El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Junta de Extremadura han firmado este miércoles un acuerdo por el que se comprometen a impulsar la formación en materia de igualdad, no discriminación y lucha contra la violencia de género de los miembros de la carrera judicial y de los empleados públicos de la Administración autonómica.

El presidente del órgano de gobierno de los jueves, Vicente Guilarte, y la presidenta extremeña, María Guardiola Martín, han rubricado este acuerdo, que busca mejorar la prestación del servicio público a la ciudadanía en este área.

En concreto, el CGPJ y la Junta de Extremadura se comprometen a llevar a cabo una actividad formativa al año, ya sean seminarios, jornadas o cursos, en materia de igualdad de trato, no discriminación y lucha contra la violencia sobre las mujeres.

Una comisión mixta de seguimiento, integrada por dos representantes de cada una de las partes y presidida alternativamente por el CGPJ y por la Junta de Extremadura por periodos de un año, se encargará de velar por el cumplimiento del convenio, cuya vigencia es de cuatro años.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este domingo 2.000 días en funciones. Son cinco años, cinco meses y 22 días de interinidad en la principal institución del tercer poder Estado, la que designa a los jueces más relevantes del país. La mayoría de sus consejeros juraron o prometieron sus cargos el 4 de diciembre de 2013, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta, Alberto Ruiz Gallardón era ministro de Justicia y la jefatura del Estado todavía la ocupaba Juan Carlos I. Salvo algunas renuncias —dos jubilaciones, cuatro dimisiones y un fallecimiento— la mayoría de vocales siguen ahí más de una década después, con la relación entre ellos cada vez más deteriorada y acumulando choques con el Gobierno de coalición. 

El mandato de cinco años que consagra la Constitución concluyó el 4 de diciembre de 2018, pero la renovación no ha sido posible por el bloqueo del Partido Popular, que ha esgrimido excusas cambiantes en función del momento político: de los acuerdos parlamentarios con EH Bildu al veto a los dos candidatos propuestos por Podemos, los indultos a los líderes independentistas condenados por el procés o la reforma que derogó la sedición. Ahora, el órgano cruza el umbral de los 2.000 días en funciones en una precaria situación: con un pleno mermado (con 16 de sus 21 miembros: diez conservadores y seis progresistas), un segundo presidente “por sustitución” que también ha amenazado con dimitir y con unas atribuciones limitadas. 

Este domingo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que es “urgente” renovar el CGPJ y ha acusado al PP de “bloquear y secuestrar” el organismo “porque les conviene”. Bolaños ha añadido en un mensaje en X que “si el PP sigue poniendo excusas, buscaremos alternativas”. El PSOE también ha publicado en la red una cronología en la que repasa los principales pasos dados por el PP desde 2018 y que han contribuido al bloqueo del CGPJ. Desde el acuerdo para la renovación sellado entre el PP y PSOE aquel año, y que quedó roto pocos días después, hasta el intento de 2021 y el de 2022, que rompió el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Tampoco ha dado frutos, al menos por el momento, la mediación de la Comisión Europea que exigió el partido de Alberto Núñez Feijóo y que el Gobierno aceptó de inmediato. Tres reuniones en Bruselas y una en Estrasburgo no permitieron cerrar un acuerdo. En el PP mantienen una posición de máximos: la negociación del CGPJ debe ir pareja a una serie de reformas legales e institucionales que van mucho más allá del órgano de gobierno de los jueces y que afecta, por ejemplo, al Tribunal Constitucional. 

Y, sobre todo, los conservadores han exigido que los 12 vocales que pertenecen a la carrera judicial sean elegidos de forma directa por sus compañeros sin necesidad de un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas, que ahora votan sobre una preselección que hacen los propios jueces. Es una exigencia que coincide con las reclamaciones de fondo de la Comisión Europea —que pide cambiar la norma que está vigente desde hace 38 años—, aunque Bruselas pide que el órgano sea renovado primero. 

Esa posición del PP supone una enmienda a la totalidad de la actual fórmula de elección parlamentaria, que fue ratificada en un pacto suscrito en 2001 con el PSOE y que no modificó en sus dos mayorías absolutas. Es un cambio de modelo que supone una línea roja para los partidos de la izquierda, pues permitiría a la derecha judicial copar el CGPJ. Así ocurre con las salas de gobierno de los tribunales, que se eligen con ese sistema y donde la presencia de las asociaciones conservadoras es abrumadora. 

Enfrentamientos con el Gobierno  

Entre tanto, el estado de degradación en el que se encuentra el CGPJ se pone de manifiesto en la cada vez más tensa relación entre los vocales, que acumulan el desgaste de cinco años de interinidad; pero también en los choques con el Ejecutivo de coalición. Los más recientes, a raíz del retraso en la elaboración del informe sobre la sobre la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), la gran reforma del proceso penal que tiene pendiente el Gobierno o la insistencia de los conservadores en hacer un informe crítico con la ley de amnistía antes incluso de su aprobación. 

En varias declaraciones públicas, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha cuestionado que el órgano lleve tres años para hacer este informe, mientras aprobó una declaración sobre la amnistía antes de que se conociera la ley. “Le pido a los vocales del CGPJ que cumplan con sus obligaciones constitucionales y emitan ya un informe sobre la ley de enjuiciamiento criminal que está pendiente desde hace tres años a pesar de que sí hacen informes sobre leyes que no existen y que no exige la ley”, afirmó el pasado abril. 

No obstante, el enfrentamiento más sonado tuvo lugar a raíz de la ley que, desde marzo de 2021, impide al CGPJ hacer nombramientos cuando está en funciones. Hasta entonces —durante más de dos años y medio— un órgano prorrogado trazó buena parte de la composición de los principales tribunales para los próximos años al acordar 74 nombramientos en la cúpula judicial, 21 de ellos en el Tribunal Supremo. 

La tensión se incrementó a raíz de la urgencia con la que PSOE y Unidas Podemos, que entonces gobernaban en coalición, tramitaron esta iniciativa. El CGPJ, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a ambos partidos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y éstos contestaron —a través de la Mesa del Congreso, donde tenían mayoría— pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. El Tribunal Constitucional avaló esta reforma en octubre de 2023, aunque ha provocado que en el Tribunal Supremo las plazas sin cubrir alcancen las 25. 

Neutralizada la cuestión de los nombramientos por ese cambio legal, el CGPJ se ha convertido casi en una plataforma más de oposición del Gobierno progresista. En los últimos años ha ganado protagonismo un grupo de vocales especialmente beligerantes contra el Ejecutivo y a los que diversas fuentes dentro del órgano atribuyen un “hilo directo” con el PP con la voluntad de “desgastar” al Gobierno a través del altavoz que les otorga su pertenencia a la más alta institución del tercer poder del Estado. 

Este grupo de vocales lideró durante el otoño de 2022 el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, retrasando el cambio de mayorías de una conservadora a una progresista, y ha buscado el choque el Gobierno a raíz de la reforma del delito de sedición, la ley del ‘solo sí es sí’ y, más recientemente, la citada ley de amnistía. También consiguieron que el CGPJ rechazara por primera vez en democracia una propuesta de fiscal general del Estado realizada por el Ejecutivo. De hecho, ese dictamen es uno de los documentos esgrimidos por una asociación minoritaria de fiscales para pedir al Supremo que anule el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general. 

Recelos entre los vocales  

De puertas para adentro, el desgaste de más de cinco años de interinidad también se pone de manifiesto con hechos como los encontronazos entre los vocales o la renuncia de media docena de cargos del primer nivel de los órganos técnicos que se ha producido en los últimos meses. Todo ello, mientras la mayoría de los vocales no se plantean renunciar. Tras la salida de Lesmes en octubre de 2021, hace poco más de un año renunció Concepción Sáez, elegida a propuesta de IU, que justificó su salida por la “insostenible” situación del órgano. Pero ningún otro vocal ha seguido sus pasos. 

Habrá que ver si, en los próximos meses, el actual presidente interino, el conservador Vicente Guilarte, deja su cargo tal y como ha anunciado. Es una decisión que las fuentes consultadas vinculan, en parte, a la situación de gran tensión que se vive en el órgano. En los últimos tiempos se han acrecentado los recelos y la desconfianza entre los vocales. Si se produce esa salida, los vocales se verán obligados a elegir al tercer presidente “por sustitución” en menos de dos años.

La dimisión de Guilarte puede anticipar nuevas salidas, aunque las fuentes consultadas descartan una retirada en bloque que pueda dejar al órgano sin quórum, lo que abriría un escenario inédito pero que nadie se plantea por el momento. Si el bloqueo persiste, después del verano el CGPJ se acercará a los seis años de mandato prorrogado con los vocales elegidos hace más de una década cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta. Si no hay más salidas, la correlación de fuerzas seguirá siendo favorable a la derecha, con nueve consejeros conservadores y seis progresistas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años por el bloqueo del Partido Popular, vuelve a retrasar su informe sobre la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), la gran reforma del proceso penal que tiene pendiente el Gobierno. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces confirman que el dictamen, que el Ministerio de Justicia reclamó hace más de tres años, en marzo de 2021, tampoco se abordará en el pleno de la próxima semana.

La intención del presidente interino, Vicente Guilarte, es incluirlo en el orden del día del pleno del próximo junio aunque es algo que está en el aire por las discrepancias entre los vocales, que son los encargados de aprobarlo. La norma incluye, como principal novedad, una transferencia de funciones de jueces a fiscales, que pasarían a dirigir las investigaciones y, por tanto, a decidir los pasos a dar para esclarecer un delito. 

Este nuevo retraso llega después de que, el pasado marzo, el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños hiciera llegar al CGPJ una especie de ultimátum, según adelantó El País. A través de una carta, cuestionó ese retraso y dio una semana a los consejeros para realizar el dictamen, que es preceptivo aunque no vinculante para el Ejecutivo. Es un plazo que está ampliamente rebasado.

Además, en varias declaraciones públicas, el titular de Justicia ha afeado esta tardanza y ha cuestionado que el órgano lleve tres años para hacer este informe, mientras aprobó una declaración sobre la amnistía para exculpar a los encausados del procés antes de que se conociera la ley. 

“Le pido a los vocales del CGPJ que cumpla con sus obligaciones constitucionales y emitan ya un informe sobre la ley de enjuiciamiento criminal que está pendiente desde hace tres años a pesar de que sí hacen informes sobre leyes que no existen y que no exige la ley”, afirmó Bolaños el pasado abril. El ministro cargó especialmente contra los vocales conservadores —promotores de esa declaración contra la amnistía—, a los que acusó de contribuir al “desprestigio” del órgano. 

