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Perfil

El juez García Castellón contra los “enemigos” de España

GCastellón

Pedro Águeda

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Cuando Manuel García Castellón abandone la Audiencia Nacional el próximo mes de junio podrá decir en sus cenas con el antiguo dueño de Intereconomía, Julio Ariza, y otros prebostes de la extrema derecha que al menos él lo intentó. Probó a imputar a Pablo Iglesias, icono de la 'izquierda radical' para los conservadores, y lo intenta ahora con Carles Puigdemont, el máximo exponente del independentismo catalán. A su jubilación, García Castellón se llevará el empeño personal que ha ejercido contra los “enemigos” de España y también el secreto que mejor guarda: por qué regresó, con 65 años, a la complicada plaza que tenía en propiedad en la Audiencia Nacional si disfrutaba de un destino dorado en Roma.

En aquella primavera de 2017, el Partido Popular tenía un problema en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En realidad, dos: los casos Púnica y Lezo. El juez que dirigía entonces el juzgado, Eloy Velasco, había ordenado detener en 2014 a Francisco Granados y, poco antes de que le ascendieran, haría lo propio con Ignacio González. A Esperanza Aguirre ya no le quedaban antiguas manos derechas sin imputar.

La propia expresidenta madrileña, por impulso de la Fiscalía, figuraría como investigada en la pieza de Púnica dedicada a la financiación irregular del PP madrileño. Pero García Castellón terminó por archivar la causa contra ella, como también hizo con la otra presidenta madrileña investigada en su juzgado, Cristina Cifuentes. Luego, la Sala de lo Penal, respaldaría esas decisiones en fase de instrucción. 

En junio de 2022, Manuel García Castellón se acogió a la posibilidad de jubilarse a los 72, edad que alcanzará el próximo mes de junio. Hace dos veranos todavía mantenía viva la esperanza de que sus investigaciones a Podemos o sus fundadores arrojaran algún resultado de mayor enjundia penal que titulares en los medios. Por el momento, no ha podido ser. Pero a falta de siete meses para marcharse de la Audiencia Nacional ha protagonizado el tirabuzón más arriesgado de cuantos ha dibujado en sus autos contra comunistas y separatistas: la acusación a Carles Puigdemont por terrorismo. 

Después de cuatro años de investigación del movimiento Tsunami Democràtic, el magistrado ha apreciado indicios contra el expresident catalán en el auto de final de la investigación, que ha hecho coincidir con la recta final de las negociaciones para la Ley de Amnistía y la investidura de Sánchez. 

Pero una imputación cualquiera no servía para complicar el acuerdo entre socialistas y Junts: tiene que haber un muerto. La explicación es que, según ha trascendido, la ley de amnistía alcanzará a los independentistas imputados por terrorismo sin delitos de sangre. Pero si se busca, un muerto hay: un turista falleció de un infarto cuando accedía al aeropuerto de El Prat andando debido a los cortes que provocó la protesta. Pudo ser atendido por los servicios de emergencia, pero el juez vincula su muerte con los presuntos terroristas de Tsunami. Pese a estar perfectamente documentada, el hecho de que la causa contara con una víctima mortal del terrorismo había sido orillada. 

El viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió el auto de fin de la investigación, por el que García Castellón intenta imputar a Puigdemont. El autor del duro recurso es el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, el mismo que ordenó la detención del ex presidente en noviembre de 2017. Su escrito destaca las tergiversaciones, omisiones y suposiciones que utiliza García Castellón contra el ex president. Fue presentado al día siguiente de que todas las asociaciones judiciales y fiscales se escandalizaran por la inclusión del término 'lawfare' , o politización de la justicia, en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Junts.

El recurso de la Fiscalía será resuelto por la Sección Tercera. El fiscal ha preferido acudir directamente a la Sala y evitar al juez, después de que éste le pidiera un informe y luego no respetara el plazo concedido, lanzando la acusación contra Puigdemont y Marta Rovira. Si la instancia superior rechaza el recurso fiscal y da la razón al juez, la causa irá camino del Tribunal Supremo, concretamente a la Sala que preside Manuel Marchena, ante la que Puigdemont está aforado. 

