La Casa de Alba admite que tenía varios pozos sin licencia (hasta nueve) en su finca de Aljóbar, a las puertas de Doñana, pero insiste en que no extrajeron más agua de la que tiene autorizada la propiedad y que nadie ha podido demostrar lo contrario, básicamente porque carecían de los obligatorios contadores. Esto, unido a que considera que ningún informe técnico ha acreditado “peligro grave” para el medio ambiente, le lleva a concluir que en ningún caso se ha cometido un delito ambiental y que, como mucho, hablamos de una “infracción administrativa” por no tener regularizados los bombeos.

Éstas son las tesis con las que la defensa de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de la Casa de Alba que gestiona estas tierras en Aznalcázar (Sevilla), reitera que no hay nada más que investigar en este caso. De esta manera, se opone a los recursos que han presentado la Fiscalía y Ecologistas en Acción contra el archivo de la causa decretado hace un mes por el juez.

El escrito de Eurotécnica Agraria afea la petición de la Fiscalía de que sea en un juicio donde se analice si ha habido perjuicio o no al medio ambiente, y le reprocha al Ministerio Público que “desconoce que el juicio oral no puede convertirse en una investigación prospectiva” para determinar si hubo riesgo grave al entorno. “La instrucción ya ha demostrado la ausencia de base técnico-científica suficiente” sobre esta cuestión, apostilla.

En cambio, en su recurso la Fiscalía repite que se cometió un delito ambiental porque se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural” y en plena prealerta por sequía. En sus informes, la Guardia Civil cifra que la propiedad extrajo de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros durante una década larga, lo que le reportó un “beneficio ilegal” de 5,1 millones de euros y provocó daños al entorno de entre 732.000 euros y 1,1 millones.

Informes sin “fiabilidad”

En cambio, la defensa argumenta en su nuevo escrito que “no basta la mera infracción administrativa” para imputar un delito, y que el Código Penal establece que para ello es necesario que las captaciones “causen o puedan causar daños sustanciales”. Por ello, abunda en que para entrar en el terreno de lo delictivo se “exige algo más que la mera infracción de la normativa de aguas” que habría cometido Eurotécnica Agraria con sus extracciones.

“La mera existencia de pozos no autorizados y la infracción” de la Ley de Aguas no presuponen la existencia de un delito ambiental, sostiene el escrito. Para ello, habría que demostrar que se han dado las circunstancias “idóneas” para “originar un riesgo grave” para el acuífero (Aljarafe Sur) o para causar “daños sustanciales” a la calidad de las aguas, especies o hábitats.

La única forma de demostrar esto es con informes técnicos de una “mínima solidez pericial, inexistente en el presente caso”. De hecho, recuerda que la Guardia Civil hizo correcciones en sus análisis, lo que “merman su credibilidad y afectan a su robustez metodológica”, lo que le lleva a afirmar que “no alcanzan el umbral mínimo de fiabilidad”.

Legalización de las extracciones

La Casa de Alba insiste en que no se ha regado más superficie de la permitida, “sin que se haya podido determinar si se ha extraído más agua de la autorizada”. A esto suma que la administración hidráulica (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) reconoce como bueno el estado del acuífero, además de que no ha podido determinar que el progresivo descenso de su nivel sea responsabilidad “exclusiva” de Aljóbar porque hay otras fincas cercanas.

Por último, vuelve a agarrarse al otro gran argumento junto al de la falta de contadores, y es el cambio del régimen de regadío en la hacienda (transformación de derechos de aguas privadas a públicas) “por la que se legalizan la totalidad de las extracciones existentes”. Esta opción es un derecho que la normativa de aguas concede a la propiedad y que no evita posibles sanciones administrativas por irregularidades anteriores, pero se esgrime que “de apreciarse un impacto negativo” no se habría autorizado.

Eurotécnica Agraria, por cierto, presentó este proyecto a las pocas semanas de que empezara la investigación judicial en 2023, cuando ya había sido sorprendida con los pozos ilegales en uso por primera vez, ya que un año después volvió a usarlos. Con todo, la defensa lo que hace es repetir buena parte de los argumentos y razonamientos que han llevado al juez a dar carpetazo a la causa, de ahí que solicite que se reafirme el archivo del caso.

“Existen indicios suficientes de haberse perpetrado delito contra el medio ambiente”. Ésta es la conclusión en la que insiste la Fiscalía de Medio Ambiente sobre los nueve pozos sin licencia de la Casa de Alba en su finca de Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, y en ello basa el recurso de reforma que ha presentado para “revocar” el archivo de la causa decretado por el juez instructor. El escrito ha sido admitido a trámite, al igual que la petición en el mismo sentido de Ecologistas en Acción.

El Ministerio Público incide en la tesis, basada en los informes de la Guardia Civil, de que se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia, además “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural” y cuando el acuífero del que extraía (Aljarafe Sur) estaba en prealerta por sequía. Y basa su argumento en la cuestión principal de que la legalización de estos pozos el pasado mes de mayo “no elimina el delito contra el medio ambiente que ya se hubiera consumado”, ya que según el instituto armado las extracciones venían produciéndose desde hacía más de una década cuando fueron descubiertas en 2023.

Apunta así la fiscal contra una de las principales conclusiones del magistrado, el permiso que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal encargado de conceder los derechos de riego) dio a la propiedad para lo que técnicamente se conoce como transmutación de derechos de aguas privadas a concesión de aguas públicas. Eurotécnica Agraria, la empresa familiar que gestiona la finca y que controlan los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, inició esta maniobra para cambiar el sistema de riego –un derecho recogido en la Ley de Aguas– al poco tiempo de que empezara la investigación judicial.

“Aptitud potencial para un perjuicio grave”

La causa se inició en octubre de 2023, tras las denuncias por riego sin permiso, lo que llevó a la clausura de los pozos, un precinto que el juez decidió levantar y que provocó que meses después fueran sorprendidos una segunda vez bombeando sin licencia. La autorización dada por la CHG fue esgrimida por el juez en su auto de archivo como un elemento exculpatorio: si se ha permitido la “legalización”, “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo en el caudal y/o en la calidad de las aguas del acuífero”.

La Fiscalía insiste en los indicios de delito “sin perjuicio de que con posterioridad puede haberse autorizado” esta transmutación de derechos. En este sentido, insiste en que esta “legalización posterior” no implica que se cometiera un delito contra el medio ambiente durante más de una década. A su juicio, estamos antes un “delito de peligro hipotético”, y que, por lo tanto, “basta con acreditar que la extracción clandestina e incontrolada tuvo aptitud potencial para causar un perjuicio grave al recurso hídrico legalmente protegido”.

Por eso, reitera que las licencias ahora concedidas que regularizan las extracciones “no tienen efectos retroactivos que anulen a previa conducta delictiva”. “En todo caso”, apostilla, “se mantendría la obligación de indemnizar los daños causados al dominio público” por la actividad de estos pozos.

Que se dirima en un juicio oral

Un “uso ilícito del agua” que, mantiene, permitió un “beneficio indirecto” de 5,1 millones de euros a Eurotécnica Agraria, a lo que suma que la cuantificación económica del daño ambiental ocasionado oscilaría entre 732.000 euros y 1,1 millones. Y aunque admite que hay dos informes de la CHG que alertan de daños al acuífero pero que no pueden concluir que sea por la acción “exclusiva” de los pozos de la Casa de Alba, sí da por certificadas numerosas irregularidades en Aljóbar: más captaciones de las autorizadas, sin contadores de agua –circunstancia que ha jugado a su favor–, sin régimen de explotación, sin saber si se han sacado más recursos de los permitidos...

Con todos estos elementos, la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla considera que, con la base de los informes periciales ya emitidos, es en un juicio donde hay que dirimir “si ha existido o no un objetivo y grave peligro para el bien jurídico protegido”. Por ello, solicita revocar el auto de archivo y que se empiecen a dar los pasos procesales para que se celebre un juicio oral.

“Primero Castilla-La Mancha, con prioridad para los pueblos, los agricultores, la industria y el futuro de la región. Porque el agua no se defiende con titulares. Se defiende con derechos, inversiones, infraestructuras y resultados”. Así se ha expresado este jueves en el Pleno celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha, el diputado por Ciudad Real, Santiago Lucas-Torres, según recoge Europa Press.

La adaptación del slogan de Trump, America First, se ha dejado caer hoy en el Parlamento cuando se debatía sobre las medidas del Gobierno regional para garantizar las necesidades hídricas de la región, a iniciativa tanto de PP como de PSOE.

El diputado ha reclamado al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page que explique “por qué, tras casi doce años de Gobierno, Castilla-La Mancha sigue esperando las infraestructuras hidráulicas pendientes” y otras soluciones “para agricultores, ganaderos y municipios”.

“Porque durante décadas el PSOE ha hecho del agua una bandera, una reivindicación y una fuente permanente de confrontación. Pero ¿qué ha hecho Page con el agua de Castilla-La Mancha? No qué ha dicho, qué ha prometido o a quién ha culpado. ¿Qué ha hecho? Porque gobernar no es protestar. Gobernar es resolver”, aseveraba desde la tribuna de oradores.

El diputado del PP-CLM ha señalado que, después de este periodo, la región continúa hablando de “pozos pendientes, derechos sin resolver, restricciones, depuradoras, reutilización insuficiente y grandes infraestructuras que continúan esperando”, por lo que ha resumido la situación afirmando que han sido “mucho discurso, mucho anuncio y demasiadas soluciones pendientes”.

Las “prioridades” del PP

Lucas-Torres ha defendido como prioridades el abastecimiento de los pueblos, los agricultores y ganaderos, la industria y el desarrollo, el medio ambiente y “las necesidades presentes y futuras de la cuenca cedente”, antes de la solidaridad con otros territorios. En este sentido, ha afirmado que Castilla-La Mancha “ha sido solidaria durante décadas”, pero ha reclamado que el agua también pueda generar riqueza en la propia región.

Asimismo, ha recordado el Pacto Regional por el Agua firmado en 2020 y ha enumerado distintas actuaciones que continúan pendientes, entre ellas el proyecto de la presa de Montizón, la conexión de los embalses Alcorlo-Beleña, el aprovechamiento pleno de la 'Tubería Manchega' (aunque está todavía en fase de construcción), soluciones para el Alto Guadiana, el Segura y el Júcar, así como nuevas actuaciones de depuración, reutilización y renovación de redes.

Ante los nuevos planes hidrológicos y las medidas que puedan afectar a los agricultores, el diputado regional ha defendido que las administraciones deben ofrecer alternativas y garantizar seguridad jurídica. “Antes de cerrar pozos, invertir. Antes de recortar agua, ofrecer alternativas. Antes de quitar derechos, dar seguridad jurídica. Antes de mandar regadíos al secano, construir las infraestructuras pendientes”.

Lucas-Torres ha relacionado la disponibilidad de agua con la actividad económica y social de los territorios, al señalar que detrás de cada pozo hay agricultores, trabajadores, cooperativas, bodegas, talleres, transportistas y pueblos. “Page ya no es quien tiene que preguntar qué falta, sino quien debe explicar por qué sigue faltando”.

El PP pide una Auditoría hídrica regional

Desde el PP, han defendido una Auditoría hídrica regional, un Plan de Infraestructuras Hidráulicas, la reactivación y cumplimiento del Pacto Regional por el Agua, la resolución de derechos y pozos pendientes, más depuración y reutilización y la renovación de las redes municipales.

El diputado regional ha añadido la defensa de un Plan Nacional del Agua basado en “planificación, infraestructuras y solidaridad”, con la condición de que “ningún recurso salga de Castilla-La Mancha comprometiendo las necesidades presentes y futuras de la región”, sin expresar su rechazo a la cesión de agua a través del trasvase Tajo-Segura, en dirección Alicante, Murcia o Almería, o hacia Madrid, desde el río Sorbe, en Guadalajara.

El PSOE pide al Comité Regional del PP una resolución “en defensa del agua”

Mientras, el PSOE de Castilla-La Mancha ha reclamado al PP que, coincidiendo con el Comité Regional del partido conservador que se celebra este jueves, aproveche para anunciar “una resolución en defensa de los derechos hídricos de Castilla-La Mancha”.

Los 'populares' se reúnen hoy en su sede regional de Toledo para celebrar cónclave regional, a las siete de la tarde.

A través de las redes sociales, los socialistas sugieren que “estaría bien que aclaren si el agua del Tajo se debe quedar en Castilla-La Mancha o prefieren que se vaya a Murcia”. En este sentido preguntan si “va a guardar silencio Núñez por ese pacto oculto con Génova para seguir de candidato?”.

Ya durante el Comité Regional, el presidente del PP Paco Núñez ha insistido en la idea de que “con el agua de Castilla-La Mancha rieguen los castellanomanchegos”. Se ha comprometido al cumplimiento del Pacto Regional por el Agua y al “trabajo para impulsar un Plan Nacional de Aguas·, defendiendo que el agua de Castilla-La Mancha debe servir en primer lugar para las necesidades de los agricultores y ganaderos de la región, según informa Europa Press.

Lo que se ha demostrado sobre los pozos ilegales de la Casa de Alba “hace racionalmente posible la hipótesis de una captación prolongada, incontrolada y para contribuir a un daño sustancial”. Ésta es una de las afirmaciones que hace Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular, en el recurso por el que solicita revocar el archivo del caso decretado por el juez instructor, al que reprocha que ha dejado de lado la investigación de la Guardia Civil para quedarse con la versión de la propiedad, que al final hasta se beneficia de una ilegalidad tan básica como la ausencia de contadores de agua en estos puntos de extracción.

La organización ecologista considera que es necesaria (y posible) una reconstrucción hidrogeológica que determine si se cometió un delito contra el medio ambiente con estas captaciones sin licencia. En este sentido, apunta en su escrito que “la falta de contadores fue una circunstancia de la explotación, no una razón jurídica para declarar imposible” esta prueba, con la que “puede reconstruirse” cuántos recursos se extrajeron y qué efecto tuvo esto en el entorno.

“Lo que no resulta admisible es que la ausencia del medio de control exigible [los contadores] beneficie probatoriamente a quien debía instalarlo”, continúa, y es que el juez esgrime la ausencia de este elemento obligatorio para argumentar que no se puede saber el volumen de agua extraído y, por tanto, no puede concluirse que haya delito ambiental. En este sentido, también lamenta que el instructor “opta por una de las lecturas técnicas enfrentadas y descarta la restante”, eligiendo así el informe que presentó la Casa de Alba por delante de los firmados por los expertos de la Guardia Civil.

“Hipótesis delictiva fundada”

En su recurso, Ecologistas en Acción considera que en el auto de archivo “atribuye alcance exculpatorio a informes administrativos que no lo tienen”, en relación con las actuaciones desarrolladas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal responsable de los derechos de agua. Y aunque admite que la investigación de la Guardia Civil puede tener “límites metodológicos”, insiste en que “permanece una hipótesis delictiva objetivamente fundada”.

El instituto armado cifra el daño ambiental en hasta 1,1 millones de euros, además de que la empresa Eurotécnica Agraria (integrada por los hermanos del duque de Alba y que se encarga de gestionar varias de las fincas familiares) habría obtenido un beneficio económico de 5,1 millones de euros por el “uso ilícito del agua”. En la finca Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar y pegada a Doñana, fueron localizados nueve pozos sin licencia, sorprendidos en dos ocasiones en plena actividad.

