La organización Manos Limpias, cuya denuncia fue la que motivó que el juez Peinado abriera en abril de 2024 la investigación contra Begoña Gómez, rechazó este miércoles la pretensión del instructor de orientar la causa hacia un jurado popular. Manos Limpias se desmarcó así del resto de acusaciones populares durante la sesión en la que Peinado trasladó a las partes su decisión de volver a dirigir el caso a un jurado popular si finalmente llega a juicio. La Fiscalía y las defensas de los tres investigados en la causa han vuelto a pedir que archive el caso.

Posteriormente, la organización ultra ha emitido un comunicado en el que niegan haber “reculado” en su posición: “Decimos que es precipitado porque faltan diligencias por practicar”, sostienen sobre la competencia del tribunal del jurado.

Además, Manos Limpias ha pedido al juez que les permita actuar al margen del resto de acusaciones, no bajo la tutela de Hazte Oír, que ejerce la dirección letrada. Así lo ha hecho según un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que asegura que no encuentra “motivos siquiera indiciarios” del delito de intrusismo profesional, señala que el de apropiación indebida de marcas “no se encuentra tipificado como tal” y rechaza el de corrupción en los negocios: “En tanto nos encontramos en el marco de relaciones y organismos de derecho público, y dicho precepto tipifica hechos relativos a los negocios entre particulares”.

Pero sí que comparte “plenamente” que hay “indicios” en la causa de malversación y tráfico de influencias, si bien subraya que para la comisión de esos presuntos delitos “resulta imprescindible el concurso del delito de prevaricación —no investigado—, cuyo enjuiciamiento no puede ser atribuido al tribunal del jurado”. “Debe recordarse que si bien la competencia del tribunal del jurado radicaría en una imputación verosímil de los delitos de malversación y tráfico de influencias, en el estado de la causa no es menos verosímil la imputación del delito de prevaricación”, añadía.

Y apostillaba que sobre ese supuesto delito “no se han practicado suficientemente diligencias de instrucción”, avanzando que las “propondrá” y sosteniendo que, una vez practicadas, “impediría por conexidad la continuación del procedimiento por los cauces del jurado”.

Además, Manos Limpias se ha mostrado a favor de que Peinado archive de manera provisional la causa para la asesora de Gómez, “en la medida en que no resulta de la instrucción la existencia de elementos que conduzcan a su incriminación indiciaria” en malversación.

La organización apunta que, según la Audiencia Provincial de Madrid, el delito de malversación “solo podría plantearse frente a quien cobrando un salario público no prestase ninguna de las funciones para las ha sido nombrado”. “No pudiendo deducirse de su participación en las cuestiones relativas a la cátedra que Álvarez participase de modo más o menos directo en el plan concebido por Gómez, resultando más razonable asumir que obedeciendo órdenes de quien entiende su superior jerárquico —a efectos materiales, que no formales— se viera inmiscuida en las actividades privadas de Gómez, al margen de sus actividades públicas”, sostiene.

A su entender, “cuestión distinta es el comportamiento de Gómez, que hizo uso del medio público puesto a su disposición para sus negocios particulares, así como de la autoridad que la nombró y lo toleró”.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, al estimar recursos de las defensas contra esa decisión. Los magistrados de la Audiencia Provincial argumentaron que no había “indicios racionales de criminalidad” que justificaran esa decisión.

Bolaños: “No lo ven claro ni los ultras que presentaron la querella”

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha tildado de “despropósito” la causa después de que Manos Limpias haya rechazado la pretensión del instructor de orientar la causa hacia un jurado popular y haya pedido el archivo de la causa para la asesora, Cristina Álvarez.

“Casi dos años después, no lo ve claro ni la organización ultra que presentó la querella que ha dado lugar a este despropósito”, ha afirmado el ministro en un mensaje publicado este miércoles a través de la red social 'X'. Y ha asegurado que la querella “debió de ser inadmitida el primer día” según “la doctrina pacífica del Tribunal Supremo”.

El titular de Justicia ha denunciado el “daño” que “se sigue causando” con esta investigación, que ya llevó a Sánchez y a su esposa a presentar una querella contra Peinado por prevaricación y que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El abogado Antonio Camacho, defensor de Begoña Gómez, ha endurecido este miércoles su exposición ante el juez Juan Carlos Peinado, durante la comparecencia sobre la transformación de la causa a través de la Ley del Jurado. En un punto de su intervención, Camacho ha expuesto la ausencia de un solo indicio para la acusación por uno de los delitos, el de intrusismo, y ha expuesto los “olvidos” de Peinado en su último auto, tales como las declaraciones y documentos que exculpan a su cliente.

“Este letrado a veces piensa que está en presencia de una pesadilla, porque esto es radicalmente claro y nos encontramos con una acusación que sigue manteniendo que se ha cometido el delito de intrusismo. ¿Dónde están las garantías? ¿Qué es en lo que se pretende avanzar? ¿En la justicia? No. Esto lo tenemos absolutamente claro. Aquí se está haciendo y permitiendo hacer otra cosa”, ha dicho Camacho, según fuentes presentes en la declaración, respecto a la actuación de las acusaciones populares y del juez Peinado.

La Fiscalía y las defensas de Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés han solicitado este miércoles al juez que archive la investigación abierta hace casi dos años tras una querella presentada por Manos Limpias y que ha ido ampliando apoyándose en las acusaciones populares, algunas vinculadas a la extrema derecha. Así se han pronunciado durante la comparecencia ante el magistrado sobre la transformación a través de la Ley del Tribunal del Jurado del procedimiento por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. 

Es la tercera vez que el juez les cita para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si son o no culpables tras las correctivas de la Audiencia Provincial. La instancia superior le obligó primero a acumular la causa en un único procedimiento y, después, a motivar su resolución y relatar los indicios que atribuye a los tres investigados. Peinado lo hizo a través de un auto del pasado 20 de marzo, en el que acusaba a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados. “Esta defensa tiene la sensación de estar viviendo un 'deja vu'”, ha dicho Camacho este miércoles.

El magistrado ha citado este miércoles a las defensas de la esposa del presidente del Gobierno, de su asistente y de Barrabés para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo por los delitos que les atribuye será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si son o no culpables. Es una citación en la que los investigados pueden estar representados por sus defensas, por lo que no han acudido personalmente al juzgado.

Un software, herramienta informática vinculada a la cátedra, motiva las acusaciones por delitos de intrusismo profesional y apropiación indebida. El juez investiga si la esposa de Sánchez incurrió en el primero de esos delitos por firmar un pliego en una licitación de la Complutense; y si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en esa universidad y por los que cobraba 15.000 euros anuales.

Respecto al delito de intrusismo, Camacho ha reiterado cómo la instrucción ha demostrado que Gómez firmó unos pliegos para los que estaba capacitada y que lo hizo a instancias de la propia Universidad Complutense. “Tras dos años de investigación no ha aparecido ni un solo elemento que sustente la comisión de ese delito. Y sorprendentemente, hay muchos elementos, no indicios, que acreditan que el mismo no fue cometido”. “Lo que más sorprende del auto no es lo que recoge, sino aquello de lo que se olvida. Creemos que con esto se está produciendo una grave, gravísima infracción de la imparcialidad judicial”, ha apostillado Camacho.

En relación con los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, las acusaciones sostienen que Begoña Gómez logró un trato de favor de la Administración para Barrabés, quien daba tres clases en el máster que ella codirigía en la Universidad Complutense y por las que cobraba 150 euros brutos cada una. La tesis del magistrado es que el empresario fue el encargado de diseñar y elaborar los contenidos académicos de una parte de uno de los másteres vinculados a la cátedra. Y que, en el mismo “marco temporal”, Begoña Gómez actuó “en favor” de sus “intereses empresariales”.

El abogado de Gómez ha dicho: “Estamos asistiendo a la primera vez que se pretende que un jurado juzgue dos delitos que sí están dentro del ámbito objetivo de la ley del jurado y otros tres que no lo están”. “No solo es necesario que consten los indicios, sino que estos sean verosímiles y finalmente es necesario que exista persona o personas que puedan ser presuntos autores de los delitos que recoge el procedimiento del jurado”, ha añadido.

Respecto a la asesora, el juez cree que Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. Como indicios, el juez apunta los correos que la asesora envió desde su cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno actuando expresamente “en nombre de Begoña” para buscar financiación y gestionar convenios con empresas. Y también a las declaraciones de testigos que “refuerzan la conclusión” de que Cristina Álvarez “era percibida por terceros no como mera asistente protocolaria (...), sino como persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra y del proyecto tecnológico vinculado al software”.

El abogado Camacho se ha preguntado qué ha cambiado desde que el juez dijera en mayo de 2025 que no había delito de malversación y ahora avance hacia un juicio con tribunal del jurado también por este delito. “Estamos expectantes para entender la explicación del magistrado instructor de por qué razón en el mes de mayo del año pasado era imposible que mi representada pudiera cometer el delito de malversación de caudales públicos y unos meses después es perfectamente posible que pueda cometerlo”, ha expuesto Camacho, quien ha añadido que el mismo cambio de postura afecta a la asistente, Cristina Álvarez.

Vox: “las defensas nos lanzan ataques furibundos”

Por su parte, las acusaciones han solicitado que se practiquen nuevas diligencias con el fin de ahondar en la investigación, tales como el salario de Álvarez y la vida laboral de la esposa del presidente. A las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el abogado que representa a Hazte Oír --que también ejerce la acusación popular--, Javier Pérez Roldán, ha declarado que Gómez “está pasando de la justicia, pero la justicia no pasará de ella”, y ha señalado que desde la asociación vienen “con los deberes hechos, con todo bien atado”, informa Europa Press.

Por su parte, Vox ha denunciado “los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación”, después de la sesión, que ha durado casi tres horas.

Solo unos días después de que Pedro Sánchez acordase con Junts aprobar en el Congreso una ley de amnistía a cambio de los siete votos que le faltaban para garantizar su investidura, un veterano magistrado del Supremo contestó así a la pregunta de si el Poder Judicial podría evitar la iniciativa del Poder Legislativo: “La batalla la estamos perdiendo pero, en mi ingenuidad, creo que todavía hay partido”. Dos años después, la ley de amnistía vigente no se puede aplicar al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros ex consejeros de su Gobierno por la jurisprudencia creativa que el Supremo impuso a este caso al interpretar que la malversación cometida por los altos cargos independentistas no era amnistiable.

Ese mismo magistrado del Supremo le contó a un periodista que los procedimientos judiciales en España poseen instrumentos suficientes de control para castigar a aquellos jueces que hacen mal su trabajo. El periodista le recordó entonces que eso no se cumple en algunos casos porque había instancias superiores que rechazaban recursos contra la mala praxis de instructores y protegían al juez infractor: “A veces los jueces no vigilan a los jueces, ese es el problema”.

El magistrado replicó: “Ten cuidado con sugerir la posibilidad de echar de la judicatura a jueces por mala praxis. La interpretación gubernamental de lo que se entiende por mala praxis es lo que ha permitido a Trump detener a un juez que se negó a avalar las deportaciones a El Salvador”.

El ejemplo del veterano magistrado no podía estar más lejos de la realidad española. Aquí, un juez instructor, Juan Carlos Peinado, imputó a Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa, por unas declaraciones en la fase de instrucción del caso Begoña Gómez que nunca hizo. Güemes estuvo imputado seis meses hasta que la Audiencia Provincial corrigió el despropósito. El juez siguió en su puesto sin sanción.

Peinado maltrató verbalmente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su declaración judicial, y le exigió que buscase en los despachos de Moncloa unos datos que ya estaban en el sumario. El juez le intentó imputar por un delito de malversación de fondos públicos que nunca pudo cometer y tergiversó la declaración del dirigente socialista en la exposición razonada que el Supremo rechazó. Ahora, la derecha judicial quiere archivar sin sanción la queja de Bolaños contra el juez Peinado.

Ángel Hurtado, magistrado del Supremo, acusó por escrito y sin pruebas al Gobierno de ordenar al fiscal general del Estado –“por indicaciones de Moncloa”, según un auto judicial– la filtración de un correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber cometido dos delitos fiscales. Es el mismo magistrado que cuando ejercía en la Audiencia Nacional se opuso a condenar al PP en el caso Gürtel y protegió con descaro a Rajoy durante su declaración como testigo en ese procedimiento. Unos meses después de aquello ascendió a magistrado del Supremo por decisión de un Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora.

El juez Juan José Escalonilla mantuvo durante tres años una investigación abierta a dirigentes de Podemos con hasta diez piezas separadas que mantuvieron todo ese tiempo la sospecha de corrupción sobre la formación política de izquierdas. Pero acabó archivando una a una todas las causas en las que imputó a los altos cargos de Podemos. Solo unos meses después, Escalonilla ascendió por concurso a la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.

Un juez de la Audiencia Nacional ya jubilado, Manuel García Castellón, atribuyó un supuesto delito de terrorismo al expresidente catalán, Carles Puigdemont sin una sola prueba para intentar así que no se pudiera beneficiar de la Ley de Amnistía. Pese a ello, el Tribunal Supremo decidió avalar esa investigación tras admitir a trámite una exposición razonada que incumplía las condiciones que imponía su propia jurisprudencia. Aquella investigación a Puigdemont por terrorismo se frustró solo por un olvido del instructor en la aprobación de las prórrogas necesarias.

