George Lakoff lo explicó en No pienses en un elefante: quien define el lenguaje gana el debate, porque las palabras no solo comunican, construyen realidades. Y pocas realidades se construyen tan bien con conceptos como la fiscalidad. Cuando la derecha propone bajar impuestos habla de “aliviar la carga fiscal” o de “aflojar la asfixia”. Si los impuestos son una carga, quien la quita es un héroe y quien propone subirlos, un verdugo. Y desaparece del debate la idea de los impuestos como inversión compartida o sistema de solidaridad.

Pero la metáfora ya casi sobra. A pocas semanas del 29 de noviembre, Feijóo promete bajar el IRPF desde el primer año y bonificar el de los empleos jóvenes. Vox ha ido un paso más allá: ha lanzado un simulador que te pide tu sueldo y te dice cuánto cobrarías si gobernasen. Con 30.000 euros brutos al año, la herramienta calcula unos 360 euros más al mes: el IRPF pasaría de unos 4.970 euros anuales a unos 630. Se ha hecho viral en X en cuestión de horas. Ya no hay carga ni asfixia: hay un número, el tuyo, listo para compartir.

Lo que el simulador no enseña es la otra columna. No cuantifica la pérdida de recaudación, que se estima en decenas de miles de millones, ni detalla qué gasto público habría que recortar para cuadrar las cuentas. Y la cifra es válida solo dentro de los supuestos de la propia herramienta, no es una previsión de cómo quedaría tu economía. Tampoco te dice cuánto vale lo que ya recibes: la sanidad que usas, la escuela, la pensión de tus padres. El marco funciona porque muestra el beneficio personal y esconde el precio colectivo.

El PP lo practica en versión institucional. En el arranque de la precampaña, Feijóo anunció que su Gobierno pedirá sacrificios. Ante la polémica, su portavoz, Ester Muñoz, aclaró que no se refería a recortes, sino a que quien se esfuerza debe ser recompensado, por ejemplo con rebajas de impuestos a autónomos y pequeños empresarios. El vídeo de precampaña de Feijóo cierra con un lema: “España, tu esfuerzo merecerá la pena”. Hay una lógica implícita: si bajar impuestos es premiar a quien trabaja, mantenerlos o subirlos es castigarlo. Premio y castigo, mérito y penitencia: el marco de la carga, ahora con moral incluida. Y queda una pregunta sin responder: quien promete a la vez rebajas y sacrificios debería explicar qué servicios pagarán la factura.

Y el efecto se nota. El Barómetro Fiscal del IEF (datos de 2025) dice que el 35% de los jóvenes de 18 a 24 años cree que sin impuestos viviríamos mejor, y el 38% en la franja de 25 a 39, frente al 10% de los mayores de 65. Solo el 65% de los más jóvenes considera necesaria la Hacienda pública, frente al 89% de los mayores de 65, y el apoyo general (79%) es el más bajo de toda la serie.

La explicación no está solo en los datos económicos. Es cierto que muchos jóvenes tienen razones para estar frustrados: sueldos bajos, alquileres imposibles, precariedad y un horizonte de inseguridad permanente. Pero lo que no es cierto es que la causa de todo eso sea el IRPF o la cotización a la Seguridad Social. Lo que ha cambiado no es solo su situación objetiva, sino el marco mental desde el que interpretan la fiscalidad.

Y ese marco se construye cada día en el universo digital. En TikTok, Instagram, YouTube o X se repite que “trabajamos para el Estado”, que “si lo he conseguido solo, ¿por qué tengo que pagar más?”, que “el Estado castiga a los que se esfuerzan”, que “ser listo es irse a Andorra” o que “pagar impuestos es de tontos”. Un adolescente descubre antes un vídeo viral contra Hacienda que una explicación básica de cómo se financian las pensiones. Es un discurso antisocial que desprecia no solo los impuestos, sino la propia idea de lo común, y cala porque llega en el formato adecuado, con el tono adecuado, desde voces que los jóvenes consideran cercanas.

De ahí la batalla cultural. Si la izquierda no entra, la pierde. No basta con repetir que sin impuestos no hay Estado: hay que demostrarlo en los formatos y con las voces de esta era. Falta el simulador inverso: cuánto vale lo que ya recibes. Y falta empezar por la escuela: según un estudio de la Plataforma por la Justicia Fiscal de hace cinco años, el 92,9% de los jóvenes de 18 a 35 años reconocía no haber recibido formación sobre impuestos en las aulas.

Los impuestos serán uno de los ejes de la campaña del 29 de noviembre. PP y Vox han hecho de la rebaja fiscal su mensaje central, con simuladores, vídeos y promesas de recompensa, y con un lenguaje pensado para calar, sobre todo, entre los más jóvenes. La izquierda puede seguir discutiendo cifras o puede disputar el sentido: explicar qué se paga, qué se recibe y quién lo financia. Porque si perdemos la batalla de los impuestos entre los jóvenes, lo perderemos casi todo. No porque desaparezcan los impuestos, eso es una fantasía, sino porque desaparecerá la idea de que pagar entre todos es mejor que sobrevivir cada uno por su cuenta. Esa sí sería la verdadera derrota.

El Ayuntamiento de Barcelona tiene intención de subir el IBI a los pisos turísticos al máximo de lo previsto dentro del nuevo decreto de vivienda aprobado por el Gobierno. Lo han avalado este viernes en una comisión extraordinaria de Economía el PSC, Comuns y ERC, que han pactado incluirlas como modificación en las ordenanzas fiscales de 2027 y deberán someterlo a votación del pleno antes de acabar el año.

La medida aprobada provisionalmente por la mayoría de grupos municipales prevé aplicar un recargo del 50% a los titulares de una licencia de piso turístico, del 100% a quienes tengan dos o tres y del 150% a los propietarios de cuatro o más alojamientos de este tipo. Del resto de partidos, Junts se ha abstenido y el PP y Vox han votado en contra.

El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda y Turismo, Jordi Valls, ha defendido que el objetivo es “desincentivar” esta actividad, mientras Barcelona mantiene la previsión de eliminar todas las licencias turísticas en 2028. Actualmente hay en Barcelona 10.600 pisos turísticos, cifra prácticamente congelada desde hace más de una década. De estos, 3.200 corresponden a titulares con una licencia, unos 1.200 a propietarios con dos o tres autorizaciones y cerca de 6.000 a titulares con cuatro licencias o más.

“Estos datos también nos dicen que esta es una medida plenamente justificada, en la que vemos claramente que se tiende a la concentración de licencias”, ha afirmado el teniente de alcaldía durante la comisión. Ha defendido que los pisos destinados a alojamiento turístico desarrollan una actividad económica y que, por tanto, no deberían recibir el mismo tratamiento fiscal que las viviendas de uso residencial ordinario.

El calendario prevé ahora que esta modificación se someta a votación inicial en un plenario municipal extraordinario la semana que viene. Y la votación definitiva se espera que sea en noviembre o diciembre.

El concejal de los Comuns Marc Serra ha anunciado su voto favorable a la medida, aunque considera que “llega tarde” y que tendrá un alcance “limitado”. “El ministerio lleva tres años retrasando medidas como esta”, ha lamentado, y ha añadido que deberían tener en cuenta su propuesta de IBI “progresivo” pensado para gravar más a quien más vivienda tiene.

Por su parte, la concejala de ERC Rosa Suriñac ha defendido que “la vivienda debe ser para vivir en ella” y ha reivindicado el papel de su partido en la incorporación de la medida al decreto estatal. “Si se produce esta subida es porque ERC ha pactado con el PSOE que esto se incorpore al decreto”, ha afirmado.

El concejal de Junts Arnau Vives ha justificado la abstención de su grupo porque la propuesta de incrementar hasta el 150% el recargo del IBI a las viviendas de uso turístico no se ha negociado con su formación. Vives ha cuestionado la eficacia de la medida y ha afirmado que “no resuelve el problema” del acceso a la vivienda.

Por su parte, Víctor Martí (PP)ha calificado la subida de “estocada fiscal» y de ”populismo fiscal“. Por su parte, el presidente de Vox en el Ayuntamiento, Gonzalo de Oro-Pulido, ha acusado al Gobierno municipal de ”populismo“ y ha considerado ”humo“ la medida, teniendo en cuenta que Barcelona prevé eliminar las licencias turísticas en 2028.

Plataformas en defensa por la sanidad pública, las denominadas OPA Herri Plataformak, han presentado dos alegaciones al proyecto de norma fiscal de Bizkaia, que ha iniciado su tramitación en Juntas Generales y que sólo defiende el PNV, para que desaparezca de la normativa las desgravaciones por tener un seguro médico privado. Además, piden que el montante que estaba previsto dejar de recaudar en Bizkaia por aplicar este incentivo se destine a medidas para fortalecer la Sanidad pública.

El proyecto presentado por el Gobierno de la Diputación de Bizkaia con el único apoyo del PNV, ya que los diputados del PSE-EE se abstuvieron, tiene como una de sus medidas más polémicas la desgravación por seguros médicos privados de hasta un 20% con un máximo de 1.500 euros por persona asegurada. Y en el caso de que este servicio esté facilitado directamente por las empresas, no tendrá la consideración de retribución en especie para los trabajadores.

En la justificación a estas alegaciones, considera que se trata un “grave error político, social y fiscal” por incentivar con recursos públicos la contratación de servicios sanitarios privados en detrimento del fortalecimiento y mejora del sistema público de salud. “Sólo la sanidad pública garantiza el acceso universal a la atención sanitaria, con independencia del origen o de la capacidad económica de cada persona”. “La política fiscal debe orientarse, prioritariamente, a garantizar una financiación suficiente de la sanidad pública y no a promover mecanismos que incentiven el aseguramiento sanitario privado”, señalan.

Desde las plataformas defienden que el objetivo fundamental de estas entidades aseguradoras privadas, no es el interés público, sino el desarrollo de una actividad empresarial “orientada a la obtención de beneficios. Anteponen la rentabilidad económica a la salud de las personas”. Por ello, consideran que medidas para favorecer el desplazamiento de recursos públicos y usuarios hacia la sanidad privada “contribuye a debilitar progresivamente el sistema público y resulta difícilmente compatible con el objetivo de fortalecer una sanidad pública, universal y de calidad”.

Creen además que es “injustificable” esta medida en un contexto marcado por el “aumento de las listas de espera, la escasez de profesionales sanitarios, la sobrecarga asistencial en atención primaria, las dificultades para cubrir determinadas especialidades médicas y las crecientes necesidades derivadas del envejecimiento de la población”. “La medida contradice los principios de progresividad, equidad y justicia tributaria que deben inspirar el sistema fiscal”, señalan.

Alertan además del peligro de ir hacia una “sanidad a dos velocidades”. “Por un lado, las personas con mayores recursos económicos pueden acceder a seguros privados y tienen un acceso más rápido y más frecuente a estos servicios. Por otro, la mayoría de la población continúa dependiendo de una sanidad pública que dispone de menos recursos para hacer frente a sus necesidades. Se produce así una situación paradójica, en la que el conjunto de la ciudadanía asume el coste de una ventaja fiscal que solo beneficia a una parte de la población”, critican.

Por otra parte, recuerdan que la sanidad privada, sólo cubre la asistencia de sus asegurados cuando atiende situaciones clínicas económicamente rentables. “La atención de patologías graves y costosas, intervenciones quirúrgicas complejas, trasplantes de órganos o la asistencia a grandes quemados, entre otros, recae siempre en la sanidad pública.” “Las políticas públicas deben orientarse a reforzar la sanidad pública”, insisten, “y no a favorecer alternativas privadas mediante ventajas fiscales”.

El proyecto de norma fiscal para garantizar el arraigo y la atracción de talento entró el pasado día 23 de septiembre en las Juntas Generales para iniciar su proceso de enmiendas y de negociación con los grupos para conseguir que se apruebe en pleno. Aunque en Bizkaia los votos del partido de Gobierno, PNV y PSE-EE, son suficientes para sacar a adelante una votación, los socialistas ya han dejado claro que no les gusta. Precisamente han sido muy críticos con las desgravaciones por seguros médicos privados o gimnasios privados. “No nos gusta este proyecto de norma foral”. “Pondremos el empeño en que este proyecto de norma foral salga del trámite parlamentario con aquello que no ha entrado: control, transparencia y generalización. Y se transforme en una norma foral basada en tres pilares irrenunciables: control público, evaluación rigurosa y retorno social de los recursos públicos invertidos”, señaló el portavoz José Alberto Álvarez sobre la iniciativa del PNV.

