Los migrantes a los que Albiol echó de Badalona acusan a la jueza que lo avaló de “normalizar la discriminación”

La jueza que autorizó el mayor desalojo de la historia de España y avaló después que el Ayuntamiento de Badalona dejara en la calle a centenares de migrantes “normalizó la situación de sinhogarismo, discriminación y desprotección” en la que quedaron los desahuciados del antiguo instituto B-9.

Así lo sostiene el grupo de migrantes representado por la abogada Marta Llonch en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra la decisión de la jueza Meritxell Quella de respaldar la actuación del consistorio encabezado por Xavier García Albiol (PP).

La magistrada avaló la polémica actuación del consistorio pese a que el desalojo del B-9 provocó una gran crisis social. La Generalitat y las entidades sociales tuvieron que buscar alojamientos de emergencia para los migrantes ante la inacción del Ayuntamiento de Badalona, lo que no evitó que varias personas tuvieran que dormir durante días debajo de un puente en pleno temporal de viento y lluvias.

El recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, denuncia que los razonamientos “arbitrarios” de la magistrada vulneraron la tutela judicial efectiva de los migrantes. Además, afea a la jueza su “falta de perspectiva antirracista y antidiscriminatoria”, al obviar “la intimidación y el miedo” que sufren las personas migrantes en situación administrativa irregular, como muchos de los antiguos habitantes del B-9.

Los migrantes piden al alto tribunal catalán que revoque el carpetazo que la jueza dio al caso y que declare que el desalojo del B-9 se ejecutó con vulneración de sus derechos fundamentales.

Una de las contradicciones que los migrantes encuentran en la actuación judicial versa sobre la falta de protocolo para atender a las personas sin hogar admitida por el Ayuntamiento de Badalona durante el procedimiento.

Cuando, en diciembre de 2025, la jueza autorizó el desalojo del B-9, lo hizo a condición de que el consistorio prestara “atención social” a los migrantes desalojados. Sin embargo, una vez ejecutado el lanzamiento, el Ayuntamiento admitió algo que no había comunicado en su petición: que no disponía de protocolo para atender a personas sin hogar.

Pese a ello, la jueza dio por buenos los informes municipales que sostienen que los servicios sociales “aplicaron una serie de intervenciones y medidas dirigidas a prestar asistencia a las personas que quedaron desprovistas de solución habitacional”.

“No se puede declarar cumplida una condición consistente en seguir un protocolo y, al mismo tiempo, reconocer que el protocolo no existe”, razona el recurso de los migrantes, que reprochan a la magistrada que diera el visto bueno a una actuación municipal “improvisada, insuficiente y parcial”.

Los migrantes destacan que en la resolución final de la jueza que avaló la inacción del consistorio “no se identifican las medidas asistenciales ni en qué consistió la atención debida”.

También resalta la defensa de los migrantes que la magistrada respaldó las cifras de 127 atendidas por los servicios sociales de Badalona que resultan “contradictorias” con los informes de los Mossos d'Esquadra sobre el desalojo, que indican que los trabajadores municipales solo atendieron a 50 ocupantes del instituto.

“El juzgado tendría que haber valorado si las personas desalojadas recibieron información comprensible, si pudieron expresar su voluntad sin presiones, si existían alternativas habitacionales reales inmediatas y si su rechazo se debió a la falta de una respuesta residencial concreta”, argumenta la letrada Llonch.

Los migrantes también reprochan en su recurso que la magistrada “no realizó una valoración de la posible afectación al derecho a la igualdad de trato y no discriminación” que supuso el desalojo y la desatención municipal posterior. En suma, a juicio de los migrantes, la magistrada “no tuvo en cuenta la perspectiva antirracista y antidiscriminatoria del Derecho”.