Tras casi tres años de instrucción, el magistrado ha concluido que nada demuestra que se haya cometido un delito ambiental como el que imputaba la Fiscalía. Para la acusación particular, se pueden discutir aspectos de la investigación de la Guardia Civil, pero “lo que no cabe es negar la existencia de una conclusión técnica incriminatoria”, ya que se plantea una “hipótesis de riesgo relevante” que el juez no tiene en cuenta.

“Explotación abusiva”

Los ecologistas apuntan que la investigación ha puesto de manifiesto no pocas evidencias: había nueve pozos ilegales, funcionaban sin contadores, “existían pérdidas visibles de agua en las conducciones” –la Confederación llegó a definir la situación como de “despilfarro”– y se desconoce si se había superado el volumen autorizado, algo de lo que la Guardia Civil está convencida. El recurso también alude a que se hace referencia “a una explotación abusiva” y que hubo reincidencia en el uso de los pozos, datos que “no prueban por sí solos el delito” pero son “incompatibles” con que el juez los haya esgrimido como “acreditación positiva de ausencia de riesgo”.

A todo lo anterior hay que unir que se ha constatado un descenso en el nivel del acuífero del que bombean agua los pozos, el Aljarafe Sur, oficialmente declarado en buen estado aunque en los últimos años se ha constatado un creciente deterioro del que –según la Confederación– no se puede atribuir la “exclusividad” de la responsabilidad a Aljóbar porque hay otras fincas que también extraen de aquí. Para la acusación particular, la valoración conjunta de todos estos elementos “hace racionalmente posible la hipótesis de una captación prolongada, incontrolada y apta para contribuir a un daño sustancial”.

El magistrado que ha instruido la causa también basa el archivo en que la propia Confederación ha dado permiso a la Casa de Alba para cambiar el régimen de riego, lo que conlleva la legalización de sus pozos. Esto le lleva a deducir que, si se ha permitido esta regularización (que se puso en marcha al poco tiempo de ser descubiertos e iniciarse la investigación judicial), “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo”.

Una reconstrucción hidrogeológica neutral

Para los ecologistas, el visto bueno que ha recibido este proyecto “valora la compatibilidad futura” en base a los permisos de riego que tiene Eurotécnica Agraria. En cambio, “no acredita el caudal efectivamente detraído en años anteriores, no convalida retroactivamente el uso de pozos no incluidos en el título y no equivale a una declaración de inocuidad de la forma en que se explotaron” durante once años, según los cálculos de la Guardia Civil, y además en plena época de sequía.

Por ello, el recurso insiste en la necesidad de que peritos neutrales lleven a cabo una reconstrucción hidrogeológica de lo que ha ocurrido en Aljóbar para saber el volumen de agua que se extrajo “con el margen de incertidumbre que corresponda”. Esta operación la considera técnicamente viable, una petición que “no pretende prolongar indiscriminadamente la causa, sino cerrar de manera neutral la única controversia que el auto considera decisiva”. Para ello, concluye, habría que analizar datos como la superficie y evolución de los cultivos, las dotaciones hídricas, las características y potencia de las bombas y los consumos eléctricos.

Una ilegalidad que permite escaparse de un posible delito. Esta rocambolesca situación es una de las claves que ha permitido a la Casa de Alba esquivar el banquillo, después de que el juez haya archivado la causa por sus pozos sin licencia en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, pese a admitir que existen. Hablamos de la ausencia del obligatorio contador de agua (una de las irregularidades asociadas a las nueve captaciones sin permiso localizadas por la Guardia Civil), que ha llevado al magistrado a concluir que al no existir es imposible saber cuántos recursos se han sacado sin permiso. Y como no se sabe esta cuantía, no puede acreditarse que haya delito contra el medio ambiente.

El de los contadores es uno, pero no el único elemento que esgrime el instructor en el auto en el que motiva su decisión de archivar el procedimiento por unas captaciones sin licencia a las puertas de Doñana. Hay otros dos factores importantes: el instructor se ha basado en informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (la CHG, el organismo estatal que ejerce de autoridad del agua) que no eran concluyentes, mientras que en paralelo ha dejado de lado estudios de la Guardia Civil demoledores para la Casa de Alba.

Lo de los contadores de los pozos es una pintoresca pescadilla que se muerde la cola, un argumento que ya esgrimió la propia defensa durante la instrucción: si no hay medidores de volumen, no se puede demostrar si se ha sacado más agua de la permitida o no. Lo chocante es que, entre otras cuestiones, es ilegal precisamente por la falta de estos contadores. La empresa Eurotécnica Agraria, que gestionan los Martínez de Irujo para llevar esta hacienda y otras de la familia, ha insistido en todo el proceso en que nunca ha extraído más recursos de los que tiene concedidos, y que no había nadie que pudiese demostrar lo contrario.

“No puede concluirse” un delito

El juez es de la misma opinión, y como no hay contador, pues es imposible determinar la existencia o no de un delito ambiental. “Ni los pozos autorizados ni los no autorizados cuentan con contadores volumétricos”, esgrime, lo que lleva a tener que hacer “cálculos de estimación” de las posibles extracciones de agua no autorizadas. Esto, unido a informes de la CHG no concluyentes sobre el daño al acuífero, le lleva a afirmar que “no puede concluirse, ni de manera indiciaria”, la existencia de hecho penal.

¿Y cuáles son estos informes y decisiones de la CHG que han jugado a favor de la Casa de Alba? Porque aquí hay otra paradoja, y es que fue la propia Confederación la que más ha batallado en este caso junto a la Fiscalía, pero los pasos que ha ido dando en paralelo le han venido bien a la defensa. En concreto, a petición del propio juez hizo dos análisis sobre la situación del acuífero Aljarafe Sur, del que bombean los pozos, y ambos llegaron a la misma conclusión: estas aguas subterráneas presentan cada vez peor estado, pero no se puede atribuir la “exclusividad” de la responsabilidad a Aljóbar porque hay otras fincas que también extraen en esta zona.

La otra decisión sí ha sido más controvertida, y es que en pleno proceso judicial ha permitido que la Casa de Alba iniciara el proceso de regularización de estos pozos para un cambio de régimen de riego. El paso –un derecho recogido en la Ley de Aguas– lo dio Eurotécnica Agraria al poco tiempo de que empezara la investigación judicial y cristalizó el pasado mayo en el correspondiente permiso oficial, lo que reforzó a la defensa para a renglón seguido reclamar el archivo de la causa.

“No parece” que hayan causado daño

Finalmente, este proceso ha sido esgrimido por el juez como un elemento exculpatorio. Si la Comisaría de Aguas ha procedido a la “legalización” de estos pozos, “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo en el caudal y/o en la calidad de las aguas del acuífero”, que en el actual Plan Hidrológico está catalogado como en buen estado. “No se cuenta con informe técnico que pueda determinar que esas extracciones, por sí mismas, hayan alterado o puedan alterar el balance hídrico del acuífero generando un riesgo de daño grave para el mismo”, concluye.

Pero el caso es que sí había informes que apuntaban en esta dirección, y han sido los elaborados por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que han sido muy contundentes en este sentido. Así lo apuntaron dos estudios elaborados por el instituto armado a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, y así lo ratificaron después las agentes en su declaración como testigos ante el magistrado.

La Guardia Civil considera que con estos pozos se extrajo más agua de la que tiene autorizada Eurotécnica, lo que le habría permitido multiplicar sus regadíos y obtener así hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal” tras bombear sin licencia hasta 6.600 millones de litros durante once años. A esto hay que añadir un daño ambiental que, en total, ascendería a 1,1 millones de euros. 

Sorprendidos dos veces funcionando

Al final, y en la práctica, el juez ha considerado estos análisis un informe de parte que viene a equipararse con el contrainforme que hizo la Casa de Alba para apuntalar su versión, anulándose el uno al otro. La defensa, de hecho, llegó a esgrimir que sus pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero, ya que al aumentar los puntos de extracción se evita tener que ahondar a más profundidad que si el agua se obtiene de una sola captación.

El magistrado no ha llegado ni a entrar por lo tanto en el que era el principal argumento de la propiedad, que no había sacado más agua de la autorizada. Tampoco ha considerado agravante que los pozos fueran clausurados, se desprecintaran por orden judicial y fueran sorprendidos una segunda vez en pleno uso, con la investigación del Juzgado ya en marcha. Y asimismo no ha tenido en cuenta que durante varios de los años en los que habrían sucedido los hechos se sufrieron graves episodios de sequía, lo que agrava la cuestión, antes al contrario: esgrime que las últimas lluvias, tiempo después de lo ocurrido, han mejorado la situación de estas aguas subterráneas.

En última instancia, el magistrado concluye que nadie ha podido acreditar ni siquiera la posibilidad de que estos pozos hayan supuesto un riesgo para el medio ambiente. De hecho, considera que en realidad estamos ante una cuestión administrativa (la falta de licencia de unas captaciones) que acabó en la vía penal por la mala reacción inicial que tuvo la Casa de Alba, que cuando fueron a precintar los pozos impidió el acceso a la Guardia Civil y a la Comisaría de Aguas. Ahora, archivada la vía judicial, se reactiva la causa administrativa que ya inició la CHG y que puede derivar en una sanción que, llegado el caso, será infinitamente menor a la que habría llegado de la mano del Código Penal.

Carpetazo judicial al caso de los nueve pozos ilegales descubiertos en una finca de la Casa de Alba, con los que según la Guardia Civil se extrajeron hasta 6.600 millones de litros de manera ilegal que generaron un “beneficio ilegal” de cinco millones de euros. El magistrado encargado de una investigación que se ha prolongado durante casi tres años señala que estas extracciones carecen de licencia, pero que en todo caso esa es una cuestión administrativa y la acusación no ha podido demostrar que se haya producido un delito contra el medio ambiente.

En un auto de siete páginas al que ha tenido acceso este periódico, el instructor subraya que las diligencias que se han practicado “generan importantes dudas” y, por lo tanto, “no permiten acreditar” que estas captaciones hayan podido dañar el acuífero Aljarafe Sur, del que la propia autoridad del agua (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un organismo estatal) admite que su estado es bueno. Así las cosas, acuerda el sobreseimiento y el archivo de la causa, impulsada por la Fiscalía de Medio Ambiente en base a informes de la Guardia Civil.

La sentencia no es definitiva todavía, ya que las partes tienen ahora la posibilidad de interponer un recurso de reforma en tres días. A continuación, se abre también la puerta del recurso de apelación en un caso en el que se ha investigado el impacto ambiental de unas captaciones sin registrar que fueron clausuradas y sorprendidas una segunda vez de nuevo en uso en pleno proceso judicial.

Lo administrativo se convirtió en penal

La finca en la que fueron localizados estos pozos, Aljóbar, se ubica en el municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con Doñana, y la existencia de estas extracciones sin permiso se conoció gracias a la denuncia de extrabajadores, ya que estaban ocultos con mallas que hasta dificultaban su teledetección. La bautizada como operación Irrigatio llevó a la Fiscalía a solicitar la imputación de varios de los hermanos Martínez de Irujo que son miembros del consejo de administración de la empresa Eurotécnica Agraria, que gestiona esta hacienda y varias más de la familia.

En su auto, adelantado por Diario de Sevilla, el magistrado expone que en Aljóbar se detectaron estos pozos sin autorización y sin contadores volumétricos, lo que llevó a la Comisaría de Aguas (dependiente de la Confederación) a decretar su precinto. “A partir de aquí, es fácil constatar que la negativa de la propiedad de esa finca a dejar entrar a la autoridad” para ejecutar esta medida lleva a la propia Confederación a trasladar el expediente a la Fiscalía, “judicializando lo que en principio parecía ser una infracción administrativa y a llevar a seguir una causa penal” por daños al medio ambiente “aún sin informes de impacto medioambiental”.

El juez recuerda que el Código Penal refleja penas de entre seis meses y dos años de prisión en los casos ambientales, un tipo de delito del que resalta su “complejidad”. Así lo considera ante las dificultades para determinar “qué se entiende por daños sustanciales o perjuicios graves” a elementos naturales o al ecosistema.

Falta de base “científica o técnica”

En el caso de Aljóbar, apunta que la supuesta gravedad de lo ocurrido “carece de una base verdaderamente científica o técnica sobre la que fundamentar la continuación del procedimiento y su enjuiciamiento”. En este sentido, da por hecho que el delito que imputaba la Fiscalía “no puede ser presumido ni automáticamente deducido” de la extracción de agua con pozos sin licencia, que en sí misma es sólo una infracción administrativa.

En la misma línea, apostilla que “no basta la transgresión” de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente para imputar un delito penal, que sólo es aplicable en base a la gravedad de la amenaza para el entorno. “Ese riesgo no puede presumirse”, concluye, a la luz de los informes técnicos emitidos a petición de la acusación pública o del propio instructor.

“Con los informes técnicos recabados en estas actuaciones, no puede concluirse, ni de manera indiciaria, que las extracciones realizadas en esa finca (...) hayan supuesto un peligro para el acuífero o su hábitat”. En definitiva, que estamos ante unas extracciones de agua sin licencia “sin que pueda considerarse que hayan podido causar un riesgo grave para el medio ambiente”.

L'hotel CAP Menorca, que comercialitza habitacions de fins a 3.000 euros per nit, va rebre prop d'un milió d'euros de fons europeus per un projecte de sostenibilitat i continua presentant-se a la seva pàgina web com un allotjament “eco responsable”, ha estat sancionat pel Govern balear per extreure aigua sense autorització d'un pou il·legal durant, almenys, l'estiu de 2025, en plena crisi hídrica a l'illa. L'establiment, propietat del magnat francès Laurent Morel-Ruymen, haurà d'abonar 5.700 euros -davant els 9.500 inicials- després de reconèixer la seva responsabilitat i acollir-se a la reducció prevista en la normativa administrativa.

L'establiment va obrir les portes el maig del 2024 després de diversos anys de modificacions del projecte original i es presenta com un agroturisme de luxe amb capacitat per a una trentena d'hostes en una finca d'unes 30 hectàrees. En el seu material promocional, l'empresa assegura que el seu model aposta per “reduir al màxim la petjada humana” i per la “mínima intervenció en el territori”, un discurs que contrasta amb l'expedient sancionador per l'extracció d'aigua sense autorització. El complex compta, a més, amb una flota pròpia de iots i comercialitza suites amb tarifes que oscil·len entre els 1.200 i els 3.000 dòlars per nit.

La investigació es va iniciar l'agost de l'any passat, en el marc de l'Operació Zahorí del Servei de Protecció de la Natura (Seprona), quan els agents van inspeccionar la finca on s'ubica l'hotel, al costat de Cala en Porter (al sud del nucli urbà d'Alaior), i, durant la inspecció visual, van detectar l'extracció il·legal d'aigua. Segons la resolució sancionadora, l'empresa va extreure aigua “sense autorització” a través d'un pou il·legal que no tenia “comptador volumètric del sondeig”, el dispositiu que permet a l'Administració controlar el volum d'aigua extret en cada captació.

L'establiment, que va obrir les portes el maig del 2024, es presenta com un agroturisme de luxe amb capacitat per a una trentena de convidats en una finca d'unes 30 hectàrees. En el seu material promocional assegura que el seu model aposta per "reduir al màxim la petjada humana" i per la "mínima intervenció en el territori"

Malgrat la negativa inicial de la direcció de l'hotel a respondre a les acusacions, la intervenció de la Guàrdia Civil va permetre sorprendre in fraganti l'extracció d'aigua, fet que va motivar l'obertura de l'expedient sancionador, resolt aquest mes. En un primer moment, l'empresa va negar qualsevol irregularitat i va sostenir en un comunicat que no es tractava d'“un pou il·legal”, sinó d'un pou “no declarat”, en entendre que la seva existència era anterior a la normativa de 1985 de la Direcció General de Recursos Hídrics que obliga a inscriure aquest tipus de captacions. No obstant això, aquesta versió contrasta amb les conclusions del Seprona, l'informe preliminar del qual estima que del pou s'extreien fins a 40.000 litres d'aigua al dia per, presumptament, regar piscines.

