Ante la crisis de sinhogarismo que vive la zona del Parque Bruil, el Gobierno del PP en Zaragoza ha sido tajante: decretará el cierre nocturno del recinto para evitar que nadie pase ahí la noche. Esta limitación, que será “virtual” ya que no habrá cierre físico, sí permitirá llevar a cabo actividades como pasear al perro o transitar. La decisión ha provocado sin embargo indignación entre los colectivos vecinales, que han querido hacer patente su “malestar” con el Ayuntamiento por la falta de diálogo, por “criminalizar” a los inmigrantes y por vulnerar “los derechos de libre acceso”.

Fuentes del equipo de gobierno vinculan el paso dado con una propuesta de la Consejería de Medio Ambiente tras una reunión con distintos departamentos del Consistorio para abordar la situación del Parque Bruil. En el encuentro se puso de manifiesto que los recursos municipales para combatir el sinhogarismo están al límite, algo que las mismas fuentes vinculan con “el llamamiento a una inmigración desordenada por parte del Gobierno de España”.

Respecto al horario, el Consistorio lo alineará con el del quiosco del Parque Bruil, de manera que quien esté consumiendo en la terraza podrá dejar en ese rato a su hijo en la zona infantil. Pero después el parque se clausurará y no se podrán llevar a cabo actividades como el botellón o la pernoctación.

Respecto a las protestas vecinales, las fuentes municipales aseguran que ya se trasladó “la posibilidad de cerrar”. “Si no hubiera un llamamiento de una inmigración desordenada por parte del Gobierno de España no nos veríamos obligados a cerrar el Parque Bruil”, insisten.

Manifestación el domingo

La reacción de los colectivos vecinales, bajo el paraguas de la Federación de Barrios de Zaragoza, ha sido inmediata. En un comunicado suscrito por nueve entidades, anuncian un acto reivindicativo el próximo domingo para manifestarse contra esta decisión, que “priva de un espacio público al conjunto del barrio”.

Para empezar, estas asociaciones –entre ellas, la AV Parque Bruil San Agustín, la AV Madalena Calle y Libertad, la AMPA del CEIP Tenerías o la del IES Pedro de Luna, niegan que la alcaldesa se haya puesto en contacto con ellos para recabar su “opinión” o informarles de estos planes, que desconocen “totalmente”. De haberlo hecho, continúan, hubieran expresado su “malestar” hacia una medida “que, lejos de afrontar los graves problemas padecidos por las personas sin techo, vulnera los derechos de libre acceso de todas las vecinas y una vez más criminaliza al sector más desfavorecido de la población”.

“Queremos nuestro parque vivo y libre. Y de paso una solución real al problema del sinhogarismo, que no pase por esconderlo debajo de los puentes o irlo lanzando de un lugar a otro a través del cierre de espacios públicos”, expresan estas entidades, que reclaman al Ayuntamiento que “haga su trabajo y promueva soluciones habitacionales”.

La posición vecinal, en todo caso, no es unánime. El secretario del colectivo vecinal Bruil-Aloy Sala-Tenerías, Santos Gil, asegura que están a favor del cierre si es virtual y “con vigilancia de la Policía para evitar asentamientos como los que había”.

La Universidad de La Rioja y Cáritas La Rioja han celebrado esta mañana, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, la Jornada de desarrollo y exclusión social en La Rioja a la luz del IX Informe FOESSA, un espacio de reflexión y divulgación dirigido a profesionales del Trabajo Social y los Servicios Sociales, doctorandos, alumnado, entidades del Tercer Sector y voluntariado. La actividad ha incluido una conferencia de Pedro Fuentes, miembro del Equipo de Estudios de FOESSA, en la que ha presentado los principales resultados del informe para La Rioja, así como una mesa de debate centrada en tres enfoques para estudiar y medir la pobreza y la exclusión social en España.

En el acto de apertura, Sergio Pérez, director del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, ha señalado que “el diagnóstico del IX Informe FOESSA es muy alarmante” por el crecimiento de la desigualdad y por la dificultad para recuperar niveles de igualdad tras cada crisis, y ha añadido que esa situación conduce a “la conclusión de un cierto fracaso de nuestras políticas sociales”. En ese contexto, ha considerado que el informe interpela también al ámbito académico: “Necesitamos repensar lo que estamos haciendo, las políticas sociales que estamos aplicando; precisamos trascender el modelo de gestión pública, de intervención pública sobre lo social que tenemos”.

Por su parte, David García, director de Cáritas La Rioja, ha subrayado en la inauguración: “Me gustaría que este informe sirviese para indignarnos, retemblarnos, avergonzarnos, irritarnos. Es decir, que nos saque de la indiferencia”. Además, ha apelado a situar en primer plano valores que sostienen el trabajo de la acción social: “Represento a Cáritas, una entidad que, como otras que están aquí hoy, intentamos priorizar el respeto, la dignidad y la solidaridad. Y hay otra palabra que nos interpela: amor. Pongamos el amor en primer plano en nuestras vidas, el amor como factor de cambio”.

IX Informe FOESSA en La Rioja

El IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en La Rioja, elaborado por la Fundación FOESSA a partir de 556 encuestas a hogares, estima que en la comunidad unas 50.000 personas viven en exclusión social, de las que alrededor de 27.000 lo hacen en exclusión severa, el tramo de mayor vulnerabilidad. Entre 2018 y 2024, la exclusión social en La Rioja aumenta y el deterioro se concentra especialmente en las situaciones más graves: la exclusión severa pasa de afectar al 4,5 % de la población riojana en 2018 al 8,7 % en 2024.

El informe identifica dos grandes motores que se retroalimentan: la vivienda y el empleo. En vivienda, el estudio sitúa el “cuello de botella” de la integración social: en 2024, el 14,3 % de la población y el 11,6 % de los hogares en La Rioja presentaba algún problema de exclusión en esta dimensión. Un 8 % de los hogares sufría gastos excesivos de vivienda, lo que implica que, una vez descontados esos gastos, el hogar queda por debajo del umbral de pobreza severa. Además, en torno a 10.000 personas estarían en situación de vivienda insegura y unas 26.000 en vivienda inadecuada por problemas de habitabilidad, insalubridad o hacinamiento.

En empleo, el informe advierte de una paradoja: la creación de empleo y cierta estabilización del mercado laboral no se traslada con la misma intensidad a los hogares más vulnerables. Aunque el salario medio crece, el avance real queda muy reducido al descontar la inflación, y persisten indicadores de precariedad, como la parcialidad involuntaria o la inestabilidad, que limitan la capacidad de sostener una vida digna.

Asimismo, el informe subraya también que la exclusión social tiene rostros especialmente reconocibles: personas migrantes, infancia y juventud.

Inquietud por la brecha generacional

La jornada ha sido organizada por el Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja y coordinada por Domingo Carbonero, profesor de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UR, y Carmelo Juárez, responsable de Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas La Rioja. En declaraciones a los medios, ambos han valorado muy positivamente el desarrollo del encuentro y la participación del público.

Carmelo Juárez ha enmarcado la jornada como un nuevo paso en la difusión del informe FOESSA en La Rioja, con un doble propósito: acercar los principales resultados del diagnóstico y, al mismo tiempo, profundizar en la dimensión metodológica, es decir, en las formas desde las que se estudia y se mide la pobreza y la exclusión social.

En ese sentido, Juárez ha subrayado la importancia de llevar este conocimiento al entorno universitario: “Aunque ya saben que existe y lo conocen, queremos dar a conocer más a fondo qué es el informe FOESSA y la importancia que tiene. Al final, la mayoría de quienes han estado hoy aquí son los trabajadores sociales del futuro”. Además, ha defendido la utilidad del informe para contextualizar la intervención social cotidiana: “Van a trabajar en el día a día con la persona, pero a eso hay que ponerle marco y referencias de entorno. Eso es lo que nos da FOESSA y eso es lo que les hemos presentado”.

El responsable de Cáritas La Rioja ha valorado especialmente la respuesta del alumnado, “muy participativo” y ha destacado sus inquietudes: “En el diálogo ha emergido con fuerza una preocupación transversal: la brecha entre generaciones y una dicotomía social que dificulta que muchas personas jóvenes consoliden proyectos de vida en un contexto de incertidumbre y dificultades crecientes”.

Por su parte, Domingo Carbonero ha destacado el valor de celebrar este tipo de encuentros en el ámbito universitario, “como un espacio neutral” y de generación de conocimiento, que permite investigar, comprender y trabajar “con rigor” sobre la pobreza y la exclusión social. En su opinión, además, este formato facilita acercar la investigación a quienes se están formando y poner en relación informes de referencia con trabajos académicos y herramientas de medición aplicadas al estudio de la exclusión, favoreciendo un diálogo directo que no siempre es posible.

En cuanto al papel del Trabajo Social, el profesor ha señalado que, en una sociedad “cada vez más diversa”, la profesión adquiere una relevancia creciente para acompañar necesidades complejas y para mejorar la relación de las personas con un sistema de protección social pensado a veces “para masas”. En ese contexto, ha puesto el ejemplo del acceso a derechos y prestaciones: “En el debate ha salido el problema de la información en el acceso al Ingreso Mínimo Vital. Esa aproximación la hacen los trabajadores sociales, y tenemos que entrenar para que la información sea más eficiente y llegue bien”.

Juventud, vivienda y empleo: preocupaciones cercanas

Tras la conferencia de Pedro Fuentes y el descanso, ha tenido lugar la mesa “Formas de medición y de estudio de la pobreza y la exclusión social en España”, centrada en cómo se construyen los diagnósticos que orientan la acción social y las políticas públicas. En ella, Marina Sánchez-Sierra, técnica y miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA, ha explicado cómo se analiza la pobreza y la exclusión social a través de la Encuesta FOESSA; Alejandro Sanz, investigador de EAPN, ha presentado las principales aportaciones del informe anual “El Estado de la Pobreza”; y Esther Raya, profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja, ha abordado el estudio de la exclusión social mediante la Escala SISO de Situación Social.

En declaraciones a los medios de comunicación, Marina Sánchez-Sierra ha valorado especialmente la interacción con el alumnado: “Hablar de estos temas con la juventud es muy interesante, porque ya no hablamos de cosas que les suceden a ‘otros’. Cuando hablamos de vivienda o de precariedad en el empleo, hablamos de realidades que todos conocemos y que nos tocan más o menos de cerca”.

La profesional ha recordado que el IX Informe FOESSA es el resultado de un trabajo “intenso y colaborativo” en el que participan más de un centenar de investigadores de distintos centros, universidades y entidades, y que se apoya en una metodología rigurosa. Los resultados de esta investigación apuntan, ha señalado, a una desigualdad persistente y a una integración cada vez más frágil: “Vemos una integración social cada vez más precaria: más hogares en esa cuerda floja que se mantienen en integración, pero no saben si podrán seguir o cómo afrontar otro vaivén”.

En ese marco, Sánchez-Sierra ha planteado una reflexión de fondo: “Estamos ante un modelo social agotado; no son cuestiones coyunturales, sino estructurales. Es necesario pasar a un nuevo modelo donde se pongan en el centro los cuidados, desde la interdependencia que tenemos unas personas de otras y también desde la ecodependencia que todos tenemos con el planeta”. También ha señalado la acumulación de crisis en los últimos años como un factor que dificulta la recuperación: “Cada vez es más difícil recuperar la ‘posición inicial’ porque no hay tregua”.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desplegado un dispositivo policial, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, para desalojar dos núcleos de asentamientos que se encontraban en el Pont del Treball Digne, en las obras del tren de la Sagrera. Los campamentos, en los que vivían unas 200 personas, están en unos terrenos que son propiedad de Adif.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, el operativo se ha llevado a cabo a raíz de un informe de los Bomberos de la capital catalana, que han realizado un informe de la zona en el que se constata que “existe un riesgo grave e inminente” para las personas que vivían allí, lo que hacía necesaria una actuación “con carácter de urgencia”.

Hasta el pasado octubre, en esta zona había hasta cuatro asentamientos de chabolas, pero el incendio que hubo en uno de ellos provocó el primer desalojo. Así, todavía queda otra zona de chabolas, justo delante de la antigua estación de mercancías de la Sagrera, que estos días está siendo demolida. Los residentes de este cuarto asentamiento recibieron el lunes una notificación en la que se les ordenaba abandonar voluntariamente la zona en un plazo de 48 horas, que se acaba este mismo miércoles.