Tanto la carta como las propias declaraciones de Bolaños soliviantaron a los vocales del órgano, especialmente a los elegidos en su día a propuesta del PP. No obstante, consejeros de ambas sensibilidades coinciden en que no toda la culpa del retraso es suya. Así, aluden a la complejidad del asunto, pues se trata de una norma que prevé una total transformación en las investigaciones penales y cuenta con casi un millar de artículos recogidos en más de 400 páginas. 

Además, mencionan los vaivenes que el Gobierno ha dado con esta norma. El anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020, cuando Juan Carlos Campo era ministro de Justicia. Después, ya con Pillar Llop al frente de esa cartera, la iniciativa se metió en un cajón. El Gobierno optó por rehacer el proyecto y dar prioridad a otras reformas especialmente tras el varapalo del Consejo Fiscal. En julio de 2021, el principal órgano asesor de la Fiscalía General del Estado (FGE) advirtió de graves deficiencias en la ley. Entre otros aspectos, por las, a su juicio, “exorbitantes funciones” que el anteproyecto atribuía a los jueces, encargados de garantizar los derechos y garantías del imputado y de terceros, pero no de dirigir la investigación, como ocurre ahora. Fuentes del CGPJ afirman que, tras ese informe, hubo una comunicación verbal de la entonces ministra Llop al que era presidente del órgano, Carlos Lesmes, pidiéndole que aparcara el informe. 

Meses después, en enero de 2022, el Ministerio de Justicia reclamó de nuevo al CGPJ que hiciera el dictamen. Entonces, se puso en marcha un grupo de trabajo con varios magistrados. Un año después ya había un borrador que avalaba la reforma con algunas correcciones técnicas, pero que pedía un blindaje de la autonomía de los fiscales antes de permitirles dirigir las investigaciones. Para ello, reclamaba, entre otras cuestiones, que el cese del jefe de la Fiscalía no se produzca con el fin de la legislatura. 

Las fuentes consultadas afirman que ese informe está sirviendo de base para los trabajos de la comisión encargada de la redacción del dictamen definitivo, de la que forman parte los vocales conservadores José Antonio Ballestero y Juan Manuel Fernández y las progresistas Roser Bach y Clara Martínez de Careaga. No obstante, coinciden también en que hay controversia sobre cómo enfocarlo, dado que hay “reticencias” a aceptar el nuevo modelo de instrucción que prevé la ley, especialmente entre los conservadores. 

El debate se produce además en un momento de tensión creciente en la Fiscalía General del Estado. Su máximo responsable, Álvaro García Ortiz, fue reprobado hace dos semanas en el Senado gracias a los votos de PP y Vox y es el foco de las críticas de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, que ha pedido reiteradamente su dimisión. 

“La situación del fiscal general del Estado no ayuda nada y puede determinar que se hagan unos planteamientos más contundentes en cuanto a los reparos a aceptar en nuevo modelo de fiscales como directores de la investigación”, dice un vocal elegido en su día a propuesta del PP. “Antes de cualquier cambio legal debería dotarse a los fiscales de la misma independencia que tienen los jueces”, dice otro miembro de este bloque, mientras que en en el sector progresista son mayoritariamente partidarios de seguir las líneas que marcó el informe técnico de febrero del año pasado, aunque reiteran la necesidad de aumentar la “autonomía de funcionamiento” de los fiscales respecto de sus superiores. 

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, Vicente Guilarte, se ha mostrado muy crítico este jueves con la rebaja de las mayorías para elegir a los vocales del órgano que defienden Sumar y Podemos como vía para forzar la renovación del órgano, pendiente desde hace más de cinco años por el bloqueo impuesto por el Partido Popular. “Estaríamos en las leyes de una dictadura. Es algo que no se puede ni plantear”, ha sostenido Guilarte en una intervención en el Foro Justicia que organiza el Colegio de la Abogacía de Madrid. Además, ha añadido que el PSOE “no puede tomar en serio” esa propuesta que, a su juicio, supone “destrozar la separación de poderes”. 

Los socios de coalición exigen a los socialistas, entre otras cosas, una reforma urgente de la ley del Poder Judicial que desbloquee el órgano de los jueces con una rebaja de las mayorías requeridas. El actual sistema de elección de vocales implica que los 20 miembros del Consejo –12 jueces y magistrados y ocho juristas– se eligen a partes iguales por el Congreso y el Senado. En ambos casos se exige una mayoría de tres quintos, lo que tradicionalmente ha obligado a un pacto entre PP y PSOE. 

El cambio en el sistema de elección supondría que en lugar de esos tres quintos, parte de los vocales pasarían a ser elegidos por mayoría absoluta, como la que ahora suman el Gobierno y sus socios, y permitiría esquivar el bloqueo del PP. Este sistema implica un cambio en la ley del Poder Judicial que afectaría a los 12 jueces y magistrados, pues la elección de los ocho juristas con mayoría de tres quintos está blindada en la Constitución.

Ante esta opción, Guilarte ha defendido de nuevo su propuesta para limitar las competencias del órgano como vía para facilitar su renovación. Su opción es “objetivar” los nombramientos dejando en manos de los propios jueces y de un tribunal de juristas la elección de cargos en la cúpula judicial. En el sistema actual, esas designaciones las realizan los vocales que son previamente elegidos por los partidos. 

Respecto a los magistrados del Tribunal Supremo —que pueden estar en el puesto hasta la jubilación— su propuesta es que sean nombrados por una “comisión cualificada”, compuesta mayoritariamente por vocales y por magistrados del Alto Tribunal. Y en relación a los llamados cargos gubernativos —esto es, presidencias de las audiencias provinciales, los tribunales autonómicos y sus salas— su propuesta pasa porque sean elegidos por los miembros de la carrera judicial del territorio respectivo.

“Tan importante como renovar el Consejo es buscar un fórmula que evite que en el futuro estemos en una situación de aparente politización del órgano y de los nombramientos que efectúe”, ha afirmado Guilarte, que ha recordado que hay pendientes 122 nombramientos por la imposibilidad de que el actual CGPJ, al estar en funciones, haga designaciones discrecionales.

En su intervención, Guilarte también ha vuelto a rechazar la dimisión en bloque de los vocales y ha mantenido que dejará su puesto este verano. “Mi idea sigue siendo la misma, dejar paso a otras personas (...). Me quiero ir antes de que llegue el verano. Me quiero ir en agosto, tranquilo”, ha afirmado tras reconocer que no ha tenido “un papel relevante” en la resolución del bloqueo del órgano, tal y como era su voluntad.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, el conservador Vicente Guilarte, considera que los vocales no son responsables de la situación de bloqueo en la que se encuentra desde hace cinco años el órgano de gobierno de los jueces y que, en consecuencia, no deberían renunciar a sus cargos en bloque para forzar la renovación que impide el Partido Popular.

“La situación no es nuestra culpa, el problema no es algo que nos ataña y no nos vuelvan a decir que dimitamos. No vamos a dimitir salvo que se produzca, en algún caso, la jubilación o el fallecimiento”, ha afirmado Guilarte en un acto en Granada, donde ha inaugurado el XIX Encuentro Anual de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia. “Es un disparate. ¿Por qué vamos a tener que dimitir? ¿Quiénes son los culpables de esta situación? Me extraña que no escuchemos por qué no dimiten los que llevan cinco años negociando y no llegan a un arreglo. ¿Por qué no dimite la presidenta del Congreso o el presidente del Senado?”, ha insistido Guilarte.

La intervención de este lunes contrasta con el mensaje que Guilarte ha lanzado en los últimos meses, cuando ha amenazado con renunciar en caso de fracaso de la negociación entre el PSOE y el PP en Bruselas, unos encuentros tras los que no se han constatado avances en el desbloqueo del órgano. “Estaré a la espera de que se produzca ese acuerdo y si no se produce hay personas más cualificadas que yo para ocupar este cargo”, afirmó el pasado febrero en un desayuno informativo ante buena parte de la cúpula judicial. 

Después, el pasado abril, llegó incluso a poner fecha a su salida ante los vocales de la Comisión Permanente, el núcleo duro de la institución. Entonces, no hizo un anuncio como tal, pero sí dejó caer su próxima renuncia de forma implícita. Cuando los miembros de la Permanente han abordado el calendario de reuniones para el resto del año, Guilarte afirmó que pusieran lo que quisieran, que él ya no iba a estar en su puesto después de verano, coincidieron varias fuentes, que apuntaron a julio como la fecha límite que se habría marcado. 

En declaraciones a elDiario.es, Guilarte ha afirmado que su idea de marcharse “sigue siendo exactamente la misma” y que se refería a que “no tiene sentido la dimisión grupal”. Asimismo, ha recordado su voluntad es que se alcance la renovación y que es algo que está intentando “por todas las vías posibles”. Entre ellas, con la propuesta que ha remitido a Las Cortes para quitar competencias al CGPJ y dejar en manos de los magistrados la elección de cargos en la cúpula judicial.

En los últimos años, asociaciones como Juezas y Jueces para la Democracia han pedido la dimisión en bloque de los vocales como vía para forzar la renovación. Preguntado por este asunto, Guilarte consideró en el citado desayuno informativo de febrero que se trata de “una decisión personal” que no está vinculada a una “medida de presión” para la renovación. 

Este lunes, ante los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, Guilarte ha dicho sentirse “afligido” por la situación de prórroga en la que está el CGPJ. Y ha descargado culpas por igual en el PP y en el PSOE. “Estamos, lo cual es terrible, en manos de la política (...). Aquí hay dos ideas —renovación de los miembros por los jueces o por el parlamento— que discurren por dos caminos paralelos y van a confluir en el infinito”, ha afirmado. Guilarte, que ha calificado de “contradictoria” la mediación de Bruselas, también se ha quejado de las, a su juicio, “constantes injerencias” que sufren los jueces. 

La propuesta del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de quitarle al órgano de gobierno de los jueces su principal competencia sobre nombramientos como vía para forzar la renovación pendiente desde 2018 no ha sido bien recibida por la derecha política y judicial. La iniciativa de Vicente Guilarte pasa por una reforma legal que, a su juicio, pretende limitar el atractivo del CGPJ como instrumento político de los partidos al dejar en manos de los propios jueces y de un tribunal de juristas la elección de cargos en la cúpula judicial. En el sistema actual, esas designaciones las realizan los vocales que son previamente elegidos por los partidos. 