Al llarg dels últims dies, elDiario.es ha contactat en diverses ocasions amb la direcció de l'hotel per conèixer la seva versió sobre la sanció i plantejar-li diverses qüestions relacionades amb la gestió de l'aigua i les seves polítiques de sostenibilitat. No obstant això, l'establiment no ha respost a les consultes d'aquest mitjà.

Quan el Seprona va detectar la captació irregular, Menorca travessava un dels episodis de sequera més extrems de les últimes dècades. Els vuit ajuntaments de l'illa havien activat mesures d'estalvi que incloïen el tancament de fonts públiques, la suspensió del reg de jardins, parcs i rotondes, la prohibició de rentar embarcacions i vehicles amb mànega i la cancel·lació del subministrament d'aigua a creuers i grans embarcacions. Les administracions també van llançar campanyes dirigides tant a residents com a turistes per reduir el consum d'un recurs cada vegada més escàs.

La investigació judicial va donar lloc a un expedient sancionador iniciat l'1 de desembre de 2025, que va incorporar com a mesures cautelars el “cessament immediat de les extraccions” i l'obligació de regularitzar la situació administrativa del pou i instal·lar sistemes de mesurament. És a dir que el “cessament immediat” de les extraccions s'hauria demorat quatre mesos des que es van descobrir els pous fins que es va ratificar la sanció.

La trama de l'escàndol ecològic es desenvolupa en una Menorca travessada per la sequera -l'illa es trobava en alerta taronja per aquest motiu i amb els aqüífers en un crític 34% de la seva capacitat l'agost de 2025-. Malgrat això, la resolució definitiva, dictada el 23 d'abril de 2026, va qualificar ambdues infraccions com a “lleus” i, tal com han confirmat fonts del Govern a elDiario.es, el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, ha autoritzat “de forma temporal” l'extracció d'aigua d'aquest mateix pou durant un any mentre es tramita la concessió definitiva. Així mateix, han confirmat que les captacions de la finca de Llucalari ja disposen de comptador volumètric.

La trama de l'escàndol ecològic es desenvolupa en una Menorca travessada per la sequera: l'illa es trobava en alerta taronja en el moment dels fets i amb els aqüífers en un crític 34% de la seva capacitat. Malgrat això, la resolució, dictada el 23 d'abril de 2026, va qualificar totes dues infraccions com a “lleus”

“El robatori de l'aigua de tots els menorquins”

Des de Més per Menorca, els diputats de la bancada ecosobiranista han reclamat a l'Executiu autonòmic que aclareixi “exactament quanta aigua s'ha extret d'aquest pou durant tot aquest temps” i com ha estat possible concedir una autorització per continuar extraient aigua “quan la situació hídrica a Menorca empitjora dia a dia”. En aquest sentit, Victor Ferrer, regidor de la formació Avançam d'Alaior, considera que la qualificació dels fets com una infracció lleu constitueix “un escàndol absolut” i denuncia que s'estigui tractant com una falta menor “el robatori de l'aigua de tots els menorquins”.

Ferrer sosté, a més, que l'actuació de l'Administració transmet una imatge de “connivència entre el Govern i els qui espolien el nostre territori”. En aquest context, assegura que estan analitzant en detall tot l'expedient administratiu de l'agroturisme i anuncien que exigiran a la Direcció General de Recursos Hídrics “totes les explicacions que mereixem els menorquins” sobre la tramitació del cas, les autoritzacions ambientals i la posterior autorització de les captacions.

Des de Més per Menorca, els diputats han reclamat al Govern balear que aclareixi "exactament quanta aigua s'ha extret d'aquest pou durant tot aquest temps" i com ha estat possible concedir una autorització per continuar extraient aigua "quan la situació hídrica a Menorca empitjora dia a dia"

Del segell “eco responsable” a l'expedient sancionador

Cal esmentar que l'hotel CAP Menorca ha rebut finançament públic vinculat a programes de sostenibilitat i eficiència ambiental destinats a impulsar un model turístic més respectuós amb l'entorn. Concretament, va rebre 990.950 euros provinents dels fons europeus NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), dins de la línia d'ajudes destinada a finançar projectes de sostenibilitat turística. En aquest sentit, l'hotel regentat pel magnat gal va ser qualificat de “eco responsable”, distinció que llueix encara a la seva pàgina web on també s'ofereixen habitacions de fins a 3000 euros la nit.

La concessió d'aquesta ajuda contrasta amb l'expedient sancionador obert posteriorment per la Direcció General de Recursos Hídrics, un contrast que ha suscitat interrogants sobre els mecanismes de control i seguiment dels projectes finançats amb diners públics i sobre la compatibilitat entre l'accés a incentius destinats a promoure la sostenibilitat i l'incompliment –sostenint i repetitiu en aquest cas– de la normativa ambiental.

L'hotel CAP Menorca va rebre 990.950 euros provinents dels fons europeus NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), dins de la línia d'ajudes destinada a finançar projectes de sostenibilitat turística

En Víctor Ferrer ha assenyalat en diàleg amb aquest mitjà que des de Més per Menorca han enviat una sol·licitud d'informació pública dirigida a la Direcció General de Fons Europeus amb l'objectiu de verificar si efectivament s'ha efectuat el pagament d'aquesta subvenció. “No ens han confirmat encara, però de ser així, insistirem que tornin íntegrament l'import. Els diners públics no són per sufragar l'espoliació del nostre territori”, ha emfatitzat el regidor.

Menorca, al límit

La crisi de l'aigua a Menorca no és una novetat, però enguany podria marcar un punt de no retorn. Per David Carreras, director de l'Observatori Social i Ambiental de Menorca (Obsam) l'indicador més revelador de l'estat dels aqüífers no és el volum de les reserves, sinó l'evolució dels nivells piezomètrics, és a dir, la profunditat a què es troba l'aigua als pous. Tant aquest paràmetre com les reserves mostren una tendència descendent sostinguda, la qual cosa evidencia, a parer seu, un desequilibri estructural: “des de fa anys s'extreu molta més aigua de la que els aqüífers són capaços de recarregar”.

Davant d'aquesta situació, Carreras considera imprescindible actuar sobre els consums més elevats. A parer seu, incrementar el preu de l'aigua no resulta suficient, ja que hi ha usuaris per als quals el cost no suposa un element dissuasiu. En el seu lloc, proposa establir límits màxims de consum i restringir el subministrament a qui els sobrepassin, especialment en finques amb piscina i jardí. També reclama que les mesures davant la sequera s'acordin de forma coordinada entre les diferents administracions i que s'apliquin criteris homogenis a tota Menorca.

Segons expliquen des de l'Observatori, les reserves dels aqüífers de Menorca enguany podrien descendir al 25%, gairebé un deu per cent menys que en el mateix mes de l'any passat. Aquí teniu una versió unificada, amb un estil més periodístic i utilitzant cites directes de Lafuente a l'inici:

“La situació és preocupant i exigeix actuar amb responsabilitat”, ha afirmat el conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, qui sosté que el Govern ha intensificat el seguiment dels recursos hídrics i està accelerant inversions pendents des de fa anys, entre elles la posada en marxa de la dessaladora de Llevant, la millora de la planta de Ciutadella, actuacions a les depuradores i una inversió de set milions d'euros destinada que els municipis redueixin les pèrdues en les xarxes de subministrament.

"La situació és preocupant i exigeix actuar amb responsabilitat", afirma el conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, qui assenyala que el Govern ha intensificat el seguiment dels recursos hídrics i està accelerant inversions pendents des de fa anys

No obstant això, mentre l'Executiu balear insisteix en la necessitat de restringir el consum i els experts coincideixen que la sobreexplotació dels aqüífers respon a un problema estructural, la mateixa Direcció General de Recursos Hídrics ha autoritzat temporalment algunes captacions que havien estat objecte d'expedients sancionadors, una aparent contradicció que ha alimentat el debat polític i social sobre la gestió de l'aigua a Menorca.

El cas del CAP Menorca no és un episodi aïllat dins del debat sobre la gestió de l'aigua i l'urbanisme a l'illa. En els últims mesos, diferents investigacions han posat el focus en la proliferació d'infraestructures vinculades al turisme de luxe —com piscines presumptament irregulars o captacions d'aigua qüestionades— i en les crítiques de l'oposició sobre el control exercit per les administracions. L'expedient a l'agroturisme s'ha convertit així en un dels símbols de la tensió entre un model turístic d'alt consum de recursos i la creixent fragilitat dels aqüífers menorquins.

El hotel CAP Menorca, que comercializa habitaciones de hasta 3.000 euros por noche, recibió cerca de un millón de euros de fondos europeos por un proyecto de sostenibilidad y continúa presentándose en su página web como un alojamiento “eco responsable”, ha sido sancionado por el Govern balear por extraer agua sin autorización de un pozo ilegal durante, al menos, el verano de 2025, en plena crisis hídrica en la isla. El establecimiento, propiedad del magnate francés Laurent Morel-Ruymen, deberá abonar 5.700 euros –frente a los 9.500 iniciales– tras reconocer su responsabilidad y acogerse a la reducción prevista en la normativa administrativa.

El establecimiento abrió sus puertas en mayo de 2024 tras varios años de modificaciones del proyecto original y se presenta como un agroturismo de lujo con capacidad para una treintena de huéspedes en una finca de unas 30 hectáreas. En su material promocional, la empresa asegura que su modelo apuesta por “reducir al máximo la huella humana” y por la “mínima intervención en el territorio”, un discurso que contrasta con el expediente sancionador por la extracción de agua sin autorización. El complejo cuenta, además, con una flota propia de yates y comercializa suites con tarifas que oscilan entre los 1.200 y los 3.000 dólares por noche.

La investigación se inició en agosto del año pasado, en el marco de la Operación Zahorí del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), cuando los agentes inspeccionaron la finca donde se ubica el hotel, junto a Cala en Porter (al sur del núcleo urbano de Alaior), y, durante la inspección visual, detectaron la extracción ilegal de agua. Según la resolución sancionadora, la empresa extrajo agua “sin autorización” a través de un pozo ilegal que carecía de “contador volumétrico del sondeo”, el dispositivo que permite a la Administración controlar el volumen de agua extraído en cada captación.

El establecimiento, que abrió sus puertas en mayo de 2024, se presenta como un agroturismo de lujo con capacidad para una treintena de huéspedes en una finca de unas 30 hectáreas. En su material promocional asegura que su modelo apuesta por "reducir al máximo la huella humana" y por la "mínima intervención en el territorio"

A pesar de la negativa inicial de la dirección del hotel a responder a las acusaciones, la intervención de la Guardia Civil permitió sorprender in fraganti la extracción de agua, lo que motivó la apertura del expediente sancionador, resuelto este mes. En un primer momento, la empresa negó cualquier irregularidad y sostuvo en un comunicado que no se trataba de “un pozo ilegal”, sino de un pozo “no declarado”, al entender que su existencia era anterior a la normativa de 1985 de la Dirección General de Recursos Hídricos que obliga a inscribir este tipo de captaciones. Sin embargo, esa versión contrasta con las conclusiones del Seprona, cuyo informe preliminar estima que del pozo se extraían hasta 40.000 litros de agua al día para, presuntamente, regar piscinas.

A lo largo de los últimos días, elDiario.es ha contactado en varias ocasiones con la dirección del hotel para conocer su versión sobre la sanción y plantearle diversas cuestiones relacionadas con la gestión del agua y sus políticas de sostenibilidad. Sin embargo, el establecimiento no ha respondido a las consultas de este medio.

Cuando el Seprona detectó la captación irregular, Menorca atravesaba uno de los episodios de sequía más severos de las últimas décadas. Los ocho ayuntamientos de la isla habían activado medidas de ahorro que incluían el cierre de fuentes públicas, la suspensión del riego de jardines, parques y rotondas, la prohibición de lavar embarcaciones y vehículos con manguera y la cancelación del suministro de agua a cruceros y grandes embarcaciones. Las administraciones también lanzaron campañas dirigidas tanto a residentes como a turistas para reducir el consumo de un recurso cada vez más escaso.

La investigación judicial dio lugar a un expediente sancionador iniciado el 1 de diciembre de 2025, que incorporó como medidas cautelares el “cese inmediato de las extracciones” y la obligación de regularizar la situación administrativa del pozo e instalar sistemas de medición. Es decir que el “cese inmediato” de las extracciones se habría demorado cuatro meses desde que se descubrieron los pozos hasta que se ratificó la sanción.

La trama del escándalo ecológico se desarrolla en una Menorca atravesada por la sequía –la isla se encontraba en alerta naranja por este motivo y con los acuíferos en un crítico 34% de su capacidad en agosto de 2025–. Pese a ello, la resolución definitiva, dictada el 23 de abril de 2026, calificó ambas infracciones como “leves” y, tal como han confirmado fuentes del Govern a elDiario.es, el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, ha autorizado “de forma temporal” a la extracción de agua de ese mismo pozo durante un año mientras se tramita la concesión definitiva. Asimismo, han confirmado que las captaciones de la finca de Llucalari ya disponen de contador volumétrico.

La trama del escándalo ecológico se desarrolla en una Menorca atravesada por la sequía: la isla se encontraba en alerta naranja en el momento de los hechos y con los acuíferos en un crítico 34% de su capacidad. Pese a ello, la resolución, dictada el 23 de abril de 2026, calificó ambas infracciones como “leves”

“El robo del agua de todos los menorquines”

Desde Més per Menorca, los diputados de la bancada ecosoberanista han reclamado al Ejecutivo autonómico que aclare “exactamente cuánta agua se ha extraído de este pozo durante todo este tiempo” y cómo ha sido posible conceder una autorización para seguir extrayendo agua “cuando la situación hídrica en Menorca empeora día a día”. En este sentido, Victor Ferrer, concejal de la formación Avançam de Alaior, considera que la calificación de los hechos como una infracción leve constituye “un escándalo absoluto” y denuncia que se esté tratando como una falta menor “el robo del agua de todos los menorquines”.

Ferrer sostiene, además, que la actuación de la Administración transmite una imagen de “connivencia entre el Govern y quienes expolian nuestro territorio”. En este contexto, asegura que están analizando en detalle todo el expediente administrativo del agroturismo y anuncian que exigirán a la Dirección General de Recursos Hídricos “todas las explicaciones que merecemos los menorquines” sobre la tramitación del caso, las autorizaciones ambientales y la posterior autorización de las captaciones.

Desde Més per Menorca, los diputados han reclamado al Govern balear que aclare "exactamente cuánta agua se ha extraído de este pozo durante todo este tiempo" y cómo ha sido posible conceder una autorización para seguir extrayendo agua "cuando la situación hídrica en Menorca empeora día a día"

Del sello “eco responsable” al expediente sancionador

Cabe mencionar que el hotel CAP Menorca ha recibido financiación pública vinculada a programas de sostenibilidad y eficiencia ambiental destinados a impulsar un modelo turístico más respetuoso con el entorno. Concretamente, recibió 990.950 euros provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro de la línea de ayudas destinada a financiar proyectos de sostenibilidad turística. En este sentido, el hotel regentado por el magnate galo fue calificado como “eco responsable”, distinción que luce todavía en su página web donde también se ofrecen habitaciones de hasta 3000 euros la noche.

