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Euskadi activa el protocolo para mediar entre “grandes tenedores” y familias vulnerables en casos de desahucio

Viviendas en Donostia, este verano

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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El área de Vivienda del Gobierno vasco, controlada por el PSE-EE, ha aprobado ya una instrucción para poner en marcha el protocolo de mediación para posibles casos de desahucios de familias “en situación de vulnerabilidad económica” que residan de alquiler en casas de “grandes tenedores”. Según datos oficiales, en este momento hay 166 casos pendientes en Euskadi. Se trata de una previsión contemplada en la ley estatal de Vivienda, aunque complementa a otras medidas autonómicas ya en vigor como Bizilagun o el Servicio de Mediación Hipotecaria.

Se da la circunstancia de que, mientras el Ejecutivo ha empezado ya a dar los pasos para aplicar esta nueva regulación al considerarla positiva, la parte del PNV -que dirige los servicios jurídicos- ha planteado recurrirla al Tribunal Constitucional por una presunta invasión de competencias. Por el momento, sigue abierto el plazo para que los Gobiernos central y vasco busquen un acuerdo político de interpretación de la norma, si bien el alto tribunal ya ha admitido a trámite recursos de otras comunidades del PP con la misma finalidad que el del PNV.

El documento para evitar o al menos posponer desahucios ha sido elaborado por el viceconsejero de Iñaki Arriola, Pedro Jáuregui ,y tiene fecha de 13 de noviembre, por lo que lleva en vigor siete días. Vivienda recalca que solamente se activará el “procedimiento de conciliación o intermediación” si el dueño es un gran tenedor. ¿Qué significa este concepto? Muy resumidamente son los propietarios de diez o más pisos o de 1.500 metros cuadrados. Según una estadística de junio, eran 492. Suben a 2.030 los titulares de cinco o más viviendas, que tienen la consideración de “grandes tenedores” si las concentran en zonas calificadas como “tensionadas”. Esta figura, también contemplada en la nueva normativa estatal, está pendiente de desarrollo en Euskadi.

Para que se pueda paralizar el desahucio, los inquilinos demandados por impagos tienen que estar en situación económica precaria demostrable y, desde luego, la vivienda ha de ser la “habitual”. Esta vulnerabilidad se acreditará “a través del servicio Bizilagun”. Eso sí, ya se apunta como indicadores de referencia que la renta y los gastos de suministros sobrepasen el 30% de los ingresos totales siempre que éstos no superen unos umbrales que varían en función del número de integrantes de la unidad de convivencia, de cuántos de ellos son menores o mayores de 65 años o de si alguno de ellos presenta alguna discapacidad.

Antes de ejecutar un lanzamiento, los grandes propietarios tendrán que informar al Gobierno vasco de quiénes son los ocupantes de la vivienda y el “objeto de la controversia”, así como aportar los datos del contrato de alquiler, la renta inicial y la renta actual. Se habrá de indicar, asimismo, si el expediente está paralizado de forma transitoria por la aplicación de un decreto estatal de la primavera de 2020, en pleno confinamiento por la COVID-19, que impidió desahucios y que se ha ido prorrogando hasta ahora. Aún está en vigor hasta este 31 de diciembre.

Vivienda promete que “la persona mediadora intentará que las partes implicadas en el conflicto lleguen por sí mismas a un acuerdo”. Se fija un plazo máximo de “cuatro meses” para zanjar el asunto, aunque “se procurará que se resuelva en un plazo máximo de dos meses”. Bizilagun ya ofrece otros servicios de mediación, incluso ante controversias dentro de las comunidades de vecinos. En 2022, según datos oficiales, se lograron 17 mediaciones ante peticiones de lanzamiento por impagos.

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