El abuso de las prórrogas de García Castellón antes de Tsunami: el caso Villarejo y los homenajes a ETA

Las prórrogas a investigaciones en el juzgado de Manuel García Castellón han dado problemas al magistrado en un pasado reciente. El archivo este lunes de toda la causa de Tsunami Democràtic por alargar el caso fuera de plazo tiene otros precedentes que se sitúan en el caso Villarejo y en el de los homenajes a presos de ETA. En ambos casos, como en Tsunami, la Sala de lo Penal, instancia superior al juez, enmendó la plana al titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional pero sin abocar al archivo de las causas, como sí ha ocurrido en la acusación de terrorismo por las protestas contra la sentencia del procés. 

En marzo de este mismo año, la Sala anuló la orden con la que Manuel García Castellón pretendía prolongar de forma irregular durante seis meses la investigación en una de las ramificaciones del 'caso Villarejo': la que analiza si un empresario contrató al comisario jubilado para extorsionar a su expareja. En ese caso, la Sala recordó al juez que “en manera alguna” podía añadir seis meses más a una causa que llevaba cuatro años y medio en marcha solo por estar esperando a que Rumanía enviara datos del caso.

La séptima prórroga de esta pieza separada del caso Tándem, una de las menos conocidas y con menos proyección pública de las varias decenas que brotaron de la detención de José Manuel Villarejo en 2017, no pasó el filtro de la Sala de lo Penal no por un incumplimiento de los plazos, sino por un incumplimiento de las previsiones legales para poder firmarla.

La pieza número 14 del caso Tándem, bautizada como Proyecto Ámbar, lleva abierta desde septiembre de 2019 y en ella el juez García Castellón investiga si un empresario y dueño de un restaurante en Madrid pagó 300.000 euros a José Manuel Villarejo para extorsionar a su expareja. Una causa en la que también se investiga si Carlos Salamanca, antiguo comisario jefe del aeropuerto de Barajas, disfrutó de viajes de lujo pagados por el empresario con dinero procedente de Suiza.

El propio García Castellón explicó en un auto que la prórroga anterior, de julio de 2023, se pensó para poner en marcha esta diligencia, pero lamentaba también que Rumanía no haya contestado todavía y que necesite seis meses más para recibir la respuesta. Y justificó esa prórroga en varias cuestiones: tener que esperar a la información de ese país pero también que, una vez analizada la información, podría necesitar poner más diligencias en marcha. La pieza 14 del caso Tándem, dijo el juez, es “dinámica, activa y compleja” y su prolongación por séptima vez está “más que justificada”.

Los jueces que supervisaban la causa recordaron a García Castellón que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la prolongación de las causas judiciales, tiene un artículo específico para este tipo de casos: si la diligencia se pidió en plazo, su resultado sigue siendo válido.

El instructor, sin embargo, no acordó ninguna diligencia nueva ni indicó que tuviera otras pendientes de poner en marcha. “La contestación de las autoridades de Rumania podrá ser valorada como realizada dentro del plazo de instrucción prorrogado”, argumentó la Sala. Pero intentar alargar la causa para poner en marcha hipotéticas diligencias, critican, se haría “contraviniéndose así la finalidad de acortar temporalmente las investigaciones de las causas penales”.

“Una investigación inquisitorial”

Una semana después, los jueces de la Sala de lo Penal resolvieron que García Castellón se basó en una petición “absolutamente extemporánea” de la asociación Dignidad y Justicia, apoyada por el PP como acusación popular, para investigar un canal de Telegram gestionado por Sortu, dentro del caso de los homenajes a presos de ETA. 

Se trata de una causa abierta en 2018 tras una denuncia de la asociación Dignidad y Justicia: unas diligencias que investigan desde hace más de un lustro el posible enaltecimiento del terrorismo en la organización de los 'ongi etorris', homenajes a los presos de la banda terrorista ETA cuando salen de la cárcel. Tal y como explicó elDiario.es el pasado mes de enero, al magistrado pasó de dar por concluida la investigación a firmar su prórroga precisamente a petición de la asociación denunciante, presidida por Daniel Portero, hijo de una víctima mortal de la banda terrorista y diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

La petición de Portero, a la que se adhirió la acusación popular del propio PP, implicaba nuevas diligencias para investigar el contenido de un chat de Telegram gestionado por Sortu, el partido central de la coalición EH Bildu. Lo justificó en unos informes de la Guardia Civil que le habían llevado a “revisar las actuaciones” y prorrogar la causa, reconociendo que el cierre de la investigación en octubre de 2023 fue “prematuro”. En ese mismo auto, se dirigió a Telegram para solicitar información sobre ese canal.

La Fiscalía recurrió esta decisión y acusó al magistrado de estar poniendo en marcha una investigación “inquisitorial” sobre estos homenajes a presos etarras. La Sala de lo Penal no llegó tan lejos pero dejó negro sobre blanco que García Castellón tenía la obligación de exponer “razonadamente” por qué necesita prorrogar un caso, y las “concretas diligencias” que necesita. En este caso, la petición de diligencias de la asociación de Portero fue “absolutamente extemporánea” y aún así fue esgrimida por el juez para volver a impulsar la causa.

Esa petición, reprochó la Sala de lo Penal, se basaba en un informe de la Guardia Civil de febrero de 2023. Un informe que había tardado en llegar y que ya había supuesto varias prórrogas del caso. Las acusaciones populares, entre ellas el PP, llevaban meses sin pedir ninguna diligencia sobre ese informe hasta finales del año pasado. Ocho meses después. Acceder a esa diligencia y prorrogar la causa, dice la Sala de lo Penal, es “contrario” a la finalidad de los plazos de instrucción.

García Castellón, continuaba la Sala, no vio entonces la “necesidad, utilidad y pertinencia” de hacer esas diligencias o prorrogar el caso hasta que, en enero de este año, entiende que cerró la causa de forma prematura. Su auto adolecía de “falta de fundamentación jurídica” y la causa debía permanecer cerrada y si quería llevarla a juicio tendría que hacerlo con las pruebas que ya tenía, y sin nada relativo a la petición extemporánea de información que hizo a Telegram sobre el canal de Sortu.

El pasado abril, y limitado por el auto de la Sala de lo Penal, García Castellón propuso juzgar únicamente a seis personas como autoras de un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento de los que han participado en actos terroristas por la organización de 120 actos de homenaje a presos de ETA entre 2016 y 2020.