Además de la existencia de un sistema de recursos que permite a las partes de un litigio recurrir a instancias superiores contra decisiones del juez que investiga, existe en España una comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial que también vigila el trabajo de jueces bajo sospecha.

El promotor de la acción disciplinaria es Ricardo Conde, de sensibilidad conservadora. Lleva en ese puesto ocho años –los mandatos de los vocales del Gobierno de los jueces son de cinco años– y sus propuestas en los casos polémicos conocidos tienden siempre a relativizar los insultos de jueces a ministros y altos cargos en redes sociales, o minimizar la gravedad de los excesos o errores cometidos por jueces. La derecha judicial, que manda en el CGPJ desde hace 30 años y ahora tiene mayoría absoluta en la comisión disciplinaria, avala las propuestas de Conde y deja sin sanción actuaciones bochornosas de jueces contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Aquí van algunos ejemplos.

En aquellos días de la negociación sobre la ley de amnistía (noviembre de 2023), el magistrado Manuel Ruiz de Lara, titular del juzgado número 11 de lo Mercantil en Madrid, comenzó su particular cruzada contra el Gobierno en la red social X: “Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa”, escribió. Y continuó: “Era lógico que un mentiroso patológico como @sanchezcastejon eligiese al siervo mentiroso patológico @felixbolanosg al frente del ministerio de @justiciagob para que manipulase, omitiese las exigencias de @CoeGreco y continuase la senda de ataque al @PoderJudicialEs RESISTIREMOS”. Y más: “Al igual que Grande-Marlaska, Margarita Robles, Pilar Llop, la ‘disparatada podemita’ prefieren, deshonrando la toga, arrastrarse en la indignidad por las migajas de un cargo”.  

El atrevido juez decidió eliminar su cuenta de X cuando conoció que el Consejo General del Poder Judicial decidió investigar aquellos insultos graves. El juez de los ataques era miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. La misma Asociación que aquellos días acusaba a Sánchez con mensajes apocalípticos: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”.

Dos años y medio después, el Estado de derecho en España parece firme y las reglas de la Constitución, vigentes. Los tribunales y las comunidades autónomas recurrieron la Ley de Amnistía de acuerdo con las normas del Estado de derecho y el Tribunal Constitucional avaló su constitucionalidad.

La comisión disciplinaria del CGPJ, de mayoría conservadora, archivó hace dos años las diligencias abiertas a Ruiz de Lera con varios argumentos: el juez de lo Mercantil había borrado los mensajes y no era posible comprobar si los escribió el mismo o si lo hizo identificándose como miembro de la carrera judicial. La documentación analizada acreditaba todos estos extremos, pero al promotor de la Acción Disciplinaria dictó su veredicto: “Aun dando por cierto el tuit y su autoría, en ningún caso concurriría esa otra acción que integra el tipo en cuestión de invocar la condición de juez, o de haberse servido de la misma al momento de formular sus críticas”.

El susto de Ruiz de Lara ante una posible sanción disciplinaria no le impidió insistir en sus ataques al Gobierno, aunque tuvieron que pasar dos años, con una Ley de Amnistía aprobada y respaldada por el Constitucional, para volver a la carga en 2025 contra Sánchez y su mujer, a la que llamó “Barbigoña”. La derecha del Poder Judicial, mayoritaria en la comisión disciplinaria, votó hace un mes contra la sanción a Ruiz de Lara.

Los responsables del Poder Judicial que se atreven a hablar de esta situación escudados en el anonimato admiten que muchas de las afirmaciones vertidas por jueces en las redes sociales incumplen estos principios, pero señalan que el órgano de gobierno no puede actuar contra ellos porque no son preceptos cuyo incumplimiento se pueda sancionar.

El juez Manuel Piñar Díaz, que condenó a cinco años de prisión a Juana Rivas, cargó en Facebook contra las políticas de igualdad del Gobierno de coalición. Habló de “comunismo feminazi” para referirse a Irene Montero o escribió “ladrones, corruptos” sobre una foto de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo tampoco actuó de oficio en este caso, pero sí le abrió expediente a raíz de una denuncia del abogado de Juana Rivas, a la que también criticó. El Poder Judicial archivó la queja con el siguiente argumento: “La publicación por parte de un miembro de la Carrera Judicial, en una red social, de determinadas opiniones —con independencia total de la que, a su vez, a cada cual nos merezcan—, cuando en tal medio no se hace invocación expresa de su condición profesional o cuando sea factible entender que su intervención se hace a título particular como mero ciudadano, constituye una manifestación del derecho a la libertad de expresión”.

Los Principios de Ética Judicial establecen que la imparcialidad de los miembros del Poder Judicial impone el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia. Algunos jueces incumplen de manera grosera esos principios de ética judicial y siempre contra políticos y altos cargos del mismo signo ideológico. Pero su conducta sigue impune.

La ley establece que los jueces cometerán una falta disciplinaria si dirigen “a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”. Jueces con toga se manifestaron a las puertas de los juzgados contra una ley de amnistía que ni siquiera estaba aprobada ni había comenzado a tramitarse en el Congreso de los Diputados.

La Comisión de Ética Judicial, elegida por los jueces de carrera y de abrumadora mayoría conservadora, avaló la protesta a raíz de la consulta de un profesional, preocupado por si la concentración de togados a las puertas de los juzgados afectaban al principio de independencia judicial y al deber de imparcialidad e integridad al que están sometidos los miembros de la carrera. La Comisión consideró que si el juez que se manifiesta –un derecho reconocido en la Constitución a todos los ciudadanos, según aclaró– tiene “un honesto, meditado y sincero convencimiento” de que la ley de amnistía “pueda afectar al Estado de Derecho”, su actuación no merece una sanción disciplinaria.

Desde hace un tiempo, la derecha judicial tiene el “sincero convencimiento” de que todo vale para tumbar al Gobierno que se atrevió a aprobar una ley de amnistía que perdonaba a los independentistas catalanes los delitos por los que el Supremo les condenó.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por hasta cinco delitos, recibió en abril de 2024 una carta de la Fiscalía Europea en la que se le solicitaba que, “a la mayor brevedad”, les mandara toda la información relativa a determinados expedientes que tenía en su poder y que estaban relacionados con concursos públicos adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) Innova Next - Escuela de Negocios The Valley. En concreto, dos de esos concursos asignados por la empresa pública Red.es al grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés habían sido financiados con fondos europeos, y por tanto, esa Fiscalía reclamó la competencia sobre los mismos.

Desde entonces han pasado dos años, y en este tiempo sólo ha declarado Barrabés en calidad de investigado ante los fiscales europeos. Dado que se quiere esclarecer si en esas adjudicaciones hubo un trato de favor para el empresario por su estrecha relación con la esposa del presidente del Gobierno, uno de los hitos relevantes que se esperaba desde hace tiempo era la comparecencia de la propia Begoña Gómez. Y a juzgar por lo que desliza en su último recurso ante Peinado su defensa, ese momento está a punto de producirse.

Según su propio abogado, Antonio Camacho, ya ha recibido la citación para declarar ante los fiscales europeos —se desconoce la fecha exacta—. Pero lo hará en calidad de testigo y no como investigada. Este dato es relevante dado que sí consta como imputada por, entre otros, el delito de corrupción en los negocios ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por esa relación con el empresario Barrabés. Peinado sospecha que, a cambio de que Barrabés le echara una mano para sacar adelante la cátedra extraordinaria que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el empresario se habría beneficiado de cartas de apoyo firmadas de su puño y letra por la mujer del presidente que podrían haber servido para decantar la balanza en favor de sus empresas en concursos públicos.

Los fiscales comunitarios se han centrado en dos expedientes de la empresa pública Red.es: El de 'Formación empleo juvenil para la economía digital' en el que la UTE de Barrabés se hizo con dos de los seis lotes por 4,8 millones de euros (IVA no incluido); y el de 'Servicio de formación para personas desempleadas', del que se le asignó uno de los dos lotes a concurso por importe de 3,6 millones de euros (sin IVA). El total asciende a 8,4 millones de euros.

Para esclarecer si hubo irregularidad en esas adjudicaciones, la Fiscalía Europea ya habría citado como testigos a numerosos firmantes de cartas de apoyo a la oferta de Barrabés idénticas a las de Begoña Gómez, según confirman fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es. También ha trascendido que en septiembre de 2025 se recibió un extenso informe de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre los expedientes financiados parcialmente por el Fondo Social Europeo.

La IGAE y la UCO frente a los contratos

El órgano fiscalizador, entre sus conclusiones, aseveraba que el hecho de que Red.es hubiera tenido en cuenta (a la hora de puntuar) las diferentes ofertas presentadas a concurso que estas incluyeran cartas de recomendación o futuros acuerdos con reclutadores fue una decisión “arbitraria que excedió la capacidad de decisión discrecional del valorador”. Entendía que esto constituyó “una actuación discriminatoria que adulteró la valoración técnica” y por ende benefició “a determinados licitadores a los que se incrementó injusta e ilegalmente su puntuación, entre otros a la UTE Innova Next – The Valley Digital Business School”.

Antes incluso de que viera la luz esa pericial, la defensa de Barrabés ya había solicitado una ampliación al entender que se debían analizar no solo los lotes adjudicados a su UTE sino también determinadas características de las fórmulas aplicadas en este tipo de licitaciones. No obstante, y dado que ese primer informe ya estaba casi finalizado, la IGAE decidió dejar ese asunto para más adelante.

Por contraposición, y a pesar de que la IGAE en este caso concreto sí que ve irregularidades en el procedimiento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe de 2024 indicaba que en líneas generales y basándose en la información observada en los expedientes que constaban en el juzgado de Peinado “la preparación, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos (…) se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.

En este sentido, el 30 de mayo de 2025, otro informe de la IGAE, esta vez presentado a petición de Peinado y respecto a los contratos que seguían siendo analizados en su causa, concluía que en otro de los contratos adjudicados por Red.es a la empresa de Barrabés se dio un incumplimiento de la norma. Y esto porque el peso que se dio al precio de la oferta fue inferior al que debía ser. Así, se elevó la relevancia de otros criterios que dependen de un juicio de valor y, por ende, esa valoración subjetiva la debió haber hecho un comité de expertos que no fuera de Red.es.

El recurso de Barrabés

Mientras que la investigación en la Fiscalía Europea prosigue, el juez Juan Carlos Peinado ya avanza a marchas forzadas hacia lo que considera pertinente: que la causa contra la esposa del presidente del Gobierno acabe siendo ventilada ante un jurado popular.

Contra la decisión de Peinado de abrir de nuevo esa vía, ya han presentado recurso tanto la defensa de Gómez como la de su asistente, Cristina Álvarez. Y ahora también ha trascendido el recurso del propio Barrabés, en el que señala que, contrariamente a lo que sostiene el juez, él nunca ha tenido relación con la cátedra extraordinaria que dirigía Begoña Gómez en la UCM.

El juez sostiene que, a cambio de ayudar a la esposa del presidente en el desarrollo de esa propuesta académica, Barrabés se habría beneficiado del respaldo de Begoña Gómez —en forma de carta de apoyo— en concursos públicos que debían resolver departamentos del Gobierno que preside Pedro Sánchez. “Se parte de un relato que en nada se compadece con la realidad de lo acontecido”, dice ahora el empresario, que insiste en desligarse de la cátedra, si bien recuerda que sí impartió clases en otro máster que también dirigía la encausada, algo que “no es irregular” y que hicieron “otros 164 profesores”.

Así critica que Peinado haga una interpretación “forzada de algo inexistente”, y considera que lo que busca el juez es, por un lado, “lograr la conexidad que se requiere para la transformación (de la causa) en Tribunal del Jurado” y, por otro, “configurar el supuesto delito de tráfico de influencias a través de una contraprestación mayor que la de haber dado un par de clases en un máster”.

Por otro lado, la defensa de Barrabés critica que Peinado incluyera en su auto de 20 de marzo los expedientes y las cartas de apoyo de Gómez porque están fuera de su causa dado que se investigan en la Fiscalía Europea. Concluye que no existe, de lo instruido por el juez, “ningún indicio existe sobre la comisión de un delito de tráfico de influencias o de corrupción en los negocios”. “No basta con que dos personas se conozcan, aunque una de ellas tenga una relación de parentesco con el presidente del Gobierno, para admitir la comisión de ilícito alguno por parte de mi representado”, apuntala su abogada. Y añade que lo que procede es el sobreseimiento libre para él.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso en el que pide anular la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que la causa contra ella siga por los cauces del tribunal del jurado. Entiende que la resolución del magistrado “falta plenamente a la realidad”, está plagada de conjeturas y es “falaz”, y le acusa de investigarla “con una voluntad inquebrantable” a pesar de que no existen indicios, y sólo “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, desgrana uno a uno los cinco delitos que le imputan a su cliente, y arranca estudiando el de tráfico de influencias. Indica que el juez yerra cuando en su auto argumenta que hubo un cambio “inmediato y significativo en la trayectoria profesional” de la investigada tras la llegada de su cónyuge a La Moncloa. Recuerda al juez que ese dato es “absolutamente incorrecto” porque su defendida ya dirigía un máster en la Universidad Complutense de Madrid desde 2014, cuando Sánchez no era presidente del Gobierno ni siquiera secretario general del PSOE. “Es falso que su actividad hasta 2018 solo estuviera vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark”, abunda.

