El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo del caso Tsunami Democrátic contra Carles Puigdemont, una causa en la que el expresident catalán estaba siendo investigado por terrorismo. En un auto, la magistrada Susana Polo rechaza los recursos de Vox y otras acusaciones populares y ratifica que el error del juez Manuel García Castellón al prolongar de forma irregular la investigación se traduce en la nulidad y archivo del caso: “No se llevó a efecto ninguna investigación de la participación de los investigados en los hechos”, recuerda el alto tribunal.

El caso Tsunami Democrátic arrancó en la Audiencia Nacional e investigó durante años la organización de las manifestaciones masivas desarrolladas en Cataluña para protestar contra la sentencia del procés que condenó a los líderes independentistas por sedición, malversación y desobediencia. Una causa que viró contra Carles Puigdemont a finales de 2023, cuando PSOE y Junts negociaban los detalles de la ley de amnistía. El magistrado anunció que Marta Rovira y Carles Puigdemont, entre otros, pasaban a formar parte de la nómina de investigados y por delitos de terrorismo.

El caso llegó al Tribunal Supremo cuando García Castellón solicitó formalmente la imputación por un delito que podía dejarle fuera de la amnistía. La magistrada Susana Polo llegó a abrir una causa contra él pero firmó el archivo cuando las defensas de los acusados denunciaron una irregularidad en la instrucción del juez de la Audiencia Nacional, recientemente jubilado, que anulaba la mayor parte de las diligencias realizadas: había alargado la causa de forma ilegal.

Polo archivó el caso por terrorismo contra Puigdemont y Rubén Wagensberg, diputado catalán por ERC, y ha confirmado su decisión tras rechazar los recursos de Vox, Dignidad y Justicia y Societat Civil Catalan. En su auto, la magistrada reitera que la irregularidad de García Castellón tiene como consecuencia el archivo del caso, algo que el propio magistrado reconoció tras archivar la parte de las diligencias que él mismo mantenía abiertas.

El Supremo recuerda que las únicas diligencias válidas del caso fueron las realizadas antes de la línea roja del 29 de julio de 2021, y que eso no es suficiente para sostener una causa por terrorismo contra el expresident y hoy diputado de Junts en el Parlament catalán. “No se llevó a efecto ninguna investigación de la causa determinante de la participación de los investigados en los hechos”. Vox y el resto de acusaciones, añade la magistrada Polo, no consiguen concretar qué pruebas han sobrevivido a la criba para mantener en pie el caso contra Puigdemont.

Ese límite, dice el Supremo, es “infranqueable” y debe ser “observado en el ejercicio de la función jurisdiccional”, algo que según certificó la Audiencia Nacional no hizo García Castellón. Saltarse ese plazo, añade, “determina la invalidez de las diligencias de las diligencias y todo lo que de ello se deriva, no hay subsanación posible”.

La amnistía de Puigdemont

Carles Puigdemont, que regresó brevemente a Barcelona tras siete años fuera de España para fugarse de nuevo, ya no está imputado en el caso Tsunami por terrorismo pero todavía está pendiente de dos causas judiciales: el caso principal del procés y la ramificación de la 'trama rusa' elevada también al Supremo por el juez Joaquín Aguirre. A la espera de que los jueces decidan en firme qué acusaciones quedan neutralizadas por la ley de amnistía que entró en vigor hace unos meses.

En el caso de la trama principal del procés, la misma por la que Oriol Junqueras y otros líderes independentistas fueron condenados a penas de hasta 13 años de cárcel, el alto tribunal ha establecido que la ley de perdón no ampara el delito de malversación de caudales públicos que se atribuye al expresident y por el que ya fueron sancionados el resto de políticos encausados.

En cuanto al caso que investiga la implicación de una trama de origen ruso en el impulso del procés independentista de 2017, el juez Aguirre rechazó también la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y envió su caso al Tribunal Supremo con varios delitos en la lista de acusaciones: traición, malversación y organización criminal. El Supremo todavía tiene que pronunciarse sobre si asume o no esta investigación.

La situación procesal de Puigdemont constituye, en términos jurídicos, el último gran fleco del procés. Por eso, dilatar su resolución interesa sobre todo a quienes se sirven políticamente del conflicto catalán o encuentran en él su razón de ser. Entre ellos podemos contar al propio procesado, que no pierde la oportunidad de extraer rédito de su perfil de víctima; también a los representantes de la ultraderecha patria, principal acreedora del nacionalismo español. Pero, en realidad, si alguien se ha esforzado en mantener abierta la herida democrática que dejó el procés, a base de prolongar artificialmente el debate jurídico orquestado en torno a Puigdemont, han sido los propios tribunales. En su afán por conservar un papel protagonista, algunos órganos judiciales no han dudado en retorcer la ley y deformar los procesos de los que conocen hasta convertirlos en auténticas causas generales de marcado carácter inquisitivo. No parecen darse cuenta de que la imagen que proyectan con ello favorece precisamente a quienes tratan de perseguir.

El ejemplo más claro es sin duda el de Tsunami Democràtic. La causa fue archivada el pasado 9 de julio por el Tribunal Supremo después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional invalidara todas las diligencias acordadas a lo largo de los tres últimos años -nada menos-, por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, Manuel García Castellón. Durante el periodo en que estuvo abierta la investigación, el instructor, transformado en una suerte de acusador judicial, modificó a placer la calificación de los hechos y amplió infundadamente el número de encausados. Lo hizo sin que nada ni nadie le pusiera límites, fuera de plazo, en contra del criterio de la fiscalía y con el único fin de imputar a Puigdemont un delito, el de terrorismo, no susceptible de amnistía o indulto. Hasta le llamó a declarar como investigado sin ser competente para investigarle -por tratarse de un aforado-; una falta de competencia de la que el propio juez era plenamente consciente, tal y como demuestra el hecho de que acto seguido elevara la causa al Supremo. 

Pero García Castellón no es el único que se ha excedido en sus facultades como instructor a la hora de complicar el regreso del expresident fugado. Existe otro procedimiento igual de delirante e irregular que aún sigue abierto en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona. Es conocido como “la trama rusa”. En el marco del mismo, Joaquín Aguirre, otro magistrado a las puertas de la jubilación, como García Castellón, lleva investigando desde hace ya más de 5 años las supuestas injerencias de los servicios de inteligencia rusos en el procés. Tras una serie de infructuosas pesquisas, la Audiencia Nacional rechazó el conocimiento del asunto por carecer de fundamento. Sin embargo, ante el desplante, el instructor decidió ampliar el objeto de la causa en lugar de archivarla. Así, el pasado 26 de junio dictó un auto en que encargaba nuevos informes a la Comisaría General de Información de la Policía sobre extremos tan dispares como los “contactos” mantenidos por los independentistas con “rabinos judíos” que comercian con criptomonedas, “la mafia rusa” y “formaciones de ultraderecha” europeas. Todo ello con el fin declarado de “construir un mapa” que conecte a los promotores del 1-O con los agentes de Putin. También amplió el número de investigados, incluido Puigdemont, a quien imputó por traición -otro delito difícil de amnistiar-, para posteriormente remitir las actuaciones contra él al Tribunal Supremo. A ver si esta vez había suerte.

En ambos casos se repite la misma lógica: investigaciones prospectivas que no dan ningún resultado concreto pero permanecen abiertas durante años y sirven, a la postre, para acabar imputando el delito que más convenga al “enemigo de España” que toque. Luego, cuando ya no pueden estirar más el chicle, mandan el bodrio de expediente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y a otra cosa. 

Puede que estas performances procesales no lleven a nada en términos jurídicos, dada su falta de fundamento, pero sin lugar a dudas condicionan el juego democrático, permitiendo además que la cúspide de nuestra jurisdicción, el Tribunal Supremo, se despache a gusto y contente a sus fieles. Muestra de ello es que su Sala Segunda asumiera la calificación realizada por García Castellón sobre los hechos investigados en Tsunami Democràtic como terrorismo; la extravagante interpretación del enriquecimiento personal realizada por Pablo Llarena en aras a inaplicar la Ley de Amnistía a Puigdemont y, más recientemente, la retórica netamente ideológica presente en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la propia sala contra la ley de amnistía. 

Con este tipo de pronunciamientos, eminentemente políticos, sus artífices sitúan al Poder Judicial en el centro del debate más polarizado que existe en la actualidad, acabando con cualquier expectativa de imparcialidad que pudiéramos albergar sobre ellos y obligando a la sociedad en su conjunto a posicionarse a favor o en contra de sus resoluciones. Como consecuencia, el 50 % de la ciudadanía consideran mala o muy mala la independencia de los tribunales según el Eurobarómetro publicado en julio de este año.

Este tipo de prácticas judiciales también confirman el sesgo inquisitivo presente nuestro sistema penal, empezando por la mera existencia del juez de instrucción. Una figura superada en el resto de países del mundo; entre otros motivos, debido al riesgo de politización que supone atribuir a un juez la posibilidad de impulsar investigaciones penales de oficio, sin más cortapisas que su propio criterio. Si, además, como es el caso, algunos de estos jueces bordean la legalidad para dar rienda suelta a sus manías persecutorias, nos situamos directamente en escenarios previos a la modernidad democrática, donde las funciones de acusador y enjuiciador se concentraban en un mismo sujeto, encargado de investigar a personas y no hechos concretos. Nada mas lejos, en resumidas cuentas, del modelo constitucional de juez, concebido según la tradición jurídica liberal como garante de derechos antes que como mero represor. 

Aunque la imagen de inquisidor no define al grueso de nuestra judicatura, ni siquiera a la mayor parte de los instructores, su relevancia mediática está cobrando ya una importante factura al tercer poder del Estado, que de uno de los cuerpos funcionariales mejor considerados, ha pasado a ser el servicio público peor valorado de todos según el CIS de diciembre de 2023. Pero, sobre todo, está dando alas al relato independentista más confrontativo, basado en la idea de una España opresora e iliberal que subyuga al disidente. Un marco mental perfecto para la ilusión autoritaria de la que el propio Puigdemont se nutre con el fin de proyectar una influencia política mucho mayor de la que le proporciona el menguante respaldo social a su fracasado proyecto independentista. Solo así se explica el hecho de que, en el momento de la historia donde la independencia cuenta con menor apoyo entre los catalanes, - 51% la rechaza frente al 41% que la apoya, según el estudio de 11 de mayo del Centre de Estudis d’Opinió de la Generalitat-, su vuelta a España y previsible detención sea utilizada por el mismo como una forma de sacudir el escenario nacional. Ahora justamente que los números le relegan a la irrelevancia para formar gobierno. 

Y es que, con su persecución inquisitorial a Puigdemont, el activismo judicial conservador está denostando una profesión, la suya, que además es poder del Estado; erosionando los cimientos de nuestro modelo de justicia penal, concebido en el marco de la Constitución como un sistema de garantías, no como un mero mecanismo de represión estatal y, quizás esto sea lo más paradójico de todo, sobredimensionando las expectativas políticas del independentismo más cínico y oportunista.