Ahora, a estos residentes que todavía quedan, les toca esperar la orden del juez, que es el que ordenará el desalojo. En el operativo de este lunes también han participado profesionales del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y los servicios de limpieza municipales.

Miércoles de desalojos

El desalojo del asentamiento de chabolas del Pont del Treball Digne ha coincidido con otro desahucio, este en el bloque Sant Agustí del barrio de Gràcia. Allí estaba programada la primera expulsión de un bloque propiedad del fondo Amsterdam Developers, que compró la finca en 2023 para destinarla a 'colivings'.

La intención de la propiedad es trocear los pisos para arrendarlos por habitaciones, una modalidad más lucrativa que el alquiler tradicional y cada vez más habitual en Barcelona.

El desahucio, que finalmente ha sido suspendido gracias a la movilización vecinal, ha cosechado el rechazo tanto del president de la Generalitat, Salvador Illa, como del Ayuntamiento de Barcelona, que instó a la propiedad a parar los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda para los vecinos de la ciudad.

En la madrugada de este martes el termómetro ha bajado hasta los 6 grados en Logroño. Es la cifra que ha decidido que las personas sin hogar de la ciudad tengan que pasar la noche en la calle. Con solo un grado menos en la previsión de AEMET, los recursos municipales, en Centro Municipal de Acogida (CMA) y el Proyecto Alasca, hubieran acogido a estas personas. Hace tres años, el dispositivo de ola de frío de Logroño cambió de extenderse de diciembre a marzo a desestacionalizarse con los 5 grados de temperatura como umbral para decidir cada día si hay o no dispositivo. Actualmente, cuando se prevén más de 5 grados durante la noche, varias personas se quedan en la calle aunque haya plazas libres en los recursos habitacionales.

La asociación El Llavero, que trabaja con el objetivo de defender la vivienda como un derecho y no como privilegio, además de visibilizar metodologías de atención centrada en la persona y desinstitucionalización ha denunciado la situación con una alusión directa a la Estrategia Nacional 2023-2030 para la lucha contra el sinhogarismo, que hace hincapié en la necesidad de aplicar políticas de prevención y de atención temprana para evitar la situación de sinhogarismo, así como la importancia de una atención integral y personalizada para las personas que ya se encuentran en esta situación.

Así, han lamentado que el Ayuntamiento de Logroño diga que “en Logroño la gente no se queda en la calle” y que los que están, “están por voluntad propia”. “Eso no es verdad”, denuncian en El Llavero. El protocolo actual marca que el conserje que está por la tarde en el Centro Municipal de Acogida debe mirar en su móvil la previsión de AEMET desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana y, si hay 5 grados o menos, poner un cartel en la puerta que señala que hay plazas por ola de frío. Este lunes, sin embargo, como la previsión mínima era de 6 grados, no había cartel.

Cambios en el protocolo

Hace tres años, la Mesa de la Pobreza decidió este nuevo procedimiento con los 5 grados como umbral para determinar si hay o no plazas por ola de frío. Hasta entonces, el dispositivo se extendía de diciembre a marzo, con la disponibilidad del Centro Municipal de Acogida, el Proyecto Alasca y el dispositivo de La Estrella, en el caso de necesitar más plazas, con vales de Cocina Económica hasta para siete días. Ahora, cuando hay menos de 5 grados, se llena el Centro Municipal de Acogida, el Proyecto Alasca y, si se cubren esas plazas, se derivan al Servicio de Urgencias Sociales para aportarles una pensión, que necesitan unas 10-15 personas, según cálculos de El Llavero. Sin embargo, cuando hay más de 5 grados, estas personas se quedan en la calle aun quedando plazas sin ocupar en los recursos.

La actual Corporación Municipal ha defendido este nuevo procedimiento, puesto en marcha con su llegada al Ayuntamiento en 2023, al que, según resalta la concejala Patricia Sainz, avala “el aumento de personas atendidas y días de apertura” y defienden que el dispositivo también se pone en marcha “con circunstancias que puedan poner en riesgo la vida de las personas, como olas de calor o fenómenos adversos, como pueden ser fuertes lluvias o viento”. En cuanto al frío, sí señala que “está vinculado a los 5 grados de temperatura porque eso nos permite abrirlo más días al año”, aunque dice que es “un poco flexible”, si bien este mismo lunes con 6 grados de previsión mínima no abrió. “Los criterios se están aplicando y estamos dando la respuesta según ellos con ese mayor número de atenciones a personas en calle”, reitera.

Desde El Llavero visibilizan que “estas personas tienen que estar sobreviviendo, pensando en si van a dormir hoy o no van a dormir”, visibilizan desde El Llavero. Además, no es solo el alojamiento para dormir, que una noche no haya dispositivo de ola de frío significa que tampoco tienen vales para cenar y comer en la Cocina Económica, tal y como denuncian. Las personas en situación de sinhogarismo en Logroño han aumentado en los últimos cinco años, como refleja el informe FOESSA, por lo que, según ven en El Llavero, el protocolo actual no es suficiente.

Antes, podían ser suficientes las alrededor de 44 plazas de Centro Municipal de Acogida, pensadas para largas estancias derivadas de servicios sociales o para cortas de tres días. “Antes, a lo mejor en un mes o dos meses, esas personas ya habían salido a otro recurso habitacional, pero ahora con el problema de vivienda que tenemos, la larga estancia del albergue se alarga y quedan menos plazas libres”. Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño no se plantea actualmente cambiar los protocolos: “Después de valorar dos campañas, por ahora entendemos que está cumpliendo perfectamente su función en cuanto a que ha aumentado su cobertura, que es lo importante”, señala la concejala de Servicios Sociales. “Los datos nos avalan seguir a día de hoy así”.

Hay un albergue infrautilizado mientras la gente tiene que dormir en la calle

Voluntaria de Cocina Económica

Una voluntaria de Cocina Económica no dio crédito cuando los usuarios le contaron una noche que no tenían plaza para dormir esa noche y ella misma fue a preguntar al CMA, donde le explicaron los criterios, que da igual la lluvia o la humedad, sino que lo que decide es la temperatura. “Hay un albergue infrautilizado que se hizo para eso mientras hay gente que duerme en la calle, aquella noche eran 17 que no sabían donde ir”, advierte.

¿Cómo afecta a la salud pasar la noche en la calle? La asociación El Llavero pidió un informe al Hospital San Pedro, que acredita que por debajo de los 10 grados “se podían registrar casos de hipotermia grave, teniendo en cuenta la humedad del ambiente, así como que había que tener en cuenta los problemas cardiovasculares y respiratorios que podían tener las personas”. Es decir, alertan, “es cuanto menos imprudente decir si una persona duerme o no con 5 grados. Con menos de 10 ya estás en peligro”.

Las personas que están en contacto con estas personas cada día dicen estar “enojadas y tristes” y aseguran que es “duro a nivel personal” ver esta realidad. “Los recortes siempre van para los de abajo”, lamenta la voluntaria de Cocina Económica, que también afea al Ayuntamiento decir que “hay personas que están en la calle porque quieren”. Ya está acabando el invierno, “aunque estas personas no desaparecen después”, puntualizan, y piden revertir este protocolo para el próximo año. Para que cada noche no haya personas esperando un cartel en la puerta y un grado de temperatura para saber si tienen un techo bajo el que dormir.

El pasado miércoles, murió un hombre en la plaza Elisa Reverter de Badalona. Tenía 52 años y vivía en la calle desde hacía tres. Se llamaba Jordi y es la decimotercera persona sin hogar que pierde la vida en Catalunya en lo que va de año. Al día siguiente de su deceso, se confirmó la muerte de otro hombre, también en Badalona.

Esta ciudad, en la que ya han fallecido cuatro personas sin hogar en lo que va de año, inició el recuento de este 2026. Fue el día de Reyes, al mediodía, cuando un hombre de 54 años fue hallado muerto por la ola de frío. Como Jordi, había nacido en Catalunya.

Además de nacionalidad, ambos compartían el hecho de haber sido personas integradas en la sociedad. Con un trabajo estable y una familia. Pero por giros del destino, acabaron perdiéndolo todo, lo que les llevó a vivir -y a morir- en la calle. En el caso del primer fallecido, el detonante fue un divorcio. Jordi, en cambio, era un carnicero a quien un cúmulo de “malas decisiones” le hizo perder el trabajo y la relación con la familia, según cuentan quienes le conocieron.

“La crisis de la vivienda está en un punto tan crítico que es muy fácil acabar en la calle. Y, una vez ahí, es muy difícil salir. No podemos dar la espalda a esta realidad, porque mañana nos podría pasar a cualquiera de nosotros”, apunta Jaume Ventura, portavoz de Badalona Acull, una entidad que trabaja con personas sin hogar.

Los datos apoyan la versión de Ventura. Al menos, los que hay disponibles. Es difícil hacer una radiografía completa del sinhogarismo puesto que depende de los Ayuntamientos realizar el censo y consistorios como el de Badalona aportan pocos datos. En cambio, el de Barcelona sí realiza un estudio elaborado cuyos resultados, según confirman entidades expertas, pueden ser extrapolables a los de otra gran ciudad como Badalona.

Según un informe del Servicio de Atención Social al Sinhogarismo en el Espacio Público, (SASSEP) cerca del 14% de las personas sin hogar en Barcelona tienen un empleo y el 40% recibe prestaciones o ayudas como la Renta Garantizada o el SMI. Es decir, que más de la mitad cuentan con ingresos estables. “La vivienda es tan cara que, a veces, un sueldo no es suficiente. Mucha gente sobrevive como puede y, a la que hay cualquier contratiempo, acaba en la calle”, añade Ventura.

Además, destaca que en el conjunto de Catalunya, el 27% de personas sin hogar son de nacionalidad española. Sumando a estas las que provienen de algún estado de la UE y las que ya han conseguido los papeles, el resultado es que sólo el 35% de quienes duermen en la calle están en situación administrativa irregular, según datos de la Sindicatura de Greuges (Defensor del Pueblo catalán).

“Por mucho que diga la derecha, es mentira que en la calle sólo estén delincuentes y migrantes. Hay personas de todo tipo, a quienes la vida no les ha ido bien. Por eso debemos plantar cara a los que instauran el discurso de odio”. Estas palabras de Jaume Ventura hacen referencia al alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, que en diversas ocasiones ha relacionado el sinhogarismo con la inseguridad. Una de las polémicas más recientes se remonta al desalojo del B9, tras el cual aseguró que no se iba a gastar “ni un euro en dar vivienda” a sus residentes, de los que dijo que la “inmensa mayoría eran delincuentes”.

Y algo parecido ha sucedido esta semana, durante la cual han muerto dos personas sin hogar en Badalona. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Albiol aseguró que uno de los fallecidos venía “de algún país del este” y que “tenía antecedentes penales”. Sobre el caso de Jordi, catalán que había regentado un negocio propio, aseguró que los motivos que le llevaron a acabar en la calle “no son sólo un tema económico, sino que también influyen mucho los aspectos psicológicos y problemas personales”.

Si bien es cierto que las personas sin hogar tienen una tasa muy alta de problemas de salud mental, esta es una situación que se deriva de su estancia en la calle. “Es consecuencia y no causa”, según resume Beatriz Fernández, presidenta de la Fundació Arrels. De hecho, los datos vuelven a desmentir a Albiol. Según la última encuesta de personas sin hogar del INE, en 2022, el 33% de personas que acaban en la calle en Catalunya lo hacen por cuestiones relacionadas con la vivienda.

En cambio, sólo el 2,7% duermen al raso tras haber estado en la cárcel; el 9% tras haber emigrado y el 6,9% por problemas de adicciones.

Estos datos, según Badalona Acull y Arrels, desmontan el discurso de la derecha, que relaciona el sinhogarismo a la delincuencia y a la migración. El perfil de personas que duermen al raso va “mucho más allá de esa simplificación”, apunta Fernández. Y lo ha hecho siempre. “El perfil no ha cambiado. Simplemente es que está aumentando mucho el número de personas en esta situación y, por tanto, la problemática se hace más visible”, añade.

