional, no puede ser que los súper ricos paguen menos que sus propios empleados. Es obsceno la cantidad de recursos y de patrimonio que no tributan, que buscan sus escapatorias en paraísos fiscales, en pagar a grandes profesionales para que busquen con qué fórmulas no tributar cuando muchas de esas grandes fortunas se han hecho gracias al papel de la administración o la formación que tienen los profesionales de un país, la estabilidad que aporta la democracia en un país, las infraestructuras, la investigación pública en universidades y en centros de investigación públicos. Yo creo que esa alianza entre Brasil y España tiene que crecer y sumar a más países, porque solo podremos hacer que paguen lo que deben de pagar en justicia si actuamos de una forma global.

Su compañero de gabinete, Pablo Bustinduy, ha planteado crear esta tasa para recaudar lo suficiente para pagar una ayuda universal por crianza de unos 200 euros mensuales. La vicepresidenta Montero no estaba muy por la labor y prefería revisar otras ayudas, como el CAPI del Ingreso Mínimo Vital. ¿Usted está a favor de esta ayuda?

Estoy a favor de seguir profundizando en cumplir los acuerdos, de mejorar los derechos, y siempre con responsabilidad fiscal. Tenemos que seguir cumpliendo y haciendo nuestros deberes de estabilidad presupuestaria, lo que nos ha permitido combinar estos años el hacer nuestros deberes con ampliar derechos. Y nosotros seguimos trabajando siempre para llegar a acuerdos dentro del Gobierno, pero siempre en el marco de la responsabilidad y de la estabilidad presupuestaria, que también es una garantía que nos permitirá una economía saneada en el futuro.

¿Qué dice Feijóo sobre la Kitchen? Si no actúa, asume lo que ha pasado

Usted es el máximo responsable de la SEPI. En la derecha y la derecha mediática acusan al Gobierno de utilizarla para intervenir empresas y, básicamente, colocar a amiguetes. ¿Qué tiene usted que decir?

La derecha nunca ha creído en el sector público, entonces yo entiendo que les moleste que el Estado sea un sector emprendedor. Otras grandes economías, como Francia o como Alemania, también tienen capacidad de actuación en sectores estratégicos para nuestro país. Yo estoy a favor de una intervención económica siempre ponderada, siempre respetando los ámbitos públicos y el privado. Pero creo mucho en una administración emprendedora que actúe, que ayude, que colabore con el sector privado, sobre todo en sectores estratégicos.

¿Debería Indra fusionarse con EM&E, con la empresa familiar del expresidente de la compañía?

Indra es una empresa cotizada. Respeto todas las decisiones que tome cualquier empresa cotizada y lo único que puedo decir es que, como país, nos podemos sentir orgullosos de tener un activo empresarial tan potente en un sector tan estratégico como es la defensa. 

¿Por qué perdió el Gobierno la confianza en Ángel Escribano como presidente?

Son decisiones empresariales tomadas en el seno de un consejo de administración de una empresa cotizada y yo no tengo que hacer ningún comentario al respecto. 

La instrucción del juez Peinado es llamativa y hay cosas, si me permite, excéntricas

De la actualidad política, esta semana se está celebrando el juicio sobre la trama Kitchen y ayer el expresidente Mariano Rajoy dijo ante la Audiencia Nacional que fue una operación que se adecuó a la legalidad. ¿Qué le parecen a usted estas afirmaciones?

Tres elementos respecto a ese juicio. Primero, la profunda tristeza e indignación como ciudadano al escuchar lo que estamos escuchando. Estamos hablando de un caso de corrupción, de financiación irregular del Partido Popular. En segundo lugar, estamos hablando de un caso de obstrucción a la justicia. Y en tercero, estamos hablando de un caso de utilización del Estado, de la mal llamada Policía Patriótica para espiar, para ocultar pruebas y para acusar falsamente a rivales políticos, incluso dentro del propio partido. Esto tiene una gravedad que no está bien dimensionada públicamente. Porque, más allá de las consecuencias penales que pueda tener, estamos hablando de utilizar el Estado, utilizar a la Policía Nacional, para actuaciones totalmente deleznables con unas consecuencias democráticas, porque debilita la credibilidad en el sistema. Pero eso se acabó en el año 2018 y ahora este gobierno respeta totalmente el ámbito judicial y por supuesto también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

La reflexión que también tenemos que hacernos ahora y que tendría que hacerse el señor Feijóo es qué dice ante todo esto. Muchísimos votantes del Partido Popular están esperando a que el señor Feijóo diga algo. Si no actúa, asume lo que ha pasado.