Camacho entiende que lo que busca el juez es “construir” el relato del presunto delito de tráfico de influencias, pero le enmienda la plana señalando que no fue la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno lo que llevó a Begoña Gómez a ampliar su actividad docente, sino su experiencia previa “como manifestaron responsables de la Complutense que han declarado en el seno del procedimiento”.

Para la defensa, esta inexactitud del juez “parece consciente”, y añade, además, que en esa gradual construcción de indicios para sostener la acusación por tráfico de influencias, el magistrado se esfuerza por introducir “una duda” sobre la corrección de la relación de ella con el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado en la causa.

Considera “inaceptable” que Peinado se refiera a un auto de mayo de 2024 de la Audiencia Provincial que indicaba que de la denuncia de Manos Limpias se desprendían indicios que apuntaban a la intermediación de Gómez en la concesión de subvenciones a la UTE formada por Innova Next (de Barrabés) y la Escuela de Negocios TheValley. Y subraya que no es aceptable porque son hechos que no se ventilan en el juzgado de Peinado sino en la Fiscalía Europea, donde sólo ha sido llamada, recientemente, en calidad de testigo y no como investigada.

Al hilo, califica de “absolutamente falaz” el intento de Peinado de establecer una conexión entre Barrabés y Gómez por medio de la creación de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva. Lamenta que el juez llegue a afirmar que para la creación, financiación, desarrollo y consolidación de la misma, ella hizo uso de su relación con el empresario, y asevera que no tuvo ningún tipo de intervención y su conglomerado empresarial no llegó a suscribir ningún acuerdo de colaboración.

Tras esto, recuerda que responsables de la Complutense han sostenido durante la instrucción que la creación de esa cátedra siguió “el cauce académico ordinario” sin irregularidades y califica de “anecdótico” que la primera reunión entre el rector y Gómez para hablar de la misma tuviera lugar en La Moncloa: “No tiene trascendencia si tenemos en cuenta que la cita se produce en julio de 2020 en plena pandemia del coronavirus y con la Escuela de Gobierno de la UCM cerrada”.

Así, la defensa explica que “la única conclusión que puede extraerse del auto es que se está investigando a Begoña Gómez por ser cónyuge del presidente del Gobierno”. Y añade que no puede haber delito de tráfico de influencias porque ese tipo penal se da cuando hay una conducta orientada a obtener una resolución que genere un beneficio económico, directo o indirecto. “Y ningún beneficio económico puede atribuirse a mi representada si tenemos en cuenta que la dirección de la cátedra no conllevaba ninguna retribución y los fondos aportados por las empresas pasaron directamente al patrimonio de la Complutense”, resalta.

Corrupción en los negocios e intrusismo

Sobre el delito de corrupción en los negocios que le imputa el juez, la defensa señala que no se entiende como puede encajar en ese delito la captación de fondos con destino a una universidad pública. Indica que esta realidad plantea un “problema irresoluble” porque ese delito sanciona la corrupción entre particulares.

En cuanto al delito de intrusismo -el juez considera que Begoña Gómez no debió firmar un pliego de prescripciones técnicas de la cátedra que dirigía-, Camacho explica que existen correos de la Complutense instando a su representada a suscribir los mismos para cumplir con la normativa presupuestaria del centro educativo. Además, se apoya para refutar esa “singular” acusación en el testimonio de la interventora de la universidad, María Elvira Gutiérrez Vierna, que declaró que la firma de esos pliegos se realizó de acuerdo con la norma que exige que sean firmados por el jefe de la unidad administrativa, que en este caso era Begoña Gómez como directora de la cátedra.

El abogado lamenta, tras esto, que en el auto de Peinado “solo hay conjeturas que no se encuentran apoyadas en indicio alguno”. Y lanza un ataque directo a la instrucción del juez: “Lo único acreditado en esta causa es la voluntad inquebrantable del instructor de mantener viva una causa penal, aunque no exista elemento alguno en que apoyarla”.

Apropiación indebida y malversación

En cuanto al delito de apropiación indebida de marcas que se le imputa a Gómez por presuntamente haberse apropiado tanto de un software elaborado para la cátedra como del propio término 'Transformación Social Competitiva' o del registro del dominio de Internet que albergaba el software, Camacho indica que ese término fue inventado por ella y que si lo registró fue para “evitar su uso incorrecto” y siempre siguiendo instrucciones del centro educativo.

Además, resalta que se ha investigado un delito inexistente dado que jurídicamente no existe un delito de apropiación indebida de marcas porque la tutela de las mismas se da a través de la figura del delito de defraudación de la propiedad intelectual o industrial, que exige el registro previo de la marca, lo cual no ocurrió en este caso.

Sobre el delito de malversación que le imputa el juez por haber hecho uso de su asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez, para fines personales, el letrado indica una vez más que no hay indicio de delito y vuelve al argumento usado en anteriores recursos: La presencia de Álvarez en reuniones respondía al cumplimiento de sus funciones de organizar el protocolo y al equipo de seguridad, y los correos enviados por la asistente desde su cuenta particular fueron enviados en relación con la cátedra -por la que Gómez no cobraba- porque ayudaba puntualmente a la esposa del presidente del Gobierno por “amistad”, y sin que esto afectara a sus funciones ordinarias.

Apunta, además, que no existe un estatuto de la cónyuge del presidente del Gobierno, y por lo tanto la figura “no está regulada”. A su juicio, la interpretación del instructor sobre el distingo entre actividades privadas e institucionales no se ajusta a lo que se viene desarrollando desde el advenimiento de la Democracia. “Y supondría que el personal de servicio de La Moncloa que por ejemplo hiciera la comida y se la sirviera a mi representada cometería un delito de malversación”, añade.

Tras esto, el abogado lamenta que en la resolución del juez no existe “una mínima delimitación de cuáles son los delitos que se imputan a cada uno de los encausados”, lo que genera confusión. Y señala que para que el asunto pueda seguir adelante por el cauce del Tribunal del Jurado es necesario un esfuerzo por parte de Peinado más allá de reiterar conjeturas.

Entiende, así, que con el auto se vulnera el derecho del investigado al juez predeterminado por la ley, y advierte de que, con toda probabilidad, el magistrado no ha tenido en cuenta que, “por tratarse de un asunto muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública”, en caso de llegar a ser juzgado por un jurado popular “puede generar una ulterior lesión del derecho al juez imparcial como consecuencia del juicio paralelo que ya se ha producido por la acción persistente y continuada de los medios de comunicación”.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este martes por unanimidad devolver al Promotor de la Acción Disciplinaria las diligencias incoadas por las quejas presentadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El órgano de gobierno de los jueces quiere que su autoridad disciplinaria complete su investigación sobre esas quejas que guardan relación con la declaración de Bolaños en calidad de testigo en el marco de ese procedimiento.

En una nota de prensa difundida por el CGPJ se indica además que la Comisión Permanente ha decidido dejar para más adelante -lo ha sacado del orden del día- su deliberación sobre la diligencia informativa incoada a raíz de las denuncias presentadas contra el magistrado por Más Madrid y el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita. Denunciaban a Peinado por haber acordado fuera de plazo la prórroga de la instrucción de una causa en la que se investigaba por un delito de malversación al gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por pagar un precio desorbitado por un acto a OkDiario.

Además, el órgano de gobierno de los jueces ha acordado por unanimidad tomar conocimiento del archivo de otras cuatro investigaciones disciplinarias abiertas contra Peinado a raíz de quejas o denuncias presentadas contra el magistrado por anónimos y particulares.

Las quejas de Bolaños

Cabe recordar que Bolaños denunció que el juez actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en La Moncloa en el caso contra la esposa de Pedro Sánchez y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. Después, tergiversó el testimonio del ministro para apuntalar su petición al Supremo de que abriera una causa contra él. 

La propuesta de archivo del Promotor afirmaba que Peinado tomó “decisiones que pueden debatirse, pero que, al margen de su acierto o desacierto, constituyen una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional de la que el denunciado es titular”. La autoridad disciplinaria, Ricardo Conde, acordó abrir una diligencia informativa contra el magistrado tras recibir el 4 de junio de 2025 una primera denuncia de Bolaños con relación a la actuación del juez durante el interrogatorio. El 29 de julio, el ministro presentó una segunda denuncia después de que el Supremo rechazara investigarle. Durante la tramitación de las diligencias, Peinado alegó que actuó en todo momento con el objetivo de que la declaración “se desarrollara del mejor modo posible”. 

Bolaños denunció también la filtración a la prensa de resoluciones judiciales antes de que le fueran notificadas formalmente a él o a las partes, lo que, a su juicio, supone una vulneración del carácter reservado de las diligencias que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para fundamentar su queja, expuso dos casos concretos que siguen un mismo patrón. En su propuesta de archivo, la autoridad disciplinaria alegó que “no existe indicio que permita atribuir al instructor, ni siquiera indiciariamente, la revelación de datos judiciales”. 

Archivo para las otras quejas

Respecto al archivo por parte del Promotor de las otras cuatro diligencias abiertas contra Peinado, la Comisión Permanente detalla que la primera de ellas se abrió tras la queja de un ciudadano que dijo estar preocupado por la actuación del magistrado en el caso Begoña Gómez dado que ese procedimiento se había iniciado tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Tampoco le encajaba que el juez hubiera discrepado en reiteradas ocasiones del criterio del fiscal o que citara a personas del entorno político del Gobierno sin aparente relación con los hechos, entre otros motivos.

Sobre esa queja, la autoridad disciplinaria dice en su acuerdo de archivo que el CGPJ tiene vedado valorar cuestiones jurisdiccionales o revisar las resoluciones que puedan dictar los juzgados en el ejercicio de su función. Hacer lo contrario, añade, supondría una injerencia en la independencia judicial por lo que entendía que los desacuerdos con resoluciones judiciales deben ventilarse por medio de los oportunos recursos.

La segunda de las diligencias informativas archivadas fue abierta a raíz de una queja presentada por dos particulares que tras leer informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en una parcela propiedad del magistrado, decidieron que debían denunciar los hechos por si había infringido los principios de Ética Judicial. El Promotor, en su archivo, señala que los hechos contenidos en las informaciones periodísticas no guardan ninguna relación con la actuación jurisdiccional del magistrado y que se habrían producido en el ámbito personal o privado del juez, ajeno a su condición de miembro de la carrera judicial y al desempeño de la función jurisdiccional. Añade que no se atribuye a Peinado la comisión de infracción disciplinaria alguna y que la infracción de los principios de Ética Judicial -según el documento aprobado por el Pleno del CGPJ en 2016- carece de consecuencias disciplinarias.

La tercera de las diligencias archivadas provenía de una queja de otro ciudadano que ponía el foco en que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid había venido adoptando decisiones en procedimientos de gran relevancia política y mediática cuya motivación y oportunidad generaban en la ciudadanía una fundada apariencia de parcialidad. El Promotor archiva porque el denunciante no ha ratificado la queja.

La última de las quejas nacía de un escrito anónimo en el que se reprochaban determinadas actuaciones, criterios y decisiones jurisdiccionales del magistrado, como el hecho de que citara a personas investigadas en días y horarios poco habituales, tales como sábados o domingos en guardias judiciales. La autoridad disciplinaria señala que procede el archivo de toda denuncia anónima de acuerdo con la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza expedientar al juez Juan Carlos Peinado tras investigar las cuatro quejas que recibió hace meses por su forma de instruir dos casos con repercusión política. La Comisión Permanente del órgano —el llamado 'núcleo duro'— analizará en su sesión de este martes si acepta el criterio del Promotor o si, por el contrario, le corrige y le obliga a abrir un expediente al magistrado. 

Dos de esas quejas las formuló el ministro Félix Bolaños, que denunció que el juez actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra Begoña Gómez y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. En su propuesta de archivo, el Promotor afirma que se trata de “decisiones que pueden debatirse, pero que, al margen de su acierto o desacierto, constituyen una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional de la que el denunciado es titular”. 

Las otras dos quejas fueron presentadas por Más Madrid y el diputado del PSOE Guillermo Hita, que denunciaron una “desatención de sus obligaciones judiciales” porque Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en el caso de presunta malversación del gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por pagar un precio desorbitado por un acto a OkDiario.

Tras una investigación que se ha dilatado durante varios meses, el Promotor, Ricardo Conde, concluye que la conducta del juez no es susceptible de reproche disciplinario en ninguno de esos casos. La Permanente, que tendrá la última palabra al respecto, está formada por siete miembros: cuatro vocales conservadores, tres progresistas y la presidenta, Isabel Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate.

De forma reciente, el voto de la presidenta permitió la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos, tal y como pretendían los progresistas. Esos expedientes, no obstante, acabaron sin sanción porque los vocales conservadores, que son mayoría en la Comisión Disciplinaria, impusieron su criterio. 

Tenso interrogatorio

En el caso de Bolaños, fuentes del Ministerio de Justicia explican que esas denuncias se remitieron para informar sobre las “irregularidades” cometidas por juez “en relación con su declaración como testigo y la posterior exposición razonada elevada al Tribunal Supremo”. Durante el interrogatorio, el juez acusó al ministro de contestar con “evasivas” y se permitió cuestionar alguno de sus gestos. “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, llegó a decirle. Después, el juez tergiversó el testimonio del ministro para apuntalar su petición al Supremo de que abriera una causa contra él. 