El Gobierno da forma a los últimos flecos de un Real Decreto-Ley que le permita coger aire tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años expulsada de su hogar por la compañía Urbagestión y que se ha convertido en el símbolo de la crudeza de la crisis de la vivienda. El Ejecutivo trata de atar a todos sus socios parlamentarios y, en concreto, prevé incluir en ese texto bonificaciones fiscales para propietarios y, también, inquilinos. Lo primero es una exigencia de Junts, cuyo concurso es necesario para que salga adelante la ley. Y lo segundo sería un notable cambio de rumbo tras más de una década sin ayudas fiscales estatales a este colectivo.

El paquete fiscal, que el Ministerio de Vivienda negocia contra reloj, prevé bonificaciones para “rebajar el esfuerzo económico de manera inmediata” de los inquilinos. Y también ventajas fiscales “para quienes bajen el precio del alquiler”, con el objetivo de incentivar los recortes en los precios. En concreto, ampliando la deducción sobre esos ingresos hasta el 100%, de acuerdo con el borrador al que ha tenido acceso elDiario.es, en determinados supuestos.

Entre el decálogo de medidas, indican fuentes del Gobierno, se incluye a los pisos turísticos en el perímetro del IVA, la bajada de este impuesto para la construcción de vivienda protegida con calificación permanente y ayudas a la compra de una primera vivienda para “las personas que quieren adquirir un piso, pero no tienen ahorros”.

A falta de conocer la letra pequeña definitiva, los “regalos fiscales” a los propietarios, como se ha definido a estas medidas desde la izquierda del PSOE, han levantado una importante polvareda. Porque, si alguien se ha beneficiado durante más de una década de estos beneficios tributarios, son precisamente los tenedores –grandes o pequeños– de vivienda.

“En la práctica, el inquilino no dispone hoy de ningún beneficio fiscal estatal”, explica Xavier Rubert, socio del despacho especialista en fiscal Lullius, ya que “la deducción por alquiler de vivienda habitual se suprimió en 2015 y solo sobrevive, en régimen transitorio, para contratos firmados antes de esa fecha”. Sí existen algunos beneficios a nivel autonómico, que cada gobierno regional regula por su cuenta.

Una deducción del 10% sobre el pago del alquiler

Según datos recopilados por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, procedentes de la última estadística del IRPF, solo 121.573 inquilinos se benefician en la actualidad del régimen transitorio de esa deducción estatal, con un coste medio de 212 euros y una factura para el Estado de 25,7 millones. “Teniendo en cuenta que el INE estima que un 20,4% de los hogares viven de alquiler, parece que el Gobierno de España podría realizar un esfuerzo mayor para facilitar el acceso”, indica su secretario general, José María Mollinedo.

El borrador del Real Decreto-Ley que valora el Gobierno plantea una deducción para aquellos jóvenes que residan en zonas tensionadas con ingresos anuales inferiores a 33.007,20 euros. En concreto, podrán deducirse hasta el 10% de lo que han pagado por el alquiler de su vivienda habitual, hasta un tope máximo de 11.630 euros anuales, en el caso de que los ingresos se sitúen por debajo de 23.007,20 euros al año.

Frente a la poca generosidad con las personas que viven de alquiler, la política española de los diez últimos años ha colmado de beneficios fiscales a propietarios. “Tienen incentivos importantes”, apunta Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del Registro de Asesores Economistas Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas. “Con carácter general, los nuevos contratos firmados a partir del 26 de mayo de 2023 [un día después de publicarse y entrar en vigor la Ley de Vivienda] tienen reducciones del 50%, pero puede subir al 60, al 70 o incluso al 90% si cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, si la vivienda está en una zona tensionada y el propietario firma un nuevo contrato que reduce la renta en más del 5%”, señala. Pero Rubert matiza que estos últimos tramos “son, sin embargo, de alcance muy reducido, porque dependen de que la comunidad autónoma declare zonas tensionadas y varias gobernadas por el PP han optado por no hacerlo”.

Mollinedo, de Gestha, compara esos poco más de 120.000 inquilinos que gozan de una deducción estatal con los 2,2 millones de propietarios que disfrutan del beneficio fiscal por alquilar, con un alivio medio de 3.006 euros y una reducción total de 6.725 millones de euros. “Esta gran diferencia da una clara idea de la apuesta de los gobiernos de España en la última década por favorecer fiscalmente a los propietarios que pongan sus inmuebles en alquiler”, dice el técnico de Hacienda. “Visto el resultado en el alza de los precios del alquiler, no parece que la medida tributaria generalizada haya sido eficaz para contener los precios”, concluye.

De cada 100 euros, los caseros tributan 24 por los alquileres

De los datos de la Estadística de viviendas declaradas en el IRPF correspondientes a 2024, los últimos publicados, los propietarios españoles declararon a la Agencia Tributaria ingresos procedentes del alquiler de vivienda habitual por valor de 21.000 millones. Una vez aplicadas las deducciones de gastos (9.300 millones, por amortizaciones, intereses de la hipoteca, seguros, o gastos de comunidad) y ese ‘regalo’ por alquilar una vivienda habitual (6.631 millones), el montante sobre el que pagan –se incluye en su base imponible–se queda en poco más de 5.050 millones de euros. De cada 100 euros que ingresan, apenas tributan por 24 euros.

Ese tratamiento más favorable de las rentas procedentes del alquiler para los caseros también se traduce en que el tipo efectivo que soporta un propietario es, potencialmente, mejor que el de un asalariado. Un trabajador con un sueldo bruto de 30.000 euros paga 4.926 euros de IRPF. Un casero que percibe 20.000 euros procedentes de su trabajo al año y percibe 10.000 euros de alquiler tributa prácticamente la mitad: 2.700 euros.

Como se puede ver en el gráfico siguiente, que es interactivo, si un trabajador ingresara 100.000 euros brutos, eso supondría contribuir con 32.119 euros al fisco. Si esa misma cuantía procediera íntegramente del alquiler, apenas abonaría 5.434 euros.

Los datos muestran el caso de un contribuyente que presenta la declaración individual, sin hijos ni otras personas a cargo, menor de 65 años y sin discapacidad. Se usa la escala general del impuesto. Para los gastos deducibles de los caseros, se usa la media que declararon en 2024, el 44,5 % de lo que cobraron. La reducción aplicada es la general, del 50%, aunque puede ser mayor si se cumplen una serie de condiciones.

Esa brecha en el tipo efectivo se ve claramente en este otro gráfico: partiendo de un sueldo bruto de 25.000 euros, si un trabajador aumentara sus ingresos hasta los 100.000 euros brutos, su tipo efectivo sobre el IRPF –que, recordemos, es progresivo– se situaría en el 32,1%. Si los 75.000 euros restantes procedieran de rentas del alquiler, el tipo progresivo decaería hasta colocarse en el 10,3%. Es decir, pagaría proporcionalmente menos que el asalariado del punto de partida (14,3%).

Gimeno apunta que, en comparación, “sí existe cierta descompensación” entre caseros y aquellos que viven de alquiler. “Creo que tendría sentido reforzar algún incentivo para el arrendatario, especialmente para rentas medias y bajas, pero siempre cuidando que no termine trasladándose al precio del alquiler”, advierte el experto del REAF.

Precisamente este es uno de los aspectos que destaca el investigador de Funcas Ignacio Ezquiaga, especializado en el sector inmobiliario. “Las ayudas directas o fiscales por alquilar pisos antes vacíos son positivas siempre que estén condicionadas a que la renta resulte asequible al hogar inquilino. De lo contrario no hacen sino avivar el fuego del ascenso de precios”, defiende. 

Tampoco lo comparte Pablo Feu, abogado especializado en vivienda y uno de los impulsores de la prohibición de compra especulativa de casas: “Para que salga a cuenta, la rebaja fiscal tiene que vencer el beneficio del mercado. Lo que tiene que vencer es que salga más a cuenta que el incremento exponencial de los precios de mercado mes a mes o año a año, y eso en España es imposible”. “Es un error de libro”, dice.

Los socialistas han ratificado en las Juntas Generales de Bizkaia que no les gusta el proyecto de norma fiscal para garantizar el arraigo y la atracción de talento que ha presentado el Gobierno de la Diputación foral, del que forma parte, y que ha iniciado este miércoles su tramitación en comisión. “No creo sorprender a nadie si les aseguro de forma contundente y sin la menor acritud, que al PSE-EE no nos gusta este proyecto de norma foral”, ha señalado el portavoz José Alberto Álvarez sobre la iniciativa del PNV. “Pondremos el empeño en que este proyecto de norma foral salga del trámite parlamentario con aquello que no ha entrado: control, transparencia y generalización. Y se transforme en una norma foral basada en tres pilares irrenunciables: control público, evaluación rigurosa y retorno social de los recursos públicos invertidos”, ha añadido.

En una intervención especialmente breve, el portavoz del grupo socialista en la comisión no ha concretado diferencias con el articulado del proyecto de norma, pero ha recordado que ya mostraron su desacuerdo cuando era anteproyecto. “Y así lo expresamos ya públicamente en las palabras de nuestro secretario general y vicelehendakari Mikel Torres. No nos gusta motivamente, como tendremos ocasión de explicar en el trámite parlamentario que hoy se inicia”, ha recalcado. Entonces, tras la presentación del proyecto por parte de la diputada general nacionalista Elixabete Etxanobe ante empresarios en Madrid, ya mostraron su total desacuerdo, sobre todo con las deducciones fiscales para los seguros médicos privados y para la asistencia a gimnasios, entre otros. El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, tildó de neoliberales esas propuestas.

Álvarez ha indicado que “desde la responsabilidad y alejados de cualquier maximalismo, se ha alcanzado un laborioso acuerdo para los tres territorios históricos con el PNV”. “Compartimos principios como la lucha contra el fraude de fiscal, o el fomento de la actividad económica, entre otros. Las baterías acordadas se trasladarán a este proyecto de norma foral en el momento procedimental oportuno”, ha advertido, después de que pese a este acuerdo entre ambas formaciones, en el que no estaban incluidas las medidas más polémicas del anteproyecto de Bizkaia, el PNV llevara al Consejo de Gobierno de la diputación vizcaína la propuesta original, que se aprobó para iniciar la tramitación en el parlamento foral con la abstención las diputadas del PSE-EE.

“Lamento que no le guste el proyecto normativo”, ha señalado la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, del PNV, al representante de su socio de Gobierno. “Espero que los grupos que tienen mayoría en esta Cámara les termine gustando y se apruebe el proyecto normativo, porque responde a una necesidad que compartimos, que trata de abordar el reto del arraigo de las personas, el arraigo de las empresas. Seguro que si compartimos esa visión, y estoy convencida de que la compartimos, los grupos de esta Cámara llegarán a un acuerdo para que pasemos de no gustar el proyecto normativo, a que alcancen un acuerdo y el proyecto salga adelante. Yo les presento el proyecto normativo de la Diputación Foral de Bizkaia. Ahora es el turno de la democracia y de los grupos junteros para que el proyecto salga adelante con las modificaciones que ustedes consideren. Pero que salga, porque tenemos el reto de arraigar empresas y proyectos empresariales y de crear un futuro para las personas”, ha indicado.

A la espera de esas modificaciones que introduzcan los grupos durante la tramitación, el proyecto de salida no gusta al socio de Gobierno y tampoco a ninguno de los grupos de la oposición. EH Bildu ha manifestado que “está totalmente en contra de este proyecto”. Elkarrekin ya ha anunciado una “enmienda a la totalidad para exigir su retirada” y el PP ha advertido de que enmendarán, “porque sabiendo que va a pactar o que el proyecto viene ya pactado previamente con una izquierda, no va a ser de nuestro agrado”.