¿Ese algo debe ser expulsar al expresidente Rajoy del partido?

Deberían de hacer la reflexión. Ningún partido, por desgracia, está exento de que puedan suceder determinados casos. Pero el PSOE ha actuado con máxima celeridad y ha tomado decisiones contundentes. Esa es una de las diferencias fundamentales.

Mencionaba usted que el PSOE sí ha adoptado medidas y es inevitable pensar en la moción de censura que sacó al PP del Gobierno y que defendió el exministro Ábalos. En esa moción de censura prometió tolerancia cero y hoy está sentado en el banquillo, presuntamente por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. ¿Esa responsabilidad política se salda únicamente con la expulsión del partido o hay que ir más allá?

Ir más allá es difícil. Me produce tristeza e indignación como ciudadano, pero es verdad que se ha actuado de una forma diametralmente opuesta a la del Partido Popular. Actuamos de forma contundente y pusimos medidas para que no se pudiera repetir. Yo creo que eso es una diferencia fundamental y ahora son los jueces los que tienen que determinar las responsabilidades.

¿Qué diría el PSOE si dos secretarios de Organización del PP nombrados por Feijóo hubieran entrado en prisión?

La actitud del PSOE no cambia. Hemos actuado con una gran contundencia cuando hemos tenido alguno de esos casos dentro del PSOE, esa es la gran diferencia. Otros no hacen nada de eso. Primero no dicen nada o les hacen homenajes.

Usted era consejero de Política territorial cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes. Ábalos, miembro de su federación, del PSPV. ¿Cómo fue su relación en términos institucionales?

Una relación normal de un consejero autonómico con un ministro.

¿Usted llegó a despachar con Koldo García?

No, no recuerdo haber despachado con él.

El juez Peinado ha dictado un auto de procesamiento contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. ¿Le parece, como al ministro de Justicia, que el juez Peinado está haciendo una instrucción anormal?

La instrucción es llamativa y no solo con cosas que son incomprensibles desde cualquier punto de vista. No hay que ser un gran jurista para ver que hay cosas, si me permite la expresión, excéntricas. No solo lo digo yo, sino que también la propia Audiencia Provincial de Madrid lo dice. Yo se lo digo: Begoña Gómez es inocente y estoy seguro de que la justicia acabará poniendo las cosas en su sitio.

¿Ha traspasado el PP una línea roja al asumir en sus pactos con Vox en Extremadura y Aragón lo que ellos llaman la prioridad nacional?

Primero, esto creo que hay que explicarlo bien a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué significan los pactos a los que ha llegado el Partido Popular y Vox, en este caso en Extremadura, en Aragón, y seguramente en Castilla y León? Son pactos con elementos profundamente inconstitucionales: la no discriminación por razón de sexo, por razón de origen, la igualdad entre ciudadanos, vengan de donde vengan y sean de donde sean. Son elementos fundamentales de nuestra Constitución y de nuestra convivencia en nuestro país. Y lo dice también Amnistía Internacional, una ONG prestigiosa y con una independencia contrastada, que dice que esos acuerdos violan los derechos humanos. 

En segundo lugar, esto es una cuesta abajo. Primero es la prioridad nacional. Luego van a ir a por los derechos de las mujeres, por ejemplo, en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo. Luego van a ir también a por las ONGs. Y tienen un elemento económico que me parece exageradamente extremo: decir no a las energías renovables es decir no a la industrialización de esos territorios. Porque ahora lo que quieren las multinacionales para instalarse es energía segura y energía barata. Y eso lo dan las renovables.

Van contra su propia historia. En Extremadura, por ejemplo, una tierra que ha emigrado. Y, si me permite, hay un elemento todavía más llamativo en lo de la prioridad nacional. Al final la estrategia del PP y de VOX va a llevarnos, y eso el Gobierno de España no lo va a tolerar, a que cuando uno vaya a un centro de salud no tenga un triaje médico, tenga un triaje administrativo donde le pidan la cuenta corriente y donde le pidan el pasaporte para ver donde ha nacido. 