Además, apunta a otro factor, que es la cronificación. La crisis de la vivienda y la precarización laboral hace que cada vez sea más difícil salir de la calle y eso provoca que las personas nacionales y con trabajo, ya sean estables o informales, tengan más peso en las estadísticas.

Por eso, desde las entidades apuntan a la importancia de que los consistorios, asistidos por la Generalitat y el Gobierno, aporten ayudas y alternativas habitacionales a quienes estén en riesgo de perder la calle. Algo que aseguran que no sucede.

El Ayuntamiento de Badalona ha insistido en que ofreció “en diversas ocasiones” ayuda a Jordi, así como a las otras tres personas sin hogar que murieron antes que él en la ciudad. Pero desde Badalona Acull recuerdan que en el municipio no hay ningún servicio de atención a esta problemática. El único albergue que había, Can Bofí Vell, con capacidad para 80 personas, cerró sus puertas en 2024 después de que el consistorio acumulara una deuda millonaria con la empresa que lo gestionaba.

Desde entonces, en Badalona no hay albergues ni pisos de alojamiento temporal para acoger a personas sin hogar. De hecho, según constató una investigación de elDiario.es, el gobierno de Albiol devuelve cada año la mitad de fondos que le otorga la Generalitat para hacer frente a esta lacra social. “No se gasta el dinero porque no existe el recurso concreto para el cual está destinado”, dijeron a preguntas de este medio.

La única política con la que cuenta Badalona para atender a personas en situación de calle son las operaciones Frío y Calor, que se activan durante las semanas con temperaturas excepcionalmente altas o bajas. Se trata de un recurso en el que se ofrece pasar una noche en un polideportivo o equipamiento municipal. El problema es que no permite la entrada de animales de compañía y, a menudo, tampoco de pertenencias como colchones o carritos. “Muchos no lo aceptan porque se les obliga a cumplir unas normas que, a veces, no quieren seguir”, reconoce el mismo alcalde Albiol.

“Ofrecer estas alternativas tan puntuales no ayuda en nada”, opina Ventura, de Badalona Acull. Una noche al raso puede suponer más problemas que soluciones ya que, a menudo, significa perder las pertenencias y un buen lugar de pernocta en el que están resguardados y seguros. “Necesitamos políticas que vayan a la base del problema y que, sobre todo, no den la espalda a esta situación que está tan cronificada que, cualquier día, podría afectarnos a cualquiera de nosotros”, insisten.

La Guàrdia Civil d'Inca investiga les circumstàncies de la mort d'un home de 69 anys el cos del qual va ser trobat aquest dimarts en una caseta d'una empresa del municipi de Selva (Mallorca), on havia treballat anteriorment.

Segons han informat fonts de la investigació a elDiario.es, l'home s'allotjava de forma habitual, en condicions precàries, en un contenidor habilitat a les instal·lacions de l'empresa. L'avís de la troballa del cadàver es va produir sobre les 12.30 hores, després que diversos empleats trobessin sense vida l'extreballador.

Els investigadors creuen que l'home podia portar diversos dies mort, encara que es troben a l'espera dels resultats de l'autòpsia, que permetran aclarir les causes de la mort i determinar amb més precisió quan es va produir.

La Guardia Civil de Inca investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de 69 años cuyo cuerpo fue hallado este martes en una caseta de una empresa del municipio de Selva (Mallorca), donde había trabajado anteriormente.

Según han informado fuentes de la investigación a elDiario.es, el hombre se alojaba de forma habitual, en condiciones precarias, en un contenedor habilitado en las instalaciones de la empresa. El aviso del hallazgo del cadáver se produjo sobre las 12.30 horas, después de que varios empleados encontrasen sin vida al extrabajador.

Los investigadores creen que el hombre podía llevar varios días fallecido, aunque se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia, que permitirán esclarecer las causas de la muerte y determinar con mayor precisión cuándo se produjo.

Silvino va néixer a Langreo, al cor miner d'Astúries. Tenia 15 anys quan ajudava el seu pare a arrossegar sacs de carbó i a repartir-los entre els veïns abans d'emigrar i començar una vida errant que, entre altres destinacions, el va portar a Finlàndia, a Canàries i, finalment, a Mallorca. Amb el fred del matí encara agafat a la roba, relata la seva història mentre, al seu voltant, tècnics municipals i un ampli dispositiu de la Policia Local identifiquen aquells que, com ell, malviuen des de fa anys a l'antiga presó de Palma: més de 200 persones entre residents sense recursos, treballadors precaritzats i migrants. L'Ajuntament ha reactivat el desnonament de tots ells, però Silvino, cuiner avui jubilat, ho té clar: “No penso quedar-me al carrer”.

Divendres que ve, una vegada completats els controls iniciats aquest dimecres, el Consistori preveu notificar-los l'ordre d'expulsió, presentada com una actuació necessària per raons de seguretat i salubritat. Al llarg del matí, els seus noms eren anotats en formularis i incorporats, un a un, dins un procediment administratiu tan meticulós com impersonal. Mentrestant, als afores de l'immoble, el primer tinent de batle de Palma, Javier Bonet (PP), assegurava que el que al govern municipal li preocupa és que “cap persona de les que viuen aquí dins pugui morir calcinada”, en al·lusió als quatre incendis registrats a les instal·lacions el passat cap de setmana i que, al seu parer, van ser “probablement provocats”.

En un comunicat remès als mitjans de comunicació, l'equip de govern apunta que “no és un fet aïllat”, sinó que “es ve repetint amb freqüència en els últims mesos”, la qual cosa, en paraules de Bonet, “fa pensar” que “puguin ser fins i tot provocats pels ocupants, derivats de disputes entre els grups que aquí resideixen”. Una afirmació que el Consistori formula en termes hipotètics en un intent d'associar als seus residents amb la conflictivitat i reforçant amb això l'argument municipal a favor del desallotjament.

Molts dels afectats no tenen alternativa habitacional ni ingressos suficients per pagar el lloguer d'una habitació -el preu de la qual en alguns casos arriba a superar els 1.000 euros- i resistiran, entre els enderrocs i els murs esquerdats del vell recinte carcerari fins que s'esgoti el termini legal. Després de la notificació del desnonament, els ocupants disposaran de cinc dies per presentar al·legacions. Després, es dictarà una ordre que els obligarà a abandonar el lloc en un màxim de quatre dies. De no fer-ho, l'Ajuntament sol·licitarà autorització judicial per executar el desnonament col·lectiu. Un cop desocupat l'espai, el Consistori preveu netejar-lo, tapiar-lo i, posteriorment, demolir-lo per urbanitzar el solar amb la construcció d'un accés a l'autovia de Palma i un projecte d'habitatges.

“Potser agafaré un carro i el passejaré pel carrer”

Silvino explica que va arribar a la vella presó després que la propietària de l'habitació on vivia li pugés el lloguer de 200 a 250 euros, una xifra impossible per a algú que aleshores cobrava poc més de 400. “Vaig agafar els trastos i me'n vaig anar”, recorda. Una dona el va veure al carrer i li va parlar d'aquest lloc. Sense aigua, sense electricitat i entre murs derruïts que amb prou feines protegeixen del fred exterior, l'home va trobar un 'refugi'. Recrimina que, amb una mitjana pensió que amb prou feines arriba per sobreviure, no sap on anirà: “Potser agafaré un carro i passejaré pel carrer”.

A pocs metres, un altre 'resident' de l'antiga presó, d'origen italo-tunisià, explica que fa tres anys que viu al recinte. “Aquí els polítics parlen molt, però no fan res. I la policia ve aquí a parlar, però no posa una solució”, lamenta, mentre insisteix que ningú li ha explicat amb claredat què passarà després. “Aquí no hi ha aigua ni llum. I em diuen que he d'anar-me'n. Què puc fer jo? No cometo delictes, sóc una persona treballadora, vaig a la feina i torno”, apunta, per la seva banda, Felipe, una altra de les persones que s'enfronten a la incertesa de la sortida forçosa amb el temor de perdre l'únic sostre del qual disposa.

En termes similars es pronuncia Antonio, mallorquí que fa sis mesos que viu a l'antiga presó i recrimina que el desnonament s'està duent a terme “amb nocturnitat i traïdoria”. “No ens donen cap solució. Molts som treballadors. Què aconseguiran amb això? Un cens. I si ens fan fora demà? On anem? Vosaltres sabeu el que costa lloguer un pis”, incideix, dirigint-se als periodistes que a primera hora s'han desplaçat fins al recinte. Una ullada al portal immobiliari Idealista permet comprovar com, en aquests moments, tan sols una desena de pisos s'anuncien a Palma per menys de 1.000 euros al mes. Només un d'ells supera els 50 metres quadrats: en fa 55.

Un altre dels afectats, el testimoni del qual ha recollit l'agència EFE, assegura ser “una persona treballadora amb un sou en B de 1.200 euros a la construcció” i que el seu cap li exigeix 3.000 euros per contractar-lo, una pràctica il·legal que il·lustra l'explotació i l'indefensió a les quals nombrosos treballadors es troben sotmesos, atrapats entre l'economia submergida i un mercat immobiliari que els tanca les portes. “Necessito un lloc on dormir”, sentencia.

Contactes amb el Bisbat i l'Exèrcit

L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que està intentant trobar una solució amb el Bisbat de Mallorca -que recentment ha recorregut als tribunals per a desallotjar una mare i els seus dos fills d'un dels seus locals apel·lant a la “perillositat” de l'immoble- i l'Exèrcit amb l'objectiu que ningú quedi a la intempèrie. “És un problema de ciutat i un problema de país”, ha asseverat Bonet en referència a l'actual crisi habitacional, agreujada en els últims anys per l'especulació immobiliària, la irrupció massiva de fons d'inversió internacionals i la turistització, factors que han empès centenars de persones a viure amuntegades a infrahabitatges, caravanes i a edificis abandonats com l'antiga presó de Palma.

Lucía Muñoz, portaveu d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma, qui es trobava present juntament amb altres integrants de la formació morada per intentar aclarir als afectats què passarà quan el procediment administratiu esgoti els seus terminis, s'ha mostrat severament crítica amb l'actuació municipal i amb la “política criminal” del batle, Jaime Martínez, que suposa “deixar al carrer persones que ja viuen en unes condicions que ningú desitjaria”. Així mateix, lamenta l'absència d'un acompanyament real per part dels tècnics municipals: “Hi ha una taula de serveis socials que està ajudant a desnonar 200 persones, més de la meitat d'ells sense papers, sense que se'ls estigui explicant el procés ni les alternatives disponibles”.

Muñoz ha proposat al Consistori reconvertir l'antiga presó en habitatges socials així com en una residència pública d'estudiants, i ha cridat l'alcalde a abandonar la idea de construir una rotonda.

Les entitats socials adverteixen, per la seva banda, de les conseqüències immediates del desnonament. Metges del Món calcula que unes 250 persones resideixen al recinte en situació d'extrema vulnerabilitat -moltes d'elles amb greus problemes de salut física i mental- i denuncia que no s'han habilitat recursos suficients per acollir-les. L'organització alerta que, si s'executa en les condicions actuals, totes elles “quedaran directament abocades, encara més, a una realitat marcada per la inseguretat, la ruptura dels seus processos terapèutics i socials, el deteriorament accelerat de la seva salut” així com a “una major exposició a situacions de violència, exclusió i estigmatització”.

Davant aquest escenari, Metges del Món ha instat l'Ajuntament a “assumir la seva responsabilitat institucional i a actuar amb caràcter urgent”, habilitant alternatives habitacionals dignes, suficients i adequades abans de procedir al desnonament o, en defecte, ajornant-lo “fins a garantir una solució definitiva que protegeixi els drets fonamentals de les persones afectades i eviti la generació d'una emergència social que, a dia d'avui, segueix sent prevenible mitjançant voluntat política i planificació responsable”.

Aquells que avui sobreviuen al vell penal -alguns des de fa uns mesos, altres des de fa anys- habiten les mateixes parets que durant dècades van tancar els presos comuns que van ocupar el complex des de la seva inauguració el 1968. Fins aleshores, la presó provincial es trobava al convent de ses Caputxines. La presó, la possessió de la qual l'Ajuntament vol recuperar, va romandre en funcionament fins al 1999, quan els interns van ser traslladats a l'actual centre penitenciari de Palma i els estrets passadissos, les cel·les i els patis van quedar sumits a l'abandonament, condemnats a un deteriorament lent que avui serveix de refugi precari per a aquells que no tenen un altre lloc on viure.