Primera etapa en la Audiencia Nacional, otra España

Manuel García Castellón llegó a la Audiencia Nacional de su Valladolid natal en los años 90 del siglo pasado, con la amenaza de ETA golpeando duramente. Instruyó el caso del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y el atentado contra el entonces líder de la oposición José María Aznar, con el que tejió una amistad que aún perdura. 

Eran tiempos en que el enemigo del Estado era uno y la política antiterrorista no constituía objeto de contienda política: solo en la descomposición del 'felipismo', el PP incorporó los GAL a su labor de oposición. Para los medios de comunicación, los jueces y los policías que luchaban contra ETA constituían la primera línea del Estado de Derecho. Manuel García Castellón, con la popularidad que le franqueaba haber instruido también el caso Banesto, era uno de ellos. 

Pero cuando regresó a su puesto en la Audiencia Nacional en 2017 identificar a los “enemigos” de España ya no suscitaba consenso. No había violencia. Las diferentes concepciones del país hacían política en el Congreso y señalar a unos u otros como un peligro ya dependía de la ideología de cada cual. Manuel García Castellón no entiende otra cosa que el aplauso unánime de la prensa a sus iniciativas, como cuando actuaba contra ETA. Mucho menos las críticas en las redes sociales, que no existían entonces, explican desde su entorno. 

Y aunque ETA no exista, sí está presente en el juzgado de García Castellón. Allí ha encontrado recorrido judicial una querella de una asociación presidida por Daniel Portero, diputado de Isabel Díaz Ayuso e hijo del fiscal de Granada asesinado por la banda, para investigar a los jefes de ETA por el crimen de Miguel Ángel Blanco. El intento por atribuir a la cúpula de la organización terrorista determinados atentados con los que alargar sus condenas, o devolverlos a la cárcel, se enfrenta al escepticismo de la Fiscalía, que aprecia prescripción, y ni siquiera es secundada por los servicios jurídicos de la AVT, que la consideran inviable. Pero las decisiones de García Castellón ya han dejado, y dejarán, unos cuantos titulares bajo los que volver a vincular a Pedro Sánchez con la banda, vía los acuerdos parlamentarios con EH Bildu.

En una intervención pública de hace un mes, el magistrado aseguró: “Todos los jueces tenemos ideología, pero eso no es un problema; el problema llega cuando se traspasa a la actividad pública”. No piensan igual los investigados por García Castellón que se dedican a la política. Uno de los imputados en la causa de Tsunami ha recusado al juez justamente por esa intervención, en la que también se pronunció sobre la amnistía. Siempre “como ciudadano”, el juez comparó la amnistía con la esclavitud: ninguna de las dos están prohibidas por la Constitución y no por eso son legales. 

En esa cena-coloquio, organizada por el periódico de Ourense La Región, García Castellón se sentó junto a su amigo Julio Ariza, el empresario mediático que contribuyó al auge de Vox y que dedicó palabras de elogio a su amigo Manuel: “Es de los que hacen tener esperanza en la justicia en España”.

París, Roma, el caso Villarejo

El Gobierno de Aznar premió a García Castellón, afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, con un destino ansiado por muchos de sus compañeros, el de juez de enlace en París. Poco trabajo y muy bien remunerado, se dice en la carrera judicial. De allí a Roma en 2012: menos trabajo aún y excelente remuneración. García Castellón compaginaba su destino con frecuentes viajes a Madrid para asistir a la comisión de policía judicial del Consejo General del Poder Judicial. 

En los meses siguientes a su regreso a España ocurrirían dos acontecimientos que cambiarían el curso de España y de la propia Audiencia Nacional: la moción de censura que expulsó al PP de Moncloa y la explosión del caso Villarejo. Ninguno de los dos resultaría ajeno a Manuel García Castellón. 

El primer juez que tuvo la causa Tándem, Diego de Egea, actuaba de refuerzo en el juzgado de García Castellón. Su renuncia hizo que el titular del juzgado se hiciera cargo del caso. Seis años después de que fuera detenido el comisario jubilado apenas queda hoy nada de la causa que iba a levantar las alfombras de 40 años de democracia. 