Las reacciones de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo y de los vocales conservadores del CGPJ evidencian que la propuesta ha sido recibida con total desinterés, cuando no con una crítica directa. Mientras el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, replicó que lo mejor es renovar el órgano a la vez que se cambia el sistema de elección; la iniciativa volvió a poner de manifiesto el distanciamiento que existe entre Guilarte y los miembros del sector conservador, al que se supone que pertenece pero del que nunca se le ha considerado miembro activo. Guilarte fue elegido en su día a propuesta del PP, aunque siempre se le ha calificado de verso suelto. Es catedrático de Derecho Civil y llegó al CGPJ gracias a su cercanía con la familia de Mariano Rajoy. 

Desde el PP expresaron su “respeto” por la propuesta, pero defendieron que lo mejor es nombrar nuevos vocales y, en paralelo, modificar el sistema para que los 12 que pertenecen a la carrera judicial sean elegidos de forma directa por los jueces sin necesidad de un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas. “Todo mi respeto, pero la realidad es que estamos en conversaciones con el PSOE y nuestra postura no ha cambiado: renovación del CGPJ y, al mismo tiempo, renovación de la norma que nos permite profundizar en la despolitización del Poder Judicial”, resumió Tellado. 

En el documento enviado a las Cortes, el presidente interino también aborda el asunto de la elección de los vocales y plantea dos fórmulas alternativas. Por un lado, dar continuidad a la actual elección parlamentaria, en la que diputados y senadores eligen con una mayoría de tres quintos sobre una preselección previa que realizan los jueces. No obstante, Guilarte incluye una salvedad: que los consejeros nombrados sean ajenos “a toda contaminación política previa”. Por otro, propone que el nombramiento de los vocales judiciales quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención. Esta es la fórmula que defiende el PP y que ha pedido de forma reiterada la Comisión Europea. 

Para Guilarte, que no se decanta por una u otra fórmula, cualquiera de las elegidas “debiera determinar, respecto de la elección de los vocales judiciales, una representación proporcionalmente similar entre los vocales propiciados por las asociaciones judiciales y los que provengan de jueces sin asociar”. Todo ello, sostiene, con el objetivo de “mitigar las nocivas consecuencias actuales”. 

Las críticas de los vocales conservadores

Aunque en su escrito Guilarte afirma que se trata de una iniciativa realizada a título personal, en el órgano que preside de forma interina desde julio del año pasado no sentó bien que la remitiera a las presidencias del Congreso y del Senado sin consultarlo antes con el resto de vocales, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. Vocales de uno y otro bloque consideran que su condición de presidente se vincula inevitablemente con una función de “representación” del órgano que puede generar “confusión”. 

No obstante, la reacción fue especialmente beligerante en el bloque de vocales elegidos a propuesta del PP, donde calificaron la propuesta casi de “ocurrencia”. Consultados por este periódico, vocales de este sector mayoritario destacan la “contradicción” que supone que Guilarte pertenezca al CGPJ mientras defiende que se tiene que “privar de su esencia” y de “su razón de ser” a la institución más importante del tercer poder del Estado. “Realizar nombramientos en la cúpula judicial es una función nuclear que justifica la existencia del CGPJ. Si opina eso no sé qué hace aquí”, dice un vocal de este sector. 

De hecho, el propio escrito remitido a Las Cortes constata la enorme tensión que existe entre Guilarte y el resto de vocales elegidos a propuesta del PP. En su documento, pone como ejemplo de la “politización” del órgano el rechazo de los vocales de la derecha a la reelección del fiscal general del Estado o los informes críticos con la amnistía promovidos por estos vocales. Guilarte no se sumó a ninguno de estos pronunciamientos. Es más, les pidió no interferir en la actividad política cuando hicieron una apocalíptica declaración contra la amnistía cuando ni siquiera se conocía el texto de la ley. 

Con más interés se recibió la propuesta en las asociaciones judiciales. “Guilarte está haciendo de buen presidente intentando solucionar el grave problema que existe con la no renovación del CGPJ”, afirmó en declaraciones a elDiario.es el magistrado Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se autodefine como independiente. A su juicio, se trata de una propuesta “positiva” porque abre la puerta a que los jueces elijan a determinados cargos de su territorio y “limita el ámbito de arbitrariedad en los nombramientos discrecionales”. 

Por su parte, el magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, afirmó que cualquier propuesta dirigida a desatascar la situación del CGPJ “es un buen camino”, pero subrayó que “lo fundamental” es renovar el órgano de gobierno de los jueces y después estudiar esta y otras propuestas. “Cualquier paso que mejore la transparencia a la hora de elegir a los jueces es positivo, pero el problema del CGPJ no es ese, es la falta de renovación”, afirmó Rodríguez Achútegui, quien expresó sus “dudas” sobre que un cambio en el sistema de nombramientos pueda acabar con el bloqueo impuesto por el PP desde 2018. “Es empezar la casa por el tejado”, sentenció. 

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el conservador Vicente Guilarte, ha remitido al Congreso y al Senado su propuesta para limitar las competencias del órgano de gobierno de los jueces como vía para facilitar su renovación, pendiente desde hace más de cinco años por el bloqueo impuesto por el Partido Popular. En un extenso documento, Guilarte propone dejar en manos de los propios jueces y de un tribunal de juristas la elección de cargos en la cúpula judicial y critica que en el modelo actual —donde son seleccionados por los vocales— se designan teniendo criterios de “proximidad afectiva” e ideología. 

En su escrito, defiende que es “imprescindible no tanto sustraer competencias al CGPJ” como dar “más protagonismo” a la carrera judicial en el ejercicio de las tareas gubernativas. Asimismo, defiende que “no se priva al órgano de competencia para el nombramiento de los altos cargos jurisdiccionales”. Y defiende que el objetivo es “limitar la inevitable discrecionalidad actual” al “reenviar” las designaciones a los principios constitucionales de “mérito y capacidad”.

En relación a los llamados cargos gubernativos —esto es, presidencias de las audiencias provinciales, los tribunales autonómicos y sus salas— su propuesta pasa porque sean elegidos por los miembros de la carrera Judicial del territorio respectivo. Los candidatos tendrían que presentar un programa de actuación y se podrían determinar exigencias adicionales como la antigüedad o la vinculación con el territorio. El CGPJ sería el encargado de convocar y organizar el proceso electoral y garantizar su correcto funcionamiento, así como acordar el nombramiento y ratificación del candidato propuesto comprobar que cumple con la exigencias reglamentarias.

Respecto a los magistrados del Tribunal Supremo —que pueden estar en el puesto hasta la jubilación— su propuesta es que sean nombrados por una “comisión cualificada”, compuesta mayoritariamente por vocales y por magistrados del Alto Tribunal. Guilarte plantea que esa comisión esté presidida por un vocal del CGPJ que sea magistrado del Supremo, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del Alto Tribunal, en caso contrario.

Elección de los vocales

El presidente interino también plantea dos fórmulas alternativas para la elección de los vocales. Por un lado, dar continuidad a la actual elección parlamentaria, en la que diputados y senadores eligen con una mayoría de tres quintos sobre una preselección previa que realizan los jueces. No obstante, Guilarte incluye una salvedad: que los consejeros nombrados sean ajenos “a toda contaminación política previa”. Por otro, propone que el nombramiento de los vocales judiciales quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención. Esta es la fórmula que defiende el PP y que ha pedido de forma reiterada la Comisión Europea, que defiende que primero debe renovarse el CGPJ e “inmediatamente después” se emprenda esa reforma.

Para Guilarte, que no se decanta por una u otra fórmula, cualquiera de las elegidas “debiera determinar, respecto de la elección de los vocales judiciales, una representación proporcionalmente similar entre los vocales propiciados por las asociaciones judiciales y los que provengan de jueces sin asociar”. Todo ello, sostiene, con el objetivo de “mitigar las nocivas consecuencias actuales”.

La iniciativa del presidente interino eleva la presión para que se acuerde la renovación que el PP lleva impidiendo desde 2018 y que, por el momento, no se ha logrado desencallar ni con la mediación de la Comisión Europea que exigió el partido de Alberto Núñez Feijóo. Un escenario de interinidad que se agudizará el próximo verano cuando, salvo en caso de renovación, los vocales se verán obligados a elegir al cuarto presidente del mandato si, como ha anunciado, Guilarte renuncia al cargo.

El próximo verano, salvo en caso de renovación, los vocales del caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se verán obligados a elegir al cuarto presidente del mandato si, como ha anunciado, Vicente Guilarte renuncia al cargo. Sería el suplente, del suplente, del suplente: el tercer nombramiento interino en menos de dos años, tras la dimisión de Carlos Lesmes en octubre de 2022. La situación es paradigmática del convulso estado en el que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces tras más de cinco años de bloqueo y cuyos vocales encadenan una bronca interna tras otra. La última, a propósito de la Escuela Judicial, el órgano técnico donde se forman los jueces. 

La situación no pasa desapercibida para las asociaciones de jueces —conservadoras y progresistas— que esta semana han elevado la presión con la emisión de comunicados en los que piden que se acuerde la renovación que el Partido Popular lleva impidiendo desde 2018 y que, por el momento, no se ha logrado desencallar ni con la mediación de la Comisión Europea que exigió el partido de Alberto Núñez Feijóo. Un escenario de interinidad que, según las asociaciones, ya está afectando a las relaciones de los ciudadanos con la Administración de Justicia. Al estar en funciones, el órgano no puede tomar decisiones clave como hacer nombramientos en la cúpula judicial. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmó este viernes que el CGPJ “está en un proceso de descomposición irreversible y acelerado” y urgió de nuevo al PP a la renovación. 

Esta crisis adquirirá sin duda una dimensión mayor si el conservador Vicente Guilarte cumple su órdago y deja la presidencia que asumió el pasado verano por un “criterio de longevidad”. Él era el vocal de más edad cuando su antecesor, también interino, cumplió la edad legal de jubilación, que está fijada a los 72 años para jueces y magistrados. Esta semana dejó caer a los miembros de la Comisión Permanente —el núcleo duro de la institución— que no cuenten con él después de verano. En otros círculos, Guilarte lleva tiempo deslizando que su fecha límite es el próximo julio, coinciden varias fuentes consultadas por elDiario.es. 