La concesión de esta ayuda contrasta con el expediente sancionador abierto posteriormente por la Dirección General de Recursos Hídricos, un contraste que ha suscitado interrogantes sobre los mecanismos de control y seguimiento de los proyectos financiados con dinero público y sobre la compatibilidad entre el acceso a incentivos destinados a promover la sostenibilidad y el incumplimiento –sostenido y repetitivo en este caso– de la normativa ambiental.

El hotel CAP Menorca recibió 990.950 euros provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro de la línea de ayudas destinada a financiar proyectos de sostenibilidad turística

Víctor Ferrer ha señalado en diálogo con este medio que desde Més per Menorca han enviado una solicitud de información pública dirigida a la Dirección General de Fondos Europeos con el objetivo de verificar si efectivamente se ha realizado el pago de esta subvención. “No nos han confirmado todavía, pero de ser así, insistiremos en que devuelvan íntegramente el importe. El dinero público no está para sufragar el expolio de nuestro territorio”, ha enfatizado el concejal.

Menorca, al límite

La crisis del agua en Menorca no es una novedad, pero este año podría marcar un punto de no retorno. Para David Carreras, director del Observatorio Social y Ambiental de Menorca (Obsam) el indicador más revelador del estado de los acuíferos no es el volumen de las reservas, sino la evolución de los niveles piezométricos, es decir, la profundidad a la que se encuentra el agua en los pozos. Tanto este parámetro como las reservas muestran una tendencia descendente sostenida, lo que evidencia, a su juicio, un desequilibrio estructural: “desde hace años se extrae mucha más agua de la que los acuíferos son capaces de recargar”.

Ante esta situación, Carreras considera imprescindible actuar sobre los consumos más elevados. A su juicio, incrementar el precio del agua no resulta suficiente, ya que hay usuarios para quienes el coste no supone un elemento disuasorio. En su lugar, propone establecer límites máximos de consumo y restringir el suministro a quienes los sobrepasen, especialmente en fincas con piscina y jardín. También reclama que las medidas frente a la sequía se acuerden de forma coordinada entre las distintas administraciones y que se apliquen criterios homogéneos en toda Menorca.

Según explican desde el Observatorio, las reservas de los acuíferos de Menorca este año podrían descender al 25%, casi un diez por ciento menos que en el mismo mes del año pasado. “La situación es preocupante y exige actuar con responsabilidad”, ha afirmado el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, quien sostiene que el Govern ha intensificado el seguimiento de los recursos hídricos y está acelerando inversiones pendientes desde hace años, entre ellas la puesta en marcha de la desaladora de Llevant, la mejora de la planta de Ciutadella, actuaciones en las depuradoras y una inversión de siete millones de euros destinada a que los municipios reduzcan las pérdidas en las redes de abastecimiento.

"La situación es preocupante y exige actuar con responsabilidad", afirma el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, quien señala que el Govern ha intensificado el seguimiento de los recursos hídricos y está acelerando inversiones pendientes desde hace años

Sin embargo, mientras el Ejecutivo balear insiste en la necesidad de restringir el consumo y los expertos coinciden en que la sobreexplotación de los acuíferos responde a un problema estructural, la propia Dirección General de Recursos Hídricos ha autorizado temporalmente algunas captaciones que habían sido objeto de expedientes sancionadores, una aparente contradicción que ha alimentado el debate político y social sobre la gestión del agua en Menorca.

El caso del CAP Menorca no es un episodio aislado dentro del debate sobre la gestión del agua y el urbanismo en la isla. En los últimos meses, diferentes investigaciones han puesto el foco en la proliferación de infraestructuras vinculadas al turismo de lujo —como piscinas presuntamente irregulares o captaciones de agua cuestionadas— y en las críticas de la oposición sobre el control ejercido por las administraciones. El expediente al agroturismo se ha convertido así en uno de los símbolos de la tensión entre un modelo turístico de alto consumo de recursos y la creciente fragilidad de los acuíferos menorquines.

La Casa de Alba admite que sí, que tenía hasta nueve pozos sin licencia en su finca sevillana de Aljóbar, en término de Aznalcázar junto a Doñana, e incluso reconoce que estas instalaciones carecían del obligatorio contador de agua que permite saber qué volumen se ha extraído. Y lo hace porque a ello precisamente se agarra para poner el foco en que no hay manera de demostrar que haya sacado más recursos de los que tiene autorizados: sin aparatos de control volumétrico –algo que por sí mismo es una infracción– insiste en que ni la Fiscalía ni la Guardia Civil pueden demostrar nada.

Es decir, que se aprovecha de esta ilegalidad para argumentar que no se le puede acusar de un delito contra el medio ambiente. En paralelo, mantiene la piedra angular de su defensa, que es que nunca ha sacado más de los 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados. Aquí se vuelve a esta pescadilla que se muerde la cola: como no hay contadores, nadie ha podido certificar que haya bombeado más agua de la permitida, por mucho que los pozos no estuvieran legalizados.

La investigación judicial por delito ambiental se centra en la empresa Eurotécnica Agraria, cuyo consejo de administración copan los hermanos del duque de Alba y que se creó para gestionar varias haciendas de la familia. En 2023, cuando la Guardia Civil descubrió estas extracciones sin permiso, la presidenta de la compañía era Eugenia Martínez de Irujo, aunque pocos meses después (desde diciembre de ese mismo año) el máximo responsable es su hermano Cayetano.

“No tiene relevancia penal”

El juez, además de a la empresa en sí, ha imputado al administrador (y también consejero) de Eurotécnica Agraria, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba. Él fue precisamente el primero en admitir, en su declaración como investigado ante el juez en febrero de 2025, que los pozos ilegales de Aljóbar no tenían contador de agua.

¿Y por qué se reconoce sin problemas este extremo? Pues porque la defensa intenta diluir la posibilidad de una responsabilidad penal y reducir el caso a una cuestión meramente administrativa, siempre sobre la base de que considera que nadie ha demostrado que extrajese más agua de la permitida. Así lo apuntaba de hecho en el último oficio que remitió al juzgado, hace un mes, en el que se postula que lo único certificado es la existencia de pozos no autorizados.

Esto, como mucho, “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa por infracción, en cualquier caso, calificada como leve en la legislación de aguas: alumbramiento de pozos sin autorización”. Pero lo más importante para sus intereses es que interpreta que, de esta manera, sería una situación que “no tiene relevancia penal”.

“Se desconoce el régimen de explotación”

Ya en su primer informe crítico, elaborado para desautorizar la investigación de la Guardia Civil –que apunta a un daño ambiental que puede ser “irreversible”–, Eurotécnica Agraria subrayaba que todas las conclusiones de los agentes se hacían “a falta de datos procedentes de aparatos de control volumétrico”. Además, en un procedimiento administrativo paralelo amparado por la normativa de aguas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha dado permiso para regularizar estos pozos, lo que la empresa interpreta ante el juez como que así se “convalida el sistema de riego existente” y se “acredita que el mismo no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico” porque “en caso contrario no se autorizaría”.

La defensa esgrime también otro informe de la propia CHG, en el que el jefe del servicio de Control y Vigilancia admite la imposibilidad de “poder determinarse si se ha derivado un volumen superior al informado” ante la falta de contadores, unido a que “no se ha detectado riego en una superficie mayor a la autorizada ni de cultivos con una mayor demanda de agua”. De hecho, reconoce que “se desconoce el régimen de explotación”.

Eso sí, estas consideraciones las hacía tras resaltar que las captaciones sin autorización fueron descubiertas “sin control volumétrico alguno, con una explotación abusiva y con pérdidas de agua”, todo ello además en un momento en el que acuciaba la sequía. Junto a ello, llamaba la atención sobre la “reincidencia de los hechos”, ya que la propiedad fue sorprendida usándolos de nuevo después de que el magistrado levantara un primer precinto judicial.

Los pozos han 'beneficiado' al acuífero

La Casa de Alba reitera una y otra vez que “no ha sido acreditado” en los informes de la Guardia Civil que estas captaciones ilegales “hayan supuesto una extracción por encima del volumen autorizado”. Y no sólo eso, sino que considera que la existencia de estos pozos sin autorización “sin que se haya superado el caudal máximo concedido” es positiva, ya que “lo único que supone es que se reparte el caudal de extracción entre todos los pozos, mejorando así la hidrodinámica del acuífero”.

Entre las otras bazas que juegan a favor de los intereses de Eurotécnica Agraria están otros dos estudios de la Confederación del Guadalquivir que, realizados a petición del juez, certifican la cada vez peor situación del acuífero del que bombea Aljóbar. Eso sí, admite que no puede atribuir a los pozos ilegales de los Alba la “exclusividad” de los daños en una masa subterránea de agua (Aljarafe Sur) que oficialmente no ha sido declarado en mal estado. La defensa, además, abunda en que no hay impacto sobre Doñana, algo que ponen en duda tanto la Guardia Civil como el juez.

Los agentes del instituto armado, por su parte, han recogido en sus informes y han reiterado en su declaración ante el juez que en Aljóbar se ha sacado más agua de la permitida, con la base de que con la autorización que tienen “no riegan tantas hectáreas”. En todo caso, parece que en breve se conocerá qué rumbo toma el caso, ya que el propio magistrado ya ha señalado que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”.

Es una de las urbanizaciones más grandes de la Comunidad de Madrid y ahora los vecinos se encuentran en medio de una guerra por la gestión de un recurso básico: el agua. Desde 1995 la entidad urbanística El Bosque, en el municipio de Villaviciosa de Odón, se encargaba de su administración, pero ahora la situación ha cambiado: los nuevos miembros denunciaron la explotación irregular de pozos de agua, la ocultación de sanciones y el posterior “secuestro” del agua por parte del Ayuntamiento. Desde entonces, no han dejado de protestar contra lo que consideran un “hostigamiento” del Consistorio, del PP, que es quien debe tutelar las acciones de la entidad. Ahora un juzgado ha admitido a trámite la querella por tres delitos.

Sonia Guijarro salió elegida como presidenta de la entidad en 2022, cuando se renovó la junta y denuncia, en conversación con elDiario.es, lo que han vivido desde entonces. Según su relato, las anteriores juntas informaban “de lo que querían”. Por eso cuando entraron se sorprendieron con lo que encontraron: “Los ordenadores eran del anterior administrador, que estuvo en el cargo durante casi 30 años. No podíamos tocar nada porque todo era de su propiedad”, indica.

Hicieron entonces una auditoría forense para saber cómo se estaba gestionando todo y contrataron a un despacho de abogados especializado en agua. “Aquí es donde empieza el juego, empiezan a pedir documentación y el Ayuntamiento no nos facilitaba nada, tuvimos que reconstruir todo”, asegura. Y en este punto, a través de un informe de los abogados, se encuentran unas facturas de órdenes de pozos: “De repente aparecían tres pozos sin regularizar”.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) preguntó si querían regularizar algún pozo más aparte de los cinco que ya tenían, pero no lo hicieron, a pesar de mantener otros tres pozos abiertos, relata Guijarro: “Da rabia. Nadie nos informó de ello”. Y eso hizo que los vecinos de la urbanización estuvieran usando sin saberlo durante décadas el agua de esos tres pozos denunciados como ilegales. “Cuando llegó el Seprona habíamos desmontado los pozos, por eso fue una sanción leve”, explica Guijarro. “Estamos hablando de una sanción de millones de euros que habría caído en la entidad urbanística”.

Una vez la nueva junta detectó el problema, según el relato descrito, se comunicó tanto a los vecinos como al Ayuntamiento. Y ahí es, explica Guijarro, cuando entra un nuevo problema: el Consistorio —aseguran— comenzó con “presiones y persecuciones”. Una situación que acabó en 2024 con la anulación de las elecciones por las que se revalidaba la junta después de que uno de los candidatos recurriera el proceso en el Ayuntamiento y este lo tramitara.

La nueva junta recurrió esa anulación y, según se recoge en la querella, miembros del Ayuntamiento condicionaron el resultado de ese recurso “frente a la anulación de unas elecciones legítimas” en la entidad a que esta “se comprometa a firmar un convenio relativo al uso del agua y el mantenimiento y conservación de la entidad, cediendo todas las competencias al Ayuntamiento”.

Según recogen en el escrito, la entidad no acepta y entonces, según su versión, “se le indica que no se estimará el recurso de alzada”. Sin embargo, el Consistorio argumenta que estaban obligados “a tramitar y resolver dicho recurso. Tras el análisis del expediente por parte de los servicios jurídicos municipales, se dictó una resolución estimando el recurso planteado por la candidatura recurrente y declarando la invalidez del proceso electoral”, indican.

“La reacción del Ayuntamiento fue toda la contraria a la que esperábamos”, critica la vecina de la localidad, que lamenta que no hayan querido “colaborar” con ellos, a pesar de que los pozos están en término municipal y zonas protegidas del Guadarrama. “¿Por qué tenemos que pagarlo los vecinos? Existieron problemas de gestión del agua y ahora nos señalan a nosotros”.

El “secuestro” del agua y la querella

En 2025, el Ayuntamiento aprobó el “secuestro temporal” del servicio, es decir, la gestión del agua —junto a otros servicios como la red de alumbrado— dejó de corresponder a la junta de la entidad y pasó al Consistorio. Según el escrito de la querella que presentó la entidad ese mismo año, esto fue utilizado como “instrumento para tapar las graves irregularidades históricas en materia de captación y gestión del agua”, aunque desde el Ayuntamiento lo achacan a “irregularidades en la gestión” y “en el servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio”. Unas irregularidades que “nunca llegaron a concretarse ni a acreditarse”, asegura Guijarro.

La querella ha sido recientemente admitida a trámite —y recurrida por el Ayuntamiento— y ahora se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa, defraudación de fluido eléctrico o análogas y contra la ordenación del territorio y medio ambiente. En el texto se recogen los expedientes sancionadores por parte de la CHT por la explotación de los pozos no autorizados, y además se denuncia que ese procedimiento “se mantuvo oculto a los vecinos” así como a la nueva junta.

“Se consintió la continuidad de un sistema apoyado en pozos carentes de la necesaria cobertura concesional y de control sanitario adecuado”, indican en el documento, por el que denuncian por estos presuntos delitos a Juan Pedro Izquierdo, actual alcalde del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y anteriormente concejal de urbanismo en el consistorio, además de a otros miembros de la alcaldía y de la anterior junta de la entidad El Bosque.

Pero no solo está esta querella: Guijarro, que ya ha sido citada para ir a testificar en la fase de instrucción en el mes de septiembre, recuerda que se han admitido otros cuatro contencioso-administrativos contra el Ayuntamiento. “El Ayuntamiento siempre ha tenido la obligación de tutelar a la entidad y nunca la tuteló”, critica. “No nos queda otra que acabar en los tribunales”.

El Ayuntamiento niega las acusaciones

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón rechaza lo presentado en la querella: “Carece manifiestamente de fundamento y responde a una huida hacia adelante”, dicen, en declaraciones remitidas por correo electrónico a elDiario.es. El equipo argumenta que antes de la presentación de la querella se habían comunicado las mismas a la Fiscalía y a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El Consistorio insiste en que “todas las medidas cautelares y cautelarísimas han sido desestimadas” y añaden que desde el Ayuntamiento se ofrece la posibilidad “de consultar todos los expedientes que están a su disposición de forma que puedan comprobar la adecuación de las actuaciones municipales al ordenamiento jurídico”.