De las empresas del Ibex que fueron investigadas por contratar al comisario mientras estaba en activo solo queda el BBVA y su antiguo presidente, Francisco González, jubilado hace años. En el primer juicio, el tribunal ha exculpado al comisario de servirse de su condición de policía para hacer negocio con sus dosieres, concretada en la acusación de cohecho. Del encargo político de hacer naufragar el caso de la caja B, a través del espionaje al tesorero del PP, van a responder dos responsables que ya no tienen carnet del PP, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fue su número dos, Francisco Martínez. 

Los indicios se agolpaban en las grabaciones contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por haber contratado presuntamente al comisario para dinamitar las causas de corrupción Gürtel y caja B. Ella y Rajoy figuran en los papeles de Bárcenas como cobradores de sobresueldos en negro. Para el juez, las conversaciones de Cospedal y su marido con el comisario, como aquella en la que le anticipan encargos “puntuales”, eran de “carácter social”. 

De las maniobras protectoras hacia Cospedal por parte del juez destaca una por su transparencia. Al solicitar la Fiscalía Anticorrupción imputar a la ex número dos del PP en septiembre de 2020, García Castellón respondió que había que esperar a lo que declarara antes el supuesto coordinador de la operación Kitchen, Francisco Martínez. Cuando Martínez compareció ante el juez, el ex secretario de Estado se acogió a su derecho a contestar solo a las preguntas del juez instructor y de su abogado. Durante 78 minutos que duró el interrogatorio del magistrado, García Castellón no hizo una sola pregunta relacionada con Cospedal. 

Pero el caso Villarejo guardaba una segunda vía, oculta por aquel entonces y que acabaría con Cospedal como investigada. En el mismo otoño de 2020, los fiscales y los policías de Asuntos Internos registraron la celda del comisario y su domicilio sorpresivamente. Se incautaron las agendas que darían un vuelco al caso: en el diario del policía no había trampas, era un documento personal, incluso íntimo. Y allí aparecían anotaciones de pagos que habría recibido de la secretaria general a través de su entorno más próximo, a los que ya se había aludido en los audios conocidos.

A eso había que sumar el contenido del móvil incautado al inicio del confinamiento a Francisco Martínez, con referencias al conocimiento, sino dirección, de la operación Kitchen por parte de Cospedal. Así las cosas, ocho meses después de que se lo pidiera Anticorrupción, García Castellón no tuvo más remedio que llamar como investigada a la ex secretaria general del PP. “Sería conveniente escuchar a la señora Cospedal”, escribió en su auto el juez. 

El magistrado decidió citar a Cospedal la mañana del 2 de junio de 2021. Daba la casualidad de que esa tarde la ex secretaria general del PP estaba citada para declarar ante la comisión de investigación de Kitchen en el Congreso. La declaración de Cospedal se suspendió de inmediato. Entre su declaración ante el juez el 30 de junio y el archivo de la causa para ella, el 29 de julio de 2021, no pasó ni un mes. Manuel García Castellón eligió el último día laborable antes de las vacaciones de agosto, un viernes al filo de las dos de la tarde, para anunciar que la investigación de Kitchen había concluido y que Cospedal dejaba de estar investigada. 

Pero las vacaciones acabaron y, en septiembre, Anticorrupción presentó su recurso. En él aparece una de las censuras más contundentes que se han dado a la labor de un juez instructor: la Fiscalía acusaba a García Castellón de imponer “una línea roja” que evitaba investigar a la dirección del Partido Popular. El espionaje a Bárcenas, había concluido el juez, fue una idea del ministro del Interior Fernández Díaz, amigo íntimo de Rajoy, y del número dos del departamento. 

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que preside el magistrado Alfonso Guevara, rechazó el recurso de la Fiscalía. Guevara y el resto de jueces han corregido en varias ocasiones las desviaciones de García Castellón, pero en este caso, como ocurriría después con el archivo de las causas contra Repsol e Iberdrola, dieron la razón al magistrado. Es la misma sección que decidirá sobre la imputación de Puigdemont.

García Castellón es una persona de trato atento, podría decirse que exquisito, y de decisiones impulsivas. Ocurrió cuando Villarejo señaló a Rajoy en el Congreso como su contacto directo en el PP para informarle de los avances del espionaje a Bárcenas y García Castellón reaccionó citando de inmediato al policía para que declarara ante él lo que sabía de eso. 