Las prórrogas a investigaciones en el juzgado de Manuel García Castellón han dado problemas al magistrado en un pasado reciente. El archivo este lunes de toda la causa de Tsunami Democràtic por alargar el caso fuera de plazo tiene otros precedentes que se sitúan en el caso Villarejo y en el de los homenajes a presos de ETA. En ambos casos, como en Tsunami, la Sala de lo Penal, instancia superior al juez, enmendó la plana al titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional pero sin abocar al archivo de las causas, como sí ha ocurrido en la acusación de terrorismo por las protestas contra la sentencia del procés. 

En marzo de este mismo año, la Sala anuló la orden con la que Manuel García Castellón pretendía prolongar de forma irregular durante seis meses la investigación en una de las ramificaciones del 'caso Villarejo': la que analiza si un empresario contrató al comisario jubilado para extorsionar a su expareja. En ese caso, la Sala recordó al juez que “en manera alguna” podía añadir seis meses más a una causa que llevaba cuatro años y medio en marcha solo por estar esperando a que Rumanía enviara datos del caso.

La séptima prórroga de esta pieza separada del caso Tándem, una de las menos conocidas y con menos proyección pública de las varias decenas que brotaron de la detención de José Manuel Villarejo en 2017, no pasó el filtro de la Sala de lo Penal no por un incumplimiento de los plazos, sino por un incumplimiento de las previsiones legales para poder firmarla.

La pieza número 14 del caso Tándem, bautizada como Proyecto Ámbar, lleva abierta desde septiembre de 2019 y en ella el juez García Castellón investiga si un empresario y dueño de un restaurante en Madrid pagó 300.000 euros a José Manuel Villarejo para extorsionar a su expareja. Una causa en la que también se investiga si Carlos Salamanca, antiguo comisario jefe del aeropuerto de Barajas, disfrutó de viajes de lujo pagados por el empresario con dinero procedente de Suiza.

El propio García Castellón explicó en un auto que la prórroga anterior, de julio de 2023, se pensó para poner en marcha esta diligencia, pero lamentaba también que Rumanía no haya contestado todavía y que necesite seis meses más para recibir la respuesta. Y justificó esa prórroga en varias cuestiones: tener que esperar a la información de ese país pero también que, una vez analizada la información, podría necesitar poner más diligencias en marcha. La pieza 14 del caso Tándem, dijo el juez, es “dinámica, activa y compleja” y su prolongación por séptima vez está “más que justificada”.

Los jueces que supervisaban la causa recordaron a García Castellón que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la prolongación de las causas judiciales, tiene un artículo específico para este tipo de casos: si la diligencia se pidió en plazo, su resultado sigue siendo válido.

El instructor, sin embargo, no acordó ninguna diligencia nueva ni indicó que tuviera otras pendientes de poner en marcha. “La contestación de las autoridades de Rumania podrá ser valorada como realizada dentro del plazo de instrucción prorrogado”, argumentó la Sala. Pero intentar alargar la causa para poner en marcha hipotéticas diligencias, critican, se haría “contraviniéndose así la finalidad de acortar temporalmente las investigaciones de las causas penales”.

“Una investigación inquisitorial”

Una semana después, los jueces de la Sala de lo Penal resolvieron que García Castellón se basó en una petición “absolutamente extemporánea” de la asociación Dignidad y Justicia, apoyada por el PP como acusación popular, para investigar un canal de Telegram gestionado por Sortu, dentro del caso de los homenajes a presos de ETA. 

Se trata de una causa abierta en 2018 tras una denuncia de la asociación Dignidad y Justicia: unas diligencias que investigan desde hace más de un lustro el posible enaltecimiento del terrorismo en la organización de los 'ongi etorris', homenajes a los presos de la banda terrorista ETA cuando salen de la cárcel. Tal y como explicó elDiario.es el pasado mes de enero, al magistrado pasó de dar por concluida la investigación a firmar su prórroga precisamente a petición de la asociación denunciante, presidida por Daniel Portero, hijo de una víctima mortal de la banda terrorista y diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

La petición de Portero, a la que se adhirió la acusación popular del propio PP, implicaba nuevas diligencias para investigar el contenido de un chat de Telegram gestionado por Sortu, el partido central de la coalición EH Bildu. Lo justificó en unos informes de la Guardia Civil que le habían llevado a “revisar las actuaciones” y prorrogar la causa, reconociendo que el cierre de la investigación en octubre de 2023 fue “prematuro”. En ese mismo auto, se dirigió a Telegram para solicitar información sobre ese canal.

La Fiscalía recurrió esta decisión y acusó al magistrado de estar poniendo en marcha una investigación “inquisitorial” sobre estos homenajes a presos etarras. La Sala de lo Penal no llegó tan lejos pero dejó negro sobre blanco que García Castellón tenía la obligación de exponer “razonadamente” por qué necesita prorrogar un caso, y las “concretas diligencias” que necesita. En este caso, la petición de diligencias de la asociación de Portero fue “absolutamente extemporánea” y aún así fue esgrimida por el juez para volver a impulsar la causa.

Esa petición, reprochó la Sala de lo Penal, se basaba en un informe de la Guardia Civil de febrero de 2023. Un informe que había tardado en llegar y que ya había supuesto varias prórrogas del caso. Las acusaciones populares, entre ellas el PP, llevaban meses sin pedir ninguna diligencia sobre ese informe hasta finales del año pasado. Ocho meses después. Acceder a esa diligencia y prorrogar la causa, dice la Sala de lo Penal, es “contrario” a la finalidad de los plazos de instrucción.

García Castellón, continuaba la Sala, no vio entonces la “necesidad, utilidad y pertinencia” de hacer esas diligencias o prorrogar el caso hasta que, en enero de este año, entiende que cerró la causa de forma prematura. Su auto adolecía de “falta de fundamentación jurídica” y la causa debía permanecer cerrada y si quería llevarla a juicio tendría que hacerlo con las pruebas que ya tenía, y sin nada relativo a la petición extemporánea de información que hizo a Telegram sobre el canal de Sortu.

El pasado abril, y limitado por el auto de la Sala de lo Penal, García Castellón propuso juzgar únicamente a seis personas como autoras de un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento de los que han participado en actos terroristas por la organización de 120 actos de homenaje a presos de ETA entre 2016 y 2020.

El archivo de la causa de Tsunami Democràtic por un error del juez Manuel García Castellón ha abierto la puerta al retorno a Catalunya de los cinco investigados que permanecían en Suiza por culpa de su imputación en el caso. La vuelta más relevante es la de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que este viernes ha regresado a España tras más de seis años en la ciudad helvética de Ginebra. Libre de todos los cargos, Rovira ha cruzado la frontera de La Jonquera por carretera a las 8:25h. y ha llamado a la unidad del independentismo en plenas negociaciones para la investidura del líder del PSC, Salvador Illa.

A Rovira le ha acompañado en su regreso el parlamentario de ERC Ruben Wagensberg, que también se fue a Suiza en enero de 2024 ante el peligro que podía suponer su citación por el delito de terrorismo que se investigaba en Tsunami y que ha quedado en nada. En el mismo convoy de coches han vuelto a España los otros tres investigados que siguieron a Wagensberg hacia Ginebra a principios de año: el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó.

Sin duda el retorno de mayor calado político es el de Rovira. No solo por ser la que más tiempo había pasado fuera de Catalunya, sino por su cargo de secretaria general de ERC. La vuelta se consuma en un momento complejo para su partido. Rovira pilotaba la negociación con el PSC para la investidura de Illa desde Ginebra, tal y como antes había hecho con la amnistía o los pactos en el Congreso con el PSOE. Estar fuera de España no le ha impedido seguir siendo una protagonista de la política catalana.

Ahora Rovira podrá continuar las conversaciones con los socialistas desde Barcelona, pero también tendrá que lidiar con la guerra interna en ERC tras los sucesivos batacazos electorales. Después formar durante más de una década un tándem imbatible con Oriol Junqueras, la debacle del 12-M ha abierto una brecha entre el presidente y la secretaria general de ERC. Rovira abogó por abandonar los puestos de mando del partido tras el congreso de noviembre, pero Junqueras opta a la reelección.

El escándalo de la campaña de falsa bandera contra los Maragall no ha hecho sino acrecentar el conflicto entre ambos. Este viernes por la tarde Rovira ha asistido a la Ejecutiva y al Consell Nacional de ERC que ha abordado la crisis de los carteles. Tras ser recibida entre abrazos y aplausos, ha reiterado el mismo mensaje de unidad que ha lanzado al cruzar la frontera, tanto dirigido al independentismo en su conjunto como al propio partido. “No tenemos una crisis, como dice alguna gente desde fuera, tenemos un debate político que afrontaremos con madurez”, ha proclamado. Aun así, ha pedido a los miembros del Consell Nacional que prioricen sacar al partido del bache electoral en que se encuentra. “Conjurémonos para poner fin a las actitudes de autocrítica destructiva”, ha pedido. 

La imagen de la jornada se ha producido pasadas las 9h. en Cantallops (Girona), donde Rovira y Oriol Junqueras se han abrazado y han querido mostrar una imagen de unidad en plena confrontación interna. Durante un acto unitario con el resto de exculpados por Tsunami en Cantallops (Girona), Rovira, que pilota las negociaciones con el PSC par ala investidura de Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a la unidad en plena crisis interna de su partido así como de desunión independentista entre ERC, Junts y la CUP.

Rovira ha instado a celebrar su regreso “porque hace demasiados días que el independentismo no celebra nada”, y ha llamado a “unir” a todo el movimiento independentista: “Hemos venido para terminar el trabajo que dejamos a medias”. 

En Suiza desde 2018

Rovira buscó refugio en Suiza en marzo de 2018 después de que el juez Llarena la citara para comunicarle su procesamiento por rebelión. Su marcha resultó adecuada para su objetivo de evitar la prisión preventiva, decretada por el juez para los otros cuatro dirigentes independentistas citados el mismo día que Rovira y que no se fugaron: Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa.

A lo largo de sus más de seis años en Suiza, Rovira no ha abandonado en ningún momento sus responsabilidades orgánicas en ERC y se ha dedicado a impulsar la denuncia contra el Estado ante instancias internacionales.

El horizonte penal de Rovira se empezó a despejar hace más de un año, cuando ERC logró que el PSOE aceptara la derogación del delito de sedición. El cambio en el Código Penal abrió las puertas del regreso de Rovira, ya que la sedición era el único delito con penas de cárcel al que se exponía al no estar acusada de malversación. Si hubiera vuelto solo habría sido detenida, como máximo, unas horas, para ser puesta rápidamente en libertad, tal y como le ocurrió a la exconsellera Clara Ponsatí.