¿Y qué puede hacer el Gobierno?

Actuará con contundencia, con todo el Estado de Derecho, presentando los recursos que tengamos que presentar al Tribunal Constitucional con cualquier acción que conculque derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

La fiscalidad constituye una de las principales herramientas de política económica para impulsar el desarrollo de la actividad emprendedora, especialmente en sectores de alto valor añadido como el tecnológico. Así lo subraya la Comisión Europea, que ha identificado hasta siete ámbitos en los que el sistema tributario influye de manera directa en las decisiones de los emprendedores.

En primer lugar, la decisión de convertirse en emprendedor está condicionada por el marco fiscal. El trabajo por cuenta propia implica mayores niveles de riesgo que el empleo asalariado, por lo que el tratamiento impositivo resulta determinante, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas y de las denominadas startups tecnológicas. En este sentido, instrumentos como el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o los regímenes de franquicia en el IVA permiten reducir la carga fiscal y administrativa en las fases iniciales de actividad. Asimismo, una elevada progresividad en el impuesto sobre la renta puede desincentivar la iniciativa emprendedora, particularmente entre contribuyentes con mayores niveles de ingresos.

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, mecanismos como la compensación de bases imponibles negativas —regulada en el artículo 26 de la Ley 27/2014— resultan esenciales para la supervivencia de los proyectos en sus primeros años de vida, al permitir amortiguar los resultados negativos iniciales.

En segundo lugar, la fiscalidad influye en la elección de la forma jurídica de la empresa. Diversos estudios en el ámbito europeo han demostrado que una reducción de los tipos del impuesto sobre sociedades favorece la constitución de sociedades mercantiles, desplazando actividad desde la tributación individual hacia estructuras societarias.

Los incentivos fiscales a la inversión en I+D, así como determinados mecanismos contables como las provisiones por depreciación, pueden resultar decisivos para la viabilidad del proyecto empresarial

El tercer ámbito se refiere a las decisiones de inversión inicial. El desarrollo de proyectos innovadores requiere importantes esfuerzos de capital en fases previas a la puesta en marcha. En este contexto, los incentivos fiscales a la inversión en I+D, así como determinados mecanismos contables como las provisiones por depreciación, pueden resultar decisivos para la viabilidad del proyecto empresarial.

En cuarto lugar, la estructura fiscal condiciona la elección entre financiación interna y externa. En muchos países europeos, los tipos reducidos en el impuesto sobre sociedades para pymes tratan de compensar las dificultades de acceso a financiación externa. En este sentido, las empresas emergentes recurren principalmente a beneficios retenidos, por lo que la tributación de las plusvalías adquiere una relevancia mayor que la de los dividendos.

El quinto factor es la localización de las actividades empresariales. La globalización y el avance tecnológico han facilitado la deslocalización de actividades productivas, especialmente por parte de grandes empresas multinacionales. Las políticas fiscales —como las exenciones temporales o el tratamiento favorable de la propiedad intelectual— influyen en la decisión de ubicación. En el caso de las nuevas empresas innovadoras, la fiscalidad también desempeña un papel relevante en su fase de expansión.

El emprendimiento innovador presenta una menor tendencia a operar en la informalidad, dada su necesidad de acceso a financiación y su dependencia de estructuras formales de mercado

En sexto lugar, la presión fiscal incide en la propensión al cumplimiento tributario o, en su defecto, a la participación en la economía informal. Según estimaciones recientes, la economía sumergida representaba en torno al 17% del PIB en la Unión Europea. No obstante, el emprendimiento innovador presenta una menor tendencia a operar en la informalidad, dada su necesidad de acceso a financiación y su dependencia de estructuras formales de mercado.

En conclusión, la política fiscal desempeña un papel clave en el fomento del emprendimiento. Su capacidad de influencia se articula en tres grandes dimensiones: la corrección de fallos de mercado mediante el gasto público, la creación de incentivos fiscales que favorezcan la innovación y la mejora del empleo a través de políticas expansivas que incrementen la demanda agregada. En conjunto, estos elementos configuran un entorno más favorable para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, especialmente en el ámbito tecnológico.