Les dificultats per accedir a un habitatge digne a Balears, els elevats preus del qual s'han convertit en un obstacle per a la població local enfront de l'elevada demanda de compra i lloguer per part d'estrangers amb major capacitat financera, han portat la població més vulnerable a buscar alternatives com aquesta per poder sobreviure. A Palma, una de les ciutats espanyoles amb el mercat immobiliari més tensionat, les dades il·lustren la magnitud de la crisi habitacional, l'increment del sensellarisme i les dificultats d'accés al mercat residencial: mentre els preus continuen disparant-se -al gener el metre quadrat va assolir els 5.131 euros enfront dels 2.650 euros de mitjana estatal, segons Idealista-, un total de 9.346 pisos romanen buits, d'acord a les dades del mateix portal immobiliari. Palma concentra, així mateix, la major part dels habitatges de Balears en mans de grans tenidors -aquells que posseeixen més de deu immobles-, amb 8.652 sota el seu control, dels quals 2.621 pertanyen a titulars amb carteres superiors a cent propietats, segons reflecteix la investigació duta a terme l'any passat per elDiario.es amb dades inèdites del Cadastre.

Silvino nació en Langreo, en el corazón minero de Asturias. Tenía 15 años cuando ayudaba a su padre a acarrear sacos de carbón y a repartirlos entre los vecinos antes de emigrar y dar inicio a una vida errante que, entre otros destinos, lo llevó a Finlandia, a Canarias y, finalmente, a Mallorca. Con el frío de la mañana todavía agarrado a la ropa, relata su historia mientras, a su alrededor, técnicos municipales y un amplio dispositivo de la Policía Local identifican los “perfiles” de quienes, como él, malviven desde hace años en la antigua prisión de Palma: más de 200 personas entre residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes. El Ayuntamiento ha reactivado el desalojo de todos ellos, pero Silvino, cocinero hoy jubilado, lo tiene claro: “No pienso quedarme en la calle”.

El próximo viernes, una vez completados los controles iniciados este miércoles, el Consistorio prevé notificarles la orden de expulsión, presentada como una actuación necesaria por razones de seguridad y salubridad. A lo largo de la mañana, sus nombres eran anotados en formularios e incorporados, uno a uno, en un procedimiento administrativo tan meticuloso como impersonal. Mientras tanto, a las afueras del inmueble, el primer teniente de alcalde de Palma, Javier Bonet (PP), aseguraba que lo que al gobierno municipal le preocupa es que “ninguna persona de las que viven aquí dentro puedan morir calcinadas”, en alusión a los cuatro incendios registrados en las instalaciones el pasado fin de semana y que, a su juicio, fueron “probablemente provocados”.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el equipo de gobierno apunta que “no es un hecho aislado”, sino que “se viene repitiendo con frecuencia en los últimos meses”, lo que, en palabras de Bonet, “hace pensar” que “puedan ser incluso provocados por los ocupantes, derivados de disputas entre los grupos que ahí residen”. Una afirmación que el Consistorio formula en términos hipotéticos en un intento de asociar a sus residentes con la conflictividad y reforzando con ello el argumento municipal a favor del desalojo.

Muchos de los afectados no tienen alternativa habitacional ni ingresos suficientes para pagar el alquiler de una habitación -cuyo precio en algunos casos llega a superar los 1.000 euros- y resistirán, entre los escombros y los muros desconchados del viejo recinto carcelario hasta que se agote el plazo legal. Tras la notificación del desalojo, los ocupantes dispondrán de cinco días para presentar alegaciones. Después, se dictará una orden que les obligará a abandonar el lugar en un máximo de cuatro días. De no hacerlo, el Ayuntamiento solicitará autorización judicial para ejecutar el desahucio colectivo. Una vez desocupado el espacio, el Consistorio prevé limpiarlo, tapiarlo y, posteriormente, demolerlo para urbanizar el solar con la construcción de un acceso a la autovía de Palma y de un proyecto de viviendas.

“Quizás coja un carro y lo pasee por la calle”

Silvino cuenta que llegó a la vieja prisión después de que la propietaria de la habitación donde vivía le subiera el alquiler de 200 a 250 euros, una cifra imposible para alguien que entonces cobraba poco más de 400. “Cogí los trastos y me fui”, recuerda. Una mujer lo vio en la calle y le habló de este lugar. Sin agua, sin electricidad y entre muros derruidos que apenas protegen del frío del exterior, el hombre encontró un 'refugio'. Recrimina que, con una media pensión que apenas alcanza para sobrevivir, no sabe adónde irá: “Quizás coja un carro y pasee por la calle”.

A escasos metros, otro 'residente' de la antigua prisión, de origen italo-tunecino, explica que lleva tres años viviendo en el recinto. “Aquí los políticos hablan mucho, pero no hacen nada. Y la policía viene aquí a hablar, pero no pone una solución”, lamenta, mientras insiste en que nadie le ha explicado con claridad qué ocurrirá después. “Aquí no hay agua ni luz. Y me dicen que tengo que irme. ¿Qué puedo hacer yo? No cometo delitos, soy una persona trabajadora, voy al trabajo y vuelvo”, apunta, por su parte, Felipe, otra de las personas que se enfrentan a la incertidumbre de la salida forzosa con el temor de perder el único techo del que dispone.

En términos similares se pronuncia Antonio, mallorquín que lleva seis meses viviendo en la antigua cárcel y recrimina que el desalojo se está llevando a cabo “con nocturnidad y alevosía”. “No nos dan ninguna solución. Muchos somos trabajadores. ¿Qué van a conseguir con esto? Un censo. ¿Y si nos echan mañana? ¿Adónde nos vamos? Vosotros sabéis lo que cuesta alquilar un piso”, incide, dirigiéndose a los periodistas que a primera hora se han desplazado hasta el recinto. Un vistazo al portal inmobiliario Idealista permite comprobar cómo, en estos momentos, tan solo una decena de pisos se anuncian en Palma por menos de 1.000 euros al mes. Solo uno de ellos supera los 50 metros cuadrados: mide 55.

Otro de los afectados, cuyo testimonio ha recogido la agencia EFE, asegura ser “una persona trabajadora con un sueldo en B de 1.200 euros en la construcción” y que su jefe le exige 3.000 euros para contratarle, una práctica ilegal que ilustra la explotación y la indefensión a las que numerosos trabajadores se encuentran sometidos, atrapados entre la economía sumergida y un mercado inmobiliario que les cierra las puertas. “Necesito un lugar donde dormir”, sentencia.

Contactos con el Obispado y el Ejército

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que está intentando encontrar una solución con el Obispado de Mallorca -que recientemente ha recurrido a los tribunales para desalojar a una madre y sus dos hijos de uno de sus locales apelando a la “peligrosidad” del inmueble- y el Ejército con el objetivo de que nadie quede a la intemperie. “Es un problema de ciudad y un problema de país”, ha aseverado Bonet en referencia a la actual crisis habitacional, agravada en los últimos años por la especulación inmobiliaria, la irrupción masiva de fondos de inversión internacionales y la turistización, factores que han empujado a cientos de personas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados como la antigua prisión de Palma.

Lucía Muñoz, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, quien se encontraba presente junto a otros integrantes de la formación morada para tratar de aclarar a los afectados qué ocurrirá cuando el procedimiento administrativo agote sus plazos, se ha mostrado severamente crítica con la actuación municipal y con la “política criminal” del alcalde, Jaime Martínez, que supone “dejar en la calle a personas que ya viven en unas condiciones que nadie desearía”. Asimismo, lamenta la ausencia de un acompañamiento real por parte de los técnicos municipales: “Hay una mesa de servicios sociales que está ayudando a desahuciar a 200 personas, más de la mitad de ellos sin papeles, sin que se les esté explicando el proceso ni las alternativas disponibles”.

Muñoz ha propuesto al Consistorio reconvertir la antigua prisión en viviendas sociales así como en una residencia pública de estudiantes, y ha llamado al alcalde a abandonar la idea de construir una rotonda.

Las entidades sociales advierten, por su parte, de las consecuencias inmediatas del desalojo. Médicos del Mundo calcula que unas 250 personas residen en el recinto en situación de extrema vulnerabilidad -muchas de ellas con graves problemas de salud física y mental- y denuncia que no se han habilitado recursos suficientes para acogerlas. La organización alerta de que, si se ejecuta en las condiciones actuales, todas ellas “quedarán directamente abocadas, todavía más, a una realidad marcada por la inseguridad, la ruptura de sus procesos terapéuticos y sociales, el deterioro acelerado de su salud” así como a “una mayor exposición a situaciones de violencia, exclusión y estigmatización”.

Ante este escenario, Médicos del Mundo ha instado al Ayuntamiento a “asumir su responsabilidad institucional y a actuar con carácter urgente”, habilitando alternativas habitacionales dignas, suficientes y adecuadas antes de proceder al desalojo o, en su defecto, aplazándolo “hasta garantizar una solución definitiva que proteja los derechos fundamentales de las personas afectadas y evite la generación de una emergencia social que, a día de hoy, sigue siendo prevenible mediante voluntad política y planificación responsable”.

Quienes hoy sobreviven en el viejo penal -algunos desde hace unos meses, otros desde hace años- habitan las mismas paredes que durante décadas encerraron a los presos comunes que ocuparon el complejo desde su inauguración en 1968. Hasta entonces, la prisión provincial se encontraba en el convento de ses Caputxines. La cárcel cuya posesión el Ayuntamiento quiere recuperar permaneció en funcionamiento hasta 1999, cuando los internos fueron trasladados al actual centro penitenciario de Palma y los estrechos pasillos, las celdas y los patios quedaron sumidos en el abandono, condenados a un deterioro lento que hoy sirve de refugio precario para quienes no tienen otro lugar donde vivir.

Las dificultades para acceder a una vivienda digna en Balears, cuyos elevados precios se han convertido en un obstáculo para la población local frente a la elevada demanda de compra y alquiler por parte de extranjeros con mayor capacidad financiera, han llevado a la población más vulnerable a buscar alternativas como esta para poder sobrevivir. En Palma, una de las ciudades españolas con el mercado inmobiliario más tensionado, los datos ilustran la magnitud de la crisis habitacional, el incremento del sinhogarismo y las dificultades de acceso al mercado residencial: mientras los precios continúan disparándose -en enero el metro cuadrado alcanzó los 5.131 euros frente a los 2.650 euros de media estatal, según Idealista-, un total de 9.346 pisos permanecen vacíos, de acuerdo a los datos del mismo portal inmobiliario. Palma concentra, asimismo, la mayor parte de las viviendas de Balears en manos de grandes tenedores -aquellos que poseen más de diez inmuebles-, con 8.652 bajo su control, de las cuales 2.621 pertenecen a titulares con carteras superiores a cien propiedades, según refleja la investigación llevada a cabo el año pasado por elDiario.es con datos inéditos del Catastro.

Una persona sin hogar se encuentra en estado crítico después de que un hombre lo haya agredido este domingo en la vía pública en Girona. El agresor, un hombre de 26 años, ha sido detenido posteriormente por los Mossos.

Fuentes de la policía catalana han explicado a EFE que este suceso, que ha avanzado el Diari de Girona, ha ocurrido sobre las ocho de la mañana en el paseo de Olot de la capital gerundese. Se investigan las causas del ataque.

En esa calle, que conecta la capital con la ciudad vecina de Salt, un joven de 26 años ha comenzado a golpear con saña al hombre. Avisados los Mossos de la agresión, han acudido al citado paseo cuando el agresor todavía estaba pegando a la víctima.

Al percatase de la presencia policial, el agresor ha intentado huir y ha intentado agredir también a los agentes.

Posteriormente, los Mossos lo han detenido por los delitos de agresión a la víctima y atentado contra los agentes de la autoridad y han abierto una investigación para conocer el origen de este caso.

Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), por su parte, han atendido en primera instancia a la víctima en el paseo de Olot y luego lo han trasladado al hospital Josep Trueta de Girona, donde ha quedado ingresado en estado crítico.