Guijarro insiste: “Juan Pedro Izquierdo ya en 1997 y 1995, cuando se hace uno de los pozos irregulares, acudía a las asambleas de la entidad. Un presidente se le ocurrió decir que iban a hacer entonces un nuevo pozo y este señor no hizo nada como concejal de urbanismo”. Sin embargo, el equipo de Izquierdo asegura que los concejales de la Corporación “no tenían conocimiento de la situación del servicio”, sino que ha sido “con posterioridad” cuando se ha “tenido conocimiento de la posible situación irregular de las concesiones administrativas, que no de los pozos”. Es decir, argumentan que los pozos en sí mismos no son irregulares, sino que, en todo caso, lo que serían irregulares serían las concesiones.

El Ayuntamiento también asegura que “desde la constitución de la Junta Gestora municipal se ha informado a los vecinos de todos los expedientes sancionadores recibidos por la Entidad Urbanística” de la CHT.

Ahora, de cara al verano la batalla judicial continúa y la situación se vuelve todavía más complicada por las altas temperaturas y el riesgo de incendio. Precisamente este lunes por la tarde se ha logrado estabilizar un fuego de vegetación en el municipio que ha obligado a confinar a algunos vecinos en el camino de la Zarzuela, que también funciona como una entidad urbanística. “Tenemos pánico a que falte el agua. Nuestro estudio dice que somos una urbanización que no puede ser desalojada en caso de incendio porque el bosque entra en las viviendas”, dice Sonia Guijarro.

Doble negativa a la Casa de Alba por parte del juez que investiga un posible delito ambiental, por el daño que habrían causado los nueve pozos ilegales encontrados en su finca sevillana de Aljóbar, lindando con Doñana. Por un lado, ha rechazado su petición del archivo exprés de la causa tras conseguir el permiso oficial para regularizarlos, proceso que puso en marcha cuando fueron descubiertos por primera vez –luego hubo una segunda– a pleno rendimiento sin autorización. Y por otro, ha vuelto a denegar que se tome declaración judicial a un perito de parte que la defensa considera clave, hasta el punto de que en su recurso llegó a asegurar que esto deja a los acusados en una situación de “indefensión” porque su testimonio les ahorraría la “pena de banquillo”.

En un breve auto, al que ha tenido acceso este periódico, el instructor vuelve a dar señales de lo que ya afirmó en el anterior, que la investigación “está prácticamente agotada”. En este caso no es tan explícito, pero sobre la petición de archivo sí le transmite a la defensa de Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que gestiona estas tierras) que, “en el momento procesal en que se resuelva el destino de esta instrucción, se dará respuesta”. Es decir, que por ahora no pero que se vislumbra que habrá resolución en breve.

Además de reseñar que la Fiscalía presentó un informe de impugnación oponiéndose a las peticiones de la defensa, el juez reitera que considera innecesario que comparezca el perito que realizó un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas. Sí testificó otro de los expertos a propuesta de Eurotécnica Agraria, que hizo un contrainforme ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil, que cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” e insiste en que se extrajo más agua de la autorizada.

El testimonio “no es de utilidad”

El magistrado recuerda que el informe pericial está incorporado a la causa, y que por tanto “su mayor o menor virtualidad probatoria, en esta fase de instrucción, no se va a ver afectado porque el perito ponga de manifiesto sus conclusiones ante ese instructor”. De hecho, en las ratificaciones precedentes (tanto de la Guardia Civil como de la defensa) “apenas se aporta nada relevante o de nuevo conocimiento” a lo que ya se incluía en la documentación previa, por lo que insiste en “no considerar de utilidad la ratificación de esa pericial”. En la misma línea, ya rechazó también la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso.

Los abogados de Eurotécnica Agraria solicitaron el archivo y sobreseimiento de la investigación nada más conocer que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de agua) autorizaba cambios en el sistema de riego que implican la regularización de ocho de los nueve pozos sin licencia. El permiso impone diez condiciones específicas y 43 generales, ya aceptadas por la propiedad.

Este procedimiento administrativo es una opción que contempla la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, lo que en la práctica es una transmutación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas. La tramitación, eso sí, la puso en marcha la propiedad nada más iniciarse la investigación judicial.

Como mucho, sanción administrativa

La empresa considera que esta autorización de la Confederación “convalida el sistema de riesgo existente en la finca” y “acredita” que “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”, ya que en caso contrario no habría recibido la preceptiva luz verde. La defensa reitera que nunca ha sobrepasado la extracción de 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados en Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar.

Eso sí, admite la existencia de los pozos sin regularizar, pero que este extremo “no tiene relevancia penal”. A su juicio, y como mucho, todo esto puede acabar en una sanción administrativa por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”, como es “alumbramiento de pozos sin autorización”. Y reitera “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur” con sus instalaciones.

La Fiscalía, en cambio, considera que hay “base suficiente” para una acusación por un delito de medio ambiente, ya que considera que durante 11 años se extrajeran unos 6.600 millones de litros de manera ilegal. Esto, según los informes de la Guardia Civil, habría provocado un daño ambiental que puede ser irreversible, de hecho hasta el propio juez instructor ha llegado a apuntar que estas extracciones sin licencia pueden haber tenido un “impacto colateral en Doñana” y en su avifauna.

La Casa de Alba ha hecho un movimiento fulminante nada más saber que ya puede regularizar sus pozos ilegales, tras la resolución favorable recibida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de riego) y ha pedido al juez que directamente “acuerde el archivo y sobreseimiento” de la causa judicial abierta en un juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). La defensa entiende que esta autorización es un espaldarazo al sistema de riego en su finca de Aljóbar y que no se han provocado daños que justifiquen esta investigación por el juez.

En un oficio remitido al juzgado al que ha tenido acceso este periódico, los abogados de Eurotécnica Agraria –la empresa creada por los Martínez de Irujo para gestionar ésta y otras haciendas familiares– solicitan el fin de la instrucción ya que los pozos ilegales con el permiso de la CHG “quedan así legalizados”. A su juicio, la decisión de la autoridad del agua en el Guadalquivir “convalida el sistema de riesgo existente en la finca”: un caudal permitido de 605.000 metros cúbicos anuales que se acumula en la balsa de una finca en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana.

Considera así que se avala el sistema que se ha estado empleando hasta la fecha, aunque en Aljóbar sólo tenía licencia para dos captaciones (una para consumo humano y otra para riego) y la Guardia Civil descubrió hasta otras nueve sin licencia, ocho de las cuales se legalizan ahora. Por ello insiste en que la luz verde recibida por la CHG “acredita” que el sistema de riego “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”.

La propiedad lo que ha hecho es una transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas, una opción que contempla la Ley de Aguas pero a la que sólo se acogió cuando fue descubierta regando con estas captaciones sin licencia no una sino dos veces. Pese a este permiso para sacar de la ilegalidad los pozos, tanto los expedientes sancionadores abiertos por la propia CHG por vía administrativa como la investigación judicial por pirateo de agua y daño ambiental siguen adelante.

“No tiene relevancia penal”

Eso sí, reconoce que el agua “se extraía de 10 pozos existentes en la finca”, con lo que admite este uso irregular, pero insistiendo en el que es uno de los pilares de la defensa: “En ningún caso se superaba el caudal máximo autorizado”. De hecho, llega a subrayar que “los propios denunciantes –antiguos trabajadores de la finca– indican en su denuncia que el riego se hacía de la manera indicada”, algo que “se comprueba con un mero cálculo aritmético”.

Esta versión choca frontalmente con la que defiende la Guardia Civil, que en dos informes periciales entregados al juez sostiene que se sacó más agua de la autorizada durante 11 años, en los que se habrían extraído ilegalmente hasta 6.600 millones de litros. Esto permitió a Eurotécnica Agraria obtener hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal”, además de provocar un daño ambiental que, en total, podría ascender a 1,1 millones de euros. 

La propiedad, en contra, señala que, como no bombeó más de lo permitido, nos encontramos con “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur”, y que además no se sacaron recursos subterráneos de otra ubicación, por tanto “no se ha podido generar daño alguno al dominio público hidráulico”. A ello une que la existencia de los pozos ilegales como mucho “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa” por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”.

En concreto, se estaría hablando de un “alumbramiento de pozos sin autorización”, cuestión que considera menor ya que la apertura de estas captaciones sin permiso “no tiene relevancia penal”. A ello une que estas extracciones y todo el sistema de riego “queda legalizado con la resolución” de la Confederación del Guadalquivir, a lo que suma que todo el caso se basa en la “presunción errónea e infundada” de que se sacaba más agua de la autorizada, un cúmulo de “meras inferencias o suposiciones” que en todo caso “resulta insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia”. Por ello, concluye pidiendo al juez el archivo y sobreseimiento de las diligencias previas.

“¿Para qué necesitan abogados defensores?”

Ecologistas en Acción, por su parte, ha recibido este miércoles de la CHG la resolución que valida estos pozos sin licencia, que no le había llegado todavía pese a estar personada la organización en este proceso administrativo, una decisión que a su juicio va a contribuir a que “los supuestos delitos queden en nada”. La legalización, además, se ha aprobado en plena investigación judicial –en la que Ecologistas ejerce la acusación–, “dándole argumentos a la empresa para pedir el archivo y sobreseimiento de la causa”, como así ha ocurrido a renglón seguido.

Así lo denuncia Antonio Amarillo, responsable del Área de Agua de la organización, que se pregunta de manera retórica que “¿para qué necesitan abogados defensores?” si es la propia Confederación la que está “permitiendo” estos supuestos bombeos “muy por encima de lo permitido”, tal y como insiste la Guardia Civil. Unas extracciones que “contribuyen al ya asumido empeoramiento de las masas de aguas subterráneas durante los últimos años y al incumplimiento de los objetivos ambientales fijados por la Directiva Marco de Agua”.

“Es imposible regar 200 hectáreas de naranjos con el agua concedida y obtener año tras año cosechas normales”, además en un contexto de sequía. Y a pesar de que se ha constatado el “deterioro” de esta masa subterránea (Aljarafe Sur) en los últimos años y del incremento del índice de explotación, “la CHG sigue sin ver la relación causa-efecto provocada por las extracciones en la finca Aljóbar”, tal y como ha recogido en hasta dos informes sobre esta cuestión.

En cuanto a la instrucción judicial, en su último auto (de principios de marzo) el magistrado denegó una nueva prórroga de seis meses como pedía la Fiscalía al considerar que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”. Las últimas diligencias han sido la declaración de las agentes de la Guardia Civil que hicieron el informe de daños y de un perito de la defensa que ha firmado un contrainforme para intentar desmontar la investigación de la Guardia Civil.

La Casa de Alba ya tiene la autorización definitiva para regularizar sus pozos ilegales en su finca de Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla), justo a las puertas de Doñana. Tras casi tres años de tramitación, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha dado el último paso para cerrar este procedimiento administrativo, una opción a la que puede acogerse la propiedad pero que sólo dio el paso cuando fue descubierta por primera vez –luego hubo una segunda– usando esas captaciones sin licencia. Esto no implica ni la paralización de los expedientes sancionadores abiertos por la propia CHG ni de la investigación judicial por pirateo de agua y daño ambiental, aunque en este último caso refuerza la defensa de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de los Martínez de Irujo que gestiona estas tierras.

La resolución definitiva (a la que ha tenido acceso este periódico) está firmada por la presidenta de la CHG, Gloria Martín, y por el comisario de Aguas, Alejandro Rodríguez, y supone el final esperado a un trámite que previamente ya había recibido el visto bueno de la Oficina de Planificación Hidrológica y de la propia Comisaría de Aguas. El documento impone diez condiciones específicas y 43 generales, ya aceptadas por la propiedad, para lo que técnicamente se conoce como transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas.

La Guardia Civil considera que con estos pozos se extrajo más agua de la que tiene autorizada Eurotécnica, lo que le habría permitido multiplicar sus regadíos y obtener así hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal” tras bombear sin licencia hasta 6.600 millones de litros durante once años. A esto hay que añadir un daño ambiental que, en total, podría ascender a 1,1 millones de euros. Ni la Confederación del Guadalquivir ni el Ministerio para la Transición Ecológica –al que pertenece este organismo estatal encargado de dar los derechos de agua– han querido hacer valoraciones sobre esta resolución, que por su parte considera “un escándalo que nadie entiende” Ecologistas en Acción, al que no ha llegado de manera oficial comunicación alguna pese a estar personado en el expediente administrativo.

Aljóbar tiene licencia para una balsa de almacenamiento de agua y para dos puntos de captación (uno de uso doméstico y otro para riego), aunque la Guardia Civil descubrió otros nueve sin licencia tras una denuncia de antiguos trabajadores de la finca. La CHG da ahora permiso para legalizar ocho de estas extracciones después de que durante la tramitación del expediente no pusieran reparos dos consejerías de la Junta de Andalucía, la de Agricultura y la de Medio Ambiente, que sólo apuntaron que uno de los pozos se asienta en una Zona de Especial Conservación (ZEC), concretamente un enclave de la Red Natura 2000, pero con la conclusión de que no tiene una especial afección.

Las claves para dar luz verde

La menor de las captaciones autorizada tiene una profundidad de 27 metros y un diámetro de metro y medio, aunque la mayoría ahondan hasta los 32 metros y la circunferencia de la más grande es de 4,5 metros. En todos los casos, la potencia máxima de las bombas no puede exceder de los 17 caballos de vapor (CV). El objetivo es regar 161,41 hectáreas en total, 94,11 de naranjos y 67,30 de olivar.

Esta reordenación del régimen de regadío es una opción que recoge la Ley de Aguas y a la que todo propietario tiene derecho. Junto a ello, la Confederación ha dado su visto bueno en base a los argumentos que ya esgrimió en su primer informe en 2023: por un lado, no se va a consumir más agua de la que tiene autorizada ahora la propiedad, y por otro repartir los puntos de extracción entre diez pozos mejorará la hidrodinámica del acuífero. Esto es así porque evitar la formación de un cono de depresión si se horada a más profundidad para extraer desde un único punto.

Aljóbar tiene licencia para extraer 605.150 metros cúbicos anuales, un volumen que se queda igual pese al incremento de unas captaciones que se hacen del acuífero Aljarafe Sur, que pese a su cercanía no es el principal que alimenta a Doñana. No obstante, en su investigación la Guardia Civil considera que estas masas de agua están interconectadas y que el exceso de bombeo que se habría producido habría dañado al parque nacional.

“Una noticia que no sorprende”

Con todos estos factores de por medio, Ecologistas en Acción, que está personada tanto en este expediente administrativo como en la causa penal, ha lamentado la resolución que regulariza los pozos. “Si bien es una noticia que no sorprende”, ya que los informes hasta ahora habían sido favorables, “no deja de ser llamativo que la Administración que debe velar por el interés general en la gestión del agua en la demarcación del Guadalquivir sea la que más ha contribuido a que los supuestos delitos queden en nada”, denuncia Antonio Amarillo, coordinador del Área de Agua de la organización.