La Declaración de la Renta introduce cada año cambios y matices que afectan de forma distinta según el perfil del contribuyente. En el caso de las personas mayores de 65 años, el sistema fiscal recoge un conjunto de medidas específicas que pueden reducir de forma significativa la carga tributaria. Estas ventajas no siempre son evidentes en el borrador, por lo que conviene revisarlas con detalle antes de confirmar la declaración.

En muchos casos, los ingresos de este colectivo proceden principalmente de pensiones o de ahorros acumulados durante su vida laboral. Por ese motivo, la normativa del IRPF contempla exenciones, mínimos más elevados y tratamientos especiales en determinadas operaciones económicas. Conocer estas particularidades permite ajustar correctamente la declaración y evitar pagar más de lo debido.

Rendimientos del trabajo

Dentro del IRPF, se consideran rendimientos del trabajo la mayoría de las prestaciones que perciben los mayores de 65 años. En este apartado se incluyen las pensiones procedentes de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de clases pasivas, derivadas de situaciones como jubilación, incapacidad, accidente, enfermedad o viudedad, siempre que no estén exentas.

También forman parte de esta categoría las prestaciones abonadas por mutualidades obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos u otras entidades similares. A esto se suman los importes que reciben los beneficiarios de planes de pensiones, así como los derivados de contratos de seguros vinculados a mutualidades de previsión social. Igualmente, se integran las prestaciones de planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados y seguros de dependencia regulados en el marco de la atención a la dependencia.

Rentas que no se declaran en el IRPF

Existen determinadas prestaciones y ayudas públicas que no deben incluirse en la declaración. Entre ellas, figuran las relacionadas con el acogimiento de personas mayores de 65 años o con discapacidad.

También están exentas las ayudas económicas concedidas por administraciones públicas a personas con discapacidad igual o superior al 65% o mayores de 65 años destinadas a cubrir gastos de residencia o centros de día, siempre que el resto de sus ingresos no supere los 16.800 euros. A esto se añaden determinadas prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la Seguridad Social o por entidades equivalentes, así como las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente en determinados regímenes.

En el caso de personas con discapacidad, tampoco tributan determinadas prestaciones percibidas en forma de renta procedentes de sistemas de previsión social, hasta un máximo anual de 25.200 euros. Las cantidades que superen ese límite sí deben declararse. Además, quedan fuera del IRPF algunas ayudas públicas vinculadas a la dependencia y a cuidados en el entorno familiar.

Venta de la vivienda habitual

Las personas mayores de 65 años no tienen que tributar por la ganancia patrimonial obtenida al vender su vivienda habitual. Este beneficio se aplica siempre que el inmueble tenga esa consideración en el momento de la transmisión o en los dos años anteriores. La exención también se mantiene en los casos en los que se transmite la nuda propiedad y se conserva el usufructo vitalicio sobre la vivienda, lo que permite seguir utilizando el inmueble mientras se ha realizado la operación.

Transmisión de otros bienes y renta vitalicia

En la venta de otros elementos patrimoniales, como pueden ser activos financieros o inmuebles distintos de la vivienda habitual, también existe una ventaja fiscal. Las ganancias pueden quedar exentas si el importe obtenido se destina a constituir una renta vitalicia asegurada. Para ello, la reinversión debe realizarse en un plazo de seis meses desde la transmisión. Además, la cantidad máxima que puede destinarse a este fin es de 240.000 euros por contribuyente. Este mecanismo permite transformar el patrimonio en ingresos periódicos.

Hipoteca inversa

Las cantidades que se perciben a través de una hipoteca inversa no tributan en el IRPF. Este producto permite disponer de dinero utilizando la vivienda habitual como garantía, sin necesidad de venderla. Siempre que la operación se ajuste a la normativa que regula este tipo de instrumentos financieros, las disposiciones realizadas no se consideran renta a efectos fiscales.

Mínimo personal y familiar

El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.500 euros anuales. Esta cantidad se incrementa en función de la edad. En el caso de personas mayores de 65 años, el aumento es de 1.150 euros anuales, al que se suman otros 1.400 euros adicionales cuando se superan los 75 años. La normativa prevé que este mínimo se mantenga incluso en el ejercicio en el que se produce el fallecimiento. En declaraciones conjuntas, el otro cónyuge no genera derecho a este mínimo, aunque sí se tiene en cuenta el incremento por edad si corresponde.