Sin embargo, había un motivo para no volver todavía en 2023 llamado Tsunami Democràtic. Por entonces el juez no había formalmente imputado a Rovira, pero su nombre ya aparecía en un sumario secreto durante más de tres años y que solo se reactivó a raíz de las negociaciones por la amnistía que siguieron a las elecciones de julio de 2023.

La prudencia fue buena consejera para Rovira, que confirmó sus peores temores en noviembre del año pasado, cuando el juez la imputó por terrorismo junto a otras once personas por Tsunami Democràtic.

A diferencia de Carles Puigdemont y los investigados por el procés, los imputados por Tsunami no tenían en vigor una orden de prisión en España, por lo que podían volver en cualquier momento. Pero ante el riesgo de que el juez les citara como imputados por terrorismo y alguna de las acusaciones de extrema derecha solicitara su prisión provisional –algo que no ocurrió cuando una de la investigadas del caso que se quedó en España acudió a declarar–, los investigados que se fueron a Suiza en enero optaron por permanecer allí hasta tener la plena seguridad de un retorno sin riesgo, tal y como ha ocurrido tras el archivo del caso.

Suiza se demostró el país ideal donde buscar refugio y acumular argumentos para denunciar el uso extrajurídico del caso por parte del juez. Por tres veces las autoridades helvéticas se negaron a colaborar con García Castellón (una de ellas, cuando el magistrado les pidió localizar el domicilio de Rovira). Consideró Suiza que las protestas que el juez veía terroristas eran simplemente de “carácter político”.

Con el retorno de Rovira, ya solo quedan en el extranjero tres dirigentes del procés, si bien su regreso sin riesgo de detención va para largo después de que el Supremo denegara la amnistía al expresident Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Sin su regreso, el objetivo de normalización política en Catalunya no se conseguirá por completo.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, el diputado republicano Ruben Wagensberg y los otros tres investigados por la causa de Tsunami Democràtic que permanecían en Suiza han iniciado este jueves su vuelta a España, con la idea de estar en Catalunya este viernes por la mañana. Su causa fue archivada el pasado martes.

Rovira (en Ginebra desde 2018), Wagensberg, el periodista de La Directa Jesús Rodríguez, el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra y el empresario Josep Campmajó, que se marcharon a Suiza a inicios de año ante el riesgo de ser citados por terrorismo en la causa de Tsunami, viajarán por carretera a Catalunya. Su previsión es poder celebrar un acto unitario de regreso en el pueblo del parlamentario de ERC, Cantallops (Girona), el viernes por la mañana.

Por su lado, Rovira tiene previsto asistir a la reunión de la Ejecutiva de ERC que abordará el ataque de falsa bandera a los Maragall, así como al Consejo Nacional de la formación del viernes por la tarde.

El resto de la jornada del viernes también se prevén actos de recibimiento de las organizaciones y grupos de apoyo de los investigados a los que un error del juez García Castellón con los plazos de instrucción ha permitido que se les archivara la causa por terrorismo en Tsunami.

ERC y Òmnium Cultural han convocado a las 9 de la mañana en Cantallops. La entidad cultural después celebrará su propio acto de bienvenida a Serra al mediodía en su sede de Barcelona, mientras que los grupos de apoyo de Rodríguez y Campmajó lo harán por la tarde en el barrio de Sants de Barcelona y en Girona, respectivamente.

Tras años varada, el juez García Castellón reactivó el pasado mes de noviembre, coincidiendo con la ley de amnistía, la causa de Tsunami Democràtic, e imputó a Rovira, Wagensberg y el resto de investigados. A diferencia de Carles Puigdemont y los investigados por el procés, los imputados por Tsunami no tenían en vigor una orden de prisión en España, por lo que podían volver en cualquier momento.

Sin embargo, ante el riesgo de que el juez les citara como imputados por terrorismo y alguna de las acusaciones de extrema derecha solicitara su prisión provisional –algo que no ocurrió cuando una de la investigadas del caso que se quedó en España acudió a declarar–, Wagensberg, Rodríguez, Serra y Campmajó optaron por trasladarse a Ginebra junto a Rovira, que permanecía en Suiza desde hace más de seis años.

Rovira buscó refugio en Suiza en marzo de 2018 después de que el juez Llarena la citara para comunicarle su procesamiento por rebelión. Su marcha resultó adecuada para su objetivo de evitar la prisión preventiva, decretada por el juez para los otros cuatro dirigentes independentistas citados el mismo día que Rovira y que no se fugaron: Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa.

El campo de minas en que se había convertido la aplicación de la amnistía por parte de algunos jueces sigue sin despejarse por completo, pero desde este martes está un poco más limpio. El archivo de la causa de Tsunami Democràtic para Carles Puigdemont y el resto de investigados elimina uno de los quebraderos de cabeza de los independentistas, aunque el vendaval judicial está lejos de terminar y va camino de dar el salto a Europa, lo que aplazaría al menos un año y medio su resolución definitiva.

Las últimas 48 horas han sido frenéticas en los tribunales: hasta cinco instancias distintas han emitido resoluciones sobre casos muy sensibles para los independentistas y que corrían peligro de quedar fuera de la ley de amnistía. El resultado global ha sido agridulce: mientras los dirigentes independentistas imputados por Tsunami Democràtic podrán volver a España de inmediato, los 12 activistas de los CDR acusados de terrorismo han visto como su causa se dirige hacia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y se llena de incertidumbre.

Por partes. Capítulo Puigdemont: el retorno del expresident tras siete años en Bélgica es el objetivo principal de la ley de amnistía y la normalización política total que pretende para Catalunya tras las convulsiones del procés. La vuelta a España del expresident sin riesgo de detención sigue siendo igual de imposible que ayer. El archivo de Tsunami, aunque alivia de forma indudable su horizonte penal, no altera los próximos pasos del expresident.

Puigdemont no tenía medida cautelar alguna por Tsunami. El juez Manuel García Castellón lo incluyó en la causa en el último minuto, coincidiendo con la negociación de la investidura de Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre, sin haberlo investigado los últimos cuatro años. El Supremo llegó a aceptar investigar al expresident y perfiló los contornos de un nuevo y sorpresivo terrorismo independentista de baja intensidad equiparable a la kale borroka. Tras varios reveses de Suiza, un error del juez en los plazos de instrucción ha terminado condenando al archivo la causa.

El mayor obstáculo para el retorno sin riesgo del líder de Junts sigue siendo la causa original del procés abierta en 2017. Siete años después, el juez Pablo Llarena rechazó amnistiar la malversación de Puigdemont y mantuvo su orden de detención si pisa España. El enroque del Supremo con la malversación obliga al expresident y a los exconsellers condenados a abrir una batalla legal larga, que terminará en el Constitucional y que desborda los plazos políticos que manejaba el partido para un retorno de cara a un debate de investidura que el Parlament debe celebrar a más tardar el 26 de agosto.

A diferencia del resto de investigados por Tsunami, que ya tienen vía libre para volver a España (el retorno de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se espera el sábado), Puigdemont sí sería detenido en caso de regresar a Catalunya. El Supremo se negó a revocar la medida cautelar de prisión contra Puigdemont, pese a que así lo ordenaba la ley, al rechazar amnistiar la malversación del 1-O.

El mismo día que Rovira ha expuesto sus planes de regreso, Junts ha contraatacado con una llamada a “la reacción del país” para organizar movilizaciones populares ante un eventual arresto de Puigdemont. Una detención en los próximos días de Puigdemont impactaría en las negociaciones entre el PSC y ERC, cuyo fracaso es el principal objetivo de Junts. La formación neoconvergente pretende una repetición electoral con una lista única independentista que someta a ERC al liderazgo del expresident.

La trama rusa, en el Supremo

Archivado el caso Tsunami pero igual de abierto el del procés, la otra causa que supone un peligro para Puigdemont es la de la trama rusa. El juez Joaquín Aguirre ha confirmado este martes su papel de ariete contra la amnistía y ha rechazado aplicar la amnistía al expresident y a los otros 12 investigados. En un movimiento inesperado (el propio juez dijo hace dos semanas que todavía tenía que investigar más), el instructor ha enviado a todos los imputados, no solo a Puigdemont, ante el Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal tendrá ahora que decidir si abre la segunda causa especial en lo que va de año contra el expresident. El juez Aguirre ha tomado la directa sin esperar al aluvión de recursos en contra de su decisión de seguir investigando la trama rusa desoyendo la orden de la Audiencia de Barcelona que lo impedía. Algunas defensas del caso interpretan este movimiento del juez como un último intento para que el Supremo se quede la trama rusa ante una próxima resolución de sus superiores en Barcelona para cerrar definitivamente el caso.

Los dos documentos de este martes del juez Aguirre están llenos de repeticiones literales de su auto del pasado 21 de junio. Incluso hay fragmentos que se repiten tres veces, como el párrafo en el que el magistrado recuerda su estupefacción al ver por televisión los disturbios del procés en 2019. Las defensas confían en que la trama rusa termine igual que Tsunami –archivada por un error procesal del juez–, pero faltan unas semanas para saberlo.

La amnistía a los CDR, camino del TJUE

El recuento de casos amnistiados más de un mes después de la entrada en vigor de la norma sigue estancado. De los 486 'amnistiables', según los cálculos de la Fiscalía, solo han sido amnistiados 74 personas –46 de ellas policías nacionales de las cargas del 1-O, más cuatro mossos acusados de agredir a manifestantes–.

Al quedar archivado el Tsunami, los jueces no tendrán que pronunciarse sobre si el caso debe ser amnistiado. Pero el olvido penal del delito de terrorismo, uno de los mayores problemas durante la negociación parlamentaria de la norma, ha vuelto de demostrarse como una de las potenciales dificultades de su aplicación. La Audiencia Nacional ha puesto serias dudas a la posibilidad de amnistiar a los 12 activistas de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) acusados de terrorismo, ya que para los magistrados contraviene la Directiva europea de lucha contra este delito.

La resolución de este martes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –la misma que 24 horas antes había asestado un revés a García Castellón en el caso Tsunami– ha generado preocupación entre las defensas del caso porque muestra una oposición contundente a aplicar la ley. Pero lo hace en términos estrictamente jurídicos, sin las críticas políticas sobre la tramitación de la norma que, por ejemplo, incluyó el Tribunal Supremo en su auto que denegó la amnistía los exconsellers.

Más allá de la formalidad de dar tres días a las partes para recabar su opinión sobre enviar el caso al TJUE, los magistrados aportan argumentos jurídicos que señalan varias contradicciones entre la ley de amnistía y la Directiva europea de lucha contra el terrorismo. En especial, el hecho de que la norma solo excluya las acciones terroristas más graves (un extremo pensado precisamente para incluir en la amnistía el caso de los CDR, que no llegaron a llevar a la práctica ninguna acción). Una distinción, alertan los magistrados, que no hace la norma comunitaria, que obliga a perseguir todo tipo de acciones terroristas con independencia de su gravedad.