La juntera de EH Bildu Arantza Sarasola ha recordado que criticado que en junio la diputada general presentara en Madrid lo que denominó “una revolución fiscal” ante empresarios. Aunque la diputada de Hacienda ha puntualizado en su réplica que ella nunca ha usado el término “revolución” fiscal. “Nosotras no encontramos nada de revolucionario, ni con la privatización del sistema sanitario, ni tampoco reduciendo la recaudación, manteniendo, por un lado, la exigencia a quienes menos tienen y dando continuamente nuevos incentivos fiscales a quienes más tienen”, ha señalado Sarasola.

La representante de EH Bildu ha reconocido que la comisión que se ha desarrollado en las Juntas este miércoles “tiene mucha miga”, porque “esa misma 'revolución fiscal' que presentara la diputada general en Madrid” vuelve ahora “en su integridad”. “Quizás PSE-EE o PNV nos puedan aclarar cuál es la situación”, ha señalado poniendo sobre la mesa las discrepancias entre los socios. Además, ha criticado medidas concretas, como las relativas a las deducciones para inversiones de particulares en un fondo privado para la construcción de vivienda para el alquiler social, aunque señalan que, “estas viviendas deberán estar vinculadas a ese objetivo durante cinco años”. “¿Qué ocurrirá después?”, se ha preguntado. La diputada le ha contestado que la intención es que sean alquileres sociales “eternamente”.

Elkarrekin ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad para exigir su retirada. Es precisamente la formación con la que se pactó la anterior 'revisión fiscal' en 2025. La portavoz de la formación, Eneritz de Madariaga, ha denunciado que la propuesta del Gobierno foral “supone la vuelta a una fiscalidad basada en exenciones e incentivos para quienes tienen mayor capacidad económica y, en consecuencia, implica menos recursos para los servicios públicos”. “De nuevo vuelven a la senda de los ‘privilegios fiscales para unos pocos’, ha censurado. Además, ha considerado ”muy preocupante“ que se haga justo en un momento en el ”buena parte de la ciudadanía tiene dificultades para acceder a una vivienda, llegar a fin de mes o mantener su poder adquisitivo. Y a todos estos problemas, y fuera de toda lógica, ustedes responden reduciendo la tributación de determinados contribuyentes.“, ha recalcado.

De Madariaga ha criticado las formas en la que se ha gestado y presentado esta norma ha pedido a la diputada de Hacienda, y también al PSE-EE si hay modificaciones ya pactadas“ entre los socios, aunque no ha obtenido respuesta. La portavoz de Elkarrekin ha criticado distintos puntos del articulado con beneficios fiscales para determinadas empresas, que ”sólo tienen que mantener un empleo que ya existe“, deducciones por seguros médicos o gimnasios privados, ”gastos que primero hay que poder permitirse, en lugar de reforzar la sanidad pública, los servicios públicos y las políticas universales“ o ”destinar recursos fiscales públicos para hacer atractiva y rentable la inversión privada en vivienda“.

Por su parte, la portavoz del PP, Raquel González, ha eludido pronunciarse directamente respecto a la norma porque “se sigue sin saber cómo va a ser” esta “reforma de la reforma fiscal” del pasado año y ha demandado saber “cuál es el pacto real”. Además, ha criticado la forma en la que se ha procedido presentando en Madrid una normativa que no está aprobada, lo que ha considerado que resta “credibilidad, prestigio y reputación” a la Hacienda vizcaína. “Seguimos sin saber qué es lo que va a ser, siguen sin distinguir entre realidad y fantasía. Usted es la diputada de Hacienda y está aquí para exponer lo que será y se aplicará a los vizcaínos y no lo que le gustaría que fuera. Esos son sus deseos, son un programa electoral de partido, y no es este lugar ni es usted como diputada, quien debe divulgarlos”, ha criticado. “Estamos confundiendo al contribuyente, a los vizcaínos, a los que están fuera y a los que queremos que vengan”, ha añadido. Sí ha advertido de que enmendarán el proyecto “porque sabiendo que va a pactar o que viene ya pactado previamente con una izquierda, no va a ser de nuestro agrado”.

Poner un límite a la concentración de riqueza en nuestro país podría movilizar hasta 357.500 millones de euros, un quinto del producto interior bruto (PIB) de la economía española, y prácticamente dos veces lo que la Seguridad Social abona por las pensiones en un año. Estas son las cifras de un estudio elaborado por The Wealth Cap Project, una asociación europea que defiende que hay ponerle un “techo” a lo que pueden acumular las fortunas.

El estudio, Un tope a la riqueza en España, presentado este lunes en el Congreso, hace una serie de simulaciones en las que se repiensa la tributación actual sobre la riqueza, con propuestas desde cambios en el impuesto de patrimonio hasta la puesta en marcha de ese “techo” a los millonarios.

Estos topes no equivalen a una recaudación potencial, como apuntan los autores del informe: Marina Alcázar (Paris School of Economics), la catedrática Olga Cantó y el investigador Francisco García Rodríguez (ambos de la Universidad de Alcalá). Esto es porque la captación por parte del fisco dependería, en gran parte, del comportamiento de las fortunas afectadas, de variaciones en los precios de los activos “y del margen existente para la elusión y la evasión fiscal”. Pero las cifras “ofrecen una medida transparente y comparable de la enorme magnitud de la riqueza concentrada actualmente en la parte más alta de la distribución española y de qué parte de esa riqueza permanece hoy fuera del alcance de la fiscalidad vigente”. 

Los investigadores justifican la propuesta por un problema, el de la desigualdad, que cada vez es más sangrante. Con datos de 2021, la mitad más pobre del mundo poseía tan solo el 2,2% de la riqueza global, en tanto que el 10% más acaudalado concentraba el 74%. En España, el 1% concentra en torno al 24% de la riqueza. 

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha arropado el lanzamiento de la iniciativa y ha defendido tomar medidas que limiten la desigualdad como vía para frenar el deterioro de la democracia. “La concentración obscena y acelerada de riqueza en unas pocas manos es lo que está detrás del asedio a las democracias que estamos viviendo”, ha advertido. “No se puede plantear una defensa digna de ese nombre de los sistemas democráticos si no somos capaces de desmembrar los mecanismos que hacen posible esa fagotización de la riqueza social para su acumulación en cada vez menos manos”, ha subrayado el representante de Sumar.

Más impuestos o un techo a las fortunas

Un impuesto como el propuesto por el economista francés Gabriel Zucman (de un 2% para toda la riqueza superior a los 100 millones) permitiría, de acuerdo con las proyecciones de los autores en base a los microdatos de la Agencia Tributaria de 2023, un potencial de movilización de 2.700 millones de euros de 538 individuos en nuestro país. Si el tipo sobre estas grandes fortunas se elevara hasta el umbral máximo del Impuesto de Patrimonio (3,5%), la cifra potencial sería de 4.800 millones anuales.

Un tercer escenario parte de la ampliación de la base de obligados tributarios al bajar el umbral de tributación hasta las fortunas por encima de los 100 millones de euros. En ese supuesto, y con un tipo del 2%, la eventual recaudación alcanzaría los 7.200 millones de algo menos de 15.000 individuos. Si el tipo fuera el 3,5%, la recaudación casi se duplicaría: 12.500 millones de euros.

Si bien ya hay trabajos previos sobre el potencial recaudatorio de una reforma del impuesto de patrimonio, la novedad es esa propuesta de un “techo” o un “tope” a la riqueza. “Este enfoque parte de la idea de que debería existir un límite superior a la cantidad de riqueza que un individuo puede poseer legalmente”, explica el estudio, que basa su idea en el concepto del Limitarismo, acuñado por la filósofa y economista belga Ingrid Robeyns.

Y, a partir de aquí, plantea tres escenarios, cada uno con un límite máximo diferente. El más modesto, a partir de los 1.000 millones de euros de riqueza, apenas afectaría a 23 grandes contribuyentes, con un potencial de 50.300 millones de movilización. Si el techo se rebajara a 100 millones, 538 individuos abonarían 136.000 millones.

El mayor potencial de recaudación se desplegaría con un tope a la riqueza de 10 millones de euros, lo que generaría 357.500 millones de algo menos de 15.000 contribuyentes. Esto, en términos relativos al PIB, supone un 20,5%, un quinto del total de la economía española, y pagaría el 183% del gasto en pensiones de un año. Es decir, prácticamente el doble, con los datos a cierre de 2025. Todas las cifras se pueden ver en la tabla a continuación.

La comparación con una variable como el gasto en pensiones, aducen los investigadores, permite “una ilustración concreta de lo que podrían financiar los recursos generados”, más pertinente en un momento en el que las presiones de gasto cada vez son mayores para la Seguridad Social.

Alcázar, una de las autoras del estudio, ha defendido que estas cifras, “incluso en el escenario más conservador”, están lejos de ser desdeñables. “En los escenarios más ambiciosos, la concentración de la riqueza es lo suficientemente elevada como para cambiar sustancialmente los términos del debate sobre cómo España funciona”, ha apuntado.

La catedrática Cantó ha subrayado que la concentración de la riqueza es “una dinámica” que no tiene freno. “El capitalismo tiene una capacidad enorme de generar capital y ese capital tiene una rentabilidad que supera claramente la tributación que eso supone”, ha abundado la experta durante la presentación del informe. En su opinión, “no es tanto pensar en 'vamos a intervenir sus cuentas y quedarnos una parte de su capital', sino que si no hacemos nada, la dinámica será muchísimo peor”.

Un impuesto para pagar una prestación por crianza

Un estudio previo de Cantó y García-Rodríguez ya avanzaba el potencial recaudatorio de una reforma del impuesto de patrimonio, que permitiría financiar políticas como una prestación universal por crianza de hasta 2.000 euros por hijo. En este sentido, otro estudio reciente, este del centro ISGlobal, apuntaba que una tasa del 3% a los cienmillonarios afloraría recursos suficientes para evitar 29,5 millones de muertes al año, dado que se podrían financiar políticas suficientes para economías en desarrollo.

Precisamente la semana pasada Sumar registró en el Congreso una proposición de ley para crear un gravamen a las grandes fortunas que destine su recaudación a un Fondo de Protección a la Crianza. El objetivo de este nuevo tributo sería tapar los agujeros que existen actualmente en el sistema tributario y que permiten que escape buena parte de su posible captación. Esta es, justo, una de las peticiones al PSOE de cara a la negociación de los Presupuestos.

Bustinduy ha hecho referencia a esta iniciativa aunque ha apuntado que, con el actual crecimiento económico, no sería necesario un gravamen extraordinario. Pero en la cuarta potencia del euro, todavía un tercio de los niños y adolescentes están en riesgo de pobreza, ha advertido. “Es evidente que una proporción enorme de esa riqueza [que crea el crecimiento económico] está siendo capturada: por la acumulación de beneficios y el reparto de dividendos, por la utilización de la vivienda como mecanismo extractivo, por el desmantelamiento del sistema de protección social que ejercían como colchones de salario indirecto para las clases trabajadoras y mecanismos de evasión y elusión fiscal que hacen que las grandes fortunas tributen a tipos efectivos que son inferiores a los que puede pagar un funcionario, un autónomo o una trabajadora media de este país”, ha zanjado el ministro.

Cambiar la fiscalidad de Madrid. Esa es la propuesta que han presentado este martes desde Más Madrid. No se trata solo de subir impuestos en la región, sino que el objetivo es cambiar el modelo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un modelo que, a juicio del partido de Mónica García, se basa en la “competencia fiscal a la baja” y el “vaciamiento deliberado de los ingresos públicos”. “Ayuso ha convertido a Madrid en un paraíso fiscal para los multimillonarios”, aseguran desde el partido.

La propuesta contempla nuevos tramos del IRPF autonómico. Frente al tipo marginal autonómico máximo actual del 20,5%, propone establecer un 25% entre 120.000 y 175.000 euros y el 27% desde 175.000 euros. También recoge eliminar la bonificación general del impuesto de patrimonio, que en la actualidad está suspendida por el impuesto a las grandes fortunas estatal avalado por el Tribunal Constitucional. En el documento del partido de izquierdas se propone gravar más a los grandes patrimonios, con hasta un 4% entre 20 y 30 millones y 4,5% desde los 30 millones de euros. “Esta medida, enfocada en grandes fortunas, persigue una recaudación justa, alineándose con la necesaria armonización fiscal”, indican desde Más Madrid. Sin embargo, previsiblemente, la propuesta no saldrá adelante por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Vallecas.