El IRPF también contempla reducciones cuando el contribuyente convive con ascendientes, como padres o abuelos. Para aplicar este beneficio, el familiar debe tener más de 65 años —o una discapacidad reconocida—, convivir con el contribuyente al menos la mitad del año y no superar los 8.000 euros de ingresos anuales, excluidas las rentas exentas. Además, no debe presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros. Si se cumplen estos requisitos, el mínimo es de 1.150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años, que aumenta en 1.400 euros adicionales si supera los 75 años.

Mínimo por discapacidad

Las personas con discapacidad pueden aplicar reducciones adicionales en función del grado reconocido. Cuando el grado es igual o superior al 33% e inferior al 65%, el mínimo asciende a 3.000 euros. Si además se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, se añaden otros 3.000 euros.

En los casos de discapacidad igual o superior al 65%, la cuantía se eleva a 9.000 euros, con un incremento adicional de 3.000 euros por gastos de asistencia, lo que sitúa el total en 12.000 euros. Estas reducciones también pueden aplicarse a ascendientes si generan derecho a ello y cumplen los requisitos establecidos.

El Gobierno central recurrirá ante el Tribunal Constitucional la medida fiscal de La Rioja de apoyo al mundo rural por considerar que “está incurriendo en competencias de otra administración”, ha explicado hoy la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz. El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Medidas Fiscales, en concreto, en referencia al medio rural.

En concreto, se trata de una deducción de la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para fomentar la fijación de población ocupada en el medio rural. De esta forma, los contribuyentes con residencia habitual en algún municipio de La Rioja que inicien una actividad agraria como trabajador por cuenta propia podrán aplicarse una deducción de mil euros en la declaración correspondiente al ejercicio de inicio, siempre y cuando se mantengan los requisitos de residencia y actividad durante los doce meses siguientes al alta.

La fundamentación del recurso se basa en que se considera una deducción incompatible con las competencias de que disponen las Comunidades Autónomas, ya que se trata de una deducción vinculada al ejercicio de actividades económicas. Arraiz, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa sobre otro asunto, ha explicado que el Estado mantiene que, pese a que el impuesto esté cedido, “la normativa básica” la establece el Gobierno de España.

Ha relatado que el Gobierno central considera que La Rioja “está incurriendo en competencias de otra administración” y se inicia el procedimiento tras no haber alcanzado un acuerdo en una comisión bilateral. “Es más habitual de lo que parece este tipo de situación en todas las comunidades autónomas, lo que ha ocurrido aquí es que el Estado ha considerado que la comunidad autónoma de La Rioja está incurriendo en competencias al establecer bonificaciones en una materia que a ella no le compete”, ha indicado.

Las políticas públicas de redistribución a través de impuestos y prestaciones permitieron reducir en un 31,9% la desigualdad de la renta entre los hogares españoles en 2023, una corrección algo inferior a la registrada en 2022 (33,8%).

Fedea ha publicado este lunes la décima edición de su Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, que relaciona la mayor parte de esta redistribución de la renta con el efecto de las prestaciones monetarias (72,4%, sobre todo por las pensiones) y el resto, con prestaciones en especie (23,8%) e impuestos (3,7%).

De acuerdo a este informe, la renta de mercado ampliada -que incluye, además de las rentas salariales y de capital, transferencias, planes de pensiones e indemnizaciones por despido- aumentó un 8,7% en 2023.

Una vez incorporado el efecto de las prestaciones monetarias -que crecieron un 6,4%, impulsadas por el aumento de las pensiones de jubilación o invalidez pero ya sin la bonificación a los carburantes-, la renta bruta media de los hogares aumentó un 8,2% en 2023.

El sistema fiscal solo corrige un 1,5% la desigualdad

Fedea observa un ligero aumento de la desigualdad de la renta de mercado y una menor corrección por parte de las prestaciones monetarias (del 23,1%, frente al 23,9% de 2023), lo que lleva a un aumento del 1,71% en la desigualdad de la renta bruta (el índice de Gini se situó en 0,4333).

Por lo que respecta al impacto del sistema fiscal, la renta disponible (después de impuestos) aumentó un 9,1% en 2023, pero el efecto redistributivo de los impuestos fue inferior (1,55%, frente al 2,65 % de 2022), lo que elevó la desigualdad de la renta disponible en un 2,87%.