“Limitar la exclusión de la amnistía a las violaciones más graves de derechos humanos en materia de terrorismo es contrario a lo que un Estado de Derecho debe perseguir siempre”, señala la Sala, que alerta de que la norma supone “una derogación tácita de una parte esencial” de la Directiva antiterrorista europea.

Elevar una consulta al TJUE implicaría que la Audiencia Nacional no podría decidir sobre la amnistía del caso CDR hasta que los magistrados de Luxemburgo (que tardan de media 16 meses en resolver) se pronunciaran. Antes podría pronunciarse el Constitucional sobre las dudas sobre la amnistía del delito de desobediencia que le ha trasladado el Supremo o para revocar, a instancias de Puigdemont, la negativa del Alto Tribunal a amnistiar la malversación.

No son las únicas consultas que podrían llegar al Constitucional y al TJUE. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha abierto la puerta a llevar ante ambas instancias sus dudas sobre la norma. Los jueces catalanes sí ven aplicable a su caso concreto –los colaboradores de Junqueras– la amnistía, incluso para el delito de malversación, pero tienen “reservas” sobre si la norma vulnera varios principios constitucionales, como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley o la exclusividad en el ejercicio de la función judicial. En suma, una impugnación general de la norma más allá del caso concreto, a diferencia de la Audiencia Nacional, que circunscribe sus dudas únicamente al delito de terrorismo de los CDR. La larga batalla contra la amnistía continúa y ya va camino de Europa.

La magistrada del Tribunal Supremo ha decidido archivar la causa abierta por terrorismo contra Carles Puigdemont en 'Tsunami Democràtic' después de que la Audiencia Nacional haya decretado que una de las prórrogas del juez Manuel García Castellón fue ilegal. La magistrada Susana Polo entiende que antes de esa prórroga irregular no había “ninguna investigación” en torno a Puigdemont, ninguno de los investigados había sido llamado a declarar, lo que “impide que las actuaciones puedan continuar por los trámites del procedimiento abreviado”. El archivo del caso se extiende a Rubén Wagensberg, otro de los investigados en esta causa que gira en torno a las protestas masivas en Cataluña contra la sentencia del procés del Tribunal Supremo.

La Audiencia Nacional decretó ayer que el juez Manuel García Castellón había alargado de forma ilegal en 2021 la causa en la que investigaba la organización de estas protestas y los disturbios. Las consecuencias llegaron pocas horas después, con el propio instructor archivando el caso. La decisión de la sala invalidaba, en la práctica, todas las pruebas puestas en marcha desde ese momento. A Carles Puigdemont, por ejemplo, no se le atribuyó la condición de investigado hasta finales de 2023, en plenas negociaciones por la ley de amnistía.

La última palabra del caso del expresident la tenía la magistrada Susana Polo, del Tribunal Supremo que se hizo cargo de su caso por su aforamiento de eurodiputado. La respuesta ha llegado esta misma mañana: la nulidad de la prórroga ilegal de 2021 se extiende hasta su imputación actual por terrorismo. Antes de esa prórroga, dice Polo, “no se llevó a efecto ninguna investigación de la causa” sobre la posible implicación de Puigdemont. Eso “impide”, añade la jueza, que estas actuaciones puedan desembocar en un juicio.

El Tribunal Supremo ha examinado en las últimas semanas la aplicación de la ley de amnistía a las distintas causas relacionadas con el procés tramitadas en su Sala de lo Penal. El juez Pablo Llarena, instructor de la causa principal, anunció en un auto que no la norma no perdona el delito de malversación de caudales públicos atribuido al expresident, decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía. La sala que juzgó el procés, por su parte, entiende lo mismo con respecto a los líderes políticos catalanes que fueron condenados en 2019.

Solo quedaba por conocer la decisión de la magistrada Susana Polo, instructora de la ramificación de Tsunami Democràtic enviada al Tribunal Supremo por el juez García Castellón con Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg como implicados. La magistrada recuerda que todo lo que hizo el juez después de vencer el plazo en 2021 no es válido: “Deben ser apartados del proceso y no servirán para conformar la decisión sobre la prosecución de las actuaciones”.

Carles Puigdemont, por tanto, ya no está acusado de terrorismo y las dos diligencias penales que permanecen abiertas contra él son la causa principal del procés y la investigación sobre la trama rusa. En cuanto a la primera, el juez Llarena ha entendido que la malversación no es amnistiable y le ha mantenido además en búsqueda y captura dentro de España. En cuanto a la segunda causa, el magistrado Aguirre también ha rechazado aplicar la ley de perdón y ha enviado el caso al Tribunal Supremo.

Un error formal del juez Manuel García Castellón ha llevado al archivo una de las causas que podía complicar la amnistía al procés. El magistrado ha acordado el sobreseimiento del caso Tsunami Democràtic horas después de que la Audiencia Nacional haya invalidado toda su instrucción desde julio de 2021 porque el juez prorrogó la investigación del caso fuera del plazo permitido.

La primera consecuencia práctica del archivo del caso es que los cinco investigados que permanecían en Suiza, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ya pueden volver a España sin riesgo de ser arrestados. El archivo del caso en la Audiencia Nacional también tendría que acordarse en el Tribunal Supremo, que mantiene investigado a los parlamentarios catalanes Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, ya que la anulación de la instrucción afecta de lleno al expresident y al diputado de ERC.

Todo ha cambiado a media tarde de este lunes en una causa que el juez había convertido en un ariete contra la amnistía. El instructor había incluso replicado en autos judiciales las decisiones del Congreso durante la tramitación de la norma, que ahora ya no tendrá que decidir si aplica porque ya ha archivado la causa.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la abogada Marina Roig, que defiende a la dirigente de ERC Marta Rovira, y ha concluido que el juez García Castellón prorrogó un día más tarde del plazo legal la causa en julio de 2021. El error del juez anula toda la instrucción desde entonces, incluida la reactivación de una causa coincidiendo con la negociación de la amnistía y la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023.

En su auto, García Castellón (que este lunes se encontraba de vacaciones, según fuentes jurídicas) asume en pocas horas la corrección de la Sala de lo Penal. El magistrado explica que no puede procesar a los investigados porque no les ha tomado declaración, un trámite que ya no puede hacer porque se ha invalidado toda la causa desde julio de 2021, lo que incluye la mayoría de imputaciones de noviembre de 2023.

El magistrado acuerda también remitir testimonio de su resolución “a la vista del interés” del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo “para su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento de causa especial”, en velada referencia al archivo del caso Tsunami para Puigdemont y Wagensberg.

Eso sí, el magistrado insiste en que, pese a acordar el archivo del caso, las diligencias (en esencia, informes policiales) que ahora han sido anuladas “apuntaban de manera inequívoca a la comisión de hechos susceptibles de ser calificados como un delito de Terrorismo”, aunque ya no pueda investigarlo y deba archivarlo.

Rovira, más cerca del retorno

La causa de Tsunami Democràtic se había convertido en una de las vías que el juez García Castellón y el Tribunal Supremo habían encontrado para intentar torpedear la amnistía a los independentistas. Tras la resolución de este lunes de la Audiencia Nacional, esos intentos, incluida la posible presentación de una cuestión prejudicial ante la Justicia europea por amnistiar un delito de terrorismo, quedarán en nada al archivarse el caso.

El auto de este lunes abre la puerta al retorno de Wagensberg, Rovira (al que el Supremo sí amnistió su causa del procés) y al resto de investigados por Tsunami que permanecían en Suiza. Se trata del dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el el empresario Josep Campmajó. Distinta situación es la de Puigdemont, a quien el juez Llarena se negó a amnistiar por el 1-O y permanece en riesgo de ser detenido si pisa España.

La elección de Suiza no fue casual. El país helvético se había negado por tres veces a colaborar con el juez García Castellón al constatar que la causa de Tsunami tenía un “carácter político”. La legislación suiza, además, impide extraditar a alguien por motivos políticos. Gracias al error del juez de García Castellón, no habrá más peticiones de extradición por Tsunami.

Nuevo varapalo de la Audiencia Nacional al juez Manuel García Castellón. Y de relevancia. La Sala de lo Penal del tribunal especial, encargada de revisar las decisiones del magistrado, ha anulado por ilegal una prórroga del caso Tsunami Democràtic que acordó el instructor en julio de 2021, lo que deja en el aire la imputación de Carles Puigdemont.

[Actualización: García Castellón archiva el caso Tsunami después del varapalo de la Audiencia Nacional anulando su prórroga]

En un auto, la Sala de lo Penal ha estimado el recurso de la dirigente de ERC Marta Molina, representada por la abogada Marina Roig, y ha anulado toda la instrucción del caso desde julio de 2021. Ello implica que no es válida la decisión del juez García Castellón de imputar a Puigdemont, formalizada en noviembre de 2023, coincidiendo con las negociaciones de la amnistía.

La decisión de la Sala de lo Penal es relevante porque es de las primeras correcciones que realiza al instructor. Hasta ahora los magistrados habían avalado las maniobras más polémicas de García Castellón contra la amnistía, como la imputación por terrorismo o la decisión de enviar al Supremo a Carles Puigdemont y al parlamentario de ERC Ruben Wagensberg.

Está por ver ahora qué efectos tiene el varapalo al magistrado. De entrada, la Sala de lo Penal ha rechazado archivar todo el caso, tal y como solicitado la defensa del jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay. Sin embargo, la causa Tsunami sí queda muy debilitada con esta decisión, en especial por los pocos indicios de los que disponía García Castellón en julio de 2021, fecha a partir de la que todo ha quedado anulado.

Según las fuentes jurídicas consultadas, al anular todo lo instruido desde julio de 2021 ya no es válido el auto de noviembre de 2023 por el que el magistrado concretó las imputaciones del caso. Ello obligaría, según las mismas fuentes, a archivar la causa para Puigdemont, Wagensberg o la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y parte de la docena de investigados del caso que fueron formalmente imputados en noviembre de 2023.

Cabe remarcar que el propio García Castellón ha dejado por escrito que la fecha en la que se comenzó a investigar a Puigdemont fue “la del 6 de noviembre de 2023”, esto es, más de dos años fuera del plazo de instrucción que ahora ha definido la Audiencia Nacional.

El caso Tsunami solo podría continuar para los investigados que ya estaban imputados antes de julio de 2021 por el juez Joaquín Aguirre en Barcelona. Se trata de la propia Molina, el exsecretario general de ERC Xavier Vendrell, el empresario Oriol Soler o, según la Sala, Alay. Sus defensas combatirán igualmente cualquier nuevo paso en la investigación.

El juez García Castellón debe decidir ahora si envía a juicio a estos investigados o archiva el caso. Su resolución, sin embargo, solo se puede tomar con los indicios obtenidos en la causa del juez Aguirre de Barcelona, que no llegó a investigar en ningún momento a los independentistas por terrorismo, sino que lo hizo tan solo por desórdenes públicos. En paralelo, el juez García Castellón tendrá que determinar si aplica la amnistía al caso Tsunami.