Es una decisión que verbalizó de forma pública en febrero, en un desayuno informativo ante la cúpula judicial, aunque en ese momento no fijó una fecha. “Estaré a la espera de que se produzca ese acuerdo [entre el PP y el PSOE] y si no se produce hay personas más cualificadas que yo para ocupar este cargo”, dijo entonces. “No tengo la sensación tanto de capitán que abandona el barco como que no me gusta ser juguete de algo que no controlo”, añadió sin precisar si se refería a los políticos que tienen que acordar esa renovación o a los jueces y juristas con los que comparte plenos y comisiones. 

En todo caso, la decisión parece ya irreversible, algo a lo que ha contribuido la situación de gran tensión que se vive en el órgano. En los últimos tiempos se han acrecentado los recelos y la desconfianza entre los vocales, que arrastran el desgaste de cinco años de mandato interino. Además, en los últimos meses se han acumulado hasta media docena de renuncias de cargos del primer nivel de los órganos técnicos. 

“Hay más tensión que hace un mes, para qué negarlo”, sostiene una vocal. Otros consejeros de ambos sectores hacen un diagnóstico similar y reconocen que el ambiente es, por momentos, casi irrespirable. El último episodio es la renovación en funciones de la dirección de la Escuela Judicial tras la renuncia de su anterior director interino, Jorge Jiménez, ante las maniobras del mayoritario sector conservador. Finalmente, estos vocales lograron imponer a su candidata, la jueza María Jesús Millán, actual directora de Formación Continua. Es un puesto con sede en Madrid, cuando la Escuela está en Barcelona, lo que ha alentado las sospechas sobre que la verdadera intención de estos consejeros es “tratar de controlar” el órgano que coordina la formación de los nuevos jueces y “poner en solfa” que se formen en Catalunya.  

La elección de Millán fue acordada por los tres vocales conservadores de la Comisión Permanente, a quienes se sumó la progresista Pilar Sepúlveda. Por contra, las otras dos progresistas y el presidente preferían que ese puesto fuera ocupado por la magistrada y jefa de sección del Servicio de Formación Inicial Clara Carulla, que hacía las funciones de jefa de estudios de la Escuela y era la ‘número dos’ del anterior director. 

“Lo de la Escuela Judicial ha sido un desastre. En un sitio estratégico. Y aunque el plan docente está aprobado, la dirección sí tiene influencia”, dice un vocal. “El asalto a la Escuela es dramático”, sostiene otro. Entre los partidarios de la aspirante finalmente elegida niegan cualquier intención de controlar el centro docente y afirman que su candidata tiene una mejor posición en el organigrama de la institución. Además, defienden que el anterior director estaba en una situación “ilegal” que debían solucionar. 

Los recelos del bloque conservador

Este episodio ha vuelto a poner de manifiesto el distanciamiento entre Guilarte y los miembros del sector conservador, al que se supone que pertenece pero del que nunca se le ha considerado miembro activo. Guilarte fue elegido en su día a propuesta del PP, aunque siempre se le ha calificado de verso suelto. Es catedrático de Derecho Civil y llegó al CGPJ gracias a su cercanía con la familia de Mariano Rajoy. 

Esta semana, los vocales María Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, que integran el núcleo duro del sector conservador, lo acusaron de actuar de forma irregular y de convertir el principal órgano de decisión del CGPJ “en una mera caja de resonancia de su voluntad”. En los últimos meses, Guilarte no se sumó al rechazo de los vocales de la derecha a la reelección del fiscal general del Estado y tampoco ha apoyado los informes críticos con la amnistía promovidos por estos vocales. Es más, les pidió no interferir en la actividad política cuando hicieron una apocalíptica declaración contra la amnistía cuando ni siquiera se conocía el texto de la ley. 

“Son cosas que no le perdonan”, dicen desde el sector progresista, donde también creen que entre los vocales designados a propuesta del PP no ha sentado bien que Guilarte haya cultivado durante su presidencia un “perfil propio”, con asistencia a actos públicos y cierta presencia en los medios de comunicación. Estas fuentes atribuyen al actual presidente interino una adscripción conservadora, pero alejada de los posicionamientos más escorados a la derecha de otros vocales elegidos a iniciativa del PP. 

Además, Guilarte inició su mandato haciendo cambios en la plenipotenciaria Comisión Permanente, una especie de núcleo duro que tiene en su mano muchas decisiones sobre asuntos de calado que antes de la reforma de 2013 se debatían en el Pleno. Sus miembros, además, son los únicos vocales que tienen sueldo —más de 130.000 euros anuales— y dedicación exclusiva frente al resto, que deben asistir a los plenos desplazándose desde donde residan —cobran dietas por ello— y compaginar esta tarea con sus trabajos. Eso hace que los de la permanente sean puestos especialmente codiciados. Su predecesor, el también interino Rafael Mozo, no hizo cambios en este órgano reducido. 

La tensión dentro del órgano del consejo va en aumento mientras sigue sin haber renovación a la vista. Especialmente, en una primavera con un frenético calendario electoral por delante con comicios en el País Vasco, Catalunya y Europa. La semana pasada, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, avisó al PP y al PSOE de que deben mostrar voluntad de acuerdo si quieren retomar la mediación iniciada el pasado enero y que, hasta ahora, no ha dado frutos. Pero, por el momento, el partido de Alberto Núñez Feijóo sigue sin comprometerse a buscar una salida al bloqueo.

Sin embargo, la situación se antoja todavía más compleja toda vez que Reynders, que había operado como un mediador entre PP y PSOE para alcanzar un acuerdo, ha anunciado que adelanta su excedencia. Será esta semana cuando dé un paso a un lado para que el Consejo de Europa pueda mantener las reuniones con los candidatos y evitar así acudir en su calidad de comisario, según ha avanzado El Mundo. Este movimiento deja de nuevo en el aire la renovación y tendrá que esperar a quien le suceda en el cargo o si finalmente él vuelve en junio, informa Irene Castro.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, el conservador Vicente Guilarte, ha comunicado este jueves a los vocales de la Comisión Permanente —el núcleo duro de la institución— que dejará el cargo que ocupa de forma interina el próximo verano, según ha adelantado El Español y han confirmado a elDiario.es fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Con su renuncia, la crisis abierta en el CGPJ por una situación de interinidad que se remonta a 2018 adquiriría una dimensión todavía mayor. 

Los vocales consultados explican que el presidente no ha hecho un anuncio como tal, pero sí ha dejado caer su próxima renuncia de forma implícita. Cuando los miembros de la Permanente han abordado el calendario de reuniones para el resto del año, Guilarte ha espetado que pusieran lo que quisieran, que él ya no iba a estar en su puesto después de verano, coinciden varias fuentes, que apuntan a julio con la fecha límite que se habría marcado.

El pasado febrero, Guilarte ya aseguró en un desayuno informativo ante parte de la cúpula judicial que renunciaría al cargo que ocupa en funciones desde julio si fracasa el último intento de renovación entre el PP y el PSOE con la intermediación de la Comisión Europea. “Estaré a la espera de que se produzca ese acuerdo y si no se produce hay personas más cualificadas que yo para ocupar este cargo”, afirmó. Ese acuerdo sigue sin producirse por las trabas del PP, que lleva más de un lustro bloqueando la renovación.

“No me gusta ser juguete de algo que no controlo”, afirmó en ese acto Guilarte, que acostumbra a decir que ocupa el cargo de presidente por un “criterio de longevidad”. Él era el vocal de más edad cuando, el pasado julio, su antecesor, también interino, cumplió la edad legal de jubilación, que está fijada a los 72 años para jueces y magistrados. 

Si cumple su órdago y el CGPJ sigue sin renovarse, los miembros de la institución más importante del tercer poder del Estado se expondrá a tener que elegir a su tercer presidente en año y medio después de que Carlos Lesmes dimitiera en octubre de 2022, también ante el bloqueo a la renovación. El siguiente vocal de más edad es Wenceslao Olea, elegido en su día a propuesta del PP. Además, la salida de Guilarte, de producirse, dejará a la institución en una situación todavía más precaria con 15 vocales de sus 21 miembros originales: nueve conservadores y seis progresistas. 

La intención de Guilarte de dejar el cargo este verano trasciende en un momento especialmente convulso en el órgano de gobierno de los jueces. En las últimas semanas, la dimisión del director de la Escuela Judicial, el órgano técnico donde se forman los jueces, ha abierto una nueva brecha entre sus miembros.

Finalmente, los conservadores han logrado imponer a su candidata. Se trata de la jueza María Jesús Millán, que era directora de Formación Continua de la Escuela desde junio de 2022. Es un puesto que tiene en Madrid, lo que ha alentado las sospechas sobre que la verdadera intención de estos vocales es traer a la capital la dirección del centro donde se forman los jueces.

Además, este mismo jueves las asociaciones de jueces han reclamado el fin del bloqueo del órgano. En un comunicado, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha pedido la “inmediata renovación” del CGPJ y ha mostrado su “preocupación” por la falta de avances en la negociación, mientras la progresista Jueza y Jueces para la Democracia ha afirmado que “no hay justificación” para que se mantenga al órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado en su actual y “prolongada interinidad”.

La dimisión del director de la Escuela Judicial, el órgano técnico donde se forman los jueces, ha abierto una nueva brecha en el caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El último episodio es la decisión del presidente interino, el conservador Vicente Guilarte, de convocar este martes una sesión extraordinaria y presencial de la Comisión Permanente —el principal órgano de decisión— para que las dos juezas que aspiran a ser nombradas en funciones para ese puesto presenten sus proyectos.

El movimiento ha soliviantado a los tres vocales elegidos a propuesta del Partido Popular que forman parte de la Permanente del órgano, que pretendían que los consejeros se reunieran de forma exprés la semana pasada para elegir a la nueva directora en funciones sin este paso previo. Esto es, sin escuchar los programas de ambas aspirantes para dirigir la institución que coordina la formación de los nuevos jueces. La decisión del presidente retrasará apenas una semana la elección.