Amarillo critica también que a la CHG “tampoco le ha importado que no hayan acabado las diligencias de investigación que se están llevando a cabo en el juzgado de Sanlúcar la Mayor” por un delito contra el medio ambiente. “Es un escándalo que nadie entiende”, lamenta, y es que a su juicio el que sea “algo lógico” lo que pide Eurotécnica (repartir las extracciones de más puntos dentro de la finca para no crear un cono de depresión, no usar más agua de la concedida y ajustar los cultivos al agua disponible), “no le exime de los hechos que denuncia y atestigua el Seprona”, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

En cuanto a la instrucción judicial, en su último auto el magistrado denegó una nueva prórroga de seis meses como pedía la Fiscalía al considerar que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”. Las últimas diligencias han sido la declaración de las agentes del Seprona que hicieron el informe de daños y de un perito de la defensa que ha firmado un contrainforme para intentar desmontar la investigación de la Guardia Civil.

Durante esta fase de instrucción, por cierto, no han sido llamados a declarar ante el juez ni los antiguos trabajadores que denunciaron los pozos ilegales ni los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que integran el consejo de administración de Eurotécnica Agraria, pese a que la Fiscalía pidió su imputación. El único investigado hasta la fecha es un sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba, al que la defensa presenta como el máximo responsable de Aljóbar.

Una de las líneas de defensa de la Casa de Alba en relación con los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, es reconocer que sí, que esas instalaciones estaban ahí, pero que nunca se extrajo más agua de la que tienen autorizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de conceder estos derechos. Así lo volvía a defender en el último recurso de reforma que presentaba ante el juez del caso, en el que llegaba a denunciar que se encontraba en una situación de “indefensión”. Pero la Guardia Civil descarta esta posibilidad de plano, ya que no le salen las cuentas: “Con el agua que tienen autorizada no riegan esas hectáreas con naranjos”.

Así lo ratificó en su testimonio ante el magistrado que instruye la causa por un presunto delito contra el medio ambiente una de las agentes del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza) que, como perito, ha realizado el informe del instituto armado que cifra en cinco millones de euros el “beneficio ilegal” obtenido con los cultivos que se regaron con agua extraída sin licencia. “Estamos diciendo que hay una extracción ilegal de agua a mayores”, apostilló, en una declaración a la que ha tenido acceso este periódico.

Aljóbar, que gestiona Eurotécnica Agraria (empresa familiar de la Casa de Alba), tiene desde 1988 permiso para extraer del acuífero 605.000 metros cúbicos anuales, que utiliza para una extensión que inicialmente era de 200 hectáreas de cítricos a razón de 3.000 metros cúbicos por hectárea. “Yo a día de hoy, si usted me dice que tiene 200 hectáreas, desde luego que a 3.000 metros cúbicos por hectárea y año no cumple con las necesidades hídricas que necesita el naranjo”, reiteró la perito.

“Se está sacando más agua”

Dicho de otra manera, y en sus propias palabras, “se está sacando más agua de la que realmente la Confederación, que es el organismo competente, ha estudiado para esa finca”. “Por lo tanto, nosotros creemos que esa diferencia de volumen extraído de más provoca un daño en el medio ambiente”. Por eso, a la pregunta directa de uno de los abogados de la defensa sobre si se ratifican en que la explotación “supera los requerimientos hídricos mínimos”, la respuesta es tajante: “Sí, efectivamente”.

Durante la declaración, uno de los elementos clave fue qué necesidad de agua tiene una hectárea de naranjos. Las peritos señalan que la propia Confederación del Guadalquivir apunta a que se requieren 6.352 metros cúbicos brutos por hectárea y año para que llegue lo que considera un mínimo de viabilidad que cifra en uno 5.400 metros cúbicos netos.

La defensa, por su parte, recuerda que la finca tiene una concesión de 605.000 metros cúbicos para explotar 205 hectáreas de cítricos, “eso da una dotación por hectárea de 3.000 metros cúbicos”. Y abunda en que “desde que están sellados los pozos que no estaban autorizados se está cultivando con la dotación que teníamos autorizada”, a lo que las guardias civiles responden que con esos 3.000 metros cúbicos no les llega para tantas hectáreas de cítricos.

Durante la declaración, las peritos señalan que han tenido en cuenta los informes de la Confederación del Guadalquivir sobre la eficiencia de riego en Aljóbar, que se calcula en un 0,85%, así como “las necesidades hídricas que necesita un cultivo para que tenga un rendimiento óptimo”. En este sentido, introducen otro dato importante, y es que la superficie que han tenido en cuenta es la que ofrece el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), en el que los agricultores registran sus parcelas y lo que cultivan en ellas.

Discrepancia con las hectáreas y los cultivos

A partir de ahí, el cruce de preguntas y respuestas se centra en otra cuestión fundamental, la superficie que se riega, ya que Eurotécnica Agraria se escuda en que ha ido menguando con los años. Cuando se destapó el caso, hace dos años y medio, la empresa esgrimió que en realidad regaban 122 hectáreas de naranjos, “una superficie menor a la autorizada en la inscripción de aguas privadas de la finca”. Ahora alega que desde 2021 se fue sustituyendo superficie de cítricos por un olivar que “tiene unos requerimientos hídricos mucho menores”.

“Eso no lo sé”, señala al respecto una de las agentes, que sí admite que efectivamente eso es lo que se recoge en el “informe favorable de la Confederación para que le autorice sacar agua de los ocho pozos”, un proceso de legalización que sigue en marcha y que ha recibido el visto bueno de la Comisaría de Aguas del organismo estatal. Y en este sentido, las peritos señalan que, si es así, en el Sigpac figuraba hasta 2024 (cuando hicieron su investigación) que sólo se cultivaban naranjos.

Ante la insistencia de la defensa en que no han tenido en cuenta la circunstancia del cambio parcial de cultivo, las guardias civiles se reiteran en que “la fuente oficial que nos aporta estos datos es Sigpac y dice que todos las parcelas son cultivadas con naranjos”. Y a ello añaden que en el propio informe pericial de la defensa, los cálculos se hacen sobre naranjos y encima la cifra que arroja de necesidades hídricas es incluso superior a la que llegan las agentes.

De naranjos a olivar superintensivo

“Sigpac no tiene notificación de esos cambios de cultivo”, reiteran, un trámite que en teoría tiene que hacer el propietario. Eso no quita para que reconozcan que a través de las imágenes de satélite “se ve perfectamente” que se han quitado hectáreas de naranjos (calculan que unas 58) y que eso lo han descontado de la valoración que han hecho del daño ambiental y del “beneficio ilegal” obtenido, que cifran en cinco millones de euros.

Eso sí, la agente desliza en este sentido que “también es interesante saber” si el olivar que se está plantando en vez de los naranjos es intensivo o de secano, “porque no tiene nada que ver” en cuanto a sus necesidades de agua. En este sentido, la propuesta que Eurotécnica Agraria presentó en la Confederación para legalizar las extracciones irregulares determina que la superficie de cultivo pasará de 200 a 161,6 hectáreas de riego por goteo, 67,5 de olivar superintensivo y 94,1 de naranjos.

En cuanto a la instrucción del caso, el juez considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, por lo que sólo permite a la defensa que testifique uno de sus peritos (declarará este mismo mes de abril) para ratificar el contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. En este documento, se llega a apuntar que los pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. Este testimonio sería el único pendiente, lo que a su vez implica que por ahora se libran de comparecer ante el juez los Martínez de Irujo, hermanos del actual duque de Alba y únicos consejeros de la empresa que gestiona Aljóbar.

La Casa de Alba considera que una de las últimas decisiones del juez en el caso de los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, le genera “una indefensión que debe ser reparada”. El instructor, que investiga un posible delito contra el medio ambiente, ha desechado citar a declarar a uno de los dos peritos propuestos por la defensa, que entiende como vital ya que considera que su testimonio “podría conducir a un sobreseimiento temprano” de la causa, evitando así la continuación de un procedimiento penal “con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Así se recoge en un recurso de reforma presentado en respuesta al último auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en el que denegó la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso y sólo aceptó que testifique uno de los dos peritos propuestos por la defensa. En concreto, ha citado para el 21 de abril al experto que hizo el informe ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil –que además cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” por el pirateo de agua–, pero ha desestimado tomar declaración al técnico que hizo un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas.

El magistrado no lo considera necesario “dado que la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, lo que para la defensa –y dicho “con el debido respeto”– es una “fundamentación insuficiente”, además de que “no tiene sentido” que se admita la ratificación pericial de unos informes pero no de otros. Asimismo, garantiza que esto no supondrá ningún retraso para la instrucción, ya que ofrece que el testimonio de los dos peritos se oiga el mismo día.

“No se ha cometido infracción alguna”

La Casa de Alba insiste en que, aunque tuviera pozos sin licencia, nunca ha sacado más agua de los 605.000 hectómetros cúbicos anuales que tiene concedidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para regar, en contra de lo que sostiene la Guardia Civil en su demoledor informe. La defensa, en cambio, postula que no se ha superado lo permitido y que, en consecuencia, “no se ha cometido infracción alguna y mucho menos daño alguno al dominio público hidráulico” por parte de su cliente, la empresa Eurotécnica Agraria, que en estos momentos preside Cayetano Martínez de Irujo pero que en el momento de los hechos comandaba su hermana Eugenia.

Según esta línea argumental, el recurso plantea que lo que procedería es “el archivo y sobreseimiento de las presentes diligencias”. Pero para ello es clave que se tenga en cuenta al perito al que no se ha citado, que iba a trasladar al juez información sobre la instalación de riego existente en la finca, sistemas de control de extracción de agua y modelo de cultivo. “La ratificación de su informe es indudablemente necesaria”, en resumen, para conocer cómo se ha regado en Aljóbar estos años y qué cosechas se han obtenido.

“Un perjuicio irreparable”

La ausencia de este experto contratado por la Casa de Alba “impide a esta defensa introducir en la causa elementos de descargo que considera cruciales, generando una indefensión que debe ser reparada”. Y aunque admite que sus argumentos se podrían escuchar en un hipotético juicio, considera que es “esencial” la práctica de esta diligencia en la actual fase de instrucción.

Posponer este testimonio “podría causar un perjuicio irreparable”, ya que esgrime que “su resultado podría conducir a un sobreseimiento temprano”. Esto, se subraya, evitaría “la continuación de un procedimiento penal con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Los hermanos del duque de Alba esquivan el juzgado

La investigación se ha enfocado en Eurotécnica Agraria y su responsable, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como imputado desviando así el foco del consejo de administración de la compañía. En éste, según el informe de la Guardia Civil, se sientan sus tíos Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba.

El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según la investigación del instituto armado es administrador y miembro de este consejo en representación de su progenitor. Éste se quedó con Aljóbar tras un acuerdo en 2016 (refrendado en 2022) por el que los hijos de Cayetana de Alba se repartieron varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria.

La defensa sostiene que el máximo responsable es este sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba, cuya imputación ha llegado a solicitar la Fiscalía. No obstante, y tras un cuestionamiento del juez al respecto, el Ministerio Público ha centrado su atención en el administrador de la empresa porque sería la única vía para reclamar responsabilidad penal, lo que ha permitido que los Martínez de Irujo se libren por ahora de comparecer ante el juez.

La instrucción de la causa por los nueve pozos ilegales de la Casa de Alba en una de sus fincas –Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar– está a punto de cerrarse. Así lo ha manifestado el propio magistrado en un auto en el que deniega una nueva prórroga de seis meses (como pedía la Fiscalía) y en el que manifiesta que sólo queda por testificar un perito de la defensa. Esto, asimismo, implica que los hermanos Martínez de Irujo cuya imputación ha solicitado la fiscal se libran –al menos en esta fase– de tener que comparecer en el juzgado, aunque habrá que esperar al cierre de la instrucción y al escrito de acusación del Ministerio Público para saber si salen de la causa.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha ido concediendo prórrogas de seis meses en un caso que estalló en 2023, cuando la Guardia Civil precintó estos puntos de extracción después de que inicialmente les cerrasen las puertas de la hacienda. El plazo de la última expiró este domingo, 8 de marzo, por lo que la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó que se volviera a conceder por la “especial complejidad” del caso, algo que el magistrado ha denegado pese a que la defensa no se oponía.

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, el instructor argumenta que considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, y avanza que lo único que queda es la “ratificación pericial” que solicita la defensa, con la comparecencia como testigo del autor del contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. El instituto armado cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” obtenido con estas extracciones sin licencia, a lo que habría que sumar alrededor de otro millón en concepto de daño ambiental.

Imputado hasta la fecha un sobrino

El testimonio de este perito, fijado para el 21 de abril, sería el único pendiente antes de cerrar la instrucción. De esta manera, se descarta que los Martínez de Irujo tengan que comparecer como imputados, tal y como solicitó inicialmente la Fiscalía. El ministerio público pidió hace meses que se tomase declaración como investigados a la persona jurídica Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Alba que gestiona esta hacienda a tiro de piedra de Doñana) y a los miembros del consejo de administración de esta sociedad mercantil.

Estos, según el informe que la Guardia Civil remitió al juzgado, son Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que figuran como consejeros junto a su sobrino Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como investigado. El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según un informe de la Guardia Civil es administrador y también miembro de este consejo en representación de su progenitor, que se quedó con Aljóbar tras un acuerdo en 2016 (refrendado en 2022) por el que los hijos de Cayetana de Alba se repartieron varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria.

Precisamente, al figurar como presidenta de esta compañía al descubrirse los hechos, la primera imputada en la causa fue Eugenia Martínez de Irujo, aunque el magistrado la excluyó posteriormente al atender el argumento de la defensa de que la administración de la finca la lleva su sobrino, Luis Martínez de Irujo, que no obstante cuando declaró se escudó en que no estaba al tanto de la gestión del día a día. En la actualidad figura como secretario del consejo desde diciembre de 2023, pocos meses después de la denuncia de la Fiscalía, tras una reunión del consejo de administración en la que asumió la presidencia Cayetano Martínez de Irujo.

Se acogió a su derecho a no declarar

Fue el propio juez el que le hizo saber a la fiscal que, en función de lo que se imputase a Eurotécnica Agraria (responsabilidad penal o civil subsidiaria), citaría o no como investigados a los hermanos del duque de Alba. En este sentido, recordó que, según el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si se apuntaba a que la compañía es responsable penal la diligencia se practicaría con el representante legal de la compañía, en este caso Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg. “No resultando necesarias las declaraciones de sus consejeros delegados” si se optaba por esta vía, aclaró.

Finalmente, la Fiscalía tomó el camino de la responsabilidad penal y que se investigase así a la persona jurídica tras el CIF de la empresa, lo que llevó en septiembre de 2025 a una segunda declaración como imputado del duque de Aliaga en base a este artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El acto duró unos minutos, en los que se le informó de que se investiga “una presunta extracción ilegal de aguas por medio de pozos no autorizados administrativamente con el posible perjuicio al medio ambiente”, acogiéndose a su derecho a no declarar y remitiéndose a lo que declaró en febrero de 2025, cuando fue citado en su calidad de persona física investigada.

La defensa ha apuntado en todo momento a la responsabilidad del sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba. En un oficio remitido en su día al juzgado, se subrayaba que “desde el año 2016 la gestión y explotación de la finca se realiza de manera independiente” por el duque de Aliaga. Una tarea que, insistía, se ha desarrollado “sin que los restantes miembros del consejo de administración tuvieran ni conocimiento ni responsabilidad alguna respecto a la finca Aljóbar, ni mucho menos respecto de los hechos que motivan la presente instrucción”.