La polémica por los plazos de instrucción, que el PP rebajó a seis meses (ocasionando el archivo de varias causas de corrupción) y después el Gobierno liderado por el PSOE amplió a un año, apareció en el caso Tsunami porque, según varias defensas, el juez acordó un día más tarde de lo que le obligaba la ley la prórroga para investigar el caso.

Las defensas argumentaban que, tras la entrada en vigor de la reforma el 28 de julio de 2020, el juez García Castellón disponía de un año para investigar el caso Tsunami y, si no había terminado la fase de instrucción, debía prorrogarla antes del 29 de julio de 2021. Sin embargo, el auto que prorrogó la fase de instrucción se acordó el 30 de julio, un día más tarde de lo que le obligaba la ley.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a la abogada Marina Roig cuando señaló que la prórroga que dispuso el auto de 30 de julio de 2021 del juez instructor es “extemporánea”.

El juez consideraba que el plazo de instrucción no llegó a expirar por el auto de 30 de julio de 2021 en el que acordó la prórroga y que le “dio continuidad sin que se produjese interrupción alguna”. Sin embargo, para la Sala de lo Penal este razonamiento del instructor resulta contradictorio, ya que aunque ambos hechos, “la expiración y su prórroga sean cercanos –están separados por menos de 24 horas- es palmario que lo primero se había producido cuando se acordó lo segundo”.

La Sala concluye que la proximidad temporal de expiración de plazo y prórroga no indica continuidad en la instrucción, sino precisamente lo contrario, lo que conduce a invalidar todo lo instruido desde julio de 2021.

Más de 70 expertos y expertas en diferentes áreas del derecho, además de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han firmado un manifiesto en el que piden que se redefina el delito de terrorismo para evitar que se aplique a movilizaciones sociales “a pesar de realizarse en el ejercicio de un derecho fundamental”, como es la libertad de expresión y de protesta.

Catedráticos y abogados, como Joan Coscubiela o Manuel de la Rocha Rubí, han pedido a los grupos parlamentarios “proceder a una reforma que vuelva a definir el delito de terrorismo” en el mismo marco que lo hace la Unión Europea, especialmente después del auto del Tribunal Supremo de febrero de este año, por el que abrió la causa contra el expresident Carles Puigdemont por terrorismo en Tsunami.

En su escrito, recuerdan lo que ha vivido España con el terrorismo real, especialmente con los atentados de ETA o GRAPO, para “alcanzar objetivos políticos mediante la siembra del terror en la población”. O, más recientemente, con el terrorismo yihadista. Estos nuevos grupos han hecho que la UE adapte sus criterios, aunque no han servido para “modificar lo que es esencial del terrorismo”, especifican.

El grupo de firmantes manifiestan su preocupación por ciertas interpretaciones judiciales de lo que es este delito, de una forma más “expansiva”, y algo que podría llevar a aplicar este delito a “tractoradas de los agricultores” o a “trabajadores en sus acciones de huelga”. Que, aunque sí pueden producirse altercados, estos desórdenes públicos más o menos graves, se deben distinguir “con total precisión” del terrorismo.

En febrero, el Tribunal Supremo decidió abrir la causa contra Puigdemont y Rubén Wagensberg en el marco del caso Tsunami Democràtic, como pidió el juez Manuel García Castellón. Entendía que el procés era un movimiento que puede ser considerado como delito de terrorismo. El expresident catalán, dicen, tenía un “liderazgo absoluto” y una “autoría intelectual” de todo lo que hizo la plataforma Tsunami Democràtic, como protestas o disturbios en las calles de la capital catalana.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Manuel García Castellón que aplique la amnistía a los altercados contra la sentencia del procés que se investigan en la causa de Tsunami Democrátic, incluido el delito de terrorismo que el magistrado atribuye a los participantes y organizadores de esas protestas. 

El fiscal Miguel Ángel Carballo sostiene que “pese a la calificación mantenida” por el juez, no se aprecia que los hechos hayan “ni hipotéticamente” causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos. Alude, en particular, a los regulados en el artículo dos y tres del Convenio para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que hacen alusión al derecho a la vida y a no sufrir torturas ni tratos degradantes y que suponen una de las exclusiones que contempla la ley de amnistía. 

El juez que instruye gran parte de esta causa en la Audiencia Nacional está convencido de que este procedimiento queda excluido de la ley. Su argumento es que se produjeron en esos hechos actos terroristas y que resultaron heridos de gravedad dos policías, aunque las protestas no las organizó la plataforma. 

En este caso se investiga si las manifestaciones masivas en Catalunya en 2019 en protesta contra la sentencia del procés tuvieron detrás no solo una organización sino un grupo con fines terroristas. La causa llevaba varios años abierta en la Audiencia Nacional pero tanto el juez García Castellón como la Guardia Civil pisaron el acelerador en paralelo a las negociaciones entre PSOE, Junts y ERC para una ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez.

El instituto armado entregó varias semanas antes de lo previsto el informe en el que apunta a Marta Rovira (ERC) como una de las cabecillas de Tsunami. Poco después, el instructor anunciaba que su investigación se dirigía contra Rovira pero también contra Carles Puigdemont. Consciente de que el gran obstáculo que debía afrontar la ley de amnistía para ser aplicada era el concepto jurídico del terrorismo, García Castellón aceleró en la construcción de su acusación por ese grave delito.

En un primer momento, el argumento principal fue la “posible vinculación” de la muerte de un ciudadano francés que, ante los cortes de carretera, accedió al aeropuerto andando el día de las protestas y falleció de un infarto. A este respecto, el fiscal Carballo dice que “no se ha acreditado nexo de causalidad” entre esa muerte y las protestas. Y añade: “Desde luego no podría atribuirse en ningún caso con carácter doloso, dada la absoluta imprevisibilidad del fallecimiento”. Respecto a las lesiones, insiste en que no hay “ningún dato” sobre su gravedad y resalta que quienes resultaron en gran medida lesionados fueron los propios manifestantes.

El juez también considera “especialmente llamativa, como indicio incriminador” una conversación un tanto críptica con un empresario en la que Puigdemont afirma: “La imagen exterior no es tan dramática como se ve en el interior. De momento, la opinión generalizada es que hay una reacción de indignación por unas sentencias escandalosas ( ...) pero que no se alejan de lo que son ahora las protestas en las grandes ciudades del planeta. El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que yo siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perderemos”. El fiscal considera, sin embargo, que esa conversación evidencia que los interlocutores “no controlaban las consecuencias de los incidentes y ello era fuente de su preocupación”.

A la vista de la lectura de estos preceptos y la relación de hechos consignados por el Instructor en el auto de inculpación dictado 6 de noviembre de 2023 resulta manifiesto, sin necesidad de esfuerzo o desarrollo intelectual alguno, que los hechos encuentran acomodo claro en el ámbito de aplicación de la citada ley, más conocida como ley de amnistía.

En otros pasajes de su escrito, Carballo también cuestiona que García Castellón atribuya a Tsunami “actos ni siquiera convocados por la plataforma” que, en todo caso, “se habría sumado a la convocatoria previa diversos sindicatos”. Y concluye que “sin necesidad de esfuerzo o desarrollo intelectual alguno” resulta evidente que los hechos encajan en el ámbito de aplicación de la ley.

Societat Civil Catalana pide ir al TJUE

También ha presentado su escrito Societat Civil Catalana, una de las acusaciones populares personadas en la causa. Ha propuesto al juez que, antes de pronunciarse sobre si procede o no aplicar la amnistía, eleve una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar si la norma es compatible con el derecho comunitario.

“Consideramos que la amnistía de delitos graves, incluyendo el de terrorismo (en el caso que nos ocupa), sin un proceso judicial adecuado, impide que las víctimas obtengan justicia penal y reparaciones adecuadas”, señala su escrito. La asociación anticipa que cree que la ley es “inaplicable” a este procedimiento porque “incluir entre los delitos amnistiables aquellos relacionados con el terrorismo”, contraviene “directamente” la directiva antiterrorista y, en consecuencia, ve procedente elevar la consulta al TJUE.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien más críticas ha recibido de la carrera judicial por emplearse a fondo en sus causas contra independentistas y políticos de izquierda y todo lo contrario con el Partido Popular, se ha referido este lunes a la polémica por el uso del término 'lawfare', que describe las maniobras judiciales para perjudicar a los adversarios políticos. “Se ha tocado a muchos, pero entonces no había 'lawfare' (...) por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo, por qué dicen 'lawfare' cuando están acusando de prevaricación; por qué emplear una palabra absolutamente hipócrita”., ha dicho el magistrado. “Se dice lo de 'ladran, luego cabalgamos', pues muerden a algunos”, ha agregado García Castellón durante una conferencia en Zaragoza, según informa Europa Press.

Durante la charla, organizada por la Fundación Ibercaja, García Castellón se ha referido a la negativa de Suiza a entregar a la dirigente de ERC Marta Rovira por un delito de terrorismo. La Oficina Jurídica del país helvético asegura que su legislación delimita los casos de terrorismo y que las protestas por la sentencia del procés no tienen suficiente magnitud para calificarlos de tal forma. “Que cada uno diga lo que quiera; en la legislación suiza opinan eso, en la española otra cosa y cada uno sigue su camino”, ha dicho hoy García Castellón.

En el marco del encuentro, García Castellón también se ha referido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene pendiente su renovación desde diciembre de 2018. Sobre este órgano, el magistrado ha asegurado que cuenta con “buenos juristas, pero la norma política manda”.

Con todo, el juez ha defendido que el primer periodo de funcionamiento del CGPJ fue de 1980 a 1984 y que ha calificado de “modélico”. Ese sistema original de elección no contemplaba la elección de una parte de los vocales del Poder Judicial por las cámaras legislativas y se limitaba a dejar el órgano de gobierno de los jueces en manos de los miembros de la carrera, de abrumadora mayoría conservadora.

“Era el primero [CGPJ] no había experiencia y, es una cosa asombrosa, llegó el año 1985, se cambió la legislación y se pasó a lo que hay ahora”, ha dicho el juez de la Audiencia Nacional para luego añadir que “desde el punto de vista profesional y personal” le parece “increíble”. Sobre la posibilidad de que PSOE y PP lleguen a un acuerdo para la renovación del Consejo, García Castellón ha manifestado a los medios de comunicación que “ojalá”, añadiendo: “No sé más, no tengo ni idea”.