En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, el partido propone mantener la bonificación del 99% hasta el millón de euros, pero incorpora una rebaja progresiva de las bonificaciones con diferentes tramos: del 45% para las sucesiones de entre un millón y cinco millones, 15% para el tramo de cinco a diez millones y 5% por encima de diez millones. Según fuentes del partido, la propuesta pretende “señalar a los verdaderos responsables de nuestros malestares: no a quienes tenemos al lado, sino a quienes acaparan lo de todos y no aportan lo que les corresponde”.

Además, otro de los puntos que contemplan es incorporar un nuevo impuesto sobre Activos No Productivos de las Personas Jurídicas, “una figura tributaria de nueva creación orientada a combatir la elusión fiscal y garantizar la equidad del sistema. Durante años, el uso de estructuras societarias para albergar bienes de lujo”, indican en el texto de la Proposición de Ley, “que no están afectos a ninguna actividad económica productiva, ha servido como vía sistemática para eludir la tributación individual, vaciando de eficacia figuras como el Impuesto sobre el Patrimonio”. Con este nuevo impuesto pretenden gravar “de forma directa y real” a estos activos. La propuesta sería incorporar una escala entre el 0,5% y el 1,5% para bases imponibles superiores a los dos millones de euros. “Con esta medida, la Comunidad de Madrid desincentiva el rentismo y el uso de ”sociedades pantalla“”, aseguran desde el partido de la oposición.

Las rebajas fiscales de Ayuso

Las bajadas de impuestos se han convertido en una de las grandes apuestas del Gobierno de Ayuso durante los últimos años. Sin ir más lejos, en enero la presidenta de la Comunidad anunció una nueva bajada “en medio punto en el tramo autonómico” del impuesto sobre la renta, que entraría en vigor para la declaración de 2027, aunque en ese momento no precisó fecha.

Las rebajas fiscales han sido una constante desde prácticamente la primera legislatura de Ayuso al frente de la región. La última medida la adelantó en el marco del Debate sobre el Estado de la Región, cuando su gobierno aseguró que la Comunidad no cobraría tasas cuando sea la propia administración la que no resuelva una cuestión dentro del plazo establecido. Rebajas de impuestos que desde la oposición de izquierdas suman críticas: “Ha llegado el momento de hablar de que la culpa la tienen esos millonarios que no pagan lo que les toca mientras las familias trabajadoras se parten el lomo”, dicen ahora desde Más Madrid.

El PSN va a plantear a sus socios de gobierno en Navarra, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, y a EH Bildu, socio presupuestario, una nueva deflactación del IRPF para el año 2027 con la que pretenden paliar el efecto de la subida de la inflación en el bolsillo de los ciudadanos. Los socialistas llevarán la propuesta a la negociación de las medidas fiscales del próximo ejercicio, que se desarrollará en paralelo a la de los presupuestos.

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha señalado que se trata de una medida justificada en el incremento de los precios. “Si todo cuesta más, y si el sueldo de un trabajador sube solo para compensarlo, no queremos que esa subida haga que se acabe pagando más impuestos, porque no es para nada justo”, ha indicado. Unzu ha afirmado que el objetivo del PSN es “poner en marcha todos los años medidas que protegen a la ciudadanía, en este caso, del incremento de los precios”.

La portavoz socialista ha realizado este planteamiento después de que el pasado viernes el Gobierno de Navarra anunciara el techo de gasto para el año 2027, que aumenta un 8,4% respecto al ejercicio anterior. Unzu ha destacado que se “sigue avanzando para tener unos buenos Presupuestos, ambiciosos, con proyectos que están mirando a años vista”.

El portavoz de Geroa Bai, el principal socio del PSN en el Gobierno, Pablo Azcona, ha emplazado a los socialistas a retomar la negociación fiscal “cuanto antes” para poder negociar esa y otras medidas que vayan a afectar a los ingresos de las arcas forales. Tanto él, como el otro socio del Ejecutivo, Contigo/Zurekin, han valorado positivamente el aumento del techo de gasto.

En la misma línea se ha manifestado EH Bildu. Su portavoz, Mikel Zabaleta, ha afirmado que “ahora este mayor margen presupuestario debe servir para responder a los retos y las necesidades de la sociedad navarra, avanzar en la protección y el fortalecimiento de los servicios públicos, y garantizar los derechos de la ciudadanía”. “Estamos a la espera de conocer el reparto por departamentos, que se conocerá hoy mismo, así como la traslación de esas cifras generales a partidas concretas en el anteproyecto de la ley foral de Presupuestos”, ha indicado.

Sobre fiscalidad ha apuntado que para poder tener un sistema público “sólido” que “aproxime” a Navarra “a los países socialmente más avanzados de Europa”, hay que “aprovechar las competencias en materia fiscal”. “Es por ello por lo que también esperamos poder alcanzar un acuerdo en la mesa de fiscalidad, porque la fiscalidad debe ser una herramienta al servicio de la mayoría social y servir para afrontar los principales retos que tiene esta sociedad, como el acceso a la vivienda, la redistribución de la riqueza y la emergencia climática”, ha señalado.

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado este jueves en Consejo de Gobierno el proyecto de norma foral original presentada por el PNV en Madrid y orillando el acuerdo fiscal de mínimos pactado por PNV y PSE-EE y que se hizo público hace unos días. De hecho, la aprobación se ha llevado a cabo con el Gobierno foral dividido, ya que la norma ha salido adelante sólo con los votos del PNV y con la abstención de las dos miembros socialistas del Ejecutivo foral, Teresa Laespada y Sonia Pérez Ezquerra. Esto significa que la norma entrará en las Juntas Generales con todas las medidas presentadas por la diputada general en Madrid ante representantes del mundo empresarial, entre ellas las más polémicas para su socio de gobierno, como las deducciones por seguros médicos privados o por la asistencia a gimnasios privados, y la reforma tendrá que negociarse entre los grupos.

La portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga, ha confiado en que se aprueben todas las medidas que contempla el proyecto porque “son beneficiosos para el territorio” y para la ciudadanía, ha dicho, aunque ha reconocido de que “dependerá de la negociación de los partidos”. “Ahora comienza en la negociación y las propuestas entre los diferentes grupos políticos, pero esta es la postura del PNV”, ha señalado, tras recordar que el pacto con el PSE-EE es “un acuerdo de mínimos”. Ante la oposición del PSE-EE a algunas de las medidas, la portavoz del Ejecutivo foral se ha abierto a negociar con otros partidos.

De entrada, el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha señalado este mismo jueves en una entrevista en Euskadi Irratia que su partido mantendrá la coherencia sobre la reforma hasta el final dando a entender que mantendrá su oposición tal y como la plantea el PNV de Bizkaia. Desde el PSE-EE han puntualizado que la abstención en el Consejo de Gobierno “representa su disposición a debatir sobre el texto”, pero que no comparten “ni en el fondo ni en la forma” alguna de las iniciativas recogidas en el documento. En este sentido, han reiterado que “el principal objetivo es que las medidas aporten bienestar no solo a unos pocos, y que apuesten por los servicios públicos” han manifestado. Y han remarcado: “Si gobernamos juntos, decidimos juntos”.

De momento, los partidos de la oposición han puesto de manifiesto las cada vez más evidentes discrepancias entre los socios de Gobierno. “Las diferencias del PNV y PSE-EE en fiscalidad dejan en evidencia la inestabilidad de los gobiernos que conforman”, han señalado desde EH Bildu. “Improvisación, desacuerdo, falta de consenso en cuestiones que son estratégicas. En definitiva, inseguridad ante la ciudadanía. Esto es lo que han proyectado el PSE-EE y el PNV en el debate sobre la fiscalidad”, ha señalado el portavoz de la formación en las Juntas Generales de Bizkaia, Iker Casanova.

De igual forma, la portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, ha reiterado que PNV y PSE-EE “llegar al final de la legislatura exhibiendo sus diferencias en política fiscal” y ha considerado que ya con el acuerdo de mínimos entre ambas formaciones se dejaba entrever que “más que una política fiscal común parece un intento de que cada socio salve su posición y su relato a pocos meses de las elecciones”. Además, ha insistido en que la norma foral planteada por la Diputación de Bizkaia se aleja del espíritu de la reforma fiscal acordada hace apenas un año con Podemos, la pata principal de Elkarrekin. “Exigimos coherencia con aquel acuerdo. No aceptamos que, apenas un año después, se utilice una nueva norma tributaria para abrir vías de reducción de la tributación, ampliar privilegios fiscales. La reforma aprobada con nuestros votos avanzó hacia un sistema fiscal más justo y redistributivo, y no vamos a contribuir ahora a desandar el camino avanzado por la puerta de atrás”, ha señalado. Por su parte desde el PP, habían considerado el pacto PNV-PSE-EE una rebaja de las propuestas realizadas por Bizkaia en Madrid.

PNV y PSE-EE pactaron un documento de mínimos que ha quedado superado poco más de una semana después de anunciarlo nada más arrancar el mes de septiembre. Con el documento se pretendía presentar una reforma fiscal 'armonizada' entre los tres territorios después de la tormenta desatada entre ambas formaciones por las medidas anunciadas en Madrid por Elixabete Etxanobe, que el PSE-EE aseguró que no se habían consensuado con ellos, y que incluso el propio secretario general del partido, Eneko Andueza, tachó de proyecto de “sesgo neoliberal”. De hecho, el documento suscrito por las cúpulas de ambas formaciones no incluye todas las medidas propuestas por la diputación vizcaína. Es el caso, por ejemplo, de las desgravaciones por los seguros médicos privados, una medida que no gustó nada en las filas de los socialistas, o las deducciones por gastos en gimnasios privados. También se modifican a la baja algunas desgravaciones del IRPF para atraer talento. Ahora el documento vuelve a estar en las Juntas Generales de Bizkaia tal y como se presentó ante la cúpula de la CEOE y varios dirigentes empresariales que alabaron la reforma. Estas son algunas de las medidas del anteproyecto sobre las que tendrán que negociar los partidos a partir de ahora en las Juntas de Bizkaia:

Seguros médicos y gimnasio

Se incorporan medidas supuestamente destinadas a mejorar la calidad de vida y hacer así el territorio más atractivo para trabajar, y que son las que más polémica han suscitado con los socios socialistas. Por ejemplo, deducción del 20% sobre las primas de seguros sanitarios privados, con una base máxima de 1.500 euros por persona asegurada, o una deducción del 20% para gastos en gimnasios y actividades deportivas, con una base máxima de 1.000 euros. En el caso de que estos servicios estén facilitados directamente por las empresas, no tendrá la consideración de retribución en especie para los trabajadores.

También se incentiva la formación continua y la formación dual, incorporando una deducción del 20% de los costes salariales asociados a contratos vinculados a estos programas, además de una deducción del 5% por la adquisición de vehículos nuevos vinculada al achatarramiento previo de vehículos con más de diez años de antigüedad.

El anteproyecto incorpora por último un capítulo dedicado al reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos sexuales sufridos durante la infancia y la adolescencia y plantea la exención total sin límite cuantitativo de todas las indemnizaciones a menores por daños físicos o psíquicos sufridos en el ámbito de la Iglesia y también en otras entidades.

Estas actuaciones, ha explicado Itxaso Berrojalbiz, buscan “facilitar los procesos de reparación y reconocimiento de las personas afectadas, situando a las víctimas en el centro de la respuesta institucional y reforzar el compromiso de Bizkaia con la protección de los derechos de la infancia y la atención a quienes han sufrido situaciones de especial vulnerabilidad”.

Impulso al arraigo empresarial y participación de los trabajadores

Para favorecer la transmisión de empresas y facilitar la continuidad en Bizkaia se incorpora una reducción del 30% en las plusvalías generadas en determinadas transmisiones de empresas siempre que garanticen la continuidad de la actividad empresarial y el empleo. La participación de los trabajadores en las empresas se quiere potenciar añadiendo ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales por trabajador en el caso de que reciban acciones o participaciones en la empresa, así como acceso a préstamos en condiciones favorables para incorporarse como socio o socia de una cooperativa o adquirir participación en la empresa.