Deniega que testifiquen los denunciantes

De esta manera, los hermanos del duque de Alba eluden tener que pasar por el juzgado, al que ya sólo acudirá como testigo (o lo hará de manera telemática) el perito que hizo el informe técnico para rebatir el de la Guardia Civil, en el que llegaba a alegar que estos pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. De hecho, la defensa acusa al instituto armado de “tergiversar datos” para imputarle daños a su juicio inexistentes, ya que defiende que nunca ha sacado más agua de la que tiene autorizada.

Eso sí, el magistrado ha denegado el resto de peticiones de la Casa de Alba, que solicitaba que declarase otro de sus peritos, el que hizo un análisis sobre las dotaciones de riego reales, producciones obtenidas y rentabilidad económica de los cultivos de cítricos. Asimismo, el instructor tampoco permite la declaración de los tres extrabajadores cuya denuncia dio origen a la investigación, “dado que nada relevante, ni para la acusación ni para la defensa”, va a deparar su testimonio en este momento procesal.

Gloria María Martín Valcárcel (Madrid, 1979) tomó posesión como presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en julio del año pasado, pero ya conocía de sobra el paño: entró en 2006 en el organismo (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y que en 2027 cumplirá un siglo) y ocupó varios cargos, incluido el de secretaria general desde 2019.

Destaca que tras tanta borrasca las reservas viven su mejor momento desde 2014, reitera que no se van a dar más permisos de riego y reconoce que al Guadalquivir ya no le cabe ningún nuevo embalse más allá de los dos pendientes. Y sobre los pozos sin licencia de la Casa de Alba, lanza un mensaje: “En este caso se va a cumplir el proceso sancionador como con cualquier otro”.

¿Cuánta agua ha dejado en la cuenca la sucesión de temporales que hemos tenido?

Después de este enjambre de borrascas hemos aumentado unos 2.700 hectómetros cúbicos de reservas y tenemos en total 8.000, lo que supone que estamos al 80% aproximadamente de capacidad. Veníamos de una situación en la que estábamos al 40% y hemos subido al 80% en mes y medio.

¿Para cuánto tiempo hay agua garantizada entonces?

Para abastecimiento tenemos tres años seguro. El regadío, que es el 86% de la demanda del Guadalquivir, tiene dos años prácticamente garantizados en su totalidad, el tercero ya dependerá mucho de cómo se produzcan las precipitaciones en estos dos o tres años. Pero un par de años sí que podemos decir que van a ser campañas bastante potentes.

A su predecesor le tocó gestionar la miseria de la sequía y a usted afrontar la abundancia...

Bueno, con la sequía era secretaria general de la Confederación, así que también la sufrí, porque además estuvimos trabajando en los decretos en los que se establecían ayudas a los usuarios. Hace un par de años hubo restricciones del 80 y el 90% en el regadío, prácticamente se daba agua sólo para salvar la arboleda y poco más. Pero sí, la situación ha dado un giro radical, hemos pasado de riegos de emergencia para intentar salvar la arboleda a tener zonas en las que el agua llegó hasta las copas de los árboles.

¿Hubo algún momento especialmente delicado en estos días de borrascas, de asustarse de verdad?

Ha sido un mes muy complicado y el problema fue que ocurrió en toda la cuenca, no hubo un único sitio que hubiese que vigilar especialmente, y sí que hubo situaciones concretas preocupantes. Pero estuvimos alerta, el daño habría sido mucho mayor si no hubiéramos actuado de forma preventiva y anticipada y en coordinación con el resto de administraciones. Pero sí, hubo unos cuantos sitios en toda la cuenca con bastante incidencia y con desalojos: Los Puentes en Jaén, en Huétor Tájar en Granada, en Córdoba, en Sevilla... 

Aunque haya zonas que ahora no se han inundado, siguen siendo inundables. Este episodio de borrascas, aunque ha sido muy extenso y muy persistente, no ha sido especialmente excepcional

¿Los problemas principales se han vuelto a producir en zonas que son inundables pero en las que se sigue construyendo?

No es cuestión de que se siga construyendo o no, es que son zonas inundables y sabíamos que los daños se iban a producir ahí, tienen problemas recurrentemente. Aun así, en algunas zonas se ha conseguido mitigar, como en Villanueva de la Reina en Jaén, donde los daños han sido mucho menores porque el Ayuntamiento ha hecho actuaciones.

¿Pero sigue habiendo mucho construido en zonas inundables?

Son zonas concretas que están en el plan de gestión de riesgo de inundación, pero eso lleva su tramitación, su periodo de información pública y hablamos de zonas inundables con un periodo de retorno de 500 años. Eso quiere decir que es inundable aquello que se pueda inundar con un evento que pueda pasar una vez cada 500 años. El evento que ha pasado ahora ha sido aproximadamente en toda la cuenca de un T10, de diez años: aunque haya zonas que ahora no se han inundado, siguen siendo inundables, si no se han inundado ahora no significa que no sean inundables. Porque este episodio de borrascas, aunque ha sido muy extenso y muy persistente, no ha sido especialmente excepcional. El periodo de retorno de diez años no es el de 500 todavía, ni mucho menos.

En este sentido, ¿qué posición tiene la Confederación en relación con Tablada en Sevilla, es una zona inundable? Porque ahora no se ha inundado y ya se ha vuelto a reabrir el debate sobre su posible urbanización.

Sí, porque está dentro de los mapas de áreas con riesgo significativo e inundables, su carácter sólo podría cambiar si se revisan esos mapas, no cuando ocurra un episodio excepcional y se inunden o no. Lo que queda claro es que los episodios excepcionales no marcan las zonas inundables. Ahora tenemos imágenes por satélite de gran parte de la cuenca, precisamente estamos cotejando nuestros mapas con esas zonas inundadas. Estos episodios lo que sí nos valen mucho es para mejorar el conocimiento y comprobar y calibrar nuestros modelos.

Entonces, ¿la Confederación considera que Tablada se tiene que quedar como está?

Todas las zonas inundables deben respetar los usos permitidos en las zonas inundables. Creo que ya lo hemos dicho muy claro.

Tras el tren de borrascas han vuelto a surgir de nuevo voces diciendo que se desperdicia todo el agua que no se embalsa, ¿qué opinión le merece?

Bueno, es que no podemos poner el doble de embalses en la cuenca. Ahí todavía quedan dos proyectos que están en el Plan Hidrológico y que se está avanzando, que son las presas de San Calixto (entre Puente Genil y Écija) y de Cerrada de la Puerta (en Jaén, cerca de la provincia de Granada). En San Calixto hay un proyecto que se está actualizando y se va a adjudicar en las próximas semanas, con Cerrada de la Puerta también se está trabajando para licitar la redacción del proyecto. Estas son las dos grandes presas que quedan y que permitirán afianzar la garantía de la cuenca y también laminar las avenidas, como ha ocurrido con los 49 embalses principales que tenemos y que han conseguido laminar todo lo que ha llovido. Pero agua por los ríos tiene que correr, porque se tienen que mantener los ecosistemas y el estuario, que eso también es importante. No es agua que se pierde, por supuesto. Y hemos almacenado 2.700 hectómetros, desde 2014 no teníamos las reservas como ahora.

Al margen de estas dos, ¿al Guadalquivir ya no le caben más presas?

Es que esto no es una cuestión de si queremos una presa o no, sino que para construir un embalse hace falta un sitio acorde y una tramitación ambiental, no es tan fácil. Es difícil ya encontrar un proyecto viable para una gran presa en la cuenca del Guadalquivir. 

En la cuenca del Guadalquivir hay 900.000 hectáreas de regadío, el 25% de toda la zona regable de España, y no se dan nuevos permisos desde 2005. ¿Está previsto replantearse esa política?

¿Por un episodio de lluvias de un mes? No se van a dar porque no puede ser de otra manera, la cuenca se encuentra en una situación ya muy tensionada, con un déficit estructural de unos 200 hectómetros cúbicos. No es posible dar nuevas autorizaciones y nuevas superficies de riego salvo lo que ya está planificado, y creo que los usuarios en general lo saben y lo defienden en muchos casos: lo que hay que hacer es mantener lo que hay en la cuenca. En un contexto de incertidumbre, de cambio climático, creemos que ahora el problema es la garantía, hay un déficit que ya hemos sobrepasado.

¿Y no hay posibilidad de crecer con aguas regeneradas?

En el Guadalquivir no es fácil, eso tiene más sentido en la costa. Aquí realmente, si el agua de la depuradora llega a un cauce, se utiliza aguas abajo, no es un recurso nuevo que saquemos. En el Plan Hidrológico actual se dieron 20 hectómetros, pero para el siguiente (2028/2033) ya no está previsto ningún volumen adicional de agua regenerada porque no tiene más sentido seguir aumentando.

¿El nuevo Plan Hidrológico incorpora algún elemento relevante?

Estamos en la fase del esquema provisional de temas importantes, pero hay cuestiones que evidentemente son recurrentes porque siempre hay que tratarlas, como las zonas protegidas y las aguas subterráneas. Yo creo que lo más novedoso entre comillas son la garantía y el cambio climático, que es una cuestión transversal en todos los temas. El cambio climático ya se tenía en cuenta en el plan vigente, pero ahora está imbricado en todos los temas porque vemos que influye en todo. Y después el sostenimiento de la garantía, que cada vez es más complicada en este contexto de incertidumbre.

Lo que sí que tanta agua habrá venido bien para la salud del río y su estuario, ¿no?

Sí, claro, si el volumen aumenta, la dilución aumenta y todo mejora. Estas crecidas son imprescindibles para que el río funcione bien, y desde 2010 no teníamos nada parecido.

Y a propósito del río y su estuario, ¿cómo valora los nuevos vertidos autorizados para las minas de Aznalcóllar y Las Cruces en Sevilla?

Bueno, esto debe hacerse con todas las garantías. La cuestión es que en minería al final el órgano sustantivo es la Junta de Andalucía, nosotros ahí intervenimos como un órgano sectorial en lo que compete al agua. Además, los vertidos son al Guadalquivir pero en zona de dominio público marítimo-terrestre y nosotros no tramitamos esas autorizaciones, es también la propia Junta de Andalucía. Por tanto, son ellos los que tienen que autorizar esos vertidos y hacer el control. No digo que no me preocupe, pero es la Junta la que tiene que hacer ese seguimiento.

Ya hemos cerrado 800 pozos ilegales en unos cinco años y tenemos 175 en trámite. No me atrevo a decir una fecha cierta, pero tardaremos mucho menos de cinco años en terminar esto porque el grueso ya está cerrado

Hablando de preocupación, otro punto es Doñana, ¿cómo va el cierre de pozos ilegales?

Pues en cinco años hemos cerrado ya 816 y tenemos en trámite 176. Hay que matizar que el cierre de pozos no es algo inmediato porque es un proceso lógicamente muy garantista, se trata de cerrar explotaciones de usuarios que están regando y que tienen un perjuicio económico. Tienen que alegar y defenderse, y eso dilata en el tiempo el proceso. Por otra parte, lo que sí que podemos es adoptar medidas cautelares de cierre de pozos mientras se tramita todo el proceso. También lleva su tiempo, porque hay que pedir autorización al juzgado para entrar en la finca, pero cerramos más rápido. 

Pero da la impresión de que nunca se termina.

Es que los pozos también van cambiando. No partimos de un número concreto, sino que a veces se van identificando nuevas captaciones y eso hace que se abran nuevos procedimientos. Ya hemos cerrado 800 en unos cinco años y tenemos 175 en trámite, no me atrevo a decir una fecha cierta pero tardaremos mucho menos de cinco años en terminar esto porque el grueso ya está cerrado. Pozos nuevos sí que se siguen localizando, pero ya hacemos una teledetección (que es accesible hasta para el público) de la superficie de los invernaderos que están instalados y se ve cuáles son las zonas que no tienen derecho de riego. Eso también tiene un efecto disuasorio, hemos visto que la superficie que no cuenta con derechos no sigue aumentando, así que creo que vamos por el buen camino.

Para la Confederación, ¿la marisma de Doñana es de agua dulce, como se ha dicho históricamente, o salada, como defiende el Ministerio para la Transición Ecológica para justificar el deslinde que se ha aprobado?

Es una cuestión complicada y que ahora mismo está en estudio. Tenemos que esperar al resultado de todos los recursos e iremos viendo la consecuencia que tiene ese deslinde, tanto en el Plan Hidrológico como en las actuaciones que tenemos en marcha. Ahora mismo hay un procedimiento administrativo y una serie de recursos, pero no sé si se llegará a contentar a todo el mundo. Un deslinde es un procedimiento complicado que siempre cuenta con bastante oposición por parte tanto de los usuarios del territorio como por el resto de actores. 

La lluvia le habrá venido muy bien al acuífero de Doñana, pero esto no se recupera de un día para otro…

No, no. Los primeros estudios que hemos hecho dicen que la superficie de la marisma se ha inundado prácticamente el doble respecto al año pasado y los piezómetros del acuífero han mejorado algo, pero en las zonas de mayor explotación no tanto. Por tanto, esto viene muy bien, pero no resuelve un problema estructural. Un mes de lluvias no recupera el acuífero de Doñana, necesitaría varios años así y trabajar más en todas las vías que ya tenemos abiertas para que realmente se vea una mejora notable.

A propósito de acuíferos, ¿confía en que la actuación judicial por los pozos sin licencia en Aljóbar, la finca de la Casa de Alba en Aznalcázar, siente un precedente importante y tenga un efecto disuasorio?

Yo no creo que sea un precedente porque no es la primera vez que aplicamos un procedimiento sancionador en una explotación de más o menos entidad o más mediática. Hay que actuar en todos los casos, y si esto hace que la sociedad sea más consciente de que esto no va de superficies ni de determinadas personas, sino que si hay una infracción se actúa, pues perfecto. Pero no es una situación desde luego novedosa, ni que hayamos cambiado nuestra manera de proceder.

¿Pero es consciente de la repercusión del caso y la sensación que pueda tener alguien de que pueda haber un trato distinto?

No controlamos las sensaciones, pero si la infracción está y el sancionador llega a la resolución que sea, será independiente de quién sea el infractor. Que luego se piense desde fuera que se ha actuado mejor o peor que en otros casos, eso nosotros no lo podemos controlar. Pero que en este caso se va a cumplir el proceso sancionador como con cualquier otro, eso es así.

¿Y no es contradictorio que, en paralelo a la causa judicial, haya un proceso administrativo para regularizar esos mismos pozos que se investigan por un posible delito ambiental?

Esa concesión se está tramitando y con una serie de condiciones. En muchos otros casos, cuando se aplica un procedimiento sancionador existe la posibilidad de legalización de lo que ha ocurrido. En este caso, la concesión se está tramitando. Veremos qué dicen todos los informes, pero tiene que llevar una serie de condicionados y tiene que tener un control de los volúmenes de agua. En el caso de que se resuelva así, no tiene por qué ser contradictorio con una infracción que se ha cometido, que tendrá una sanción y unas consecuencias.

La Comisaría de Aguas de la Confederación ya ha dado su visto bueno, por lo que considera que estos pozos son regularizables…

Pero es que el hecho de que tenga un proceso sancionador en marcha no significa que esa petición no pueda ser viable. Ellos contaban con un derecho previo, pero se abre un proceso sancionador porque no se estaba actuando acorde a la autorización que tenían. Si la autorización que se solicita es compatible con la planificación hidrológica, se puede tramitar independientemente de que entre medias haya habido alguna infracción o alguna sanción por parte del usuario.

¿Le frustraría que ocurra lo mismo que con la finca Hato Blanco Viejo, que por primera vez un juez condenó a cárcel a una familia de terratenientes por pozos ilegales y al final se libraron de la prisión al rebajarse la pena?