La autoridad disciplinaria, Ricardo Conde, acordó abrir una diligencia informativa contra el magistrado tras recibir el 4 de junio de 2025 una primera denuncia de Bolaños con relación a la actuación del juez durante el interrogatorio. El 29 de julio, el ministro presentó una segunda denuncia después de que el Supremo rechazara investigarle. Durante la tramitación de las diligencias, Peinado alegó que actuó en todo momento con el objetivo de que la declaración “se desarrollara del mejor modo posible”. 

Bolaños denunció también la filtración a la prensa de resoluciones judiciales antes de que le fueran notificadas formalmente a él o a las partes, lo que, a su juicio, supone una vulneración del carácter reservado de las diligencias que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para fundamentar su queja, expuso dos casos concretos que siguen un mismo patrón. 

Por un lado, respecto a su citación como testigo, Bolaños denunció que el juez firmó a las 14.18 horas del 10 de marzo de 2025 la resolución en la que acordaba abrir una pieza separada y citarle a declarar. Y que, apenas tres horas después, a las 18.26 horas, la noticia estaba publicada en El Confidencial y la resolución “circulaba por canales telemáticos”. Según su queja, las partes no la recibieron hasta el día siguiente y Bolaños no fue notificado oficialmente hasta el 14 de marzo. 

En su denuncia, Bolaños insinúa la responsabilidad directa del juzgado al señalar que el círculo de personas con acceso era muy reducido y que el propio juez habló ese día con el departamento de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para confirmar la noticia. El titular de Justicia también pone de ejemplo la providencia en la que el juez rechazó que declarara por escrito. Según su queja, el juez firmó la resolución a las 10.01 horas y, en menos de una hora, a las 10.57 horas, ya estaba publicada en El Mundo. Bolaños asegura que no recibió la notificación formal hasta varios días después, el 3 de abril.

En su propuesta de archivo, la autoridad disciplinaria alega que “no existe indicio que permita atribuir al instructor, ni siquiera indiciariamente, la revelación de datos judiciales”. Recientemente, el Promotor ha abierto una nueva investigación a Peinado por una filtración a OkDiario de información de la causa contra Begoña Gómez. Esta nueva queja parte de la defensa de otra de las investigadas, la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente.

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

Prórroga fuera de plazo  

Las otras quejas presentadas vienen motivadas por el hecho de que Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en un caso de presunta malversación que afecta a Alfonso Sánchez Vicente que, como gerente de la EMT, es un alto cargo de la Administración que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP). Peinado investigaba desde 2023 si esa empresa municipal malversó dinero público al firmar un contrato de patrocinio con OkDiario para unas jornadas de sostenibilidad en 2022 por 72.600 euros cuando un año antes un evento similar había costado una cuarta parte, tal y como denunció Podemos.

La Audiencia Provincial de Madrid constató que Peinado prorrogó la causa dos meses después del límite legal y que muchas diligencias, por tanto, no eran válidas al haber sido acordadas fuera de plazo. La respuesta de Peinado fue archivar el caso, pero no porque su error hubiera condenado la investigación al sobreseimiento, sino porque creía que no había delito en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la web de Eduardo Inda. Según el juez, el evento fue seguido por “una gran cantidad de personas” y esa “mayor capacidad de difusión” pudo justificar el sobreprecio. 

La portavoz del grupo municipal de Más Madrid, Rita Maestre, optó por abrir también la vía disciplinaria y presentó el 3 de julio de 2025 una queja contra Peinado con relación a estos hechos. La autoridad disciplinaria acordó abrir diligencias cinco días después. Posteriormente, el 18 de julio, el diputado del PSOE Guillermo Hita presentó otra denuncia por los mismos hechos que derivó en otra apertura de diligencias el 31 de julio. Las dos denuncias consideran que Peinado desatendió sus obligaciones judiciales al acordar esa prórroga fuera de plazo a pesar de la petición de las acusaciones populares y la Fiscalía.

En sus escritos, ambos denunciantes subrayan que la actuación del juez ha causado “graves perjuicios” a la investigación y a las acusaciones personadas y un “claro favorecimiento” a las defensas de los investigados al impedir seguir investigando y llevar a cabo diligencias que hubieran llevado a un “completo esclarecimiento de los hechos”. 

El juez Juan Carlos Peinado sigue empeñado en procesar por cinco delitos a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y ha transformado las diligencias que inició en abril de 2024 en un procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado. La Audiencia Provincial de Madrid anuló en este tiempo una decena de resoluciones del juez, entre ellas cinco imputaciones, varias órdenes de registro, y la última decisión de Peinado que abocaba el procedimiento a la vía del jurado. Pero el instructor sorteó los suspensos de la Audiencia Provincial como pudo: a veces sin hacer mucho caso, otras veces corrigiendo errores para seguir aplicando su criterio, y siempre manteniendo viva la causa.

Su último salto ha sido imponer, en contra de la Audiencia Provincial, que el procedimiento contra Begoña Gómez sea juzgado por un jurado popular dado que, según explica, entre los cinco delitos que atribuye a la mujer del presidente y que considera entrelazados –tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, intrusismo profesional y corrupción en los negocios– los dos primeros corresponden a los que la Ley establece que pueden ser tramitados por el procedimiento del jurado.

El juez Peinado se corrigió a sí mismo cuando imputó por malversación de fondos a Begoña Gómez y a su asistente, Cristina Álvarez, unos meses después de negarse a hacerlo a petición de la acusación popular de ultraderecha. Ahora mantiene esa imputación pese a que la Audiencia Provincial dejó dicho que “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación”.

En un auto de 47 folios, el juez instructor elabora un extenso relato de hechos con todos los indicios que ha recabado durante 23 meses de investigación contra la mujer del presidente del Gobierno. En ese escrito, Peinado olvida incluir en su exposición todos los contraindicios descubiertos durante la investigación que favorecen a Begoña Gómez y que obligarían en la mayoría de los casos a archivar el procedimiento. Son los que siguen:

Tráfico de influencias

El juez Peinado inició su investigación a cuenta de unas cartas de apoyo que firmó la mujer del presidente del Gobierno como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense a favor del empresario Juan Carlos Barrabés. Esas cartas de apoyo se incluyeron en la oferta con la que Barrabés concursó y logró dos contratos millonarios de Red.es, una entidad estatal dependiente entonces del ministerio de Economía. En su relato de hechos, Peinado señala: “La relevancia de este documento no reside solo en su contenido, sino también en su contexto: la carta fue aportada por una unión temporal de empresas vinculada al grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés, con quien Begoña Gómez ya mantenía relación profesional, y se presentó en el marco de una licitación promovida por una entidad pública dependiente del mismo Gobierno que desde dos años antes presidía su esposo”.  

Pero Peinado olvidó escribir en su auto que junto a las cartas de Begoña Gómez había otras 31 con idéntica redacción firmadas por responsables de distintas empresas privadas –Google, Microsoft…– y organismos públicos, como el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP. Tampoco explicó que esas cartas se incluían en un apartado que el concurso valoraba con el 8% de los puntos totales del concurso y que, además, este asunto ya no pertenece al procedimiento que tramita el juez Peinado. La Fiscalía Europea Anticorrupción, que asumió la investigación del caso, no investiga a Gómez ni tiene pruebas del tráfico de influencias en el procedimiento, sino que analiza supuestas anomalías en el pliego de condiciones y en la resolución del concurso. Por su parte, la Guardia Civil hizo un informe solicitado por el juez Peinado que descartaba cualquier relación entre Begoña Gómez y las personas que tramitaron el concurso. Nada de esto escribió Peinado en su último auto.

Apropiación indebida

El juez instructor insiste en atribuir a Begoña Gómez el delito de apropiación indebida de un software fabricado durante el desarrollo de la cátedra para el uso gratuito de pequeñas y medianas empresas. “El uso del nombre idéntico al de la Cátedra, junto con las referencias directas a la titularidad de la Universidad Complutense en una web que estaba registrada a título personal por la investigada Begoña Gómez, generaba una evidente confusión visual e institucional sobre si el software era un servicio oficial gratuito de la Universidad o un reclamo para la consultora privada Transforma TSC S.L. constituida por ella”, escribe Peinado.

El juez evita contar que la Complutense investigó estos hechos y preguntó al Registro de la Propiedad Intelectual si el software del litigio había sido registrado a nombre de Gómez. La respuesta fue negativa, nadie ha registrado ese software, ahora abandonado por la Universidad, a quien pertenece. También omite el juez que el registro del dominio web (50 euros al año) a nombre de Begoña Gómez fue porque así se lo indicó la propia Universidad a la mujer del presidente del Gobierno.

Intrusismo profesional

Begoña Gómez firmó un pliego de condiciones para adjudicar un contrato relacionado con la herramienta tecnológica que la Cátedra que codirigía se había comprometido a crear. El juez Peinado ve en este hecho un indicio de intrusismo profesional. Para poder acreditarlo, Peinado pidió opinión a la Asociación de Abogados del Estado, la principal organización profesional de este cuerpo en España con más de 700 asociados. La respuesta fue que no había ningún delito en la actuación de Gómez: “La normativa de contratación pública no establece una reserva estricta de dicha función a un cuerpo concreto de funcionarios ni exige una titulación específica para la redacción de tales documentos”. Pero el juez cita en su resolución otro informe que nunca pidió. “Hay una comunicación remitida por la Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho” que, supuestamente, defiende la tesis de que Begoña Gómez no podía firmar ese pliego de condiciones.

Esa Asociación fue fundada en noviembre de 2024 por tres abogados del Estado y la lidera una de ellos, que está jubilado. Lo que se conoce de esta asociación desde que nació es que se dedica a criticar al Gobierno de Pedro Sánchez en medios de comunicación conservadores. De todas estas peculiaridades no habla Peinado en el auto donde mantiene viva la causa contra Gómez por intrusismo profesional basándose en una comunicación de una asociación de abogados del Estado sin apenas socios y que no representa a nadie. También obvia en su auto judicial que la interventora de la Complutense declaró en el juzgado que de acuerdo con las normas internas de la Universidad y con el marco legal que regula esos procesos de contratación pública, los pliegos de prescripciones técnicas tienen que ser firmados por el jefe o la jefa de la unidad, que en este caso era Begoña Gómez. Además, Peinado tampoco se refiere a la documentación incorporada al sumario que acredita que la mujer del presidente firmó los pliegos porque así se lo pidieron desde la universidad.

Corrupción en los negocios

Peinado señala que Gómez logró financiación y respaldo empresarial privado para los proyectos desarrollados durante el funcionamiento de la cátedra en una universidad pública. El juez cree que esas ayudas “aparecen conectadas con una posición de privilegio relacional y con beneficios o expectativas de beneficio recíproco”. En ningún momento Peinado aclara que Begoña Gómez no se lucró con su actividad en la cátedra de la Complutense sino todo lo contrario pues no pudo cobrar ni un euro por su trabajo como codirectora debido a que estaba prohibida cualquier retribución al no ser trabajadora de la universidad. Algo que le explicaron los implicados al juez de manera reiterada. Gómez colaboraba con la Universidad Complutense desde 2012, mucho antes de que su marido fuera secretario general del PSOE. El año que más facturó por las clases que daba apenas alcanzó al salario mínimo interprofesional. Nada de esto cuenta Peinado en su auto. Del supuesto beneficio que sacaron las empresas privadas que financiaron la cátedra no hay una sola prueba en el sumario tras 23 meses de investigación.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace casi dos años a Begoña Gómez, insiste en que la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno acabe ante un jurado popular si llega a juicio. Tras el último revés de la Audiencia Provincial, el magistrado acuerda investigar y tramitar por esta vía y de manera conjunta todos los delitos que atribuye a Begoña Gómez y el resto de investigados con el argumento de que están “íntimamente entrelazados”. Les atribuye delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación.

El magistrado cita a la esposa de Sánchez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Carlos Barrabés el próximo 1 de abril, en plena Semana Santa, para comunicarles que corresponde continuar el procedimiento contra ellos por esta vía. Es una citación en la que los investigados pueden estar representados por sus defensas, por lo que no se espera que acudan personalmente al juzgado.

Peinado responde con este auto a la resolución de la Audiencia Provincial del pasado enero que anuló sus intentos previos de enviar el caso al Tribunal del Jurado por falta de motivación para justificar el cambio de procedimiento. Los jueces de la instancia superior le reprocharon que “únicamente” mencionara a las personas contra las que se dirige, pero no hiciera un relato que comprenda los indicios que les atribuye. Y concluían, por tanto, que se había vulnerado el derecho de los investigados a la tutela judicial efectiva, que incluye obtener una resolución debidamente motivada.

En una nueva resolución, el magistrado apunta los indicios recabados durante la instrucción para tratar de justificar nuevamente que el caso debe ir a juicio mediante la Ley del Tribunal del Jurado. Así, acusa a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados: Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet; y Cristina Álvarez, su asistente personal, una figura que han tenido todas las esposas de los presidentes del Gobierno.

Entre otros aspectos, el juez pone el foco en el hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa, que era su domicilio oficial, para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos. Señala, por ejemplo, que el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, fue citado en Moncloa para proponerle la creación de la cátedra que Begoña Gómez acabó codirigiendo en esa universidad, algo que el juez considera “anómalo”. Peinado llegó a mantener imputado a Goyache durante más de diez meses hasta que la Audiencia Provincial le obligó también a sacarlo de la causa.