Respecto a la separación de poderes, García Castellón ha defendido el modelo anglosajón: “Echo de menos un sistema como el anglosajón, que es sota, caballo y rey, cada uno tiene sus funciones y entrometerse de forma más o menos descarada supone todo tipo de penas del infierno”. “Está claro, nosotros --en España-- no estamos en el sistema anglosajón y mecanismos no los hay, el que hay es tan limitado que no produce satisfacción”, ha apuntado.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número de la Audiencia Nacional se jubila el próximo mes de octubre, al cumplir los 72 años y tras agotar la prórroga que él mismo pidió hace dos años. En círculos próximos ha comentado la posibilidad de adelantar su marcha a las próximas semanas.

Suiza insiste en que las manifestaciones masivas de 2019 contra la sentencia del procés no pueden ser consideradas terrorismo y se niega a acceder a las pretensiones del juez Manuel García-Castellón. Las autoridades helvéticas han comunicado otra vez al magistrado de la Audiencia Nacional que no van a localizar a Marta Rovira, líder de ERC imputada, ni rastrear sus movimientos bancarios por una acusación que no ven clara, según ha adelantado El País. ETA o Al-Qaeda son organizaciones terroristas a ojos de la jurisprudencia suiza, explican en el escrito, pero “no las organizaciones que, utilizando medios que no son actos de violencia criminal, luchan por el poder político en el país”.

En la respuesta a García Castellón, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio de Justicia de Suiza asegura que las manifestaciones en las que el juez de la Audiencia Nacional aprecia terrorismo “tuvieron, por la vía de la consecuencia, un carácter político preponderante según la concepción suiza”.

La “excepción” para identificar terrorismo que incluye la legislación suiza para el “delito político” hace necesario que “se ponga en peligro o se amenace la vida y la integridad física de las personas (caso de desvío de un avión, la utilización de medios de exterminación masivos, desencadenar una catástrofe o la toma de rehenes) no se dan en este caso”, añaden las autoridades helvéticas. “Los actos descritos en la comisión rogatoria española no alcanzan el nivel de gravedad necesaria para aplicar esta excepción”, remata Suiza.

La causa de Tsunami Democràtic investiga la organización de manifestaciones masivas en Catalunya a lo largo de 2019 para protestar contra la sentencia del procés independentista. Una parte de las diligencias por terrorismo están en manos del Tribunal Supremo, donde la jueza que mantiene imputado a Carles Puigdemont ha preguntado a la Fiscalía si debe archivar el caso por la entrada en vigor de la amnistía. Otra parte de la causa contra no aforados, también pendiente de los efectos de la nueva norma, sigue en la Audiencia Nacional con Marta Rovira, en Suiza desde hace seis años, en la nómina de imputados.

“Consecuentemente, no tenemos otra posibilidad que negar de nuevo la petición judicial de la autoridad demandante por motivos de delito político en el sentido que lo entendemos en el derecho suizo, así como la ausencia de doble incriminación por lo que respecta a la infracción aludida como organizaciones criminales y terroristas”, escribe Laurence Fontana Jungo, vicedirectora de la Oficina Judicial Suiza.

Una las batallas de García Castellón es que Suiza colabore en la posible extradición de la dirigente de ERC, algo a lo que por el momento se niegan las autoridades helvéticas al no ver un delito de terrorismo. El primer varapalo llegó el pasado mes de febrero, cuando la Oficina Federal de Justicia avisó que analizaría si la petición del juez era de “carácter político”, como ya había detectado en anteriores ocasiones. Esa primera negativa, incluso, dudó de la proporcionalidad de algunas peticiones del juez español, por ejemplo pedir los datos bancarios de Rovira.

García Castellón se lanzó a un enfrentamiento directo con las autoridades helvéticas, acusando a Suiza de actuar bajo un “sesgo político” a la hora de cuestionar su instrucción, algo “inadmisible” para el magistrado. La nueva respuesta de Suiza, conocida este viernes, sigue en la misma línea: las manifestaciones masivas, aunque acaben en violencia y disturbios, no son terrorismo.

“Damos por finalizado el acto. Ya se puede ir”. Estas han sido las palabras del juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, tras la primera comparecencia de uno de los investigados de la causa, que ha durado tan solo cinco minutos. La dirigente de ERC Marta Molina ha sido, por ahora, la única en declarar.

“El movimiento independentista no es terrorismo y es pacífico”, ha manifestado ante el juez Molina, que ha prestado declaración por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona. Tras este alegato, el magistrado que más quebraderos de cabeza ha traído al soberanismo por su oposición a la amnistía ha dado por finalizada la declaración. Ninguna de las acusaciones (incluida la extrema derecha de Vox) ha pedido medida cautelar alguna.

Ahora las defensas esperan los movimientos del juez respecto a los otros nueve investigados del caso que no han acudido este martes a declarar. La mayoría de ellos permanece en Suiza después de que el país helvético rechazara colaborar con el magistrado al ver en Tsunami una causa política. Todo ello a una semana de que se apruebe de forma definitiva la ley de olvido penal del procés, que los investigados pedirán aplicar de forma inmediata a García Castellón una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Molina, que ha acudido a la Ciudad de la Justicia de Barcelona arropada por la plana mayor de su partido y del independentismo, ha contestado este miércoles tan solo a su abogada, Marina Roig, que le ha formulado tres cuestiones: si hizo algún llamamiento a la violencia; si tuvo acceso a los comunicados de Tsunami y si en ellos se incitaba a la violencia.

La responsable de movimientos sociales y miembro de la Ejecutiva de ERC ha negado que tanto la plataforma como ella llamaran a acciones violentas y ha explicado que se enteró por la prensa de los comunicados de Tsunami, según han informado fuentes jurídicas.

La investigada ha querido cerrar su comparecencia con un alegato más político en el que ha defendido el pacifismo del movimiento independentista frente a la tesis que maneja el juez, que vincula a Tsunami con un delito de terrorismo por los disturbios de la protesta de Tsunami en El Prat contra la sentencia del procés pero también por conciertos pacíficos en la jornada de reflexión de las elecciones generales de noviembre de 2019. A Molina, además, la sitúa como “coordinadora” de algunas de las acciones de Tsunami.

Superada la primera declaración de uno de los diez investigados por Tsunami que están en manos de García Castellón (el expresident Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg también están imputados por la misma causa, pero ante el Tribunal Supremo, que les ha citado a declarar por videoconferencia en junio), la causa entra en compás de espera a los próximos movimientos del juez.

En paralelo a la aprobación de la amnistía, el magistrado García Castellón tendrá que valorar citar a los investigados que sí permanecen en España pero que este miércoles no han acudido a la videoconferencia de Barcelona porque sus abogados tenían otros señalamientos previos y preferentes. Se trata del asesor de Puigdemont Josep Lluís Alay y del empresario Oriol Soler. Por otro lado, el empresario y exdirigente de ERC Xavier Vendrell se encuentra por ahora en Colombia, país en el que trabaja, si bien su abogado sí ha acudido a la declaración de este miércoles.

Capítulo distinto forman el grueso de los investigados del caso que permanecen en Suiza: la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó. El juez les había citado igualmente a declarar desde Barcelona y había descartado pedir la videoconferencia desde los juzgados suizos pese a la evidencia de que los imputados están en la confederación helvética y no tienen intención de regresar a España hasta que se les aplique la amnistía.

La elección de Suiza no es casual. El país helvético se ha negado por dos veces (la primera en 2019 y la segunda el pasado mes de febrero) a colaborar con el juez García Castellón al constatar que la causa de Tsunami tiene un “carácter político”. La legislación suiza, además, impide extraditar a alguien por motivos políticos.

Todos ellos esperarán desde Suiza la aplicación de la amnistía o una eventual orden de arresto por parte del juez, que en los últimos meses de querer excluir el caso Tsunami del olvido penal del procés. El juez insiste en calificar las protestas que lideró Tsunami de terrorismo pese a las recomendaciones europeas para no encuadrar en este tipo penal cualquier altercado contra el sistema.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha escuchado este martes la declaración como testigos de dos de los policías heridos durante los altercados del procés que el magistrado cree que permiten excluir la causa de Tsunami Democràtic de la ley de amnistía. Ante el juez, los agentes han destacado la “organización” de esas protestas que tuvieron lugar en la plaza Urquinaona de Barcelona el 18 de octubre de 2019 y han asegurado que temieron por su vida y que todavía tienen secuelas psicológicas, según fuentes presentes en sus declaraciones.

Ambos agentes antidisturbios fueron heridos de gravedad durante los altercados en la plaza Urquinaona de Barcelona en la jornada de mayores altercados que siguieron a la sentencia del procés. Uno de ellos, ya retirado, tuvo que ser ingresado en la UCI tras recibir un impacto en la cabeza. El otro acabó prejubilado a los 45 años tras una lesión en el brazo que le impide seguir ejerciendo como policía. 

Este último, que se llama Ángel Hernández, ha asegurado en declaraciones a los periodistas tras comparecer ante el juez que ésta fue la intervención “más dura” de toda su trayectoria profesional y ha dicho que confía en los jueces. “Lo único que quiero es que se haga justicia y que estos hechos no se vuelvan a producir (...). Fue una salvajada”, ha añadido.

Durante el interrogatorio, el otro agente ha asegurado que fue acosado porque se publicó una fotografía suya en el hospital y tuvo que marcharse de la vivienda que ocupaba. También ha reconocido que participó en detenciones antes de ser agredido. El abogado de una de las defensas le ha preguntado si estaba siendo investigado en un juzgado de Barcelona por maltrato a detenidos, pero el juez ha informado de que eso modificaba la condición de testigo por la que estaba citado y el agente no ha contestado.

La comparecencia de ambos testigos se ha producido sólo dos días después de las elecciones catalanas y apenas unas horas después de que el juez citara a declarar a los investigados para el próximo 22 de mayo. Entre ellos, la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La mitad de los diez investigados por el instructor se han ido Suiza en busca de protección a su imputación por terrorismo.

Desde que reactivara la instrucción del caso en noviembre del año pasado, coincidiendo con las negociaciones de la amnistía, el juez ha dejado escrito en varios de sus autos que cree que esta causa puede quedar excluida de la norma. Entre otras razones, por las lesiones de los policías. Se da la circunstancia de que, pese a que la protesta de ese día no fue convocada por Tsunami Democràtic, el juez vincula igualmente a la plataforma con los altercados y los heridos. 

Si la protesta estaba o no organizada por Tsunami en una cuestión que no se ha abordado en la comparecencia de ambos testigos, aunque ambos han explicado que los manifestantes estaban “muy organizados”. Uno de los abogados de la acusación ha preguntado por las protestas del aeropuerto de El Prat —que sí convocó la plataforma— en comparación a los hechos de Urquinaona y han reconocido que la situación era “muy diferente”, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Según expuso en noviembre el juez, el supuesto de la pérdida o grave deformidad de un órgano, como las lesiones que presentan los agentes, es uno de los que quedan “excluidos” de la ley de amnistía. En otra palabras: las lesiones graves de los policías son lo que permitirían no incluir la causa de Tsunami en la ley de olvido penal del procés, a juicio de García Castellón.