Medidas para atracción y retención de talento

Uno de los objetivos fundamentales es conseguir que las empresas cuenten con personal cualificado, consiguiendo atraer talento, o que regresen los que optaron por salir de Euskadi para buscar empleo. En anteproyecto de norma foral contempla deducciones en el IRPF para lograr la atracción de ese personal. Entre ellas, un 50% de la exención sobre los rendimientos derivados de su actividad profesional, un porcentaje que se eleva hasta el 60% para menores de 36 años. También se incorpora un nuevo gasto deducible para compensar la movilidad geográfica por motivos laborales de 2.000 euros anuales durante el año del desplazamiento y los tres siguientes. La cantidad será de 3.000 euros si se trata de menores de 36 años.

Vivienda de alquiler

Precisamente por el peso que tiene la escasez de vivienda asequible a la hora de optar por Euskadi como destino, el anteproyecto de norma incluye también el impulso a un modelo de colaboración público-privada desde la fiscalidad para facilitar el alquiler de interés social de personas con dificultades de acceso al mercado residencial. En este sentido se incluye nueva deducción del 15% para las cantidades depositadas en cuentas destinadas a la adquisición de participaciones en fondos orientados al impulso del arrendamiento de vivienda de interés social, con un límite de deducción de 750 euros anuales. Con ello se pretende “movilizar el ahorro privado hacia proyectos con impacto social y ampliar la oferta de vivienda accesible para jóvenes, personas desplazadas por motivos laborales o colectivos en situación de vulnerabilidad”.

El Gobierno del Principado ha defendido este miércoles su política fiscal “seria y responsable” que beneficia a las clases medias y trabajadoras frente a un PP que tiene como “leitmotiv” y “única motivación” elaborar propuestas para las grandes rentas y patrimonio.

Así se ha pronunciado el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en el primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones en respuesta a una pregunta del diputado popular Andrés Ruiz sobre fiscalidad.

Mejorar la “justicia tributaria”

Peláez ha asegurado que el Ejecutivo asturiano está centrado en mejorar la progresividad del sistema tributario, “concentrando todos los beneficios fiscales” en las clases medias y trabajadoras, tras registrarse un impacto de 94 millones en deducciones fiscales.

El objetivo es “mejorar la justicia tributaria” y garantizar la “suficiencia financiera para seguir ensanchando el estado de bienestar”.

El planteamiento del PP

Frente a las medidas del gobierno, el consejero se ha preguntado si la alternativa del PP es “seria y rigurosa”, puesto que ha presentado una serie de propuestas con “contradicciones manifiestas entre ellas”.

“Está claro los intereses a los que representan”, ha dicho Peláez, tras advertir de que el planteamiento de los populares se centra en reducir “notablemente” la tributación de las grandes rentas y patrimonios“ lo que ”pondría en riesgo el estado de bienestar“.

El consejero también ha reprochado al PP que sea “incapaz de respaldar” al Ejecutivo y que “busque cualquier excusa para salirse de la gatera” cuando expresa el Principado su rechazo a la reforma del modelo de financiación autonómica.

La “desafección” ciudadana

Por su parte, el diputado del PP ha asegurado que la política fiscal de Asturias está generando “desafección” de los ciudadanos, que están “siendo incapaces de colmar sus expectativas vitales” con una “renta disponible completamente retraída”.

Ante esta situación, el parlamentario popular ha criticado el “triunfalismo” del Ejecutivo autonómico, porque la denominada vía fiscal asturiana “solo llega a uno de cada cinco contribuyentes”, por lo que ha resultado ser un “fracaso”.

PNV y PSE-EE han pactado un documento de mínimos para realizar una reforma fiscal 'armonizada' entre los tres territorios después de la tormenta desatada entre ambas formaciones por las medidas fiscales presentadas en Madrid por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, que el PSE-EE aseguró que no se habían consensuado con ellos, y que incluso el propio secretario general del partido, Eneko Andueza, tachó de proyecto de “sesgo neoliberal”. De hecho, el documento suscrito por las cúpulas de ambas formaciones no incluye todas las medidas propuestas por la diputación vizcaína. Es el caso, por ejemplo, de las desgravaciones por los seguros médicos privados, una medida que no gustó nada en las filas de los socialistas, o las deducciones por gastos en gimnasios privados. También se modifican a la baja algunas desgravaciones del IRPF para atraer talento.

El acuerdo marco sobre los contenidos de las Normas Forales de Medidas Fiscales 2026, del que han dado cuentas los socios de gobierno a través de un comunicado conjunto, tiene el objetivo de “impulsar el arraigo empresarial, favorecer el relevo generacional, fortalecer la participación de las personas trabajadoras, atraer y fidelizar profesionales en Euskadi, mejorar el acceso a la vivienda y facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible”. De momento es una base que tendrá que aprobarse después en las respectivas Juntas Generales de cada territorio. Ni en Álava ni en Gipuzkoa PNV y PSE-EE tienen mayoría, por lo que tendrán que buscar nuevos socios. De hecho, la normativa fiscal que está ahora en vigor se pactó en 2025 con Podemos.

Las medidas acordadas se incorporarán en los tres territorios históricos -Araba, Bizkaia y Gipuzkoa-, ya sea en los correspondientes anteproyectos normativos o durante la tramitación parlamentaria mediante enmiendas. “Todo ello sin perjuicio de que cada territorio pueda ampliar o complementar este marco común”, señalan, aludiendo a una máxima que han repetido desde los tres territorios estos meses, en el sentido de que “armonizar no es igualar”.

El acuerdo contempla la incorporación de una disposición adicional con rango de Norma Foral para evaluar el impacto de las medidas relacionadas con la continuidad empresarial, el arraigo, la fidelización y la atracción de personas y empresas. La evaluación se referirá a los periodos impositivos 2026-2029 y deberá analizar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, incluyendo, cuando proceda, variables desagregadas por sexo. Cada Gobierno foral dará cuenta de sus resultados a las Juntas Generales, que podrán valorar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones normativas.

Arraigo de las empresas y participación de los trabajadores

En concreto, para dar continuidad a las empresas y asegurar el relevo generacional, se ha acordado la reducción del 30% en plusvalías en determinadas transmisiones de empresas y negocios autónomos, siempre que se garantice la continuidad de la actividad y del empleo durante cinco años. Esta reducción se amplía al 35% si la transmisión se realiza a una micropyme y al 40% si es a una mujer menor de 36 años. Asimismo, se ha pactado revisar la normativa para la titularidad de los 'crowdfundings' y ampliar la reserva para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva para proyectos estratégicos de los territorios. La medida se aplicará sobre una base máxima de plusvalía de tres millones de euros. Se reforzarán las cautelas para garantizar el mantenimiento de la empresa y evitar operaciones que reduzcan sustancialmente el valor de la adquisición o permitan eludir los requisitos establecidos.

Por otra parte, se plantea ampliar la reserva prevista en el artículo 53 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades para proyectos estratégicos de país o de territorio. La definición y los requisitos de estos proyectos se concretarán reglamentariamente, atendiendo a factores como la creación de empleo estable y de calidad, el volumen de inversión y su alineación con las estrategias territoriales y de país.

El acuerdo contempla incentivos fiscales para favorecer que las personas trabajadoras participen en el capital de las empresas mediante la adquisición de acciones o participaciones, con ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales. También se prevé facilitar préstamos para la incorporación de las personas trabajadoras a cooperativas o al capital de sus empresas. La aplicación de estos incentivos quedará condicionada al mantenimiento de las acciones o participaciones durante tres años. En las grandes empresas, el incentivo se orientará a los casos en los que la participación de las personas trabajadoras permita alcanzar el control de la sociedad o del grupo, con el objetivo de reforzar el arraigo de los centros de decisión.

Atracción de profesionales

Para la atracción de profesionales que hayan vivido en el extranjero, se ha acordado la exención del 42% en rendimientos del trabajo para el talento profesional y del 30% en rendimientos del trabajo para profesionales cualificados (con, al menos, FP de grado superior) en sectores como investigación, desarrollo e innovación, científico, técnico o financiero, medioambiental y de transición energética, tecnológico o de carácter biosanitario. Estas exenciones aumentan un 10% para menores de 36 años y tendrán una duración de 1+7 años. Asimismo, se incorpora una variable deducible de 2.000 euros (3.000 para menores de 36 años) por movilidad geográfica a las personas que se trasladen a territorio vasco que no cumplan criterio de impatriados.

Vivienda en alquiler

Relacionado también con la captación de talento, y ante las dificultades del mercado de la vivienda, se ha acordado la no tributación del abono de la empresa del alquiler de sus trabajadores en especie hasta 700 euros por mes con un máximo de hasta 24 meses por persona trabajadora, siempre que el alquiler no supere el índice de referencia, y hasta 300 euros en el resto de casos. También se habilitará a los ayuntamientos para establecer bonificaciones y avanzar hacia un modelo de IBI social. Y se estudiará la introducción de una deducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio o el IRPF para favorecer la cesión de viviendas o suelo finalista al parque público de alquiler o a proyectos de colaboración público-privada.

En cuanto a la formación y al empleo juvenil, se refuerzan los incentivos a la formación continua y dual y se incrementan las deducciones de creación de empleo si procede de esta formación.

Cuidados y movilidad

En el terreno de los cuidados, se ha acordado elevar el umbral de la deducción por cuidado a 500 euros, 750 euros si es por cuidado profesional, y a 1.000 euros en el caso de familias monoparentales. El acuerdo alcanza también la reparación social al incorporar medidas para facilitar los procesos de reparación y reconocimiento de las personas víctimas de abusos sufridos durante la infancia y la adolescencia en el ámbito institucional.

Existen también deducciones para el ámbito de la movilidad sostenible: se ha acordado una deducción del 5% por compra de vehículo nuevo si se achatarra otro de más de 20 años de antigüedad o si el vehículo antiguo supera un número de emisiones que se establecerá en el Reglamento. La medida tendrá una vigencia de dos años y se aplicará con límites de precio de 30.000 euros para los vehículos convencionales y de 40.000 euros para cero emisiones.

Fiscalidad de la empresa familiar y obligación de declarar

El acuerdo refuerza las reglas destinadas a evitar la elusión en la valoración de las transmisiones onerosas de empresas familiares. Como regla general, la persona adquirente tributará en una futura transmisión por el importe efectivamente satisfecho. “Si la Administración comprueba que dicho importe es distinto del declarado, se perderá el derecho a la exención, con la correspondiente regularización e intereses de demora”. También se analizará la necesidad de introducir una regla específica para las transmisiones lucrativas -donaciones y sucesiones de empresa familiar-, con remisión a la valoración prevista en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y exigencia de tasación pericial cuando proceda.

En relación con la obligación de declarar en el IRPF, actualmente fijada en 20.000 euros, ambas formaciones acuerdan “abordar su actualización en el marco de los escenarios presupuestarios y de recaudación correspondientes al ejercicio 2027”.

La polémica por la propuesta de Bizkaia

Bizkaia presentó su propuesta fiscal en Madrid en el mes de junio, sin consensuarla con sus socios en el Gobierno foral, y tampoco con el resto de los territorios. La propuesta se realizó en Madrid, comunidad a la que se ha acusado desde el nacionalismo vasco en muchas ocasiones de hacer 'dumping' fiscal, y en un acto en el que participó una nutrida representación empresarial encabezada por el propio presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, junto a líderes de destacadas empresas y entidades como Petronor, Telefónica, Iberdrola o el BBVA, y que se deshicieron en elogios a las propuestas vizcaínas.

El vicelehendakari y secretario general del PSE-EE en Bizkaia, Mikel Torres, aseguró haber conocido el anteproyecto de reforma a la vez que la prensa, y señaló que las reformas fiscales “se acuerdan y se pactan, lo mismo que se hizo con la reforma fiscal de abril de 2025”. Eneko Andueza subió el tono de las críticas un mes después, a mediados de julio, al considerar que se trata de una propuesta con “sesgo neoliberal”. Ambos partidos se han empleado a fondo en los meses de verano para llegar a este documento de mínimos, aunque queda toda la tramitación las Juntas y se ha abierto ya de pleno el periodo preelectoral, y la fiscalidad es siempre uno de los temas centrales de las pugnas electorales.