En un duro escrito, los vocales María Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, que integran el núcleo duro del sector conservador, acusan a Guilarte de actuar de forma irregular y de convertir el principal órgano de decisión del CGPJ “en una mera caja de resonancia de su voluntad”. Guilarte fue elegido en su día a propuesta del PP, aunque siempre se le ha considerado un verso suelto dentro de este bloque.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, acusan al presidente de haber tomado esa decisión de forma “unilateral” y “sin haberlo sometido a votación”. Y sostienen que la comparecencia de las candidatas “confunde” la provisión ordinaria de la plaza con la designación por sustitución, que es la única que puede acordar el CGPJ al tener vedados desde marzo de 2021 los nombramientos discrecionales por su situación interina. 

“La comparecencia decidida unilateralmente por el presidente viene a ignorar la naturaleza del nombramiento citado, resultando extraño a los precedentes del CGPJ que un nombramiento de carácter provisional se someta a tal trámite”, afirma el escrito, que también acusa a Guilarte de sustraer a la Permanente “el legítimo ejercicio de sus funciones” al privarle de debatir y, en su caso, decidir, sobre el procedimiento legal de designación. “La convocatoria de una sesión extraordinaria de la Permanente no puede servir de cauce para alterar el procedimiento legal de nombramiento”, dicen los vocales. 

Además, estos mismos consejeros también expresan su “desacuerdo” con la decisión del presidente de convocarles de forma presencial y sostienen que la ley del de Régimen Jurídico del Sector Público prevé que se pueda asistir a las reuniones de órganos colegiados a distancia y que no existe normativa propia del CGPJ que excluya de manera expresa tal posibilidad. Los vocales de la Permanente tienen dedicación exclusiva, por lo que cobran más de 130.000 euros anuales.

Fuentes de la presidencia del CGPJ no ocultan su malestar por este movimiento de los vocales Carmona, Ballestero y Llombart y recuerdan que tienen dedicación exclusiva, por lo que no entienden que les “moleste” tener que asistir al órgano de forma presencial para una sesión extraordinaria. La Permanente suele celebrar sus reuniones los jueves. Además, consideran “razonable” que antes de elegir un puesto tan “sensible” se entreviste a los candidatos.

Otras fuentes del CGPJ vinculan este movimiento del sector conservador con el enfrentamiento abierto entre los vocales en torno a quien debe ocupar la dirección de la Escuela Judicial de forma interina a partir de ahora. En el bloque conservador creen que la persona idónea es la magistrada María Jesús Millán, que es directora de Formación Continua de la Escuela desde junio de 2022. Es un puesto con sede en Madrid, lo que ha alentado las sospechas sobre que la verdadera intención de estos vocales es traer a la capital la dirección del centro donde se forman los jueces, algo que voces de ese bloque niegan de forma tajante.

“La urgencia de votar de cualquier manera tiene su origen en contar con el voto de la progresista Pilar Sepúlveda para la elección de la candidata elegida por los conservadores”, dicen fuentes del CGPJ. Otros consejeros —incluido el presidente— creen más adecuado el perfil de la también jueza Clara Carulla, que ocupó el puesto de Jorge Jiménez Martín cuando él fue nombrado director. Y sostienen que el puesto como directora de Formación Continua de la Escuela que ostenta María Jesús Millán hace que sea “imposible” compatibilizarlo con el de directora de la Escuela, que debe residir en Barcelona. Todo apunta, por tanto, a que la decisión no será pacífica. En todo caso, si la progresista Sepúlveda se suma a los tres conservadores, el sector de vocales elegidos a propuesta del PP logrará imponer a su candidata.

Dimisión del director en funciones

La apertura del proceso para renovar la dirección de la Escuela Judicial se produce tras la renuncia de su anterior director, el magistrado Jorge Jiménez Martín, que ocupaba ese puesto en funciones desde julio de 2018. Su dimisión se produjo tras los movimientos de consejeros del grupo conservador, que consideraban que no cumplía los requisitos que establece la ley y querían apartarlo del cargo. 

Jiménez Martín —que en el pasado fue afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)— fue nombrado de forma interina cuando faltaban cinco meses para que acabara el mandato del CGPJ. Después, su relevo quedó aparcado con la idea de que fuera acordado por el nuevo pleno que saliera de la renovación, pero esta lleva atascada más de un lustro. Entre tanto, además, entró en vigor la reforma que impide al órgano hacer nombramientos y sacar a concurso la plaza definitiva, por lo que el asunto quedó estancado. 

Pero, en los últimos meses, la situación entre Jiménez Martín y los consejeros elegidos en su día a propuesta del PP se había tensado por los sistemáticos obstáculos que estos vocales ponían a sus iniciativas, de acuerdo a algunas fuentes consultadas. En el bloque conservador lo niegan y afirman que su única intención era “acabar con algo ilegal”. Este es el contexto en el que miembros del sector designado a iniciativa del PP solicitaron incluir un punto en el orden del día del pleno de febrero para abordar su continuidad con el argumento de que no cumplía los requisitos que exige la ley. 

Su tesis es que Jiménez ocupa un puesto de letrado desde junio de 2011 y que es esa condición de letrado la que le permite ejercer las funciones de director interino de la Escuela. Pero la cuestión es que la ley del Poder Judicial establece que los letrados de carácter temporal sólo pueden prestar ese servicio durante 10 años. Un límite que Jiménez habría sobrepasado hace más de dos años y medio sin que hasta el momento se hubiera planteado formalmente la necesidad de relevarlo. Una tardanza que vocales consultados atribuyen a su inestable situación con el mandato prorrogado y los varios intentos de renovación abordados por PP y PSOE. 

A comienzos de marzo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, estampó su firma en un convenio de colaboración con el Gobierno vasco y con la asociación de municipios vascos, Eudel, para dar respuesta a personas y familias vulnerables que puedan sufrir un desahucio. Se trata de la segunda renovación de una línea de trabajo iniciada en 2013 y que continuó en 2019. Ahora, tras la aprobación de la nueva ley estatal de Vivienda, se ha considerado necesario realizar algunos ajustes, aunque la filosofía sigue siendo la misma. El objeto del convenio es disponer de un “protocolo” para que los procesos judiciales con colectivos vulnerables que puedan derivar en un “lanzamiento de vivienda habitual” o desahucio.

Se menciona como referencia una normativa que, por ejemplo, entiende como casos a tener en cuenta los de familias numerosas o monomarentales, las unidades de convivencia con menores, discapacitados, dependientes o enfermos graves, las situaciones de desempleo o de violencia de género y también la realidad de los mayores de 60 años. El CGPJ se obliga a que, cuando una sala conozca un posible desalojo y aprecie situaciones de “especial vulnerabilidad”, tendrá que facilitar a los afectados la información de sus posibilidades y notificarlo a los servicios sociales del municipio correspondiente. A partir de ahí, Eudel se compromete a que el ayuntamiento implicado “formulará una propuesta” al Gobierno vasco para que, en última instancia, pueda ofrecer el acceso a una vivienda protegida o asimilada o tramitar una prestación.

Esa posibilidad tiene algunos topes. Por ejemplo, “no incluye” a personas que hayan “ocupado de manera ilegal” una vivienda y sean desalojadas o que hayan sido adjudicatarias de un piso protegido y tengan impagos de la renta con la Administración. Los beneficiarios, en todo caso, deberán estar inscritos en Etxebide, el registro autonómico de solicitantes de vivienda. En enero se explicó que desde que en 2013 se activó el primer convenio con el GGPJ “se han adjudicado 280 viviendas de protección pública o asimilada a personas de especial vulnerabilidad afectadas por un desahucio en vía judicial” fruto de los sucesivos convenios suscritos.

El protocolo afecta a dos áreas del Gobierno vasco, a Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y a Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. De hecho, el convenio viene firmado por dos consejeros, Nerea Melgosa e Iñaki Arriola. El primer departamento es el que gestiona la Administración de Justicia y el segundo el parque de viviendas públicas y las ayudas. Se ha estipulado una vigencia de cuatro años, es decir, hasta marzo de 2028. Podrá ser prorrogado en ese momento por otros cuatro años adicionales. Por parte de Eudel la firmante es su presidenta, Esther Apraiz, que es también la alcaldesa de Derio.

Se puede leer en el documento firmado que las medidas extraordinarias activadas en España y en Euskadi por la pandemia de la COVID-19 y por el contexto internacional convulso abierto por la guerra en Ucrania han variado “sustancialmente” el tratamiento de estos casos de “especial vulnerabilidad”. Ha habido una “notable reducción” de desahucios si se mide el dato de 2019, el último previo a la emergencia sanitaria, y el de 2021. De 806 bajaron a 659, se resalta. Es un 18,2% de bajada, aunque en España fue del 20,4% en el mismo período. Se incide en que en estos años se ha trabajado para posponer determinados lanzamientos, prorrogar contratos de alquiler o buscar nuevos calendarios de pago de las deudas, así como la fijación de límites a las subidas de las rentas.

Se menciona expresamente en el nuevo convenio la existencia también de medidas arbitradas por la normativa estatal de Vivienda. Se trata de una materia sensible ya que el área la dirige el PSE-EE en el Ejecutivo de coalición de Iñigo Urkullu mientras que el PNV la critica duramente y ha llegado a recurrir al Tribunal Constitucional para tumbarla. La ha llegado a comparar con la abolición foral de 1839. Sin embargo, este protocolo da continuidad a otro activado en otoño por el equipo del consejero Arriola para evitar posibles casos de desahucios en inquilinos de “grandes tenedores”, algo expresamente vinculado a la nueva normativa estatal. Entonces había 166 casos y se comisionó al servicio Bizilagun (Servicio de Mediación Hipotecaria) para atenderlos.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, el conservador Vicente Guilarte, ha amenazado con dimitir del cargo que ocupa de forma interina desde el pasado verano si fracasa el último intento de renovación entre el PP y el PSOE con la intermediación de la Comisión Europea. “Estaré a la espera de que se produzca ese acuerdo y si no se produce hay personas más cualificadas que yo para ocupar este cargo”, ha afirmado este miércoles en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa en el que ha sido presentado por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. También han asistido jueces del Alto Tribunal, vocales del CGPJ y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre otras autoridades.

El actual órgano de gobierno de los jueces se conformó en 2013, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta, y debería haberse renovado a finales de 2018. Pero el pacto para una nueva composición no ha sido posible por los cálculos partidistas del principal partido de la derecha: primero con Pablo Casado y, después, con Alberto Núñez Feijóo. Este bloqueo va camino de perpetuar una década de mayoría conservadora en la institución más importante del tercer poder del Estado. 