Respecto a Barrabés, al que también recibió en la Moncloa, el juez considera que sus empresas eran una “pieza clave” en el desarrollo de esa cátedra, por la que Begoña Gómez no cobraba remuneración alguna. La tesis del magistrado es que el empresario fue el encargado de diseñar y elaborar los contenidos académicos de una parte de uno de los másteres vinculados a la cátedra. Y que, en el mismo “marco temporal”, Begoña Gómez actuó “en favor” de sus “intereses empresariales”.

Peinado se refiere a las “cartas de apoyo o recomendación” en favor de la UTE vinculada al grupo empresarial de Barrabés que suscribió Begoña Gómez. En realidad, era una “declaración de interés y apoyo” en la que acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

La UTE de Barrabés resultó adjudicataria en el verano de 2021 de dos grandes contratos públicos del ente estatal Red.es. El primer expediente se le adjudicó por 7,77 millones de euros y el segundo por aproximadamente 4,4 millones de euros. El juez recuerda que un informe de la Intervención General detectó “irregularidades relevantes” en estas licitaciones de Red.es. Entre ellas, opacidad, uso desproporcionado de criterios subjetivos y alteraciones en las puntuaciones.

Por otro lado, el juez dedica gran parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. El juez alude a la “intervención reiterada” de la trabajadora de la Moncloa “en favor de la actividad profesional y académica” de la esposa de Sánchez.

Como indicios, Peinado alude a los correos que la asesora envió desde su cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno actuando expresamente “en nombre de Begoña” para buscar financiación y gestionar convenios con empresas. Y también a las declaraciones de testigos que “refuerzan la conclusión” de que Cristina Álvarez “era percibida por terceros no como mera asistente protocolaria de la esposa del Presidente del Gobierno, sino como persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra y del proyecto tecnológico vinculado al software. 

Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, cumple ya 23 meses imputada por cinco delitos en la causa penal que instruye Juan Carlos Peinado en el juzgado número 41 de Madrid. Su asistente, Cristina Álvarez, acumula 14 meses en parecida situación. El juez la investiga por tres delitos, entre ellos, el de apropiación indebida de un software que, según su abogado, intentó registrar la asistente a nombre de la Universidad Complutense. El mundo, al revés. “Un disparate”, según la defensa de la asistente.

La investigación del caso avanza entre sobresaltos. Al juez Peinado le han mostrado tarjeta roja por juego sucio más de diez veces en casi dos años de instrucción. El último rapapolvo anuló la decisión de seguir el procedimiento por el tribunal del jurado. Pero el juez sigue adelante con la causa, escarbando en todas las actividades de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno, según dejó escrito en un auto convertido en símbolo de las investigaciones prospectivas que suelen rechazar los tribunales.

Muy pocas causas penales tienen un historial de anomalías durante la instrucción tan grosero: hubo imputaciones basadas en declaraciones que nunca se produjeron o motivadas por nombramientos que no hicieron los implicados. Tres altos cargos de Moncloa fueron imputados sin motivo, al igual que el rector de la Universidad Complutense o un directivo del IE.

A Peinado le quedan seis meses de trabajo antes de su jubilación forzosa porque cumple 72 años en septiembre. Pero antes concluirá la instrucción del caso para sentar en el banquillo a Begoña Gómez, según creen casi todas las partes involucradas en este proceso.

Los indicios de los cinco delitos atribuidos a la mujer del presidente y de los tres delitos que mantienen imputada a su asistente son vaporosos.

1 - Apropiación indebida

Una herramienta tecnológica de uso gratuito para pequeñas y medianas empresas fabricada durante las actividades de la cátedra –era uno de los objetivos para su creación– que nunca se inscribió a nombre de Begoña Gómez, como pudo comprobar la Universidad Complutense tras consultar al Registro de la Propiedad Intelectual. La esposa del presidente solo puso a su nombre, y por indicación de la propia universidad, el dominio web en el que se alojó la herramienta tecnológica.

Pese a que todos estos hechos han sido acreditados durante la investigación, el juez mantiene la imputación de Begoña Gómez y de su asistente por apropiación indebida. “Resulta sorprendente que se investigue como apropiación indebida el registro del software a nombre de Begoña Gómez, pero se atribuya una intervención en el hecho delictivo a mi patrocinada por intentar registrar el software a favor de la Universidad Complutense de Madrid”, se lamenta el abogado de Cristina Álvarez en el recurso. Y concluye: “Su participación va en la dirección contraria del delito. Es modélica, solo intervino en hechos tendentes a hacer lo correcto, es decir, registrar el software a favor de la Universidad Complutense de Madrid. Es como imputar por el atraco a un banco al policía que intervino deteniendo a los atracadores. Es un disparate”.

El fiscal del caso también censuró al juez por esta imputación a la asistente de Begoña Gómez: “La supuesta participación de Cristina Álvarez por mandar un correo a los órganos de la Complutense para abordar el tema de la cesión de derechos en favor de la universidad, que precisamente estaban tratando de realizar. No es serio ni racional, sino todo lo contrario, y es un caso, afortunadamente aislado en nuestro sistema judicial, de atribución de responsabilidad a un ciudadano de esta forma”.

2 - Tráfico de influencias

El juez se basa para investigar este delito en una carta de apoyo a una empresa privada firmada por Begoña Gómez en calidad de directora de cátedra en la Universidad Complutense. El empresario Juan Carlos Barrabés, que dio varias clases en esa cátedra, incluyó dentro de su oferta a un concurso público la carta firmada por Gómez junto a otras 31 de idéntica redacción, una de ellas firmada por un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP.

Ninguno de los trabajadores y altos cargos de Red.es que intervinieron en la adjudicación del concurso ha sido imputado, ni siquiera llegaron a declarar ante el juez para explicar los hechos.

3 - Malversación de fondos públicos

La asistente de Gómez la ayudó en algunos de los trámites relacionados con su colaboración en la Universidad Complutense de Madrid, como ha quedado acreditado por varias decenas de correos electrónicos que envió Cristina Álvarez a las autoridades universitarias en nombre de la mujer del presidente del Gobierno. El juez Peinado, que negó hace meses imputar a ambas mujeres por malversación de fondos públicos, corrigió su decisión y mantiene a Begoña Gómez y Cristina Álvarez imputadas por malversación de fondos públicos. El abogado de Gómez explica que “es habitual que en el horario laboral, los trabajadores hagan gestiones como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos”. “Difícilmente puede entenderse que, si esos trabajadores son funcionarios públicos, con ello se está cometiendo un delito de malversación de caudales públicos. Es una interpretación del Código Penal extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad”.

Y añade: “Para que la posible dedicación de mi patrocinada a tareas privadas de doña Begoña Gómez fuese constitutiva de delito de malversación, sería necesario que doña Cristina 'cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada'. No consta dato ni indicio de que mi patrocinada haya desatendido sus funciones por haberse dedicado a tareas privadas de doña Begoña Gómez. Al contrario, ha cumplido con sus obligaciones de manera exquisita, con una dedicación intensa, prácticamente sin horario, y muy por encima de lo que cabría esperar por su escueto salario. Y no consta desatención ninguna de sus obligaciones”.

4 - Intrusismo profesional

Begoña Gómez propuso a la Universidad Complutense crear una cátedra entre cuyos objetivos estaba la investigación de aplicaciones informáticas que ayudarán a pequeñas y medianas empresas para mejorar su competitividad. Para desarrollar la nueva tecnología, de uso gratuito, Gómez logró la colaboración a favor de la universidad de las compañías Google, Telefónica e Indra. La directora de la cátedra firmó los pliegos de condiciones para adjudicar un contrato de consultoría vinculado a la nueva herramienta tecnológica. El juez Peinado sostiene que Gómez carecía de cualificación profesional para firmar esos pliegos de condiciones y la imputa por intrusismo profesional. Durante la investigación, el instructor pudo escuchar como la interventora de la Universidad Complutense declaró que las normas obligaban a que la directora de la cátedra, Begoña Gómez, firmase los pliegos de condiciones. Además, la asociación de Abogados del Estado contestó al juez que no había intrusismo profesional en aquellos hechos. Gómez sigue imputada.

5 - Corrupción en los negocios

Begoña Gómez dirigió durante cuatro años una cátedra en la Universidad Complutense y logró más de medio millón de euros en subvenciones al proyecto educativo público. En todo ese tiempo no cobró por su trabajo -preguntó, pero le contestaron que al no ser trabajador de la Universidad no podía recibir salario alguno-. Está imputada por corrupción en los negocios. Su actividad privada desde que inició su colaboración con la Complutense en 2012, según la investigación del juez Peinado, nunca le reportó unos ingresos anuales superiores al Salario Mínimo Interprofesional. Su abogado recordó al juez que la Cátedra de Transformación Social Competitiva “no era remunerada” y que los fondos de empresas privadas se obtuvieron para la Universidad Complutense y no para Begoña Gómez.

La investigación no halló en todo este tiempo de instrucción ni una sola prueba de intervención de Begoña Gómez en el amaño de contratos, ni de enriquecimiento ilícito, ni de hacer negocio con su actividad, por la que ingresó solo en el mejor de los años, el salario mínimo interprofesional. La Guardia Civil investigó el supuesto tráfico de influencias y elaboró un informe al comienzo de la causa que descartaba el delito. Pero el juez no hizo ni caso. La Audiencia Provincial, que avaló entonces seguir con la investigación, tampoco.

“No es serio ni racional, sino todo lo contrario, y es un caso, afortunadamente aislado en nuestro sistema judicial, de atribución de responsabilidad a un ciudadano de esta forma”. Palabra de fiscal.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha de nuevo la maquinaria disciplinaria contra el juez Juan Carlos Peinado tras recibir otra queja por su actuación al frente del juzgado. En este caso, el Promotor de la Autoridad Disciplinaria ha abierto diligencias informativas tras una queja por una filtración a OkDiario de información de la causa que sigue desde hace casi dos años contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informan a elDiario.es fuentes del órgano. 

Hace varios meses, la autoridad disciplinaria abrió otras diligencias contra Peinado por su polémico interrogatorio al ministro Félix Bolaños en esa misma causa y por dictar con dos meses de retraso una prórroga en un caso de presunta malversación que afecta a un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. Fuentes del órgano explican que la apertura de diligencias es solo un primer paso, que puede derivar o no en la apertura de un expediente disciplinario y en una hipotética sanción.

Esta nueva queja parte de la defensa de otra de las investigadas en la causa contra Begoña Gómez. Se trata de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente. Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

OkDiario publicó a las 05:46 de la madrugada del martes 13 de enero de 2026 una información titulada “Begoña y su asesora desafían a Peinado: se niegan a entregar sus pasaportes y el juez pide ayuda a la Policía”. El texto apuntaba textualmente que la decisión de pedir auxilio a la Policía se había tomado en una “providencia dictada este lunes 12 de enero”, según los pantallazos aportados. 

Sin embargo, el juzgado no envió la providencia que recogía esa información a través del sistema LexNet hasta las 20:02 de la tarde de ese mismo día 13 de enero, 15 horas después de la noticia de OkDiario. En un escrito que consta en el sumario, el abogado afirma que considera “metafísicamente imposible que la filtración al medio OkDiario del dictado y contenido de la Providencia haya sido cometida por alguien ajeno al Juzgado”.  

Entre tanto, a las 13:15 horas del 13 de enero, el digital había editado la noticia y cambiado el tiempo verbal. En la nueva versión, la frase en pasado “el Juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Adscrita” se cambió por la construcción en futuro “el Juez Juan Carlos Peinado pedirá a la Unidad Adscrita”. También se borró la mención a la providencia, algo que, según el abogado, se hizo para “ocultar la autoría de la filtración”. Sin embargo, en el medio olvidaron modificar el titular, que alude claramente al contenido de la providencia —“el juez pide ayuda a la Policía”—, que es lo que acuerda esa resolución.  

El artículo 417.12 de la ley del Poder Judicial considera una falta muy grave “la revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona”. Las faltas muy graves se sancionan con suspensiones de empleo y sueldo, traslados forzosos o separación del servicio. 

Un primer paso

Fuentes del órgano explican que la apertura de diligencias se produce cada vez que se recibe una queja, que son más de medio millar al año. A esa apertura de diligencias sigue un primer trámite destinado a comprobar la veracidad de los hechos denunciados. Después, el promotor tendrá que decidir si propone la apertura de un expediente y da traslado a la Comisión Disciplinaria o si, por el contrario, archiva las diligencias, lo que requiere el examen de la Comisión Permanente.

En los asuntos de interés mediático o de especial relevancia lo “primero” que se hace es contactar con el propio juez o magistrado y se le adelanta por email o por el medio más efectivo que se encuentre el contenido del acuerdo por el que se le abren las diligencias.

En 2024, el último año del que hay datos, se abrieron 617 diligencias informativas, según recoge la memoria de la unidad de actuaciones disciplinarias. Además, se iniciaron 24 expedientes disciplinarios, de los que 11 acabaron en multa económica o separación del servicio, principalmente por retrasos en la tramitación y resolución de procedimientos. Los 13 restantes fueron archivados, en su mayor parte porque no se acreditó que los hechos fueran susceptibles de reproche disciplinario o porque se trataba de jueces sustitutos que ya no formaban parte de la bolsa cuando se analizaron los hechos. 