La renta disponible extendida -que suma a la renta disponible las prestaciones en especie percibidas en forma de sanidad y educación- aumentó un 8,4%, ya que estos servicios contribuyeron a reducir la desigualdad en la distribución de la renta en un 10%.

De esta manera, el conjunto de la intervención pública redujo en un 31,9% la desigualdad de la renta: el 40 % de hogares de mayor renta fue contribuyente neto -sus aportaciones en impuestos fueron inferiores a las prestaciones recibidas- y el 60 % de menor renta, beneficiarios netos.

Una reforma en profundidad del Impuesto de Patrimonio, equiparándolo con el tributo en vigor en Noruega o con un esquema como el planteado por el economista francés Thomas Piketty, dispararía su capacidad recaudatoria y permitiría financiar una prestación universal de crianza de más de 2.000 euros por menor.

Esa es una de las conclusiones de un artículo de los investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Olga Cantó y Francisco García-Rodríguez, publicado recientemente, en el que utilizan los datos de la Agencia Tributaria para realizar distintas simulaciones sobre la estructura del impuesto que no solo elevarían los ingresos del Estado, sino que permitirían una reducción notable de la desigualdad.

El impuesto de patrimonio español se creó en 1977 con carácter temporal, primero, pero se hizo permanente a partir de 1991. El Gobierno de Zapatero lo suprimió en 2008, pero lo reactivó en 2011, hasta ahora. La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto. En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, se llegó a bonificar al 100%, anulándolo de facto.

Los autores toman como referencia la estructura del gravamen en 2022, antes de la creación del llamado Impuesto de Solidaridad para las grandes fortunas, que el Ejecutivo planteó para salvar las rebajas fiscales en Patrimonio de algunos gobiernos del PP, como los de Andalucía o Madrid. A partir de ahí, diseñan siete escenarios alternativos. Por un lado, la transformación del impuesto actual con un esquema similar al de los otros países del entorno que cuentan con un tributo similar: Noruega (a partir de 160.000 euros y un tipo fijo del 1%), Suiza (descentralizado por cantones) y Francia (solo al inmobiliario y a partir de 1,3 millones de euros).

Por otro, el artículo plantea tres alternativas sobre la estructura del impuesto de patrimonio actual. Una primera, rebajando el mínimo exento de 700.000 euros a 300.000 euros; otra, eliminando las deducciones y exenciones autonómicas; y una tercera que combina ambos aspectos.

Y el último escenario es la transformación del impuesto de patrimonio con la estructura planteada por Piketty, que grava la riqueza desde los 200.000 euros en una escala progresiva desde el 0,5% hasta el 2% para las cuantías superiores a los cinco millones de euros.

Todas ellas —hasta la francesa, que restringe el gravamen a la riqueza inmobiliaria— arrojan que el modelo español tiene muchísimo margen de mejora, tanto por la vía de la recaudación como de la reducción de la desigualdad. La simulación de 2022 arroja un tributo que solo alcanzó a 170.404 contribuyentes, con una recaudación total de 1.125 millones en aquel ejercicio. Pero, en los escenarios más redistributivos —el de la tasa Piketty o el noruego—, podría captar más 15.000 millones de euros de algo más de 11 millones de pagadores.

Una caída del 5% del Índice de Gini

“Es importante que se vea que los impuestos sobre el patrimonio sí pueden recaudar y pueden hacerlo tanto como para pagar una prestación de este tipo que se considera tan cara”, explica en conversación telefónica la catedrática Cantó, autora junto al doctorando García-Rodríguez de la investigación.

Porque si esa recaudación se emplease para la puesta en marcha de una prestación universal por crianza —parecida a la planteada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con la tasa Zucman a los más ricos— se podrían pagar hasta 2.000 euros por hijo, una transferencia que cimentaría un cambio mucho más profundo en los indicadores de desigualdad que el impuesto per se. Esos 2.000 euros por hijo recaudados con el modelo de Piketty o con el noruego recortarían el Índice de Gini —que mide la desigualdad a través de ingresos— en casi un 5%, una cifra que Cantó define como “casi heroica” dada la estabilidad de este indicador.