Tras varios intentos fracasados, el PP y el PSOE tratan ahora de buscar un acuerdo con la mediación del comisario de Justicia, Didier Reynders. El PP, sin embargo, reiteró tras la última reunión celebrada este lunes que su partido exige cambiar el sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ para avenirse a desbloquear el órgano. Y eso que tras la primera cita, celebrada a finales de enero, el Ejecutivo comunitario recordó que primero hay que renovar el órgano “e inmediatamente después” cambiar la norma.

Guilarte reclama “soluciones intermedias”

A ambas formaciones, Guilarte les ha reclamado que encuentren “soluciones intermedias” en aras de lograr un pacto a medio plazo. “Tengo plena confianza en un próximo desenlace feliz de esta renovación”, ha aseverado tras verbalizar por primera vez de forma nítida y pública este miércoles que, si este intento fracasa, él se marchará.

“No me gusta ser juguete de algo que no controlo”, ha afirmado Guilarte, que acostumbra a decir que ocupa el cargo de presidente por un “criterio de longevidad”. Él era el vocal de más edad cuando, el pasado julio, su antecesor, también interino, cumplió la edad legal que jubilación, que está fijada a los 72 años para jueces y magistrados.

En los últimos años, asociaciones como Juezas y Jueces para la Democracia han pedido la dimisión en bloque de los vocales como vía para forzar la renovación. Preguntado por este asunto, Guilarte ha considerado que se trata de “una decisión personal” que no está vinculada a una “medida de presión” para la renovación. No obstante, también ha afirmado que, si renuncia, lo hará “discretamente” y que en ningún caso se sentirá como “el capitán que abandona la nave”.

Respecto a la posible salida al bloqueo, Guilarte ha advertido de que sería “peligroso” que de las negociaciones que mantienen ambos partidos saliesen elegidos “diez militantes y otros diez militantes” como integrantes del nuevo órgano. Y que esos vocales elegidos tras un “intercambio de cromos” fueran los encargados de nombrar el centenar de puestos vacantes acumulados por la imposibilidad de realizar nombramientos discrecionales cuando, como ahora, el CGPJ está en funciones.

A este respecto, el presidente interino ha vuelto defender su propuesta de dejar las designaciones de jueces que ahora realiza el CGPJ en manos de los jueces y de un tribunal de juristas. Esto es, lo que se denominado como 'fórmula Guilarte' y que, a su juicio, no significa “recortar competencias” al CGPJ y sí serviría para “mejorar el sistema”.

Como viene haciendo en sus últimas intervenciones, Guilarte ha afirmado que “nunca” creyó que fuese “tan necesario” defender la independencia judicial como ahora y ha cuestionado el “ataque intenso” que, a su juicio, ha recibido la magistratura en relación a las acusaciones de lawfare. Pero también ha hecho autocrítica y ha reconocido que el CGPJ también ha mandado en ocasiones un “mensaje de polarización política”. “Una vez que se me ocurrió salirme del carril que me habían marcado [fue elegido a propuesta del PP y se le sitúa en el bloque conservador] decían que era un verso suelto, un traidor”, ha aseverado.

Sí ha hecho una defensa cerrada de los jueces que juzgaron el procés —con Manuel Marchena a la cabeza—. “En aquel momento se hizo lo que había que hacer”, ha afirmado tras mostrarse muy crítico con lo que él considera como “un cambio de relato” en torno a la tramitación de la amnistía en el que “los malos ahora son buenos y los buenas ahora son malos”.

Previamente, durante la presentación, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha rechazado hacer a los vocales “responsables” de la situación en la que se encuentra el CGPJ. “No hay otros responsables que aquellos que tienen que ponerse de acuerdo”, ha manifestado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años, ha suscrito por unanimidad un acuerdo en el que advierte de que no autorizará las comparecencias de jueces en las comisiones de investigación parlamentarias en las que ERC y Junts pretenden esclarecer supuestos casos ‘lawfare’ o persecución judicial contra líderes independentistas. El PSOE, que votó a favor de su creación, está en contra de convocar a jueces a estas comisiones, lo que en principio impedirá que sean citados.

En todo caso, en las últimas semanas había soliviantado a amplios sectores de la judicatura la posibilidad de que jueces y magistrados pudieran ser “requeridos” a participar en las comisiones sobre la Operación Catalunya, las maniobras urdidas desde el Ministerio del Interior, en la época del PP, para buscar información contra el secesionismo; sobre el espionaje a independentistas a través del software Pegasus, entre ellos el president Pere Aragonés; y sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils.

Este hecho provocó que la mayoría conservadora del CGPJ pidiera que este asunto fuera tratado en el pleno ordinario de diciembre. Fruto de ese debate se ha suscrito un acuerdo por el que el órgano de gobierno de los jueces también insta al Congreso y al Senado a que se abstengan de citar a jueces para que se pronuncien sobre hechos que hayan conocido en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional, ha informado el CGPJ en un comunicado.

El documento señala que dichas comisiones parlamentarias “carecen de atribuciones para llamar a declarar ante ellas a jueces y magistrados sobre asuntos que estos conozcan o hayan conocido en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. Y sostiene, en consecuencia, que estos “no tendrán la obligación de atender el requerimiento que se les envíe a tal efecto” y “no deberán comparecer en ellas”. Además, si eso ocurriera, la Comisión Permanente “tampoco autorizará comisiones de servicio por tal motivo”.

Esta semana, Junts insistió en el Código Penal para proseguir su enfrentamiento institucional con los jueces. La formación de Carles Puigdemont aludió, para ello, al artículo que castiga como desobediencia a los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejen de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes.

No obstante, tanto en el CGPJ como en el Gobierno sostienen que lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el propio Código Penal respecto a la función de los jueces y las garantías del Estado de Derecho establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a esas comisiones.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) también ha elaborado un informe técnico en el que concluye que, si las Cortes citaran a un juez para declarar sobre los casos judiciales en los que ha intervenido, “no solo tiene el derecho a negarse a comparecer para informar sobre sus actuaciones como tal, sino que está obligado a ello, a fin de preservar la independencia judicial y la separación de poderes”. 

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, Vicente Guilarte, ha reclamado este viernes a los políticos que rebajen la tensión tras las últimas críticas con nombres y apellidos a jueces realizadas por representantes de Junts y por el senador del PP José Antonio Monago. “Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz”, ha afirmado refiriéndose de forma expresa a las intervenciones “en el Congreso y en el Senado”. 

“Ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas ni con sus actitudes ni con sus silencios”, ha aseverado durante su intervención en el acto de entrega de los XVIII Premios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en el que ha alertado de que estos episodios “minan la confianza de los ciudadanos en la Justicia y, en el caso de las víctimas de la violencia de género, contribuyen a aumentar su desprotección”. En el acto estaba presente el ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

Por otro lado, ha vuelto a denunciar las comisiones de investigación recién creadas en el Congreso para detectar supuestos casos de 'lawfare', al afirmar que “ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar en una sede extravagante su proceder jurisdiccional”. “Esta vía implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado necesariamente llamados al respeto mutuo, nunca a la confrontación”, ha incidido, reiterando su llamamiento a “diluir la tensión”, si bien se ha mostrado consciente de que el camino hacia la “concordia” que pretende “no goza de excesivos transeúntes”.

Guilarte también ha mandado un mensaje a los vocales del CGPJ, un órgano que lleva cinco años con el mandato caducado. “Desde dentro también asumamos nuestra neutralidad, a menudo distorsionada”. Y ha recalcado que “la independencia judicial es bidireccional”. “No a las injerencias suyas en lo nuestro, pero tampoco a las nuestras en lo suyo”, ha subrayado. En este contexto, también ha vuelto a “clamar por una adecuada renovación del Consejo” que garantice que el próximo que se nombre sea “independiente”, “de forma que pueda destinar íntegramente sus afanes a los fines que le son propios”.

La voluntad del Gobierno de “tender puentes” con la judicatura tras las críticas a la ley de amnistía y las referencias al lawfare contenidas en el acuerdo con el partido de Carles Puigdemont ha encontrado con un nuevo escollo: los ataques a determinados jueces con nombres y apellidos realizados por sus socios de investidura de Junts. Un “inadmisible señalamiento”, en palabras del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este miércoles volvió a elevar la tensión entre ambos poderes del Estado. 

Tanto es así que el presidente del Tribunal Supremo, la principal instancia judicial del país, decidió cancelar la que iba a ser su primera reunión oficial con el ministro de Justicia, Félix Bolaños. La versión oficial sostiene que la suspensión se debió a “circunstancias sobrevenidas”, pero las fuentes consultadas en el Alto Tribunal encuadran el plantón en el profundo malestar existente entre sus magistrados después de que la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, llamara “indecentes” al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y a los magistrados del tribunal Carlos Lesmes —expresidente del CGPJ— y Pablo Llarena desde la tribuna del Congreso. 

Finalmente, ambos hablaron por teléfono a última hora de la mañana y cerraron un nuevo encuentro para el próximo martes. Pero, para entonces, todos los medios ya recogían la decisión de Francisco Marín de no reunirse con el ministro como consecuencia de las declaraciones de sus socios, una cita que a primera hora de la mañana sí aparecía en la agenda de la Moncloa. No había importado que el propio Bolaños dijera el martes en el Senado que no comparte las críticas a los jueces ni al Poder Judicial realizadas por los miembros de Junts. “España es un Estado de Derecho, una democracia plena y los jueces actúan con independencia y con separación de poderes”, afirmó. 

Este miércoles, en otra intervención en el pleno del Congreso, el titular de Justicia fue más claro y aseguró que iba a “defender” a los jueces de “los ataques y descalificaciones que reciban de partidos independentistas, pero también de la larga mano que tiene el Partido Popular y que pretende influir en el Poder Judicial”. Fuentes del Ejecutivo afirman que, en su conversación telefónica, Bolaños trasladó a Marín el contenido de ambas intervenciones y le garantizó que los jueces pueden contar con él “para defenderles de cualquier descalificación y cuestionamiento de su prestigio” y “para garantizarles que puedan impartir Justicia con independencia, en el marco de la Constitución, el Estado de derecho y la separación de poderes”. 

La prevista para este miércoles era una cita enmarcada en la ronda de contactos que el ministro ha iniciado tras asumir la cartera, pero que había adquirido cierta relevancia dado su indisimulado empeño por mostrar que tras la investidura se ha abierto una “nueva etapa” en la que el Gobierno tiene como uno de sus principales objetivos sacar de la parálisis al CGPJ, que acaba de cumplir cinco años en funciones. Un bloqueo que tiene unas consecuencias especialmente notables en el Supremo, donde ya hay 23 plazas sin cubrir ante la imposibilidad de que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos cuando, como ahora, tiene su mandato caducado. 