Tras cerrarse el acuerdo entre las cúpulas de los partidos, la diputada de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Itziar Agirre, ha considerado que se trata de un “paso adelante” para seguir avanzando en los retos económicos del territorio y seguir avanzando en construir “una economía fuerte y competitiva que ofrezca confianza a las empresas y a las personas que quieran desarrollar sus proyectos vitales y profesionales en Gipuzkoa”. “Nos esforzaremos sobremanera para alcanzar con los grupos junteros un acuerdo amplio que beneficie al conjunto de las y los guipuzcoanos”, ha señalado.

Hoy queremos recuperar un episodio que surge a partir de que nos enteramos de algo muy llamativo. Gracias a algunas religiosas jóvenes con cierta actividad en redes sociales, algunos nos hemos enterado de que las monjas cotizan en el régimen de autónomos a diferencia, por ejemplo, de los curas, que son trabajadores por cuenta ajena: la Conferencia Episcopal les paga un sueldo según su posición en el escalafón salarial de la Iglesia.

Si un autónomo es alguien que trabaja por cuenta propia, con sus propios horarios, sus clientes y sus declaraciones de IVA e IRPF, ¿por qué una monja, que vive aislada por y para su congregación, que sigue una rutina estricta y obediente, que no trabaja para nadie más que para Dios, cotiza en el régimen de autónomos? Intentamos responder a todas estas contradicciones con Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, medio asociado a elDiario.es en cuestiones relacionadas con la religión y la Iglesia católica.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 27 de marzo de 2026***

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El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha unificado criterio y ha establecido que un contribuyente que venda una vivienda habitual de su propiedad y reinvierta el importe obtenido en otra vivienda habitual, solo podrá aplicar la exención en IRPF por la parte del precio correspondiente a su porcentaje de participación en el nuevo inmueble si lo compra con otra persona.

De acuerdo con la resolución del TEAC consultada por Europa Press, se fija que el obligado tributario podrá aplicar la exención por reinversión en función del importe que, del total obtenido en la transmisión de la vivienda, destine a satisfacer el precio de la nueva vivienda que se corresponda con el porcentaje de participación que el mismo ha adquirido en dicha nueva vivienda; porcentaje que, en el caso de bienes adquiridos con carácter ganancial sin atribución expresa de cuotas será del 50% para cada uno de los cónyuges.

La resolución precisa que la exención por reinversión no depende de que el contribuyente mantenga en la nueva vivienda el mismo porcentaje de titularidad que tenía en la transmitida, sino del importe efectivamente reinvertido en la adquisición de su derecho de propiedad.

El TEAC analiza el supuesto de un contribuyente que transmite una vivienda habitual de titularidad privativa y, posteriormente, adquiere junto a su cónyuge una nueva residencia habitual bajo el régimen de sociedad de gananciales.

En concreto, se trata de un ciudadano que adquiere el 50% de la nueva vivienda construida en Suances (y no el 100% de la misma), cuyo coste de adquisición, a la fecha en que debió materializar la reinversión, es de 170.091,21 euros, y transmitió su anterior vivienda habitual en 217.739,72 euros, con un saldo pendiente de hipoteca de 44,56 euros, por lo que ya se advierte, en primer lugar, que difícilmente puede reinvertir la totalidad del importe obtenido en la venta.

La cuestión es que el interesado no ha adquirido el 100% de la vivienda nueva, sino el 50%, por lo que la reinversión unicamente puede examinarse considerando lo adquirido por él, esto es, el 50% de la vivienda.

En este contexto, el órgano económico-administrativo concluye que la cantidad susceptible de acogerse a la exención debe corresponderse con el precio de adquisición de la cuota de propiedad que el contribuyente incorpora a su patrimonio en la nueva vivienda.

El tribunal descarta así que un cónyuge pueda aplicar la exención por la totalidad de los fondos procedentes de la venta de su vivienda anterior si una parte de ese desembolso sirve para financiar la participación del otro cónyuge en el nuevo inmueble.

Por tanto, la resolución del Tribunal, adelantada por 'El País', entiende que el beneficio fiscal consistente en la aplicación de la exención de las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con la transmisión de una vivienda habitual, cuando dicho importe sea reinvertido en la adquisición de otra vivienda habitual, solo puede aplicarse a aquella parte que redunde en adquisición de titularidad de la nueva vivienda a favor del propio contribuyente.

“Es decir, la exención debe tener como límite la parte del precio de la nueva vivienda habitual correspondiente al porcentaje de titularidad en la misma”, se detalla en la resolución.

Por todo ello, en aquellos supuestos en los que el contribuyente transmite una vivienda de la que venía siendo titular al 100%, reinvirtiendo todo el importe en la adquisición del 50% de una nueva vivienda, la exención aplicable no puede superar el importe del 50% del precio de la nueva vivienda objeto de reinversión. “Lo contrario implicaría el reconocimiento indebido de una exención”, concluye la resolución.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves que el índice general de precios (IPC) se elevó en julio al 3,6% en el cálculo interanual, cuatro décimas más que en junio, por la presión de los carburantes y de la electricidad, que en su caso registró una tasa interanual del 8,4%. El dato avanzado, publicado hace unos días, situó la inflación en el 3,5%.

El detalle del IPC de julio confirma que la subclase del gasóleo registró una variación interanual del 15,7% en julio, por encima del umbral del 15% previsto en el Real Decreto-ley 18/2026 de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán. Al superarse ese umbral, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda del Plan de Respuesta, según han informado fuentes del Ministerio de Economía: la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes.

La gasolina, que registró en julio una variación interanual del 7,3%, por debajo del 15%, mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre. El mecanismo actúa así de forma proporcionada, reforzando la protección solo allí donde la presión de los precios lo justifica.

El último Real Decreto-ley tiene un enfoque protector adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso. Es una previsión especialmente relevante en un contexto de mayor incertidumbre y volatilidad en las últimas semanas, según las fuentes del departamento que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo. El resto de medidas siguen activas según lo previsto en el mismo Real Decreto-Ley.

En pleno 'shock' energético por la guerra en Irán, la inflación encadena cinco meses consecutivos por encima del 3% y alcanza en julio su pico más alto en más de dos años.

Las medidas adoptadas hasta la fecha están funcionando. Tanto el primer Plan de Respuesta puesto en marcha el 20 de marzo como su continuación —aprobada por el Consejo de Ministros a finales de junio y respaldada por una mayoría del Congreso el 23 de julio— están cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares, según Economía.

En este sentido, el Ministerio destaca que la presión inflacionista no se ha trasladado a los alimentos, para los que la variación interanual fue del 1,6%, tres décimas por debajo de la tasa de junio y un mínimo no visto desde 2021.

El IPC subyacente (que excluye de su cálculo la energía y los alimentos) se sitúa en el 3%, una décima más que en junio.

La tradicional bombona de butano se encarecerá desde este martes casi un 16% y pasará a costar 17,83 euros. Frente a los 15,39 euros fijados en la última revisión bimestral. La subida, una de las más pronunciadas de los últimos años, está motivada principalmente por el fin de la rebaja temporal del IVA aplicada por el Gobierno, que vuelve a situarse en el 21%.

La nueva tarifa, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incorpora la finalización de la reducción del IVA del 21% al 10% establecida por el Real Decreto-ley 7/2026. La nueva rebaja temporal del Impuesto de Hidrocarburos prevista en el Real Decreto-ley 18/2026 fija una reducción de 3,75 euros por tonelada.

Sin el efecto derivado del regreso del IVA al tipo general, el incremento del precio de la bombona habría sido del 4,94%, por debajo del límite máximo del 5% permitido en cada revisión bimestral.

El transporte se encarece mientras cae el precio de la materia prima

La evolución del precio final responde a varios factores que se tienen en cuenta en la fórmula regulada con la que se calcula la tarifa. Entre ellos figuran: la cotización internacional del butano y el propano, el coste del transporte marítimo y terrestre y la evolución del tipo de cambio entre el euro y el dólar.

En esta ocasión, el descenso del precio de las materias primas, que cayó un 33,35%, no ha sido suficiente para compensar el fuerte incremento del coste de los fletes, que aumentaron un 51,88%. Ni la ligera depreciación del euro frente al dólar, del 0,32%, según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados en recipientes de entre ocho y veinte kilogramos (la bombona utilizada habitualmente en millones de hogares). Está regulado por el Estado y se revisa cada dos meses, el tercer martes del mes, mediante una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

El límite del 5% aplaza nuevas subidas

La normativa vigente, establece que las revisiones bimestrales no pueden superar un incremento o una reducción del 5% respecto al precio anterior. Cuando el resultado de la fórmula arroja una variación superior, el exceso se acumula para ser incorporado en futuras revisiones.

De hecho, si en esta actualización no se hubiera aplicado ese límite ni las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno, el precio máximo de la bombona habría alcanzado los 18 euros. La diferencia entre ese importe y el finalmente aprobado genera un déficit que deberá recuperarse progresivamente en próximas revisiones, siempre dentro del margen máximo permitido.

Este mecanismo pretende suavizar las oscilaciones del precio para los consumidores, aunque puede provocar que parte de las subidas o bajadas se trasladen con retraso a la factura final.

Un combustible cada vez menos utilizado

El GLP envasado continúa siendo una alternativa al gas natural en numerosas zonas rurales y municipios que no cuentan con conexión a la red gasista. Utilizado principalmente para cocinar, calefacción y agua caliente, sigue siendo un suministro esencial para miles de hogares españoles.

Sin embargo, su consumo mantiene una tendencia descendente. Durante 2025 se consumieron 57 millones de envases de GLP de distintas capacidades, una cifra que confirma el retroceso sostenido de este combustible. Desde 2021, el consumo total de bombonas ha disminuido más de un 12%, impulsado por la extensión de otras fuentes energéticas y la progresiva electrificación de los hogares.

Pese a esa caída de la demanda, la tradicional bombona de butano continúa siendo un producto regulado cuya evolución depende tanto de los mercados internacionales de la energía como de las decisiones fiscales adoptadas por el Gobierno.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha hecho este viernes 17 de julio un balance positivo de sus siete años al frente del gobierno regional, que ha considerado que han beneficiado de forma sustancial a la comunidad autónoma pese a que se han cruzado por el camino crisis graves como la de la pandemia.

El socialista ha desgranado varios datos para resumir su acción de gobierno desde el 2019 cuando asumió la presidencia sustituyendo a Javier Fernández. Barbón ha destacado la bajada del paro y el mayor número de cotizantes a la Seguridad Social, el incremento del Producto Interior Bruto de la región, la subida del número de empresas, la mayor inversión en investigación o en gasto sanitario y la inversión en educación como ejemplo de su buena gestión, entre otras.

También ha puesto en valor el crecimiento de habitantes del Principado en los últimos años, que ha supuesto revertir uno de los principales problemas, la demografía. En estos años Asturias ha ganado 5.000 habitantes más y se mantiene por encima del millón de vecinos y vecinas pese a la tendencia bajista acumulada de años anteriores. También ha destacado el saldo migratorio positivo que se ha incrementado estos años hasta las 14.000 personas anuales, “no hay semana que no me encuentre a alguien que ha venido a vivir a Asturias desde otra comunidad autónoma”.

Según Barbón, el balance “huye de la autocomplacencia” y representa un gobierno “que reconoce errores”. “Estamos construyendo un nuevo paisaje económico, haciendo Asturias desde la economía”, ha asegurado para defender las nuevas conexiones ferroviarias, aéreas y la movilidad interna del Principado con su tarjeta Conecta, que llega casi a medio millón de usuarios. Ha anunciado que en otoño habrá una rebaja de la tarifa plana de la tarjeta Conecta de 30 a 20 euros como medida extraordinaria ante las consecuencias de la guerra de Irán.