“Si recaudas el impuesto de patrimonio y analizas su impacto sobre la distribución de la riqueza, no cambia nada. Pero si utilizas esos 15.000 millones como política redistributiva, al igual que con cualquier otra recaudación del sistema impositivo, tiene unos efectos sobre la desigualdad muy grandes”, subraya la catedrática.

Los ministros de Sumar, y Bustinduy singularmente, llevan tiempo reclamando una ayuda por crianza de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años. De hecho, el titular de Derechos Sociales se reunió con el francés Gabriel Zucman, promotor de un tributo del 2% a las grandes fortunas que podría captar hasta 5.200 millones de euros en España, según los datos del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, impulsado por este economista.

Cantó subraya que la capacidad redistributiva del impuesto depende de su dimensión, es decir, de que llegue a un número suficiente de contribuyentes. En el caso del impuesto de patrimonio actual, su tamaño es muy limitado. Pero para mejorarlo no haría falta crearlo desde cero: con los dos ajustes que incorporan en su simulación (la rebaja del umbral de exención a 300.000 euros y la eliminación de las deducciones autonómicas) se dispararía su alcance. “Lo que no tiene sentido es el impuesto que tenemos a día de hoy, que no lo paga casi nadie, recaudamos poquísimo y las diferencias de riqueza están explotando”, insiste.

A las limitaciones adicionales, hay que sumarle que el pago de patrimonio está vinculado al IRPF, de tal manera que no superen conjuntamente el 60% de la base imponible de la renta del contribuyente. Esto se incorporó para evitar el carácter confiscatorio del gravamen, sobre todo para aquellas personas que declaran grandes patrimonios, pero pocos ingresos.

España es de los pocos países de la OCDE que mantiene un impuesto de patrimonio, un tributo que genera un gran debate ideológico y académico a partes iguales. Sus defensores lo justifican por la necesidad de gravar una riqueza cada vez mayor, con desigualdades más y más exacerbadas. La principal crítica de sus detractores es que conlleva una doble imposición (aseguran que las rentas ya están gravadas por el IRPF) y lo tachan de ineficiente y de un peligro para la atracción de inversiones. Es por ello que algunos expertos apuestan por sustituirlo por gravámenes a la transmisión de riqueza (como el impuesto de sucesiones y donaciones en nuestro país) o a los rendimientos inmobiliarios, como el francés. 

Pero el estudio demuestra el potencial de un gravamen casi residual en las economías desarrolladas. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, esperan recaudar en la campaña de este año 2.473 millones de euros procedentes de casi 221.000 declaraciones. Muy lejos de los 15.000 millones a los que se podría aspirar.

La campanya de la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2025 ha començat aquest dimecres, 8 d’abril, i es perllongarà fins al 30 de juny. En el cas de les Balears, els contribuents podran aplicar fins a 24 deduccions autonòmiques, un paquet fiscal que incorpora noves mesures i ajustos amb especial focus en l’habitatge —com la deducció per despeses associades a habitatges ocupats—, el reforç dels incentius al treball autònom i l’ampliació dels límits de renda en determinats supòsits, com famílies nombroses o monoparentals, amb l’objectiu d’estendre l’accés a aquests beneficis.

En concret, els límits de renda per accedir a les deduccions autonòmiques es mantenen, amb caràcter general, en els 33.000 euros en tributació individual i en els 52.800 en tributació conjunta, mentre que en el cas de les famílies nombroses i monoparentals els llindars s’eleven fins als 39.600 i els 63.360 euros, respectivament.

En aquests moments ja és possible sol·licitar i confirmar l’esborrany a través d’internet, mentre que el 6 de maig s’obrirà l’opció de tramitar la declaració per telèfon i, a partir de l’1 de juny, de manera presencial, per a les quals caldrà sol·licitar cita prèvia. Aquestes són les deduccions que els contribuents poden aplicar-se a les Balears:

Habitatge

En matèria d’habitatge, els contribuents poden deduir-se el 15% del lloguer de l’habitatge habitual, amb un límit màxim de 530 euros anuals, percentatge que s’eleva al 20% amb un màxim de 650 euros en determinats col·lectius, com joves, persones amb discapacitat o famílies amb càrregues. Per als propietaris que lloguen, es permet deduir fins al 75% de determinades despeses associades a l’arrendament, amb un límit de 1.500 euros, mentre que les inversions en millora de la sostenibilitat de l’habitatge poden beneficiar-se de deduccions que arriben fins al 50% de la despesa realitzada, dins dels límits establerts.