Es una situación que el propio presidente del Supremo calificó de “crítica, casi de respiración asistida” en su discurso durante la última apertura judicial. Y que iba a abordar con Bolaños en la reunión de este miércoles. Ahora, el asunto tendrá que esperar unos días. En un comunicado, Marín obvió la cancelación de la reunión y se limitó a decir que el “ataque personal” de la diputada Nogueras al anterior presidente del Supremo, a un presidente de Sala y a dos magistrados “carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho”. 

En el Tribunal Supremo las palabras de Nogueras han sido recibidas como un ataque más a su trabajo y su independencia, aunque distintas fuentes del Alto Tribunal no les aportan mayor gravedad que a otras declaraciones similares, sobre todo de políticos independentistas. Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, y Manuel Marchena, cara visible del juicio que terminó en condenas de hasta 13 años de cárcel, han sido objeto constante de críticas desde hace años, en el caso de Llarena incluso con pintadas cerca de uno de sus domicilios. Estas fuentes celebran, en cualquier caso, que el encuentro entre el ministro y el presidente del Supremo se vaya a celebrar finalmente. 

En un comunicado conjunto, la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales —todas menos las de tendencia progresista— consideró que las declaraciones de Nogueras son “sumamente graves” y suponen una “peligrosa deriva” que “no solo debilita al Poder Judicial sino también al país”. En otro comunicado, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, también criticó el “señalamiento público” de integrantes de la carrera judicial “con sus nombres y apellidos”, si bien afeó al presidente del CGPJ que el órgano no hubiera reaccionado de la misma manera en defensa de otros magistrados, como el progresista José Ricardo de Prada.

El tono lo elevó especialmente la presidenta de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, que apuntó que tras el “señalamiento” de Nogueras, lo siguiente será colocar a los magistrados “la estrella de brazalete”, en alusión al que colocaban los nazis a los judíos.

“Inadmisible señalamiento”

A las críticas a Junts también se sumó el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, con quien Bolaños sí se reunió el pasado 24 de noviembre, sólo tres días después de tomar posesión de su nueva cartera. En otro comunicado, Guilarte, elegido en su día a propuesta del PP, calificó de “inadmisible” el “señalamiento” a magistrados concretos y advirtió de que el órgano de gobierno de los jueces tomará las “medidas necesarias” para “proteger su independencia”, al tiempo que les mostró su “apoyo expreso”. 

El encuentro entre Bolaños y Guilarte sirvió al Gobierno para escenificar cierta sintonía entre ambos después de que la mayoría conservadora del órgano de gobierno de los jueces hubiera logrado sacar adelante un duro pronunciamiento sobre la ley de amnistía antes incluso de que ese texto fuera presentado. Una declaración que afirmaba que la despenalización del procés supone la “abolición del Estado de derecho” y de la que se desmarcó Guilarte, que pidió a los vocales no interferir en la actividad política. 

En todo caso, ese no será el único texto sobre la amnistía que realice el CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces dio este miércoles el primer paso para realizar un informe jurídico sobre esa medida cuyo amparo legal genera debate entre los expertos. La Comisión Permanente —el núcleo duro de la institución— designó este miércoles a los vocales Wenceslao Olea, del sector conservador; y Mar Cabrejas, del bloque progresista; como ponentes de la propuesta de informe solicitado por el Senado.

En un comunicado, el CGPJ afirma que la petición de la Mesa del Senado —donde el PP tiene mayoría— se produce al amparo de lo dispuesto en el artículo 561.1.9º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece entre las materias que pueden ser sometidas a informe del CGPJ “cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna”.

Es una cuestión que, no obstante, genera debate entre los juristas. Algunos entienden que ese artículo de la ley del Poder Judicial limita los informes de los órganos consultivos a las iniciativas legislativas que tienen su origen en el Gobierno, no en proposiciones de ley que emanan de los grupos parlamentarios, que es la vía utilizada para tramitar la amnistía. El PSOE ha pedido a la Mesa del Senado que reconsidere la decisión de pedir este informe, informa Europa Press. En todo caso, en el órgano de gobierno de los jueces se daba por hecho que si el Senado solicitaba ese estudio jurídico, este se realizaría. 

Es un trabajo que los vocales Olea y Cabrejas realizarán mano a mano con los letrados del gabinete técnico, el órgano asesor de la institución. En todo caso, la última palabra la tendrá el pleno, donde el sector conservador tiene una abrumadora mayoría: diez vocales elegidos en su día a propuesta del PP frente a seis progresistas. Una correlación de fuerzas que augura, sin duda, un informe crítico con la medida gracia promovida por el Gobierno y sus socios de investidura y que precisamente este martes superó su primer trámite parlamentario en el Congreso.

El debate público español vive en estado de ansiedad. Y no porque la Constitución cumpla 45 años iba a serenarse. La hipérbole no descansa. Ni en festivo. Basta una cámara, un micro y un foco para acelerar el verbo y disparar adjetivos a cañonazos. Pasa cada año, pero con más intensidad desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Otro clásico más de la efeméride es que PP y PSOE se acusen mutuamente de faltar al espíritu y a la letra de la Carta Magna. El primero culpa al segundo por sus pactos con el independentismo y el segundo al primero, por mantener durante cinco largos años el bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial a la que le obliga el texto constitucional.

Forman también parte del ritual tanto la asistencia del Padre Ángel a los fastos de la Constitución como la ausencia de los representantes del nacionalismo periférico y por segundo año consecutivo, la de los del nacionalismo español que encarna Vox. La tercera autoridad del Estado cumple además con la tradición de pronunciar unas palabras con las que festejar la efeméride ante los poderes del Estado y sus invitados. Francina Armengol solemnizó lo obvio en este 45 cumpleaños de la Carta Magna cuando dijo que es “la mejor cura contra la discordia” y emplazó a “cumplirla y desarrollarla”,  pero a la derecha política le incomodó que le pusiera frente al espejo de su realidad y la acusó de convertir el Congreso en una “sucursal del PSOE”. 

Todo, aderezado, de los habituales corrillos entre políticos y periodistas, donde en esta edición el tema estrella, además de la pendiente renovación del Consejo del Poder Judicial, fue la estruendosa, pero no menos esperada, ruptura entre Podemos y Sumar y las consecuencias que puede tener sobre la estabilidad del Gobierno. No parece que muchas a tenor de lo que, en conversación privada, garantizó Ione Belarra al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y lo que trasladó Lilith Verstringe al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. Se verá. De momento, Sánchez resta importancia al divorcio de la izquierda alternativa porque “Podemos sigue siendo una fuerza de progreso”.

La recepción del Día de la Constitución en el salón de los pasos perdidos del Congreso tuvo este puente –más bien acueducto– menos asistencia de la habitual, pero la efervescencia del debate público fue idéntica a la de ediciones anteriores. Esta vez por lo animada y dividida que anda la izquierda a la izquierda del PSOE y porque el presidente del Gobierno aprovechó el día para anunciar que antes de que acabe el mes se verá con Feijóo en La Moncloa para proponerle tres acuerdos: la renovación del CGPJ, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la financiación autonómica. El estrépito lo puso Feijóo al decir que España vive la “mayor crisis constitucional” en 45 años de democracia, tras el “trueque” con los independentistas que ha realizado Pedro Sánchez, al que ha acusado de “liderar un movimiento en contra de la Constitución española”.

“No tenemos convocatoria aún, pero cumpliremos con la cita”, respondieron los portavoces de Génova, que se enteraron de la noticia de la próxima reunión entre Sánchez y Feijóo por los medios de comunicación al igual que del contenido de la animada conversación que el presidente tuvo al respecto con los periodistas. Sánchez lamentó que la derecha y la ultraderecha estén tratando de crear un ambiente político y social “dramático” que no existe en la calle, donde está convencido de que se es consciente de que hoy “hay más empleo y una situación económica bastante razonable”. Su impresión es que el PP de Feijóo “está corriendo una maratón como si fuera una carrera de 100 metros” y que a medida que avancen los meses y se asiente la legislatura, habrá menos inflamación. ¿Van a estar cuatro años así?, se preguntó el jefe de Gobierno, para quien la amnistía es también “una política de Estado porque construirá convivencia”, pese a que las encuestas detectan un mayoritario rechazo a la medida.

El presidente del Gobierno ha decidido, no obstante, hacer un enésimo intento con Feijóo para  desbloquear la renovación del CGPJ, cuyo mandato venció hace ya cinco años, y para empezar a reconstruir los puentes rotos con la oposición. En el fondo, está seguro de que en este trance el presidente del PP cuenta con la presión de la Comisión Europea y se juega además “su autonomía política” frente a un “Aznar que ha vuelto a ponerle deberes una vez más”. 

No aceptará Sánchez, según adelantó,  exigencias ni condiciones previas como que la renovación se afronte en paralelo a una modificación de la ley que cambie el sistema de elección de los vocales, tal y como ha pedido el PP. El Gobierno considera inaceptable que la derecha trate de imponer su posición cuando no tiene mayoría parlamentaria suficiente, tal y como se demostró también en la legislatura anterior cuando llevaron al Congreso una propuesta para cambiar el modo de elección de los vocales del CGPJ y perdió la votación. 

“Ya no es momento de excusas”, subrayó el presidente, que tiene sobre su mesa para el estudio una propuesta para recortar funciones al CGPJ si Feijóo no se aviene a desbloquear la renovación. Se trata de la llamada fórmula Vicente Guilarte que hizo recientemente pública el presidente suplente del órgano de gobierno de los jueces y que pasa por una reforma que reste atractivo al Consejo como instrumento político de los partidos. 

Se trata de una opción intermedia entre la apuesta del PSOE de mantener el actual sistema de elección parlamentaria y la del PP, que quiere que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Consejo. Guilarte aboga por retirar la competencia de los nombramientos de la cúpula judicial al Consejo que ahora se hace de forma discrecional y a interés de la mayoría que mande en el órgano de gobierno de los jueces para que se apliquen criterios de escalafón, especialización y publicaciones que cuenten a la hora de efectuar los ascensos.