Son las 21 horas de un lunes cualquiera de enero. Las temperaturas van bajando, mientras las pocas personas que quedan en la calle se van recogiendo ya hacia sus hogares. Pero no todas. A esas horas, en la plaza de Charles Darwin de Barcelona, cada día hay una quincena de personas que empiezan a montar sus tiendas de campaña, a extender sus sacos de dormir y a parapetarse tras cajas y cartones para pasar la noche.

Y a esas horas, también, se activa el Servicio de Atención Social al Sinhogarismo en el Espacio Público (SASSEP) del Ayuntamiento de Barcelona. Todos los días del año, una veintena de profesionales sale a recorrer las calles y plazas de la capital catalana para hablar con las personas que duermen al raso.

El sinhogarismo es un fenómeno creciente, tanto en Barcelona como en diversas ciudades de España y de Europa. Solo en la capital catalana hay más de 1.760 personas durmiendo en las calles, según datos de diciembre de 2025, lo que supone un incremento del 30% en un solo año. “Vivir en Barcelona es cada vez más caro y aun con trabajo o prestaciones es imposible para muchos”, sostiene Carme Fortea, directora del Servicio de Atención al Sinhogarismo del Ayuntamiento de Barcelona.

Muchos de los que pernoctan en la calle vivían en pisos de la capital catalana, pero también hay otros muchos que vienen de otros municipios, atraídos por una mayor oferta de comedores, servicios residenciales y atención social. “Se despliega una gran cantidad de servicios, pero la capacidad de exclusión de esta ciudad es todavía mayor, es increíble. No llegamos a atenderlos a todos y es muy frustrante”, se lamentan desde el SASSEP.

Este equipo está encargado de hacer el seguimiento de lo que definen como “casos difíciles y crónicos”. Son aquellos que llevan más tiempo en las calles, los que tienen problemas de adiciones o de salud mental y para quienes reintegrarse es un camino demasiado complejo como para recorrerlo solos.

Se suelen dividir por barrios y esta noche de enero los encargados de la plaza Charles Darwin son seis, todos educadores, trabajadores sociales o psicólogos. Los primeros en llegar esperan a las puertas del hotel Arts, mientras se frotan las manos y pivotan sobre sus pies para espantar al frío. Esta noche todavía está activa la Operación Frío, el operativo que el Ayuntamiento de Barcelona inició el 6 de enero para ofrecer alojamiento de urgencia a personas sin hogar en días de muy bajas temperaturas.

“Nos acercamos en grupos de, máximo, dos personas. Siempre siendo muy respetuosos, porque al final nos estamos dirigiendo a gente que está en su cama, acabando el día, aunque estén en la calle”, explica Dani Montaner, director del SASSEP. Esas camas tienen formas diversas: algunas son cajas de cartón, otras son esterillas con diversas mantas puestas encima. Algunos tienen colchones hinchables y otros, no pocos, tiendas de campaña.

“Es un fenómeno que va al alza”, dice Fortea, en referencia a los montículos de colores que albergan a una o dos personas en su interior. Si la cremallera está cerrada, el equipo del SASSEP no molesta a sus moradores. “Tienen un perfil diferente al que veíamos hace unos años. Son personas que no han perdido la concepción del espacio privado porque, hasta hace poco, tenían una vida autónoma, con sus familias, hogares y trabajos”.

Según los últimos datos del Ayuntamiento, cerca del 14% de las personas sin hogar en Barcelona tienen un empleo y el 40% recibe prestaciones o ayudas como la Renta Garantizada o el SMI. Juan es uno de los que trabaja. Llegó a Barcelona hace ya unos cinco años y lo hizo para trabajar, principalmente, en la construcción. Él, como el 71% de los que duermen al raso, es migrante. Pero también forma parte del 40% que tiene su situación regularizada.

A pesar de eso, de tener papeles y trabajo, un despido inesperado le hizo acabar en la calle. “Vivía bastante al día”, reconoce. Dejó de poder pagar el alquiler y, como solo le ofrecían empleos sin contrato, los caseros desconfiaban de su solvencia. “Y aquí estoy”, resume Juan, que ahora está ahorrando para poder pagar a un abogado porque, dice, su empleador le explota.

“Trabajo doce horas al día, sábados incluidos. Sin contrato y sin nada. Lo hacen porque saben que pueden hacerlo, pero eso no está bien. Algún compañero mío que se ha hecho daño ha acabado jodido. No se puede tratar así a la gente”, sostiene. Tiene la esperanza de que, si denuncia a su empleador, el proceso pueda acabar con una indemnización o un contrato y eso le permita volver a empezar.

“Es muy fácil acabar en la calle y difícil salir”, dice Juan que, a pesar de que cobra 1.200 euros al mes, duerme sobre un colchón hinchable y bajo unas pocas mantas. Bien cerca de una mochila y una maleta donde guarda todas sus cosas. Aunque puede parecer dinero suficiente, muchas veces no lo es. “Nos encontramos con gente que paga pensiones y que, aunque la ley les eximiría en casos así, prefieren seguir pagando manutenciones a tener un techo”, explica Montaner.

En este sentido, los profesionales del SASSEP, aseguran que no es “para nada lo mismo” visitar estos lugares de pernocta a principios de mes que al final. “Mucha gente que alquila habitaciones hace cama caliente o va a pensiones cuando tiene dinero. Y, cuando no, regresa a la calle”, explican.

Los agentes del SASSEP recorren cada noche las calles de Barcelona y, gracias a eso, ya se dirigen a las personas que duermen en la calle por su nombre. Saben sus historias, qué necesitan y qué quieren. Y esta última pregunta, casi siempre, lleva al mismo lugar: quieren un techo. “Pero es que eso es muy difícil, hay pocas plazas y mucha demanda”, asegura Fortea.

En Barcelona hay 2.860 plazas para personas sin hogar, pero de ellas, muchas están pensadas como recursos de emergencia para familias vulnerables a las que acaban de desahuciar o para otros casos extremos como, por ejemplo, mujeres que tienen que salir de sus hogares tras haber sido víctimas de violencia machista.

Además, las personas sin hogar que acceden a recursos residenciales tienen que cumplir algunos requisitos como contar con un certificado de vulnerabilidad que otorga Servicios Sociales, no tener problemas de adicciones o, en muchos casos, dejar atrás pertenencias de gran volumen —como carros o colchones— o a sus mascotas.

Por eso, desde el SASSEP, antes de buscar un techo, afrontan otras necesidades como atención a la drogodependencia, tramitación del padrón o permisos de residencia, trabajo y nacionalidad. “Hay que ir poco a poco, porque el sinhogarismo es una situación que es muy fácil que se cronifique. Y hay que trabajar paso a paso. Lo más importante es que ellos quieran”, alerta Montaner.

“Hay muchas personas que se han rendido y que no se creen merecedoras de pertenecer a la sociedad”, añade. Es el caso de César. Él comparte colchón con Juan y apenas dice nada. Solo su nombre y que lleva, ahora, seis meses en la calle. Ya pasó por esta situación antes, consiguió volver bajo un techo, pero ahora vuelve a estar al raso. Trabaja de lo que puede, “lo justo para pagar la bebida y así poder dormir”, explica su compañero.

Se hacen compañía y protegen sus cosas mutuamente. No se consideran amigos, pero sí se aprecian. Y se cuidan. Por eso, ninguno de los dos acepta ir a un albergue a pasar esta noche de enero. Durante la Operación Frío, se activan 100 plazas en polideportivos o gimnasios en los que se hay cama, comida y duchas calientes y que se suman a las 100 plazas que hay siempre disponibles durante los meses de invierno. Pero ellos no las quieren.

“Estaría bien dejar de pasar frío, pero aquí están mis cosas, sé cómo ir a donde tengo que ir mañana y, si me quedo, seguro que no me roban el sitio”, explica Juan. De media, solo se llena cerca del 30% de las plazas de emergencia que pone a disposición el Ayuntamiento porque el servicio no acaba de cubrir las necesidades de quienes llevan ya tiempo en la calle.

Después de recorrer toda la plaza Charles Darwin de Barcelona, nadie ha querido ir a dormir bajo techo, por diversas razones. Los profesionales del SASSEP están a punto de acabar la ronda hasta que dan con Katy, una mujer (la única) que duerme sola, con un fino saco para protegerse del frío. Cuando se acercan, está durmiendo pero deciden despertarla. No la habían visto nunca y la situación de las mujeres suele ser más compleja.

Es de Estados Unidos y vive en la calle desde hace tres meses, cuando llegó al aeropuerto de Barcelona. Estuvo pernoctando en sus instalaciones y luego decidió probar suerte en la ciudad. No comparte su historia ni dice qué busca, pero le parece bien la idea de ir a dormir a un polideportivo esa noche. En ese momento, las trabajadoras sociales que la han atendido llaman a unos compañeros que vienen a buscarla en furgoneta. Pero al ver a dos desconocidos, Katy se echa para atrás.

“No quiero. Me lo he pensado mejor. Prefiero estar aquí, estaré bien”, dice. La desconfianza es habitual en las personas que duermen en la calle y, por eso, desde el SASSEP saben abordarla. Solo son necesarios un par de minutos para que Katy recapacite, recoja sus cosas y se suba al coche que la dejará en una cama caliente.

Los profesionales que la han ayudado se miran, satisfechos. No solo han logrado que pase la noche a resguardo, sino que han abierto la puerta a que entre en el sistema de atención. Allí la atenderán educadores sociales, profesionales de la Cruz Roja y voluntarios que podrán darle información de los pasos a seguir.

“Pues ahora, a otro sitio”, dicen. Porque su trabajo no acaba en esta plaza. Se subirán a un coche y seguirán recorriendo la ciudad hasta la 1 de la madrugada. Y, pocas horas después, a las 6 horas, se activará otro equipo que hará el turno de mañana para ver cómo han pasado la noche. Este equipo se empieza a despedir de las personas a las que han saludado esa noche. Algunos duermen, otros miran a otro lado, pero unos pocos responden. “Puede parecer que no queremos vuestra ayuda, pero nos gusta que vengáis”, zanja uno de ellos, mientras se reacomoda en su saco de dormir.

Este martes a primera hora de la mañana ha sido desalojada buena parte del mayor asentamiento de personas sin hogar de Barcelona. Situado en la calle 2 del polígono industrial de la Zona Franca, acoge a centenares de personas desde hace tres años y se ha convertido en un “problema para la salubridad pública” debido a una plaga de ratas, según exponen desde el Consorci de la Zona Franca.

“Estamos saneando el terreno porque la presencia de roedores pone en peligro a quienes acampan y a quienes trabajan en el polígono”, ha explicado el delegado especial del Estado en el Consorci, Pere Navarro, quien calcula que pueden vivir unas 200 personas en ese espacio plagado de tiendas de campaña, aunque los cálculos de las entidades son más elevados y rondan las 300.

Hacia las 8h de la mañana, un dispositivo formado por trabajadores sociales, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana y equipos de limpieza -vestidos con equipos de prevención sanitaria- han cortado la calle y han empezado a retirar tiendas de campaña y a pedir a los moradores que se fueran. También ha contado con la presencia de Guardia Civil y Policía Nacional, que ha identificado a 75 personas, aunque no ha efectuado detenciones.

Desde la administración han insistido en que “no se está desalojando a nadie, simplemente se les invita a irse” porque, aseguran, los productos fitosanitarios que se usarán pueden ser “muy nocivos para la salud humana”, según palabras de Sonia Fuertes, comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona.

El consistorio asegura también que la actuación sanitaria no afectará a la totalidad del campamento, que se extiende durante unos 400 metros, sino sólo a “un sector”. Igualmente, insisten que, una vez el veneno de las ratas haga su efecto, las personas desalojadas podrán volver a instalarse. Pero ni el Ayuntamiento, ni la Zona Franca ni la Agència de Salut Pública de Barcelona -encargada del dispositivo sanitario- quiso responder durante la tarde del lunes qué parte del campamento sería el afectado ni cuánto durarán los efectos del veneno.

El resultado de lo que los desalojados definen a elDiario.es como “muy mala comunicación” ha sido que la gran mayoría de ocupantes del campamento empezara a irse ya el día antes del desalojo. Así lo decidieron en una asamblea en la que compartieron el miedo a que la policía les requisara sus cosas, como ya ha pasado en otros desalojos como el del B9, en Badalona, o el del parque de la Estació del Nord, en Barcelona.