El presidente ha defendido asimismo sus planes contra el cambio climático, la inversión de más de 100 millones contra los incendios y las inversiones en el medio ambiente y la gestión industrial.

Barbón ha mantenido su negativa a la nueva financiación autonómica propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez al entender que no da solución a los problemas del Principado.

En su amplio repaso de temas, Barbón ha defendido también la gestión en materia sanitaria poniendo de ejemplo la ley de salud mental, el proyecto del nuevo Hospital de Cabueñes en Gijón o la lucha contra la soledad no deseada.

Además, ha puesto en valor el desarrollo de uno de sus proyectos estrella, 'Les Escuelines' infantiles que este año completarán su red o la matrícula gratuita en la Universidad de Oviedo.

Indra

El presidente del Principado ha defendido a preguntas de la prensa que existe “una sintonía plena” con Indra para que la empresa lleve a cabo la inversión en Barros (Langreo), donde la compañía quiere instalar una segunda planta de blindados en Asturias, y ha avanzado que “cuando sea el momento” se responderá “con hechos”.

Barbón ha hecho esta afirmación tras recibir ayer, jueves, en la sede de Presidencia al nuevo consejero delegado de Indra, Josep María Recasens, para analizar los planes de la compañía en la comunidad.

Barbón ha dicho que puede “contar muy poco por razones obvias de precaución”, pero ha remarcado que la reunión fue “muy clarificadora” y “muy, muy productiva” porque se constató que “hay sintonía plena entre Indra y el Principado para que esa inversión se haga”.

Vía Fiscal Asturiana

El líder socialista ha defendido también este viernes profundizar en la denominada 'vía fiscal asturiana' para favorecer a las clases medias y trabajadoras, que es la “inmensa mayoría social” de la comunidad, y ha asegurado que existe margen para el entendimiento con Convocatoria por Asturies-IU, su socio en el Ejecutivo.

A preguntas de los periodistas, Barbón ha señalado que su gobierno realizará simulaciones analizando los datos de que dispone para, posteriormente, realizar una propuesta a Convocatoria por Asturias-IU, que mantiene una posición contraria a bajar impuestos. “Hay margen para el diálogo durante los próximos meses. Hay margen habiendo voluntad de diálogo”, ha recalcado Barbón, quien ha afirmado que su gobierno no puede fallar a las clases medias y trabajadoras.

En este punto, ha comentado que es una “cuestión de justicia” que se pueda atender a una persona que haya incrementado su salario de 34.800 a 35.200 euros y que, por este motivo, haya perdido una deducción de 2.200 euros por dos hijos, según ha puesto como ejemplo.

“No tenemos ninguna duda de que nuestro sistema fiscal tiene que ser justo y progresivo y profundizar en la vía fiscal asturiana que lo que busca es favorecer a la clase media y trabajadora”, ha indicado tras rechazar que un trabajador que gane 60.000 euros pague menos IRPF.

Identidad asturiana

“Ha habido grandes avances en estos siete años y uno tiene que ver con nuestra propia autoestima, con la identidad de Asturias”, ha defendido. “Hemos provomido el respeto a nuestra cultura”, incidió para poner en valor la defensa de la lengua con la creación de la especialidad docente del asturiano y eonaviego reclamada durante años. La celebración del Día de la Bandera, el reconocimiento de la cultura sidrera como patrimonio de la humanidad también los ha puesto en valor.

“Asturias siembra futuro”, “Asturias por delante ante cualquier decisión”, ha defendido.

Barbón ha señalado que los tres momentos más difíciles de su mandato han sido la pandemia, el accidente minero de Zarréu con cinco fallecidos, “donde espero que avance la Justicia y que tengan la condena penal que merecen las personas responsables de estas muertes”, y las oleadas de incendios del 2023 y 2025.

“Hemos cometido fallos, sin duda, porque cualquiert actividad humana significa equivocarse pero lo que no nos ha faltado nunca son las ganas de servir a Asturias, de contribuir a este resurgir de Asturias, y de forma humilde y serena creo que estamos en el camino correcto”, aseveró.

El presidente del gobierno de Asturias cogerá vacaciones del 18 al 31 de julio según ha publicado el Boletín Oficial del Principado, periodo durante el cual la vicepresidente Gimena Llamedo se hará cargo de sus funciones.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha planteado la posibilidad de modificar la denominada vía fiscal asturiana para adaptar las deducciones del IRPF a la evolución de los salarios y evitar que familias de clase media pierdan los beneficios fiscales al superar ligeramente los límites de renta establecidos. Una propuesta del PSOE que ha tensado las relaciones con su socio de gobierno, IU-Convocatoria por Asturias, que rechazan ese planteamiento.

El jefe del Ejecutivo asturiano sostiene que la inflación y el incremento de los sueldos están provocando situaciones que considera “injustas” y que hacen necesaria una revisión del sistema, ha asegurado en un mensaje publicado en la red social X este miércoles. “La vía fiscal asturiana ha sido diseñada, desde su origen, para concentrar todas las ventajas fiscales en las clases trabajadora y media evitando que los que más ganan, paguen menos. Justicia Fiscal, siempre”, ha reseñado.

Barbón ha explicado que la política fiscal del Principado se diseñó para concentrar las ventajas tributarias en las rentas trabajadoras y medias, evitando rebajas generalizadas para los contribuyentes con mayores ingresos. Según ha explicao, ese modelo benefició a 126.000 contribuyentes en la declaración correspondiente a 2024, con cerca de 100 millones de euros en deducciones fiscales.

No obstante, el presidente considera que la actualización de los salarios está generando un efecto no previsto. Como ejemplo ha puesto el caso de una persona que pasaría de ingresar 34.800 a 35.200 euros anuales y que, pese a haber mejorado mínimamente su sueldo, perdería íntegramente una deducción de 2.200 euros por dos hijos al superar el umbral de 35.000 euros fijado para acceder a ese beneficio. “¿Es eso justo? No, no lo es”, ha afirmado.

A su juicio, la vía fiscal asturiana debe evolucionar para seguir cumpliendo su objetivo de proteger a la mayoría social. “Si la izquierda se queda en el dogma y no atiende a los problemas de las clases trabajadora y media, dejará de ser útil y estará dejando todo el espacio al crecimiento de la extrema derecha”, ha advertido, al defender que la justicia fiscal debe adaptarse a la realidad económica.

El presidente asturiano ha insistido en que el debate no pasa por reducir la tributación de las rentas más altas. De hecho, ha asegurado que cualquier reforma mantendría el principio de que quienes más ganan no se beneficien de una rebaja del IRPF. En ese sentido, ha criticado a la oposición de derechas al considerar que no respaldará una modificación que únicamente favorezca a las rentas medias y trabajadoras sin extender las rebajas fiscales a los contribuyentes con mayores ingresos: “ La derecha nunca apoyará esta mejora de la vía fiscal asturiana por una razón: porque los que más ganan no pagarán menos IRPF. A ellos las preocupaciones de la clase media, les dan igual”.

La propuesta del PSOE, socio mayoritario del gobierno de Asturias, ha chocado con sus socios de IU-Convocatoria por Asturias y el socio parlamentario de Somos, con el horizonte puesto en los presupuestos de la comunidad para el 2027. La número dos de IU Asturias, María José Miranda, advirtió que “no habrá bajada de impuestos con nuestros votos”, reprochando que la propuesta no obedece a un gobierno progresista, “Esto es un gobierno progresista, no socio liberal”.

La diputada del grupo mixto y líder de Somos Asturias Covadonga Tomé, con voto decisivo para la izquierda en la Junta General del Principado, también mostró su rechazo, “No vamos a supeditar bajo ningún concepto la negociación de los presupuestos a una propuesta fiscal”.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha exigido este lunes al Gobierno que apruebe unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que llevan prorrogados tres años. Lo ha hecho durante la Asamblea General de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, mientas el Ejecutivo da luz verde al techo de gasto para las próximas cuentas públicas: 226.032 millones de euros, la cifra más alta de la historia.

“No tiene mucho sentido que la primera empresa española, que es el Estado, no tenga presupuestos desde hace tres años”, ha afirmado Garamendi ante los representantes de las organizaciones empresariales de pequeñas y medianas empresas. “En cualquier empresa, grande, mediana o pequeña, un directivo no aguantaría ni un asalto sin presentar los presupuestos”, ha añadido el empresario vasco.

En un contexto marcado por el debate sobre el techo de gasto y con las elecciones de la patronal en el horizonte, el próximo 1 de octubre, el dirigente empresarial ha advertido de que la economía necesita “confianza” y ha cuestionado que el país funcione con unas cuentas prorrogadas desde hace tres años. “Sin confianza es muy difícil que un empresario o una empresaria tire para adelante”, ha resumido.

Del “diálogo social” al “monólogo social”

Garamendi también ha cargado contra la relación del Gobierno con los agentes sociales, una de las principales reivindicaciones de la patronal durante los últimos meses. “Llevamos una temporada en la que ese diálogo social cada día lo vemos más lejano. Muchas veces lo defino como un monólogo social”, ha afirmado.

El dirigente empresarial ha denunciado que el Ministerio de Trabajo ha modificado la reforma laboral “61 veces” desde que se firmó el acuerdo, y ha criticado el paso de las leyes debatidas en el Parlamento a los decretos-ley y, después, a los reglamentos (que no pasan por el Congreso), como muestra de una “hiperregulación” creciente.

El presidente de CEOE ha reclamado reducir la presión fiscal sobre las empresas. Citando al Instituto de Estudios Económicos (IEE), ha situado esa presión en el 34% y ha denunciado que la economía sumergida alcanza el 24% en España, frente al 14-15% de la media europea.

A su vez, ha vuelto a defender que se eluda a las empresas del pago de las bajas entre el cuarto y el decimoquinto día, para que lo asuma la Seguridad Social, ante el aumento de las incapacidades de trabajadores por enfermedad. Garamendi ha destacado el mayor aumento de las bajas entre los menores de 35 años, con mayor concentración los viernes y los lunes.

Cepyme denuncia que las pymes no son escuchadas

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, había abierto previamente la Asamblea General de la patronal con un discurso centrado en las dificultades que afrontan las pequeñas empresas y en la pérdida de peso de las pymes dentro del diálogo social. “El diálogo solo funciona cuando existe una voluntad real de escuchar, negociar y construir consensos”, ha sostenido.

De Miguel ha defendido que la obligación de la organización “no es agradar, sino representar con honestidad a las pequeñas y medianas empresas españolas”, y ha denunciado que muchas decisiones públicas se adoptan sin tener en cuenta la realidad de estos negocios. Cepyme anunció hace unos días su apoyo a Antonio Garamendi en las elecciones para liderar la CEOE

La dirigente empresarial reclamó menos burocracia, mayor seguridad jurídica y una regulación adaptada al tamaño de las empresas mediante la aplicación del principio europeo Think Small First, que plantea diseñar las normas pensando primero en las pequeñas empresas.

Salario mínimo, costes laborales y relevo generacional

La presidenta de Cepyme ha vuelto a cuestionar las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Ha explicado que su coste para la empresa asciende a “1.900 euros al mes”, sumando las cotizaciones y los impuestos, de los que el trabajador recibe unos 1.200 euros.

De Miguel ha criticado el incremento de los costes laborales en los últimos años, con especial impacto en las microempresas. La empresaria vallisoletana ha alertado de la desaparición de pequeñas sociedades, con unas “25.000 microempresas” de menos de tres trabajadores que han cerrado desde antes de la pandemia.

A esto se suma el reto del relevo generacional: la mitad de las pymes españolas están dirigidas por personas mayores de 50 años, y una de cada cinco por empresarios de más de 60. Persisten, además, dificultades para cubrir vacantes y encontrar trabajadores cualificados, ha afirmado la empresaria.

Proyección europea e internacional

Cepyme ha reforzado este año su presencia institucional fuera de España. Ángela de Miguel ha sido elegida vicepresidenta de SME United, organización que representa a 26 millones de pequeñas y medianas empresas europeas.

La organización se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha intervenido en dos ocasiones ante la Organización Internacional del Trabajo en defensa del diálogo social tripartito.