El cambio de sistema permitiría objetivar los nombramientos para que no queden al albur de los vocales del Consejo y de los intereses partidistas de los partidos que los nombraron para el cargo. Y en el Gobierno reconocen que es una propuesta merecedora de estudio en el caso de que el PP mantenga el bloqueo y tras constatar que en España el órgano de gobierno de los jueces tiene más competencias que en otros países del entorno.

Desde el PP son más partidarios de una solución coral de todo el Consejo y no de una propuesta particular de su presidente suplente, si bien quieren dejar claro que su posición sigue pasando por un cambio de la Ley del Poder Judicial, algo que, defienden, puede hacerse de forma “simultánea” a la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, el llamado núcleo duro de la institución, ha aprobado dividido una nueva declaración en la que el órgano de gobierno de los jueces muestra su “frontal rechazo” a las alusiones al ‘lawfare’ o judicialización de la política recogidas en el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. 

El texto ha sido aprobado con el voto de calidad del presidente, Vicente Guilarte, y el apoyo de las vocales progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas. Los conservadores José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart han votado en contra del texto finalmente aprobado al considerar que el acuerdo es “insuficiente” y “necesita ser ampliado”.

Estos vocales habían pedido una reunión extraordinaria con la que pretendían que fuera aprobado un pronunciamiento de rechazo expreso a declaraciones de miembros del Gobierno sobre el 'lawfare' y a las primeras comisiones de investigación en el Congreso con la que las que ERC y Junts pretenden que se determine si hubo persecución judicial a independentismo. La vocal Pilar Sepúlveda, elegida a propuesta del PSOE, ha votado en blanco. 

El texto finalmente aprobado amplía otro previo aprobado el pasado 9 de noviembre y que calificaba de “inadmisible” las referencias al ‘lawfare’ que contenía el citado acuerdo y mostraba su “frontal rechazo” a la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación para investigar la ‘guerra judicial’ contra el independentismo.

Es un asunto que soliviantó al CGPJ y a todas las asociaciones de jueces y fiscales. De hecho, tras el revuelo formado, el PSOE explicó que el Parlamento no fiscalizará sentencias y solo tendrá en cuenta las conclusiones de investigaciones parlamentarias ya comprometidas. Esas alusiones tampoco aparecen en la proposición de ley de amnistía registrada por los socialistas en el Congreso.

El acuerdo aprobado este martes por la Comisión Permanente añade que el CGPJ “se mantendrá vigilante, en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de las citadas comisiones parlamentarias de investigación”. 

Es una consideración que los vocales conservadores consideran “insuficiente”. En un voto particular, sostienen que con la creación de esas comisiones “se pretende (...) generar un nuevo tipo de responsabilidad de jueces y magistrados, que ya no sería sólo la legal —penal, civil o disciplinaria— sino también la responsabilidad política, contraria al modelo de juez constitucional, independiente en cuanto sometido únicamente al imperio de la ley”.

Como parte de su argumentación, los vocales hacen alusión a una supuesta sentencia del Tribunal Constitucional —en realidad, se trata de un auto— que se refiere al artículo de la Carta Magna que regula las comisiones parlamentarias de investigación. Omiten, sin embargo, que se trata de un asunto sobre el que no existe jurisprudencia. Y tampoco recogen que esa resolución delimitó el alcance de esas comisiones y determinó que su objetivo es “controlar la ”acción del Gobierno, sin que las conclusiones a que puedan llegar (...) puedan ser vinculantes para los tribunales, ni afectar a las resoluciones judiciales“.

Roser Bach, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones a propuesta del PSOE, ha firmado un voto particular en el cuestiona la decisión de la mayoría conservadora de apartarse del “criterio” habitual en su examen al fiscal general. El escrito, al que se suma el presidente, el conservador Vicente Guilarte, y otros cuatro vocales progresistas (Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda), considera que el CGPJ “debía haber mantenido coherencia con lo actuado por el pleno sobre dicha cuestión a lo largo del mandato”. 

Esto es, limitarse a evaluar si el candidato propuesto por el Gobierno cumple con los requisitos que marca la ley: ser un jurista español de reconocido prestigio y tener más de 15 años de ejercicio profesional. En ese caso, sostienen que el pleno debería haber acordado que Álvaro García Ortiz “reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrado”. 

En contraposición, la mayoría conservadora sacó a colación jurisprudencia del Tribunal Supremo para justificar que el cometido del CGPJ no es sólo examinar los citados criterios de legalidad, sino también las “razones de oportunidad” de la propuesta de nombramiento. Y, en consecuencia, impuso un duro pronunciamiento contra García Ortiz. 

El texto aprobado por ocho votos a siete le achaca una “deficiente gestión” de la Fiscalía General del Estado al tiempo que critica la “falta de transparencia y coherencia” en sus nombramientos o le atribuye una supuesta “sintonía” con los “promotores” de “campaña de desprestigio” a los miembros de la carrera judicial en relación al ‘lawfare’ o judicialización de la política. La emisión de este informe es un trámite preceptivo aunque no vinculante para el Gobierno. 

Los firmantes del voto particular señalan que el Pleno de este CGPJ —caducado hace cinco años— ha informado en seis ocasiones sobre propuestas realizadas por el Consejo de Ministros para el nombramiento de Fiscal General del Estado. “En todas estas ocasiones se ha sostenido por el Pleno un criterio constante de enjuiciamiento limitado de la idoneidad de las personas candidatas propuestas (...), acotando el examen al cumplimiento de los requisitos y méritos legalmente establecidos”, dice el escrito. 

Y añade que, prueba de ello es que en el Pleno de 27 de octubre de 2016 en el debate sobre el nombramiento de Manuel Maza Martín se abordó el alcance del informe sobre la idoneidad del candidato y “fue desestimada la posición de los vocales que propugnaban un examen amplio sobre la trayectoria profesional y méritos de la persona propuesta” y un grupo de vocales emitió un voto particular sosteniendo su postura.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) han vuelto a reclamar la dimisión en bloque de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se cumplen cinco años con el mandato caducado por el bloqueo del PP. “Con su proceder han contribuido al desprestigio de una institución que constatamos se encuentra en franca descomposición”, lamentan.

Por el momento, los únicos miembros del órgano que han dado ese paso han sido el expresidente Carlos Lesmes, que dimitió en octubre de 2022, y la vocal progresista Concepción Sáez, que renunció el pasado marzo. La dimisión de esta última alentó un conato de dimisión de los vocales del minoritario sector progresista que finalmente quedó en nada. 

El órgano de gobierno de los jueces alcanza un lustro con el mandato caducado y con una mayoría conservadora cada vez más afianzada como un contrapoder al Gobierno en una estrategia que estrenó José María Aznar, entre 1995 y 1996; la siguió Mariano Rajoy, entre 2006 y 2008; y la han exprimido al máximo primero Pablo Casado y, después, Alberto Núñez Feijóo. Gracias a esa sucesión de bloqueos el PP se ha garantizado un dominio conservador en el órgano que decide los principales ascensos en la carrera judicial en 22 de los últimos 27 años. 

En un comunicado conjunto, ambas asociaciones critican que los vocales “contribuyen” a mantener una situación que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial pese a que, por su “profesión y responsabilidad”, están obligados “a garantizar el cumplimiento de ambas y del ordenamiento jurídico”. “Prolongan su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin rubor alguno”, aseguran.

“Hay que recordar que un grupo mayoritario de vocales del CGPJ se permite intervenir en el debate partidista sobre una proposición de ley que ni siquiera se había presentado en las Cortes [en alusión a la amnistía]; retrasar el preceptivo informe sobre proyectos de ley (...); opinar con su cargo caducado y en funciones sobre la idoneidad del Fiscal General del Estado, y demorar deliberadamente durante semanas la renovación del Tribunal Constitucional”, añaden ambas organizaciones. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace casi cinco años, rechazó este jueves por primera vez en democracia avalar la propuesta de nombramiento de un fiscal general realizada por el Gobierno. La propuesta de informe que proponía subrayar que Álvaro García Ortiz sí cumple con los requisitos legales que marca la ley —ser un jurista español de reconocido prestigio y acumular más de 15 años de ejercicio profesional— fue tumbada por ocho vocales del sector conservador. 

En consecuencia, se redactó un nuevo documento, conocido este viernes, que carga duramente contra el fiscal general. Le achaca una “deficiente gestión” de la Fiscalía General del Estado al tiempo que critica la “falta de transparencia y coherencia” en sus nombramientos o le atribuye una supuesta “sintonía” con los “promotores” de “campaña de desprestigio” a los miembros de la carrera judicial en relación al ‘lawfare’ o judicialización de la política recogidas en el acuerdo entre el PSOE y Junts. La emisión de este informe es un trámite preceptivo aunque no vinculante para el Gobierno.

El acuerdo también alude ampliamente a la sentencia del Tribunal Supremo que decretó que existió desviación de poder y que García Ortiz actuó con el objetivo de dar un ascenso a su antecesora, Dolores Delgado, y no de proveer una plaza cuando la nombró fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. “No parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al Fiscal General del Estado pueda considerarse idóneo para su nombramiento”, dice la resolución. 

El de los nombramientos ha sido precisamente uno de los caballos de batalla de la conservadora Asociación de Fiscales —mayoritaria en la carrera— que ha denunciado algunos de ellos y que ha criticado que los candidatos que cuentan con su respaldo han sido “de manera sistemática postergados”.

El documento asegura que durante el tiempo que ha estado al frente de la Fiscalía General del Estado, García Ortiz ha propuesto 33 nombramientos discrecionales. De ellos, 22 lo han sido en miembros de la carrera asociados a la Unión Progresistas de Fiscales, a la que pertenecía él mismo y a la que está afiliada Delgado; cinco lo han sido de la Asociación de Fiscales y cuatro a los no asociados que son el mayor porcentaje de la carrera (970), lo que supone haber designado a solo el 12% a los que representan el 40%.

El documento se basa en jurisprudencia del Tribunal Supremo para justificar que el cometido del CGPJ no es sólo examinar los citados criterios de legalidad, sino también las “razones de oportunidad” de la propuesta de nombramiento. Así, el acuerdo subraya que García Ortiz, cumple las “condiciones legales” para el nombramiento, pero alude a la “deficiente legalidad” en la gestión administrativa de la Fiscalía, la “deficiente transparencia en los nombramientos discrecionales” o la “deficiente dirección para el correcto funcionamiento procesal de la Fiscalía o la ”falta de amparo a la carrera fiscal“ para declararlo no idóneo.