Además, ninguna de las 7 personas con las que habló este medio durante las horas previas al levantamiento sabía que el dispositivo iba a afectar sólo a una parte del campamento y que, por tanto, algunos de ellos podrían quedarse. Ante la incógnita, muchos se han desplazado unos metros más allá, a un bosque cercano. Es el caso de Ahmed, un joven algeriano que no llega a la treintena y que lleva dos años viviendo en este campamento.

“Vinieron a avisarnos el lunes por la mañana, sobre las 8”, asegura. En ese momento, todavía no se había despertado porque llegó tarde de trabajar. “Bajaron la cremallera de mi tienda y entraron, enseñándome la pantalla de sus teléfonos, donde estaba escrito en árabe que nos teníamos que ir”, explica, en referencia a los trabajadores sociales que les notificaron el desalojo. Pero no les dijeron por qué ni hasta cuándo.

“Y ahora, ¿adónde vamos?”, reflexionaba este joven, a preguntas de elDiario.es, la tarde del lunes. Su tienda es una de las cuatro que conforman una pequeña comunidad, dentro del 'barrio' de los magrebíes. A su derecha tiene a los subsaharianos -algunos de los cuales proceden del B9-, un poco más allá están los latinoamericanos y los más alejados son quienes vienen de Europa del Este.

Estefanía, una joven colombiana de 19 años que hace ocho meses que vive en el campamento ya tenía todas sus cosas en cajas horas antes del desalojo. Los enseres de cocina y la bombona de butano, maletas con ropa, colchones y demás pertenencias. “Me voy antes de que vengan a echarme, porque tengo miedo de que me lo quiten todo”, explica.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona aseguran que han ofrecido a todos los habitantes un espacio de custodia para sus cosas, pero tanto los afectados como plataformas como Papeles para Todos niegan la mayor. “Nadie nos ha ofrecido nada”, sentencian.

Sin alternativa en el horizonte

El Ayuntamiento de Barcelona asegura que llevan años visitando periódicamente el campamento para asesorar a las personas alojadas y ofrecerles “una entrada en el sistema”. Apuntan que han establecido vinculación con cerca del 75% de ellos, lo que supone que han sido derivados al centro de primera acogida (donde pueden comer caliente y ducharse), al servicio de reducción de riesgos por drogodependencia o que han empezado a hacer cursos formativos para inserción laboral.

Ahora bien, después del desalojo no pueden asegurar que nadie vaya a tener un techo en el que resguardarse. “Podrán ir a dormir a algún lugar adyacente”, asegura Fuertes, en referencia a alguno de los muchos bosques o zonas arboladas que hay cerca del asentamiento. Los desalojados aseguran que lo único que se les ha ofrecido -y no a todos- es una cama en un polideportivo para pasar una sola noche, pero sin posibilidad alguna de llevarse sus cosas.

Otra de las acciones que el Ayuntamiento lleva tiempo realizando son visitas al campamento en compañía de la Cruz Roja, que ha ido evaluando el estado de salud de los habitantes. Como resultado de eso, algunos han sido derivados al hospital para atender infecciones o achaques graves. Uno de ellos fue Jacub, un joven algeriano que estuvo ingresado por epilepsia y que acaba de recibir el alta.

“Cuando salí, vine para aquí otra vez y ahora me dicen que me tengo que ir”, explica llevando, todavía, la pulsera de ingreso en la muñeca. Él trabaja de lo que sale, pero el sueldo no le alcanza para pagar un alquiler. Lo mismo le pasa a Estefanía, que cuida ancianos o limpia casas, pero desde que se le acabó un contrato de alquiler vinculado al trabajo de su novio en la construcción, no ha encontrado nada.

“Es muy duro, pero aquí estamos bien. Somos mucha gente y nos ayudamos. Además, es mejor estar aquí, alejados, que no en medio de la ciudad, donde puedes molestar y te pueden molestar”, explica. En este polígono de la Zona Franca, lo único que se oye es el rugir de los camiones y no hay casi nadie que se desplace a pie. “No hacemos daño ni somos un problema”, asegura Edwin, compañero de tienda de la joven.

“Solo queremos trabajar y tener un techo. No somos criminales”, asegura Ahmed, que toma entre sus manos la cara de Mahmud, un chico de 22 años. “Mírale. ¿Es esta la cara de un criminal?”, pregunta, justo antes de coger sus cosas y dirigirse hacia el bosque que le hará de casa durante, al menos, unas cuantas semanas.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias elaborará este año un nuevo plan de inclusión social que situará la lucha contra el sinhogarismo como uno de sus ejes centrales. El objetivo es avanzar hacia un modelo que combine prevención, intervención y acompañamiento y que refuerce el compromiso del Gobierno de Asturias con la reducción de las desigualdades y la garantía efectiva de derechos.

La consejera del área, Marta del Arco, ha anunciado la puesta en marcha de este plan durante la inauguración de la jornada Acompañar para volar. Transformando la atención social, celebrada este martes en Gijón/Xixón y organizada por la Fundación Albergue Covadonga junto a la Asociación Gijonesa de la Caridad.

La vivienda en el epicentro

Según ha explicado Del Arco, el documento pretende ir más allá de la respuesta a la emergencia habitacional y consolidar itinerarios estables de inclusión para las personas que viven en la calle o en recursos de alojamiento temporal. “La vivienda se sitúa en el epicentro de los motivos o riesgos de exclusión social”, ha señalado, defendiendo que la intervención pública debe ofrecer una solución habitacional desde el inicio para favorecer la estabilidad vital.

La consejera ha subrayado también que Asturias cuenta con una trayectoria consolidada en este ámbito y participa en el desarrollo de la Estrategia Nacional contra el Sinhogarismo. En este sentido, ha destacado que el Principado se sitúa entre las comunidades con más plazas destinadas a la atención de personas sin hogar y mantiene un papel activo en el despliegue de medidas orientadas a erradicar esta situación en la región.

“Ninguna situación queda sin amparo”

Del Arco ha recordado que la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales reconoce el derecho de las personas beneficiarias del salario social a un complemento para sufragar los gastos de alquiler de la vivienda. Esta medida alcanza actualmente a más de 250 hogares de forma mensual y con carácter indefinido e incluye también la exención del pago de préstamos hipotecarios. “Ninguna situación queda sin amparo”, ha afirmado.

El sistema asturiano de garantía incorpora además ayudas de emergencia social para afrontar gastos relacionados con la vivienda, como el alquiler o las cuotas de comunidad, dirigidas a personas que atraviesan dificultades puntuales. En 2025, la consejería ha destinado 12,5 millones de euros a transferencias a los ayuntamientos en este marco, con un procedimiento de concesión ágil y directo para atender situaciones urgentes.

Ayudas específicas

El refuerzo de las políticas públicas se completa con el apoyo a las entidades sociales. Esta semana se ha aprobado un millón de euros en subvenciones con cargo a la asignación del IRPF para programas dirigidos a personas en situación de especial dificultad o riesgo de exclusión, incluida la atención integral a personas sin hogar. A ello se suman 356.000 euros en ayudas específicas a entidades que trabajan con este colectivo.

Asimismo, el Principado ha incrementado la financiación destinada a las entidades locales, responsables de la primera acogida a través de la red de albergues. Para el periodo 2024-2027 se han consignado seis millones de euros —1,5 millones anuales para Oviedo, Gijón y Avilés—, a los que se añadirá un fondo específico de 900.000 euros para proyectos que combinen alojamiento e itinerarios de inclusión, en línea con el cambio progresivo de modelo que impulsa la consejería

¿Cuándo se revela un secreto? ¿Es delito siempre desvelar información reservada? Las preguntas surgen a raíz del resultado judicial opuesto de dos causas recientes: la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados y la exculpación del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por haber proporcionado al pleno detalles de la atención médica a un sintecho fallecido en la localidad.

La primera condena de la historia de España a un fiscal general en ejercicio, duramente criticada dentro del propio Tribunal Supremo, se fundamentó en la ya célebre nota de prensa de la Fiscalía para desmentir el bulo que el diario El Mundo había publicado sobre el pacto ofrecido por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en su causa por fraude fiscal.

Según adujo el Supremo, el deber de confidencialidad de García Ortiz “no desaparecía” por el hecho de que la información sobre el pacto ofrecido por González Amador a la Fiscalía ya fuera de dominio público y hubiera sido desvelada por varios medios de comunicación. Es decir, aunque fuera información ya divulgada, el fiscal no podía darla.

Al contrario que el caso de García Ortiz, los datos que Albiol desveló ante un pleno municipal retransmitido en directo no se conocían porque formaban parte del expediente médico del hombre sin hogar fallecido en Badalona en junio de 2024 dos semanas después de ser atendido en Urgencias.

El caso contra Albiol fue archivado en agosto de 2025. El abogado Andreu Van den Eynde, que representa a la acusación de Guanyem Badalona, pidió reabrirlo a principios de septiembre. A la espera de la resolución del recurso por parte de la Audiencia de Barcelona, la sentencia del fiscal general se cruzó en el caso Albiol.

En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Van den Eynde advierte a los magistrados que la sentencia del ex fiscal general “presenta singulares analogías” con el caso de Albiol. Considera el letrado que la interpretación de una revelación de datos que el Alto Tribunal tejió en la causa contra García Ortiz es aplicable al del alcalde de Badalona.

La comparación con el cirujano

La sentencia del Supremo sobre el ex fiscal general, argumenta Guanyem Badalona, “aborda un debate relevante sobre la imposibilidad de responder a una noticia con una revelación de secretos”. Van den Eynde, de forma nada casual, apostilla que el Supremo consideró punible este tipo de actuación “incluso con referencias específicas a supuestos de datos de salud”.

El abogado se refiere a uno de los apartados más polémicos de la sentencia contra García Ortiz, en el que el Alto Tribunal compara su actuación con la de un cirujano plástico que, según el Supremo, “nunca podría terciar en la polémica confirmando o desmintiendo la realidad de esa operación”.

Sin ser cirujano pero sí alcalde, eso mismo fue lo que hizo Albiol tras ser preguntado por una asociación vecinal por la muerte del sintecho.

“Como fue al Hospital de Badalona, tengo aquí, no el parte, porque eso es privado, pero sí el porqué murió esta persona, y se lo voy a leer textualmente. Me lo han enviado desde el Hospital, eh”, lanzó el político del PP al pleno. A continuación, difundió parte de los síntomas, el diagnóstico, las pruebas y el tratamiento médico al que fue sometido el sintecho en el Hospital de Badalona.

“Si usted cree que estoy violando su privacidad, me denuncia”, lanzó el alcalde a la líder de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, que así lo hizo. Tras haberse completado la investigación, la defensa del alcalde, que ejerce el penalista Cristóbal Martell, logró otro éxito (como en las otras causas anteriores en las que ha estado investigado) con el archivo del caso. La Fiscalía también había pedido exculpar a Albiol.

La tesis fiscal fue asumida por el juez: el alcalde, dejó escrito el magistrado en el auto de archivo, no disponía de los “informes médicos” del sintecho que murió, sino tan solo de “unas notas preparadas por su equipo” para dar respuesta a la pregunta de los vecinos en el pleno. En esas notas que Albiol divulgó en el pleno se incluían tratamientos y diagnósticos del finado. Además, el alcalde no dio el nombre del paciente en el pleno (aunque todo el mundo sabía que se trataba del fallecido).

Albiol se salvó porque, a criterio del juez, divulgó datos médicos contenidos en unas “notas”, pero no el expediente completo (que no llegó a salir del Hospital, tan solo se consultó para dar la información al alcalde). Preguntó por unos datos para responder a los vecinos y, según declaró él mismo ante el instructor, “salvaguardar la honorabilidad del Hospital”, pero sin rebasar la línea roja penal.

Algo parecido (pero con resultado penal opuesto) ocurrió con García Ortiz: el propio ex fiscal general explicó que su petición para recabar datos sobre la propuesta de acuerdo del novio de Ayuso empezó para defender la profesionalidad de los fiscales encargados del caso, pues El Mundo les había atribuido la propuesta de conformidad, que en realidad salió de la defensa de González Amador.