De Miguel ha destacado también un encuentro con el papa León XIV sobre la importancia del diálogo social. A lo largo del año, según ha explicado, Cepyme ha visitado 55 organizaciones territoriales y mantenido reuniones con más de 40 organizaciones sectoriales.

Entre las prioridades planteadas por Cepyme figuran: el impulso de la formación profesional dual, la digitalización de las pequeñas empresas y una respuesta al absentismo laboral, cuyo coste la organización sitúa en 33.000 millones de euros, con una tasa que dobla la media europea.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha anunciado este miércoles que su departamento estudia establecer beneficios fiscales basados en criterios objetivos para los residentes de las islas no capitalinas, como compensación por los sobrecostes derivados de la doble insularidad.

En respuesta en comisión parlamentaria al diputado del PP Juan Manuel García Casañas, la consejera ha señalado que en otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia o Madrid, se aplican beneficios tributarios en zonas desfavorecidas, si bien no se establecen por territorios concretos, sino mediante criterios objetivos.

A partir de esos ejemplos, “estamos estudiando cuáles podrían ser esos criterios objetivos para establecer beneficios fiscales dirigidos a los residentes en islas no capitalinas que cumplan determinados requisitos, de forma que puedan recibir un tratamiento fiscal más favorable que el resto de los contribuyentes”, ha señalado.

La consejera ha recordado que Canarias ya ha solicitado al Estado la extensión a La Gomera y El Hierro la bonificación en el Impuesto sobre la Renta que se aplica en La Palma.

Sobre esta petición, ha indicado que aún no existe una respuesta oficial y ha señalado que el caso palmero responde a una emergencia volcánica, mientras que las desventajas del resto obedecen a circunstancias estructurales.

Asián ha recordado que en el Régimen Económico y Fiscal (REF) hay medidas que favorecen a las islas no capitalinas, como ventajas específicas para instalarse en la Zona Especial Canaria.

También ha mencionado la bonificación extraordinaria y temporal a los combustibles para compensar el precio más elevado en las islas no capitalinas. 

La decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025, lo que supone un 2,4% menos respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado. Según los datos facilitados este martes por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.432 millones de euros, un 4,4% menos, aunque restando duplicidades --ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios--, el importe sería de 15.364 millones de euros, en este caso un 12,2% superior.

Isabel Pantoja, una de las novedades del listado de Hacienda del año pasado, repite este año y aumenta su deuda, del millón de euros a casi 1,3 millones de euros. La tonadillera volvió a los escenarios en los últimos años después de un importante parón debido a sus problemas con la justicia, que la llevaron a la cárcel en 2014 condenada por blanqueo de capitales en relación con la trama corrupta del 'caso Malaya', en el que estaba involucrado su entonces pareja, el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. 

Se mantiene en la lista uno de los nombres fijos, Paz Vega, cuyo verdadero nombre es María de la Paz Campos Vega, con un deuda que supera los 1,8 millones de euros. Hace un año, la actriz figuraba con un pasivo de 1,7 millones de euros. 

También vuelve a figurar el presentador y cantante Bertín Osborne, novedad del año pasado, que baja ligeramente la cantidad adeudada, a los 835.000 euros. Osborne es uno de los rostros televisivos con más antigüedad, con gran tirón entre la derecha, ahora con un nuevo concurso en Antena 3 y que acaba de lanzar una nueva compañía de telecomunicaciones, Española de Telefonía, con el eslogan “las cosas bien hechas, las cosas a derechas”.

Otro de los habituales, uno de los fundadores de esRadio, César Vidal, permanece en el listado de 2025 y apenas disminuye lo que tiene pendiente con las arcas públicas, unos 2,1 millones de euros. Tampoco ha reducido su deuda con Hacienda Prensa Universal, que debe casi 1,1 millones de euros. Se trata de la editora del desaparecido Diario de Alcalá, que dirigió el ahora tertuliano y presentador estrella de Telemadrid, Antonio R. Naranjo. Y repite también una de las sociedades del productor de televisión y espectáculos José Luis Moreno, Kulteperalia SL, que reduce su deuda de 887.000 euros a 781.000 euros. 

Los hermanos Olivares Garrigos, los mayores deudores

Quedan lejos, eso sí, del mayor deudor —contando únicamente personas físicas— y que en 2024 volvió a la lista. Se trata de los hermanos y empresarios inmobiliarios Ramón Olivares Garrigos y Agustín Olivares Garrigos, con 36,8 millones de euros, la misma cantidad que el año pasado. 

Tras los hermanos, entre las personas físicas, destaca una nueva entrante, Diana Grapin, vinculada a dos inmobiliarias catalanas y que figura con una deuda de 30,5 millones.

Otro que repite en la lista es el exbanquero Mario Conde, que en los últimos años ha reducido notablemente su deuda con el fisco. En 2023 alcanzaba los 6,4 millones, el listado del año pasado recogía 3,4 millones y en este último documento la cantidad desciende a 1,9 millones de euros.

Permanece otro de los nuevos rostros del listado de 2024, el exfutbolista del Atlético de Madrid y del FC Barcelona Arda Turán, con 1,27 millones. 

Matthias Kuhn, el magnate alemán ligado al sector inmobiliario de lujo de Mallorca, acusado de ocultar 21 millones de euros a Hacienda, sigue en la lista de los deudores con el Fisco. Aparece ado a través de la sociedad unipersonal Matthias Kuhn Inversiones, con una deuda que aumenta de los 1,1 a los 1,3 millones de euros.

Entre las entradas más destacadas se encuentra el regreso a la lista de la presentadora y actriz Patricia Conde, presente en varios listados de morosos de la última década pero ausente en el publicado en 2025. Este 2026, no obstante, Conde vuelve al listado de deudores con el Fisco, que le reclama 714.615 euros. 

Entre los personajes populares, vuelve al listado el tertuliano de programas televisivos del corazón, Kiko Matamoros, que entra por la mínima: 600.740 euros. Ya había estado en este ranking en el pasado, en 2022, 2018 y 2017. También repite la cantante Merche (Mercedes Trujillo Callealta), presente desde 2022, que reduce ligeramente el monto adeudado (819.500 euros), y la empresa Desguaces la Torre, de Luis Miguel Rodríguez, conocido popularmente como 'el chatarrero', que en su caso aumenta la deuda de 3,7 millones en la anterior edición a los 4,35 millones de euros.

Tampoco ha liquidado su deuda Joan Gaspart, expresidente del Fútbol Club Barcelona y ex director general de la hotelera Hotusa, a la que llevó a la quiebra. Debe 993.000 euros. 

Otro de los que se mantienen es José Manuel Enriquez Negreira, el ex árbitro y supuesto protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción deportiva del fútbol español junto al FC Barcelona. Negreira, presente en el listado desde que Hacienda revisó las facturas del club culé y encontró las facturas que han llevado el caso a los tribunales, debe un millón de euros al Fisco.  

Fraude de hidrocarburos

En cuanto a empresas, sigue en cabeza la inmobiliaria Reyal Urbis, con una deuda de 264,9 millones de euros. Como ya ocurrió en la edición de 2024, la lista está copada por empresas vinculadas a tramas de fraude en hidrocarburos, como Bio-Zenite Energy SA (232,89 millones de deuda), Metaway Combustibles (195 millones), Vertix Petroleum (194,75 millones), Marillion SLU (151,1 millones) y Biomar Oil (119,1 millones), todas ellas investigadas por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) en una de las mayores pesquisas sobre fraude en el IVA en el sector, una trama en la que también está involucrado el comisionista Víctor de Aldama. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayan que todas estas empresas ya han sido dadas de baja como operadores.

Otro de los nombres que se mantienen es el de la ingeniería Eurofinsa, con una deuda de 91.959.126,26 euros, igual a la de 2024. Entre los nuevos entrantes está Liwe Española, la empresa murciana propietaria de la cadena de ropa Inside, que se encuentra en concurso de acreedores y figura con una deuda 3.496.103,19 euros.

El caso Las Teresitas ha entrado con fuerza en la nueva lista. Inversiones Las Teresitas (la sociedad central del mayor caso de corrupción juzgado en Canarias) aparece con una deuda de 64,4 millones.

Entre las nuevas incorporaciones destaca, con 2,65 millones de deuda, Baraka Holding 2020 SL, vinculada al controvertido empresario y promotor inmobiliario español Trinitario Casanova, que en los últimos años ha protagonizado algunas de las mayores y más polémicas operaciones urbanísticas de España.

Entra también al listado de grandes morosos Kampaoh, la firma andaluza de 'glampings' –camping de lujo– que tiene como primer accionista a JME Ventures, brazo inversor participado mayoritariamente por la familia Entrecanales (dueños de Acciona), con un montante de casi 1,3 millones de euros. Los fondos Alter y Axon acaban de tomar el control de la compañía, con una ampliación de capital de cuatro millones.

Nombres clásicos de la lista de morosos que han desaparecido en esta edición son los de Spanair, Viajes Iberia, Orizonia, Scytl, el Aeropuerto de Ciudad Real, una UTE de Isolux o Rivoire y Carret Española S.L., que ha aparecido sistemáticamente en los listados de grandes deudores con deudas de entre 31,6 y 31,9 millones.

Para ser seleccionadas, las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones de encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2025 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

Se habilita, no obstante, la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de enero y febrero de 2023 establece la obligación de que las deudas y sanciones tributarias hayan de ser firmes (y, en el caso de las liquidaciones vinculadas a delito, que exista sentencia condenatoria firme) para su inclusión en el listado que se publica.

Por otra parte, se incluyen expresamente en el listado no solo a los deudores principales, sino también a los responsables solidarios.

Suben las personas físicas y bajan las jurídicas

Del total de 5.853 deudores que figuran en este último listado, 1.111 son personas físicas por importe de 1.680 millones de euros (en la lista anterior eran 1.077 por importe de 1.579 millones de euros) y 4.742 son personas jurídicas por importe de 13.752 millones (frente a los 4.920 del año anterior y 14.558 millones).

Por su parte, del importe total, 4.288 millones de euros (el 28%) se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (1.166 deudores, el 20% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio proceso concursal. En el listado anterior: algo más de 4.507 millones de euros (el 28%); 1.224 deudores, el 20% del total.

Del total de deudores de la lista a publicar en junio de 2026, en relación con 2.099 deudores principales se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros distintos del deudor principal por un importe de más de 2.927 millones (equivalente al 19% del importe total de deuda incluida en el listado).

Según explica la Agencia Tributaria, estas actuaciones influyen en la prolongación en el tiempo de la recaudación de dichas deudas. Estas cifras de derivaciones no coinciden con los importes derivados que figuran en el listado, dado que en este apartado también se incluyen las derivaciones a responsables subsidiarios (por tanto, no incluidos en el listado), así como derivaciones que por importe no entran en el umbral del listado.

Un total de 879 deudores no figuran ya en el listado de deudores a publicar en junio de 2026 tras haber aparecido en el listado publicado en junio de 2025, por lo que abandonan la lista con un importe de 1.729 millones de euros.

La salida de la lista se puede deber, tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos (31/12/25), o por falta de firmeza de la deuda.

Deudores que pagan todo o parte para evitar aparecer en la lista

Por otra parte, se han realizado ingresos por importe de 79,5 millones correspondientes a deudores que han evitado aparecer en este listado de 2026. Estos eran deudores que iban a ser seleccionados para su publicación, pero en las semanas previas a la fecha de referencia del listado (31 de diciembre de 2025) ingresaron cantidades suficientes para no aparecer en el listado (42,27 millones).

También pueden ser deudores, efectivamente seleccionados, que se acogieron a la posibilidad ofrecida por la Ley General Tributaria para evitar salir publicados, efectuando el ingreso íntegro, completo, de las deudas por las que se publicarían (37,23 millones).

Por su parte, si se analizan los ingresos realizados por deudores efectivamente seleccionados en diciembre para el nuevo listado, entre el 1 de enero de 2026 y hasta este 12 de junio pasado estos deudores han ingresado 189,97 millones.

Información realizada por Antonio M. Vélez, Laura Olías, Carlos del Castillo, Álvaro Celorio, Germán Aranda y Cristina G. Bolinches. Gráficos de Raúl Sánchez y Ainhoa Díez.