A pesar de que la causa se abrió hace cuatro años, los agentes no pidieron ejercer la acusación hasta finales de 2023. Tampoco querellaron en los juzgados de Barcelona para hallar al autor material de sus lesiones. Ambos sí han pedido al Ministerio del Interior ser reconocidos como víctimas del terrorismo. La defensa de los dos agentes, que ejerce el despacho Fuster-Fabra, recibió un espaldarazo a su tesis de que las lesiones tenían un origen terrorista con el auto del Tribunal Supremo que se abrió a investigar el caso Tsunami como una especie de 'kale borroka'.

La tregua electoral ha finalizado. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, un día después de que se celebraran los comicios catalanes, ha citado a declarar a los investigados en la causa de Tsunami Democràtic para el próximo 22 de mayo, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La mitad de los diez investigados por el instructor se han ido Suiza en busca de protección a su imputación por terrorismo.

En un auto, el juez permite a los investigados declarar por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona, si bien esta opción solo parece viable para los imputados que no se han ido a Suiza: el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el jefe de la oficina de Puigdemont Josep Lluís Alay, la militante de ERC Marta Rovira y el empresario Oriol Soler.

Desde que reactivara la instrucción del caso en noviembre del año pasado, coincidiendo con las negociaciones de la ley de amnistía, el juez ya ha dejado escrito en varios de sus autos que cree que la causa Tsunami puede quedar excluida de la norma. El Tribunal Supremo respaldó al juez su interpretación y decidió quedarse la causa contra Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg, a quien el Alto Tribunal ha dado la opción de declarar voluntariamente por videoconferencia el próximo mes de junio.

Sin esperar al Alto Tribunal, el juez García Castellón ha decidido acelerar y citar a sus diez investigados. La primera sorpresa entre las defensas ha sido el medio escogido para realizar la comparecencia, una videoconferencia desde los juzgados de Barcelona. Esto implica que los investigados y sus abogados no tendrán que desplazarse físicamente a la sede de la Audiencia Nacional en Madrid.

Pero además, el juez cita a todos los investigados a declarar por videoconferencia desde Barcelona pese a conocer que cuatro de ellos –Rovira, el dirigente de Òmnium Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez, el empresario Josep Campmajó– se encuentran en Suiza, precisamente para denunciar su acción judicial. Y el informático Jaume Cabaní se hallaba hace unas semanas en paradero desconocida.

Por contra, el juez sí reitera su intención de librar a Italia una petición de cooperación judicial para que, en la misma fecha, pueda declarar desde el país transalpino el décimo investigado, el banquero que trabajaba en Suiza Nicola Foglia, de quien por ahora tampoco se conoce domicilio concreto.

En su auto, el magistrado también acuerda seguir investigando como “delito electoral” una protesta pacífica de Tsunami Democràtic el 9 de noviembre de 2019, día de reflexión en las elecciones generales convocadas para el día siguiente. Considera el juez que el concierto en la calle organizado por Tsunami ese día solo pudo celebrarse por la “falta de acción” de la Generalitat para impedirlo, tal y como había ordenado la Junta Electoral.

El instructor oficia a la Guardia Civil para que recabe si Tsunami solicitó autorización a la conselleria de Interior para realizar concentraciones la jornada de reflexión en Girona, Tarragona y Lleida –en Barcelona no lo hizo–, si en esos actos se “efectuaron proclamas, discursos o cualquier otro acto de naturaleza política”, y si los Mossos actuaron contra ellos.

El juez Manuel García Castellón ha citado para el próximo martes 14 de mayo, dos días después de las elecciones catalanas y la jornada en que la mayoría del PP en el Senado rechazará la ley de amnistía, a dos de los policías heridos durante los altercados del procés que el magistrado cree que permiten excluir la causa de Tsunami Democràtic del olvido penal del procés.

Con la citación de los testigos, el juez da un nuevo paso en la instrucción de la causa después de que pidiera a los independentistas imputados sus direcciones para proceder a sus citaciones como imputados, si bien la marcha a Suiza de varios de ellos dio al traste con las intenciones del instructor.

Los dos policías que el juez ha citado como perjudicados fueron heridos de gravedad durante los altercados en la plaza Urquinaona de Barcelona el 18 de octubre de 2019, en la jornada de mayores disturbios que siguieron a la sentencia del procés. Se da la circunstancia de que, pese a que la protesta de ese día no fue convocada por Tsunami Democràtic, el juez vincula igualmente a la plataforma con los altercados y los heridos.

Desde que reactivara la instrucción del caso en noviembre del año pasado, coincidiendo con las negociaciones de la ley de amnistía, el juez ya ha dejado escrito en varios de sus autos que cree que la causa Tsunami puede quedar excluida de la norma. Entre otras razones, precisamente por las lesiones de los policías (que pidieron ejercer la acusación en Tsunami también a finales de 2023, no hace cuatro años cuando se abrió la causa, y nunca se querellaron en los juzgados de Barcelona para hallar al autor material de sus lesiones).

Según expuso en noviembre el juez, el supuesto de la pérdida o grave deformidad de un órgano, como las lesiones que presentan los agentes, es uno de los que quedan “excluidos” de la ley de amnistía. En otra palabras: las lesiones graves de los policías son lo que permitirían no incluir la causa de Tsunami en la ley de olvido penal del procés, a juicio de García Castellón.

La defensa de los dos agentes, que ejerce el despacho Fuster-Fabra, recibió un espaldarazo a su tesis de que las lesiones tenían un origen terrorista con el auto del Tribunal Supremo que se abrió a investigar el caso Tsunami como una especie de 'kale borroka'.

Ambos agentes, que fruto de las lesiones ya no pueden ejercer de antidisturbios, ya han pedido al Ministerio del Interior ser reconocidos como víctimas del terrorismo pese a que la causa de Tsunami todavía está en instrucción.

El primero de los agentes fue herido tras recibir el impacto de un objeto sobre el lado derecho de su casco, lo que provocó que cayera al suelo desplomado y perdiera el conocimiento. El segundo sufrió una fractura en el radio de su brazo derecho y, tras varias intervenciones quirúrgicas, fue jubilado a la edad de 45 años.

Ruben Wagensberg (Barcelona, 1986) permanece en Suiza desde hace cuatro meses y se niega a ponerse fecha de regreso. Investigado por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, necesitó tomar distancia “física y mental”. Ahora también hará campaña, pues repite en las listas de ERC. La entrevista se celebra por videoconferencia, el mismo formato en el que Wagensberg se muestra partidario de declarar ante el Supremo, siempre que sea con el visto bueno del resto de investigados que le acompañan en Ginebra.

¿Cómo tomó la decisión de irse a Suiza?

Después de las imputaciones, la presión empezó a ser muy bestia. El juez [Manuel García Castellón] iba respondiendo a los avances en la tramitación de la ley de amnistía y mi entorno y yo empezamos a percibir el peligro. La situación me supera personalmente y decido tomar distancia física y mental con todo. Además, Ginebra es un centro neurálgico de organizaciones de derechos humanos a las que podemos explicar la vinculación política de nuestra causa. 

¿Con qué entidades ha mantenido contactos desde que llegó a Suiza?

La mayoría pide discreción para poder avanzar, pero ya hemos conseguido posicionamientos públicos importantes de Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura o el European Civil Forum. En los próximos días habrá más. Tsunami interesa porque es una causa política enmarcada en el procés y la amnistía y porque afecta al derecho a la protesta y al uso político de la acusación de terrorismo.

No ha tenido reparos en explicar que esta situación le ha afectado a su salud mental. ¿Cómo se encuentra ahora?

No poner en el centro una situación como esta era una tontería porque me costaba enfrentarme a esta causa justamente por la situación personal en la que me encontraba. En Barcelona, para mi entorno era una situación extraterrestre. Sigo con ansiedad, sobre todo por las noches, pero la distancia, los meses y el acompañamiento en Ginebra de otras personas que están sufriendo la misma situación me han ayudado a tomar una posición más serena. 

¿Confía en que el Supremo le aplicará la amnistía antes del verano?

No quiero generar expectativas. Mi madre me llama a veces muy esperanzada porque ha oído a un abogado o a un partido decir que volveremos pronto y otro día agobiada porque ha leído un artículo que dice lo contrario. La ley de amnistía tendría que funcionar, pero somos conscientes de cómo funciona una parte de la judicatura española y que nuestra causa es el ariete contra la amnistía. Por esto, a última hora y para impedir su retorno, han incluido en Tsunami a personas como Marta Rovira o Carles Puigdemont. Confío en que se nos aplicará la amnistía, pero quizás en los primeros meses habrá una lucha judicial.   

Volveré cuando tenga la garantía de la aplicación de la amnistía

No se ha puesto ninguna fecha de retorno.

Sería un error. No me he puesto fechas para no generar expectativas ni a mí mismo ni a mi entorno. Volveré cuando tenga la garantía de la aplicación de la amnistía o de una instrucción justa y que no sea, como ahora, una causa política.

Repite en las listas del 12M. ¿Se pueden compatibilizar estar en Suiza y ser diputado?

La legislatura tiene cuatro años y seguro que podré volver para trabajar en el Parlament. En el pasado ya hemos tenido diputados exiliados y ha servido como una forma más de lucha en el exilio. 

¿Cómo se consigue que la situación de verse inmerso en una causa penal y la lucha antirrepresiva no influencie la labor política y los deberes de ocupar un cargo público?

Una de las funciones de la represión es hacerte emplear buena parte del tiempo en preparar tu defensa en vez de alcanzar tus objetivos políticos. Tenemos que trabajar no solo para liberarnos de la represión sino emplearla como palanca política para salir con más fuerza. Si no tuviera una acusación de terrorismo hay organizaciones que no se hubieran reunido conmigo. 

¿Por esta razón no dejó el escaño cuando se marchó?

Lo hablé con el partido porque no quería obstruir el trabajo parlamentario ni aferrarme al escaño.

¿Si pudiese elegir qué preferiría, un gobierno independentista o un pacto de las izquierdas? 

Me gustaría un gobierno independentista liderado por las izquierdas. 

Cuando a finales de enero hizo público que se había marchado a Suiza, negó considerarse un exiliado porque no estaba citado por ningún juzgado. Ahora ya lo está. ¿Ahora ya es un exiliado?

Ahora sí. Hay exilios que son inmediatos, de un momento para otro, como el de Marta Rovira. Pero mi exilio es más difuso: empecé a percibir un peligro y me fui sin estar citado. Por suerte, estamos todos muy coordinados y hablamos mucho entre nosotros. En cualquier caso, todos los exilios tienen una motivación política, y el mío también.

Ha sido llamado a comparecer voluntariamente por videoconferencia ante el Supremo entre el 17 y 25 de junio. ¿Lo quiere hacer desde un juzgado suizo?