En un proceso judicial nosotros no tenemos toda la información concreta, le perdemos un poco la pista, y hasta que no se finaliza… Pero bueno, no frustra, porque nosotros hacemos nuestro trabajo y sabemos que luego pasa a la vía judicial, ahí realmente nosotros ya no controlamos qué es lo que se va a resolver. Lo que tenemos que hacer es nuestro procedimiento administrativo y llevarlo a cabo con todas las garantías.

¿Y hay muchos procesos abiertos en la cuenca por extracción ilegal de agua?

Hay muchos, todos los meses se tramitan cientos. Pero no todo son grandes explotaciones ilegales, hay muchas infracciones menores por no tener por ejemplo el contador bien instalado. 

Los nueve pozos ilegales descubiertos a la Casa de Alba en Aljóbar, finca de su propiedad en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), han afectado al acuífero del que se alimenta el Parque Nacional de Doñana. Así lo reitera el último informe pericial de la Guardia Civil, que cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” obtenido y abunda en que estas extracciones no autorizadas tienen “un carácter muy relevante” porque el acuífero del que se han pirateado los recursos, el Aljarafe Sur, está “hidráulicamente conectado” con la masa subterránea Almonte-Marismas y con el aluvial del río Guadiamar, dos puntos clave porque van “nutriendo el Parque Nacional de Doñana”.

La conclusión se recoge en este documento, y así fue reiteradamente defendida por las dos peritos del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza del instituto armado) en la declaración como testigos ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), que investiga un posible delito contra el medio ambiente. De hecho, en su momento el magistrado, tras el primer informe pericial que recibió en 2024, ya apuntó en un auto que los pozos podían tener un “impacto colateral en Doñana”, lo que no beneficia precisamente a la defensa de la Casa de Alba.

El caso que analiza el juez tuvo su origen en una denuncia de extrabajadores de la finca, lo que llevó a descubrir hasta nueve pozos sin licencia que habrían estado funcionando 11 años cuando la empresa que gestiona la finca (Eurotécnica Agraria) sólo tenía permiso para dos, uno de ellos para uso doméstico y no agrícola. Estas extracciones han sido ya precintadas dos veces, en un proceso en el que la Fiscalía ha pedido imputar a varios hermanos del actual duque de Alba, mientras la defensa sitúa en primera línea a un sobrino de éstos ( Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga) y la empresa culmina la regularización administrativa de las instalaciones sin licencia.

En su declaración ante el juez del pasado 20 de febrero, las agentes insisten en varias ocasiones en la conexión directa entre ambas masas de agua, un hecho que a su juicio “está descrito muy bien en un montón de estudios científicos y la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) también así lo determina”. “Está totalmente conectado con el acuífero Almonte-Marismas”, lo que se traduce en que “se produce una descarga natural desde Aljarafe Sur hasta el siguiente que hay, que es Almonte-Marismas”, que el propio informe recuerda que desde 2019 está declarado en mal estado.

“Riesgo de sobreexplotación”

En su testimonio, repiten que “el acuífero Almonte-Marismas tiene una recarga natural por parte de Aljarafe Sur”, que a su vez está empeorando su situación a pasos agigantados por el exceso de bombeos que sufre no sólo desde Aljóbar, sino también desde otras fincas colindantes. Ante las preguntas de la defensa encaminadas a diferenciar ambas masas de agua, las guardias civiles son tajantes: “No hay barreras, esa agua fluye de manera natural desde Aljarafe Sur hacia Marismas, tiene una descarga natural”.

A efectos administrativos y de gestión, el acuífero Almonte-Marismas está dividido en cinco masas de agua: La Rocina, Almonte, Marismas, Marismas de Doñana y Manto Eólico Litoral de Doñana. Tres de ellas se encuentran oficialmente declaradas en mal estado, concretamente los de Almonte, La Rocina y Marismas, que es la más cercana a Aljarafe Sur.

Durante la comparecencia, que se realizó por videoconferencia, la defensa puso el foco en que Aljarafe Sur, que es de donde extraen los pozos de Aljóbar, está oficialmente declarado en buen estado por la propia CHG. Así lo admiten también tanto el informe como las peritos del Seprona, aunque con el matiz de que este acuífero se está deteriorando rápidamente y ya está en “riesgo de sobreexplotación” porque supera la barrera del 80% entre los recursos que entran y los que se sacan. En concreto, en esta masa de agua se ha pasado de un índice de explotación del 78 al 91%.

Los informes de la CHG

Ante la insistencia de las agentes en que Aljarafe Sur está en riesgo de sobreexplotación y en la interconexión con Doñana, los abogados de la defensa les preguntan que cómo explican que Aljarafe Sur esté declarado en buen estado “y en cambio están diciendo que Almonte y Marismas están en riesgo”. “Eso se lo tendrá que preguntar usted a la Confederación, que es la que hace los estudios de los acuíferos”, fue la respuesta que obtuvieron.

Eso sí, añaden que se ratifican en el mal estado creciente de Aljarafe Sur. “La tendencia del nivel del descenso piezométrico está ahí, no nos la inventamos nosotras, y además a lo largo de diferentes planes hidrológicos el índice de explotación ha ido ascendiendo en número y además a mayores”. En este sentido, la CHG ha hecho ya dos informes a requerimiento del juzgado sobre la situación de Aljarafe Sur, con conclusiones similares: su estado es cada vez peor, de hecho está en los niveles más bajos desde que existen datos, y la batería de pozos ilegales de Aljóbar es “susceptible” de haber agravado las cosas, pero “no es posible concretar” que sea “el único causante” porque hay otras fincas vecinas con “intensas explotaciones”.

La defensa basa parte de su estrategia en que oficialmente no puede hablarse de que Aljarafe Sur esté sobreexplotado, que como mucho está en situación de riesgo, por lo que en consecuencia no puede hablarse de perjuicio para Doñana. “Sí que son daños derivados”, reiteran las agentes, “porque Doñana se está secando”, una situación a la que no ayuda que “el acuífero de las Marismas, que es el de Doñana, está conectado con el acuífero Aljarafe Sur” y debería pasarle más agua.

“El acuífero no se ha recuperado”

La defensa se centra también en que Aljarafe Sur no es un acuífero confinado, sino libre, lo que implica que no tiene materiales impermeables que dificulten su recarga con las lluvias, pero las peritos replican que eso no implica un efecto inmediato. Tiene opciones de recargarse de manera más rápida que un acuífero confinado, admiten, pero se pierde mucha agua por el camino antes de infiltrarse al subsuelo, “no cae un mililitro y le llega un mililitro al acuífero”, ejemplifican.

“Que nadie se engañe”, llegan a defender, si alguien espera que “los acuíferos van a llegar ahora a los niveles freáticos que tenían antes de toda la problemática que estamos teniendo”. Y así lo subrayan hasta en la última pregunta que les hace la defensa. “Con este carrusel de tormentas que ha habido de lluvia tan abundante, ¿puedo entender que el acuífero se ha recuperado”, les cuestiona el letrado, obteniendo una respuesta contundente: “No, no puede entender eso”.

La Guardia Civil lo tiene claro: los nueve pozos sin licencia descubiertos –y precintados por orden judicial– en la finca Aljóbar de la Casa de Alba no sólo han provocado un importante daño ambiental, sino que le han reportado a la propiedad un “beneficio ilegal” que eleva a 5,1 millones de euros. Esto es así porque han podido regar por encima de lo que habría permitido el agua para la que sí tenían permiso, lo que se ha traducido en más cosechas de naranjas.

Así lo ratifica un segundo informe pericial que, a petición de la Fiscalía, ha elaborado el instituto armado y que entregó en noviembre al juez que instruye la causa por un posible delito ambiental. El documento reafirma las principales conclusiones del que se elaboró un año antes, y en todos sus términos se han ratificado las dos agentes que lo han elaborado, que el pasado viernes testificaron ante el magistrado y respondieron a las preguntas de la defensa, que representa los intereses de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de la Casa de Alba que gestiona ésta y otras haciendas.

Aljóbar se ubica en el municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con Doñana, y la existencia de estas extracciones sin permiso se conoció gracias a la denuncia de extrabajadores, ya que estaban ocultos con mallas que hasta dificultaban su teledetección. La bautizada como operación Irrigatio ha llevado a la Fiscalía a solicitar la imputación de varios de los hermanos Martínez de Irujo que son miembros del consejo de administración de Eurotécnica Agraria, aunque uno de los pilares de la defensa hasta la fecha es que toda la responsabilidad recaiga en un sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga, que fuese primer nieto de Cayetana de Alba.

11 años de extracción ilegal

El análisis pericial aborda el “beneficio indirecto obtenido por el uso ilícito del agua”, para lo que tiene en cuenta la cantidad de fruto recogido (cítricos en este caso) por hectárea durante los 11 años que se considera que hubo un uso de “agua de procedencia ilegal”. Para ello establece dos periodos diferenciados, de 2014 a 2021 y de 2021 a 2024, ya que hasta 2021 se regaron 205 hectáreas, superficie que desde entonces se redujo a 164.

A este “beneficio ilegal” hay que sumar el importe del daño ambiental producido, que resulta de la suma de varios conceptos que, según las agentes, se han computado de una “forma conservadora”. La horquilla que ofrecen oscila entre 732.000 y 1,1 millones de euros, en función de si se usaron 5.000 metros cúbicos por hectárea –como asegura la defensa– o 6.352 como sospechan las investigadoras.

La cifra tiene en cuenta tres factores, el primero de los cuales es el valor en sí del agua extraída, que se movería entre 468.275 y 814.896 euros. A esto hay que añadir lo que costaría rehabilitar este entorno (201.489 euros) y el impacto por la pérdida de valor ambiental del ecosistema, que iría de 62.539 a 113.353 euros. Todo esto significa que, sumando daños y beneficio ilícito, estamos hablando de entre 5,8 y 6,2 millones de euros.

“Daños importantes” al ecosistema

En paralelo, el informe sostiene que la extracción ilícita de agua de un acuífero, el Aljarafe Sur, que está cerca de la sobreexplotación “supone daños importantes sobre el ecosistema que pueden llegar a ser irreversibles”. Esto es debido a las interconexiones naturales entre las diferentes matrices, en este caso suelo, agua y biota.

El índice de explotación de estas aguas subterráneas ha pasado del 78 al 91%, y se estima que existe riesgo para el acuífero cuando se supera el 80%. A esto se une que un bombeo excesivo “puede movilizar el agua presente en el subsuelo de baja calidad”, produciendo de esta manera un “deterioro” del recurso.

Durante la declaración de las agentes, la defensa intentó rebatir su trabajo tanto en lo que hace referencia al volumen de agua extraído como a la fórmula utilizada para determinar el impacto económico de los pozos ilegales. En concreto, puso el foco en el concepto del beneficio ilícito y consideró que, en general, se valora el daño dos veces, a lo que las guardias civiles respondieron que con ese argumento se confundía el ámbito administrativo con el penal, que es en el que se está investigando la causa.

Los nueve pozos ilegales que fueron descubiertos en una finca de la Casa de Alba pueden haber causado daños al acuífero del que han estado sacando agua sin licencia, el Aljarafe Sur, pero no se puede asegurar de manera tajante que sean los únicos responsables del deterioro que experimenta esta masa subterránea. Así lo pone de manifiesto un nuevo informe, el segundo, en el que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) analiza a petición del juez el impacto de estas extracciones, y aunque es más crítico que el primero la conclusión es similar, porque ya entonces se concluyó que “no es posible concretar que el único causante” de los problemas sea esta batería de pozos.

La CHG es el organismo estatal que concede los derechos de agua, y tiene abiertos dos expedientes sancionadores a Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Alba que gestiona sus tierras) por la vía administrativa, al margen de la causa penal que se sigue por un posible delito contra el medio ambiente. En su estudio, al que ha tenido acceso este periódico, añade que en el caso concurren agravantes, como la reincidencia –han sido sorprendidos ya dos veces en pleno uso– y que cuando ocurrieron los hechos se estaba en alerta por sequía.

Además de que la finca utiliza más captaciones de las autorizadas (tienen permiso para sólo dos pozos, uno para regar y otro para uso doméstico, y la Guardia Civil encontró 11 en total), el informe subraya que estas extracciones se han hecho “sin control volumétrico alguno, con una explotación abusiva y con pérdidas de agua en Ia infraestructura de riego”. Todo ello en un acuífero que, aunque formalmente sigue calificado como en buen estado, presenta un “progresivo deterioro” que le ha llevado a “mínimos históricos” en una tendencia descendente desde 2011.

No se puede “atribuir a Aljóbar la exclusividad”

Además, cada vez tiene más dificultades para recuperarse tras las campañas de riego. De hecho, aunque en 2024 y 2025 ha llovido más que en la década anterior, el nivel piezométrico ha continuado bajando hasta 0,7 metros al año durante el último lustro. Así que a la pregunta del magistrado de si esta extracción de agua con pozos no autorizados ha podido causar daños sustanciales a la calidad del acuífero o perjudicar gravemente su equilibrio natural, “cabe concluir que es susceptible de ello; más si cabe cuando las extracciones se han producido sin control volumétrico alguno y sin conocimiento de su régimen estacional”.

¿Por qué entonces no se concluye de manera rotunda que estas captaciones sin licencia son las responsables de este deterioro? Pues porque a la hacienda en cuestión (Aljóbar, en término del municipio sevillano de Aznalcázar, puerta con puerta con Doñana) se la acusa de un exceso de extracciones, pero junto a ella hay otras fincas con permisos para extraer grandes cantidades de agua. “Queda patente Ia explotación intensiva de recursos subterráneos durante los últimos años” para la explotación con fines agrícolas, pero “no es posible concretar que el único causante haya sido la derivación de aguas en Aljóbar”.

Lo que puede certificar la CHG es que “la deriva de los niveles piezométricos en la masa de agua están asociados a las intensas explotaciones agrícolas de la zona” con derechos registrados, “sin que se pueda atribuir a Aljóbar la exclusividad”. Eso sí, se subraya que está más que constatado que la finca tenía “un mayor número de captaciones respecto a las autorizadas” y cuenta con una balsa de almacenamiento de grandes dimensiones, lo que le ha permitido acumular recursos.

Toma de declaración a dos guardias civiles

Los pozos, según la primera diligencia de la Guardia Civil, estaban ocultos en zonas de difícil localización y tapados con malla verde, lo que dificultaba hasta su detección por satélite. Casi todos tenían más de 30 metros de profundidad, alcanzando uno de ellos los 34,6 metros. Las extracciones, por cierto, tienen ya el aval técnico oficial para su regularización por parte de la propia Confederación del Guadalquivir, un proceso que se inició después de que en 2023 fueran pillados por primera vez en pleno uso.

El juez, en paralelo, ha aceptado parcialmente la petición de la defensa de Eurotécnica Agraria de tomar declaración a los agentes de la Guardia Civil que, a solicitud de la Fiscalía, elaboraron un informe que concluía que las captaciones sin licencia habrían causado un daño ambiental que puede ser “irreversible”. Asimismo, cifraba en más de seis millones de euros el perjuicio generado.

El magistrado ha fijado el próximo 20 de febrero para esta toma de declaración, que se hará por videoconferencia al estar los dos guardias destinados en Madrid. Ambos son especialistas del Seprona, una licenciada en Ciencias Ambientales y otro doctor en Biología, aunque la defensa pedía también proceder de la misma manera con un cabo mayor que es especialista de la Guardia Civil en protección de la naturaleza.