Pero los impulsos como llegan, desaparecen. El juez dejó a medias las pesquisas sobre el teléfono que Villarejo tenía de Rajoy, como ya hiciera en su momento con el caso del falso cura que asaltó la casa de Bárcenas. Sin que haya trascendido por qué, el juez pasó de llevar en secreto y con el máximo sigilo la posible vinculación entre el asaltante y la operación contra el tesorero del PP a citarlo un día en la Audiencia Nacional para que el forense histórico del tribunal certificara que el ictus que había sufrido en la cárcel le impedía ser testigo de nada.

Tiempo después, El País publicaría el audio en el que Cospedal dice a Villarejo: “Eso de la libretita sería mejor poderlo parar”. “La libretita” eran los papeles de la financiación irregular del PP. García Castellón volvió a negar la petición de la Fiscalía para imputar a la antigua secretaria general del PP.

Podemos, una cuestión personal

Pero si algo ha definido estos años la actuación de García Castellón es la obcecación con Podemos. En el círculo próximo al juez rebajan la motivación política y relacionan su actuación con una cuestión personal: García Castellón se sintió engañado por Pablo Iglesias y Dina Bousselham, quienes le habrían convencido de una maniobra parapolicial, con inspiración política, en el caso del robo de la tarjeta del móvil de la ex asesora y su posterior distribución por medios contrarios a Podemos. 

Para mayor disgusto del magistrado, Iglesias había hecho de aquella pieza del caso Villarejo el eje de la primera campaña electoral de 2019. Antes de que acabara el año, Podemos entraría en el Ejecutivo central. Por primera vez, una formación política a la izquierda del PSOE participaría en el Gobierno de la Nación. El eje de poder financiero y político que rodea físicamente la Audiencia Nacional ardió en indignación. Hasta hoy. 

En aquel proceso de obcecación de García Castellón desempeñó un papel importante la pandemia. Durante el confinamiento, el juez compartía continuamente con sus círculos artículos de prensa críticos con la actuación del Gobierno central. Al regreso a la actividad, el caso Dina había dado ya un giro en su cabeza. Pese a que Villarejo es la hipótesis más factible como autor de la distribución del contenido de la tarjeta de Bousselham –una copia apareció en su casa–, García Castellón insistía una y otra vez para que esa pieza se convirtiera en el ‘caso Pablo Iglesias’

Jaleado por la derecha mediática, García Castellón ordenaba diligencias, intentaba retirar la condición de perjudicado al vicepresidente tercero del Gobierno, que el Tribunal Supremo le imputara… Planeó viajar a Gales para interrogar a un técnico informático que había intentado recuperar la información de la tarjeta, ordenó a Bousselham que dejara de compartir abogada con Iglesias y aparcó el resto de investigaciones del caso Villarejo para centrarse en una pieza consistente en un posible delito de revelación de secretos y en otro de daños informáticos. 

Durante meses, García Castellón facilitó titulares y más titulares contra Podemos e Iglesias. Cuando el Tribunal Supremo le dijo que no había indicios para imputar al vicepresidente tercero, alargó la investigación, olvidándose de Villarejo, siempre en la misma dirección. Cuando se vio obligado a cerrarla por la Sala de lo Penal, dedujo testimonio para que continuaran investigando juzgados locales. 

Entretanto, el magistrado reabrió una causa sobre la financiación de Podemos pese a que en 2017 se había archivado por basarse en recortes del pseudoinforme PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Y ahí incorporó unas acusaciones sin pruebas de un ex general venezolano, el Pollo Carvajal, reclamado por Estados Unidos por narcotráfico y otros graves delitos. 

La Fiscalía se escandalizó por el carácter prospectivo de las pesquisas y la vulneración de derechos fundamentales de los fundadores de Podemos, investigados en secreto y nunca imputados. Y cuando la Sala le obligó a cerrarla, García Castellón dedujo testimonio contra Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales y malversación. Y esta causa sigue siendo instruida, ahora por su juez de refuerzo, Joaquín Gadea, joven promesa de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

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