En suma, dos causas en las que un superior pidió información reservada para responder y ser transparente ante la ciudadanía. Pero una es delito, y la otra (por ahora) no. Sí hay una diferencia: una la investigó el juez natural de Badalona y la otra un Tribunal Supremo de mayoría conservadora.

El Ayuntamiento de Pamplona ha incrementado las plazas en sus recursos municipales para acoger a personas sin hogar durante la ola de frío que atraviesa Navarra. En total, según ha informado el concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón, el Consistorio dispone de 205 plazas repartidas entre el albergue de Trinitarios y viviendas municipales. Según ha añadido son el “triple” de las que se tenían hace dos años.

El Ayuntamiento cuenta con 155 plazas estables en el albergue de Trinitarios y en viviendas municipales. Esas plazas aumentarán hasta las 165 durante la ola de frío y se sumarán 40 más, hasta llegar a esas 205, en situaciones de emergencia climatológica.

“Hemos consolidado un sistema que tiene el triple de plazas disponibles, el doble de recursos invertidos y que tiene una clara prioridad en el empleo y la vivienda como ejes clave para la integración social de las personas”, ha destacado Mauleón. Frente a las críticas de colectivos sociales, ha defendido que se está haciendo un “esfuerzo muy importante”. “Tenemos la capacidad que tenemos, hemos ampliado el máximo de acuerdo a nuestros recursos y llegamos hasta donde podemos llegar”, ha subrayado.

Si bien ha indicado que es “difícil dar una cifra exacta” de personas sin hogar en Pamplona, debido a la alta itinerancia, el Consistorio calcula que hay alrededor de 140. El perfil mayoritario es el de una persona joven, de origen migrante, con edad de trabajar pero que “no tiene empleo, entre otras cosas, porque no tiene papeles”. “O garantizamos que la gente pueda tener un empleo, y con ello unos ingresos para tener una vivienda o si no, estamos atendiendo con recursos de sinhogarismo lo que es un problema fundamentalmente migratorio”, ha remarcado.

Ha puesto en valor la “estupenda” labor de las entidades sociales y, ante la acogida en Katakrak de varias personas sin hogar, ha dicho que, “toda iniciativa que ayude a atender más y mejor a las personas sin hogar es bienvenida”.

Inversión de 1,6 millones de euros

La Junta de Gobierno Local aprobó a final del 2025 el contrato para la gestión del servicio municipal de atención a personas sin hogar y otros recursos de alojamiento externo con un presupuesto de 1.591.863,91 euros, entre el 16 de febrero y el 31 de diciembre de 2026. Dividido en tres lotes, el contrato cuenta con la opción de dos prórrogas anuales y se han reservado todos los programas a entidades sociales sin ánimo de lucro.

Frente a un modelo anterior con un 50% de plazas dedicadas a personas itinerantes, se apuesta por “nuevos programas de atención temprana y media y larga estancia, más adecuados para lograr una verdadera inclusión social”. Ahora se destinarán a esos programas el 90% de las plazas. Se aumentan también los recursos humanos, con un refuerzo de cinco profesionales en el Centro de Atención a Personas sin Hogar y con catorce profesionales (no había ninguno) para el programa Etxe Bat, de acompañamiento y atención a personas sin hogar.

Más de dos tercios de las plazas estables, 105 de 155, priorizan el acceso a la vivienda. Para ello, se han rehabilitado 30 viviendas municipales. Por primera vez, la gestión de los vales de pensiones y hoteles se han sacado a concurso público, siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Comptos. Se prevén cubrir hasta 7.000 pernoctaciones.

A estos servicios contratados, se unen otras actuaciones como el incremento de plazas en el comedor social, el refuerzo de programas de formación y empleo o el futuro centro ocupacional de Aranzadi. Todo ello concluirá con el futuro plan integral de atención al sinhogarismo que ya está adjudicado.

El lote 1 del contrato adjudicado se refiere a la gestión del Centro de Atención a Personas Sin Hogar de Trinitarios, que incluye además los programas de alojamiento en hoteles y pensiones, el acompañamiento en calle y las campañas de frío y ola de calor. El lote se ha adjudicado a Consulting Asistencial Sociosanitario SL por un presupuesto de 1.316.942,40 euros. Este servicio atiende las situaciones individuales de exclusión social, acompañadas generalmente por la pérdida de domicilio, que se detectan tanto entre los residentes en Pamplona como entre personas itinerantes. Cuenta con 50 plazas, que pueden aumentar hasta las 58.

El servicio de alojamiento en hoteles, pensiones y otras soluciones habitacionales está dirigido a personas individuales y familias que se encuentran en situación de exclusión residencial y de urgencia social. La estancia máxima será de tres días consecutivos o no. Excepcionalmente, se podrá ampliar la estancia por un tiempo limitado si se garantiza el acceso a un recurso residencial estable, y siempre tras valoración de profesionales del área de Acción Social.

El servicio de acompañamiento en calle está dirigido a personas que residen en Pamplona y se encuentran inmersos en un proceso de exclusión social severa, con dificultades para acceder autónomamente a los circuitos sociales de atención. Por último, las campañas de frío y ola de calor pretenden coordinar los medios técnicos y humanos necesarios para afrontar situaciones derivadas de la meteorología, de manera que “ninguna persona con arraigo en Pamplona y sin hogar se quede sin recibir los servicios básicos de alojamiento, manutención, aseo e higiene personal y lavandería”.

El lote 2 integra el denominado 'Programa de acompañamiento en pisos compartidos y/u otros recursos de alojamiento externos al Centro de Atención a Personas Sin Hogar' dirigido a personas individuales y/o parejas sin menores. Lo llevará a cabo la Fundación Koine Aequalitas, con un presupuesto de 251.870,541 euros.

Existen dos modalidades de intervención. Por una parte, el acompañamiento e intervención con personas que accedan por primera vez a un recurso habitacional en el programa, con tres perfiles diferenciados: personas de larga trayectoria en situación de exclusión residencial, jóvenes sin apoyatura familiar en situación de exclusión residencial y personas mayores de 30 años sin policontingencias o largas trayectorias en calle. Por otro lado, está el acompañamiento e intervención con personas que residan en viviendas municipales (de manera independiente o compartida), personas que residan solas o en pareja sin menores.

Para lograr este objetivo, el Ayuntamiento habilitará, cuando así lo considere, una vivienda con el mobiliario, menaje básico y equipamiento necesarios para garantizar su funcionamiento. Como norma general, la estancia en este programa no excederá de dos años en el caso de las personas de perfil tradicional, teniendo en cuenta diferentes grados de intensidad (en la acogida, acompañamiento en vivienda y acompañamiento hacia la autonomía). En el caso de jóvenes en situación de exclusión residencial y sin apoyatura familiar, o mayores de 30 años sin policontingencias, la estancia en este programa no excederá de los doce meses teniendo en cuenta también esos mismos grafos de intensidad.

El lote 3 se ha adjudicado a Cruz Roja por un importe de 23.051,10 euros y abarca la gestión de situaciones de emergencia humanitaria. Se trata de “garantizar una respuesta ágil, segura y eficiente ante situaciones de crisis humanitaria debido a altas o bajas temperaturas, riesgos sanitarios o inundaciones, entre otras”, proporcionando un espacio operativo equipado para la atención inmediata a la población en situación de calle que reside de manera habitual en la ciudad. Se habilitarán hasta 40 plazas más para satisfacer las necesidades provocadas por esas emergencias.

Colectivos sociales han advertido de que entre 150 y 200 personas viven en la calle en Pamplona, sin techo ni comida. Por este motivo, estos colectivos, (El Hadji, PIM-MIG, Matalaz Kontrabotere espazioa, Oxfam Intermón, Comedor Popular, Dar Etxea, Negu Gorriak Derecho a Techo y Haritu), han organizado una concentración y un reparto de comida este martes en la plaza Consistorial de Pamplona.

Según han señalado, resulta difícil saber exactamente cuántas personas viven en la calle, “porque los organismos públicos ni siquiera les reciben”. “Cada día decenas de personas pasan hambre en una comunidad que presume de riqueza. Son en su mayor parte jóvenes que queriendo trabajar no pueden hacerlo porque la ley de Extranjería se lo impide (de media tardan cuatro años en conseguir la documentación que les permita trabajar)”, han apuntado.

Estos colectivos han afirmado que “los servicios sociales del actual Ayuntamiento de Pamplona no están recibiendo a quien no tiene padrón y, aunque la normativa obliga a empadronar a toda persona que resida en un municipio, el derecho a padrón raramente se cumple con quien no tiene vivienda en propiedad o alquilada con contrato”. “Tampoco en el Gobierno de Navarra encuentran una ventanilla que les dé alguna respuesta”, han apuntado.

Así, los colectivos sociales han afirmado que, “para la burocracia, quienes no tienen padrón no existen, así que quienes gestionan el Gobierno y el Ayuntamiento no ven -o no quieren ver- a quienes malviven sin techo, ducha o comida”.

En este contexto, los colectivos sociales y vecinos, “dado lo dramático de la situación, nos hemos organizado para dar una comida digna algunos días de la semana”. “Desde hace un año y medio estamos dando comidas los lunes, martes y jueves, en los barrios de Milagrosa/Arrosadia, Rotxapea y Casco Viejo. Los comedores se autogestionan con la colaboración de, en su mayoría, personas mayores, jóvenes y el propio colectivo migrante”, han explicado.

Sin embargo, han señalado que esto es “a todas luces insuficiente y la intención es cubrir toda la semana, o que Ayuntamiento y/o Gobierno de Navarra cumplan con sus obligaciones y amplíen el comedor social público municipal”.

Los colectivos han criticado que “desde las instituciones navarras se potencia la inversión en macro-infraestructuras (de 3.000 a 4.000 millones para el tramo del TAV Castejón-Pamplona, según Comptos) o la oferta de alojamiento para el turismo, que redunda en el encarecimiento de la vivienda, mientras nos dicen que están desbordadas y que no tienen fondos para cubrir las necesidades básicas de unas decenas de personas”. “Una Comunidad que presume de ser líder del Estado en calidad de vida no puede permitir que estas personas que migraron con la esperanza de trabajar y forjarse un futuro mejor se deterioren entre montañas de basura y escombros”, han afirmado.

Por ello, han exigido a las instituciones navarras que “garanticen urgentemente a todas las personas que viven en Navarra el cumplimiento del derecho a techo, a comedor y a unas condiciones de vida mínimamente dignas”.

Àngela Valeiras, una médica jubilada de Badalona, ha acogido durante tres noches a dos de los desalojados del instituto abandonado B9. Son Serigne Babacar y Abdou Ngom, de 24 y 30 años. Llegaron al asentamiento hace pocas semanas y apenas se expresan en castellano. Tampoco se conocían entre ellos y la aparición de Àngela al día siguiente del desalojo los ha convertido en una “familia” en cuestión de horas.

La mujer les ofreció su casa sin pensarlo demasiado. “Me dejé llevar por el corazón ante una situación muy desesperada”, explica en declaraciones a la ACN. Los jóvenes han mostrado su gratitud limpiándole la casa y cocinándole platos típicos senegaleses antes de marcharse el domingo a un espacio habilitado por entidades y la Generalitat para darles cobijo.

Mientras Serigne cocina una receta senegalesa de pollo con arroz con la ayuda de otro compatriota a quien Àngela ha invitado a casa, Abdou se sienta con la mujer en el comedor. La médica le revisa la herida que el joven se hizo en la mano mientras trabajaba con chatarra.

Es una escena de la cotidianidad de las últimas 72 horas en casa de Àngela, que ha visto momentáneamente alterada su normalidad. Vive sola con dos perros en un pequeño bajo en el centro de Badalona. Entre jueves y sábado, sin embargo, ha trasladado allí una pequeña parte del campamento del B9.

Es un pequeño grano de arena en la lucha contra el sinhogarismo, que Àngela ya ha practicado en otras ocasiones. Hace dos años, cuando el Ayuntamiento de Badalona cerró el albergue de Can Bofí Vell, ya acogió a uno de los damnificados. Su sensibilidad hacia las personas vulnerables, sin embargo, le viene de lejos.

Su relación con Serigne y Abdou no es la primera conexión que tiene con Senegal. De joven, esta médica ahora jubilada estuvo precisamente en Senegal en un proyecto humanitario. “Lo llevo en el ADN; mi madre fue una mujer que siempre ayudó”, explica.