La principal novetat d’aquesta campanya és la creació d’una deducció específica per a propietaris afectats per l’ocupació d’habitatges o per la suspensió judicial de desnonaments per vulnerabilitat. Aquesta mesura permet deduir fins al 40% de les despeses associades a l’immoble, amb un màxim de 500 euros, incloent-hi costos com tributs, subministraments, despeses comunitàries o procediments judicials sempre que estiguin degudament acreditats.

Educació i família

El bloc d’educació inclou deduccions per llibres de text —que poden arribar al 100% de la despesa amb límits per fill—, per classes extraescolars d’idiomes —amb percentatges al voltant del 15% i topalls específics— i per estudis superiors fora de l’illa de residència, amb deduccions que poden arribar fins als 1.800 euros anuals en determinats supòsits.

En l’àmbit de la família i la conciliació, les deduccions per naixement o adopció arriben als 800 euros per fill, xifra que pot incrementar-se en casos de discapacitat. Les despeses de guarderia o cura de menors permeten deduir el 40% del cost, amb un màxim de 660 euros anuals. Les famílies nombroses poden aplicar deduccions d’entre 400 i 800 euros, segons la categoria, mentre que les monoparentals compten amb beneficis similars. A més, els contribuents amb discapacitat poden accedir a deduccions de fins a 150 euros, que augmenten en funció del grau reconegut.

Ocupació i activitat econòmica

El tercer gran bloc és el d’ocupació i activitat econòmica, on les Balears han reforçat els incentius a l’autoocupació. Es manté la deducció de fins a 1.000 euros per inici d’activitat per a nous autònoms, així com una deducció del 30% de la inversió en empreses de nova creació, amb un límit de 6.000 euros. També hi ha beneficis per a qui ocupa llocs de difícil cobertura, amb deduccions que poden arribar als 2.000 euros en funció de les circumstàncies.

Juntament amb aquests eixos principals, el sistema autonòmic inclou altres deduccions més específiques, com les vinculades al mecenatge, que permeten deduir entre el 15% i el 25% de les donacions, o les relacionades amb situacions d’emergència, que contemplen deduccions variables segons el tipus d’ajuda percebuda.

En conjunt, el disseny de les deduccions a les Balears reflecteix una doble lògica: per una banda, alleujar la càrrega fiscal en àmbits sensibles com l’habitatge o la criança; per altra banda, utilitzar l’IRPF com a eina per incentivar determinades polítiques públiques, des de l’accés al lloguer fins a l’impuls del treball autònom o la fixació de població al territori.

Com presentar la declaració a través d’internet

Amb el termini obert per a la campanya d’aquest 2025, ja és possible presentar-la a través d’internet. A través del portal Renda WEB de l’Agència Tributària o des de l’aplicació mòbil, els contribuents poden consultar i revisar el seu esborrany i aquelles dades fiscals que Hisenda ha recopilat del passat exercici. Finalment, podran confirmar o modificar la informació abans d’enviar la declaració. Per fer-ho, hauran de seguir aquests passos:

Com saber si és necessari presentar la declaració

Per regla general, tenen l’obligació de presentar la declaració de la renda els autònoms, els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i aquells que rebin anualitats per aliments. Fora d’aquests grups, no tots els contribuents han de presentar la declaració de la renda. Existeixen una sèrie de requisits que el declarant ha de complir, com el límit d’ingressos del treball:

Com a novetat a nivell estatal, en l’exercici fiscal de 2025 s’ha suprimit l’obligatorietat de presentar la renda per a aquells declarants que rebin prestacions no contributives o subsidis del SEPE. Això només s’aplica, això sí, si el contribuent no té cap altra font d’ingressos com lloguers o beneficis en borsa.

Pagament per Bizum o fraccionat

Si la declaració és a pagar, es podrà domiciliar l’abonament, fer-ho amb targeta o a través de Bizum. Es podrà fraccionar en dos pagaments: el primer del 60% de l’import en presentar la declaració i el segon del 40%, que, si també es domicilia, es pagarà el 5 de novembre.

En el cas que surti a retornar, l’Agència Tributària té de marge fins al 31 de desembre per efectuar els reintegraments sense interessos.