En 2024, el tiempo medio de tramitación de una diligencia informativa, desde la apertura hasta que se propone la apertura del expediente o el archivo, fue de 97 días. Además, en caso de apertura de expediente, su ejecución se prolonga durante meses. La jubilación de Peinado está prevista para septiembre de 2026, por lo que algunas fuentes dudan de que el procedimiento, en caso de apertura de expediente, pueda llegar a concluirse.

Escrito en el juzgado

En todo caso, la apertura de las diligencias obligará al CGPJ a analizar si el magistrado se apartó de los límites que marca la regulación disciplinaria en este caso concreto. Según la documentación que obra en el sumario, el abogado de la asesora reclamó también que se abriera una pieza separada para investigar la autoría de la filtración, aunque el magistrado lo ha rechazado, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.

En concreto, reclamó que el letrado de la Administración de Justicia —antiguo secretario judicial— certificara la fecha de la firma electrónica de la providencia y que se identificara a las personas que, dentro del juzgado, conocían que Peinado iba a dictar esa resolución antes de la publicación de OkDiario. Después, solicitaba que esa información fuera derivada a un juzgado distinto para ser analizada. 

En ese escrito, el letrado afirma que el ex fiscal general Álvaro García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de datos reservados “con indicios muy similares sobre la procedencia de la filtración” a los denunciados en este caso. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha emitido un oficio en el que informa al juez Juan Carlos Peinado de que la Policía únicamente ha localizado un viaje de Begoña Gómez a República Dominicana en junio de 2022 tras la última petición del magistrado. El juez, que investiga desde hace casi dos años a la esposa del presidente del Gobierno, instó a la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), dependiente del Ministerio del Interior, a que le facilitara el registro de todos los vuelos realizados por Begoña Gómez y su asesora desde julio de 2018. 

Peinado exigió que se concretaran “específicamente” los desplazamientos a destinos como República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y la Federación de Repúblicas Rusas. Argumentó que quería comprobar si esos viajes eran institucionales o “para cuestiones meramente privadas”.

La UCO informa que, respecto a esos países, “únicamente consta un viaje a la República Dominicana” por parte de Begoña Gómez que se produjo entre el 1 y el 3 de junio de 2022. Fuentes próximas a Begoña Gómez aseguran que la esposa de Sánchez participó en esos días en un congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica celebrado en Santo Domingo.

En el oficio no consta ningún vuelo en el que coincidan Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez. Los agentes señalan, no obstante, que el tiempo máximo que se conservan los datos es de 5 años, por lo que no existe información anterior respecto de los mismos.

Respecto a Begoña Gómez, el informe registra múltiples vuelos internacionales a destinos como Ghana, Egipto, Reino Unido, Italia, México, Uruguay, Costa Rica, Perú, Suiza y Países Bajos. La asesora, por su parte, únicamente registra tres desplazamientos internacionales: un viaje a Cancún (México), un vuelo de regreso desde El Cairo (Egipto) a Madrid y un viaje de ida y vuelta a Miami (EEUU). Aunque ambas volaron a México y Egipto, lo hicieron en diferentes momentos. 

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado las decisiones del juez Juan Carlos Peinado por las que transformó el procedimiento contra Begoña Gómez en uno que llevaría a la mujer del presidente del Gobierno y el resto de investigados a ser juzgados por un tribunal popular. La instancia superior ha resuelto en un auto cuatro recursos de las partes que se concretan en la decisión de retrotraer las actuaciones a un momento anterior a la transformación del procedimiento en el del tribunal del jurado.

A juicio de los magistrados de la Audiencia Provincial, los autos por los que el juez optó derivar la causa hacia un posible tribunal compuesto por ciudadanos “carecen de la necesaria fundamentación” y motivación para justificar el cambio de procedimiento. Subrayan que “únicamente se mencionan las personas contra las que se dirige, pero no se hace un relato que comprenda los indicios verosímiles” que les atribuye. Concluyen, por tanto, que se ha vulnerado el derecho de los investigados a la tutela judicial efectiva, que incluye obtener una resolución debidamente motivada.

Además, le advierten de que no puede escudarse en la simple sospecha inicial para hacer avanzar la causa hacia el Tribunal del Jurado. Así, los jueces de la Audiencia Provincial recuerdan a Peinado que, tras un año y medio de investigación, la mera “verosimilitud” de la denuncia original ya no es suficiente y que es imprescindible que esas sospechas se hayan transformado en “indicios racionales suficientes”. “No es de recibo indicar, tras año y medio de instrucción, que para la incoación del procedimiento basta la mera verosimilitud y que esta ya ha sido avalada en diversas ocasiones por la esta Sala”, dice la resolución.

El pasado octubre, el juez Peinado decidió derivar ante dos jurados populares la investigación abierta contra Begoña Gómez. Su pretensión era mantener, por un lado, un procedimiento sobre el delito de malversación que le atribuye por las tareas realizadas por su asistente en la Moncloa. Y, por otro, uno en el que seguir indagando en su actividad en la Universidad Complutense y sus relaciones con el empresario Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, los magistrados de la instancia superior anularon esa decisión y descartaron que, en el caso de que la causa avanzara hasta el juicio, se celebraran dos vistas contra la mujer del presidente. 

En su recurso, la defensa de Begoña Gómez alegó que el juez se limitó a transcribir artículos de la Ley del Jurado y a citar resoluciones de forma genérica, sin concretar “ni un solo indicio” de que hubiera cometido los delitos imputados tras 19 tomos de investigación y calificó la decisión de “prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental”. 

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace casi dos años a Begoña Gómez, ha ordenado una nueva batería de diligencias en busca de indicios de delito de malversación que atribuye a la esposa del presidente del Gobierno y a su asistente en la Moncloa. En un auto fechado este 6 de febrero, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado insta a la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), dependiente del Ministerio del Interior, a que le facilite en un plazo “improrrogable de diez días” el registro de todos los vuelos realizados por ambas desde julio de 2018. 

Exige que concreten “específicamente” los desplazamientos a destinos como República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y la Federación de Repúblicas Rusas. Peinado argumenta que quiere comprobar si esos viajes eran institucionales o “para cuestiones meramente privadas”. Justifica esta petición por la negativa tanto de Gómez como de su asesora a entregar voluntariamente sus pasaportes. Fuentes próximas a las investigadas aseguran a elDiario.es que la asistente Cristina Álvarez no ha viajado con Begoña Gómez a ninguno de esos destinos.

Además, el magistrado reactiva la petición de recabar todos los correos de la dirección utilizada en Moncloa por Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno después de que la Audiencia Provincial le reprochara que no había razonado esa instrucción. El juez da diez días a la Moncloa para remitir esos correos y advierte de un posible “delito de desobediencia judicial” si no se entregan en ese plazo.

Ahora, Peinado afirma que esa medida es “necesaria e idónea” y subraya que es “menos gravoso” que registrar su domicilio. El juez sostiene que “no existe” otra forma de comprobar si Begoña Gómez usó un correo corporativo oficial de la Presidencia del Gobierno para “actividades estrictamente privadas”.

En su escrito, Peinado defiende que se ve abocado a acudir “a otras vías de investigación” debido a la “escasa o casi nula colaboración” de la esposa del presidente del Gobierno. Y alude, en este punto, a su decisión de acogerse a su derecho a no declarar en la mayoría de sus citaciones ante el juez e incluso al hecho de que Sánchez optara también por su derecho a la dispensa de declarar en las causas a los parientes directos de los investigados, entre ellos, los cónyuges. 

El juez apunta además, que la documentación recabada, tanto los correos como los registros de vuelo, será remitida a la Sección de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que la analice.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil frena la última maniobra del juez Juan Carlos Peinado para intentar investigar el rescate de Air Europa dentro de la causa que sigue contra Begoña Gómez a pesar del veto reiterado de la Audiencia Provincial. En un informe de apenas tres folios, al que ha tenido acceso elDiario.es, los agentes concluyen que no hay “hechos nuevos” que le permitan investigar el préstamo a la aerolínea. 

El instituto armado llega a esta conclusión tras analizar, a petición del magistrado, un escrito del abogado Eduardo Martín-Duarte, conocido por difundir bulos. Según la UCO, ese escrito contiene “información de carácter administrativo relativa a la tramitación del expediente de Air Europa que ya obraba en el procedimiento” y está plagado de hechos “no son contrastables debido a la ausencia de fuentes de información al respecto”. 

El escrito vinculaba a la esposa del presidente del Gobierno a una cuenta y dos depósitos en República Dominicana. Además, el abogado afirmaba que esas cantidades serían el “lucro o beneficio” derivado de su supuesta intervención en el rescate de Air Europa y en adjudicaciones a la compañía Innova Next del empresario Juan Carlos Barrabés, también imputado en la causa. Sobre esa información bancaria, la UCO dice que “no es posible pronunciarse acerca de la verosimilitud de la misma y, en su caso, su relación con la tramitación del expediente de Air Europa”. 

La Fiscalía se opuso a esa petición al considerar que el magistrado pretendía poner en marcha una “investigación encubierta” sobre el rescate de Air Europa. “Se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido”, sostuvo el representante del Ministerio Público, que cuestiona que el juez se base en querellas o denuncias “que no tienen mayor misterio a investigar” para volver sobre una materia —el rescate de Air Europa— sobre la que tiene los criterios “fijados o indicados” por la Audiencia Provincial.

El rescate de más de 400 millones de euros a Air Europa por los efectos de la pandemia es uno de los grandes objetivos de los partidos y asociaciones de extrema derecha que ejercen la acusación popular tanto en este proceso como en otros abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo: si el Ejecutivo rescató a la empresa de Globalia porque Begoña Gómez, que conocía a su CEO Javier Hidalgo, intercedió a favor de la empresa. 

Una de las primeras decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid en este caso, en mayo de 2024, fue dar luz verde a la investigación de Peinado pero vetando las diligencias sobre el rescate de Air Europa, que Manos Limpias había metido en la denuncia y que no dejaba más que “conjeturas”. Un segundo aviso en ese sentido llegó en otro auto de octubre de 2024 cuando la Audiencia reiteró que el rescate de Air Europa estaba fuera de los límites de la causa. 

La Audiencia Provincial también anuló en mayo de 2025 la decisión del juez de solicitar información a la SEPI sobre las ayudas otorgadas a Air Europa. Esta decisión se basó en que dicha investigación quedaba fuera del objeto de la investigación previamente delimitado al inicio de la instrucción. Y meses después, en octubre, anuló otro requerimiento del juez a la UCO para que emitiera un informe sobre el rescate de la aerolínea.

José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) ejerció desde los últimos años de la dictadura hasta 2011. Primero como fiscal y después como magistrado del Tribunal Supremo y abogado, este jurista se ha erigido como una voz firme contra lo que considera un “activismo judicial” en casos como el procés independentista catalán, las causas abiertas y cerradas contra miembros de Podemos y ahora contra el entorno del presidente del Gobierno. En su último libro, 'Visto para sentencia' (editorial Siglo XXI), el magistrado emérito repasa la actualidad judicial del país. “El juicio contra el fiscal general se celebró y todos los que asistieron fueron conscientes de que no hubo ninguna prueba de cargo”, dice sobre la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz.

¿Qué es la “ofensiva judicial reaccionaria” que denuncia en su libro? ¿Cuándo arranca?

El punto más determinante para mí fue el caso Atutxa. El fiscal se retiró y quedó, para no faltar a la fiesta, Manos Limpias, que recurrió la primera absolución de Juan Mari Atutxa, expresidente del Parlamento Vasco. Entonces se aplicaba la 'doctrina Botín', según la cual si el fiscal no acusa y no hay acusación particular hay que sobreseer. Entonces el señor Manuel Marchena le da la vuelta a la doctrina y explica que eso solo vale para asuntos particulares La cuestión llega a Estrasburgo que lo anula todo por razones formales. Ahí empieza a focalizarse que hay un sector de la judicatura, todavía no muy definido, que creía que su misión era luchar contra el independentismo que se refuerza con la famosa sentencia del procés.

Después se amplía y se considera, y esto es lo que estamos viviendo, que algún sector de la judicatura puede aportar su potestad jurisdiccional no solamente contra los independentistas sino contra aquellos que pertenecen al espectro de la izquierda y contribuyen a un Gobierno que no es de su agrado y consideran ilegítimo. Esa campaña alcanza unas cotas preocupantes y estadísticamente desorbitadas cuando emerge Podemos y es un desmadre total, se utiliza la 'policía patriótica' para inventarse cosas.

¿Las causas contra Podemos fueron un punto de inflexión?

Algunos jueces, de la mano de la derecha más reaccionaria, pensaron que podían contribuir a parar ese auge a partir de la utilización del proceso penal. Yo destacaría dos querellas: el conocido como caso Neurona que el juez Juan José Escalonilla mantuvo abierto casi tres años y siguió por tierra, mar y aire. Y esto reproduce lo que está pasando a Begoña Gómez, acuérdate de cuando se acusó a Irene Montero de usar delictivamente a una colaboradora para cuidar de un bebé. Esto alcanza su culmen contra Ada Colau, que recibe un total de 16 querellas y algunas de ellas son para quitarle el carnet de conducir al juez que las admitió a trámite.