Ahora, ante la situación del B9, la mujer se muestra muy crítica con la actuación del gobierno municipal y considera que el desalojo fue una medida “irracional” que no ha servido para resolver el problema de fondo que había llevado a los 400 migrantes a malvivir en las instalaciones del antiguo instituto.

Al día siguiente del desalojo, Àngela fue a la plaza donde durmieron la primera noche las personas del B9 para intentar ayudar. “No pude moverme de allí en todo el día”, relata. Según explica, fueron los propios hombres de la comunidad senegalesa quienes le pidieron ayuda para Serigne.

“Me dijeron que era muy joven, que no sabía desenvolverse y me insistieron mucho”, explica la mujer. Aunque en un primer momento no reaccionó, esa misma noche empezó a sentir la “desesperación” de la acampada. “Me salió un impulso y le ofrecí una noche”, comenta la médica.

En ese momento apareció también Abdou, pidiendo ayuda para curarse la herida, que se le estaba infectando y le había provocado incluso fiebres altas. “No podía dejarlo allí”, relata. Aquella noche del jueves ambos durmieron en casa de Àngela de manera “totalmente improvisada”. Y se quedaron hasta el sábado.

“Yo tengo un techo y puedo elegir lo que como aunque no me sobre el dinero. Ellos no tienen nada”, lamenta la mujer, que justifica así su impulso para acoger a los jóvenes senegaleses. Durante estos tres días han podido comer, ducharse y dormir bajo techo.

Esta última noche, sin embargo, Abdou y Serigne ya han dormido en un centro que diversas entidades y el Departamento de Derechos Sociales han habilitado para ofrecer cobijo a una quincena de personas en situación de vulnerabilidad procedentes del B9.

Ninguno de los dos, sin embargo, olvida el gesto de Àngela y quieren seguir agradeciéndoselo en los próximos días, ayudándola en las tareas de limpieza del hogar. “Se me saltan las lágrimas. Tenemos que aprender mucho de ellos”, asegura la mujer, visiblemente emocionada, antes de poner la mesa para comer juntos el plato senegalés de despedida que han estado preparando.

Los desalojados del antiguo Instituto B9 de Badalona han acampado bajo la salida 210 de la C-31 en Badalona, en pleno barrio de Sant Roc, donde han pasado la noche después de que la Guardia Urbana impidiera este viernes que instalaran tiendas en la plaza situada frente al edificio.

En declaraciones a RAC1, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha anunciado que hará desmontar las tiendas. “No se permite la acampada en nuestra ciudad”, ha afirmado. Ha añadido que se tendrá “mano izquierda” debido a la lluvia, pero que no quiere que la situación “se alargue en el tiempo”.

Entidades sociales que dan apoyo al colectivo buscaron el viernes ubicaciones alternativas ante la amenaza de lluvia y concluyeron que este era el lugar más adecuado para darles cobijo.

En este punto bajo la autopista hay decenas de tiendas instaladas, donde los desalojados se han refugiado durante la noche y continúan este sábado por la mañana, resguardados de la lluvia. Tras el desalojo del antiguo instituto B9 este miércoles a primera hora de la mañana, esta ha sido la tercera noche que los desalojados han pasado a la intemperie.

“Estamos trabajando para que la normalidad vuelva a la zona y la normativa no permite la acampada en la ciudad”, ha querido dejar claro Albiol, que ha respondido directamente a las críticas de “racismo institucional” y falta de apoyo a los desalojados del B9. “¿Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es dar una vivienda o pagar una pensión a 400 personas que ocupaban ilegalmente un inmueble? ¿Es eso?”, se ha preguntado en voz alta el alcalde de Badalona.

Crítica a los relatores de la ONU: “Debe de ser una broma”

“¿Y si llegan 400 más, también lo tenemos que hacer? Quienes hacen estos planteamientos sí que utilizan a estas personas”, ha espetado Albiol, que ha sentenciado que “no se puede acoger absolutamente a todo el mundo”. “Los recursos materiales y económicos son finitos y no se estiran como un chicle”, ha recalcado el alcalde de Badalona, que ha recordado que los 400 migrantes ocupaban “ilegalmente” el antiguo instituto B9.

En paralelo, Albiol ha criticado a los dos relatores de la ONU que han condenado el desalojo del B9 y han alertado de que puede ser una “grave violación” de los derechos humanos. “Debe de ser una broma. Para empezar, no han pedido la opinión del Ayuntamiento de Badalona, y mucho menos de su alcalde”, ha lamentado el regidor.

“Y segundo, ¿la ocupación ilegal es un delito y yo lo tengo que aceptar? ¿Por una cuestión de derechos humanos? ¿Gente que lleva dos años haciendo la vida imposible a los vecinos de la zona?”, ha cuestionado reiteradamente Albiol, que ha detallado que unas 30-40 personas del B9 sí estaban controladas y atendidas por los Servicios Sociales de Badalona.

“Y el día del desalojo había dentro una unidad con diez trabajadores de Servicios Sociales para atender a todas las personas. Solo una cincuentena se acercaron”, ha afirmado Albiol, que ha insistido en que el espacio del antiguo instituto B9 es necesario para construir una comisaría entre los barrios de Sant Roc y El Remei. “Se trata de una zona con un problema de desestructuración social, con muchas viviendas con la luz pinchada. Hay que ponerle solución”, ha concluido el alcalde de Badalona.

La Generalitat y un grupo de entidades darán cobijo a los desalojados

La Generalitat y un grupo de entidades han alcanzado este sábado un acuerdo para dar cobijo temporal a las cerca de 400 personas desalojadas del B9, han informado a EFE fuentes del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión.

“Se trata de un dispositivo de emergencia debido a las condiciones climáticas adversas, situado en Badalona, y que funcionará como servicio de pernocta, de 20:00 de la noche a 08:00 horas de la mañana, con el apoyo del centro diurno Flore”, según un comunicado emitido por el citado departamento.

En este dispositivo participarán, además de la Generalitat, Cáritas, Cruz Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials, y la Fundació Llegat Roca i Pi.

Los desalojados pasarán la próxima noche en un local cedido por la Iglesia, ubicado en esa ciudad, según ha podido saber EFE.

Las entidades sociales, adicionalmente, han puesto en marcha otros recursos para ayudar a esas personas, medidas que complementan este dispositivo de emergencia, “y se están buscando otros nuevos”, precisa la nota.

“El sinhogarismo -subraya el comunicado- requiere de soluciones estructurales y coordinadas, que han de ir necesariamente más allá de la gestión de esta situación de emergencia”.

La nota incide, además, en que la actuación de hoy “se suma a otras realizadas por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión con los servicios sociales municipales, que desde el mes de septiembre han mantenido reuniones semanales para colaborar en la búsqueda de soluciones para las personas más vulnerables, ofreciendo recursos y apoyo técnico”.

Al acuerdo alcanzado entre el Govern y las entidades se han sumado este sábado otras iniciativas para ayudar a los desalojados, entre ellas la cesión de espacio en una sede de la CUP y en otra del sindicato CCOO.

Berri-Otxoak, plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales de Barakaldo, se ha movilizado esta semana para denunciar que cerca de 100 personas sin hogar “sobreviven en las calles” de la localidad fabril, porque el Gobierno municipal, en manos de PNV y PSE-EE, “no garantiza su derecho a una vivienda digna”. En el contexto del Día de los Derechos Humanos, Berri-Otxoak ha colocado este miércoles tiendas de campaña frente al Ayuntamiento de Barakaldo y ha criticado que el equipo de Gobierno local “se niega a adoptar medidas integrales que garanticen el acceso a una vivienda digna para solucionar el problema del sinhogarismo en la localidad”.

Sin embargo, ha denunciado, el Gobierno municipal “insiste en sus campañas de señalamiento y criminalización de las situaciones más graves de la pobreza”. “Eso sí, se desentiende de lo que le obliga su legalidad: garantizar servicios sociales y recursos habitacionales dignos para aquellas personas que malviven en las calles de la localidad”, ha censurado, según recoge Europa Press.

En concreto, Berri-Otxoak ha señalado que “la falta de recursos para atender a las personas sin hogar implica que en Barakaldo 100 personas sobrevivan en asentamientos, soportales o cajeros”. Según ha explicado, las plazas disponibles en el albergue de Lasesarre “solo permiten acoger a un 20% de las personas sin hogar y solo para pernoctar una semana cada tres meses en sus dependencias”.

Además, ha recordado que “desde hace dos años se mantiene cerrado el recurso para mujeres sin hogar” y ha asegurado que el Servicio de Atención Diurna está “saturado, lo que conlleva que el centenar de personas sin hogar pasen todo el día en la calle sin acceso a baños, aseos, duchas y lavandería”. Berri-Otxoak ha demandado a los responsables municipales que “actúen de manera urgente para garantizar que ninguna persona sin hogar viva en la calle ni un solo día más”. Al respecto, han solicitado ampliar los recursos y servicios sociales municipales. “En una localidad como Barakaldo, es urgente y necesario garantizar un alojamiento digno a todas las personas y familias de la localidad”, han manifestado.

Ascenso y récord de las personas sin hogar en Barcelona. El recuento realizado por Arrels Fundació, referente en la atención a los más vulnerables, la semana pasada ha mostrado que 1.982 personas duermen en las calles de la capital catalana, un 43% respecto al realizado en 2023.

“Es una cifra récord que evidencia lo necesarias que son unas políticas públicas adecuadas para resolver la problemática”, ha señalado la entidad, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

El recuento revela que los desalojos de asentamientos de chabolas y campamentos informales en parques de distintas partes de la ciudad desde el verano han dejado en la calle y sin alternativas a sus ocupantes, tal y como desveló elDiario.es.

Por distritos, Sants-Montjuïc encabeza el número de personas durmiendo en la calle, con 489, un 134% más que hace dos años. Le sigue el Eixample, con 389 (un 28% más). Por primera vez, Ciutat Vella no es el distrito con más personas sin hogar, aunque sus 372 personas durmiendo en la calle suponen un 10% más respecto a 2023.

En 47 de los 73 barrios de la ciudad Arrels Fundació ha encontrado a más personas viviendo en la calle que en 2023. Además, la entidad ha recordado que sus 600 voluntarios que realizaron el recuento no pudieron cubrir algunas áreas de la ciudad como Montjuïc, donde han proliferado asentamientos informales de personas pobres.

En la cifra de 1.982 personas sin hogar tampoco se cuentan las 100 que desde el 2 de diciembre se han acogido al dispositivo invernal del Ayuntamiento. Arrels ha detectado “nuevas dinámicas” en el sinhogarismo callejero, como los agrupamientos de personas en varios puntos de la ciudad o tiendas de campaña. Por primera vez, este año se ha ido al aeropuerto, donde se han contabilizado 63 personas.

Según Arrels Fundació, la fotografía general del sinhogarismo callejero en Barcelona “ha cambiado” en los dos últimos años. Hay “más personas” durmiendo al raso, pero en “espacios diferentes” de los que solían ocupar hace un tiempo.

Tras los desalojos que se han hecho desde el verano en el Parque de la Ciutadella, el de la Estación del Norte, el Parque Joan Miró u otros espacios como el Centro de Primera Acogida de Nou Barris, Arrels Fundació ha detectado que “hay personas que se han tenido que desplazar”.

También se ha observado un aumento “muy evidente” de personas viviendo a la intemperie en Montjuïc y la Zona Franca, en el barrio del Bon Pastor y en Horta, zonas donde “tradicionalmente” no se encontraba un número significativo de personas viviendo al raso, en comparación con el centro de la ciudad.

Se trata de zonas que se ubican en los márgenes de la ciudad y zonas más industrializadas. Esto agrava la situación de las personas sin hogar, porque los recursos de atención social donde habitualmente encuentran servicios básicos quedan más lejos y porque, al ser desalojadas, pueden perder también sus pertenencias y la red vecinal que les apoya.

Arrels propone invertir en vivienda pública, modificar la normativa de la Mesa de Emergencias Social de Barcelona, abrir espacios diurnos y nocturnos de baja exigencia a cada distrito de la ciudad, no condicionar el acceso a los recursos al padrón o desarrollar ordenanzas de civismo que no criminalicen el hecho de vivir en la calle.