Es una de las opciones a valorar con mi abogado y conjuntamente con el resto de exiliados, porque es una cuestión colectiva. Lo que sí puedo decir es que no tengo problemas en poder responder. Cuando imagino las preguntas que podría recibir de la magistrada instructora o las acusaciones particulares y populares, creo que tendría respuestas para todo. Pero no hay una decisión tomada porque tenemos que ver cuál es la mejor vía colectiva.

¿Le ha sorprendido el ofrecimiento de declarar por videoconferencia, a diferencia de lo que ocurrió en 2017, cuando parecía que no se podía?

La propia ley permite hacer declaraciones por videoconferencia, aunque una acusación particular que ejerce el despacho Fuster-Fabra diga que no.

Suiza ya ha dicho dos veces que la causa de Tsunami es una causa política. 

El uso político de la acusación de terrorismo preocupa a las organizaciones internacionales con las que nos hemos reunido porque es un marco en auge en muchos países mediterráneos y de la Unión Europea, no solo contra el independentismo sino también contra entidades de lucha contra la crisis climática. En nuestro caso, Tsunami dibuja a la perfección lo que es una causa general contra el independentismo: hay políticos, personas vinculadas a la sociedad civil como Oriol Soler [empresario] y Oleguer Serra [dirigente de Òmnium] e incluso periodistas como Jesús Rodríguez. 

Cuando te cuelgan la etiqueta de terrorista, hay gente que no quiere vincularse contigo y tienes que demostrar que es una acusación infundada

En los mensajes que le atribuye el Supremo con el pseudónimo de Konan, se habla básicamente de una aplicación que sería la de Tsunami. ¿Cómo cree que de ahí se ha llegado a una imputación por terrorismo?

Me he leído la causa y los mensajes que se me atribuyen son sobre una aplicación y, en un 90%, se trata de opiniones sobre cómo reforzar el carácter pacífico y no violento de la movilización. Un porcentaje importante de los mensajes son sobre el lema de las protestas [‘Spain sit and talk], en ningún mensaje se habla de crear disturbios o subvertir el orden constitucional, sino de pedir diálogo. Todos los mensajes hablan de garantizar que las protestas fueran pacífica.

Uno de los objetivos de colgarnos la etiqueta de terroristas es porque saben de su carácter simbólico. Es muy potente. Cuando te cuelgan la etiqueta de terrorista, hay gente que no quiere vincularse contigo y tienes que demostrar que es una acusación infundada. Nosotros lo hemos hecho enseñando los mensajes y la acusación infundada que se nos hace.

¿Algún día, cuando ya se haya aplicado la amnistía y ya no haya riesgo penal para nadie, los responsables de Tsunami tendrían que explicarse de cómo gestaron la iniciativa?

Primero tendríamos que dar por cierto que hay unos responsables. Esta es la tesis del juez. A buena parte de la gente que se nos acusa del liderazgo de Tsunami no los conocía de nada. A Jesús Rodríguez lo había leído en La Directa, pero no le conocía. De Marta Molina no tengo ni su número de teléfono. Decir que detrás de una movilización de decenas de miles de personas había un ente responsable me parece que es conocer poco cómo han funcionado las movilizaciones en Catalunya: la gente se organiza y hace grupos. En Tsunami, la gente se quería esconder detrás de pseudónimos justamente por lo que vemos ahora: una acusación de terrorismo.

Hay jóvenes que ya han sido condenados por protestas de Tsunami, pero los que redactaron los mensajes llamando a esas protestas no han salido a la luz. ¿No es una paradoja? 

El 1 de octubre tampoco se sabía de dónde venían las urnas. Sin una organización colectiva no habrían llegado las urnas a los colegios, por mucho que después el Supremo dijera que solo había unos responsables.

La última línea de investigación del juez Manuel García Castellón sobre Tsunami Democràtic ha recibido este martes un revés por parte de la Guardia Civil. El Instituto Armado ha advertido al instructor de que la visita de los reyes de España a Catalunya de 2020 que el magistrado vincula con la plataforma terminó sin “incidente alguno”.

Tras no formar parte del caso durante cuatro años, el juez explicó el pasado mes de enero que había revisado la causa y había hallado una nueva línea de investigación relativa a una supuesta organización por parte de Tsunami de una protesta contra los monarcas en su primera visita a la comunidad tras el confinamiento.

Se basó el juez en una conversación mantenida a través de una aplicación informática por parte de Josep Campmajó, empresario imputado en la causa de Tsunami, los días 12 y 13 de julio de 2020. En ese intercambio de mensajes habla con un tal “Xuxu Rondinaire” (Perro Rabioso), que según el juez se trataría de un mosso d'esquadra. Campmajó es el investigado con el que Carles Puigdemont mantiene la conversación que sirve a García Castellón para acusar de terrorismo el ex president.

Para el magistrado, expresiones como “el juez Guardia R”, que se incluyen en ese intercambio de mensajes, aluden, “con toda probabilidad”, a la Guardia Real. El chat, agregó el instructor, “sería el prólogo de las ideas expuestas por ”XUXU RONDINAIRE“, que no son otras que la exposición detallada del despliegue de seguridad estándar realizado en los desplazamientos del Monarca, desde el uso de vías rápidas desde el aeropuerto hasta el recinto donde se celebra el acto, incluyendo la composición de la comitiva móvil con la disposición de los vehículos de Casa Real, Mossos, ambulancias etc, pasando por los reconocimientos realizados de forma permanente sobre el recorrido y la disposición de fuerza policial en cruces, puentes, intersecciones etc.”

“En lo que respecta a los actos llevados a cabo contra esta visita, hay que destacar que no existieron, y que la visita al final fue cambiada y acabaron sus Majestades los Reyes de España visitando el monasterio de Santa María del Poblet, en Tarragona, no constando incidente alguno durante su desarrollo”, expone la Guardia Civil en su informe de respuesta al requerimiento del instructor para indagar en la protesta.

El juez también pidió a la Guardia Civil que identificara al usuario “Xuxu Rondinaire” en la aplicación Wire, donde habría tenido lugar el intercambio de mensajes. Los investigadores han constatado que “Xuxu Rondinaire” es su 'nick', pero que el usuario lleva en realidad por nombre “marieta de l'ull viu”, una referencia a una canción popular catalana.

Tras analizar el correo electrónico vinculado a la cuenta, la Guardia Civil no llega a conclusiones muy distintas a las que hace cuatro meses expuso el juez, y ve “cercanía” de “Xuxu Rondinaire” con las fuerzas de seguridad o a sus agentes por su “conocimiento del despliegue de un dispositivo de seguridad de una personalidad ante el paso de la misma por Cataluña”.

Los investigadores también han proporcionado al juez el nombre, apellidos y DNI supuestamente reales del usuario “Xuxu Rondinaire”. Tras recibir el informe, el juez ha pedido a los Mossos d'Esquadra que digan si el internauta es uno de sus agentes.

El plan del juez Manuel García Castellón para citar a los imputados por terrorismo en el caso Tsunami va a tener que pasar por Suiza. Al país helvético, donde ya residía desde 2018 la principal investigada en el caso, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se han trasladado en las últimas semanas hasta otros tres investigados del caso ante la perspectiva de que el juez les llamara a declarar.

Los investigados han ido desvelando en las últimas horas su nuevo paradero después de que el juez pusiera en marcha el martes el trámite para citarles. Este miércoles fue el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra el primero en comunicar que se había ido a vivir a Suiza, y este jueves han sido el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó los que han anunciado que han seguido el mismo camino.

En sendos vídeos publicados en las redes sociales, Rodríguez ha explicado su decisión porque se encuentra ante un tribunal “conjurado con la extrema derecha”, mientras Campmajó ha denunciado ser víctima de “una persecución”.

La elección de Suiza no es casual. El país helvético se ha negado por dos veces (la primera en 2019 y la segunda el pasado mes de febrero) a colaborar con el juez García Castellón al constatar que la causa de Tsunami tiene un “carácter político”. La legislación suiza, además, impide extraditar a alguien por motivos políticos.

De los diez imputados por Tsunami que hay en la Audiencia Nacional, al menos cinco están en Suiza. Además de Rovira, Serra, Rodríguez y Campmajó, hay un banquero que trabaja en el país helvético entre los investigados, Nicola Foglia, si bien no ha comparecido con abogado y procurador en la causa y el juez ha ordenado a la Guardia Civil localizar su domicilio para enviarle la citación para declarar. 

Todos ellos esperarán desde Suiza la aplicación de la amnistía por parte del juez, si bien el magistrado ha dado muestras en los últimos meses de querer excluir el caso Tsunami del olvido penal del procés. El juez insiste en calificar las protestas que lideró Tsunami de terrorismo pese a las recomendaciones europeas para no encuadrar en este tipo penal cualquier altercado contra el sistema.

En una entrevista con la Agencia Catalana de Notícies (ACN), Benet Salellas, abogado de Serra y Campmajó, ha denunciado que, pese a la ley de amnistía existe “cierto descontrol en determinados espacios” de la Justicia. Estas instancias judiciales, en opinión de Salellas, “están dispuestas a ir más allá de lo que dice la ley por motivos políticos. ”Esta inseguridad hace tomar decisiones como el exilio“, ha agregado.

También se desconoce el paradero de otro investigado, el informático Jaume Cabaní, que en el pasado vivía en Bélgica y había colaborado con Carles Puigdemont en Waterloo.

Sí permanecen con domicilio en España otros cuatro investigados: la militante de ERC Marta Molina; el editor Oriol Soler; el empresario y exsecretario general de ERC, Xavier Vendrell (que, por trabajo, vive entre Catalunya y Colombia); y el director de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, convaleciente de la hemorragia cerebral que sufrió en febrero.

A la espera de si el juez García Castellón hace coincidir las citaciones de los investigados con la de Puigdemont por parte del Tribunal Supremo, programada para la semana del 17 de junio o las acelera para antes de la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo, la causa de Tsunami encara su recta final con la incógnita de si el magistrado aplicará la ley de amnistía o proseguirá su plan para complicarla.

Tanto Puigdemont como el otro investigado por el Supremo, el parlamentario catalán Rubén Wagensberg, también permanecen fuera de España: el expresident aguarda desde el sur de Francia la amnistía que le permita volver a Catalunya tras su marcha en 2017, mientras Wagensberg se fue a Suiza también por la causa de Tsunami.

Las citaciones de los investigados discurrirán en paralelo a la aprobación de la norma de forma definitiva en las Cortes, que se producirá a finales de mayo o principios de junio, y a los dos meses que, después, tendrán los jueces para aplicarla.

Desde que el juez pusiera de nuevo en marcha la causa Tsunami en noviembre, el Supremo y la Audiencia Nacional han desestimado todos los intentos de las defensas, algunos apoyados por la Fiscalía, para que García Castellón se quedara sin el caso. Ahora la mitad de los investigados aguarda en Suiza la aplicación de la amnistía.