Vieron que no pasaba nada y un sector de la judicatura decidió alinearse. Adquiere una dimensión beligerante y preocupante cuando se suman a la tesis de la derecha de que es un Gobierno ilegítimo. Hay un sector de la judicatura muy importante que dice que va a hacer todo lo posible para desgastar y derribar a este Gobierno ilegítimo y es lo que estamos viendo. Se busca derrocar al Gobierno por la vía judicial enjuiciando al presidente.

¿Las causas contra su esposa y su hermano forman parte, según usted, de ese desgaste?

Hay gente inteligente y maniobrera que dice que ir directamente contra el presidente puede ser un choque demasiado injustificable y entonces van a por la familia: su esposa y su hermano. Y también contra el fiscal general. Estamos en una lucha en la que las acusaciones populares han proliferado como las setas en otoño: en el caso del hermano de Sánchez hay siete personadas, un desbarajuste procesal. ¡Incluso Abogados Cristianos! Igual es que David Sánchez no programó el 'Réquiem' de Mozart y se han sentido ofendidos.

Se habla de 85 querellas rechazadas contra Pedro Sánchez, no sé si la cifra es exacta pero es numerosa. Hasta ahora en febrero no se han atrevido a dar el paso, pero tengo el pálpito de que si las cosas siguen así y esto no se viene abajo con el reguero de elecciones autonómicas al final a lo mejor dan el paso.

¿Cuáles son los ingredientes del “activismo judicial” que describe en el libro?

En este momento es imprescindible que el proceso lo active una acusación popular, son el detonante. Lo que está pasando ahora yo lo denomino “activismo judicial”. El lawfare designa cuando se sustituye la intervención del Ejército, que es costoso, por los tribunales de Justicia para derrocar presidentes e incluso intentar cambiar el régimen. Ahora en mi opinión lo que pasa es un activismo judicial que colabora con el PP fundamentalmente y han decidido aliarse.

Enrique López ha dicho que los jueces son mayoritariamente del PP. En una cena le dicen a Alberto Núñez Feijóo que esperan que sea presidente. Yo a eso le llamaría activismo judicial.

¿Debería reformarse entonces la figura de la acusación popular para evitar este uso de los tribunales?

Por supuesto. Tiene sus pros y sus contras, en España está instaurada desde 1812, aunque fuera muy limitada en un principio hasta que Alonso Martínez la extendió. Tiene el pro de que ante una Fiscalía excesivamente sumisa al Gobierno una persona puede ejercitar la acción popular. Eso no existe en toda Europa. Pero esto ha degenerado en lo que ha degenerado y ya hay que pensar si no hay que poner coto a determinadas posiciones.

El ministro Félix Bolaños hizo un proyecto de ley para modificar la acción popular. Estoy completamente de acuerdo con él, en una sociedad democrática los partidos políticos no pueden estar legitimados para ejercer la acción popular. Con los sindicatos haría un matiz con los delitos contra los derechos de los trabajadores, creo que ahí tiene una legitimación. Con esos matices, ahora hay asociaciones profesionales de la acción popular, una especie de cofradías que se han extendido, y tenemos que tener cuidado ante el abuso como sucede el caso de Begoña Gómez.

Hay un factor temporal. En esa cátedra entre 2020 y 2024 nadie dice nada. Pero hay un factor temporal, que es julio de 2023 cuando ya Feijóo no es presidente porque no quiere y se les viene abajo, y empiezan a surgir las causas. La plaza del hermano de Sánchez se adjudica hace años y la causa se abre en 2024. Blanco y en botella. Habría que ser muy riguroso y demostrar una vinculación suficiente y motivada con el hecho que se está persiguiendo.

Por ejemplo, una asociación ecologista estaría justificadísimo que persiga delitos medioambientales. Si estas asociaciones refuerzan los fines de un partido de derechas para derrocar al Gobierno reciben el apoyo mediático, no podrían hacer nada si hubiera una prensa que las pusiese en su sitio.

¿Qué piensa del proceso judicial que ha terminado en condena para Álvaro García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso?

Me parece una cacería, una programación con unos personajes con protagonismo: el instructor Ángel Hurtado y los cinco jueces de la mayoría de la condena. Es una idea verdaderamente disparatada considerar que la Fiscalía había hecho una nota de prensa que constituía un delito de revelación de secretos. Primero hay un problema técnico-jurídico, y es que ese delito solo puede cometerlo un funcionario de la Administración Pública y el Ministerio Fiscal no lo es.

Al principio, además, se produjo un hecho gravísimo que me conmocionó como ciudadano y como fiscal: cuando entró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Fiscalía General casi como si fuese una guarida de narcotraficantes o de ladrones. Me consta que había allí dentro gente llorando y la sentencia considera proporcionada esta entrada 'manu militari'.

La sentencia contra el fiscal general remata con una afirmación que daría lugar a que les retirasen hasta la licencia de conducir: que tuvo que ser él o alguien "de su entorno". Eso para hablarlo en la barra del bar puede pasar, pero en una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo...

¿Considera que fue condenado con pruebas suficientes?

El juicio se celebró y todos los que asistieron fueron conscientes de que no hubo ninguna prueba de cargo. Era evidente que no había pruebas y los jueces redactaron una sentencia en la que falsifican qué es lo que había pasado. El núcleo de la cuestión, lo que lo desencadena todo, es cuando aparece una información que asegura que la Fiscalía no había aceptado la conformidad “por órdenes de arriba”. Eso es rigurosamente falso y lo que hace la Fiscalía es una nota de desmentido, que además en principio no se consideró delictiva.

La sentencia remata con una afirmación que daría lugar a que les retirasen hasta la licencia de conducir: que tuvo que ser él o alguien “de su entorno”. Eso para hablarlo en la barra del bar puede pasar, pero en una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo... es una aberración contra el principio de individualización de la persona que ha cometido el delito, no se puede hacer. Hay que individualizar. El entorno cuál es, ¿el familiar? ¡Podría haber sido yo, que tengo buena amistad con él! Fíjate hasta dónde podría llegar el entorno. Eso descalifica jurídicamente el fallo y pone de relieve que su única intención era contribuir a desgastar al presidente del Gobierno dando munición.

Acusa directamente al juez Peinado de prolongar “artificialmente” la causa contra Begoña Gómez para “desgastar al Gobierno”...

En principio hubo una crítica generalizada a que admitiera la querella de Manos Limpias cuando solo tenía recortes de periódico y al final quizás esto sea lo de menos. Cualquier juez dice: “Señores, esto se archiva”. Pero no, Peinado empieza a tirar y se ve claramente su intención de ir salpicando al presidente del Gobierno y dar carnaza. Volvemos al 'caso Niñera' de Podemos: una ayudante que ayuda a redactar correos no tiene ninguna relevancia, no puede ser malversación.

Todo está montado con la intención de alargarlo y hay que reconocer que, por lo menos, en el caso del fiscal general y del hermano de Pedro Sánchez los jueces han cumplido y han actuado con celeridad, pero este caso va camino de los dos años infringiendo la ley que dice que se debería instruir rápido. Las resoluciones de Peinado son absolutamente disparatadas, incluso gramaticalmente, como destaca Álex Grijelmo. Se ha metido en un charco.

¿Es necesario un Tribunal Constitucional?

Hay muchos países que no tienen uno, se puede funcionar sin él, pero en España era absolutamente imprescindible porque veníamos de 40 años de dictadura en la que jueces y fiscales no teníamos la posibilidad de aplicar la Declaración de Derechos Humanos o el Convenio Europeo. Estábamos al margen del Derecho internacional. Fue imprescindible e hizo una gran labor, pero con el advenimiento de José María Aznar, que pretendió controlarlo excesivamente valiéndose de su mayoría absoluta, empieza a jugarse una partida parecida a la que se juega con los vocales del Consejo del Poder Judicial.

Eso deteriora mucho. La sentencia de 2021 del estado de alarma solamente pone de relieve que lo único que querían no solo era, incluso, casi un 'impeachment' de Pedro Sánchez por encerrar a los españoles, sino también algo aberrante. Decir unos magistrados de un Tribunal Constitucional que procedía un estado de excepción, que lleva aparejado un internamiento total, la abolición de la libertad de prensa, la entrada y registro en domicilios sin autorización judicial... Esto es inaudito.

¿A qué se refiere en el libro con “arrastrar las togas por el barro”?

Legislar desde un tribunal es una tentación, no solo en España sino en todos los sistemas judiciales y es lo que dio lugar a acuñar el término “activismo judicial” en Estados Unidos, cuando el Tribunal Supremo se cargó 140 leyes de Roosevelt. Con esa expresión me refería fundamentalmente a la inaudita concentración de jueces con toga contra un proyecto de ley que no se había redactado. El Consejo del Poder Judicial ha mirado para otro lado, hay un protocolo que prohíbe sacar las togas a la calle.

También dedica un pasaje a la Sala Tercera del Supremo y sus sentencias tumbando nombramientos como el de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado o los ascensos de Eduardo Esteban y Dolores Delgado en la Fiscalía.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo es un caso típico del juez legislador. Cuando legitiman a la acusación popular para oponerse a los indultos del procés, por ejemplo, están cambiando la ley, es un caso de libro. En cuanto a los nombramientos podemos entrar en un debate estadístico: no hay ni una sola corrección de nombramientos hechos por gobiernos del PP y sí varios de gobiernos del PSOE. El caso de Eduardo Esteban es mucho más grave todavía porque primero dicen que la decisión no está motivada, y es verdad que era muy escasa, pero cuando la Fiscalía hace una motivación de más de 20 páginas siguen diciendo, porque les sale de donde les sale, que no está motivado y tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que corrigiese el entuerto.

Actualmente se planifican cambios para las oposiciones con un menor peso de las pruebas memorísticas. ¿Considera, como un sector de la judicatura, que es un atentado contra la independencia judicial? En su libro habla de una necesaria “democratización” del sistema.

El sistema español memorístico no tiene parangón en la Unión Europea y el mundo democrático. No tiene ningún sentido. Este año la jueza más joven de España tiene 23 años, tú dices en Alemania o Francia que alguien puede ser juez a esa edad por embotellarse unos temas en la cabeza y es como darle a pilotar un avión a un chico que solo se sabe las coordenadas y las altitudes. Esto crea, además, una endogamia con el preparador, que escandalosamente defrauda a Hacienda.

Es un cambio muy importante, el objetivo es detectar que el aspirante tiene otras habilidades más allá de las puramente memorísticas y eso es la clave de por qué se oponen a instaurar un sistema parecido al europeo. La Asociación Profesional de la Magistratura y otras asociaciones han ido por Europa diciendo que ataca la independencia judicial. Si eso es atacar la independencia es que esos jueces no saben lo que es la independencia y eso es muy peligroso, aquí no se han atrevido a decir eso porque no han tenido el apoyo de nadie. ¿En qué cabeza cabe? Este nuevo ejercicio será bueno, malo o incompleto, pero desde luego de ninguna manera ataca a la independencia judicial.

Yo sería partidario de introducir un mínimo de 50% de jueces del turno libre que hubieran acreditado experiencia profesional, que digan lo que digan ha dado magníficos resultados y uno de ellos ha llegado a presidir la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

La situación es crítica en Estados Unidos. ¿Son allí los jueces la última barrera de contención ante la deriva de Donald Trump?

Ojalá. Me recuerda a la leyenda del molinero de Potsdam que se enfrenta al rey y a la que se atribuye la frase de “aún quedan jueces en Berlín”. Yo creo que todavía quedan jueces en Estados Unidos y dentro de la tremenda preocupación de la pérdida de democracia en lo que fue la primera democracia del mundo, algunos jueces son la barrera de contención. Cuando se anuló el internamiento de un niño de cinco años en Texas las personas se escondieron en los asientos del avión, el plano es muy significativo, no es porque no fuesen partidarios sino porque tenían miedo.

En su libro también aborda la reforma legal de los delitos sexuales conocida como ley del 'solo sí es sí'. ¿Considera que su modificación para frenar las rebajas de condena fue un error?

Esa ley se tergiversó de una manera digna de Goebbels en sus mejores momentos, diciendo que todos los días salían dos o tres personas de la cárcel. La ley se ajustaba estrictamente al contenido del Convenio de Estambul y al PSOE le preocupaba cortar la hemorragia que se encargaba de repetir la tamborrada mediática, algunos incluso con un contador de rebajas de condena. Se estropeó una ley que era impecable y que tiene 52 artículos que son clave para hacer frente a la violencia de género. Y nadie se los ha leído porque exigen un desembolso presupuestario; sin embargo, poner que las penas se rebajan un año o dos es muy barato.

La Fiscalía acusa al juez Juan Carlos Peinado de impulsar una “investigación encubierta” sobre el rescate de Air Europa dentro de la causa que sigue contra Begoña Gómez a pesar del veto reiterado de la Audiencia Provincial. En un escrito fechado el 2 de enero, el fiscal José Manuel San Baldomero se opone a la decisión del magistrado de pedir a la Guardia Civil que analizara un escrito de un abogado difusor de bulos para comprobar si incluye “hechos nuevos” que le permitan investigar el préstamo a la aerolínea. El fiscal hace estas consideraciones en un informe en el que se adhiere al recurso presentado por la defensa de la mujer del presidente del Gobierno y en el que afirma que ese movimiento del magistrado “no resulta procedente”.

“Se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido”, sostiene el representante del Ministerio Público, que cuestiona que el juez se base en querellas o denuncias “que no tienen mayor misterio a investigar” para volver sobre una materia —el rescate de Air Europa— sobre la que tiene los criterios “fijados o indicados” por la Audiencia Provincial.

“Los hechos que fueron ya analizados por la Audiencia Provincial son los que son, su contenido no ha variado. Y los hechos que se ponen sobre la mesa del instructor a través de querellas y denuncias tampoco tienen mayor misterio a investigar, debiendo ser analizados y ponderados por el instructor. Lo contrario se asemeja más a una investigación encubierta que a una inocua petición de información”, escribe el fiscal.

El pasado diciembre, el juez acordó derivar a la Unidad Central Operativa (UCO) un escrito del abogado Eduardo Martín-Duarte en el que se afirma sin pruebas que Begoña Gómez tiene a su nombre cinco depósitos bancarios en bancos turcos con un valor aproximado de seis millones de euros y que esos fondos procederían de la entidad rusa Alfa Bank.

Martín-Duarte, que reclama personarse en el procedimiento, es un abogado conocido por difundir bulos, como que la mayoría de miembros del Gobierno y algunos dirigentes del PSOE blanquean dinero en República Dominicana. Denuncias suyas por hechos similares han sido descartadas de plano tanto por la Fiscalía Anticorrupción, como por el Tribunal Supremo. 

El rescate de más de 400 millones de euros a Air Europa por los efectos de la pandemia es uno de los grandes objetivos de los partidos y asociaciones de extrema derecha que ejercen la acusación popular tanto en este proceso como en otros abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo: si el Ejecutivo rescató a la empresa de Globalia porque Begoña Gómez, que conocía a su CEO Javier Hidalgo, intercedió a favor de la empresa. 

Una de las primeras decisiones de la Audiencia Provincial en este caso, en mayo de 2024, fue dar luz verde a la investigación de Peinado pero vetando las diligencias sobre el rescate de Air Europa, que Manos Limpias había metido en la denuncia y que no dejaba más que “conjeturas”. Un segundo aviso en ese sentido llegó en otro auto de octubre de 2024 cuando la Audiencia reiteró que el rescate de Air Europa estaba fuera de los límites de la causa. 

La Audiencia Provincial también anuló en mayo de 2025 la decisión del juez de solicitar información a la SEPI sobre las ayudas otorgadas a Air Europa. Esta decisión se basó en que dicha investigación quedaba fuera del objeto de la investigación previamente delimitado al inicio de la instrucción. Y meses después, en octubre, anuló otro requerimiento del juez a la UCO para que emitiera un informe sobre el rescate de la aerolínea.

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado una providencia en la que solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice un nuevo informe con la información que le ha remitido una empresa implicada en su momento en el software para la cátedra extraordinaria que codirigió Begoña Gómez. En esa información remitida al juzgado, Making Science Group S.A incluye un listado de reuniones y participantes de lo que se desprende que Begoña Gómez asistió a 22 reuniones con la empresa y que en tres de ellas también estuvo su asistente, Cristina Álvarez, a quien un tribunal popular juzgará junto a la mujer del presidente del Gobierno por un delito de malversación, relacionado con el desvío de fondos públicos que supusieron presuntamente algunos de los trabajos de la empleada.

La propia empresa presenta la documentación como el “listado de reuniones mantenidas, personas convocadas y ausnot de las mismas”. Asegura que se trataba de reuniones de carácter “eminentemente técnico y mayormente de seguimiento de avance de proyecto” y que “no se levantaba acta formal”. “A las reuniones asistían ingenieros, jefes de proyecto e informáticos encargados de desarrollar el proyecto”, añade la compañía.

Según el citado listado, las 22 reuniones se celebraron entre 19 de abril de 2022 y el 7 de febrero de 2024. En ellas participan miembros de Making Science y de otras empresas implicadas en el proyecto y cuyos representantes han sido llamados al juzgado por Peinado en varias ocasiones, caso de Google, Telefónica o Deloitte. En ocasiones el organizador es un miembro de la Universidad Complutense y en otras son las empresas implicadas las que convocan.

En dos de las tres reuniones que participó Cristina Álvarez el método fue la videoconferencia. Solo una vez la asistente se desplazó, también junto a Begoña Gómez, a la sede de Making Science. Fue en el último encuentro, celebrado el 7 de febrero de 2024, donde asiste igualmente Begoña Gómez, tres representantes de la emprea y otra persona a la que no se identifica de dónde procede. Tuvo lugar dos meses antes de que Peinado abriera la causa contra Begoña Gómez, en abril de 2024.

“En esta reunión se plantea a Making Science continuar el desarrollo del proyeto en una segunda fase. Desdpués de la reunión, Making Science envió un presupuesto para la segunda fase del proyecto y no se obtuvo respuesta”, escribe la compañía en el escrito al juzgado. Las reuniones estaban dirigidas a la puesta en marcha de un software de uso gratuito para la cátedra extraordinaria que codirigía Begoña Gómez en la Complutense y por la que no cobraba.

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la orden del juez Juan Carlos Peinado de recabar todos los correos de la dirección utilizada en Moncloa por Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno y hasta la fecha de la providencia.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces de la instancia superior vuelven a reprochar al juez que no haya razonado la instrucción de recabar los correos y anulan igualmente la orden de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realice un informe de acuerdo a su contenido.

“La citada resolución, por utilizar la forma de providencia, no hace mención a ninguno de los requisitos exigidos, lo que viene a dar la razón a los recurrentes, que resulta una medida carente de la justificación necesaria, incumpliendo los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad”, recoge el auto de la Sección 23, resolviendo así los recursos interpuestos por la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía.

Peinado, según los magistrados, debería haber realizado “una valoración sobre la gravedad del delito, sobre los indicios y sobre la intervención de los investigados, y sobre la necesidad de la medida”. La aprehensión de los correos afecta a un derecho fundamental y la Sección 23 hace una analogía con los pinchazos telefónicos, cuya conveniencia no debe dejar el juez instructor a criterio policial. “Es el juez, manejando esos datos objetivables [aportados por la Policía], el llamado a realizar sus propias deducciones, que podrán coincidir o no con las policiales”, añaden sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La misma sección dio la semana pasada la razón a Peinado en cuanto a una de sus decisiones más polémicas y clave en la investigación, llamar a declarar a Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, acusadas de un delito de malversación de caudales públicos. El tribunal consideraba “dudoso” e incluso potencialmente delictivo que Álvarez sea “amiga íntima” de la esposa del presidente del Gobierno y no un “funcionario experto” y avala que se investigue si existió una “desviación de sus funciones” para, por ejemplo, ayudar a Gómez en la organización de su trabajo en la Universidad Complutense.

La instrucción judicial más irregular de los últimos tiempos mantiene imputada por hasta cinco delitos a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y sigue viva gracias a algunas controvertidas decisiones de tres magistrados. Se trata de María del Rosario Esteban, José Sierra Fernández y Enrique Jesús Berges, integrantes de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid y encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en la causa abierta contra Begoña Gómez. Desde hace año y medio, cuando se inició esta causa, los tres magistrados sostienen a duras penas un proceso judicial plagado de irregularidades. Pese a su esfuerzo argumental, los tres magistrados no han tenido más remedio que anular hasta tres imputaciones: el actual delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín; un directivo del IE, Juan Jose Güemes; y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. El juez Peinado intentó también que se encausará por malversación al ministro de Justicia, Félix Bolaños, pero el Supremo lo impidió al no encontrar ni el más mínimo indicio de delito en la actuación del dirigente socialista.

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial iniciaron su trabajo de revisión de las decisiones del juez Peinado apenas dos meses después de comenzar la investigación. Analizaron la causa y encontraron que la “deslavazada” querella del grupo ultraderechista Manos Limpias que admitió a trámite el juez Peinado estaba basada en “hechos erróneos”, “conjeturas” y recortes de prensa con algunas noticias falsas. Pero dejaron a Peinado que siguiera con la causa porque al menos había un indicio para investigar: la mujer del presidente del Gobierno había firmado como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense una carta de apoyo a una empresa que había logrado contratos millonarios de la administración central.

Cuando los tres magistrados firmaron su primer auto sobre la causa autorizando al magistrado a seguir con la investigación ya existía un informe de la UCO que anulaba, tras un exhaustivo análisis, el valor como indicio de la carta de apoyo. La UCO descartó irregularidades en el concurso ganado por una empresa que incluía en su oferta 32 cartas de apoyo, una de ellas firmada por Begoña Gómez. El análisis de la UCO no le importó a Peinado ni a los tres magistrados de la Audiencia Provincial, la causa siguió y fue acumulando nuevos delitos sin que aparecieran nuevos indicios.

Los tres magistrados fueron validando el trabajo de Peinado pese a que, a la vez, iban anulando imputaciones y limitando el campo de la investigación: el instructor no podía investigar el rescate de Air Europa, pese a que lo sigue intentando todavía hoy, ni podía usar el material requisado al empresario Juan Carlos Barrabés en un registro que, según la Audiencia Provincial, vulneró los derechos del imputado.

Es difícil encontrar una instrucción con tantos accidentes del juez que dirige la investigación.

El último empeño del juez Peinado es demostrar que Begoña Gómez usó a su asistente, María Cristina Álvarez, para trabajos privados, lo que implicaría una malversación de fondos públicos por parte de ambas mujeres. La Audiencia Provincial ya dijo en uno de sus autos anteriores que la asistente nunca podría cometer ese delito, pero ahora respalda que se la tome declaración en calidad de investigada por eso mismo. Una nueva pirueta jurídica en un proceso plagado de triples saltos mortales.

Los trabajos privados que Peinado considera delictivos consisten básicamente en decenas de correos electrónicos que la asistente mandaba desde su cuenta personal a directivos de la Complutense en nombre de Begoña Gómez. Eran correos relacionados con la búsqueda de patrocinios privados para la cátedra que codirigía la mujer del presidente a cambio de cero euros, porque no podía cobrar por esa función al no ser personal universitario.

Nadie ha calculado aún cuánto dinero suponen unas horas de trabajo para enviar esos correos electrónicos sobre siete años de sueldo público de la asistente. La Audiencia Provincial de Madrid ha escrito lo siguiente: “Probablemente la actividad de María Cristina Álvarez podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios”. Por lo investigado no parece que Cristina Álvarez haya desatendido la agenda y asuntos protocolarios de Begoña Gómez. No hay ni una sola prueba de esa circunstancia.

Por otra parte, los asuntos lucrativos de Begoña Gómez consistían en lograr dinero de empresas privadas para financiar actividades de la universidad pública dentro del proyecto de investigación de una cátedra que codirigía sin sueldo alguno. Cuando la Complutense decidió anular la cátedra, en la caja de esta universidad pública quedó un saldo positivo de 25.000 euros. Un negocio privado de Gómez que sólo rindió beneficios a un centro público de educación.

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial emulan las irregulares prácticas del juez Peinado que ellos mismos han anulado en otras resoluciones. Ahora sostienen la causa con afirmaciones carentes del mínimo rigor, como hace Peinado. Si el juez instructor llegó a imputar al directivo del IE, Juan José Güemes, por la declaración de una testigo que nunca se produjo en esos términos. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid incurre en un defecto semejante para apuntalar la malversación en esta causa: “Resulta dudoso, y puede ser el primer indicio que sustente el delito de malversación, que el nombramiento de la asistente de la esposa del Presidente de Gobierno haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez, pues sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo”. No es la primera vez sino la última, porque esto ha ocurrido siempre. Los asistentes de las parejas de los presidentes del Gobierno no han sido funcionarios expertos en protocolo ni se han elegido teniendo en cuenta esa circunstancia.

El asistente de la esposa de Mariano Rajoy fue un licenciado en historia del Arte, Jaime de los Santos, hoy diputado nacional del PP.

La asistente de Ana Botella, mujer de José María Aznar, fue Cristina Alonso Mateo, que antes había sido la secretaria del expresidente del Gobierno. Los magistrados no acaban de explicar cómo el nombramiento de una inexperta en protocolo puede ser un indicio de malversación de fondos públicos. ¿Si la asistente de Begoña Gómez no hubiera enviado esos correos electrónicos, de qué manera podría ser un indicio de malversación el hecho de ser amiga de quien la contrató y de ser inexperta en protocolo?

Pero los magistrados, en el auto escrito por Enrique Jesús Berges, siguen escalando la montaña de lo irracional cuando llegan a censurar que el puesto, de libre designación según la Ley, “se hace recaer en una persona de su máxima confianza”. Y añaden sin una sola prueba que respalde su opinión: Begoña Gómez “no” contrató a su asistente “para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse el fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público”. Sin embargo, el patrimonio público de la Universidad Complutense resultó mejorado por las gestiones de Begoña Gómez para lograr patrocinio para la cátedra. Y en ese afán, su asistente en Moncloa le ayudó enviando algunas decenas de correos electrónicos.

La causa penal contra la mujer del presidente del Gobierno sigue viva y embarrada por decisiones judiciales extravagantes sostenidas sobre argumentos peregrinos cuando no directamente falsos.